El coportavoz de Podemos, Rafa Mayoral, ha cuestionado la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las manifestaciones contra el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, y las protestas en la localidad de Linares. «Nadie puede quedar mutilado por acudir a una manifestación», ha apostillado.

También ha denunciado que, en el caso de las movilizaciones en Linares por la presunta agresión de un par de agentes fuera de servicio a un hombre y su hija, «no es admisible que se produzca fuego real» ante la presencia de manifestantes por parte de los dispositivos policiales y «no haya responsables puestos a disposición judicial».

«Respecto a la actuación de las Fuerzas y Seguridad del Estado, el problema que existe es que cuando no se hacen las cosas bien, quienes no hacen las cosas bien no reciben reprimendas. Y aquellos hacen las cosas bien, no se sienten incentivados para hacerlo bien. Y aquellas prácticas de los que lo hacen mal se terminan convirtiendo, desgraciadamente en muchos momento, en opciones viables para abordar problemas que son problemas de participación política y no son problemas de orden público», ha subrayado.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso tras los altercados durante las protestas contra la detención de Hasél ayer.

Cargos de PP, Cs y Vox han pedido el cese del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, a raíz de los disturbios de ayer, al entender que el parlamentario los alentó con sus comentarios en redes.

Echenique respaldó ayer los actos de protesta en diferentes ciudades y reclamó una investigación tras la «violenta mutilación del ojo» de una joven en los incidentes de Barcelona. De hecho, este jueves ha respondido a las críticas de otras formaciones al publicar una foto de la manifestante herida.

HAY QUE HACER «UNA REFLEXIÓN DE FONDO»

Al respecto, Mayoral ha señalado que existe una reflexión «de fondo» que no se debe limitar a problemas de orden público sino a la necesidad de reflexionar sobre un proceso de «profundización democrática» en todas las instituciones del Estado.

El dirigente de la formación morada ha reflexionado que España está siendo cuestionada internacionalmente por encarcelar a «un cantante por el hecho de hablar mal la monarquía» y lo ocurrido en Linares ante los «abusos» producidos por parte de «algunos elementos» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por tanto, ha instado a abordar la «impunidad» ante actuaciones policiales que se «encuentran fuera de la legalidad», al insistir en el «fuego real» empleado contra «población desarmada» sin que haya habido tras pasar muchos días aún respuesta por parte de las autoridades.

«Creemos que no es un buen mensaje al conjunto de la sociedad», ha lanzado Mayoral para relacionar todo ello con el «contexto político complejo» del país, con unas declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, que cuestionaba el «la soberanía popular, el pluralismo político y la legitimidad del Congreso» para elegir el gobierno del país.

Cuestionado sobre si estaba de acuerdo con las palabras de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al señalar sobre las protestas que la «violencia no es el camino», ha vuelto a insistir en la reflexión sobre la profundización democrática ante unos sectores que «no quieren abordar» el problema de «deterioro democrático» y lo encuadran en simplemente en un asunto de orden público.

ES QUE ES «UN ESCÁNDALO INTERNACIONAL»

En su comparecencia y preguntado sobre su opinión de los altercados producidos, Mayoral ha evitado condenarlos expresamente y ha aludido a su preocupación por en contexto en el que se producen. De hecho, ha dicho que la clave no está en los incidentes sino que el debate es «si es o no admisible garantizar la movilización de la ciudadanía y la libertad de expresión». «Es un escándalo internacional«, ha remachado.

También ha denunciado que se hayan «gentes que se manifiesten públicamente rindiendo honores a una unidad del ejército nazi», en alusión a una concentración en favor de la División Azul el pasado fin de semana en Madrid, y que también se haya hecho, tal y como ha expuesto, en una unidad militar de élite del país resuelta «sin una sola consecuencia salvo una sanción leve que podrían haber recibido por llevar las botas sucias».

«Creemos que existe una necesidad de hacer una reflexión en torno a un proceso democrático de las estructuras del Estado. Si no, no vamos a entender nada y nos va a pasar como decía aquel que el sabio señalaba la luna y el tonto al dedo», ha remachado Mayoral para decir que ahora «no son momentos de golpe de pecho».

El sindicato JUPOL ha censurado este jueves que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, «aliente» a los que esta organización califica como «terroristas callejeros» que se mezclan entre los que protestan por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. Su crítica se extiende al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su «absoluto silencio».

En un comunicado, el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional ha mostrado su «profundo malestar» por las declaraciones realizadas en redes sociales por Echenique al entender que respalda las protestas contra el encarcelamiento del rapero Hasel en varias ciudades españolas y que han derivado en altercados, causando heridas a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Destacan, además, «el absoluto silencio que mantiene el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que una vez más prefiere esconderse ante los ataques a los que se ven sometidos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

El portavoz de JUPOL, Pablo Pérez, ha calificado de «inadmisible que un portavoz de uno de los partidos del Gobierno de España defienda que se lleven a cabo disturbios en los que se han producido infinidad de daños materiales a mobiliario público y privados, se han saqueado comercios y destrozado oficinas bancarias».

«Y lo que es más grave», añaden, «se han producido agresiones contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». «Aquellas personas o colectivos que no rechacen públicamente los sucesos vividos en las últimas horas se sitúan fuera de la legalidad y del orden democrático», advierten.

JUPOL censura a Echenique por «alentar» las movilizaciones violentas. «Tan solo podemos pensar que se trata de un representante político absolutamente desnortado, con una actitud displicente y que no está a la altura del puesto que ocupa», han añadido.

APOYO DE INTERIOR A LOS POLICÍAS

El Ministerio del Interior ha mostrado este jueves en su cuenta oficial de Twitter el apoyo a la labor de los policías de las unidades de ‘antidisturbios’ frente a «una minoría de violentos» que han protagonizado altercados en diferentes ciudades españolas, entre ellas Barcelona y Madrid, en protesta por la detención y encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

«Nuestro reconocimiento a la labor de la Policía y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad garantizando la seguridad de todos frente a los altercados provocados por una minoría de violentos. Deseamos la pronta recuperación de los agentes que resultaron heridos», ha señalado el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska en su cuenta de Twitter.

La Policía Nacional también ha respaldado –como antes el delegado del Gobierno en Madrid– a los agentes que hacen frente a los desórdenes públicos de quienes protestan desde que el rapero Pablo Hasel entró en prisión en cumplimiento de una condena por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

«La Constitución Española recoge las misiones de la Policía. Una de ellas es garantizar la seguridad ciudadana. Y eso hacemos. Mucho ánimo a todos los agentes (especialmente a los heridos) que trabajan contra los disturbios callejeros», ha publicado la Policía en sus redes sociales.

Por parte del Gobierno, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha reprochado este jueves a Echenique que se dedique a «alentar» las protesta que tuvieron lugar en Madrid y Cataluña. A su juicio, estos «acontecimientos no tiene nada que ver con la libertad de expresión» porque se cruzaron «líneas rojas» al recurrir a la «violencia».

Además, Calvo ha justificado la entrada en prisión de Hasel porque, aunque el Ejecutivo quiere cambiar la ley en lo referente a delitos de libertad de expresión, mientras tanto «hay que cumplirla».

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha confirmado su petición de pena a 27 años de prisión al que fuera dirigente de ETA Gorka Palacios Alday al considerar que hay «pruebas suficientes» para acreditar que formó parte del denominado ‘comando Larrano’.

El tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidido por Concepción Espejel, ha juzgado este jueves a Palacios, quien ha seguido la vista oral desde una sala acristalada y se ha acogido a su derecho a no declarar.

Tras escuchar a los testigos y peritos, casi todos ellos agentes de la Policía Nacional y de la Ertzainta que llevaron a cabo la investigación sobre Palacios tras la explosión de una vivienda que éste tenía alquilada en Durango (Vizcaya) en julio de 1997, la representante del Ministerio Público ha elevado a definitivas su escrito de acusación.

Así, mantiene su petición de 27 años de cárcel para el exdirigente de ETA por los presuntos delitos de pertenencia a banda armada, un delito de estragos terroristas y otro de tenencia y depósito de sustancias o aparatos explosivos.

PREPARACIÓN DE ACCIONES TERRORISTAS DESDE LA VIVIENDA ALQUILADA

El escrito de acusación del Ministerio Público explica que Palacios alquiló en julio de 1997 un piso en Durango, en el que preparó «diversas acciones» terroristas junto a otros dos miembros del ‘comando Larrano’, Oier Eguidazu –quien no ha sido aún juzgado por estos hechos al estar pendiente de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE)– y Leyre Martínez Pérez –ya condenada por estos hechos–, «ocultando en el piso armas y explosivos».

La Policía registró dos viviendas después de que una de ellas explotara el 17 de julio de 1997, lo que, según dice el escrito, provocó la huida de los integrantes del comando. Los agentes encontraron 30 bolsas de explosivo amonal, una lapa-bomba, cuatro granadas de 80 milímetros, nueve granadas de 40 milímetros, detonadores, temporizadores, varios cilindros de explosivos y cloratita, indica el Ministerio Público.

La fiscal ha afirmado durante su informe final que las pruebas practicadas durante el juicio han permitido acreditar que en dicho periodo temporal Gorka Palacios «pertenecía al ‘comando Larrano’ y que ocupaba el piso donde ocultaba explosivos que iban a ser utilizados en atentados».

Se ha apoyado en lo manifestado por los testigos, entre ellos el instructor y secretario de los atestados de la Ertzaintza que acudieron al piso que explotó y que han asegurado que en dicho domicilio se encontró no sólo material explosivo, sino documentación relacionada con la banda terrorista ETA.

CARTA DE ‘ANBOTO’

Entre dicha documentación se halló un manual de ETA y «cuatro» cartas firmadas por la que fuera jefa de ‘comandos legales’ Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, en las que daba instrucciones al ‘comando Larrano’, han concretado los investigadores. El Tribunal Supremo recientemente ha confirmado una condena a 122 años de prisión contra ella, rechazando el argumento de que no era la persona que se identificaba bajo este alias.

Otro de los testigos en este juicio ha sido el propietario del piso que explotó, quien no ha recordado a quien alquiló la vivienda y si hizo un contrato de arrendamiento, algo que contrasta con lo que ya declaró anteriormente en sede judicial.

El contrato de alquiler apareció en la vivienda de los padres de Palacios, ha recordado la fiscal, que, a su vez, ha retirado la solicitud de indemnización para el propietario del piso, ya que éste ha afirmado que no reclama nada.

Asimismo, la representante de la acusación pública ha apuntado que los investigadores tomaron declaración a los padres del acusado y que estos confirmaron que Palacios se iba a mudar con su novia a la vivienda que explotó, por lo que mientras vivían en otra casa alquilada, donde, además, se hallaron más sustancias explosivos.

La pareja de Palacios, Irantzu Zabala Bilbao –que fue detenida tras la explosión– también ha comparecido como testigo en este juicio, si bien se ha negado a declarar contra Palacios, conforme al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que dispensa de la obligación de declarar a parientes del procesado, cónyuge o personas unidas por relación de hecho.

Para el Ministerio Público, ello no impide tener en cuenta lo que dijo Zabala Bilbao en dependencias policiales, ya que los policías que le tomaron declaración han comparecido también en la vista oral. Estos testigos han destacado que la pareja del exdirigente de ETA admitió que había alquilado el piso y que le fue intervenido un juego de llaves que correspondía con la vivienda que explotó.

UNO DE LOS MIEMBROS MÁS ACTIVOS DE ETA

Palacios fue considerado uno de los miembros más activos de la organización desde que comenzó su actividad terrorista en los años 90, llegando a formar parte del ‘comando Madrid’, por el que se le atribuyeron diversos atentados.

En 2003, siendo uno de los etarras más buscados por las Fuerzas de Seguridad, asumió el cargo de jefe de los comandos de ETA, responsabilidad que compartió con Ibón Fernández Iradi, ‘Susper’, hasta su detención en Pau (Francia) en diciembre de ese año.

Las autoridades francesas entregaron en abril de 2018 a Palacios tras cumplir sus penas en las prisiones de Saint Maur y Châteauroux. El tribunal de lo Criminal de París le condenó a 18 años de prisión en 2009 y un año después la justicia francesa lo entregó de manera temporal a España para que fuera juzgado por la Audiencia Nacional, que le impuso 83 años de cárcel por el atentado cometido contra el Ministerio de Justicia del 10 de julio de 2001, en el que falleció el policía nacional Luis Ortiz, y resultaron heridas a otras 20 personas.

Tras permanecer casi dos años en las cárceles de Soto del Real y Estremera, fue devuelto en 2012 al Estado francés y encarcelado en Saint Maur, donde pasó 18 meses, hasta que entregado temporalmente a España para un nuevo juicio. En 2013 regresó a Saint Maur, donde permaneció hasta 2018.

La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha apelado este jueves a los partidos de izquierdas catalanes a «encontrar una vía de acuerdo» de cara a la investidura y a formar un Govern tras las elecciones del 14 de febrero.

«Todos aquellos que nos reclamamos del espacio de la izquierda estamos interpelados en buscar la solución, en ser capaces de encontrar una vía de acuerdo», ha afirmado en rueda de prensa.

Según ella, las encuestas dejan claro que, entre un gobierno solo de independentistas y un gobierno de izquierdas, la ciudadanía «de manera mayoritaria se decanta por un gobierno netamente de izquierdas», por lo que cree que estos partidos están obligados a ponerse de acuerdo.

Cunillera ha reivindicado que el PSC ha ganado las elecciones y que su candidato, Salvador Illa, debe intentar ser presidente y presentar su candidatura la investidura: «Es su obligación, creo que hace bien», y confía en que lo logre.

Ha reiterado que los socialistas fueron la fuerza más votada el 14 de febrero y que representa a una parte importante de la sociedad catalana, de manera que ha advertido de que «quien quiera ningunear al PSC está ninguneando a tantos miles y miles de ciudadanos que optaron por esta opción».

MESA DE DIÁLOGO

La delegada del Gobierno también ha destacado que los resultados electorales reflejan que, a su juicio, los catalanes apuestan por los partidos que defienden el diálogo, como el PSC y ERC: «El domingo la primera fuerza ha sido el PSC con una bandera de acuerdo, de diálogo, de pasar página a la confrontación. Pero la segunda fuerza es la que ha protagonizado también ese diálogo respecto a los dos gobiernos», en alusión a los republicanos.

Así, ha pedido que esta apuesta por el diálogo que considera que hace la ciudadanía se traduzca en la formación del nuevo Ejecutivo catalán: «Ojalá tengamos pronto un gobierno en Cataluña, ojalá pronto nos podamos sentar a trabajar con la vía del diálogo, de la negociación que nos va a llevar necesariamente a pactos».

Cunillera, que ha presentado el balance de la actuación del Gobierno en Cataluña, también ha recalcado la voluntad de diálogo del Ejecutivo de Pedro Sánchez y, pese a que la mesa de diálogo se haya reunido solo una vez, ha asegurado que desde el Gobierno ha mantenido durante el último año su «disposición» de volver a reunirla.

Ha lamentado que en este año la Generalitat haya estado pendiente «más de estar preparando las próximas elecciones que de la acción del Govern» y ha apuntado que ahora hay que esperar a que se forme un nuevo gobierno en Cataluña, que confía en que abogue por la vía del diálogo.

«Espero y estoy segura que el nuevo Govern tendrá la misma disposición y las mismas ganas que tenemos nosotros de continuar con esta mesa de diálogo», ha concluido.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha respondido hoy al portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, que no se pueden justificar comportamientos como los sucedidos anoche tras la manifestación no autorizada a favor de Pablo Hasel en la Puerta del Sol porque dichos disturbios «no tienen nada que ver con las libertades».

Preguntado por este asunto por los periodistas tras la rueda de prensa de presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Gobierno de España en Madrid en 2020, Franco ha ensalzado la magnífica y extraordinaria labor desarrollada por Policía Nacional, y también por los Bomberos, que ha actuado con «una proporcionalidad, sensatez y aguante digno de reseñar».

«Yo soy un firme defensor de las libertades y de la libertad de expresión, es un derecho fundamental, pero el propio artículo 20 de la Constitución Española tiene limitaciones recogidas en las leyes, leyes que habrá que modificar y el Gobierno de España está comprometido a ello. En actividades de carácter artístico es necesario que tengan mayor flexibilidad, que nadie sea privado de la libertad de hacer uso a la expresión. Pero mientras siga vigente el actual ordenamiento estamos todos obligados a cumplirlas», ha esgrimido.

Por eso, el representante del Gobierno central en Madrid ha afirmado que quizá Echenique no sea responsable de decir estas afirmaciones «sin saber lo que había detrás de los incidentes de Sol, de quienes empezaron a provocar a los policías». El dirigente de Podemos escribió un tuit anoche en el que mostraba «todo su apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles; ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol».

Franco ha aseverado que los disturbios de anoche, con 19 detenidos y más de medio centenar de heridos, muchos de ellos policías, además de los destrozos de muchos comercios y mobiliario urbano, no tiene nada que ver con la reivindicación de derechos «ni con el ejercicio de las libertades». «España es una democracia absolutamente consolidada, eso no tiene cabida en un estado democrático, lo diga quien lo diga, y aunque eso crea discrepancia con nuestro socio de gobierno», ha apostillado, en referencia a Unidas Podemos.

El también secretario general de los socialistas madrileños ha señalado que respeta la opinión de Echenique pero asegura que lo que ocurrió anoche es «absolutamente inadmisible que, utilizando un pretexto justo, con el que todos estamos todos de acuerdo, luego eso derive en vandalismo, rotura de mobiliario urbano, agresión a la Policía, etcétera».

«Eso en una democracia consolidada como la nuestra, con cauce de expresión más que de sobra, es inadmisible. Reivindicar derechos y hacer uso de esos derechos es una cosa y el vandalismo, agresiones, rotura de lunes, destrozo de mobiliario urbano, usar papeleras y adoquines contra la Policía no se puede permitir. Respeto toda las opiniones pero me mantengo en esta tesis», ha insistido.

El delegado ha puesto como ejemplo que ayer se celebró una manifestación en apoyo al rapero en Alcalá de Henares, esta sí comunicada al departamento gubernamental, que se desarrolló sin incidentes. Sobre la del Puerta de Sol ha indicado que a pesar de no estar comunicada, las autoridades y Policía «tuvieron la flexibilidad suficiente para permitir que se desarrollase». Pero terminó de forma violenta, por lo que la Policía tuvo que actuar.

Además, en vista de que en Barcelona los incidentes se han prolongado dos noche seguidas, José Manuel Franco ha indicado que las Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad del estado están hoy y los próximos días «en alerta» por lo que pueda suceder y los antidisturbios «se pondrán en marcha en cuanto a la situación lo requiera».

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha presentado este jueves las mejoras que incluye su Observatorio interactivo de Corporaciones Locales, que ahora incorpora más de 20 millones de datos económicos y permite analizar y comparar a más de 8.000 entidades locales, entre las que se encuentran ayuntamientos, diputaciones y cabildos.

En rueda de prensa telemática, el equipo de corporaciones locales de la AIRef ha dado a conocer mediante una presentación técnica las principales novedades de la herramienta entre las que han destacado la posibilidad de hacer comparaciones entre localidades con características similares; la visualización de datos agregados y su detalle y ver tanto la situación actual de una entidad local como la evolución en el tiempo de diferentes indicadores.

La actualización de esta herramienta va en consonancia con los principios fundamentales de la AIReF, según han explicado, y, en concreto, pretende fomentar la transparencia poniendo a disposición del público estos datos económicos que previamente han sido recogidos por otros organismos como el Banco de España, el Ministerio de Hacienda y el INE.

Además, han precisado que esta información no solo es útil para gestores de cuentas municipales o periodistas, sino también para el público general que va a poder conocer la situación de su ayuntamiento.

ACCESO GRATUITO A DATOS

A diferencia de otras páginas web que ofrecen datos similares, el director de la División de Análisis Presupuestario, Ignacio Fernández, ha destacado durante la presentación de la herramienta que la AIRef ofrece el acceso a todos los datos de forma gratuita y sencilla, solo muestra datos económico-financieros e incorpora cálculos de la AIRef con relevancia en el análisis económico.

Fernández ha avanzado que esta es una primera fase y que el Observatorio seguirá implementando mejoras con el objetivo de que se convierta en un punto de recogida de toda la información emitida por la AIReF sobre corporaciones.

En esta línea, ha detallado que se incorporarán las previsiones de AIReF para algunas variables y entidades; información sobre el coste efectivo de los servicios que prestan las corporaciones y se ofrecerá la posibilidad de elaborar ranking de entidades según las diferentes variables económico-financieras. Asimismo, se incorporarán indicadores de alerta de detección precoz de riesgos.

COMPARATIVAS

Por último, ha mostrado una posible comparación desde la página de la AIRef en la que ya está disponible la herramienta. Al acceder, el usuario se encontrará con dos opciones para conocer la situación financiera individual de un ayuntamiento, diputación o cabildo o para llevar a cabo una comparativa entre entidades con características similares.

Por ejemplo, si elige comparar a las dos grandes ciudades de más de un millón de habitantes, Madrid y Barcelona, la herramienta muestra que ambas tienen una deuda sobre ingresos baja, que Barcelona ha mantenido en el tiempo y que Madrid ha reducido mucho en los últimos años. También se observará un ahorro sostenido en el caso de Barcelona y que ha aumentado en Madrid desde el año 2012 y que las dos entidades pagan a sus proveedores en plazos inferiores al legal. De hecho, Barcelona lo hace en un tercio del plazo fijado.

El expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el que solicita anular la condena de ocho años de cárcel que le impuso la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre por manipular las cuentas de Pescanova para captar inversores.

En concreto, Fernández de Sousa-Faro solicita su absolución al considerar que existen errores y que las pruebas aportadas en el caso son «claramente insuficientes».

«Las supuestas pruebas que la sentencia ponen sobre la mesa para tratar de justificar su conclusión condenatoria son, a nuestro juicio, claramente insuficientes para justificar tal condena», señala el recurso de casación interpuesto por el exdirectivo de la compañía.

Así, entre otros aspectos, los letrados de Fernández de Sousa-Faro consideran, desde una perspectiva objetiva, que se está en presencia de un conjunto de prácticas de financiación «perfectamente legales», teniendo en cuenta que la sentencia de la Audiencia Nacional no declara la nulidad de estas operaciones, «acordadas de común acuerdo con la banca, cuando no inspiradas directamente por ella», prácticas que, según señalan, beneficiaron tanto a Pescanova como a los propios bancos, «que durante años cobraron ingentes cantidades en intereses y comisiones».

«No hubo engaño a los bancos, que no solicitaron ni una factura, ni un conocimiento de embarque, ni un albarán, porque eran conscientes de la finalidad financiera de la operativa. No hubo perjuicio para los bancos, que se lucraron durante años con los costes financieros de estas operaciones. No hubo falsedad contable, por más que hoy podamos concluir que los estados financieros de Pescanova se elaboraron de forma incorrecta: no había contabilidad paralela o inoficial», señala el recurso.

En este sentido, según indica, todo estaba en la contabilidad de Pescanova y sus filiales y fue contabilizado según la propia naturaleza de las operaciones pactadas con los bancos (esto es, como operaciones comerciales y no financieras) «de manera tal vez errónea, pero conforme a su clausulado, y todo fue expuesto y sometido abiertamente al control de BDO Auditores, que avaló año tras año el buen hacer de los servicios administrativos y contables de Pescanova, siempre sin salvedades».

Asimismo, los abogados del expresidente de Pescanova afirman en el recurso que ninguno de los empleados de Pescanova falsificó contratos, facturas, letras o pagarés. «No existe en toda la causa ni un solo caso de una firma falsa, estampada por quien no fuera su autor real, como tampoco hay ni un solo caso de falsificación material de contratos o facturas, utilizando membretes, firmas o sellos de empresas que no participaban en las operaciones. Nunca se hizo tal cosa», señalan.

Ante la falta de pruebas y la existencia de errores en la sentencia condenatoria, el expresidente de Pescanova pide al Supremo que resuelva dictar nueva sentencia conforme a Derecho por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia y que se rectifiquen los errores, se le absuelva de los delitos de falsedad documental, de estafa y de alzamiento de bienes, al no tipificar los hechos probados que se le atribuyen.

Asmismo, solicita que se declare la existencia de las atenuantes de confesión, disminución del daño, estado de necesidad y dilaciones indebidas, rebajando la pena que correspondería imponerle en dos grados, o en defecto en un solo.

La Audiencia Nacional condenó el pasado mes de octubre a ocho años de cárcel al expresidente de Pescanova y a penas que iban de los seis meses a los tres años y medio de prisión para otros once acusados de la excúpula de la compañía por las prácticas irregulares que pusieron en marcha con el fin de obtener financiación bancaria para la empresa y por manipular las cuentas de la entidad para poder captar inversores que acabaron perdiendo su dinero.

En la sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal absolvieron a siete de los 19 acusados y condenaron a los otros doce a penas sensiblemente inferiores a las solicitadas por las acusaciones, al entender que los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de información económica y financiera se cometieron en concurso medial y no pueden ser penados de manera independiente.

Además de las personas físicas, la Audiencia Nacional condenó, entre otras, a las personas jurídicas Pescanova SA y a BDO Auditores a penas de multa y a satisfacer diferentes cantidades en concepto de responsabilidad civil que, en algunos casos, llegaron a los más de 51 millones de euros por las cantidades que acabaron perdiendo algunos de los inversores.

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA amenazan con la puesta en marcha de medidas de presión si el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) no retira de forma inmediata la orden por la que se incluye al lobo en el en Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y deja de ser especie cinegética en toda España.

Es el planteamiento que las tres OPA llevarán a la reunión prevista para el próximo día 23 de febrero con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al que muestran su total disposición para trabajar en aras de la coexistencia de la actividad ganadera y la fauna silvestre.

Sostienen que la Orden Ministerial que Transición Ecológica pretende poner en marcha es de todo punto inaceptable y carece de la necesaria legitimidad para salir delante.

Recuerdan en tal sentido, las circunstancias en las que la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad decide prohibir el control de la especie, en una votación muy cuestionada, que tuvo que ser repetida y con los votos en contra de las comunidades autónomas donde el lobo tiene su principal implantación.

La Orden elaborada por el ministerio de Teresa Ribera se basa en un censo de población de lobos de 2012-2014 que, según denuncian las OPA, no refleja la situación actual y en el llamado informe ASCEL, realizado por la Asociación para la Conservación del Lobo.

«Ignora criterios científicos y objetivos y carece del necesario consenso de las partes afectadas, como las comunidades autónomas donde se localiza el lobo y el propio sector ganadero, víctima de los ataques», advierten las OPA, que recuerdan que a fecha de hoy esta orden ni siquiera cuenta con el plácet de todas las organizaciones ecologistas y conservacionistas.

Para estas tres organizaciones agrarias, la única forma de solucionar este «disparate normativo» es que el ministerio retire la polémica orden y que se elabore un Plan de Actuación Global sobre el Lobo que incluya un diagnostico real y certero de la situación del lobo y la ganadería; medidas de gestión y control de la especie; medidas de prevención de los ataques y un programa de indemnizaciones para los ganaderos que en ningún caso deben sufragarse ni con las ayudas de la PAC, vía eco esquemas, ni con los seguros agrarios que suscriben los productores.

«Entendemos que para blindar el estatus legal del lobo lo más lógico sería conocer primero su situación real, es decir contar con un censo actualizado de la población del lobo ibérico (actualmente en fase de elaboración», puesto que, tal y como mantienen, el lobo, lejos de estar en peligro de extinción, se encuentra en fase expansiva, aumentando significativamente el número de animales y manadas cada año y extendiéndose a territorios donde hasta ahora no tenía presencia.

Como prueba de ello esgrimen que los ataques a la ganadería se han incrementado exponencialmente, pasando de más de 10.000 ataques de lobos registrados en 2019 a cerca de 15.000 en 2020, con unas pérdidas estimadas que superan los 5,5 millones de euros.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha cree que es «inminente» que se cierre un acuerdo con el PP para llevar a cabo la «recomposición» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el resto de órganos constitucionales que trabajan en funciones, ya que, tras pasar las elecciones catalanas, el líder del PP, Pablo Casado, «está ya en la realidad».

«Para Casado, Cataluña era un rubicón tremendo, y una vez ha pasado, creo que toda esa recomposición tiene que estar ya de manera inminente», ha afirmado la vicepresidenta en una entrevista en la Cadena Ser, tres ser preguntada sobre su cree que el desbloqueo de la renovación del CGPJ y otras instituciones con su mandato caducado se producirá más pronto que tarde.

«Sí lo veo», ha afirmado al respecto Calvo, quien, no obstante, no ha ofrecido detalles de la conversación que este miércoles mantuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Casado, para tratar de cerrar ya esa renovación.

«CASADO ESTÁ YA EN LA REALIDAD»

Eso sí, Calvo sí ha afirmado que, tras haber pasado las elecciones catalanas, Casado ya ha asumido «la realidad». «Tiene que estar ya en la realidad», ha enfatizado, al tiempo que ha insistido en que «el PP ya no tiene más excusas ni fechas».

En todo caso, se ha negado a fijar un ultimátum, al ser preguntada sobre si el Gobierno se ha marcado una fecha tope para reactivar la reforma que impulsaron PSOE y Unidas en el Congreso para rebajar la mayoría necesaria para renovar el CGPJ.

De hecho, ha defendido que la exigencia de la mayoría cualificada de tres quintos que existe actualmente «está bien, porque preserva la importancia que tienen estos órganos», aunque ha justificado que presentaran la reforma, ante la negativa del PP a negociar.

En este sentido, ha criticado la deriva que ha tomado el PP en los últimos meses y que, les ha llevado, a su juicio, «a un tiempo suicida» por seguir a la ultraderecha. «Si a partir de ahora el PP no entiende que hay cosas que nadie puede entender de una derecha que tiene que estar en todos los cánones de la democracia, es que ya tendrán que ya tendrán que saber qué están haciendo consigo mismos», ha reflexionado.

«Casado tiene que hacer una reflexión directa de lo que ha ocurrido e indirecta del papel que le toca jugar», ha apostillado Calvo, antes de volver a exigir al PP «responsabilidad», tras haber «dejado tirado al país en la pandemia».

La mitad de los españoles cree que los gobiernos están usando las tecnologías para controlar a la población con finalidades distintas a la salud durante la pandemia del coronavirus, según se desprende del estudio ‘Actitudes ante la Tecnología y Usos de las TIC en la Sociedad Española en el marco del Covid-19’ de la Fundación BBVA.

La investigación, que ha sido presentada este jueves en un acto virtual, pretende examinar comportamientos de la sociedad española en internet y de valoraciones sobre usos de la tecnología, con especial atención al espacio temporal de la Covid-19. Consuelo Perera, técnico del Departamento de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Fundación BBVA, y el director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo, han presentado los resultados del informe cuyo antecedente se realizó en 2008.

Esta percepción de control gubernamental es mayor entre las personas más jóvenes, pues lo considera así el 60% entre los encuestados de 14 a 17 años y el 53% de quienes tienen entre 18 y 24 años, y quienes se ubican en la derecha ideológica (66%).

Respecto a los efectos de la pandemia, el informe revela que un 40% de los encuestados dice que ha afectado mucho o bastante a su economía personal, mientras que un 98% opina que ha afectado mucho o bastante a la economía del país.

En este sentido, el estudio revela que el 96% de los entrevistados considera que el sistema sanitario está muy o bastante afectado, porcentaje que se sitúa en el 78% en el caso del impacto de la crisis de la Covid-19 sobre las libertades. Más del 90% de los españoles considera que la pandemia del coronavirus ha demostrado la necesidad de invertir mucho más en ciencia y en medicina.

En relación con la información sobre el coronavirus, el 75% de los ciudadanos ha buscado información sobre el Covid-19 en internet y en condiciones de acceso libre y gratuito. Han recurrido a los medios de comunicación convencionales –ediciones digitales de periódicos, diarios digitales, radio y televisión– que han excluido este contenido de sus políticas de pago.

En este contexto, el estudio señala que el uso de las redes sociales se ha multiplicado por 14 desde 2008 y que han sido utilizadas como medio de información por un 40% de los españoles, ocupando el último lugar en la consideración de fuente fiable.

Según este informe, los organismos vinculados a la ciencia y la medicina encabezan la lista de fuentes de información fiable, seguidos por diarios en versión digital o nativos digitales y radios. Las televisiones (pública y privada), el Gobierno central y las redes sociales no alcanzan el 5 en una escala de 0 a 10 en la confianza que inspiran como fuentes de información sobre el coronavirus.

INTERNET: ESENCIAL PARA LA MAYORÍA

Otra de las conclusiones de esta investigación es que en 2008 el 18% de los españoles consideraba que internet «esencial» en su vida, un porcentaje que ha escalado al 60% en 2020. Así, el 90% usa internet a diario y un tercio afirma estar conectado casi todo el día. En el caso del móvil, en la actualidad es esencial para un 57% de los españoles, para el 46% en 2008.

Aunque la percepción de las tecnologías es positiva en general, más del 80% cree que usar internet supone un problema en términos de privacidad, seguridad, veracidad, posible acoso y exceso de publicidad.

La pandemia ha acelerado el proceso de digitalización, introduciendo nuevos retos a todos los niveles y cambios que un 64% de los españoles creen que permanecerán a la larga. Así, el teletrabajo se ha casi duplicado a partir del confinamiento de 2020, pasando del 16% al 30%, si bien ese porcentaje se concentra en perfiles profesionales y puestos vinculados con una mayor cualificación y se limita mucho entre los trabajadores manuales.

De este modo, el estudio revela que uno de los usos que se ha generalizado es la vídeollamada con compañeros de trabajo, clientes o proveedores (la utilizaron un 92% entre quienes han teletrabajado).Entre los trabajadores que han aplicado el teletrabajo, el 40% considera que su productividad no ha variado, y un 36% considera que incluso ha mejorado.

La investigación señala que el 93% de los españoles dice que prefiere hacer la compra presencialmente, se han adaptado a la situación y un tercio está realizando la compra online. En el ámbito de la salud, el 93% prefiere acudir a la consulta presencial con el médico; en el sector bancario, el 71% prefiere utilizar internet para realizar transferencias; y el 88% apuesta por el contacto personal para pedir créditos.

Sobre el ocio, el informe sostiene que desde 2008 ha crecido notablemente el número de españoles que pagan por ver o descargar películas y series (de un 7 a un 45%) y por escuchar y descargar música (de un 11 a una 32%), pero todavía hay porcentajes muy significativos que declaran que ni lo han hecho ni están dispuestos a hacerlo en el futuro, un porcentaje que llega al 64% en el caso del pago para leer un periódico en su versión digital.

El libro digital es uno de los productos culturales que hasta la fecha no ha logrado implantarse, y el 83% de los españoles declara seguir prefiriendo el papel.

Durante la pandemia, y ante la imposibilidad o dificultad de mantener actividades fuera del ámbito doméstico, el ocio digital ha crecido notablemente en todas sus vertientes, y la mayoría de los españoles reconocen que recurren a internet «siempre» o «bastantes veces» cuando se aburren (58%) y le dedican más tiempo del previsto (55%). Además del acceso a contenidos de pago de series, películas o música, ha crecido el consumo de otros ligados a la cultura, el deporte, los hábitos saludables y la cocina.

La investigación empírica se ha obtenido a través de una encuesta telefónica a una muestra de 5.000 personas de 14 y más años, y el trabajo de campo ha sido realizado por Metroscopia entre septiembre y diciembre de 2020.

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves, con 155 votos a favor, cuatro abstenciones y 191 en contra, una moción consecuencia de interpelación urgente para crear un comité de expertos con un miembro de cada partido político que supervise el Plan de Vacunación del Gobierno contra el coronavirus.

Su defensor, Isidro Manuel Martínez Oblanca, de Foro Asturias, resaltó este miércoles, durante el debate parlamentario, la importancia de este comité que, en caso de incidencias, retrasos en el suministro vacunal o nuevas necesidades de inmunización frente a las agresivas variantes y mutaciones víricas, «realice los eventuales reajustes de su calendario de aplicación».

Así, se incluía incorporar a las tareas de este comité a un experto que proponga cada uno de los Grupos Parlamentarios del Congreso para que «participe en sus reuniones, pueda exponer su criterioprofesional y, asimismo, tenga acceso a cuanta información y datosrequiera sobre el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación».

La diputada socialista Ana Prieto recordó que España cuenta con una Estrategia de Vacunación desde «noviembre», que «ha sido actualizada en tres ocasiones porque es un documento vivo». «No quiero decir que no la haya leído pero no con mucha atención. Percibo cierta falta de información», espetó al diputado asturiano.

En este contexto, defendió que el plan de vacunación actual es «ético, científico y está consensuado». «Les pido que arrimen el hombro, que hagan una oposición útil y leal y dejen de utilizar esta pandemia para confrontar», reclamó Prieto.

En este mismo sentido, la diputada de Unidas Podemos Rosa María Medel recordó también que España ya cuenta con un plan de vacunación. «Cambiar la palabra estrategia por plan no mejora nada. E incluir asesores tampoco aporta nada. Es una estrategia para todo el país y se rige por un marco ético que incluye el principio de equidad», defendió.

Desde Ciudadanos, el diputado Guillermo Díaz pidió acelerar la campaña de vacunación administrando dosis «de forma ininterrumpida, incluyendo fines de semana y festivos, de manera que se garantice, a la mayor brevedad posible, la vacunación de la totalidad de la población española». «Reconozco que estamos vacunando mejor que otros países pero peor que otros. No basta con decir que no somos los últimos. Vemos cada vez más difícil cumplir con el objetivo de llegar al 70 por ciento de la vacunación en verano», lamentó.

Asimismo, Ciudadanos optaba por ampliar el número de espacios destinados a la vacunación más allá de los 13.000 centros sanitarios, incluyendo «el acondicionamiento de polideportivos, centros culturales y el establecimiento de puntos de vacunación ‘drive-in’ para conductores», de forma similar a lo realizado por Israel, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.

Díaz también defendió «contar con la sanidad privada, los odontólogos, los farmacéuticos, veterinarios, el Ejército…». «Algunas personas con poca formación añadida son capaces para vacunar», esgrimió el diputado ‘naranja’. Este punto fue apoyado también por el diputado de VOX Juan Luis Steegmann: «Tenemos que poner todos los recursos públicos y privados para la vacunación, todos los establecimientos, recursos y el Ejército».

«Apoyamos esta iniciativa porque el programa de vacunación del Gobierno es la gestión de la miseria, que se la debemos a la incompetencia de la Comisión Europea para negociar con la industria farmacéutica», criticó el diputado de VOX.

Así, denunció que el Gobierno «ha fracasado en convencer a la Comisión de que la distribución de vacunas no debe ser solo por la población sino por la gravedad de la pandemia en cada país». «Hemos atado nuestro destino a unos países que no tienen los mismos problemas que España», argumentó. En este contexto, Steegmann exigió al Gobierno que «acuda al mercado para proveerse de vacunas autorizadas».

La diputada ‘popular’ Elvira Velasco también secundó esta propuesta, ya que considera que «España no cuenta con un Plan de Vacunación ni con suficientes vacunas». «Tenemos 17 planes porque el Ministerio ha delegado la responsabilidad en las comunidades autónomas. Al ritmo al que vamos, tardaremos tres años en vacunar», remachó.

Jonathan Moñiz, alias ‘El Piojo’, se encuentra desde ayer a las 19.00 horas en el módulo destinado a cuarentenas en prevención de la Covid-19 de la prisión de Estremera (Madrid), donde estará diez días antes de que la dirección del centro decida sobre su régimen de vida, según han informado a Europa Press fuentes penitenciarias.

La juez de Instrucción número 39 de Madrid, en función de guardia de detenidos, ordenó ayer el ingreso de nuevo en prisión de Jonathan Moñiz, tras su detención por la Policía Nacional, que puso fin a más de dos meses huido tras fugarse el 5 de diciembre de otra cárcel madrileña, la de Valdemoro, junto a su hermano, que sigue sin ser localizado.

Ambos, según las diligencias abiertas, aprovecharon su condición de ordenanzas del módulo en el que estaban en Valdemoro para planear su fuga serrando los barrotes de una ventana de un cuarto de almacenaje. Lo hicieron junto a un tercer preso –que sí fue detenido–. La investigación se centra en la posible ayuda que pudieron recibir por parte de personal de la seguridad de la prisión, ya que las alarmas sonaron cuando accedieron a la valla perimetral en su huida.

El quebrantamiento de la condena por la fuga de la prisión de Valdemoro puede conllevar para ‘El Piojo’ una pena añadida de seis meses a un año de prisión. Además, una vez regrese a prisión, se abrirá un expediente disciplinario por el incumplimiento de las normas de Valdemoro, lo que repercutiría previsiblemente en un endurecimiento de su régimen de vida, según han señalado fuentes penitenciarias consultadas por Europa Press.

Tras tomarle declaración, la juez acordó para ‘El Piojo’ su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Se le acusa de los delitos de conducción temeraria, resistencia a la autoridad, daños y lesiones. Fuentes policiales informaron que este conocido alunicero y butronero había robado un coche porque estaba planeando junto a su banda un gran robo en la zona de La Moraleja.

CINCO ÓRDENES DE BUSCA Y CAPTURA

Sobre ‘El Piojo’ pesaban cinco órdenes de busca y captura, una de ellas por robo del Juzgado de lo Penal número 2 de Ciudad Real y otra por el mismo delito dictada por la Audiencia Provincial de Toledo. De forma paralela, el Juzgado de Instrucción de Valdemoro número 7, que lleva la investigación penal sobre su fuga de la cárcel, le lleva a prisión para que siga cumpliendo la condena por la que estaba en prisión preventiva.

‘El Piojo’ fue arrestado tras una persecución en coche en la que embistió a dos vehículos camuflados de este cuerpo policial, dejando cinco agentes heridos. Tras el impacto huyó por la ventana del coche que conducía, tratando de escapar a pie.

Jonathan Moñiz y su hermano Miguel Ángel se fugaron el pasado 5 de diciembre de la prisión de Valdemoro, donde cumplían condena. Para su huida –en la que participó sin éxito un tercer interno, que sí fue detenido–, accedieron ese día al almacén de la planta baja del centro penitenciario, donde se guardan las pertenencias de los presos, al parecer haciendo uso de una llave que habían fabricado.

Según confirman fuentes penitenciarias consultadas por Europa Press, Jonathan Moñiz liquidaba su condena en julio de 2024 y su hermano hacía lo propio en agosto de 2022, aunque tenían pendientes una nueva causa antes de su fuga, motivo por el que constaban como presos preventivos, sin ser clasificados en ningún régimen penitenciario.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha rechazado este jueves las «formas» de Unidas Podemos con su actitud dentro del Gobierno, a cuenta del último choque entre los socios de la coalición por las iniciativas de Igualdad. Además, ha denunciado su «incoherencia» al no apoyar, y abstenerse, ante la ley de Igualdad de Trato promovida en solitario por el PSOE en el Congreso.

De hecho, la ‘número dos’ del Gobierno y responsable de Igualdad del PSOE ha instado a Unidas Podemos a preguntarse «por qué está en política y para qué», si no es capaz de apoyar una iniciativa que «dice que nadie puede estar discriminado en nuestro país».

«SE ESTÁ EN POLÍTICA PARA LAS COSAS QUE SON REALES»

«Se está en política para las cosas que son reales, verdaderas y eficaces, y eso tiene una coherencia. Más bien, el problema está en la coherencia», ha sentenciado en una entrevista en la Cadena SER.

Además, ha confirmado que su secretario de Estado de Relaciones con las Cortes le trasladó las informaciones que le estaban llegando de que Unidas Podemos estaba hablando con los grupos de que se iba a abstener ante la admisión a trámite de la ley de Igualdad de Trato –la bautizada ‘ley Zerolo’–.

También ha defendido el derecho de su partido a impulsar iniciativas en materia de Igualdad, como han hecho siempre, «por mucho gobierno de coalición» que tengan con Unidas Podemos. «Todas las leyes de igualdad las ha hecho el PSOE», ha recordado.

«Esta es la historia indiscutible e irrebatible del PSOE, y a partir de ahí, para nosotros las políticas de igualdad, por mucho gobierno de coalición que tengamos, siguen siendo muy importantes las que nos puedan corresponder a nosotros», ha reivindicado.

Sobre el aumento de la tensión y en enfrentamiento entre Unidas Podemos y el PSOE por las políticas de Igualdad, Calvo ha confesado que le «preocupan más las formas que el fondo». «Lo normal en el Gobierno es que tengamos discrepancias en algunos contenidos. A mí lo que me preocupan son las formas», ha apostillado.

«Yo lo vivo con esa normalidad. A veces lo que no me resulta útil es que todo esto tenga que formar parte de una situación que los ciudadanos dirán: oye, hagan el trabajo, díganme cómo me va a afectar y ya veré si me gusta y votaré lo que quiera», ha reflexionado.

El sector socialista del Gobierno ya ha manifestado en numerosas ocasiones su malestar por el proceder de Unidas Podemos para visibilizarse dentro del Ejecutivo, aireando los debates internos e incluso «filtrando» documentos que carecen de consenso, tal y como acusó Moncloa al Ministerio de Igualdad, cuando se hizo público un borrador de la polémica ley Trans que prepara el departamento de Irene Montero.

«LEGISLACIÓN LGTBI» QUE INCLUYA A LOS TRANS

«Esos borradores que me pasó suelen ser de trabajo interno», ha defendido Calvo a este respecto, antes de destacar que la «cultura política» del PSOE es «diferente» a la de Unidas Podemos, «como es evidente».

«Tenemos una cultura de gestión y política diferente de la suya. No la califico, que es diferente. Estamos todos los cuadros del PSOE muy acostumbrados a tener cargos públicos, y sabemos que una cosa es la comunicación que puedes hacer simplemente de las ideas, porque la ciudadanía no está pendiente de la complejidad de estas cosas. Lo que le interesa saber es que vamos a hacer una ley LGTBI», ha enfatizado.

Así, ha insistido en que «los cargos públicos del PSOE» están «muy acostumbrados a saber que las leyes son muchas horas de despacho, muchos papeles y a hablar con mucha gente hasta que llegas al final».

En este sentido, sobre las acusaciones de Igualdad por «bloquear» esa norma para que no llegue al Consejo de Ministros, Calvo ha asegurado que forma parte del funcionamiento normal del Gobierno y de su responsabilidad como ministra de la Presidencia frenar las leyes cuando no están listas, y pedir que se revisen o se recaben más informes.

Este es el procedimiento que, según ha relatado, está siguiendo con Montero, para que pueda ver pronto la luz la que ha definido como legislación LGTBI, en la que Calvo incluye las cuestiones Trans, a pesar de que la ministra de Igualdad quiere desarrollar dos leyes por separado: por un lado, la ley LGTBI y por otro, la ley Trans.

El director general de los Mossos d’Esquadra, Pere Ferrer, ha informado de que han abierto una investigación para aclarar las circunstancias en las que resultó herida una joven, que ha perdido el ojo, la noche del martes en Barcelona durante la manifestación contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

En una rueda de prensa este jueves junto al comisario Joan Carles Molinero, Pere Ferrer ha dicho que desde la Dirección General de Mossos lamentan «profundamente las heridas» de la joven, que está ingresada en el Hospital Clínic de Barcelona y será operada este jueves.

Ha destacado su voluntad y compromiso de «transparencia máxima» para aclarar al máximo qué sucedió ante unos hechos que produjeron una lesión grave.

De momento, ha recalcado que «no hay ninguna conclusión» de lo sucedido, después de que el Centro de Derechos Humanos Irídia haya asegurado que la herida de la joven fue por un proyectil de foam lanzado por los Mossos d’Esquadra.

En este sentido, Molinero ha reiterado que el compromiso es aclarar qué pasó y, si se confirma que la lesión fue por uso de foam, se mirará si el agente concreto la usó siguiendo el protocolo establecido.

Ferrer ha asegurado que desde la Dirección General se han puesto en contacto con la familia de la mujer herida y que efectivos del área de mediación de los Mossos acudieron al hospital, y se han puesto a su disposición para facilitar todas las gestiones necesarias.

El director también ha precisado que desde el cuerpo han contactado con el colectivo Irídia, que ha pedido colaboración ciudadana para aclarar los hechos, que ocurrieron en la Via Augusta de Barcelona.

TRAZABILIDAD

Preguntado sobre si se podrá determinar si fue un proyectil de foam el que hirió a la joven, Molinero ha destacado que están elaborando un informe de trazabilidad de todos los proyectiles usados en la jornada.

Ha asegurado que los Mossos realizan informes que permiten saber dónde se han usado estos fusiles y cuántas unidades de proyectiles se lanzaron en una intervención.

420 PROYECTILES DE FOAM

Asimismo, ha puntualizado que quieren hacer la investigación «muy milimétricamente y quirúrgicamente» y que requerirá de unos días de elaboración.

Sobre cuántos proyectiles se usaron en las protestas en Catalunya, el comisario Molinero ha indicado que fueron 300 el martes y 120 el miércoles, por lo que «el uso de esta herramienta es elevado» para hacer frente a actitudes violentas, según él.

La portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha urgido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cesar a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por ser el máximo responsable de un partido que «alienta» y «promueve» la violencia en las calles del país, al tiempo que ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue estas protestas que se está llevando a cabo.

En declaraciones a los periodistas, Gamarra ha reaccionado así tras los altercados sucedidos en los dos últimos días en Barcelona y Madrid durante las protestas en apoyo por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, condenado a nueve meses de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

En declaraciones en el Congreso, Gamarra ha expresado la condena «rotunda» en nombre del PP por los «altercados» de una «minoría de radicales» y ha expresado su reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los Mossos que han sufrido «agresiones» en esos disturbios.

«UN PASO PELIGROSO» CON «EL SILENCIO» DEL PSOE

Dicho esto, ha advertido de que se está avanzando en un «camino peligroso» porque estos «disturbios han contado con el aliento y la movilización y la promoción» por parte de los dirigentes de Podemos, que es «uno de los partidos del Gobierno».

Gamarra ha insistido en que éste «es un paso peligroso» porque, aparte de ser «alentados» por parte de Podemos, se está produciendo el «silencio cómplice» por parte del PSOE, que es el «otro partido de Gobierno». «Este camino es un salto cualitativo que este país ni merece ni necesita», ha enfatizado.

«SE AVANZA HACIA UN GOBIERNO ANTISISTEMA»

Es más, la dirigente del PP ha indicado que el hecho de que Podemos «aliente» y «promueva reacciones violentas y altercados» como las que se han visto estos días en varias ciudades «sin rechazarlos y condenarlos es avanzar hacia un Gobierno antisistema».

«Esto tiene que frenarlo quien tiene la capacidad de frenarlo, que es el presidente del Gobierno. El señor Sánchez tiene que destituir y cesar hoy mismo a Pablo Iglesias, el máximo dirigente del partido que ha alentado este tipo de movilizaciones y esta violencia en nuestras calles», ha proclamado.

Aparte de pedir el cese de Iglesias, Gamarra ha emplazado a la Fiscalía a actuar y a analizar «esas movilizaciones que se llevan a cabo a través de las redes sociales». Además, la portavoz del PP ha anunciado la comparecencia en el Congreso por esos disturbios de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

VE «TRUMPISMO POR PARTE DE PODEMOS»

Según Gamarra, los socialistas no pueden ser «cómplices» de lo que está sucediendo y del «camino de trumpismo por parte de los dirigentes de Podemos». A su entender, no pueden estar viendo «un día sí y otro también cómo se ataca a la democracia, cómo se ataca a la jefatura del Estado, cómo se ataca a los medios de comunicación y cómo se alienta la violencia en las calles.

«Esto no puede seguir así y quién tiene que actuar es quién tiene la capacidad de actuar y ése es Pedro Sánchez y el PSOE», ha abundado, para subrayar que ésa es la «única manera de reconducir este peligroso camino en el que se están adentrando».

El abogado del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo ha enviado un escrito al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional en el que indica que la comunicación de su cliente con tres diputados del grupo parlamentario de Vox se ha fijado para este viernes 19 de febrero a las 10.00 horas.

En el escrito, el letrado Antonio García Cabrera señala que esa entrevista, que girará en torno a la ‘operación Kitchen’ –sobre la que hay abierta una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados–, debe realizarse en un espacio apropiado del centro penitenciario de Estremera «destinado a autoridades» y que sea distinto al de un locutorio.

Asimismo, en el escrito de alegaciones a la diligencia de ordenación relativa al encuentro, el abogado solicita que ese ‘vis a vis’ pueda ser grabado en un soporte apto que permita con posterioridad la reproducción de la imagen y el sonido para su uso exclusivo en el ejercicio de la actividad parlamentaria. Y recalca que esa comunicación con los tres diputados de Vox no puede ser objeto de «suspensión, intervención ni restricción administrativa alguna.

Fuentes de la defensa del comisario indican que, por el momento, las condiciones que establecen desde el centro penitenciario para el encuentro son que se realizará con mampara protectora de por medio, que será grabado por el centro y, además, que previsiblemente no se autorizará la presencia del letrado de Villarejo.

‘VIS A VIS’ EN UNA SALA ADECUADA

Esta última condición choca de lleno con la petición de Vox. García Cabrera, en el escrito, recuerda que con fecha de 27 de enero la secretaria general del Grupo Parlamentario Vox, Macarena Olona, se comunicó con él interesando el encuentro con Villarejo en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, y le apuntaba que el comisario debía ser asistido por su abogado defensor para garantizar sus derechos.

Dado que el comisario aceptó expresamente esa comunicación en los términos solicitados, el abogado le remitió escrito a Olona indicándole que si tenía alguna alegación o petición que realizar al juzgado se la trasladara. Olona, según carta que consta en el escrito, le respondió que el encuentro debía realizarse en sala reservada para jueces o asimilados «con una amplitud suficiente para que el encuentro pueda celebrarse con la distancia interpersonal que se recomienda por parte de las autoridades sanitarias» por el riesgo de contraer coronavirus.

Y resaltaba que «bajo ningún concepto pueden intervenirse las comunicaciones» ni limitar el derecho de los tres diputados a grabar el encuentro. Recuerda Olona que el comisario ya celebró una entrevista con periodistas de El País en Estremera y se autorizó la grabación de la misma, por lo que, teniendo en cuenta que la finalidad del encuentro de mañana es incorporar el resultado a los trabajos de la comisión del Congreso, «la grabación de la misma resulta esencial».

DISTINTAS CONDICIONES A LAS VISITAS DE EH BILDU

La portavoz de Vox añadía en su carta a García Cabrera que las condiciones del encuentro no se pueden regir por lo que se aplicó a los diputados de EH Bildu cuando estos visitaron a presos de ETA dado que «la misma legislación establece un régimen diferenciado y peculiar para quienes cumplen condena por terrorismo». Así, indica Olona que en este caso se trata de un preso preventivo por delitos ajenos al terrorismo.

Tras reproducir las alegaciones de Vox, el abogado suplica al juzgado que autorice la comunicación en los términos que interesa, y apunta que los diputados que asistirán son Macarena Olona, José María Figaredo y Víctor González Coello de Portugal, por ser los integrantes del partido de Santiago Abascal en la Comisión de Investigación Parlamentaria denominada ‘Rrelativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular’.

Abunda en que el local debe ser el apropiado destinado a autoridades, que la reunión debe poder grabarse y que debe celebrarse en presencia del letrado de Villarejo, por lo que en total estarán cinco personas.

LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN

Este mismo jueves, la Mesa de la comisión encargada de investigar la operación ‘Kitchen’ anunciaba que empezará a recibir comparecientes la segunda semana de marzo, previsiblemente el día 11, y que el primero será el extesorero del PP Luis Bárcenas, víctima de la presunta trama de espionaje.

Los ‘populares’ intentaron no obstante que la primera persona en desfilar ante la comisión fuera el excomisario José Manuel Villarejo, pero el PSOE y Unidas Podemos, con mayoría en este órgano, prefieren llamarle en la recta final de esta primera tanda de comparecencias, justo antes de los responsables políticos de Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese inmediatamente y ponga «fuera de las instituciones» al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por cuestionar la democracia y estar siempre detrás de movimientos vandálicos.

Acompañada del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la dirigente regional se ha acercado a la Puerta del Sol para comprobar los desperfectos ocasionados por los «actos vandálicos» que se produjeron en la manifestación de apoyo al rapero Pablo Hasél.

Ayuso ha incidido en que estos destrozos les conmueven y les duelen porque «suelen ir contra los comerciantes, contra la gente humilde que trabaja en Madrid y que se ha levantando viendo como muchos de sus comercios han sido agredidos».

La jefa del Ejecutivo autonómico ha agradecido al alcalde y a los servicios de limpieza del Ayuntamiento «el magnífico trabajo que han realizado durante toda la noche». «Cualquier diría que en este mismo escenarios hace unas horas hemos vivido semejantes imágenes y, sin embargo, ahora está casi todo arreglado», ha apuntado.

Además, ha agradecido la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en concreto la de la Policía Nacional «gracias a los cuales se puede preservar la paz en Madrid».

En este punto, le ha pedido al presidente del Gobierno que se manifieste, que diga algo al respecto, porque «dos días después de estos actos» que se han sucedido en Barcelona y en Madrid no lo ha hecho él ni su ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Asimismo, también ha instado a que se pronuncie acerca del vicepresidente «que han metido en las instituciones españolas y que siempre instiga a lo mismo». Para Ayuso, hoy es esta situación promovida para «defender a un delincuente como es este sujeto que va a entrar en prisión por ser un delincuente reincidente, no por la libertad de expresión, no por desearle que le peguen dos tiros en la nuca a José Bono o le reviente el coche a Patxi López».

La presidenta madrileña considera que lo más grave es que hay un vicepresidente «que pone en tela de juicio la democracia española y está siempre detrás de todos estos movimientos vandálicos violentos, que además se organizan a nivel internacional. Según ha indicado, desde sus medios de Irán, Rusia o Venezuela.

Ayuso ha clamado que tiene que parar que se ponga en tela de juicio la democracia española así como esos movimientos radicales que pretenden «sobre todo derrocar las democracias liberales».

«Le pido al presidente del Gobierno que ponga a Pablo Iglesias fuera de las instituciones, que le cese inmediatamente, porque el Gobierno de este país no puede estar vicepresidido por semejante político», ha espetado.

Ayuso ha recordado que Madrid es «convivencia, paz y sobre todo libertad». Por ello, ha pedido a todos los demócratas que se unan para condenar estos hechos. Espera que así lo hagan también los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid así como todos los Plenos de los ayuntamientos de la región.