La Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM) urge la puesta en marcha de políticas de empleo que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, ante los «alarmantes» datos de paro registrados.
La entidad destaca, en concreto, las cifras recogidas en el último Iforme del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad, del Ministerio de Trabajo, que indica que dos tercios de este colectivo que se encuentran en búsqueda activa de empleo son parados de larga duración. Además, recoge una disminución del 30% en su contratación.
Este documento también destaca que los mayores de 45 años son el grupo más numeroso entre quienes llevan más de 12 meses en paro, ya que representan un 62,7% del total. De ellos, la mayoría son mujeres, con el 54,6%, tal y como ocurre con el paro general dentro del colectivo, donde son el 52,1%.
1,5% DE LOS CONTRATOS
Desde FEACEM destacan lo «preocupante» de estos datos. Su presidente, Daniel-Aníbal García, ha señalado que, «cuando una persona entra en la categoría de parado de larga duración es muy complicado que encuentre un empleo» y que esta situación, «sin duda, retroalimenta el hecho de que las personas con discapacidad no sean representativas en el mercado laboral».
Y es que, según el informe de Trabajo, este colectivo supone el 1,5% de los contratos realizados durante el año 2020, pese a ser un 6,2% de la población activa.
A pesar de que García reconoce que 2020 fuer «un año excepcional» que «ha tenido un fuerte impacto sobre el mercado laboral a todos los niveles», advierte de que estas cifras son «un reflejo muy preocupante de la discriminación laboral a la que se enfrenta el colectivo de personas con discapacidad y la doble dificultad que encuentran las mujeres».
Y es que, por sexos, los hombres registran un mayor número de contratos que éstas, con el 61,5% y el 38,4%, respectivamente, según el estudio.
En este contexto, García incide en que los datos analizados «ponen de manifiesto la necesidad de desarrollar políticas y programas de empleo que, por un lado, eviten la destrucción de puestos de trabajo y que, por otro, contribuyan a impulsar la participación plena de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo».
