La Cámara de Barcelona ha criticado que la licitación de las frecuencias de banda de 700 MHz –necesarias para desarrollar las redes 5G– «no garantiza» la distribución de la tecnología en toda Cataluña, según un comunicado de la institución este viernes.
La Cámara ha alertado que la licitación de las frecuencias de banda de 700 MHz centra su desarrollo en las áreas con más usuarios potenciales –las obligaciones estipuladas afectan al 7,1% de municipios, que tienen mucho peso demográfico– y que limita el acceso de los operadores más pequeños y con menor capacidad de inversión.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital iniciará el proceso de subasta el 21 de julio con la licitación de un total de siete bloques de forma independiente, cuatro de los cuales contemplarán obligaciones de cobertura.
INFRAESTRUCTURAS Y OPERADORES «EXCLUIDOS»
Los bloques de 1 a 4 de concesiones obligan a dotar de cobertura a todos los municipios de más de 50.000 habitantes antes del 30 de junio de 2025, extendiendo el deber a los municipios de más de 20.000 habitantes en el bloque 1.
Según la Cámara, la estructura de la licitación no prevé que dichas frecuencias lleguen a los aeropuertos de Reus (Tarragona), Sabadell (Barcelona), Lleida-Alguaire, al Puerto de Tarragona, a los puertos comerciales de la Generalitat, a la estación de Alta Velocidad de Camp de Tarragona ni a la futura Estación de la Sagrera.
Tampoco contempla que alcance las redes de ferrocarriles de pasajeros ni mercancías ni las carreteras de ámbito provincial y comarcal.
Finalmente, la Cámara también ha criticado que la fijación de cobertura geográfica estatal hace que únicamente los grandes operadores de telefonía de ámbito estatal «puedan concurrir a la subasta con posibilidades reales de obtener una licencia».
REDES PRIVADAS
La Cámara apoya la creación de redes privadas de 5G en recintos industriales y defiende que un espectro de las altas frecuencias «no salga a subasta y su uso sea autorizado mediante licencias administrativas» dado su impacto en la competitividad y desarrollo de las empresas.
También exige el desmantelamiento de instalaciones de telecomunicaciones en desuso y la instauración de un marco regulador para la instalación de nuevas estaciones.
