La fiscal de Sala Delegada de Violencia contra la Mujer, Pilar Martín, ha criticado la actuación del fiscal del caso de la presunta violación múltiple de Sabadell, y cree que la actitud que se le ha visto durante el juicio «no debería ocurrir nunca».

En su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso, Martín ha sido preguntada por este tema por la portavoz de Junts, Pilar Calvo, quien ha reclamado más formación para los profesionales que tienen contacto con las víctimas en este proceso.

Para Martín, la actitud del fiscal en el juicio pudo corresponder a que la petición de pena para los presuntos violadores son muy altas, entre 37 y 40 años, y, explica, probablemente «intentaba afianzar» la declaración de la víctima. Aunque, reconoce, lo hizo «sin sensibilidad, ni empatía».

A su juicio, si era necesario realizar estas preguntas, el fiscal debería haberle explicado el por qué de ellas, para que la joven las pudiera recibir de otra manera y no como un cuestionamiento a su historia. Se trata, ha indicado, de un problema de «falta de formación en artes psicológicas» y, aunque reconoce que han recibido asesoramiento de expertos y víctimas, también indica que queda mucho por hacer.

PIDE MÁS ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS

Durante su intervención, precisamente, se ha hecho eco de la necesidad de un mejor acompañamiento a las víctimas de violencias machistas, así como de una mayor concienciación social sobre este tema. La fiscal ha mostrado, en este sentido, su preocupación por la baja denuncia de familiares o entorno de las víctimas.

A falta de confirmar el informe de la Fiscalía de 2020, Martín se ha referido a las cifras que sobre esta lacra se recogieron en 2019, de las que se desprende que se interpusieron 168.057 denuncias por violencia de género, es decir, una cada seis días, de las cuales solo un 1,9% fueron formuladas por familiares.

Del mismo modo, señala que de estas más de 168.000 denuncias, solo 58.000 llegaron a juicio. Para la fiscal esto es consecuencia de que la mayoría de mujeres se sienten «solas» o sufren «presiones externas», lo que les lleva a acogerse a la dispensa a no declarar –en casos en las que solo existe como prueba su testimonio– o a retirar la denuncia.

«Se debe dotar o intentar implementar la oficina de atención a las víctimas», ha reclamado Martín, que cree que si la mujer se siente acompañada no habría tantas víctimas que se acojan a la dispensa a no declarar.

ELIMINAR LA DISPENSA A DECLARAR

En este sentido, advierte de que, esta situación, acaba con denuncias sobreseídas o con resolución absolutoria «que no son neutras» y suponen un «paso atrás» a la mujer tras el «paso tan importante y doloroso» que dio al ir a los juzgados.

Es por ello, que ha llamado a eliminar la dispensa, una medida que, ha recordado, se incluyó en el Código Penal para evitar que familiares cercanos tuvieran que declarar en contra de sus seres queridos. Pero, a su juicio, no debería aplicarse a la persona que denuncia y que, en la mayoría de los casos, es la única testigo de lo ocurrido.

Del mismo modo, ha advertido de que esta ‘soledad’ de las víctimas también tiene consecuencia en los menores, ya que hay muchas mujeres que deciden poner fin a esta situación divorciándose, evitando así el proceso de denuncia por maltrato. Esta decisión permite que los padres maltratadores puedan ver a sus hijos, indica Martín.

Las portavoces de PSOE y Unidas Podemos en esta comisión, Mariana de Gracia Canales e Isabel Franco, respectivamente, han mostrado su preocupadas por la violencia vicaria, la que se ejerce sobre los menores para hacer daño a la madre, mientras que su homóloga del PP, Teresa Jiménez Becerril, ha preguntado a Martín sobre el testimonio de Rocío Carrasco en televisión.

FORMACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Sobre este último, Martín ha señalado la «importancia» de los medios de comunicación, aunque cree que existen «muchos peligros» cuando alguien se «lanza» a la televisión porque «puede resultar más revictimizada que apoyada. Es por eso, que llama a fomentar la formación de género también entre los profesionales de los medios para que «traten a las víctimas como lo que son: víctimas de un problema muy grave que piden ayuda».

En cuanto a la violencia vicaria, ha indicado que los juzgados están haciendo un trabajo «riguroso» en este sentido con «penas altísimas» y ha indicado que el sistema Viogén también ha mejorado los indicadores de riesgo de los hijos de víctimas. «Hay que seguir poniendo el foco en la atención y la prevención», ha declarado.

Por su parte, Vox, ha puesto en duda la situación de las mujeres que ha relatado la fiscal. Su portavoz en este debate, María Magdalena Nevado, ha leído en la sesión el caso de un hombre denunciado en numerosas ocasiones por su mujer impidiendo que este pueda ver a sus hijos, a pesar de que todas las denuncias fueron archivadas. A juicio de los de Abascal, este hombre es «víctima de la ley de violencia de género» española y critican que no se «persigan» las denuncias falsas.

La fiscal de Sala Delegada de Violencia contra la mujer ha indicado que esta situación es «un caso» y que «las cifras hablan por si solas» cuando se trata de violencia de género. Para Martín, este hombre es víctima de una mujer, no de la ley, como, ha indicado, una persona estafada por un seguro es víctima del estafador, no de la ley de contrato de seguros.

UN «ATASCO» TRAS LA PANDEMIA

En cuanto a las denuncias falsas ha recordado que la Fiscalía hace seguimiento de estas, de hecho ha indicado que en 2019 fueron un 0,00079 de las presentadas, y ha recordado que esto no se hace con otros delitos. También ha apuntado que el Ministerio Fiscal es el más interesado en conocer estos números para hacer seguimiento de la actividad judicial y de cómo se aplica esta norma.

Por otra parte, durante su intervención, Martin ha hecho balance de la situación judicial de la violencia de género durante y después de la pandemia. Según ha relatado, el estado de alarma «paralizó» la actividad judicial a excepción de las denuncias por violencia de género y la aprobación de órdenes de protección hacia las víctimas, lo que ha generado un «atasco» en relación a la apertura de diligencias o la celebración de juicios orales.

Martín ha reconocido «costará bastante superar» esta situación porque «actualmente hay límites sanitarios» que no permiten «convocar muchos juicios» por no convocar a los juzgados a muchas personas. «no se ha arbitrado aún ningún medio para absorber este gran bloque de procedimientos pendientes».

Para la fiscal, la puesta en marcha de las videoconferencias fueron «importantes» pero no suficientes, y ha alertado de que esta situación está derivando en un fomento de las conformidades previas para evitar que se llegue a juicio.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), está «de acuerdo» con el levantamiento del estado de alarma el 9 de mayo, aunque espera que para entonces se aporte a las comunidades autónomas «garantías jurídicas» para, llegado el caso y aunque es «optimista» con la evolución de la pandemia gracias a la vacunación, poder tener «instrumentos» que permitan adoptar ciertas restricciones.

«A partir del 9 de mayo tenemos que empezar a abrir España. Hay que hacerlo», ha afirmado este miércoles Revilla al ser cuestionado por el anuncio realizado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su intención de poner fin en esa fecha al estado de alarma.

Aunque está de acuerdo en no prorrogar el estado de alarma, considera, sin embargo, que «no hubiera estado de más» una «llamadita» de Sánchez a los presidentes autonómicos para comentar con anterioridad esta decisión, que «no sabe», aunque «cree» que sí, se ha comentado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a los consejeros del ramo.

Precisamente, en relación a este órgano, Revilla se ha mostrado a favor de que, como plantea el Gobierno, las decisiones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sean de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas en el caso de que afecten a derechos fundamentales.

«Siempre he defendido que, en un tema tan serio como este, las decisiones deben ser para todos iguales. Y este es un tema muy serio. No podemos ir cada uno por su lado», ha dicho Revilla.

De hecho, el presidente regional cree que debería de aprobarse una norma para que las decisiones que, en este órgano, se aprueben por parte del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas sean «de obligado cumplimiento» ya que si cada territorio toma unas medidas, eso no sirve «para nada».

Cree que en la lucha contra la pandemia todos deberían ser capaces de «acatar unas normas iguales para todos», ya que lo contrario es un «disparate». «Si no, creamos una confusión y damos una imagen de un país bastante bananero», ha afirmado Revilla, que espera que todos los territorios puedan acatar una «mínima disciplina» en este asunto.

Además, ha sido cuestionado por si se va a prorrogar hasta el 9 de mayo, el cierre perimetral de la comunidad autónoma, vigente hasta el 16 de abril, Revilla ha indicado que ello se decidirá en función de los informes de Sanidad.

El presidente cántabro ha realizado estas declaraciones a la prensa tras mantener una reunión en la sede del Ejecutivo con el eurodiputado Luis Garicano, de Cs, y el coordinador del partido en Cantabria, Félix Álvarez, para hablar de los proyectos de la comunidad que optan a los fondos europeos.

La acusada de matar a puñaladas a su cuñada y prender después fuego al domicilio en el que convivían en Torrelavega admitió los hechos a los policías que se personaron en lugar, a los que manifestó que habían tenido «una pelea» y que había «acuchillado» y «matado» a la hermana de su pareja.

Además, la procesada -que en opinión de los agentes estaba «tranquila» y solo presentaba «pequeños cortes» en las manos-, habría «intentado decapitar» el cadáver, según uno de los efectivos que se encargó de la inspección ocular del piso y que ha destacado al respecto que el cuerpo tenía «ventitantas» puñaladas, algunas por el pecho «y a la altura del corazón», y también «un gran corte» en el cuello que apunta a esa posibilidad.

En la tercera sesión del juicio con jurado que se está celebrando en la Audiencia de Cantabria por este crimen, sucedido el 26 de julio de 2019, también han declarado los bomberos que abrieron la puerta del domicilio y del dormitorio donde encontraron a la fallecida junto a la sospechosa, ambas encima de la cama. La primera estaba tumbada y la segunda sentada, con una caja de cerillas: «Las prendía y se las estaba tirando encima», observó este testigo.

El fuego había quemado «parcialmente» el cadáver y el colchón, que además estaba «calado hasta abajo» de sangre, que también había en el suelo de la habitación así como restos, por «rozadura» al pasar, en un mueble de la cocina, donde se halló la navaja empleada. Estaba en un lugar «visible» y tenía un tamaño «considerable», de más de 20 centímetros de hoja y unos 50 desplegada, ya que era «como las típicas navajitas pequeñitas, pero en versión grande», ha comparado uno de los efectivos que intervino tras los hechos.

Este miércoles se ha celebrado la segunda parte de la prueba testifical, con la declaración de agentes de la Policía Nacional y los Bomberos Municipales que acudieron sobre la una y media de la tarde al inmueble alertados por familiares de la víctima, que estaban «preocupados» porque llevaban desde primera hora de la mañana sin poder contactar con la víctima y sin que la acusada les dejara acceder al interior. Y tampoco pudieron tirar la puerta abajo.

En esa llamada, les advirtieron de la «mala relación» entre ambas y de la posibilidad de que hubiera habido algún «problema». Como los policías tampoco lo lograron, avisaron a los bomberos, que no consiguieron acceder por la ventana y abrieron la puerta con un aparato hidráulico.

Efectivos de ambos Cuerpos accedieron a la vez y justo antes de entrar habían empezado a «oler a humo» y comenzó a salir por debajo de la puerta. Cuando pasaron el umbral había ya «bastante» y poca visibilidad, también porque estaban bajadas las persianas, así como las puertas de las habitaciones. Estaba «muy oscuro», ha afirmado uno.

Había dos focos, «completamente distintos», en sendas habitaciones, incluida en la que se encontraban las dos mujeres juntas, encima de la cama, que estaba «empezando a arder», en concreto las sábanas. También había un «pequeño fuego» sobre la acusada, que se estaba echando «un montón» de cerillas encima.

Fue hallada apoyada, como «semiabrazada», sobre la víctima, que por su parte yacía tumbada en el colchón hacia arriba pero «medio ladeada», en pijama y con los pies colgando hacia el suelo, ha descrito el policía que sacó a la sospechosa al descansillo para evitar riesgo de intoxicación por humo.

HABÍAN TENIDO UN PELEA Y HABÍA MATADO SU CUÑADA

Y aunque en ese primer momento «no dijo nada, ni una palabra», después, en el rellano, manifestó a dos compañeros suyos que preguntaron qué había pasado, que habían tenido «una pelea» y había «acuchillado» y «matado» a su cuñada.

Estos efectivos que permanecieron con la sospechosa coincidieron en que estaba «tranquila» y no presentaba «signos de violencia», más allá de «pequeños cortes» en las manos. «Vimos como estaba el tema y se la detiene», ha apuntado uno sobre el arresto.

Y los que inspeccionaron la vivienda una vez sofocados los focos y levantado el cadáver, no vieron «especialmente revuelto» el piso ni un «desorden fuera de lo normal», salvo «varios trastos» después de la puerta principal, que habían sido apartados al entrar. Entienden estos testigos que la intencionalidad era imposibilitar o dificultar el acceso.

Por su parte, la del dormitorio donde tuvo lugar el crimen también «costó» abrir, ya que estaba cerrada con el pestillo que la víctima había colocado tiempo atrás debido, según testificaron sus familiares, a que tenía miedo a la acusada, que en el arranque de la vista reconoció parcialmente los hechos -dijo que había cometido cuatro de la veintena de las puñaladas, pero alegó que «un científico me programó para que lo hiciera»-.

Además, la implicada, internada en la actualidad en la unidad de Psiquiatría del Hospital Valdecilla, se mostró conforme con la pena de catorce años y nueve meses de cárcel que pide la fiscal por asesinato, mientras que la acusación particular ejercida por la familia interesa 22 años.

PROVOCÓ EL FUEGO CUANDO LLEGARON LOS BOMBEROS

En el plenario, que se desarrolla en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, estos testigos -que han declarado un día después que familiares y vecinos- han considerado que la procesada provocó el fuego cuando se percató de la presencia de policías y bomberos y de que estaban tratando de acceder a la vivienda.

En este sentido, han apuntado que el incendio «provocado» en el otro dormitorio y que se había «calcinado en parte» se originó sobre ropa que había encima de la cama, pero no había pasado «mucho tiempo» entre el inicio y la llegada de los efectivos.

En una tercera habitación, la del hermano de la fallecida y pareja de la acusada, encontraron sobre la cama un bolso tipo mochila con joyas y el pasaporte de la acusada que, posteriormente, cuando fue traslada al Hospital Sierrallana, estaba «más agitada y llorando».

El juicio continuará el jueves con la prueba pericial, conclusiones e informes, y concluirá el viernes con la deliberación y veredicto del jurado.

Las organizaciones del Tercer Sector recaudaron un total de 387 millones de euros en 2020 a través de la casilla de Fines Sociales de la Declaración de la Renta (la denominada X Solidaria) correspondiente a 2019, año en que el IRPF aún no estaba afectado por la pandemia de COVID-19.

La recaudación alcanza así un «récord histórico», con un aumento de 26 millones de euros respecto a la campaña anterior, lo que supone una subida del 7,4% en términos porcentuales.

Así lo ha avanzado este miércoles la presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Asunción Montero, durante la presentación de la campaña informativa de la X Solidaria, con la que animan a los ciudadanos a marcar la casilla 106 de Actividades de Interés Social en su Declaración de la Renta.

A través de esta casilla, los contribuyentes destinan el 0,7% del IRPF a las ONG. Según ha explicado Montero, los datos del año pasado fueron «muy buenos», destacando que 360.000 personas marcaron por primera vez la X Solidaria en la Renta, sumándose así a los más de 11,5 millones de personas que habitualmente lo hacen.

«Es un récord histórico», ha remarcado Montero, que ha explicado que desde que la Plataforma de ONG de Acción Social coordina desde el año 2002 la campaña X Solidaria, la evolución en la recaudación ha sido «muy visible», pasando de los 111 millones recaudados en 2002, a los 387 millones del año pasado, y aumentando de 7 millones de personas que marcaron dicha casilla en su Declaración de la Renta en 2002 a las más de 11,5 millones de 2020.

Y desde la Plataforma también esperan que la recaudación aumente este 2021, año en que sí se reflejará el impacto de la COVID-19 en la Renta de los ciudadanos, que corresponderá a 2020. «Somos optimistas», ha declarado Montero, si bien reconoce que todavía hay «incertidumbre» por la entrada de nuevos actores en la realización de la Declaración de la Renta este 2021.

A pesar del récord de recaudación de 2020, Montero ha instado a seguir destinando el 0,7% del IRPF a las organizaciones sociales, ya que si todos los ciudadanos lo hicieran, las entidades tendrían una recaudación extra de 248 millones de euros, sumando un total de 635 millones. «Se podría ayudar a muchísimas más personas», ha señalado.

«UN GRAN IMPACTO» PARA LAS ONG

En el acto ha intervenido el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que ha asegurado que si la implicación de las Administraciones es «imprescindible», el de la sociedad civil y el Tercer Sector es «clave». «Se ha demostrado desde el inicio de la pandemia, conocen muy bien el terreno social de nuestro país», ha recalcado, agradeciendo así su labor.

Por ello, Álvarez aboga por «un Tercer Sector fuerte y capaz de responder a desafíos futuros próximos, con espíritu crítico y constructivo, que siga empujando avances que hoy se evidencian más necesarios que nunca».

El secretario de Estado ha animado a todos los ciudadanos a marcar la casilla de la X Solidaria en la Renta, ya que se trata de un «instrumento de solidaridad que no tiene coste para quien lo marca» pero que, en cambio, sí tiene un «gran impacto» para las ONG y las personas.

MÁXIMA TRANSPARENCIA

En la presentación de la campaña de este año de la X Solidaria también ha participado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, que ha animado a los ciudadanos a marcar la casilla 106 de Actividades de Interés Social en su Declaración de la Renta.

Para hacer que la gente destine el 0,7% de su IRPF a fines sociales, Poyato destaca la importancia de «difundir, visibilizar, sensibilizar y concienciar» en qué consiste esta campaña y a qué se destinan los fondos recaudados. «Es un camino de máxima transparencia, ver dónde se invierte ese dinero, cómo ayudamos a la gente… hay que mostrarlo para generar confianza», ha asegurado Poyato, que también considera importante que los ciudadanos sepan que marcar esta casilla no supone ningún coste.

«Lo que debe hacer esta X Solidaria es crear una sociedad más fuerte, cohesionada e inclusiva», indica Poyato. «Ayudar a otras personas está en manos nuestras, ahora esta pandemia viene a ponernos al Tercer Sector en un compromiso serio, muchas de nuestras ONG están duplicando o triplicando sus servicios», ha comentado, para destacar que la X Solidaria es «fundamental» para las 28.000 organizaciones que hay en España del Tercer Sector.

Uno de los cuatro acusados de ‘la manada de Sabadell’ ha declarado este miércoles que mantuvo «una relación sexual consentida» con la víctima, mientras que los otros tres han sostenido que no estuvieron en la nave industrial donde ocurrió la agresión.

De los cuatro procesados, la Fiscalía considera presunto autor material de la agresión sexual solo a uno –junto a otros dos sospechosos no enjuiciados porque a uno se le identificó y el otro se fugó durante la investigación– y a los otros tres cooperadores necesarios por presuntamente estar en la sala contigua y no impedir la violación.

El acusado como autor material ha mantenido que estaba en la nave industrial abandonada, donde había una fiesta con otras 10 personas, y que la chica llegó sobre las 6 de la madrugada con otro joven «como si estuvieran abrazados».

«Voluntariamente, te lo juro por dios y por mi madre», ha contestado a su abogada cuando le ha preguntado si la chica entró en la habitación por su propia voluntad.

En cambio, la denunciante declaró el martes que un hombre la abordó por la calle al salir de un bar, la violó y después la llevó a una nave abandonada donde tres hombres la agredieron por turnos.

El acusado ha sostenido que mantuvieron relaciones y ha negado de plano que la violara ni que la abordara para obligarla a ir al edificio abandonado: «Lo juro por dios, si yo estuve en ese bar que me lleven a la cárcel de por vida».

El fiscal, que ha mantenido su petición de condenas tras escuchar a los acusados, reclama una pena de 40 años y medio para el acusado considerado autor material, y de 37 y medio para el resto.

OTROS NIEGAN QUE PRESENCIARAN LA VIOLACIÓN

Los otros tres acusados, que como el primero solo han respondido al interrogatorio de sus defensas, han negado que presenciaran la violación desde una sala contigua en la misma nave industrial, tratando de eludir una condena como cooperadores necesarios.

Uno de ellos ha reconocido que estuvo en el mismo bar que la joven, pero ha relatado que se fue antes, ha dicho que no la vio y ha asegurado que llegó a la nave –donde fue detenido– sobre las 8 de la mañana, cuando la chica ya se había ido.

Otro de los acusados ha asegurado que pasó la noche en casa de un amigo con su novia –el martes, la mujer testificó en el mismo sentido– y que solo pasó unos minutos en la nave antes de que llegara la denunciante; mientras que el último en declarar ha afirmado que pasó la noche en una fiesta, que no vio a ninguno de los otros acusados y que no llegó a la nave industrial hasta el día siguiente.

GRABACIONES DEL BAR

En la segunda sesión del juicio en la sección 6 de la Audiencia de Barcelona también han comparecido varios peritos, la ginecóloga que atendió a la víctima en urgencias y agentes de los Mossos d’Esquadra que investigaron el caso.

Han detallado que las grabaciones de las cámaras de seguridad del bar donde estuvo la joven muestran, como ella declaró, que dos hombres la increparon reiteradamente cada vez que pasaba cerca de su mesa.

Con las imágenes, ella reconoció a uno de los acusados, y en las imágenes también se ve a otro esperar sentado ante el bar y seguirla cuando se marcha.

DEFENSAS

A lo largo del juicio, las defensas de los acusados han intentado sembrar dudas sobre las ruedas de reconocimiento y la identificación de los sospechosos, aludiendo a aspectos como la visibilidad o la luz que había al verlos.

Uno de los abogados defensores también ha cuestionado la actuación de los Mossos d’Esquadra al detener a su defendido, preguntando si en la comitiva había algún abogado, si le leyeron sus derechos antes de interrogarlo y por qué motivos decidieron el arresto.

Sí Podemos Canarias ha pedido el cierre del campamento de migrantes de Las Raíces, unas instalaciones donde se respira «tensión e incertidumbre», y también han exigido la salida de los menores que permanecen en el centro.

Tras el enfrentamiento entre migrantes ocurrido en el día de ayer en el campamento de Las Raíces, que dejó varios heridos, cargos públicos de Podemos lograron permiso para entrar a visitar el campamento aunque el resultado fue «muy frustrante», según María José Belda, consejera de Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife.

María José Belda explicó tras la visita que sólo pudieron entrar hasta la mitad del campamento y ver un comedor, pero no les enseñaron las carpas, los baños o cualquier otra instalación, y no se les entregó ninguno de los datos que solicitaron. «Ni protocolos, ni presupuestos, ni con qué atención médica cuentan, ni cuáles son los ratios o los menús diarios; sólo se nos explicó que había 1.500 personas que cuentan con 16 abogados en diferentes turnos», denunció la consejera.

Belda visitó Las Raíces junto a la concejalas de Podemos en los ayuntamientos de Santa Cruz, Yaiza Gorrín; El Rosario, Conchi Moreno, y Arona, Antonella Allioti, y aseguraron que los conflictos que se están produciendo en estas instalaciones se deben a la situación que están viviendo las personas migrantes.

«Tras una travesía que al estar cerrado el corredor del Mediterráneo les obliga a jugarse la vida para llegar a Europa, ahora se encuentran sin saber qué va a ocurrir con su proceso migratorio», explicó Moreno, quien añadió que hay que «abrir el paso hacia el continente y, mientras tanto, es necesaria una mediación, un trato digno y humanitario porque las intervenciones policiales responden a un racismo institucional, a una criminalización desde su llegada que sólo genera más violencia.

También exigieron la salida de los menores que permanecen en el centro a pesar de que la Fiscalía dispone ya del listado. «La situación insostenible está afectando gravemente el desarrollo integral de los niños. Es urgente tramitar su salida y garantizar su guarda y tutela, su derecho a la educación, al adecuado aprovechamiento del ocio, a su promoción cultural, a su integración social y a vivir en condiciones dignas», explicaron.

Las representantes de la formación morada denunciaron también «la opacidad y el oscurantismo» que prima en los campamentos y exigieron a sus responsables que faciliten información a los medios y a la ciudadanía canaria, «que tiene derecho a saber cómo se está tratando a las personas que llegan buscando un futuro o huyendo de situaciones dramáticas».

Las cuatro representantes de Podemos son además firmantes del manifiesto que, impulsado por profesionales e intelectuales de reconocido prestigio, representantes de movimientos sociales y cargos públicos, abogaba hace unas semanas por una Canarias «antirracista más justa e igualitaria».

El texto defiende que la presión demográfica que sufre el archipiélago desde hace décadas no se ha visto agravada por la llegada de migrantes no regulares, señalando al modelo productivo y a la desigualdad como verdadero origen de sus problemas.

El manifiesto asegura también que referirse a la realidad migratoria actual con una retórica catastrofista, describiéndola como si se tratase de una «invasión», es fruto de un proceso deliberado de racialización de un flujo de población que no representa ni el 3% del total de personas que llegan cada año a Canarias, con el único fin de generar «una alarma social irreal».

Por otra parte, acusa a administraciones públicas, partidos políticos y medios de comunicación de incurrir en un delito de racismo cuando insisten en que el territorio se encuentra al límite de su capacidad de acogida, sobrepasado o colapsado por una situación que «puede y debe manejarse de otra manera».

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha preguntado este miércoles si Vox vendrá «con mochila como cuando uno se va a la Sierra de excursión» hoy a su presentación de candidatura en Vallecas y ha remarcado que su formación va «todos los días» a este distrito, que preside la concejala Concha Chapa (Cs).

«Nosotros venimos todos los días y nuestros compromisos con el distrito están presupuestados. Hay gente que parece que busca confundir a los votantes sobre si un barrio es mejor que el otro», ha indicado Bal en una visita al Centro de Salud del Ensanche de Vallecas, donde ha remarcado que los distritos «no tienen identidad ideológica», sino que lo tienen las personas, y que parece que se busca «provocar» para lograr las «consignas del adversario» como el ‘No pasarán’ o la ‘Lucha antifascista’.

Ve que algunos partidos están intentando «enfrentar» a zonas de la región, dibujando un mapa en el que el norte «es de los ricos» y en el sur está «la clase trabajadora» y en los barrios de Madrid «tres cuartos de lo mismo», frente a ellos ha indicado que los ‘naranjas’ aportan propuestas, algo que «no se ha escuchado al resto de candidatos».

Al hilo, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que «hay dos modelos» en esta campaña electoral, la «política ficción y la que tiene en cuenta a los vecinos».

La gente está harta de seguir en esta política de ‘reality’, que parece mentira. La clase política está menos considerada por el comportamiento inmaduro de algunos. Nosotros venimos a rendir cuentas y a hablar de cosas reales», ha expuesto.

En este sentido, ha sacado pecho de los «compromisos» adquiridos por su formación con el distrito de Villa de Vallecas que se están poniendo en marcha, como el centro de día para personas con Alzheimer, la biblioteca que «necesitaba», la escuela infantil o el paso a desnivel que conectará el barrio de Santa Eugenia con el Hospital Universitario Infanta Leonor.

Asimismo, Bal, al ser preguntado por la formación que lidera en Madrid Rocío Monasterio, ha dicho que es «uno de los dos extremos» del arco político con «ideas radicales» que, además, han entrado en campaña «con el guerracivilismo como el resto de candidatos».

Es por ello, que ha remarcado que el voto a Cs es el «voto útil» para evitar los extremos y que en Madrid no pase como en Murcia, donde el PP «le deja Educación a una consejera de Vox».

«Imagínense ser padre ahí. ¿Quieren eso los madrileños? ¿A una consejera que dice que no se va a vacunar? ¿Imaginan al PP dándole Sanidad en Madrid a alguien que dice que no se va a vacunar?», ha cuestionado.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha explicado que se reunió con representantes de Janssen en España con el objetivo de informarse sobre la llegada de dosis a la Comunitat Valenciana en el marco del reparto de la Unión Europea, sin ninguna «relación mercantil»: «No estamos negociando con Janssen la compra de vacunas, sino solicitando la máxima información posible».

Así se ha pronunciado Puig este miércoles en una entrevista en ‘Más de Uno’, de Onda Cero, donde ha apuntado que también se reunió con AstraZeneca la pasada semana. Respecto a la cifra de dos millones de dosis, ha explicado: «Ellos tienen el compromiso de que van a llegar 200 millones de vacunas a la Unión Europea, 20 millones de ellos son para España y de ellos, dos para la Comunitat Valenciana. España es el 10% de la Unión Europea y nosotros, el 10% de España».

Por ello, Puig ha considerado «muy positivo» el encuentro, ya que la farmacéutica le trasladó la previsión del calendario de las entregas, y ha destacado que este fármaco tiene la «gran virtud» de ser monodosis. «Un 40% de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana van a estar vacunados por Janssen».

De hecho, ha remarcado la «relación estrecha» desde «hace tiempo» que tiene el gobierno valenciano con la farmacéutica, y ha destacado que «con uno de sus fármacos, se consiguieron salvar muchas vidas de gente con Hepatitis C. Además, ha indicado que tienen programas en común y que también se trataron proyectos de investigación.

Preguntado respecto al anuncio de la Comunidad de Madrid de que mantuvo negociaciones con proveedores de la vacuna rusa Sputnik, Puig ha considerado que «todas las comparaciones son odiosas, pero esta más porque no tiene nada que ver». Así, ha defendido que él se reunió con «operadores farmacéuticos que trabajan aquí» y que el encuentro se mantuvo en términos del «marco de la Unión Europea».

«Sino estuviéramos en el meraco europeo sería peor, ir cada uno a la suya sería muy lamentable», ha manifestado, al tiempo que ha aseverado: «El mercado negro de vacunas que empieza a funcionar es muy preocupante, porque no estamos hablando de mascarillas precisamente».

Por otra parte, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «constató ayer el número de vacunas que se va a recibir». «Y eso es importante» porque, a su juicio, «desde hace unos meses, estamos a la ofensiva contra la pandemia». Por ello, ha considerado «fundamental» que se pueda «garantizar que se va a cumplir todo el programa».

PATENTES

Por otra parte, respecto a la suspensión de las patentes, Puig ha señalado que a las farmacéuticcas «no les parece bien», aunque ha matizado que no se refiere a «expropiar a las bravas sin tener en cuenta derechos ni patentes».

«Ellos piensan que van a ser capaces de producir todas las dosis. A mí me gustaría que fuera así, pero a día de hoy no se ve esa perspectiva», ha indicado, al tiempo que ha apostado por las vinculaciones con otras farmacéuticas para ampliar la capacidad de producción.

En este sentido, ha incidido en que el objetivo es «producir el máximo de dosis posible», y aunque ha considerado que debería haber «compensaciones para aquellos que han hecho un esfuerzo», también ha habido «muchas ayuda pública y muchos recursos». «El mercado por sí mismo no va a solucionar el problema», ha indicado.

Si no conseguimos la superación global de la pandemia, va a ser imposible recuperar la normalidad y la economía. No se puede acabar con la pandemia a trocitos», ha indicado, y ha pedido una «visión global del planeta»: «No puede ser que en Reino Unido a final de año vaya a haber terceras dosis para personas vulnerables, y países con prácticamente ninguna vacuna».

Ciudadanos quiere conocer el criterio con el que han sido administradas las vacunas contra el Covid-19 a las Fuerzas Armadas, una vez que se hizo público que el Ministerio de Defensa había recibido un total de 52.600 dosis, de las que 19.500 son de Pfizer.

En una pregunta registrada en el Congreso, el portavoz de Defensa de Ciudadanos, Miguel Ángel Gutiérrez, pide al Ministerio de Defensa que aclare los datos de vacunación en el seno de las Fuerzas Armadas y el criterio utilizado.

El último informe publicado por el Ministerio de Sanidad incluía un total de 52.600 dosis distribuidas a las Fuerzas Armadas, de las que 19.500 son de Pfizer y otras 33.100 de AstraZeneca.

Sin embargo, el diputado ‘naranja’ recuerda que la vacuna de Pfizer está reservada a los grupos más vulnerables al contagio o a sus efectos, como sanitarios, personas en residencias y mayores de 70 años.

Y por ello, cuestiona el «alto número de dosis de esta marca» que han sido ya administradas por las Fuerzas Armadas, «teniendo en cuenta que el número de sanitarios que forman parte del Cuerpo Militar de Sanidad apenas está formado por 1.500 profesionales en activo».

Gutiérrez quiere así que se aclare el criterio que ha sido utilizado para el suministro de la vacuna de Pfizer entre los militares y si han recibido dosis de esta marca grupos de militares que «atendiendo al protocolo de vacunación oficial, deberían haber recibido la vacuna de AstraZeneca».

«¿Considera el Gobierno que el Ministerio de Defensa habría incumplido la Estrategia de Vacunación elaborada por el Ministerio de Sanidad, por la que la vacuna de Pfizer queda reservada a sectores concretos de la población que son más vulnerables al contagio o a sus efectos?», ahonda el diputado de Ciudadanos.

SANITARIOS Y MIEMBROS DE MISIONES

En una comparecencia en el Congreso el pasado 10 de marzo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, informó de que entonces se habían administrado en las Fuerzas Armadas un total de 8.090 dosis de vacunas Pfizer.

Según explicó, el 51 por ciento las había recibido personal sanitario asistencial, equipos móviles de vacunación y miembros de los hospitales Gómez Ulla y Militar de Zaragoza; el 37 por ciento personal previo al despliegue de zona de operaciones y elresto personal de la Unidad Militar de Emergencia de más de cincuenta y cinco años, así como «puestos críticos».

El líder del PP, Pablo Casado, ha solicitado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pueda asistir a la XXVII Cumbre Iberoamericana que se celebra en Andorra el 21 de abril y que se retire la invitación al «dictador» Nicolás Maduro.

Será la primera vez que Andorra acoja la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, bajo el lema ‘Innovación para el desarrollo sostenible. Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus’. Debido a la pandemia está previsto que se celebre de forma virtual, con pocas asistencias presenciales, entre las que se incluirá la del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

«Sánchez debe invitar a la Cumbre Iberoamericana al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó y retirar la invitación al dictador Maduro», ha afirmado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, asegurando que España «debe defender a los demócratas frente a los que atacan los derechos humanos».

Sin embargo, la invitación a la cumbre a los 22 países que integran la comunidad iberoamericana corresponde al país anfitrión, en este caso Andorra, según explican desde la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

BATERÍA DE PREGUNTAS PARLAMENTARIAS

El PP ha decidido además llevar este asunto al Congreso y las parlamentarias Valentina Martínez, Belén Hoyo y Marta González han registrado una batería de preguntas pidiendo cuentas al Gobierno acerca de por qué no se ha invitado a Guaidó cuando España lo reconoce como presidente legítimo.

En concreto, las diputadas del Grupo Popular preguntan en el Congreso si el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos «ha invitado» al presidente encargado de Venezuela a asistir a la Cumbre Iberoamericana y si «va a hacerlo».

Y añaden que si no lo han hecho, cómo explica el Ejecutivo que Guaidó «no haya recibido una invitación para asistir a dicha cumbre teniendo en cuenta que es al único presidente al que España reconoce como legítimo al no haber reconocido» el Gobierno «los resultados de las elecciones fraudulentas que tuvieron lugar el 6 de diciembre».

MÁS CUESTIONES EN EL CONGRESO SOBRE PLUS ULTRA

En otra batería de preguntas parlamentarias, el PP pregunta «cómo puede decir el Gobierno que le preocupa la situación de los derechos humanos en Venezuela cuando, facilitando la creación de un monopolio de facto de la compañía Plus Ultra, está facilitando la financiación de un régimen que viola sistemáticamente los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos».

El PP, que ha pedido en el Congreso crear una comisión de investigación sobre Plus Ultra, pregunta también al Gobierno por qué pidió el embajador de España a las autoridades de Maduro que «denegaran permisos para volar de España a Caracas a Iberia y a Air Europa» y «recomendó que se le concedieran a la compañía Plus Ultra el pasado 19 de marzo»

Además, el Grupo Popular emplaza al Ejecutivo a aclarar qué justifica que se pida la «exclusión de la empresa Iberia de este tipo de trayectos para beneficiar a una empresa como Plus Ultra dirigida por personas vinculadas a la dictadura de Maduro».

El Papa dedica sus intenciones de oración de abril publicadas en el Video del Papa a través de la Red Mundial de Oración del Papa a todas las personas que arriesgan su vida por luchar por los derechos humanos en dictaduras, regímenes autoritarios o incluso «democracias en crisis».

«Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación», señala el Papa en su mensaje en el que confía la oración a toda la Iglesia Católica.

En el vídeo, el Papa subraya la importancia de «oponerse activamente a la pobreza, la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales» y también pone el énfasis en las personas que diariamente arriesgan sus vidas por defender los derechos humanos fundamentales en entornos conflictivos de todo tipo.

«En algunos lugares defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio. O puede significar la calumnia», precisa Francisco. Por ello recalca: «Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante»

En otro pasaje del vídeo del Papa, Pontífice insta también a pensar «que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte», recuerda. Pero estos derechos, según afirma, tienen que ser iguales para todos porque cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, fue el primer documento legal en establecer la protección universal de los derechos humanos fundamentales.

El vídeo del Papa es una iniciativa oficial de alcance global que tiene como objetivo difundir las intenciones de oración mensuales del Santo Padre. Es desarrollada por la Red Mundial de Oración del Papa (Apostolado de la Oración). Desde el año 2016 El Video del Papa lleva más de 152 millones de visualizaciones en todas sus redes sociales, es traducido a más de 23 lenguas y tiene una cobertura de prensa en 114 países.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha denunciado este miércoles las actuaciones «excéntricas» y el «postureo» que ha demostrado, a su juicio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al explorar la adquisición de la vacuna rusa Sputnik V, sobre todo cuando era «imposible» que esa gestión «cristalizara», porque es Europa quien centraliza la compra y porque esa vacuna ni siquiera está autorizada por la Agencia Europea del Medicamento.

«No tiene ningún sentido trasladar esa incertidumbre a la población ni hacer actuaciones excéntricas que, desde luego, nunca iban a cristalizar en nada, porque no se puede poner en funcionamiento un medicamento que no está autorizado por aquel que tiene la competencia de vigilar la seguridad», ha sentenciado en una entrevista en RNE.

En este sentido, ha lamentado que no es «ni adecuado ni oportuno» que el Gobierno madrileño decidiera contactar con su cuenta con los promotores de la vacuna rusa «para poder hacer una gestión que es imposible para una comunidad autónoma».

«Imagínese si esto lo hubiera protagonizado la Generalitat de Cataluña», ha sugerido la portavoz, para añadir que seguramente «el PP se habría llevado las manos a la cabeza».

«UNA POSE DE AYUSO EN PLENA CAMPAÑA»

Por todo ello, Montero cree que este comportamiento «es más una pose de Ayuso en plena campaña», que demuestra que «su única política es la confrontación con el Gobierno». «Ahora con la vacuna rusa, una vacuna que tiene que autorizarse», ha apostillado.

«No es oportuno que para trasladar ese mensaje haga ese postureo de estar hablando con unos y con otros como para intentar parecer que el Gobierno no ha hecho su tarea o las autoridades europeas, simplemente por confrontación», ha criticado.

La Fundación Madrina, ante el inicio de la campaña del IRPF, ha solicitado que las personas en riesgo de exclusión social en ERTE o que esten percibiendo el Ingreso Mínimo Vital (IMV), motivado por la crisis económica, y que están condenadas muchas de ellas a las colas del hambre, estén exentas de declarar y pagar a Hacienda.

Los perceptoreses del IMV están obligados a hacer la declaración de la renta con independencia de la cuantía de sus ingresos y los trabajadores en ERTE también por haber tenido más de un pagador en 2020.

A Fundación Madrina le llama «seriamente» la atención que a un grupo vulnerable que apenas tiene medios para subsistir, «se le presupone una conexión estable a internet, una herramienta informática aceptable y hasta una firma digital, o bien con los recursos suficientes para pagar a Hacienda».

En la mayoría de los casos, la organización considera que las usuarias se verán obligadas a acudir a la fundación como fue en el caso de la solicitud de ingreso mínimo vital, «ya que no poseen internet o bien no saben ni tienen medios para hacerlo».

Según datos de Fundación Madrina, este gran colectivo vulnerable, nacido de la crisis económica, supone el 77% del total de familias vulnerables, de las que tan sólo el 2% ha recibido la ayuda social del IMV. El perfil de estas familias en ERTE o con IMV, son en su mayoría monoparentales con una media de dos hijos, y cuentan con una media de ingresos por ERTE o ayuda social de 850 euros mensuales para sacar adelante la familia.

«Si tenemos en cuenta que la vivienda en Madrid en un piso de 60 metros cuadrados ronda igualmente los 850 euros y suponiendo que -como en la mayoría de las situaciones-, estas familias viven hacinadas y compartiendo gastos, podrían pagar unos 400 euros de alquiler más gastos», sostiene la entidad.

En su opinión, la mayor parte de las familias con hijos, que reciben ERTEs o IMV, no tienen ingresos suficientes para sobrevivir y están «sobre endeudadas», pueden tener trabajos en negro pero solamente para pagar deudas.

Lo mismo ocurre, según la fundación, en el caso del 17% de las familias que se encuentra en situación de ERTE. Hacienda recuerda que esta prestación es un rendimiento del trabajo sujeto al IRPF y no exento, ya que el Gobierno se ha negado a hacer excepciones con estos contribuyentes.

«Los afectados por un ERTE en 2020 se pueden encontrar con dos problemas graves por haber recibido abonos del SEPE no procedentes, es decir, ERTEs pagados de más como tener que pagar una media de 1.000 euros extra en impuestos y presentar la declaración de la renta, al contar con dos pagadores, su empleador y el propio SEPE».

La Fundación Madrina solicita, por ello, que las personas en ERTE o no, con IMV o no, y en riesgo de exclusión social estén exentas de declarar y pagar a Hacienda. La Fundación entiende que son colectivos gravemente afectados por la situación actual y que «no pueden permitirse el pago de absolutamente nada extra, aunque sea fraccionado en seis meses».

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha insistido este miércoles en que quiere formar un gobierno tras las elecciones del 4 de mayo «sin extremos» y ha indicado que no van a seguir «el modelo que se haya seguido en otro lugar» en cuanto a pactos.

En una entrevista con ‘Telecinco’, Gabilondo ha señalado que las alianzas se hacen desde lo que los representantes eligen y según «su voluntad».

«Aquí en Madrid no vamos a seguir el modelo que se haya seguido en otro lugar. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer por Madrid y eso es un gobierno sin extremismos y que sea progresista y no fallido y estéril como hasta ahora», ha aseverado Gabilondo al ser preguntado por sobre que diga que con «este Pablo Iglesias (candidato de Unidas Podemos)» no quiere gobernar y en el Gobierno de España gobiernen PSOE y Unidas Podemos.

Sobre Iglesias, ha dicho que no está «de acuerdo» con su planteamiento de estas elecciones entre «fascismo, comunismo…» y se ha preguntado por qué no se está «hablando de vacunación, reconstrucción social y de resolver los problemas de los ciudadanos».

En este punto, ha trasladado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, convocó elecciones porque su gobierno fue «fallido». Además, considera que por parte de los socialistas ha habido suficiente «lealtad institucional» pero que no les ha escuchado a sus propuestas al estar «orientada hacia Vox».

El candidato socialista ha aprovechado una vez más para dirigirse a los votantes de Cs para que opten por «una alternativa al gobierno fallido que se ha vivido en Madrid». «Yo no quiero una opción extremista ni extremada, sino un gobierno excepcional y serio para parar el Gobierno de Colón», ha lanzado.

En otro orden de cosas, Gabilondo ha vuelto a insistir en la necesidad de la vacunación en los centros de salud para evitar «largas colas, destinar ayudas directas ya de 80 millones de euros a la hostelería y ha insistido en que si gobierna durante estos dos años no tocará la fiscalidad y los madrileños «no pagarán ni un euro más».

El PP llevará la próxima semana al Congreso una iniciativa para que el Pleno condene las declaraciones efectuadas por miembros del Gobierno en apoyo a las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, en velada alusión al ya exvicepresidente segundo y hoy candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias.

En su proposición no de ley, los ‘populares’ recuerdan los actos violentos que se registraron en las manifestaciones convocadas en distintas ciudades españolas las semanas posteriores a la entrada en prisión de Hasel, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

En dichas concentraciones, según relatan, diversos manifestantes lanzaron piedras, botellas y otros objetos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, realizaron barricadas con contenedores y material de obra y pintadas, quemaron contenedores, vehículos y saquearon comercios.

En su texto, el PP condena esta violencia callejera y los discursos de odio sufridos en redes sociales por los portavoces de partidos políticos, representantes de los ciudadanos o ciudadanos anónimos que reprobaron estas protestas violentas o trasladaron su apoyo a los distintos cuerpos policiales.

El partido que lidera Pablo Casado sostiene que la incitación a la violencia y los discursos de odio «no tienen cabida» en la legalidad constitucional e internacional, ni en una sociedad respetuosa con los valores democráticos, «por lo que deben quedar fuera de las instituciones, así como quien los alienten y no los rechacen con contundencia».

ESPAÑA SÍ ES UNA DEMOCRACIA PLENA

En consecuencia, el PP insta al Gobierno a condenar de manera «firme y expresa» los mensajes de apoyo a los violentos efectuados por miembros del Gobierno y las declaraciones que «ponen en duda» que España sea una democracia plena.

Y, aunque no cita a nadie en concreto, los ‘populares’ se refieren al que fuera hasta hace unos días el vicepresidente segundo del Ejecutivo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien el pasado mes de febrero aseveró que «en España no hay una plena normalidad democrática».

Además, en su iniciativa, el PP también pretende que el Ejecutivo apoye y defienda la labor que realizan todos los días la Policías y Guardia Civil, así como las policías autonómicas y locales, y que incremente los medios de prevención y lucha contra el pillaje a los comercios, la destrucción del mobiliario urbano y los discursos de odio.

Por último, además de pedirle que convoque de urgencia la Junta de Seguridad de Cataluña, donde se registraron en mayor medida los disturbios y la violencia, el PP también emplaza al Gobierno a defender el honor de las instituciones públicas y los pilares del Estado de Derecho.

A finales del pasado mes de febrero, el PP intentó que el Congreso diera lectura a una declaración institucional de condena de los actos violentos registrados en las protestas por Hasel, lo cual requería la unanimidad de todos los grupos de la Cámara. Sin embargo, Unidas Podemos se opuso alegando que el texto sugerido por los ‘populares’ iba «contra el Gobierno» y no contra los disturbios, por loe que la iniciativa decayó.

Las direcciones nacional y andaluza del PP están trabajando para que en los cuatro congresos provinciales que aún tienen que desarrollarse y que no tienen fecha fijada, los de Almería, Cádiz, Huelva y Jaén haya una única candidatura a la presidencia provincial del partido.

Fuentes del PP andaluz han confirmado que se están desarrollando esas negociaciones entre ambas direcciones para que haya una única candidatura en esos cuatro congresos, como ha adelantado este miércoles el diario ‘ABC’.

Las mismas fuentes han indicado que el objetivo es «pactar» tanto la fecha de celebración de esos congresos provinciales y «las personas», y evitar que en algunas de esas provincias se repita lo ocurrido con el congreso de Sevilla, al que el partido acudió dividido y fue imposible un acuerdo entre las dos candidaturas.

Fuentes del PP andaluz han confiado en que en poco tiempo estén cerrados los acuerdos para estos cuatro congresos que quedan. Entre las cuestiones que se tendrán que resolver se encuentra la situación de la actual presidenta provincial del PP de Cádiz, Ana Mestre, y del presidente del PP de Jaén, Juan Diego Requena, ya que en caso de volver a optar al cargo, estarían afectados por la situación de incompatibilidad que está marcada por el partido a nivel nacional entre cargos orgánicos y puestos en administración autonómica o con un escaño en el Congreso.

En los cuatro congresos provinciales celebrados hasta ahora, salvo en el de Sevilla, ha habido una única candidatura a la presidencia provincial, como fue el caso de Málaga, Córdoba y Granada, donde se produjo la reelección de los hasta entonces presidentes provinciales. En el congreso de Sevilla, también ganó la candidatura de la hasta entonces presidenta provincial, Virginia Pérez.

Este pasado lunes, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, manifestó a los medios de comunicación que entre el partido en Andalucía y la «dirección nacional» existe actualmente «un diálogo abierto» para que «no vuelva a ocurrir lo que nos ha ocurrido» en el reciente congreso del PP de Sevilla, marcado por la división entre dos candidaturas a la presidencia provincial de la formación.

Moreno comentó que lo sucedido en el PP de Sevilla «ya es agua pasada» y que ahora hay otra etapa. «Hay un diálogo abierto con la dirección nacional» del PP «para que no vuelva a ocurrir lo que nos ha ocurrido en Sevilla, y que podamos hacer las cosas como siempre creo que hay que hacerlas», que es «de manera dialogada y consensuada», según abundó Juanma Moreno. En su opinión, el del diálogo y el consenso es «el camino más rápido para el éxito», mientras que «el otro es el camino más rápido para el fracaso».

Por su parte, la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, manifestó días atrás que desde la dirección nacional se trabaja con la dirección andaluza con el objetivo de decidir «cuáles son las personas más adecuadas para los proyectos, siempre hablando y dialogando».

Quiso dejar claro que su trabajo consiste en trabajar «por estar en unión y en diálogo con los presidentes autonómicos». «Solo trabajamos por crear equipos unidos y en consonancia con el proyecto de Pablo Casado. Hacemos todo en consenso y acuerdo», insistió.