El juicio por el presunto pago de parte de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja ‘b’ del partido se retomará este lunes 12 de abril después de que se suspendieran las dos sesiones de esta semana por la vacunación contra la Covid-19 del presidente de la Sala. Así, el calendario fija para ese día las testificales del cabecilla de la Gürtel Francisco Correa y del marido de la exministra María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro.
En una providencia, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reordena así nuevamente el calendario de sesiones y programa hasta siete días, en los que continuará escuchando a más testigos, después de que pasaran ante el tribunal los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, y exministros como Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes o la propia Cospedal.
De esta forma, el lunes 12, además de los ya citados, pasaran por la sede de San Fernando de Henares otras seis personas, entre los que están los periodistas que tuvieron conocimiento de una grabación en la se hablaba del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy como receptor de «complementos salariales»: Francisco Mercado, María Luisa Bernal Gallero, Ernesto Ekaizer y Eduardo Inda.
EL CONSTRUCTOR LUIS GÁLVEZ
Ese mismo día, el tribunal ha citado a Santiago Lago Bornstein, administrador único de Creative Team, una de las empresas vinculadas a la Gürtel, y al empresario Luis Gálvez, propietario de la constructora Ploder, quien aparece en los denominados ‘papeles de Bárcenas’ como donante de 50.000 euros.
El constructor ha estado por un periodo muy breve imputado en el caso ‘Púnica’, después de que el extesorero del PP Luis Bárcenas afirmara que entregó 60.000 euros para financiar la campaña electoral de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en 2007.
Ya el martes 13 de abril cita a Adolfo Sánchez García, presidente de la Fundación Española de la Tartamudez, quien, según ha dicho Bárcenas, donó dinero al partido para que le ayudasen con medidas legales; a Carlos Benedito Bonet, a César Maicas, y a los abogados y asesores fiscales Pedro Hammer Martínez-Echevarría, José María García-Ogara, Mercedes Bravo y Javier Oñate.
El 14 de abril será el turno de José Luis Fernández Gudiña, quien fuera el responsable de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delitos Económicos (UDEF) de la Policía. Y tras él será el momento de escuchar la testifical de hasta 17 policías en varias sesiones que se alargarán hasta el 21 de abril.
Fuentes jurídicas informan de que tanto Gálvez como López Del Hierro, Ekaizer y Adolfo Sánchez García declararán finalmente por videoconferencia, tal y como hicieran otros testigos, como medida para prevenir posibles contagios por Covid-19.
El fiscal del juicio a ‘la manada de Sabadell’, Eduardo Gutiérrez, ha criticado que el principal acusado de la violación múltiple haya planteado en su declaración «la teoría del consentimiento» al afirmar que mantuvo relaciones sexuales con la denunciante y negar que la agrediera.
En su informe final en el juicio en la sección 6 de la Audiencia de Barcelona ha mantenido que esta justificación «carece de toda lógica y credibilidad, solo puede entenderse por una manifestación al derecho de la defensa», y ha reprochado que no dijo nada similar durante la fase de investigación.
Ha recordado que se encontró semen del acusado en varias partes del cuerpo de la joven, lo que no concuerda con lo que él ha explicado a los jueces.
«El relato de la víctima es perfectamente verídico y creíble para desvirtuar la inocencia de los agresores», ha zanjado el fiscal después de escuchar las declaraciones de los cuatro acusados, que han mantenido que fue sexo consentido o bien que no presenciaron la agresión.
El fiscal ha remarcado que no fue consentido, para lo que ha recordado que la joven salió «corriendo de la nave al grito de ‘ayuda’, como han dicho los testigos», y al llegar a urgencias tenía varias lesiones.
«Fue víctima de una violación múltiple: tres carnalmente y tres cooperaron para que los otros pudieran hacerlo», y ha recordado que dos de los sospechosos como autores materiales no han sido juzgados, uno porque se fugó y otro porque la investigación no logró identificarle.
COOPERADORES E «INTIMIDACIÓN AMBIENTAL»
Tampoco ha dado credibilidad a los tres acusados que han afirmado que esa noche no estuvieron en la nave industrial donde ocurrió la agresión, y ha mantenido la petición de condenarlos como cooperadores necesarios.
«Ayudan a crear la intimidación ambiental para que la victima no intente ninguna defensa ni posibilidad de escapar. En el momento en que se encontró sola con uno, salió corriendo. Antes no pudo por la actuación de todos los procesados», y ha mantenido que no solo no impidieron la agresión sino que propiciaron que los otros la hicieran.
DEFENSAS
Al exponer los informes finales, los letrados de la defensa han insistido en cuestionar las ruedas de reconocimiento y los métodos con los que se ha identificado a los acusados.
«Ha sufrido las consecuencias de una concatenación de hechos que le han situado como acusado», ha dicho el abogado de uno de los procesados y de quien se encontró una huella en la habitación donde ocurrió la violación, lo que ha tachado de conjetura.
La abogada Raquel Ramos, que defiende al acusado como autor material, ha cargado contra la víctima al decir que quería «seguir de fiesta» al salir del bar, ha tachado su declaración de incongruente y ha asegurado que pudo escapar de la nave industrial y no lo hizo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado la necesidad de movilizar los ingresos fiscales necesarios para abordar el mayor gasto público a consecuencia de la pandemia de Covid-19 para lo que plantea que en los países avanzados pueda aplicarse de manera temporal a las empresas y personas con mayores ingresos un recargo que contribuya a reducir la erosión fiscal y reducir la desigualdad, así como también actuar sobre impuestos como patrimonio o sucesiones.
«Para ayudar a satisfacer las necesidades de financiación relacionadas con la pandemia, los responsables de formular las políticas podrían considerar una contribución temporal de recuperación de la Covid-19, que grave los ingresos más altos y la riqueza», señala el Fondo en la última edición de su informe ‘Monitor Fiscal’.
En este sentido, la institución considera necesario acometer reformas fiscales tanto a nivel doméstico como internacional con el fin de obtener los recursos necesarios para mejorar el acceso a los servicios básicos y las redes sociales de seguridad, así como para revitalizar los esfuerzos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El FMI recuerda que este tipo de suplementos temporales del impuesto sobre la renta de las personas físicas, a menudo restringidos a los tramos de ingresos más altos, se introdujeron anteriormente durante circunstancias excepcionales como en Alemania a causa de la reunificación del país, así como en Australia (2011) o Japón (2013).
Asimismo, el Fondo considera que un impuesto sobre el exceso de beneficios de las empresas, aquellos que superan el mínimo requerido por los inversores, puede ayudar a garantizar una contribución de las empresas que hayan prosperado durante la crisis, como algunas farmacéuticas o empresas altamente digitalizadas, sin afectar a otras con ganancias mínimas o en pérdidas.
En la rueda de prensa posterior a la presentación del informe, el subdirector del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, Paulo Mauro, ha subrayado la necesidad de obtener ingresos fiscales adicionales para cubrir el gasto sanitario, en educación y en redes sociales de protección, añadiendo que los países deberán abordar este problema de diferentes formas.
En las economías emergentes y de bajos ingresos, la prioridad será mejorar la administración fiscal y recaudar más impuestos al consumo, mientras que en las economías avanzadas observamos una erosión de los ingresos del impuesto de sociedades y también vemos una erosión en la recaudación de la renta de las personas en la parte más alta de la escala de riqueza», ha explicado.
De este modo, Mauro ha apuntado que en las economías avanzadas existe la oportunidad de revertir algo de esa erosión fiscal mediante la introducción de medidas en el impuesto de sociedades o sobre otros impuestos como el de la renta, los impuestos sobre el patrimonio o sucesiones, así como cerrando lagunas fiscales. «Hay muchas opciones disponibles», ha añadido.
En este sentido, el funcionario del FMI ha señalado que una opción específica sería «una contribución para la recuperación de la Covid-19 que podría tomar la forma de un suplemento en el impuesto de la renta o en el impuesto de sociedades dado que algunas empresas lo han hecho muy bien en cuanto a su valoración de mercado y ahí habría una oportunidad».
La deuda comercial de las Administraciones Públicas con el sector privado alcanzó al cierre de 2020 un total de 83.356 millones de euros, lo que supone un incremento del 13% respecto al año anterior, según el informe ‘La necesidad de agilizar los pagos del sector público a los proveedores’ publicado este miércoles por Equipo Económico.
Si bien en los últimos años se ha observado un esfuerzo por parte del sector público para la reducción de las obligaciones pendientes de pago, los datos correspondientes a 2020 presentan un claro repunte de la deuda comercial de las administraciones acercándose a niveles de 2011, cuando el porcentaje de esta deuda sobre el PIB marcó su máximo en el 8,6%, con un importe de 91.313 millones.
Según su distribución entre los distintos niveles administrativos, a cierre de 2020 la Administración Central acumulaba la mayor parte de esta deuda, el 52,1%; seguida de las corporaciones locales, que acaparaban el 22,8%, a pesar de ser los niveles de la administración que presentan unas cuentas públicas más saneadas.
Por su parte, la Administración de la Seguridad Social, con unas crecientes necesidades de financiación, era responsables del 12,6% del montante de deuda; mientras que las comunidades autónomas aglutinaban el 12,3% restante.
CAUSAS: AUMENTO DE LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
Entre las causas que contribuyen a la acumulación de deuda comercial se encuentra el aumento de las necesidades de financiación del sector público. Según se explica en el informe, en 2020 la paralización de la actividad, la caída de los ingresos públicos y el incremento del gasto para paliar los efectos asociados a la pandemia Covid-19 han derivado en un aumento aún más significativo de las necesidades de financiación del sector público.
En aras de evitar que el desequilibrio en las cuentas públicas lleve de nuevo a situaciones de riesgo para la liquidez y solvencia empresarial, los expertos ven relevante establecer un seguimiento de la información disponible que permite analizar la situación de las obligaciones pendientes de pago del sector público frente al sector privado.
DÉFICIT EN EL 8,8% EN 2021
De cara a los próximos años, y a pesar de que desde Equipo Económico prevén una reactivación de la actividad para el presente ejercicio que podría situar el crecimiento del PIB en el 6,5%, el significativo incremento del gasto público y la debilidad de la recaudación harán que el déficit público se sitúe en el 8,8% del PIB en 2021 y el 7,9% en 2022.
«El importante desequilibrio presupuestario podría motivar, una vez más, el retraso adicional por parte de la administración en el pago a los proveedores lo que, a su vez, repercutiría negativamente sobre los niveles de liquidez de las empresas», se argumenta en el análisis.
Este hecho resultaría especialmente perjudicial para las pymes, ya que, bajo determinados supuestos, la falta de liquidez puede derivar en problemas de solvencia y, en última estancia, la desaparición de la empresa, con el consecuente deterioro del tejido productivo español.
La Fundación Caja de Ingenieros abre el plazo de inscripción a la 4ª edición del ‘Premio Ideas Innovadoras Isabel P. Trabal’, concurso que impulsa el desarrollo de proyectos en fase inicial y que cuenta con una dotación económica de 10.000€. El objetivo de la Fundación con este premio es apoyar el emprendimiento y contribuir a la transformación de ideas de negocio en empresas reales. A esta convocatoria, cuya anterior edición contó con más de 140 proyectos, pueden presentarse ideas de negocio en fase inicial de todo el país.
A través de este premio, la Fundación Caja de Ingenieros impulsa propuestas emprendedoras e innovadoras relacionadas con la ciencia y la tecnología, con especial foco en proyectos de los ámbitos de la ingeniería y que contribuyan a la sostenibilidad y al cuidado del medio ambiente. Todas estas son líneas de actuación en las que se centra la actividad de la Fundación y que se suman a otras áreas de trabajo, como el apoyo a las personas en riesgo de exclusión social y el fomento de actividades de investigación que contribuyan a perfeccionar el mundo laboral y empresarial.
“En 2020, con más 140 proyectos presentados, conseguimos batir nuestro propio récord, fueron trabajos de gran calidad. En esta cuarta edición del ‘Premio Ideas Innovadoras Isabel P. Trabal’ invitamos a participar a todos aquellos que quieran testear su idea de negocio. Nuestro Comité de Selección, además de elegir los proyectos ganadores, interactúa con los finalistas aportando valor a los proyectos para que se conviertan en propuestas empresariales de éxito”, explica Iñaki Irisarri, Coordinador de la Fundación Caja de Ingenieros.
El ‘Premio Ideas Innovadoras Isabel P. Trabal’ cuenta con un Comité de Selección encargado de evaluar la viabilidad de cada proyecto y de seleccionar los 10 mejores, que recibirán sesiones individuales y en grupo para acabar de definir sus ideas de negocio durante los tres meses siguientes al envío de los proyectos. Todos los trabajos presentados serán evaluados por el Comité de Selección con la información ofrecida en el formulario de inscripción, el Business Model Canvas de su idea de negocio.
Este Comité estará formado por representantes de la Fundación Caja de Ingenieros y miembros de Peninsula Corporate Innovation, que integra perfiles en los ámbitos de la estrategia, negocios, marketing y tecnología. El nombre del proyecto ganador se hará público durante el mes de julio.
Los interesados pueden consultar las bases del concurso y rellenar el formulario de inscripción hasta el 4 de mayo de 2021.
Los estudiantes japoneses tienen fama de ser buenos y estrictos. Sin embargo, como todo estudiante, se aburren, y hacen cosas asombrosas con sus libros de texto. Estos son algunos ejemplos de lo más graciosos.
[nextpage title=»Pues a mí me gusta»]
Pues a mí me gusta
«¿Has probado esos snacks brasileños? Sí, están buenos hasta morir.» Eso es lo que pensó un estudiante japonés de estos aperitivos. Igual estaban tan buenos que murió del gusto. O igual el tipo que está sentado a su lado, decidió matarla para quedarse con todos ellos. Ya sabemos que más de uno lo haría, por gula.
Es extraordinario lo que se puede hacer con un poco de tipex, y bastante aburrimiento. Si es que hasta los japoneses, son mejores que nosotros hasta cuando se aburren.
[nextpage title=»¿Eres tú?»]
¿Eres tú?
Y así es como tu mascota acabó en la paella. Más de uno cuenta historias de cómo un día su conejito peludo murió y se fue al cielo, y al día siguiente, o esa misma noche había conejo asado. Incluso a medida que lean esto las personas, seguro que más de uno se acordará de que eso les pasó de pequeños.
O imaginemos el trauma que debe ser para un niño descubrir a su mascota en la boca de un zorro o de su otra mascota, que es un perro. Si es que los japoneses están especializados en crear tramas traumáticas para los niños, por eso son inventaron el manga, y son los reyes de las series dramáticas.
[nextpage title=»Y así es como se usa con guillotina»]
Y así es como se usa con guillotina
En clase, cuando nos aburríamos, también sacábamos nuestra parte más sádica. Y lo que puede ser un dibujo en el que enseñamos una lámina a nuestros compañeros, se puede convertir en una especie de clase práctica y sádica, en la que al final, puede haber sangre, y rueden cabezas, literalmente.
La coña es que la cara de malo que tiene el niño de la sudadera verde, el de la izquierda, es real, y no está modificada. Y es una cara de sádico, lo que probablemente motivara lo que es el dibujo final.
[nextpage title=»Es más guay ir en moto»]
Es más guay ir en moto
¿Por qué hacer que los personajes de nuestros libros estén aburridos, si pueden ir en moto? Aunque se note que está modificado, porque está en blanco y negro, pero si llegara a tener colores, hubiera sido un dibujo magnífico y no se notaría la diferencia. Además, tiene los detalles al máximo, aunque igual falla un poco lo que es la rueda.
Tampoco vamos a ponernos exquisitos, fruto del aburrimiento, porque hacer este tipo de cambios, en una clase de menos de una hora, es extraordinario. Ya nos gustaría a más de uno, tener ese mismo talento.
[nextpage title=»Un estudiante salvaje apareció»]
Un estudiante salvaje apareció
Lo que nos extraña es que casi todos los dibujos que hemos visto están hechos en libros en inglés. ¿Tanto se aburren al dar un idioma? Es algo bastante curioso que habría que analizar. En cualquier caso, todos los japoneses son fans de pokemon, y eso se nota. Bueno, no se debe generalizar, pero al ver dibujos de estos, nos hace plantárnoslo.
Convertir una conversación en un combate pokémon es algo que no podría hacer cualquiera. Y menos alguien que no es japonés. Y más convertir una persona en un pokémon. Nadie tiene tanta imaginación, y deberíamos tomar ejemplo.
[nextpage title=»Y por eso tengo pesadillas»]
Y por eso tengo pesadillas
Las leyendas japonesas incluyen siempre a las mujeres de pelo largo y camisones blancos. Es muy mítico, y Sadako, que también la conocemos por «The Ring», es una de las leyendas urbanas más populares de todos los tiempos. Podemos reírnos, pero si a nosotros nos pasara, saldríamos corriendo sin dirección aparente por cualquier sitio que pueda parecernos seguro.
Hay que admitir, eso sí, que el dibujo base era una televisión. Y que el hecho de que se dibujara a ella después, es todo un logro, ¿no te parece?
[nextpage title=»¿En serio?»]
¿En serio?
Porque los japoneses están sometidos a algunos estereotipos, y uno de ellos es que son unos salidos. No deberíamos tomarlo en cuenta, porque en el instituto, prácticamente todos los chavales están más salidos que el pico de una mesa, y por eso se dan dibujos como estos. Lo preocupante sería que empezaran a dibujar tentáculos con forma de pene y esas cosas que se llevan más en el hentai.
Así que este dibujo, no deja de ser una salida hormonal a una etapa difícil por la que todos hemos pasado. Eso sí, si tu nombre está dibujado debajo de alguno de los representados en el dibujo, mejor huir de esa persona, no sea que lo haga en la vida real y sin permiso de la chica.
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Y así se mata a una persona
Primero te enseñan a clavar un clavo, como Pablo. Pero no hay mejor manera de aprender, que hacerlo en la cabeza de uno de tus compañeros. Así, sabes que si lo matas, lo has hecho bien, pero si solo le has dejado sin habla (literalmente), es que igual tienes que perfeccionar tu técnica. Y recuerda, que el mazo debe ser de los buenos.
¿A qué tipo de mente se le puede ocurrir esto? A una no muy sana. Vamos, si yo conociera al tipo que dibuja esas cosas, saldría corriendo primero, y huyendo después. No vaya a ser que se nos haya escapado del manicomnio.
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Demostración de fuerza
O como transformar un ejercicio de yoga, en un ataque de luchador tipo «Dragon Ball». Sabemos que la imaginación puede llevarnos a cualquier parte, y hacer cosas imposibles, pero de ahí, a intentar atravesar a nuestro compañero con el puño… eso ya es algo un poco escalofriante. Pero siendo adolescentes somos demasiado violentos, y damos rienda suelta a nuestra imaginación de esta forma.
El chico suspenderá esa asignatura, pero seguro que ganará en otras cosas, como en arte, o en algo relacionado con la imaginación y la creatividad.
[nextpage title=»Sí, vi preciosos peces»]
Sí, vi preciosos peces
Las preguntas del texto que se pueden ver son: ¿Qué hiciste el domingo? Se podría decir: Pues fui comida por un tiburón. O vi como mi prima fue devorada por un tiburón feliz. También se puede ver: ¿viste peces bonitos? Sí, preciosos, aunque la mayoría no se alimentaban de los restos de mi familiar.
Vale, puede parecer cruel, pero los niños son así, y el aburrimiento es demasiado peligroso. ¿Cómo intentar crear algo nuevo de algo que ya está hecho? ¿Es acaso posible? Pues como vemos, sí que lo es. Seguramente incluso sea más difícil que hacer algo de cero, como ocurre con los tatuajes. Peor ya se sabe, en esta etapa de nuestra vida, tenemos demasiada imaginación y demasiadas hormonas.
Galicia defiende en el grupo de trabajo creado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) su modelo de normativa para el uso de mascarilla en espacios exteriores, el cual ha sido objeto de regulación en las diferentes órdenes sanitarias y que ahora ha sufrido una colisión con la reciente ley aprobada en el Senado en la que se establece, por ejemplo, que para hacer deporte como correr al aire libre no es necesario este elemento de protección.
Así las cosas, la Comunidad gallega apuesta por que para hacer deporte al aire libre se deba mantener el uso de la mascarilla en los mismos términos que las personas que van caminando por la calle. Frente a ello, considera que una persona tumbada al sol, sea en la playa o lugar análogo, no necesita este elemento, pero sí para pasear en ese mismo lugar.
Sobre esta cuestión se han pronunciado este miércoles tanto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, quien en la rueda de prensa posterior al comité clínico ha incidido en que la ley recientemente aprobada es «extemporánea».
Precisamente, este tema se aborda este mismo miércoles en el orden del día del consejo interterritorial, al respecto de lo cual el Ministerio de Sanidad ha enviado un borrador a las comunidades. Aunque el conselleiro no quiso desvelar su contenido, ya ha trascendido que propondrá no obligar a la población a usar mascarilla en playas, piscinas, lagos o embalses durante el baño, la práctica de deporte o en los periodos de descanso en un lugar fijo, pero sí cuando se vaya a dar un paseo.
Comesaña ha indicado que Galicia sostiene que «genera más riesgo» una persona corriendo por la calle que una que camina, por lo que apuesta por el uso de la mascarilla en ambos casos. Sin embargo, cuando la persona está «tumbada con distancia y al aire libre», defiende la aplicación que se hace de este elemento en la comunidad, que se pueda prescindir en esos momentos concretos de la protección con mascarilla.
EN PARTE «SIN EFECTO»
Feijóo ha llamado la atención sobre una ley que es «consecuencia de una decisión que se tomó durante la primera ola epidemiológica» que sale a la luz cuando el planteamiento es si va a haber o no cuarta ola. Una ley que, «de alguna forma» está «sin efecto» y que, a su juicio, «no es desde luego para presumir de legislación sanitaria seria».
«En Galicia desde el principio tenemos un protocolo y ese protocolo, si hay que cambiarlo, se ajusta», ha manifestado, antes de señalar que «hay que distinguir» en una playa cuando se está caminando o interactuando con una persona, momento en que «sí» se pide mascarilla; de cuando una persona está tomando el sol en la toalla de forma estática momento en que se entiende «que no es necesaria».
«Son principios básicos que están avalados por el comité clínico», ha subrayado Feijóo, quien ha afirmado que «siguen vigentes». Feijóo también ha lamentado el «nivel de improvisación excesivo» en el ámbito legislativo, algo «inadmisible en pandemia».
«Si hay algo que hay que hacer con rigor es la gestión de la salud publica. Si en España hay cosas que no hicimos con rigor desde el punto de vista legislativo, fue la gestión de la salud pública en esta pandemia de la covid-19», ha manifestado.
Navarra detectó en la jornada de ayer 198 nuevos casos positivos de infección por COVID-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 2.697 pruebas (1.620 pruebas PCR y 1.077 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 8,4%.
Por otro lado, 169 pacientes permanecían ayer ingresados por COVID-19 en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral, cuatro más que el día anterior. Ayer se produjeron 17 ingresos relacionados con el coronavirus, tres de ellos en la UCI, y se registró un nuevo fallecimiento, un hombre de 72 años. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra es 1.128.
Por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 49% de los casos positivos, en el área de Tudela, el 24% y en la de Estella, el 11%. Los demás positivos (16%) se reparten por otras zonas de Navarra.
Respecto a los profesionales sanitarios del Sistema Público de Salud afectados por COVID-19, según informa el Servicio Navarro de Salud, en la actualidad hay siete positivos activos y en la última semana se ha producido cinco nuevos contagios. La plantilla está compuesta por casi 13.000 profesionales.
En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, el grupo mayoritario es el de 45 a 59 años, con el 29%; seguido por el de 15 a 29 años, con el 18%. A continuación, se sitúan los grupos de 30 a 44 años, con el 17%; y el de menores de 15 años, con un 15%. Finalmente, se encuentra el grupo de 60 a 75 años, con el 14%, y el de mayores de 75 años, con un 7% de los nuevos contagios. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 41,5 años. Con respecto al género, el 56% de los casos son mujeres y el otro 44%, hombres.
Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informa el Servicio Navarro de Salud, tras el balance de ingresos y altas, 169 personas permanecen ingresadas con y por COVID-19 (cuatro más que ayer), 28 de las cuales se encuentran en puestos UCI (tres más que ayer) y otras 11 en hospitalización domiciliaria (tres menos que el día anterior). Los demás, 130 pacientes, están en planta (cuatro más que ayer). Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios COVID-19.
La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en Navarra en 55.431 casos confirmados.
La senadora por designación autonómica de Ciudadanos (Cs), María Ponce, ha pedido al Gobierno, en este Día Mundial de la Salud, explicaciones sobre la desaparición de unas 30.000 dosis de vacuna contra la Covid-19 en los informes diarios del Ministerio de Sanidad y ha solicitado conocer su destino.
En concreto, Ponce, junto al senador de Cs designado por la Asamblea Regional de Murcia, Miguel Sánchez, se ha referido a las informaciones aparecidas en varios medios de comunicación que denunciaban que no coincidían los datos sobre las vacunas recibidas y las dosis en stock proporcionados en los informes diarios que realiza el Ministerio de Sanidad, de modo que hay unas 23.000 vacunas de Moderna y otras 7.020 dosis de la vacuna de Pfizer/BioTech, que habían desaparecido en los registros, según ha informado este partido por medio de una nota.
La senadora de la formación naranja, en una pregunta registrada en la Cámara Alta, ha solicitado conocer el destino de estas dosis, puesto que varios analistas apuntaban a la posibilidad de que se estuvieran entregando al Ministerio de Defensa para la vacunación del personal de las Fuerzas Armadas, pero, ha puntualizado, «este supuesto no ha sido confirmado por el Gobierno».
Ha señalado Ponce, «los datos de dosis recibidas y administradas por el Ministerio de Defensa llevan sin actualizarse desde el pasado 5 de marzo».
La también coordinadora de Cs en Huelva ha criticado que «nos encontramos ante un nuevo caso de falta de transparencia y rendición de cuentas por parte del Gobierno de España; un caso de extrema gravedad teniendo en cuenta el ritmo lento al que avanza la campaña de vacunación en España».
Ponce ha asegurado que «esta situación es especialmente dolorosa porque estamos hablando de salvar vidas humanas, de proteger a los ciudadanos ante un virus que se ha cobrado ya demasiadas vidas» y, ha señalado, «en Andalucía, por más medios que pone el Gobierno de Ciudadanos en la Junta para acelerar la vacunación, nos encontramos que sistemáticamente recibimos menos dosis de las que nos corresponde por criterio de población».
La senadora ha recordado que la Junta activó a mediados de febrero el Plan 500.000 para inmunizar a medio millón de andaluces a la semana, «pero las dosis de vacuna que recibe están muy por debajo de esta cantidad».
De hecho, «esta semana, por ejemplo, recibimos solo 184.860 dosis de Pfizer, un 14,89 % del total de 1.241.370 que recibió el Gobierno, lo que supone 37.469 menos de las que nos corresponden», ha señalado.
«En la situación en la que estamos no podemos permitirnos perder una sola dosis, menos 30.000, y necesitamos saber dónde han ido a parar las vacunas que no aparecen en los informes», ha concluido María Ponce.
Cruz Roja ha alertado este miércoles de las consecuencias que la pandemia ha supuesto en la salud de las personas de forma directa o indirecta, especialmente en materia de salud mental. En este sentido, la entidad ha señalado la preocupación, la tristeza y la depresión, como los estados de ánimo más extendidos.
La organización ha presentado, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, el boletín sobre la vulnerabilidad social ‘El impacto de la Covid-19 en la población atendida por Cruz Roja a través del Plan Responde’, una iniciativa que la ONG puso en marcha tras la declaración del estado de alarma y con la que ha atendido a 3,8 millones de personas.
El objetivo de esta investigación, ha explicado Cruz Roja, es obtener una radiografía detallada sobre el grado de vulnerabilidad, riesgo de pobreza y exclusión y necesidades y expectativas de las personas atendidas por la Organización a través de este Plan.
En dicho estudio se recoge que el 56,7% de las personas atendidas a través de este Plan Responde asegura tener un estado de salud «regular», «malo» o «muy malo» y el 35,2% dice haber empeorado con la crisis sanitaria.
EL 34% TIENE PROBLEMAS PARA DORMIR
Además, explica la organización, el 33,5% ha sido afectado por el coronavirus de un modo cercano, siendo un 15,8% quienes declaran haber contraído la enfermedad personalmente.
En cuanto a las consecuencias «indirectas» de la pandemia, como pueden ser los trastornos psicológicos o emocionales, Cruz Roja indica que el 66% afirma tener algún problema emocional «siempre» o «la mayor parte del tiempo».
En este sentido, apunta que la preocupación (43,1%), la tristeza (28.9%) y la depresión (24,9%) los estados de ánimo negativos más extendidos. Además, el 34% tiene dificultades continuadas para dormir.
«Teniendo en cuenta que Cruz Roja trabaja con las personas más vulnerables, estos datos vienen a demostrar, una vez más, cómo las condiciones de vida de las personas determinan su salud. Las desigualdades en educación, en atención sanitaria, en apoyo social, en empleo, de oportunidades en función del sexo, entre otras, se traducen también en resultados desiguales en salud», ha explicado Cristina Ferrero, del área de Salud de Cruz Roja.
Es por ello que la entidad se ha sumado a la campaña lanzada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que, bajo el lema ‘Construir un mundo más justo y saludable’, busca reparar esta situación generada por la pandemia.
UN MUNDO «DESIGUAL»
Desde la organización señalan que las principales causas de morbilidad y mortalidad hay que buscarlas en las condiciones cotidianas de vida, como el acceso al agua segura, viviendas adecuadas, alimentación, educación o trabajo, la disponibilidad de apoyo social, las condiciones medioambientales, más que en las características físicas o biológicas de las personas.
A su juicio, las conductas relacionadas con la salud o los estilos de vida no siempre provienen de elecciones estrictamente personales y libres. «Es más, la mayor parte de la población no tiene la opción de elegir libremente factores fundamentales para la salud como seguir una alimentación adecuada, vivir en un ambiente saludable o tener un trabajo que no tenga un impacto nocivo para la salud», recuerda Cruz Roja.
Ferrero advierte de que el mundo y la sociedad «es desigual» y esas desigualdades «repercuten de forma clara en la salud de las personas, especialmente de las más vulnerables». Para prevenir esta situación, ha declarado, hay que «seguir trabajando para garantizar la equidad, como pieza central en la salud individual y comunitaria y, en consecuencia, en la recuperación de la Covid-19».
La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad ha aprobado este miércoles 7 de abril el informe de la ponencia del proyecto sobre la Ley orgánica de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
El texto, al que se han incorporado más de 200 enmiendas de las casi 600 que han registrado los distintos grupos, y al que se han incorporado también 75 transaccionales, ha sido aprobado con los votos a favor de PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts Per Cat, el voto en contra de Vox y PNV y la abstención de ERC y EH Bildu.
El dictamen deberá ser debatido y votado en Pleno, donde necesitará el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara, dado su carácter orgánico, antes de continuar su tramitación en el Senado.
La diputada del PSOE María Luisa Carcedo ha destacado la importancia de esta ley porque «la sociedad española no puede seguir mirando a otro lado ante la situación que está viviendo la infancia, que está sufriendo violencia sobre la que hay una espesa capa de silencio». «Debemos ser capaces de mover esa capa», ha insistido.
Por su parte, la diputada del PP María de la O Redondo ha destacado la voluntad de su partido por mejorar una ley que «supone un gran avance» a pesar de que desde el principio vieron en ella «un enfoque político y una utilización partidista que contaminaba una maravillosa oportunidad de atajar los problemas de la infancia».
Para la diputada de Vox María Teresa López, es «una ley ideológica, de adoctrinamiento a los menores» así como «un instrumento más para introducir la tesis de género», «antifamilia» y las «leyes antihombres». En la misma línea, el diputado de Vox José María Sánchez ha criticado que esta ley «presume que los padres españoles no saben educar a sus hijos» y ha preguntado «quién les va a educar» y si lo va a hacer «la ministra de Educación, Isabel Celaá», a la que ha llamado «ignorante».
ASISTENCIA DE MENORES A LOS TOROS
Mientras, desde Unidas Podemos, la diputada Lucía Muñoz ha subrayado la importancia de esta ley ante la «imperiosa necesidad de protección de los niños, niñas y adolescentes» que sufren violencia y cuya situación se ha visto «agravada por la pandemia». Si bien, ha lamentado que algunas de sus propuestas no hayan sido respaldadas por el PSOE como la prohibición de acudir a los toros, tema en el que esperan llegar a acuerdo «más adelante o en otro marco».
El diputado del PNV Íñigo Barandiarán ha anunciado su rechazo a la ley no por su contenido pues considera que «aporta soluciones» sino porque creen que supone «una ingerencia competencial intolerable en materia de educación o sanidad».
Por su parte, la diputada de ERC María Carvalho ha celebrado que es una ley «de consenso y necesaria» en la que ha habido «una gran participación social» pero ha criticado, al igual que Unidas Podemos, que no se haya aceptado incluir en la ley la prohibición de acudir a espectáculos taurinos a menores, «blindando» la tauromaquia, o proteger a los niños y niñas de los desahucios.
El diputado de Junts per Cat Sergi Miquel Valentí ha enumerado algunas de las enmiendas que presentó su grupo en lo que se refiere a la protección de los niños frente a la pornografía o para pedir que los abogados de oficio de turno que participan en procesos judiciales en los que hay menores afectados tengan unos conocimientos específicos.
La diputada de Ciudadanos Sara Giménez también ha planteado algunos «flecos» que, a su juicio, quedan por introducir en la ley como que el plazo de prescripción de los abusos sexuales comience a contar a partir del momento en que la víctima cumple 40 años y no 30 como dice el texto; o la necesidad de incluir una enumeración clara en la que se explique quiénes son los menores vulnerables a los que hay que proteger. También considera que habría necesitado más debate el artículo 39 que contempla dar la condición de agentes de autoridad a los funcionarios.
Igualmente, la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua considera que aún hay «déficits» en cuanto a la protección de los niños frente a la «violencia institucional», la violencia «ejercida a través de los desahucios» o por medio de los procedimientos de determinación de la edad a menores inmigrantes solos, que «viola sus derechos humanos».
AUMENTARÁ EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LOS ABUSOS
La nueva norma aumentará el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores, de forma que este empezará a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 30 años, y no 18 como ocurre actualmente, y plantea crear una nueva figura en los colegios, la del ‘coordinador de bienestar y protección’.
Asimismo, la normativa establece el deber de comunicar por parte de los ciudadanos cualquier situación de violencia sobre niños, niñas o adolescentes a la autoridad, especialmente entre aquellos colectivos profesionales que tengan un contacto habitual con personas menores de edad.
La ley fue bautizada por el exvicepresidente segundo del Gobierno y exministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, como ‘Ley Rhodes’, por el pianista británico del mismo apellido, James Rhodes, que sufrió abusos sexuales cuando era un niño y que ha luchado por la aprobación de la misma.
Castilla y León suma 443 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 220-022, al tiempo que registra dos nuevas víctimas mortales, todas ellas en hospitales, así como un total de 28.173 altas médicas, de ellas 43 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.
Las estadísticas publicadas este miércoles registran dos fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.594 la cifra total de defunciones en estos centros.
Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 320 –104 más que en la jornada anterior– y los casos positivos a ellos vinculados descienden a 1.767, 122 más. De ellos, Ávila contabiliza 12 brotes –tres más que ayer–; Burgos, 61 –19 más–; León, 40 –dos más–; Palencia, 26 –tres más–; Salamanca contabiliza 4, tres más; Segovia 56, uno más; Soria 27, seis menos; Valladolid 43, 21 más, y Zamora suma once, dos más.
En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 220.022 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de que se hayan sumado 443 en la última jornada. De ese total, 213.222 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.
BURGOS, A LA CABEZA CON 133 NUEVOS CASOS
Por provincias, Burgos es las que más positivos ha notificado en esta jornada, con 133 nuevos para un total de 32.931; seguida de León, con 66 y un total de 38.299; Valladolid, con 63 y un acumulado de 49.012; Salamanca, con 60 y un total de 30.724; Segovia, con 39 y 16.265; Palencia, con 30 para un total de 18.406; Ávila, con 19 y un total de 12.122; Zamora, con 17 y un acumulado de 12.862, y Soria, con 16 y 9.401 acumulados.
Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 5.594, dos más que ayer, uno de ellos en Valladolid y el otro en Burgos. La mayor parte de la cifra total se registra en la provincia de León con 1.131; le sigue Valladolid con 1.121; Salamanca tiene 827; Burgos 685; Palencia 435; Zamora, con 420; Segovia, con 357; Ávila, con 337 y Soria, con 281.
En el caso de las altas hospitalarias, estas suman un total de 28.173, de las que se han computado 6.842 en Valladolid; 4.955 en León; en Salamanca, 3.894; en Burgos 3.754; en Palencia, 2.142; en Zamora, 1.873; en Segovia, 1.773; en Ávila, 1.705, y en Soria, 1.235.
INCREMENTO DE LOS HOSPITALIZADOS
En cuanto a las hospitalizaciones, a día de hoy hay un total de 513 hospitalizados, cinco más que ayer. De estos pacientes, 393 se encuentran en planta –ocho más que ayer–, mientras que los hospitalizados en unidades de críticos (UCI) se sitúan en 120, tres menos.
Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y suponen un 36 por ciento de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, un punto menos que ayer.
Así, se informa de 25 en el Clínico de la Valladolid; 18 el Río Hortega de la misma ciudad; 17 el Complejo Asistencial Universitario de Burgos; 14 en el Complejo Asistencial de Palencia; doce en el de León; diez en Segovia; ocho en el de Soria; cinco en el Complejo de Salamanca; cuatro en el Hospital de El Bierzo y en el de Zamora y tres en Ávila.
NINGÚN RESIDENTE FALLECIDO
En cuanto a las residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la cifra de fallecidos relacionados con el COVID-19 se sitúa en 4.060, sin variación desde hace más de una semana, en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.
De los fallecidos, 2.955 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19 y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus, cifra sin cambios desde el mes de junio de 2020.
Según los datos facilitados por la Junta, de los 4.060 finados hasta el momento, 2.173 personas han perdido la vida en su residencia, mientras que otras 1.887 lo han hecho en hospitales, sin variación en ambas cifras respecto del último parte emitido.
Hay dos residentes aislados con síntomas compatibles con el COVID-19 –uno más– y 136 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, cuatro menos.
En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos sigue situada en 300, sin cambios, de ellos 183 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles, los mismos.
Además, se encuentran hospitalizados 27 residentes, dos menos, y se sitúa en 1.013 el número de los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado, uno más.
Por otro lado, no se informa de residentes en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19, mientras que tres permanecen aislados de forma preventiva sin síntomas, los mismos.
El subdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado provincial, Rafa Rubio, ha recurrido su procesamiento en la causa de los ‘zombies’ del conocido como caso Imelsa y ha solicitado su revocación alegando dos argumentos principales: que estaba desvinculado del expresidente de la Diputación Alfonso Rus y asegurando que fue «extremadamente escrupuloso» con los contratos que hizo en 2011 a dos asesoras a su cargo, unas plazas que no se crearon a instancia suya. También ha negado pertenecer a ninguna organización criminal.
Así se desprende del recurso que ha presentado Rubio ante el Juzgado de Instrucción número 18 de València en relación con su procesamiento en las piezas B y F del caso Imelsa, en las que se ha investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa. Es la causa conocida como los ‘zombies’.
En su escrito, insiste en que no hay indicios racionales de delito contra él, por lo que solicita la revocación del auto de procesamiento.
A Rubio, diputado socialista en ese momento y consejero de Imelsa entre julio de 2007 y junio de 2011, se le cuestionan dos contrataciones efectuadas de marzo a junio de 2011 de dos asesoras: una de ellas cobró 13.198,78 euros, y la otra, ama de casa, estuvo dada de alta en el mismo periodo y con el mismo salario.
Según la jueza, ambas asesoras percibieron un salario de la empresa pública sin prestar el cometido laboral que justificara la contratación. Y Rafael Rubio lo niega y expone que ambas trabajaron: la primera, en trabajos relacionados con la búsqueda de información y recopilación de datos; y la segunda, con trabajos de apoyo y asistencia técnica, entendida como administrativa.
Sobre la creación de puestos de asesores de los consejeros de Imelsa –personal de confianza no sometido a concurso público– y su número, el abogado de Rubio alega que ya existía con anterioridad a la entrada de su representado en la empresa pública. Por tanto, estas plazas no se crearon a instancias suyas «ni servían para suplir áreas ocupadas en Diputación», afirma.
«Consiguientemente –prosigue– Rubio no propuso la creación de puestos de asesor, que ya estaban establecidos con antelación a su nombramiento como consejero del Consejo de Administración de Imelsa. Se limitó, por tanto, en virtud de esas propuestas, a designar a las personas que debían ocupar los puestos de asesores previamente creados».
Además, advierte de que Rubio fue «extremadamente escrupuloso» con la contratación de los asesores que se le adjudicaron puesto que la razón de los dos contratos por un tiempo reducido –cuatro meses– «responde a que las anteriores contrataciones de los dos asesores previos, de haberse mantenido en el tiempo más allá de los tres años, hubieran generado una condición de trabajadores fijos de la Administración, y para evitar tal consecuencia, indeseada e impropia de este tipo de contratos, se les cesó y se llevó a cabo una contratación por el resto del tiempo hasta agotar la legislatura que apenas duró cuatro meses».
Así, insiste en que los contratos celebrados con los asesores de Rubio cumplen la normativa del personal eventual y son «respetuosos» con las funciones que tienen atribuidas los asesores de los consejeros de Imelsa.
NO FICHABAN
Sobre si fichaban o no las asesoras contratadas por Rubio, su letrado expone que no lo hacían porque sus contratos eran de 2011 y el sistema digital se instauró en 2012-2013: «No podían fichar si no existía un sistema que controlara su asistencia». Además, ha recordado que este hecho resulta «irrelevante» porque el consejero tiene la facultad de fijar el lugar de la prestación del servicio y sus condiciones.
Por otro lado, Rubio recalca que no ha emitido ni suscrito, por sí mismo, ni se ha efectuado a su instancia documento público ni privado alguno en relación con los trabajos desarrollados por parte de sus asesoras durante los cuatro meses que duró su relación laboral.
Al respecto, recuerda que en la época en la que tuvo responsabilidades en Imelsa «nunca» se le exigió la emisión de certificación de los trabajos efectivos y adecuados de ninguna de las personas.
RUS, SIN COMPETENCIAS
Por otro lado, Alfonso Rus también ha recurrido su procesamiento en la causa de los ‘zombies’ y mantiene en su escrito, que no tenía competencia alguna para contratar a nadie en Imelsa.
Así, manifiesta que al respecto solo hay una referencia realizada por Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, quien «se ha dedicado a construir un personaje autodenominado ‘el yonki del dinero’ para, en una supuesta colaboración con la justicia, inculpar a unos y otros intentando, de este modo, aminorar las penas que derivarán de su propia actividad delictiva».
En este sentido, el letrado de Rus agrega: «Benavent utilizó su cargo de gerente de Imelsa para lucrarse a través de una red de empresas en las que utilizaba a personas interpuestas –testaferros– para que no se le pudiera vincular a dichas empresas. Más allá de esto, no existe prueba alguna de que mi representado, sin competencia alguna, tuviera absolutamente nada que ver en las contrataciones, y menos todavía en el control de sus actividades, todas ellas bajo la esfera personal y laboral de Benavent».
«El auto de procesamiento –agrega– carece de motivación y fundamentos, más allá de meras manifestaciones sin valor probatorio alguno que impiden a esta defensa poder atacar el mismo, generando indefensión».
LOS CONTRATOS
Sobre la supuesta orden de contratación de José Estarlich, quien se definió como «hombre de paja» de Benavent, el abogado de Rus también desvincula a su cliente: «No existe ninguna referencia lógica que permita conocer cómo el instructor llega a la deducción de que mi representado puede ser partícipe en las contrataciones sobre las que no tiene capacidad alguna e, incluso, respecto de personas bajo la esfera personal de Benavent».
Y lo mismo alega respecto a otros dos contratos, los cuales, y según manifestaciones de Benavent, fue él mismo quien decidió, en atención a sus funciones como gerente de Imelsa, su contratación para hacer un favor a un empresario amigo, «una prueba más del manejo que para sus propios intereses era utilizada la empresa por Benavent».
Por último, el letrado también desvincula a Rus de los contratos efectuados en Ciegsa, empresa respecto de la cual «no existe vinculación alguna, ni tan siquiera formal».
El grupo de parlamentarios no adscritos expulsados de Adelante Andalucía el año pasado ha presentado en la Cámara autonómica «una solicitud a la Junta de Andalucía para que, de forma lo más inmediata posible», se les «traslade el registro de inmatriculaciones inmobiliarias» llevadas a cabo «desde la ley hipotecaria de 1946 hasta nuestros días», para conocer las practicadas «por la jerarquía católica» en la comunidad autónoma.
Así lo ha anunciado este miércoles la diputada Ángela Aguilera en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha defendido que «es fundamental ese registro» después de que el Gobierno de la nación publicara el de las «inmatriculaciones inmobiliarias que se han realizado en el Estado».
Ha apuntado la «sospecha» de que «al menos 4.222» de las inmatriculaciones realizadas «por la jerarquía católica» en España «corresponden a Andalucía», así como que esas «no son todas» de las efectuadas por la Iglesia, sino que hay «muchas más».
Ángela Aguilera ha aseverado que la Junta, «en su deber estatutario y constitucional, debe investigar y custodiar nuestro patrimonio público», y a los diputados expulsados de Adelante les parece «necesario que, al igual que han hecho otras administraciones como la Comunidad Valenciana, exija a la Dirección General del Censo, del Colegio de Registradores, del Catastro, para que podamos tener toda la información de esos bienes inmatriculados».
Ha insistido en que es «un patrimonio público de los andaluces que ha podido ser usurpado de manera irregular amparado en una ley franquista, cuando no en una amnistía del PP o en la inoperancia del PSOE», y por parte de estos parlamentarios se exige a la Junta que «lo antes posible haga las gestiones oportunas ante el Catastro para conocer los posibles bienes usurpados por la jerarquía católica».
CRÍTICAS A LA JUNTA
Por otro lado, Aguilera ha aludido al informe de la Cuenta General de 2019 elaborado por la Cámara de Cuentas que, según ha sostenido, «tira por tierra el discurso triunfalista del PP respecto a su gestión», y «clarifica» también que «estamos en la antesala de un gobierno que niega la violencia machista, es negacionista respecto al cambio climático planteando una ‘Revolución verde’ que es mentira», y cuyos planteamientos están «claramente» orientados a «un proceso de privatización de servicios públicos en Andalucía».
También se ha referido al Plan de eficacia, eficiencia y racionalización para 2021 aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno, sobre el que ha comentado que «todas las alarmas se han encendido» tras su aprobación, así como que «la extrema derecha está deseosa de acabar con Canal Sur», un «ente público que debe ser un referente incuestionable para toda la comunidad andaluza», según ha aseverado.
ESTADO DE ALARMA
Finalmente, se ha referido al anuncio realizado este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca de que no tiene intención de pedir la prórroga más allá del 9 de mayo del estado de alarma decretado por la pandemia de Covid-19.
Aguilera ha apuntado que, «desgraciadamente», Sánchez está «pensando más en la política que en la gestión de la pandemia», y su pretensión sobre el estado de alarma «genera un déficit en la cogobernanza» con las comunidades autónomas y también «cierto desasosiego en la sociedad», que está «alertada» ante una posible «cuarta ola» de la pandemia.
La diputada no adscrita ha lamentado que «se está pensando más en la política fría, en campañas electorales, que en las grandes necesidades que tiene el pueblo», y ha tachado de «absolutamente lamentable la actitud partidista, partidaria y parcial» que, a su juicio, protagoniza el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs), que «hace el ridículo si critica la ampliación del estado de alarma hace unos días y ahora se enfrenta» al Ejecutivo por lo contrario.
Aguilera ha enmarcado esa crítica de la Junta en la «posición de confrontación» con el Gobierno que viene ejerciendo el Ejecutivo andaluz «de las derechas», y ha pedido «una reflexión, porque la sociedad andaluza no está para estos juegos de pelotas entre unos y otros, sino que necesita políticos centrados en la necesidad de defendernos y gestionar esta pandemia mucho más allá de las peleas partidarias y partidistas que generan desafección de la política», según ha concluido.
Las reuniones de personas no covivientes en domicilios volverán a estar permitidas en Galicia a partir de la medianoche del viernes 9 al sábado 10 de abril, fecha a partir de la cual también dejará de estar prohibido compartir vehículo entre personas que no residan juntas.
Así lo ha anunciado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesañana, en la rueda de prensa celebrada este miércoles tras el comité clínico que tuvo lugar en la noche del martes.
El cambio de criterio, con el que Galicia vuelve al esquema previo a la Semana Santa, tiempo en el que los encuentros de personas que no conviven juntas estuvieron limitados a que se produjesen en el exterior; se producirá en la medianoche del viernes al sábado, con lo que el primer día de la medida será el 10.
De este modo, podrán celebrarse reuniones de no convivientes en domicilios hasta un máximo de cuatro personas. En exteriores, el tope seguirá siendo de seis personas por encuentro.
La limitación de los encuentros en espacios cerrados a personas convivientes (con la excepción de aquellos que se producían en negocios de hostelería, donde sí estaban permitidos) fue impuesta con carácter general para todo el Estado por acuerdo del Consejo Interterritorial de Sanidad.
La flexibilización de la medida también afecta a los viajes en vehículos particulares, que durante la última semana estuvieron restringidos a personas que viviesen bajo el mismo techo. A partir del viernes, los no convivientes podrán compartir coche de nuevo.
Se trata de la principal medida acordada en el comité de expertos que asesora a la Xunta para el control de la pandemia en su última reunión (celebrada en la noche del jueves), además de la imposición del nivel máximo de restricciones en los municipios de A Pobra do Caramiñal (A Coruña) y O Grove (Pontevedra).
Estos dos municipios quedarán cerrados perimetralmente y con el funcionamiento de la hostelería restringido al servicio a domicilio a partir de la medianoche de este mismo miércoles.
Así lo recogerá una orden extraordinaria que será publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en la que también figurarán los cambios en las restricciones a las reuniones antes mencionadas que, en todo caso, no se aplicarán hasta el sábado.
EVOLUCIÓN EN A POBRA Y O GROVE
En rueda de prensa, la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Parrondo, ha explicado que la evolución de la pandemia en A Pobra y O Grove durante los últimos días ha sido «muy parecida», con un importante incremento de los casos respecto a las cifras del 29 de marzo.
Así, el municipio de la comarca del Salnés presentaba el lunes previo a los festivos de Semana Santa una incidencia a siete días de 76 casos por cada 100.000 habitantes y de 133 en el dato a 14 días. Ocho días después, con cifras de este martes, O Grove tiene una incidencia por encima de los 300 casos a 7 días y de los 400 a 14.
La situación en A Pobra es «muy parecida», pues de los dos casos que registraba el 29 de marzo se ha pasado a una incidencia acumulada en torno a los 300 casos por cada 100.000 habitantes en la tasa a 7 y 14 días.
Por todo ello, además de elevar al máximo las restricciones, se «intensificarán» el desarrollo de cribados poblaciones para la búsqueda activa de casos en estos muncipios y sus zonas de influencia, especialmente en «toda» la comarca del Barbanza.
REUNIONES DE CONVIVIENTES
Cuestionado sobre la limitación a cuatro personas en las reuniones en el interior de los domicilios, García Comesaña ha incidido en que «la filosofía» de la medida es actuar sobre los entornos «de confianza» donde las personas se quitan la mascarilla, pues es ahí donde se dan la mayoría de contagios.
Por tanto, entiende que limitar el número de personas que puedan juntarse puede llevar a «situacion complejas» como que un domicilio con cuatro miembros no pueda invitar a nadie, pero que es preciso establecer un máximo con carácter general que, en todo caso, es menor que el límite marcado en navidades, cuando se permitieron hasta 10 durante las principales fechas festivas.
CÓDIGO ‘QR’ EN HOSTELERÍA
Otro de los aspectos sobre los que ha respondido, a preguntas de los periodistas, ha sido la posibilidad de hacer obligatorio el uso del sistema de códigos ‘QR’ para los usuarios de establecimientos de hostelería con el objetivo de facilitar la trazabilidad de los contactos en casos de brotes como el registrado en un local de Vigo durante la Semana Santa.
García Comesaña ha recordado que el negocio sí debe contar con este sistema de código ‘QR’, que ha de estar visible a la entrada del establecimiento junto con la indicación del aforo máximo; pero cree que extender la obligatoriedad a los usuarios, algo que «no se descarta a futuro», podría ser complicado de aplicar en determinados segmentos de población al estar ligado a que cuenten con un «dispositivo de lectura», es decir, un teléfono inteligente.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido que la vacuna de AstraZeneca «puede y debe seguir dispensándose siempre que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) la siga garantizando».
Así se ha pronunciado este miércoles durante un acto en Nigrán (Pontevedra), al ser preguntado sobre la decisión de la Consejería de Sanidad de Castilla y León de suspender cautelarmente la vacunación frente a la covid-19 con dosis de AstraZeneca-Universidad de Oxford.
Feijóo ha comentado que no puede dar «una posición política» acerca de esta cuestión, porque se trata de «una decisión médica», si bien ha remarcado que «mientras la Agencia Europea del Medicamento siga acreditando la seguridad de esa vacuna puede y debe seguir dispensándose».
«En el caso de que la Agencia Europa del Medicamento cambie de criterio y alarme sobre algunas consecuencias de esa vacuna, automáticamente los países miembro deben tomar decisiones al respecto», ha agregado.
Acto seguido, el mandatario autonómico ha apuntado que la prohibición por parte de Castilla y León se produce un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicase que va a haber «inmunidad de rebaño en el mes de agosto». Así, ha criticado que Sánchez «garantice» la inmunidad y aporte «fechas exactas», «y ahora resulta que se está planteando si una de las vacunas puede ser suspendida su dispensación».
«El nivel de perplejidad es muy alto. Espero que el presidente del Gobierno haya actuado con rigor», ha incidido, a colación de lo que ha lamentado que, «en caso de que –se entre– en otra discusión sobre Astrazeneca, no –les– va a hacer caso nadie».
En este sentido, ha dicho entender que haya ciudadanos que se pregunten «cómo es posible que ayer se den fechas y hoy se esté discutiendo si esta vacuna, que es determinante hasta los 65 años y que son miles personas las que están citadas, pueda volver otra vez a un escenario de interrogante».
CONSULTA CON SANIDAD
Por su parte, en la rueda de prensa para informar sobre los acuerdos del comité clínico reunido en la noche del martes, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha confirmado que en la mañana de este miércoles, tras conocer «por la prensa» y por otras vías «extraoficiales» la decisión de Castilla y León de interrumpir la administración de dosis de AstraZeneca, se realizó una consulta con el Ministerio de Sanidad al respecto.
La ausencia de respuesta por parte del Gobierno central es interpretada por Galicia como un motivo para no interrumpir con la administración de la vacuna desarrollada en el Reino Unido.
«Entendemos que no hay nada que relevante que tengamos que saber», ha dicho el conselleiro, que ha emplazado a la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad de este miércoles en el que se abordará la situación de las vacunas de AstraZeneca.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social quiere que haya prevalencia del convenio sectorial frente al de empresa en materia salarial, pero se ha abierto, en la reunión celebrada este miércoles con los agentes sociales, a la posibilidad de abordar fórmulas de flexibilidad interna distintas que no tengan que ver con los sueldos, según fuentes del diálogo social.
De hecho, el Ministerio estaría dispuesto a aceptar que se abra un debate para tratar de ayudar a empresas y a trabajadores a buscar alternativas, aunque, según las mismas fuentes, «la flexibilidad en empresas no podría ser por la vía salarial».
La reunión celebrada esta mañana, la tercera desde que se retomó la negociación en la mesa de diálogo sobre reforma laboral en las mismas condiciones en las que se abandonó en marzo del año pasado por la pandemia, «ha ido bien y se han dado muchos avances», según ha apuntado el Departamento de la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz.
Durante el encuentro de la semana pasada, Trabajo presentó un documento de trabajo a los interlocutores sociales con varias propuestas al respecto para empezar a negociar en línea con lo acordado antes de que la declaración del Estado de Alarma y la situación provocada por la pandemia frenasen el diálogo.
Por su parte, los agentes sociales se han comprometido a remitir sus aportaciones antes del próximo encuentro, que tendrá lugar de nuevo el miércoles a las 10.00 horas, para ver los puntos de encuentro existentes.
Desde CCOO, se ha puesto de relieve que, pese a la insistencia de la patronal de definir el perímetro de los temas a tratar, «se han entrado en los contenidos».
Ayer, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, dejó claro que la patronal «no va a negociar a cachitos ni a trocitos las cosas».
«Si hay que negociar, hablemos de todo para saber dónde está el principio y final, porque si no, nos estarán haciendo una trampa», apuntó el presidente de CEOE durante la clausura de la Asamblea General de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA).
Asimismo, afirmó que en España se debe mejorar la dualidad que hay en el mercado de trabajo y que habrá que mirar todos los tipos de contrato, «guste o no».
Sin embargo, apostilló que Europa«no está pidiendo con toda claridad la contrarreforma laboral o incluso cambiar aspectos de esta reforma que ni se reformaron ese día». «Nos sentaremos en la mesa y hablaremos de lo que haya que hablar», añadió.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó hace unos días que esta mesa de diálogo social supone el inicio de «una gran tarea de transformación y de reformas estructurales» en España.
Algunas de las materias que formarán parte de esta negociación, como la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la ‘ultraactividad’ y la subcontratación, son ‘viejas conocidas’, pues los agentes sociales las estuvieron negociando con el Gobierno socialista antes de la pandemia.
Ahora se retomarán las conversaciones sobre dichos asuntos, pero se añadirán otros temas para dar cumplimiento a los compromisos que el Gobierno español asumió en las fichas remitidas a Bruselas.
En ellas, el Gobierno plantea generalizar el contrato indefinido, devolver la causalidad a los contratos temporales y simplificar la contratación, reordenando las modalidades de contratación laboral, así como por introducir mecanismos de flexibilidad para las empresas alternativos a la excesiva temporalidad.
Respecto a este último punto, el documento remitido a Bruselas por el Ejecutivo apuesta por penalizar el uso excesivo de contratos de muy corta duración y atajar el fraude laboral.
Al mismo tiempo, el Gobierno aboga por la creación de un modelo permanente de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como «un instrumento de flexibilidad alternativo al ajuste externo del empleo ante perturbaciones negativas».
Por otro lado, el Ejecutivo quiere revisar las subvenciones y bonificaciones a la contratación temporal. Entre las medidas para conseguirlo, se encuentran la simplificación de los incentivos y requisitos a las empresas beneficiaras para centrarse en la empleabilidad de los desempleados y que vayan para contratos indefinidos.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, junto a su ‘número dos’ en el Gobierno, José Luis Martínez Guijarro, ha mantenido una reunión con el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, en la que han acordado sumar fuerzas de cara a plantear en el seno de la Unión Europea que las zonas despobladas en España puedan ser discriminadas positivamente a la hora de repartir los distintos paquetes de ayudas europeas.
Martínez Guijarro ha explicado en rueda de prensa posterior a la reunión que ambas instituciones coinciden en el planteamiento de incentivar este contexto desarrollando el artículo 74 de la Unión Europea para permitir «que las zonas escasamente pobladas» por el problema estructural de la despoblación «puedan tener un estatus especial» para tener distinto reconocimiento en periodos de programación de ayudas.
En este sentido, se ha mostrado satisfecho por el hecho de que este extremo sea «uno de los asuntos que el Gobierno de España quiere trasladar a las instituciones europeas».
Del mismo modo, ha pedido al secretario de Estado autorización para, a nivel autonómico, poder articular las ayudas destinadas a las empresas que se instalen en zonas despobladas de Castilla-La Mancha, algo que ya se ha pedido a la Comisión Europea pero para lo cual también ha trasladado el planteamiento al Gobierno estatal.
González-Barba ha compartido con Martínez Guijarro la necesidad de elevar este planteamiento atendiendo a la «especifidad» de una región como Castilla-La Mancha para abordar distintas posibilidades que vengan a mejorar la financiación de la Comunidad Autónoma atendiendo a este problema estructural.
Además, ha compartido con el Gobierno castellanomanchego sus iniciativas junto a otros territorios españoles con «retos parecidos», coincidiendo con el punto de vista de que se trata de «una prioridad de gran importancia» a solucionar.
ASIGNATURA EN SECUNDARIA SOBRE LA UE
En el transcurso de esta reunión, además, González-Barba ha planteado a García-Page poder habilitar en el tramo de Educación Secundaria alguna asignatura encaminada a formar a los alumnos sobre asuntos europeos.
«No es concebible un proyecto nacional desligado del proyecto europeo», ha defendido el secretario de Estado, quien considera que lo que se hace en Europa«es fundamental» también para Castilla-La Mancha, razón por la que ha propuesto implantar esta materia en los institutos de la región como ya se hace en otras comunidades autónomas.
Martínez Guijarro ha asegurado acto seguido que el propio García-Page «se ha comprometido a trasladar a la Consejería de Educación» esta sugerencia, partiendo de la base de que «hay que tener claro que Castilla-La Mancha no sería lo que es si no estuviera dentro de la Unión Europea».
«Somos europeístas y nos lo creemos a pies juntillas, y no tenemos inconveniente en reforzar estas cuestiones», ha aseverado.
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), han acordado acometer mejoras urgentes para paliar los graves efectos de la actual crisis covid en las más de 700.000 personas que engloba este colectivo en Andalucía.
En una reunion celebrada este miércoles, Cermi le ha pedido un plan urgente de vacunación para las personas con discapacidad, más financiación y recursos para las entidades que las atienden ante la crisis covid y participar de los proyectos que se impulsarán con la llegada de los fondos europeos para la recuperación, entre otras demanda.
Según reseña Cermi en una nota de prensa, Juanma Moreno se ha comprometido a mantener reuniones trimestrales con ellos y ha avanzado que en el próximo encuentro estarán presentes los consejeros de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, para abordar las necesidades prioritarias de estas personas en estos ámbitos.
La presidenta de Cermi Andalucía, Marta Castillo, y representantes de todas sus entidades han mantenido un nuevo encuentro con el presidente andaluz en un ambiente de «plena cooperación», después del celebrado en diciembre, «dando respuesta así al compromiso adquirido por Juanma Moreno con el sector para mantener contactos de forma trimestral y reforzar así la interlocución tan necesaria para el mundo de la discapacidad».
Castillo ha agradecido al presidente de la Junta dicho compromiso para sostener así un «diálogo fluido y permanente» con el sector, que ha considerado clave para avanzar en las respuestas de la administración autonómica a las numerosas necesidades que tienen estas personas actualmente y que se han visto agravadas durante el último año a causa de la pandemia.
Los representantes de Cermi han reclamado al jefe del Ejecutivo autonómico un plan urgente para la vacunación de todas las personas con discapacidad en Andalucía y también de las personas y cuidadoras y encargadas de su atención, ya que «hasta que no estén inmunizadas, no pueden seguir en muchos casos sus actividades de diversa índole para la mejora de su autonomía personal y de su calidad de vida».
Además, la entidad ha trasladado al presidente andaluz la necesidad de que las personas con discapacidad y sus familias se beneficien también de los fondos europeos extraordinarios que llegarán a Andalucía para la recuperación de la crisis, por lo que se ha solicitado la participación de las entidades y que se recojan sus propuestas.
Cermi pide también al presidente que las demandas de la discapacidad estén en la primera línea de la agenda política andaluza para «evitar que estas personas se queden atrás» en la recuperación de la crisis. En este sentido, Castillo ha solicitado a Juanma Moreno una mejora de la financiación de las entidades con la aportación de más recursos y medios que les permitan salir de la «situación límite» en la que se encuentran, especialmente para mantener los gastos de los centros y servicios que se prestan desde estas entidades.
Ha puesto de relieve la «necesidad» de incrementar el coste-plaza de los centros que gestionan las entidades «para ajustarlo al gasto real» que supone su mantenimiento actual, además de afrontar el aumento en el concierto de plazas para dar respuesta a la demanda actual.
En este encuentro, al que ha asistido también la viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Carmen Cardosa, tomaron la palabra los representantes de todas las entidades de Cermi Andalucía y tuvieron la oportunidad de poder explicar al presidente las demandas específicas de cada uno de los colectivos a los que prestan atención.
Cermi Andalucía representa a 18 entidades que trabajan en favor de las personas con discapacidad en Andalucía, que suponen 700.000 personas y cerca del 10% de la población de la comunidad, un movimiento que cuenta con más de 32.000 profesionales y 1.500 voluntarios que atienden y apoyan a estas personas.
La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha avanzado dentro del plan de salud ‘Vete al médico’ que propone recuperar a lo largo del siguiente año pruebas diagnósticas y tratamientos de pacientes no Covid, «en la cuneta» con el PP.
Desde el Hospital de Alcalá de Henares, donde se ha reunido con Nursing Now y la Asociación Madrileña de Enfermería, la también anestesista ha lamentado que los pacientes no Covid hayan sido «dejados en la cuneta por el Gobierno» regional, «que no les ha atendido tampoco este año por tener una sanidad colapsada».
Más Madrid calcula que la Comunidad «necesita 800 médicos y médicas más, 175 pediatras y 900 enfermeras para, por lo menos, ponerse en la media nacional», además de «dar a los pacientes un (tratamiento) mínimo de 12 minutos».
García ha cargado contra la política de Isabel Díaz Ayuso, «la política del postureo», que ha «utilizado la pandemia para horadar aún más la sanidad pública». Según la encuesta realizada por Nursing Now, facilitada a Más Madrid, el 94 por ciento de las enfermeras teme por su bienestar y más del 60 por su bienestar mental y físico.
«Son los estragos que ha traído la pandemia en una Comunidad donde el número de enfermeras es un 20 por ciento menor que en el resto de España», ha indicado Mónica García, que también se ha referido a la visita que Ayuso ayer hizo al 12 de Octubre, donde ella ejercía como anestesista.
«FUE A VER A UN MANIQUÍ»
«Fue a ver a un maniquí. Estuvo contrastando las deficiencias de la sanidad con un maniquí. Los pacientes no son maniquís, los profesionales no somos maniquís, los mayores que han muerto en las residencias siendo la Comunidad la que tiene un 50 por ciento de exceso de mortalidad no son maniquís», ha reprochado.
La candidata de Más Madrid desconoce «qué le contó el maniquí sobre las problemas de la sanidad pública colapsada por el PP pero luego a la salida un par de señoras le dijeron que estaban desatendidas».
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha descartado este miércoles que su partido pacte con el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, tras las elecciones autonómicas del 4 de mayo, y ha apostado por retomar el acuerdo de gobierno que tenían el PP y Cs.
«El Gobierno de la Comunidad de Madrid, antes de que Ayuso hiciera la irresponsabilidad de convocar elecciones sin motivo, funcionaba muy bien. Y en ese Gobierno estaba Ciudadanos, con un acuerdo negociado con el PP», ha declarado Arrimadas en una entrevista en laSexta.
Por ello, cree que, en los dos años que faltan para los próximos comicios en Madrid, «lo más razonable es que ese acuerdo de gobierno siga ejecutándose hasta el final de la legislatura real, no de la ficticia» que ha generado la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso (PP), con el adelanto electoral.
«Pero eso no va a ser a coste cero y aceptando cualquier cosa del PP», ha añadido, aunque ha asegurado que se tardaría muy poco tiempo en poner en marcha el acuerdo de coalición que alcanzaron ambos partidos en 2019 porque «los equipos ya están hechos».
UN GOBIERNO QUE NO DEPENDA DE «LOS EXTREMOS»
Al mismo tiempo, ha descartado que la formación naranja gobierne con el PSOE porque, aunque no tiene «ningún problema» con Gabilondo, considera que «va en un pack» con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y «con Iglesias no» va a pactar Cs. En cuanto a Más Madrid, ha dicho que en realidad es «Más Podemos» porque son dos partidos que «piensan igual».
Arrimadas ha garantizado que Ciudadanos y su cabeza de lista, Edmundo Bal, van a ser «decisivos» tras el 4 de mayo y que su objetivo será que haya «un gobierno moderado».
Cuando le han preguntado si su formación participaría en un acuerdo que incluyera a Vox, ha respondido: «Nosotros aspiramos a un gobierno en el que esté Cs sin depender de ningún partido extremo y con el acuerdo que teníamos antes de que la señora Ayuso convocara elecciones» con la «excusa barata» de las mociones de censura del PSOE y Cs contra el PP en Murcia.
Al referirse a los «extremos», ha precisado que Cs no quiere depender de partidos con posiciones «antivacunas y negacionistas del cambio climático» o que son «populistas como Iglesias».
NO SE TRATA DE «VENGARSE» DEL PP O DE AYUSO
Sobre por qué Ciudadanos quiere repetir el pacto con el PP después de los choques que hubo entre Díaz Ayuso y su vicepresidente, Ignacio Aguado, y de que los ‘populares’ se hayan dedicado a captar a cargos de Cs en distintos lugares, incluidos algunos tránsfugas, Arrimadas ha dicho que «lo importante no es si Ayuso se merece el gobierno», sino si «los madrileños se merecen un gobierno con un acuerdo bueno y con Cs».
«Estamos tan mal acostumbrados a lo que han hecho el PP y el PSOE tantos años, que es ‘me vengo, te ataco, voy a por ti’… Y siempre, en el medio, sufriendo las consecuencias, están los ciudadanos», ha manifestado, agregando que la política española está «sobrada de tripas» y la formación naranja pretende poner «corazón y cabeza».
Por otro lado, la líder de Ciudadanos ha defendido que su partido se caracteriza por su «buena gestión» allí donde gobierna, pero lo ha hecho «rematadamente mal» a la hora de transmitírselo a los electores.
Cree que muchos madrileños que están satisfechos con las políticas económicas del Ejecutivo madrileño desconocen que quien era el consejero de Economía, Manuel Giménez, es de Cs, y lo mismo ocurre con la labor desarrollada por los demás departamentos que dirigían (Transportes, Cultura, Políticas Sociales, Deportes y Universidades), y ha eso atribuye en parte que las encuestas electorales auguren una subida para el PP y una fuerte bajada para Cs.
Sobre la posibilidad de que Ciudadanos se quede sin representación en la Asamblea de Madrid, ha indicado que esto «se va a decidir por un puñado de votos» y que el riesgo es que Cs no consiga diputados y que Iglesias entre en el Gobierno regional.
MEJOR UN GOBIERNO CON Cs QUE UNO DEL PP EN SOLITARIO
Arrimadas ha reivindicado que los gobiernos donde está Ciudadanos son mejores que aquellos donde está el PP en solitario, ya que controla que este partido no caiga en prácticas de corrupción y se preocupa por mejorar las políticas sociales, el medio ambiente, el transporte público o la ciencia y la innovación, cuestiones que cree que a los ‘populares’ les preocupan menos.
Escuchando hablar a Díaz Ayuso, «parece que en Madrid va todo muy bien y no hay que cambiar absolutamente nada», pero «sigue siendo muy difícil encontrar un trabajo digno para los jóvenes tras acabar la universidad, acceder a una vivienda a un precio razonable» o «encontrar plaza en una residencia (de mayores) pública», ha comentado.
«Yo quiero impuestos bajos, empleo y atracción de empresas», que son «políticas liberales», pero «sin olvidar otras cuestiones», ha explicado, abogando por conjugar todas estas cuestiones, sin renunciar a una parte de ellas.
En este contexto, se ha mostrado en contra de «dividir a la gente en bandos» ideológicos que se preocupan por algunas políticas pero ignoran otras. También ha señalado que le «horripilan» los discursos de distintos partidos que alertan sobre «supuestos socialcomunistas y supuestos fascistas», y ha pedido «pensar en el futuro» de los madrileños en vez de volver a «los años 30». «No podemos ir a una campaña de enemigos», ha recalcado.
El Gobierno de Aragón aportará 100.000 euros a UNICEF para desmovilizar a 30 niños y 20 niñas soldado en Sudán del Sur. Se realizará con cargo al Fondo de Solidaridad con los países más desfavorecidos.
Así lo ha acordado este miércoles el Consejo de Gobierno con los objetivos de favorecer la reunificación familiar y la reintegración tanto económica como social de los niños.
El objetivo del programa es el registro y liberación de 20 niñas y 30 niños afectados por el conflicto armado en este país, especialmente de los liberados de grupos y fuerzas armadas.
Para ello, se establece, entre otras actuaciones, un plan individualizado de atención integral que incluye la situación familiar, apoyo psicosocial, cobertura de necesidades básicas y de desarrollo y generación de ingresos.
DERECHOS HUMANOS BÁSICOS
Con esta intervención se pretende restablecer los derechos humanos básicos de los menores y lograr que éstos cuenten con los recursos necesarios que les permitan comenzar una vida ajena a la violencia de un conflicto que ha violado sistemáticamente sus derechos, ofreciéndoles atención médica y psicológica, así como la posibilidad de volver a la escuela o de contar con una salida profesional.
Este proyecto se llevará a cabo fundamentalmente en los antiguos estados de Oeste y Centro Gran Ecuatoria (WES), Jonglei, Unity y Oeste Bahr el Ghazal (WBGZ).
UNICEF se compromete a llevar a cabo el programa, cuyo plazo de ejecución finaliza el 31 de diciembre de 2021, y a cofinanciarlo hasta su coste total –130.000 euros– con aportaciones propias o de otras entidades comprometidas en acciones de cooperación para el desarrollo.
La Fundación UNICEF-Comité Español es la única organización que mantiene una relación privilegiada con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), siendo la única entidad con representación en Aragón que tiene en estos momentos la capacidad y experiencia suficiente en este ámbito de protección, puesto que es una de las pocas agencias que, desde 2019, puede dar apoyo a la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración (NDDRC).
Actualmente se calcula que hay 300.000 niños y niñas soldado en los conflictos armados en todo el mundo, que se convierten en combatientes involuntarios.
Desde el estallido del conflicto en Sudán del Sur en diciembre de 2013, se han reportado más de 3.000 casos verificados de graves violaciones contra la infancia.
Según el acuerdo de paz suscrito, la reintegración de estos niños debería haber empezado en 2019. UNICEF y sus aliados estiman que hasta 300 niños podrían ser liberados a principios de 2021 y otros 410 que fueron liberados en 2019 y reintegrados socialmente en sus comunidades, deberían recibir servicios de reinserción económica.
El director musical del Gran Teatre del Liceu, Josep Pons, ha dicho este miércoles, en su lección magistral de la investidura de doctor ‘honoris causa’ por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que el ingreso en la Escolanía de Montserrat marcó su vida.
Ha subrayado la importancia de las pequeñas decisiones en la vida, que determinan decisivamente el resto, y ha dicho que la suya fue cuando sus padres le preguntaron si quería ser ‘escolanet’: «Esta respuesta espontánea, irreflexiva y precipitada ha marcado de forma absoluta el resto de mi vida».
También ha explicado que ir a vivir a Montserrat, cuando tenía 10 años, fue un choque, por compartir espacio con monjes y experimentar la música y la polifonía del siglo XVI, entre otras cosas.
Pons ha enumerado capítulos de vivencias diarias como el encierro de intelectuales por el juicio de Burgos con Miró, Brossa y Tàpies y la visita de Josep Carner en su retorno a Catalunya, y por eso ha insistido en que su etapa en Montserrat fue «determinante», tanto a nivel musical como humano.
El director musical ha definido como «otra sacudida vital» el encuentro con el escenógrafo y director teatral Fabià Puigserver, con el que descubrió el maestrazgo de una figura, que tal y como ha descrito, fue éticamente impecable.
Él le propuso impulsar, en 1985, la Orquestra de Cambra Teatre Lliure, junto con Lluís Vidal y Jaume Cortabellas, en una etapa en la que Pons descubrió todos los principios de la orquesta y en la que empezó su relación con el sello discográfico ‘Harmonia Mundi France’ –ha firmado una cuarentena de títulos hasta la actualidad y varias giras internacionales–.
Pons también ha resaltado «la aventura de crear la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (Jonc)», a instancias de una activista cultural de Lleida, Roser Trepat, que actualmente es una herramienta indispensable para la formación y un pilar de la educación musical para Catalunya, ha sostenido.
También ha destacado los encargos como director musical y artístico de la Orquesta Ciudad de Granada y la Orquesta y Coro Nacionales de España (Ocne), este último «un proyecto sin problemas económicos, pero que tenía todos los otros», por la reconversión de la compañía que, según ha dicho, iba a la deriva.
VUELTA A CASA: EL LICEU
Pons ha rememorado que siendo el director titular y artístico de la Ocne le advirtieron de que «le tirarían los tejos» con la oferta para la dirección musical del Liceu y la vuelta a casa, después de 20 años de viajar por el mundo, con el encargo de traer el mejor nivel posible a los cuerpos musicales estables del teatro barcelonés.
Ha confesado que era el espacio que le faltaba, después de empezar en Montserrat con la polifonía vocal, seguir con el repertorio camerístico del siglo XX en el Lliure, proseguir con la experiencia pedagógica de la Jonc y acabar con el repertorio clásico en Granada y el romántico y post-romántico en Madrid.
El director musical ha asegurado que el Liceu «dispone de un proyecto entusiasta y de futuro», que busca una voz propia y singular en el panorama operístico internacional.
EL PADRINO «AGRADECIDO Y HONORADO»
El catedrático del Departamento de Arte y Musicología, y padrino del doctorando, Francesc Cortés, ha recordado que «el Laudatio se había empezado a redactar el año pasado», coincidiendo con el confinamiento, pensando que duraría 15 días.
Ha confesado sentirse «agradecido y honorado» por recibir el encargo, que ha situado en 2019, y que ha desglosado con la inspiración de pasajes de ‘El Quijote’ de ‘El retablo de maese Pedro’ de Manuel Falla.
Cortés ha repasado la trayectoria del artista, con hitos como situar a la Orquesta Ciudad de Granada en una de las tres mejores, donde llegó en 1994, tres años después de que se creara, siendo la primera española que actuó en la sala de la ‘Philarmonie de Berlín’ y en el ‘Opern und Shauspielhaus’ de Frankfurt.
Asimismo, ha resaltado el reto más grande que se le presentó en 2003, cuando fue propuesto como director musical y artístico de la Ocne, que según Ramón Puchadas «tenía fama de ingobernable».
Esa renovación –ha explicado– pivotó sobre dos ejes, diversificar la programación y mejorar técnicamente a los instrumentistas, y fue más allá de la sala con la organización de ciclos de conferencias, exposiciones, proyecciones de películas y publicaciones de solventes monografías.
El rector de la UAB, Javier Lafuente, ha definido el acto de investidura como de «resistencia», por la situación actual de la pandemia, ha enaltecido la importancia de la universidad como lugar de intercambio del conocimiento y ha alabado la figura de Pons por compartir las cualidades del ideario fundacional de la UAB.
El acto, que ha tenido lugar en el Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras, ha contado con aforo limitado, con alrededor de 180 asistentes, y ha sido el primero presencial organizado por la universidad catalana en un contexto de pandemia.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) ha dictado una sentencia por la que anula el acuerdo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia adoptaron el 20 de diciembre de 2018 para la determinación del sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales, debido a la omisión del trámite de participación de las asociaciones de jueces. El TS estima por este motivo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la asociación Foro Judicial Independiente (FJI) contra dicho acuerdo.
La sentencia analiza el régimen jurídico de las asociaciones judiciales, que refleja que tendrán como fines lícitos la defensa de los intereses profesionales de sus miembros y la realización de actividades encaminadas al servicio de la justicia en general y de los valores constitucionales. Les otorga asimismo la facultad de elaborar informes o propuestas más allá o fuera de los casos legal o reglamentariamente previstos.
El Supremo añade que debe presuponerse, por ser ilógico lo contrario, que las asociaciones judiciales tendrán un conocimiento actualizado de la situación real de los órganos jurisdiccionales y de sus dificultades, de existir, para el logro de lo que exige la satisfacción de aquel derecho fundamental.
«Y si lo tienen, y si el acuerdo impugnado tiene como única finalidad determinar la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional, debemos afirmar que la adopción de un acuerdo como ese, de tantísima trascendencia, exige abrir para aquéllas un cauce de participación eficaz. Los intereses generales en juego conducen a rechazar una afirmación distinta», dice el Supremo.
Según la Sala, «no cabe sostener que la falta de participación efectiva de las asociaciones judiciales no afectara, no menoscabara, y de modo significativo, el necesario y profundo debate que ha de exigirse para la adopción de un acuerdo como el impugnado, ni negar, en buena lógica, que éste hubiera podido variar, y no en aspectos nimios o carentes de relevancia, si se hubiera facilitado la participación que se echa en falta».
Por otro lado, la sentencia añade, aunque no haya formado parte del debate procesal, que no se entiende que para la adopción de ese entre el CGPJ y el ministerio se pudiera prescindir también de la participación de los órganos de gobierno interno de los tribunales y juzgados, «dado que su conocimiento actualizado de la situación de unos y otros no parece nada dudosa».
«Ni prescindir tampoco, por la misma razón, de la participación de las asociaciones de las que forman parte quienes dirigen día a día la Oficina judicial, afectada, como no puede ser de otro modo, por la determinación de la carga de trabajo que haya de atender», apunta.
La Consellería de Cultura, Educación e Universidade quiere modificar el calendario escolar para adelantar de septiembre a junio los exámenes de recuperación de ESO, 1º de bachillerato y de FP Básica a partir del curso 2021-2022.
El departamento autonómico ha convocado a los sindicatos la próxima semana a una mesa sectorial para proponer este cambio en el calendario escolar y que permitiría adecuar estas pruebas extraordinarias a las de otros niveles que ya las realizan en estas fechas, como es el caso de 2º de bachillerato.
El borrador del texto que la Xunta abordará con los representantes docentes prevé que estos exámenes se realicen entre el 17 y el 21 de junio de 2022. Esta modificación no alteraría los planes para el presente curso académico, que mantendrá las fechas de las pruebas según lo previsto.
El secretario xeral de Educación, José Luis Mira, ha explicado que el objetivo es «favorecer, principalmente, a los alumnos» e incrementar las posibilidades de recuperación al tener recientes los contenidos trabajados en clase, además de poder iniciar el periodo de descanso ya en el mes de junio.
En este sentido, ha recordado que el número de alumnos que superan alguna de las materias pendientes en esta convocatoria «es muy reducido», por lo que cree que esta medida favorecería a la comunidad escolar.
Mira Lema también ha considerado que «beneficiará a las familias» a la hora de conciliar y planificar su vida, porque sus hijos quedarán matriculados en los meses de junio y julio y podrán «iniciar sus vacaciones con una certeza del centro de destino».
APOYO DE LA XUNTA DE DIRECTORES
En el caso de los centros, los equipos directivos podrán ultimar con antelación la organización del próximo curso y conocer su destino e incluso su horario antes de arrancar el periodo de vacaciones. De hecho, la posibilidad del cambio de fechas ha sido acogida positivamente por parte de la Xunta Autonómica de Directores, añade Educación.
En suma, la administración educativa podría adelantar la organización del curso para poder arrancar antes que en años precedentes y así facilitar la conciliación laboral y la atención de las familias a sus hijos. PROPUESTA
El borrador de la orden propone que el curso arranque el 8 de septiembre de 2021 para 2º ciclo de infantil, primaria y educación especial, para finalizar el 21 de junio de 2022.
Para ESO, bachillerato y FP, el curso transcurriría entre el 15 de setiembre y el 21 de junio, mientras que en las enseñanzas de régimen especial la actividad lectiva arrancaría el 15 de septiembre hasta el 30 de junio de 2022.
Los periodos de vacaciones serían desde el 23 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022 (Navidades); 28 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2022 (Entroido); y del 11 al 18 de abril (Semana Santa) y tampoco serán lectivos las fiestas de ámbito estatal y autonómico o el Día de la Enseñanza (11 de octubre).
El 43,3% de los jóvenes se siente pesimista y cree que la situación laboral será peor o mucho peor en los próximos cinco años, frente al 34% de los jóvenes que se sentían preocupados el año pasado, según se desprende del VII Informe Young Business Talents sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles, llevado a cabo por Abanca, ESIC, Herbalife Nutrition y Praxis MMT.
En este sentido, las mujeres son las que se muestran más pesimistas al respecto (43,7%), aunque no lejos de la preocupación que sienten los hombres (42,9%). Los jóvenes de Aragón (57,4%), Castilla y León (52,9%) y Navarra (51,4%), son los más pesimistas de España en relación a la situación del empleo juvenil en los próximos cinco años, mientras que los de Canarias (50,7%), Andalucía (40,9%) y Murcia (40,5%), son los que ven el futuro con más optimismo.
Los factores que consideran más importantes para encontrar empleo son el interés y las ganas de trabajar (44,1%), tener un buen nivel de idiomas (42,9%), la experiencia (40,7%) y los conocimientos (39,3%). En cuanto a las condiciones que más valoran a la hora de entrar a trabajar en alguna empresa, las tres principales son: la estabilidad en el empleo (29,3%), las posibilidades de promoción (28,5%) y tener buen ambiente de trabajo y de trato (27,2%).
Como consecuencia de las actuales circunstancias, el 82% de los jóvenes españoles ha manifestado que estaría dispuesto a cambiarse de país para trabajar, siendo Estados Unidos (36,8%), Reino Unido (15,9%) y Alemania (12,1), sus destinos favoritos. Esto supone un aumento respecto al año pasado, cuando el 73,2% de los estudiantes mostraban sus ganas de cambiar de país. En este sentido, son las mujeres (43,9%) las que se muestran más dispuestas, frente al 80,5% de los hombres. Además, son los jóvenes de Cantabria (87,6%), Cataluña (86,9%), Madrid (84,9%) y País Vasco (84,8%), los que más ganas tienen de cruzar nuestras fronteras.
Por otro lado, según los datos extraídos, el 76,5% de los jóvenes españoles creen estar mejor preparados que sus padres, aunque esta opinión desciende respecto al año anterior (82,4%). Son las mujeres (79,1%), las que se muestran más convencidas, frente al 73,7% de los hombres. Por comunidades autónomas, los jóvenes de las Islas Baleares (85,7%) son los españoles que sienten estar mejor preparados que sus padres, seguidos de los de Extremadura (81,3%) y Andalucía (79,5%).
«El último año ha despertado las inseguridades y miedos de los más jóvenes. La crisis sanitaria por el coronavirus ha disparado la preocupación que muestran por su futuro laboral. Si bien en años anteriores se veía un aumento en la esperanza por su situación laboral, este último año ha dado un cambio radical y la consecuencia es un aumento del pesimismo entre los más jóvenes, que tienen dudas sobre si podrán encontrar un empleo fácilmente cuando terminen sus estudios debido a la situación que estamos viviendo», ha afirmado el director del Informe Young Business Talents, Mario Martínez.
El estudio se ha realizado a un total de 9.708 estudiantes de entre 15 y 21 años que cursan los estudios de 4º de ESO, 1º y 2º de bachillerato y ciclos medio y superior de formación profesional durante los meses de octubre y noviembre de 2020.
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y EMPRENDIMIENTO
Además, la gran mayoría de los jóvenes (69,4%) encuestados tiene claro que cuando terminen sus estudios actuales, quieren estudiar una carrera universitaria. Las mujeres se muestran más seguras sobre su futuro académico (74,9%), respecto a los hombres (63,7%). Así, los estudiantes de País Vasco (83,8%), Madrid (81,8%), y Asturias (79,4%), son los más decididos a estudiar en la universidad.
El tipo de carrera universitaria que más interés les despierta a los jóvenes españoles son las relacionadas con ADE y empresariales (19,1%); economía y finanzas (18,8%), humanidades y sociales (17,8%) y Derecho (15,5%). Los hombres se decantan por carreras de empresariales y economía (21%), mientras que en las mujeres su carrera favorita sería de tipo humanidades y sociales (20%). Las carreras de derecho y educación también son más predominantes en el caso de las mujeres que los hombres.
El estudio también revela que, a pesar de la pandemia, el 50% de los jóvenes que tenía pensado emprender en un futuro manifiesta que va a continuar con sus planes de emprendimiento, y el 13% apuesta por emprender como una forma para garantizarse un empleo.
En general, al 27% de los jóvenes españoles les gustaría en un futuro ser emprendedores y crear su propia empresa, frente a ser funcionarios (19,9%) o ser empleados en una empresa (13,8%). Respecto al año pasado, la tendencia por el emprendimiento muestra un ligero aumento (26,8%), mientras que bajan los deseos por ser funcionario (22,6%) o trabajar en una empresa (22,3%).
Ser emprendedor es lo que más les gustaría a los hombres encuestados (32%), frente al 23% de las mujeres. A ellas les atrae más que a los hombres un empleo público (22% y 17,5% respectivamente). Por comunidades autónomas, los más emprendedores se encuentran en las Islas Canarias (36,8%), Melilla (35,5%) y Cataluña (33,5%), mientras que los menos serían los de Castilla y León (19,6%).
Aunque la tendencia por el emprendimiento ha crecido en los últimos años, el 92% de los jóvenes considera que es muy difícil alcanzar el éxito en las empresas que se están creando en la actualidad. Entre los motivos por los que se lanzarían a montar su propia compañía destacan poder enfocarse al 100% en lo que les gusta (44%), ser su propio jefe y más libre (41,1%) y obtener más ingresos que siendo un empleado en una empresa (36,2%).
El director de Lankidetza-Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno Vasco, Paul Ortega, ha pedido este miércoles en el Senado que la próxima Ley estatal en materia de Cooperación reconozca la competencia autonómica en esta materia y considera que la descentralización supone «un valor añadido».
Ortega ha comparecido hoy en la Comisión de Cooperación para el Desarrollo del Senado, en el marco del proceso de desarrollo de la nueva Ley de cooperación. El objetivo de la sesión ha sido estudiar y debatir la cooperación descentralizada que realizan diferentes instituciones y organismos subestatales.
El Gobierno del Estado ha fijado como una de sus prioridades de la Estrategia de Acción Exterior la reforma de la cooperación, lo que pasa por la renovación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la adopción de una nueva Ley.
En este sentido, Paul Ortega ha afirmado que «es fundamental que la futura ley estatal reconozca la competencia en materia de cooperación para el desarrollo de las comunidades autónomas, diputaciones y entes locales, y otorgarles un marco legal y operativo para poder impulsarla».
En defensa del trabajo de estas instituciones, Ortega ha destacado lacooperación descentralizada, ya que, «a diferencia de la desarrollada por los estados», se trata de «un modelo más cercano, horizontal y con capacidad de crear aprendizajes entre diversos actores de distintos territorios». Entre sus ejemplos, ha destacado a Vitoria-Gasteiz por ser «pionero» en esta materia desde 1988.
El director de eLankidetza ha subrayado que «los últimos datos muestran que, a pesar de las restricciones derivadas de las crisis» de la pandemia de la covid-19 y del auge de los discursos populistas y racistas, la cooperación subestatal ha crecido gradualmente en los últimos años.
Además, ha puesto en valor la colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, y las ONGD, por que se incrementan las posibilidades de protección de cuestiones «sensibles», como los derechos humanos.
Para finalizar su intervención, Ortega ha explicado el trabajo del Gobierno Vasco en relación a la Agenda 2030 y ha puesto como ejemplo algunas iniciativas de eLankidetza.
En este sentido, el Ejecutivo vasco ha aplicado que mantiene su apuesta por las políticas de cooperación para el desarrollo, «siendo un referente a nivel internacional, tanto por volumen como por su trayectoria».
INFORME DE LA AOD
El Gobierno Vasco ha destacado que, según el último Informe sobre Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) autonómica, realizado por la Coordinadora de ONGD española, Euskadi invirtió en 2019 un total de 21 euros por habitante, cuando la media estatal fue de 5,12 euros.
En esta línea, ha dicho que esa disparidad entre comunidades se refleja en los 0,61 euros que invierte Madrid, «a pesar de ser el territorio con el PIB per cápita más alto», o los 0,31 euros de Murcia. En el lado opuesto, se encuentran Navarra, que destina 14 euros por habitante, y Extremadura que, a pesar de ser una de las comunidades el PIB per cápita más bajo, destina 12 euros.
El informe subraya, además, que Euskadi es, junto a Islas Baleares y Andalucía, la única comunidad que cuenta con un compromiso explícito en el área de género y cooperación. En 2019, eLankidetza destinó un 32% de los fondos concedidos a iniciativas de empoderamiento de mujeres y el 13% fueron dirigidas a organizaciones feministas del sur. Las otras dos comunidades ejecutaron respectivamente el 4% y el 7% en materia de género.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reconocido este miércoles que su formación cometió errores a la hora de comunicar a la ciudadanía los motivos que les llevaron a presentar dos mociones de censura en Murcia junto al PSOE, pero ha descartado presentar su dimisión por el amplio apoyo interno con el que fue elegida para dirigir el partido hace un año.
En declaraciones a laSexta, Arrimadas ha señalado que lo hicieron «rematadamente mal» para que se hablase solo de las mociones contra el PP en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de la ciudad y no tanto de los casos de corrupción que, según Cs, motivaron estas iniciativas, al ser preguntada por si hace autocrítica sobre el desempeño de su partido en los últimos meses, tras los malos resultados electorales en Cataluña y el fracaso de una de las mociones en Murcia.
«Le puedo dar ejemplos de contratos a tres personas que son familiares y se les daban contratos fraccionados de menos de 5.000 euros para darles más de un millón de euros en apenas dos años», ha señalado respecto a las presuntas prácticas corruptas del PP en el Ayuntamiento.
«Hay tres gigas de información que están en manos de la UDEF, por no hablar del ‘vacunagate’ donde 500 personas han robado vacunas», ha añadido en alusión a los cargos de la Consejería de Sanidad que se vacunaron contra el coronavirus antes de tiempo.
La líder de Ciudadanos ha explicado que mientras su partido estaba «tratando de evitar la moción de censura para que se pudieran solventar esas cuestiones y sacar a la luz la corrupción y se apartara a las personas que habían hecho las cosas mal», no estaban «preparando la comunicación de la moción de censura» y «hay mucha gente que no ha entendido nada.
En la misma línea, Arrimadas ha reconocido que no tuvieron en cuenta que el PP ofreciera consejerías «a diestro y siniestro», no solo a tres diputados naranjas en la Asamblea de Murcia, sino también a los suplentes «por si a alguno se le ocurría dimitir».
DEFIENDE SUS PACTOS CON EL PP EN OTRAS COMUNIDADES
Finalmente, Arrimadas ha insistido en que las mociones en Murcia fueron motivadas por la corrupción mientras que han respetado sus pactos con el PP en los gobiernos autonómicos de Madrid, Andalucía y Castilla y León y siguen gobernando con ellos en 11 capitales de provincia, por lo que ha descartado una operación global de acercamiento al PSOE.
«Esta operación es la excusa de Ayuso y los ayusistas para justificar un adelanto electoral que no estaba justificado, que le va a costar mucho dinero a los madrileños para que dentro de dos años volvamos a tener elecciones en Madrid», ha afirmado sobre la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de romper con Cs y adelantar los comicios.
NO SE PLANTEA DIMITIR
Por otro lado, la líder de Ciudadanos ha descartado presentar su dimisión por el amplio apoyo recibido en las primarias y en el último congreso del partido, celebrado en 2020, y ha apuntado que «los que quieren acabar con Cs» van a pedir la dimisión de cabezas del partido como Edmundo Bal, Begoña Villacís o ella misma.
«Hace menos de un año que la militancia me dio su apoyo y con un porcentaje muchísimo mayor que el que tienen Pedro Sánchez y Pablo Casado, después de cosechar resultados muy malos», ha señalado.»Casado sacó 66 escaños, Sánchez el peor resultado de la historia del PSOE, el PP tres escaños en Cataluña», ha recordado.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado que no concibe que se incumpla el acuerdo de Gobierno que pactaron con Pedro Sánchez, algo que califica de «línea roja», porque considera que el PSOE «no se lo puede permitir». Ha admitido también que hay debates de calado en el Ejecutivo sobre vivienda, desahucios o reforma laboral, pero niega llevarse mal con Carmen Calvo o con Margarita Robles.
Belarra ha realizado estas declaraciones en RTVE, al ser preguntada si se rompería el Gobierno en caso de que no se cumpliera el acuerdo que firmaron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.
La ministra ha dicho que el acuerdo es «irrenunciable» y que no concibe que vaya a haber un incumplimiento. En su opinión, «el PSOE no se puede permitir un incumplimiento del acuerdo de Gobierno». Ha alegado, en este sentido, que los socialistas no pueden incumplir lo pactado «después del histórico» que hay en este país de las muchas veces que se han incumplido los programas de los partidos que se han presentdo a las elecciones.
Eso la gente no lo acepta más, tenemos que cumplir, en eso estamos trabajando y va a ser así», ha apostillado.
La dirigente morada ha asegurado que para su partido la «línea roja» es ese acuerdo de Gobierno, y ha dejado claro que «va a haber Ley» de vivienda porque es un «punto clave» regular los precios del alquiler en las zonas de mercado tensionado y «poner tope» a las subidas de los arrendamientos.
Se ha mostrado convencida de que el acuerdo es «irrenunciable» para que los ciudadanos crean en ellos y considera que las fuerzas progresistas tienen que dar ejemplo y demostrar que cumplen lo que firman. Para ella está «clraísimo» que cumplir con el acuerdo de Gobierno es lo mínimo que pueden exigir en un Gobierno de coalición. «Es lo que vamos a defender hasta el final», ha remachado.
Ione Belarra, que se ha destacado en ocasiones por las duras acusaciones que ha lanzado contra la ministra de Defensa, ha asegurado de ella que es una «mujer con una tarea muy difícil» porque tiene que enfrentar algunos de los problemas que tienen las Fuerzas Armadas. Sobre Carmen Calvo, con quien también ha tenido discrepancias la formación morada, ha afirmado que se trata de una «mujer firme».
En este sentido, ha negado tener mala relación tanto con Calvo como con Robles: «lo niego rotundamente, me sentí muy bien recibida ayer por todos los miembros del Ejecutivo, el trato personal, excelente».
No obstante, considera que «lo normal» es que haya debates en un gobierno que está formado por dos fuerzas diferentes. «Nadie espera de nosotros que nos convirtamos en la misma cosa porque sería ciertamente extraño», ha asegurado antes de admitir que «hay debates de calado» sobre desahucios, vivienda, reforma laboral…, es decir, «cuestiones que afectan a la ciudadanías y sería increíble que no hubiera debate».
MONARQUÍA: LA CIUDADANÍA SE PREGUNTA PARA QUÉ SIRVE
También ha admitido diferencias en el Gobierno de coalición en relación con la Monarquía porque lo conforman dos fuerzas políticas que tienen posiciones diferentes.
En este sentido, ha recordado que su formación siempre ha defendido que tiene que haber un debate en torno a la utilidad de la Monarquía y también se ha mostrado partidaria de investigar la fortuna del Rey emérito.
En su opinión, es un debate que está en la calle porque, dice, «la ciudadanía cada vez más se pregunta para qué sirve la Monarquía».
ESTADO DE ALARMA, SE TOMARÁN LAS DECISIONES NECESARIAS
En cuanto a la decisión anunciada ayer por el presidente del Gobierno de que el Estado de alarma finalice el próximo 9 de mayo, ha pedido responsabilidad a las comunidades autónomas porque las decisiones se adoptan, según ha dicho, de acuerdo a la situación sanitaria en cada momento. Admitiendo, eso sí, las «dificultades lógicas» que se han tenido para gestionar una crisis de la gravedad de la que se está viviendo.
No obstante, ha defendido las decisiones como correctas porque se ha puesto en el centro la vida a las personas y ha precisado que se verá la situación que hay el 9 de mayo. «Si hay que tomar decisiones sanitarias, la gente puede estar tranquila que se tomarán», ha apostillado.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado de que la deuda a nivel global se estabilizará a medio plazo en torno al 99% del producto interior bruto (PIB) mundial como consecuencia directa de la crisis generada por la pandemia del Covid-19, según se desprende del informe bianual ‘Monitor Fiscal’, publicado este miércoles.
La deuda global cerró 2020 situada en el 97,3% del PIB, lo que equivale a un incremento de 13,6 puntos en comparación con los datos de 2019. Este alza se debe tanto a los enormes programas de estímulos que se han aprobado por parte de los diferentes gobiernos como por el descenso del PIB por la pandemia.
Según los cálculos del FMI, a nivel global los gobiernos han aprobado acciones fiscales para apoyar los sistemas sanitarios, a los hogares o a las empresas por valor de 16 billones de dólares (13,453 billones de euros) desde el inicio de la pandemia. No obstante, el nivel de apoyo ha variado entre las economías dependiendo de su nivel de impacto, de la capacidad de acceder a financiación externa y de sus condiciones fiscales preexistentes.
Pese al incremento del endeudamiento, el FMI también ha señalado que los pagos por intereses son «generalmente más bajos» que antes de la pandemia en las economías avanzadas y en desarrollo debido al caída generalizada de los tipos de interés.
En paralelo con el aumento de la deuda, también han crecido los desequilibrios presupuestarios. De esta forma, las economías avanzadas registraron un déficit en 2020 del 11,7% del PIB, mientras que para los mercados emergentes fue del 9,8% y en los países más pobres fue del 5,5%.
«La vacunación global es necesaria de manera urgente. La inoculación global se pagará a sí misma con un mayor empleo y actividad económica, lo que llevará a unos mayores ingresos tributarios y considerables ahorros en apoyo fiscal», ha explicado el organismo con sede en Washington.
EL RIESGO DEL DESCONTENTO SOCIAL
El Fondo ha alertado también de que la incertidumbre que rodea las previsiones fiscales es «inusualmente alta» y que está sujeta tanto a riesgos al alza (mejorías) como a la baja (empeoramientos).
En el caso de las posibles sorpresas positivas, el FMI identifica una campaña de vacunación más rápida de lo esperado, lo que elevaría los ingresos de los países y reduciría la necesidad de nuevos estímulos.
Por el contrario, los riesgos negativos para las previsiones son más numerosos. El primero de ellos identificado por el FMI es una ralentización económica más larga, debido en parte que el crecimiento se vea afectado por los nuevos confinamientos, por el retraso en la vacunación o por una menor efectividad de las vacunas contra las nuevas variantes del virus. «Una reducción prematura del apoyo político posiblemente cause pérdidas en el empleo y los ingresos», ha alertado el FMI.
El organismo internacional también ha situado como riesgos un endurecimiento «abrupto» de las condiciones financieras, un nuevo incremento en la volatilidad de los precios de las materias primas y un incremento en el «descontento social.
«Las tensiones sociales podrían entrar en erupción a medida que la pandemia o una respuesta política inadecuada (incluyendo el acceso desigual a vacunas) lleve a más muertes o a dificultades económicas», ha avisado el FMI. Entre esas «dificultades» se encuentran el paro, la pobreza, la malnutrición, la desigualdad, la falta de comida o el incremento de los precios.
«Estos factores podrían debilitar la confianza en los gobiernos y en la efectividad política y poner las finanzas públicas en riesgo», ha apostillado el Fondo.
España es el segundo mayor destino mundial de la inversión latinoamericana fuera de la región, por detrás de Estados Unidos, con 42.663 millones de euros de capital, que ascienden hasta los 61.104 millones se si incluye la inversión en holdings, y una media anual de 3.800 millones desde 2010, según el informe de ICEX Global Latam 2020.
El informe, realizado en conjunto entre ICEX y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), ha sido presentado este miércoles por la consejera delegada de ICEX España Exportación e Inversiones, María Peña, y la secretaria general de la SEGIB, Rebeca Grynspan.
El estudio constata que España constituye para el capital latinoamericano un destino de inversión de largo plazo, dada su estabilidad macroeconómica e institucional, además de ser utilizada por varias empresas latinas como puerta de acceso al mercado europeo.
La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha indicado que «las empresas de América Latina están llamadas a jugar un rol protagonista en la recuperación de la pandemia de Covid-19, y hay varias razones para el optimismo».
«Una de ellas es que la región ha tenido una innovación obligada durante esta crisis. Del ‘e-commerce’ al ‘e-learning’, de la telemedicina al teletrabajo, hemos visto años de avances en apenas meses», ha explicado Grynspan, quien ha destacado que otra de las razones es que la pandemia «ha catalizado la transición verde», con compañías pioneras en el sector con gran potencial de expansión y una población «consciente y preocupada por el cambio climático».
El informe recoge el efecto de la pandemia en la inversión latinoamericana. En 2020, España recibió 968 millones de inversión de la región, un 38,4% menos con respecto a la media anual de la inversión latinoamericana en España durante los últimos diez años, cifrada en 3.800 millones. Sin embargo, la caída es inferior a la experimentada por la Inversión Extranjera Directa en todo el mundo (42%).
La consejera delegada de ICEX España Exportación e Inversiones, María Peña ha destacado que se ha observado un comportamiento desigual de la inversión en los diferentes países latinoamericanos, al tiempo que se ha podido identificar que «muchas de las operaciones de inversión de empresas latinoamericanas no han sido canceladas, sino que están siendo retenidas a la espera de observar la evolución económica y la situación sanitaria en este 2021».
El análisis recoge una gran diferente entre los datos de inversión productiva con la actividad inversora de empresas holding de origen latinoamericano, muy presentes en España. En 2020, este tipo de operaciones crecieron un 152% respecto a 2019. Según el informe, esta elevada actividad de flujos financieros en empresas holding refleja la creciente importancia de España como vía de entrada de la inversión latinoamericana en terceros destinos, especialmente europeos.
Entre las inversiones más destacadas del año pandémico resaltan la ampliación de la actividad inversora de la tecnológica argentina Globant, de la compañía de servicios financieros brasileña IG4, la también financiera brasileña Creditas, o la compañía argentina de desarrollo de software Veritran, entre otras.
Según el informe, las inversiones latinoamericanas en el mundo mostraron una importante resiliencia durante la era del Covid-19, aunque con importantes diferencias por países
Las compañías de la región cuentan en la actualidad con 765.000 millones de dólares (más de 640.000 millones de euros) de stock de inversión más allá de sus fronteras. Desde 2011, en un contexto de crecimiento económico débil en la región, cabe destacar que se produjo un importante incremento del 69% de la inversión extranjera directa latina en el mundo.
En 2020, pese al complicado contexto internacional y a que América Latina está siendo una de las regiones más golpeadas por la pandemia, las grandes empresas latinas mostraron una importante capacidad de resiliencia en lo que respecta a su expansión exterior, aunque con diferencias muy marcadas por países.
La inversión extranjera directa emitida por la región se redujo un 90%, pero esta caída se explica principalmente a la reversión de beneficios de las corporaciones brasileñas, sin las cuales la caída habría sido solamente de un 2% respecto al año anterior, según estimaciones del informe.
Al margen de la caída de la inversión extranjera emitida por Brasil en 2020 (-174% en términos anuales), también fue importante en Perú (-56%) y Colombia (-39%). En los otros países principales de la región, como Argentina (-21%) o Chile (-15%), la caída fue menor.
Por el contrario, la inversión emitida experimentó en 2020 un crecimiento respecto de 2019 en México (55%). Sin embargo, el estudio avisa de que los datos han de ser interpretados con cautela, dado que es «muy posible» que las grandes compañías se hayan visto obligadas a postergar sus procesos de expansión a la espera de que se encauce la situación sanitaria.
Como signo positivo se observa que la capacidad de las compañías para financiarse en los mercados apenas se ha resentido, lo que permitirá acometer proyectos de inversión retenidos durante la pandemia.
Desde 2014, la recuperación económica había ido impulsando claramente el proceso de internacionalización de las compañías latinoamericanas, hasta alcanzar un nivel máximo en 2019, ejercicio previo a la pandemia, en el que la inversión extranjera directa emitida por América Latina ascendió a 43.253 millones de dólares (más de 36.300 millones de euros).
El principal destino geográfico de las inversiones latinoamericanas fue la propia región. En 2020, por el contrario, el porcentaje de proyectos de inversión fuera de América Latina fue del 57%, veinte puntos más que en años precedentes.
Por sectores, el comportamiento fue muy desigual en 2020. La inversión se contrajo en minería, construcción o ventas minoristas, mientras que se incrementó en logística y transporte, servicios empresariales, marketing y otros servicios, e investigación y desarrollo.
Por otro lado, además de las corporaciones de la región, muchas de ellas especializadas en materias primas y con participación pública, en los últimos años asistimos a un incremento de otras formas de inversión. En este contexto, el informe Global Latam ha analizado por primera vez la internacionalización de fondos de capital privado tecnológicos (‘venture capital’) desde la región.
En los últimos 20 años estos inversores han realizado operaciones en el exterior por valor de 11.500 millones de dólares (9.670 millones de euros), con un 85% de las operaciones concentradas en los últimos seis años. Estas inversiones se han dirigido fundamentalmente a Estados Unidos, y en menor medida a Europa.
El presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús), Rafael Barbadillo, ha advertido de que, pese a aprobar el Gobierno un fondo de 800 millones de euros para el transporte público urbano e interurbano dependiente de las comunidades, «muchas» de estas administraciones «lo han utilizado para otras cosas y no para financiar las concesiones». Asimismo, ha reclamado habilitar un nuevo fondo para este año.
«De no habilitarse un nuevo fondo rápidamente en 2021, va a ser muy difícil poder garantizar la movilidad, porque las empresas están en una situación muy crítica», ha aseverado ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, ante la que ha comparecido en el marco del programa de trabajo sobre la Estrategia Española de Seguridad Vial 2021-2030.
Barbadillo ha recordado que este fondo no tenía carácter finalista y que, por ello, no todas las comunidades lo han dirigido a sus concesiones, al igual que otras ayudas distribuidas a las administraciones.
Asimismo, ha recordado el transporte municipal también aspiró un fondo, pero al estar incluido en el decreto ley sobre la utilización del superávit de los ayuntamientos derogado por el Congreso, este decayó. Los Presupuestos contemplan un fondo similar, pero sin asignación, ha recalcado, y por ello, ha dicho Barbadillo, «se está trabajando en habilitar cuantía, de en torno a 400 millones de euros».
PÉRDIDA DE FACTURACIÓN DE 2.500 MILLONES EN 2021
Pese a comparecer para dar cuenta de la nueva Estrategia Española de Seguridad Vial, Barbadillo se ha referido a la situación de dificultad que vive su sector, «probablemente la crisis más severa de la historia», al ser las restricciones de movilidad una de las principales herramientas para combatir la pandemia de Covid-19.
Todo lo relacionado a actividades vinculadas al ocio o al turismo ha caído un 85% desde el inicio de la pandemia, sin repunte alguno, ha asegurado, porcentaje moderado al 80% de caída en los servicios regulares de media y larga distancia y el caso de urbanos y cercanías en el entorno del 50%. Y si en 2020 se han calculado pérdidas por unos 1.500 millones de euros, para este año se estima una pérdida de facturación en el entorno de los 2.500 millones.
«Precisamos de apoyo y ayudas de forma urgente por parte de la Administración», ha reclamado, concediendo que medidas que los ERTE o los avales públicos en créditos por parte del ICO fueron medidas «positivas» pero que, «dada la duración magnitud de la crisis se han quedado muy cortas». «Éramos un sector viable, y lo vamos a volver a ser pero, mientras esta situación dure, vamos a precisar de ayudas para la supervivencia», ha apostillado.
La estimación con la que cuenta la patronal del autobús es que un tercio de los negocios no podrán sobrevivir a esta crisis. «Hay que financiar la salida de la crisis y no va a haber recursos para ello», ha señalado, advirtiendo de otra señal que le preocupa: «Empieza a haber morosidad con las administraciones, porque tienen escasez de recursos y lo están destinando a otras políticas», ha alertado
En este sentido, ha señalado que, sin liquidez suficiente y con impagos, «no se va a poder pagar la nómina o a los proveedores». «Y se parará el servicio, no porque queramos, sino porque no va a haber posibilidad. Es verdad que no es general, pero está ocurriendo», ha dicho.
TRANSICIÓN AL AUTOBÚS ELÉCTRICO, «PERO CON AYUDAS DE VERDAD»
Respecto a la utilización de los fondos europeos, que se prevén que empiecen a llegar este mismo de año, como parte de los estímulos económicos de reactivación tras la crisis del Covid-19, ha coincidido en que estos recursos deben servir para la transición de vehículos de combustión a vehículos eléctricos en entornos urbanos.
«Pero tienen que ser ayudas de verdad, no nos pueden dar ayudas pequeñas cuando el vehículo cuesta el doble. O compensa la diferencia de vehículo a otro o muy difícilmente, en una situación además de crisis, o se acometen inversiones para las empresas», ha argumentado, apuntando a Alemania como ejemplo, que ha acelerado la transición financiando la diferencia de costes.
Más limitaciones encuentra para esa transición en otro tipo de transporte que no sea el urbano, por el tamaño de batería, su consumo y la capacidad de autonomía, y respecto al hidrógeno ha señalado que se trata aún de una tecnología «muy incipiente.
La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija como doctrina que no se puede declarar a un menor de edad responsable solidario de deudas con Hacienda por colaborar con su representante legal en la ocultación o transmisión de bienes o derechos.
El fallo argumenta que el menor, al carecer de capacidad de obrar, «no puede colaborar», menos aún de manera consciente y voluntaria, en la ocultación de bienes, pues conceptos normativos como colaboración u ocultación «son privativos de quienes gozan de capacidad de obrar, entre quienes no se encuentran los menores de edad, bajo ningún concepto».
El Supremo señala además que el dolo o la intención que exige jurisprudencialmente la citada imputación no puede atribuirse a quien, por ser menor de edad, es legalmente inimputable. No obstante, la sentencia no se pronuncia sobre la posibilidad de imputar dichos negocios jurídicos a su representante legal, actuando en su nombre.
Para quienes crean ver abierta con esta doctrina una vía defraudatoria, el Supremo advierte de que la misma no prejuzga la validez o la corrección de los negocios jurídicos efectuados, en tanto pudieran ser defraudatorios o celebrados en perjuicio de acreedores, ni priva a la Administración de las acciones que le incumben para rescindir civilmente el negocio jurídico o, en caso de que proceda, emprender la acción penal por alzamiento de bienes, precisamente frente a los criminalmente responsables, «entre los que jamás podría encontrarse un menor de edad».
Mediante este fallo, el Alto Tribunal da la razón a una menor de edad, a quien su madre, que era administradora única de una sociedad, donó cuando la menor tenía seis años de edad la nuda propiedad de la vivienda familiar en Cantabria.
Según los hechos probados, la Administración tributaria realizó actuaciones por las deudas tributarias contraídas por la sociedad mercantil y declaró a la progenitora responsable subsidiaria de las mismas por la cantidad de 477.249,7 euros.
Posteriormente, inició un procedimiento de derivación de responsabilidad tributaria a la niña por las deudas de su madre, que fue declarada responsable solidaria, como causante o colaboradora.
El Supremo estima el recurso de casación planteado por la entonces menor de edad, representada por sus padres (hoy ya es mayor de edad), contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó la responsabilidad solidaria de la niña fijada por Hacienda.
La sentencia interpretó, por un lado, que la donación de la madre a la hija, pese a que había hermanos mayores, se realizó con el único objetivo de ocultar bienes con los que hacer efectivas las deudas tributarias, vaciando su patrimonio. Por otro lado, que la menor, representada legalmente por su padre, con la aceptación de la donación estaba colaborando de manera consciente y voluntaria en la ocultación de esos bienes.
Por ese motivo, la Audiencia concluyó que existía responsabilidad solidaria de la niña, representada en el mundo jurídico por su padre que era quien debía asumir las consecuencias de esa representación legal.
El Tribunal Supremo, por el contrario, concluye que no cabe trasladar la responsabilidad solidaria a un menor de edad, a quien «le es ajeno, ontológicamente, el concepto de dolo, y también de culpa; o toda posibilidad legal de ser causante o colaborador en una ocultación de bienes ni de perseguir finalidad alguna de sustraer los bienes a su traba o ejecución».
La Sala recuerda que la conducta habilitante de la responsabilidad solidaria de «causar o colaborar en la ocultación o transmisión de biene con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria» no es compatible con el caso fortuito, el puro desconocimiento o el descuido, sino que se sigue requiriendo «una conducta maliciosa y, por tanto, conocedora y voluntaria, atributos que cabe negar a los menores que, como tales, carecen de capacidad de obrar».
En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Navarro Sanchís, el Supremo dice ser consciente de que la conclusión alcanzada podría entenderse, indebidamente, como una especie de habilitación a que se abriera una vía defraudatoria, utilizando para ello de forma indebida esta doctrina.
Por ello, subraya que en dicha doctrina no se efectúa juicio alguno, en un sentido o en otro, sobre la legalidad y eficacia de los negocios efectuados.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha celebrado este miércoles el acto de entrega de los ‘Premios Protección de Datos 2020’ en las categorías de Comunicación, Investigación, Proactividad y buenas prácticas en el cumplimiento del Reglamento y la LOPDGDD, Buenas prácticas educativas y Buenas prácticas de protección en internet de la privacidad de las mujeres víctimas de violencia por razón de género.
Así, en la categoría de Comunicación, la Agencia ha entregado el premio principal a la periodista Begoña Vázquez de la Paz, del programa ‘La Aventura del Saber’ de TVE por su reportaje ‘Seguridad en el mundo digital’, dedicado al Canal Prioritario de la AEPD y la página ‘AseguraTic’, y en el que se ofrecen claves para el uso responsable de las nuevas tecnologías y se explican los riesgos derivados de un mal uso de internet, especialmente para los más jóvenes.
Asimismo, el jurado ha entregado el accésit a Maldita.es, recogido por la periodista Naiara Bellio López-Molina, por el proyecto ‘Maldita Tecnología’, en el que se abordan cuestiones sobre privacidad, uso de datos, ética de la tecnología y derechos digitales.
En relación con la categoría de ‘Investigación en protección de datos personales Emilio Aced’, el jurado ha entregado el premio, ex aequo, Álvaro Feal Fajardo, por ‘Angel or Devil? A Privacy Study of Mobile Parental Control Apps’, así como a Yasna Vanessa Bastidas Cid, por ‘Neurotecnología: Interfaz cerebro-computador y protección de datos cerebrales o neurodatos en el contexto del tratamiento de datos personales en la Unión Europea’.
El jurado también ha otorgado un accésit a Darío Lopez Rincón por su trabajo ‘Protección de datos en el sector de los videojuegos: análisis de su adaptación al RGPD y LOPDGDD desde el punto de vista de los videojuegos de gran presupuesto o «triple A»‘, que aborda el impacto en los derechos a la protección de datos de los menores con relación al tratamiento de sus datos en los videojuegos.
Respecto al Premio a la Proactividad y Buenas Prácticas en el cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, en la modalidad de empresas, asociaciones y fundaciones, el jurado ha entregado el premio, ex aequo, a Paloma Llaneza González y Hugo Albornoz, por el trabajo ‘Consent Commons: una iconografía para la protección de datos y la transparencia’, y a la Fundación 29 de Febrero, recogido por el presidente de la fundación, Julián Isla Gómez, por el trabajo ‘Healthdata29: Guía legal y repositorio para fomentar la compartición de datos de salud’.
En el apartado de entidades del sector público, se ha entregado el premio al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), recogido por Ana Cristina Jiménez Peris, directora del Centro de Atención Telefónica y Telemática del INSS, por el trabajo ‘La gestión de la privacidad en el INSS: Haciendo realidad el enfoque 360º’, que hace una exposición de la proactividad, las buenas prácticas adoptadas y los mecanismos de control establecidos por la entidad, valorando especialmente la racionalización de 1.450 ficheros a 43 tratamientos marco.
El jurado ha entregado un accésit a la Diputación de Tarragona, recogido por Enric Adell Moragrega, diputado delegado del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación de Tarragona, por el trabajo ‘Adaptación de las entidades locales de Tarragona, a la normativa de protección de datos, papel que desempeña la Unidad de Secretaria Intervención (USIM) de la Diputación de Tarragona’.
En la categoría ‘Premio a las Buenas prácticas educativas en privacidad y protección de datos personales para un uso seguro de internet’, el jurado ha otorgado el premio en la modalidad dirigida a centros de enseñanza de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, a Profesores de Almendralejo Soc. Coop. Enseñanza CC Ruta de la Plata, recogido por Cándida Auxiliadora Morillo de Tena, vicepresidenta del Consejo Rector, por ‘Abordaje sistémico del valor de la privacidad en la enseñanza escolar’, un proyecto en el que se trabaja este derecho fundamental con alumnos, profesores y padres; se da a conocer la figura del DPD y se ofrecen guías de formación específicas para etapas educativas desde infantil hasta secundaria.
En la modalidad de compromiso de personas, instituciones, organismos, entidades, organizaciones y asociaciones, públicas y privadas, se ha otorgado el premio a la Fundación Canaria Yrichen, recogido por Rosa de la Calzada Fernández, colaboradora y asesora del Patronato de la Fundación, por el ‘Proyecto Ayudantes TIC’, que fomenta el uso responsable de las tecnologías y el aprendizaje entre iguales a través de la metodología ApS; persigue el desarrollo de una cultura de ciberconvivencia segura y saludable mediante la promoción del autocontrol y desarrollo de la capacidad crítica, y ofrece orientación familiar individualizada.
Finalmente, en la categoría de ‘Buenas prácticas en relación con iniciativas del ámbito público y privado dirigidas a una mayor protección en internet de la privacidad de las mujeres víctimas de violencia por razón de género’, el jurado ha premiado el trabajo de Miriam Pascual Martín, por su trabajo ‘No más películas. Toma el mando y protege tus datos para frenar la violencia de género’.
El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha dejado claro que «no habrá Feria de Abril, ni casetas, ni actividades que generen riesgo», así como «nadie ha invitado a los bares a hacer casetas, ni nadie ha invitado a nadie a concentrarse y bailar sevillanas en las plazas de la ciudad», elementos que le ha trasladado al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ya que «aquí nadie da una lección a otros porque se comparte la salud pública como principal referencia».
«No nos inventemos las cosas porque no es así», ha sentenciado a preguntas de los periodistas, tras firmar un convenio en materia de igualdad con empresarios y sindicatos, dejando claro que no sabe «dónde está la polémica».
«Son debates en los que parece que queremos crispar un ambiente ya de por sí contaminado y el martes se lo dejé claro al consejero que, como hicimos en Semana Santa, este Ayuntamiento ha sido siempre ejemplo en que cualquier acción», sentencia.
Así, recuerda que todas las actividades que se pongan en marcha, como se ha hecho en otras ocasiones, se consultarán con la Junta de Andalucía como autoridad sanitaria, responsable de que sean visadas además. Espadas pone como ejemplo el parque de atracciones en marcha en la Calle del Infierno de la Feria de Abril.
«No sé donde está la polémica. Tenemos muy claro que no hay Feria de Abril y convocamos a todos los grupos y sectores afectados por y quedamos en desarrollar algunas actividades compatibles con la situación del momento para generar ingresos a esos sectores. Cualquier iniciativa prevista se verá si se pueden o no hacer de acuerdo a la situación de la Covid-19 en el momento de celebración, ya sea un concierto o un pase relacionado con al moda flamenca y, si no se puede, no se harán», subraya.
En este marco, insiste en la colaboración institucional con la Junta y desde el criterio sanitario. «Aquí nadie da una lección a otros porque compartimos la salud pública como principal referencia. No hay debate ni polémica, sólo se hará lo que no tiene riesgo», agrega.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha respaldado hoy las declaraciones de uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero,quien ha afirmado que VOX va a Vallecas a echar «mierda». En una entrevista en TVE, la dirigente de Podemos ha rechazado también que su formación esté en decadencia, asegurando que tienen una nueva líder, Yolanda Díaz y que Pablo Iglesias ha generado una oportunidad donde no la había presentándose a las elecciones del 4 de mayo.
Belarra ha apoyado las declaraciones de Juan Carlos Mondero, en las que afirma que VOX ha calificado a Vallecas de «estercolero» y va a ese barrio a echar mierda que después habrá que limpiar. Estas acusaciones se han producido por la decisión de la formación de Abascal de celebrar esta tarde un acto electoral en una plaza de este barrio madrileño.
«Lo que dice Juan Carlos es la realidad», ha espetado Bellarra, quien ha afirmado que VOX se ha dedicado a «insultar a barrios honrados y trabajadores de este país, los ha llamado estercoleros multiculturales». Por ello, ha dicho que quiere que la gente se pregunte qué pretende VOX haciendo campaña electoral en Vallecas. En su opinión, el objetivo de este partido es conseguir votos, pero no en Vallecas, sino en el barrio de Salamanca.
Por ello, ha animado a los ciudadanos de estos barrios a ponérselo difícil a la derecha el 4 de mayo yendo a votar, diciendo que la ultraderecha no cabe en la Comunidad de Madrid y facilitando que haya un gobierno progresista.
Ante la pregunta de si no cree que las declaraciones de Monedero lo que hacen es retroalimentar el discurso de VOX, ha insistido en que «lo que dice Juan Carlos es una verdad». Ha alegado que quien se ha dedicado a insultar al Barrio de Vallecas ha sido VOX llamandolo «estercolero multicultural». «Van a buscar votos extendiendo el odio», ha apostillado.
En este contexto, ha recordado que hace unos días se atacó la sede de Podemos en Cartagena, un ataque que considera una consecuencia del discurso del odio. Por ello, considera que se puede decir «pacíficamente» en Vallecas que no «cabe el discurso del odio en nuestros barrios» y que se tienen que defender de «quien quiere extender el odio» entre los ciudadanos.
Belarra también ha rechazado que Podemos esté en decadencia: «al contrario, tenemos nueva líder del espacio». Sobre Yolanda Díaz ha asegurado que tiene un «liderazgo excelente», que reconocen hasta sus oponentes.
A ello se suma, ha dicho que el candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha generado una oportunidad donde no la había. En su opinión, Ayuso convocó las elecciones del 4 de mayo por que sabía perfectamente que iba a ser un «paseo militar», pensando en que eliminaría a su socio, Ciudadanos, y que minimizaría a VOX.
Sin embargo, asegura, Podemos ha puesto un candidato que «puede transformar el escenario». Cree que así está ocurriendo y que si alguien puede liderar un gobierno de coalición progresista después de lo que le costó poner en marcha el del Gobierno central, ese es Pablo Iglesias.
CEAR ha denunciado la «incoherencia» del Gobierno de España al rechazar la política de asilo y migración de la Unión Europea y aplicarla en Canarias «bloqueando» ‘sine die’ a los migrantes en las islas en contra de su voluntad.
«Canarias no puede convertirse en el nuevo escenario de la política de contención migratoria en islas reteniendo a personas como mecanismo disuasorio y promoviendo la deportación como principal y casi única estrategia de gestión migratoria», dijo la directora de CEAR, Estrella Galán durante, la presentación del informe ‘Migración en Canarias, la emergencia previsible’.
Durante el acto, que contó con la presencia del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el consejero de Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez, y el coordinador de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, Galán resaltó que lo que se está llevando a cabo «no es una gestión de política migratoria, es gestión de control de fronteras y blindaje del territorio europeo haciendo de nosotros de parapeto de Europa».
En este sentido, Galán recordó que en su momento, España dijo que no iba a aceptar que la gestión de las migraciones en el continente no se hiciera de una manera global y oponiéndose a la propuesta que la UE hacía sobre la creación de grandes campos de retención de migrantes y solicitantes de asilo en los puntos fronterizos y convirtiéndolos en lugares de identificación para la expulsión inmediata de los que no sean susceptibles de recibir protección internacional.
«En aquel momento –continuó–, Pedro Sánchez calificó la propuesta de inaceptable; sin embargo, nos encontramos una incoherencia absoluta. Vemos que en Canarias se están poniendo en marcha esa misma política que desde España nos habíamos negado a asumir en la UE dificultando y bloqueando internamente en nuestro territorio y en nuestras islas a personas sine die, sin ninguna expectativa, contra su voluntad en un territorio aislado, ultraperiférico y alejado del continente europeo. Esa es la clave».
Para la directora, con estas prácticas se pone en evidencia la falta de coherencia de España entre lo que plantea de cara a Europa y lo que aplica en sus propio territorio, «impidiendo lo que siempre había sido algo viable y que no había generando ningún problema», que son los traslados a la península para acoger a las personas en un sistema de acogida estable.
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES
Mientras, desde CEAR Canarias, Juan Carlos Lorenzo lamentó que se hayan vulnerado los derechos de las personas migrantes tanto en el sistema jurídico como en los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.
Aquí, insistió en que el llamado ‘Plan Canarias’ se ha llevado a cabo sin la participación de los principales actores institucionales y sociales sobre los que recae su despliegue e implementación, lo que la Comisión entiende propicia que haya una respuesta «insuficiente» a estas personas.
Ante la situación de la crisis migratoria en el archipiélago, CEAR pide garantizar los derechos de los migrantes; redimensionar el programa de acogida humanitaria dotándole de una mayor estructura estable y flexible; y activar y promover una política de traslados ágil, transparente y sistematizada a la península.
De igual modo, solicita modificar los protocolos de atención a los menores llegados de manera irregular; instar a la Comisión Europea y al resto de países de la UE a fomentar un reparto solidario de las plazas de acogida; y ampliar el alcance del ‘Plan Canarias’.
CEAR reclama también crear un foro interterritorial e interministerial para dar respuesta al fenómeno; generar un espacio de coordinación política de los fenómenos migratorios; desarrollar un espacio de trabajo para la coordinación entre instituciones y sociedad civil; tener una línea de comunicación que neutralice el «discurso del odio»; impulsar políticas de convivencia e integración de los migrantes; y profundizar y desarrollar estrategias que favorezca la migración regular.
Por último, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, recordó que Canarias ha recibido más de 30.000 migrantes de manera irregular desde que comenzara la crisis migratoria a finales de 2019 –más de 23.000 sólo durante 2020–, una cifra que, señaló, no son inabarcables para un país del tamaño de España.
CANARIAS COMO ISLAS CÁRCEL
«Pero el Gobierno ha preferido utilizar Canarias como islas cárcel –continuó– violando sistemáticamente derechos humanos en una estrategia análoga a la seguida por la UE en Lesbos o Lampedusa».
Para Morales, el Gobierno de Pedro Sánchez ha creado ‘de facto’ una frontera entre Canarias y el resto del territorio español al llevar a cabo controles por «perfil racial» en puertos y aeropuertos para «impedir» viajar a la península a personas documentadas que se costeaban el viaje por sus propios medios.
El presidente insular hizo especial hincapié en que esta situación se corresponde con el intento de consolidar una política europea que daría cobertura legal a la utilización de las islas «como espacios de retención de personas y como una frontera interior para impedirles continuar a los migrantes con su viaje».
Finalmente, no quiso dejar pasar la oportunidad para comentar que el abandono de muchos migrantes de los centros en los que están, un número que si bien no está cuantificada supera el centenar de migrantes, están en las calles de diferentes ciudades de las islas sin recursos y dependiendo de la solidaridad para poder subsistir.
La diputada de Unidas Podemos por Baleares en el Congreso Lucía Muñoz ha defendido este miércoles en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de Discapacidad el nuevo proyecto de Ley Orgánica de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. «Esta nueva Ley nos colocará en lo más alto de los estándares internacionales porque es una ley innovadora», ha destacado.
Muñoz ha descrito la Ley como «una respuesta a la imperiosa necesidad de protección que tienen los niños, niñas y adolescentes a la vista de los datos que tenemos».
«Esta pandemia no ha hecho más que agravar la situación, que ya de por sí era alarmante e invisibilizada, porque muchos casos de violencia se dan en el ámbito privado», ha recordado, a la vez que ha añadido que «esta nueva Ley, largamente esperada, supone un nuevo paradigma de reconocimiento en la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia».
Por otra parte, ha lamentado la ausencia de apoyo del PSOE en la enmienda presentada por Unidas Podemos para prohibir la asistencia y participación de personas menores de edad a espectáculos taurinos. «Esperamos poder llegar a un acuerdo más adelante o en otro marco», ha advertido Muñoz.
En cuanto a los preceptos de la Ley, Muñoz ha destacado el contenido de algunas enmiendas: «Se elimina la posibilidad de que un funcionario público desestime la denuncia de un niño o niña por supuesta falta de madurez». Además, ha resaltado que «se va a dotar la Ley de una marcada perspectiva de género, de la que carecía anteriormente».
«Creo que todos somos muy conscientes de que el maltrato infantil tiene consecuencias a largo plazo, que condiciona la vida de estos niños y niñas cuando son personas adultas», ha indicado.
Por otro lado, la diputada ha asegurado que «con esta nueva Ley se garantizan los derechos de la infancia en todo el territorio y se refuerza el interés superior del niño y la niña como principio rector de la legislación».
La Comisión Técnica para el Estudio e Inventario del Patrimonio Inmaterial de la Generalitat ha decidido aprobar que se proceda a la incoación de declaración de bien de interés cultural (BIC) ‘La paella valenciana. El arte de unir y compartir’, por ser un plato tradicional y contemporáneo al mismo tiempo, constituir un fenómeno integrador y poseer un carácter representativo de la sociedad valenciana.
La paella es un símbolo identitario del territorio valenciano. Ha perdurado a lo largo de los años, transmitiéndose de generación en generación y permitiendo que en la actualidad se siga manteniendo la esencia de nuestras costumbres, prácticas y rituales en el arte de la preparación de este plato.
Es un elemento vertebrador clave de la gastronomía valenciana. Las diversas posibilidades que ofrece su elaboración, junto con su relevancia como icono cultural en el territorio español, convierten a este plato en un bien único no solo del patrimonio cultural valenciano, sino también a escala internacional.
La preparación y elaboración de este plato se han convertido en un fenómeno social. Una simple comida familiar de domingo o un multitudinario concurso de arroces se configuran como un espacio idóneo donde poner en valor la hospitalidad, la buena vecindad, el diálogo intercultural y el respeto que caracteriza a nuestra tierra.
Todas estas características hacen de la paella un bien inmaterial muy preciado, con una tradición histórico-cultural de gran importancia en todos los ámbitos, ya sea local, regional, nacional o internacional. Los métodos de cultivo y obtención de los ingredientes para su elaboración, los instrumentos artesanos que se usan para su cocinado y la amplia tradición histórica que conlleva hacen de la paella un bien exclusivo, merecedor de una distinción que contribuya a mantener y preservar nuestra diversidad cultural frente al creciente fenómeno globalizador.
La solicitud fue presentada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de València con la adhesión de las tres diputaciones provinciales, ayuntamientos, universidades valencianas, entidades culturales, restaurantes y prestigiosos cocineros.
OTROS BRL
La Comisión Técnica, en la reunión mantenida, también ha aprobado la declaración de otros bienes de relevancia local (BRL), entre ellos el Tribunal del Comuner d’Aldaia, por sus conocimientos tradicionales sobre prácticas productivas, procesos y técnicas propias del regadío tradicional de la huerta valenciana, así como una tradición oral y particularidades lingüísticas de conservación de un léxico valenciano agrícola de L’Horta.
También figura en esta lista el Cant de la Carxofa de Alaquàs, que es una composición musical religiosa en la que un niño o niña, vestido de ángel, canta el día 8 de septiembre a la Virgen María del Olivar, y el día 9, al Cristo de la Buena Muerte, desde el interior de un artefacto que cuelga, en forma de alcachofa, y acompañado de una orquesta y un coro de voces.
Por su parte, el Canto de los Mayos supone la celebración de la plenitud primaveral, como vestigio de antiguos ritos festivos de fecundidad de primitivas sociedades agrarias. La hoguera de la Virgen de Loreto, que se celebra el 9 de diciembre, y el Ritual de Judas, que se realiza el mismo Sábado de Gloria y pretende simbolizar el trágico final del apóstol traidor. Estas tres festividades pertenecen al municipio de Venta del Moro.
Por su parte, la Tarde de Jotas en Gátova se celebra cada 24 de septiembre, dentro de las fiestas en honor a la patrona, la Virgen de la Merced. De todos los actos programados, destaca por su arraigo desde tiempo inmemorial, la Tarde de Jotas, una tarde en la que los protagonistas son: música, tradición, historia, cultura, baile, folclore, raíces, gastronomía, etc.
Asimismo, las Danses de les Carasses de Petrer, que se festejan después de las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Remedios. Consiste en un pasacalles amenizado con música tradicional de ‘dolçaina’ y ‘tabalet’, y en el que participan personas enmascaradas y vestidas con trajes y ropajes de décadas anteriores, denominadas ‘carasses’.
También es BRL las Falles de la Nit de Reis de Petrer. En la tarde-noche del 5 de enero, los niños del municipio hacen ruido y llaman la atención de los Reyes Magos con las fallas, unas antorchas de esparto tierno y ‘avell’ (esparto seco) a las que se prende fuego y que se ruedan formando círculos de fuego hasta que se apagan. Todo ello se emplea a modo de reclamo con el fin de orientar a Sus Majestades de Oriente para que vayan a Petrer a depositar sus presentes.
En cuanto a los Fatxos d’Onil de Nochebuena, son una ofrenda con clara procedencia prerromana que forma parte de la historia y tradición del municipio. En origen, rodar los ‘fatxos’ de manera circular fue una fiesta ancestral pagana que celebraba el cambio de etapa del astro Sol. Posteriormente, el significado mutó a la adoración religiosa de dar calor al niño Jesús recién nacido. En la actualidad se ha convertido en una tradición en la que tiene cabida cualquier persona, sea o no creyente, que es lo importante.
L’Albà de L’Alcora, por su métrica especial popular. Se trata de un rito tradicional de Nochebuena que se viene componiendo, según documentos, desde el siglo XVII, cantándose al término de la misa del gallo.
La Comisión Técnica para el Estudio e Inventario del Patrimonio Inmaterial es el órgano encargado de analizar las propuestas para proteger el patrimonio inmaterial y está compuesta por representantes de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, de la Universitat de València, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, de la Universidad de Alicante, de la Universitat Jaume I de Castelló, de la Universidad Católica de València – San Vicente Mártir, del Museu Valencià de la Festa – Convent Sant Vicent Ferrer, del Museu Valencià d’Etnologia y tres representantes designados por la consellería competente en patrimonio cultural.
El escritor barcelonés Jaume Cabré vuelve a la novela con ‘Consumits pel foc’ una década después de ‘Jo confesso’ en una historia en la que combina la situación límite de un personaje desmemoriado con la peripecia de un pequeño jabalí: «Si los personajes te los crees son una ayuda. Pueden ser una caja de sorpresas».
«Lo único que quiero es escribir y creerme los personajes», ha subrayado Cabré este miércoles en rueda de prensa telemática para presentar la novela –que ha publicado Proa en catalán y Destino en castellano–, y ha añadido que es una aspecto que ha ido aprendiendo a medida que ha ido escribiendo.
En la novela, Cabré presenta a un profesor de lengua y literatura que, tras una infancia difícil, se reencuentra con una antigua vecina y que se ve arrastrado por otro reencuentro en una espiral incontrolable que le lleva a situaciones límite.
Cabré, que no ha querido ahondar en el argumento porque ha afirmado que pertenece a cada lector, ha dicho que no se ha planteado que fuera una fábula pese a contar con animales y ha admitido que aparecen unos personajes «tristes, que cada alegría se la tienen que trabajar».
El escritor ha subrayado que los personajes lo van llevando en una dirección concreta: «No tengo capacidad de imaginar todo antes e ir escribiendo», ha subrayado, explicando que en la redacción de este libro ha ido añadiendo y quitando historia a los personajes hasta que funcionaba.
Ha señalado que los personajes lo han acompañado en el proceso de escritura y que la historia «se iba haciendo mientras la escribía».
NO «TENER PRISA»
Preguntado por si le afecta el hecho de que entre ‘Jo confesso’ y esta novela haya pasado una década, aunque entre medio ha publicado libros de ensayos y cuentos, ha subrayado: «El hecho de tardar de una novela a otro no me afecta nada. Escribo cada día».
Ha explicado que cuando era un escritor joven quizá tenía más prisa por escribir, pero que ahora no y que peor es «tener prisa y arrepentirse de lo que se ha escrito», por lo que considera que las prisas son un error.
Por la novela aparecen, fruto de la profesión del protagonista y su querencia por la cultura, personajes literarios, que otros personajes del libro sitúan en el cine, pero que Cabré no ha querido mostrar como una advertencia a una desliterización de la sociedad: «No soy nadie para advertir», ha añadido.
El editor Josep Lluch ha celebrado que se trata de una novela con un uso desacomplejado de la libertad creativa y con unos personajes abocados a situación límite y el editor Emili Rosales ha situado a Cabré como «gran referente» de la literatura catalana; la novela editará 25.000 ejemplares en catalán y 10.000 en castellano.
El presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla (PRC), ve «muy negativo» que Castilla y León haya decididido suspender la vacunación con AstraZeneca y espera que en Cantabria se continúe con ella, aunque ha indicado que será la Consejería de Sanidad la que debe decidir.
«Siempre he defendido que las medidas deben ser de un país o incluso que las medidas deberían de ser de Europa, más arriba, pero ya que en cada comunidad autónoma se tomen medidas de este tipo que crean, primero, una situación de intranquilidad en el resto de los ciudadanos (…) Me parece una medida muy negativa», ha afirmado Revilla, que se ha mostrado «verdaderamente sorprendido» y preocupado por la decisión tomada por Castilla y León.
Revilla ha defendido que, hasta ahora, la información que hay sobre AstraZeneca de los organismos europeos dicen que es una «vacuna segura». «Y digo más, de verdad lo digo, yo estaría deseando que me la pusieran ahora mismo, delante de todo el mundo», ha afirmado.
El presidente de Cantabria ha indicado que, «aunque puede haber algún inconveniente» con esta vacuna, las «ventajas son infinitamente mayores». Por ello, ha apelado a los cántabros que deban ponérsela a ir «sin temor, sin medio, porque es una vacuna segura».
Y como ejemplo de ello, ha indicado que en Reino Unido están administrando «solo» con AstraZeneca y tienen al 30% de la población ya vacunada y la incidencia ha caído de 800 hace 2 meses y están por debajo de 90 y eso es gracias a la vacuna».
Revilla ha realizado estas afirmaciones tras mantener una reunión con el eurodiputado de Cs Luis Garicano y el coordinador de este partido en Cantabria, Félix Álvarez, para hablar de los proyectos de la comunidad que optan a financiarse con proyectos europeos.
El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de su vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, y su portavoz, Blanca Fernández, se han pronunciado ante las nuevas dudas surgidas alrededor de la vacuna de AstraZeneca y después de que Castilla y León decidiera paralizar su administración, asegurando en primer lugar que habrá que esperar al pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y cargando contra el hecho de que la comunidad vecina haya dejado en suspenso las dosis de la farmacéutica de forma «unilateral».
Primero era Blanca Fernández quien explicaba que Castilla-La Mancha va a esperar al pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento y las decisiones que se tomen –ha dicho– se tomarán «en consonancia» con la decisión que adopte la EMA y el Ministerio de Sanidad. «Estaremos muy atentos a lo que pase esta tarde», ha manifestado.
Posteriormente, en otra comparecencia de prensa, el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha insistido en que lo prudentes es esperar al pronunciamiento del Consejo Interterritorial de Salud que se celebra este mismo miércoles, así como a la próxima reunión de los ministros de Sanidad europeos.
«No vamos a tomar ninguna decisión unilateral», ha asegurado, indicando que la decisión que se aplique en estas dos reuniones será la que se aplique en Castilla-La Mancha.
En este sentido, asegura que siempre se confía en la definición de los planes de vacunación, advirtiendo de que la suspensión de AstraZeneca «no puede ser unilateral» en una región «por muchas competencias sanitarias que tengan». «El planteamiento tiene que ser a nivel europeo», ha abundado.
VACUNA RUSA
De otro lado, Blanca Fernández también se ha pronunciado sobre la polémica por las gestiones de Madrid para la vacuna rusa, apuntando que el contacto por parte de las consejerías de sanidad con los laboratorios farmacéuticos es habitual, «otra cosa es con la intencionalidad que se pueda utilizar una determinada foto».
«Respeto absolutamente la estrategia que tenga la Comunidad de Madrid en ese sentido, pero todos sabemos que la compra de vacunas en la Unión Europea se realiza por las autoridades europeas», ha afirmado.
Eso es «lo que nos hace fuertes y lo que nos hace competitivos», ha continuado, y «si se nos ocurriera romper ese criterio por países sería una barbaridad porque nos debilitaría, y si lo hiciéramos por comunidades autónomas sería imposible porque la propia Unión Europea le ha dicho a la Comunidad de Madrid que no puede comprar vacunas».
Fernández cree que esta noticia se circunscribe en una estrategia de campaña, «no muy acertada», a su juicio. Además, cree que se trata de «una polémica innecesaria» porque ahora «necesitamos estar muy unidos, trabajar en la misma dirección y hay determinadas cuestiones con las que no convendría hacer política», ha sentenciado.
El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que su partido ofrece «otra vez» al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, un ‘plan b jurídico’ para que esté aprobado antes de que acabe la prórroga del estado de alarma el próximo 9 de mayo.
Sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado que el Gobierno no cambiará la ley para afrontar el fin del estado de alarma porque ya hay instrumentos suficientes, al tiempo que ha avisado de que las comunidades autónomas deberán cumplir lo que decida el Consejo Interterritorial.
«Ofrecemos otra vez un plan B jurídico para aprobarlo antes del fin del estado de alarma. Para salvar vidas sin arruinar empleos», ha asegurado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.
El jefe de la oposición ha asegurado que, «tras 100.000 muertos» por coronavirus en España, el presidente del Gobierno «sigue rechazado la ley del PP contra pandemias» y «prefiere gobernar por decreto y derivar su responsabilidad en las autonomías».
LAS LEYES QUE EL PP PLANTEA REFORMAR
El PP considera que hay dos reformas que se podrían abordar para limitar la movilidad sin estado de alarma. En primer lugar, el artículo 3 de la Ley Orgánica de 1986 cuya redacción habilita de un modo genérico al Gobierno a tomar «las medidas que sean necesarias» para el control de enfermos o para limitar las entradas o salidas de las zonas afectadas y controlar o limitar el movimiento.
En segundo lugar, el PP plantea una reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para «garantizar eficacia y agilidad sin perder garantías judiciales». Según añade, de esa forma las resoluciones de CCAA o el Gobierno que limiten derechos «serán autorizadas por los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo respectivamente.
El propio vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha recordado este miércoles en TVE que Casado lleva un año haciendo esta propuesta de buscar una alternativa jurídica al estado de alarma que pueda dar «seguridad y estabilidad» a las autonomías. De hecho, el Grupo Popular lo llevó el pasado mes de noviembre al Congreso pero no recibió apoyos suficientes para que se aprobara.
Montesinos ha señalado que el PP sigue «tendiendo la mano» a Pedro Sánchez para acordar ese ‘plan b jurídico’ y ha criticado que el Gobierno no ofrezca «alternativas» a las autonomías tras el 9 de mayo. A su entender, el problema de fondo es que Sánchez «no habla» con el PP de «cuestiones importantes para España».
«IMPROVISACIÓN» DE SÁNCHEZ
Por su parte, la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha indicado hoy en la Cope que si el 9 de mayo cesa el estado de alarma se encontrará con que no tiene un instrumento jurídico que permita seguir tomando medidas tanto al Estado como a las comunidades.
En este punto, ha señalado que con la modificación de la ley 3/86 de medidas especiales en materia de salud pública, se pueden ampliar las competencias del Gobierno que, a su juicio, pretende eludir su responsabilidad con la cogobernanza cuando el reglamento sanitario internacional dicta que es la máxima autoridad sanitaria en una pandemia.
La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha recordado a través de Twitter que el PP ya llevó en noviembre su ‘plan jurídico’ y ha reiterado en ofrecer esa alternativa jurídica. «Hoy Sánchez sigue empeñado en gobernar a golpe de improvisación y propaganda», ha afirmado.
La firma automovilística Cupra, del grupo Volkswagen, ya ofrece el nuevo León con una mecánica híbrida enchufable de 204 caballos de potencia, que se suma a la otra variante del modelo también enchufable de 245 caballos.
Tal como ha informado la marca española, esta nueva versión dispone de la etiqueta medioambiental ‘Cero’ de la Dirección General de Tráfico (DGT) y está disponible tanto en la carrocería de cinco puertas como en la familiar Sportstourer.
«El sistema híbrido enchufable del compacto permite una conducción muy eficiente y ecológica, con todo el carácter que le otorga tanto su increíble comportamiento dinámico como sus altas prestaciones, derivadas del funcionamiento simultáneo del motor eléctrico y del de gasolina», ha subrayado Cupra.
Este sistema de propulsión está compuesto por un motor de gasolina de 1.4 litros TSI que desarrolla 150 caballos y se combina con un propulsor eléctrico de 115 caballos. Ambos asociados a una caja de cambios automática DSG de seis relaciones.
El nuevo Cupra León híbrido enchufable permite circular hasta 63 kilómetros en modo ‘cero emisiones’ con una sola carga, 62 kilómetros en el caso de la carrocería familiar. Además, acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 7,5 segundos o en 7,7 segundos, dependiendo de si es un cinco puertas o un Sportstourer, respectivamente.
La versión e-Hybrid de 204 caballos con cambio DSG está disponible desde 40.900 euros, sin los descuentos aplicados de la marca ni las ayudas del Estado.
PRUEBAS DEL CUPRA BORN
Por otro lado, Cupra ha estado dos años testando su primer coche eléctrico Born en el Círculo Polar Ártico, para someterlo a temperaturas por debajo de los 30 grados centígrados negativos.
En una fase decisiva del desarrollo del modelo, el equipo de Cupra somete el vehículo ‘cero emisiones’ a más de 1.000 test a las temperaturas más gélidas del planeta. Por ello, conduce durante 30.000 kilómetros el coche día y noche.
También se somete a prueba el nuevo Born eléctrico en superficies de hielo y asfalto, recreando las condiciones más difíciles. De esta manera, los sensores de las ruedas analizan el terreno para dar el equilibrio que proporcione la mejor frenada.
Cupra presentará su primer modelo 100% eléctrico a principios del próximo mes de mayo.
Nueve de cada 10 jóvenes dice estar de acuerdo con que se regulen los precios del alquiler, según se ha dado a conocer este miércoles, 7 de abril, en la presentación de los resultados de la Consulta Pública a la Juventud del Instituto de la Juventud (Injuve) para recoger las principales preocupaciones de este sector de la población de cara a su incorporación a la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, con el fin de lograr que España cumpla con la Agenda 2030.
Así, en relación a la vivienda –uno de los ejes que analiza la encuesta—, los jóvenes valoran por debajo de 4 sus posibilidades de acceder a una vivienda antes de los 30 años y marcan como principales obstáculos la inestabilidad laboral en un 37%, la insuficiencia de ingresos en un 33% y el alto precio de los alquileres en un 20%.
Respecto a sus demandas, 9 de cada 10 están de acuerdo en que es necesaria una regulación de los precios del alquiler, «lo que indica un grado de consenso muy elevado», como ha explicado en la presentación de los resultados el director del Centro Eurolatinoamericano de Juventud, José Ismael Criado.
«El tema de la vivienda es un clamor», ha aseverado Criado que ha hecho un llamamiento a partidos y agentes sociales para alcanzar un acuerdo al respecto ya que, como ha destacado, para los encuestados «la futura Ley de Vivienda se ve como una oportunidad inmejorable». La encuesta también revela que, para la gran mayoría de jóvenes, se deberían impulsar ayudas para acceder a la vivienda y piden ampliar el parque público de vivienda.
Esta consulta, abierta desde el 5 de febrero hasta el pasado 7 de marzo y dirigida a jóvenes de hasta 35 años, organizaciones juveniles o prestadoras de servicios a la juventud y direcciones generales de juventud de las comunidades autónomas o municipios, busca dar la voz a los jóvenes como protagonistas de la puesta en marcha de actuaciones que permitan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se han recibido 1.271 respuestas, entre particulares, entidades juveniles y administraciones públicas.
Por ello, se articula en torno a cinco ejes: empleo y emprendimiento, vivienda y emancipación, ecologismo, educación y participación y feminismo siendo los primeros (empleo y vivienda) dos de las grandes preocupaciones de este colectivo pues, como ha resumido Criado, «la libertad no es solo irse de bares y fiesta, la libertad es tener un empleo y una vivienda».
En el capítulo de empleo, los encuestados valoran muy negativamente la calidad y estabilidad en la materia e identifican como problemas en este ámbito los bajos salarios (un 20%), los requisitos de experiencia (un 18%), la temporalidad (un 16%) y la falta de oportunidades y el incumplimiento de los derechos laborales (un 10%).
Más del 90% de los jóvenes participantes considera que las prácticas laborales han de ser remuneradas, que es necesario bonificar la contratación juvenil, fortalecer los planes públicos de empleo y fomentar el empleo juvenil en el ámbito rural.
En materia de educación, los resultados reflejan una defensa masiva del derecho a un sistema de educación universal, de calidad e inclusivo que garantice que nadie se queda atrás. En este sentido, defienden las becas como garantía de la igualdad de oportunidades.
Como problemas más destacados aluden a la falta de inversión en la educación pública, las elevadas ratios profesor-alumno y la falta de adecuación de los temarios y contenidos al mercado laboral. Otros aspectos significativos son que el 84% considera necesario reforzar la educación en igualdad de género, un 92% ve imprescindible impulsar la Formación Profesional y un 90% cree que la educación online ha puesto de manifiesto la brecha digital.
En feminismo, en una escala de 10, los encuestados valoran por encima de 8 favorecer la conciliación familiar, la corresponsabilidad en los cuidados, las leyes para combatir la violencia machista o las políticas públicas para luchar contra la discriminación por género, tales como las acciones positivas.
Asimismo, el 94% está «de acuerdo» o «muy de acuerdo» en que debe haber mayor compromiso empresarial e institucional para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres y garantizar el acceso a las mujeres a puestos de responsabilidad.
En medio ambiente, la crisis climática y la protección del medio ambiente se perciben como cuestiones prioritarias y sus principales preocupaciones son la dependencia de plásticos de un solo uso (12%), la contaminación del aire (10%), la protección de los animales (7%), el aumento de la temperatura global (7%), los vertidos tóxicos al mar (7%) y la deforestación (6%).
En este campo, para el 72% de encuestados la juventud es el colectivo más perjudicado por la crisis climática, el 97% considera que las administraciones públicas deben garantizar una transición ecológica justa y un 98% piensa que se puede detener el cambio climático o reducir su impacto.
ODS Y JÓVENES
Estos datos se han presentado en el ‘Encuentro con la Juventud’, cuyas conclusiones se incorporarán al informe para la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible que se enviará a Bruselas. El acto ha sido clausurado por el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, quien tomó recientemente el relevo de Ione Belarra, actual Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y que ha destacado en su intervención el «alto conocimiento por parte de los más jóvenes sobre los ODS, aunque no sea en profundidad, es un primer paso».
La encuesta revela que el grado de conocimiento de los ODS entre los jóvenes es relativamente alto: 3 de cada 4 los conoce (el 76%), aunque poco más de 1 de cada 4 afirma conocerlos en profundidad (el 27%). A partir de los 25 años, el grado de conocimiento es ligeramente superior, sobre todo de quienes los conocen en profundidad.
Además, los jóvenes muestran mucha confianza en su capacidad para incidir en la implantación de los ODS: un 85% la valoran ampliamente y solo un 3% no tiene ninguna confianza en que la juventud pueda desarrollar ese papel. Por todo ello, Santiago también ha reconocido que «el reto» al que se enfrentan «es complicado» y ha apelado a «la movilización ciudadana permanente» para alcanzar los retos fijados.
Por su parte, la directora general del Injuve, María Teresa Pérez, ha inaugurado el encuentro y ha destacado que esta iniciativa «es una apuesta por la juventud como factor indispensable de desarrollo y de transformación social que debe protagonizar el cambio hacia un nuevo modelo de cara a la consecución en 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible».
Además de los cargos institucionales, han participado como representantes de la juventud 11 asociaciones especializadas en lasprincipales problemáticas: EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social), Jóvenes CCOO, Juventud RUGE (UGT), Coordinadora de Vivienda de Madrid, Sindicat de Llogateres, Fridays For Future, Extinction Rebellion, Federación Mujeres Jóvenes, Grupo Joven de la FELGTB, Cruz Roja Juventud y el Consejo de la Juventud de España.
La Real Academia de la Historia ha habilitado el acceso libre y gratuito al entorno avanzado del Diccionario Biográfico, con información de más de 50.000 personajes relevantes de la Historia hispánica desde el silgo VII antes de Cirsto hasta el siglo XX.
El enlace ‘www.rah.es’ permitirá acceder a dataciones cronológicas que abarcan más de 2.700 años de Historia. «Es una profunda alegría y hoy cumplimos con el objetivo que perseguimos desde nuestra constitución: acercar la información a todo el público interesado, sin restricción alguna», ha señalado al directora de la RAH, Carmen Iglesias.
Iglesias ha destacado que en este diccionario se han incluido a «todos aquellos personajes que hayan destacado en varias disciplinas», un trabajo que ha sido elaborado por más de 45.000 historiadores. «La Historia del mundo no puede escribirse sin la Historia de España», ha añadido la académica.
«Presentamos una lectura polifónica de nuestro pasado, hombres y mujeres que durante siglos han contribuido a forjar el rostro de nuestro presente. No ha habido en España un proyecto cientifico cultural tan colaborativo como este diccionario, con investigadores pertenecientes a más de 500 instituciones», ha destacado Iglesias.
A día de hoy, la RAH recibe consultas de casi 200 países y espera que con este proyecto se aumenten en los próximos meses. El diccionario incluye biografías pertenecientes a todos los ámbitos, disciplinas y saberes así como a todos los territorios que, además de la Península Ibérica, formaron parte de la Administración española, ya sean ultramarinos (la América virreinal, Cuba, Puerto Rico, Filipinas) o transpirenaicos (Países Bajos, el Franco Condado, el Milanesado).
Este tesauro incluye más de 60.000 páginas de texto, accesibles de modo pleno y gratuito en Internet. En el Diccionario han participado más de 4.500 historiadores e investigadores especializados, españoles y extranjeros, que han elaborado los textos.
«Respaldados por la Real Academia de la Historia, los textos cuentan con el criterio de autoridad y la garantía de calidad científica frente a los rasgos generales de anonimia y ausencia de refrendo que caracteriza gran parte de los contenidos disponibles en la Red», ha aclarado la institución.
El desarrollo de la plataforma digital ha tenido en cuenta criterios de accesibilidad, usabilidad y sencillez en la recuperación de los datos. Habrá un buscador avanzado en el que cada uno de los personajes ha sido parametrizado según una veintena de criterios y que permite la localización alfabética, búsquedas por descriptores normalizados, búsquedas textuales en las biografías, acotaciones cronológicas, geográficas y disciplinares, por ámbito religioso-cultural y por sexo.
Asimismo, tendrá un doble sistema de referencias en el que todos los personajes aparecen relacionados entre sí con varios niveles de contextualización. Al final de cada una de las biografías se muestra toda la red de relaciones de cada personaje que incorpora, por un lado, a los personajes mencionados en esa biografía y, por otro, aquellas biografías en que aparece citado el personaje en cuestión.
Además, el usuario podrá acceder directamente a ‘Personajes similares’ que muestra otros resultados en función de diversos criterios de cercanía o afinidad cronológica, geográfica o disciplinar.
El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha clausurado el acto defendiendo que este diccionario «ayudará a tener un conocimiento más riguroso del pasado». «Hoy siento satisfacción ante este proyecto educativo que será un referente obligado y una fuente informativa única», ha concluido.
El Gobierno se comprometió a reunirse esta semana con la dirección de Alcoa para «desbloquear» las condiciones de compra de la planta de Cervo (Lugo) por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para «poder adecuarlas a la ley», según informa el comité de empresa.
En concreto, estas condiciones se refieren a la «inmunidad requerida por Alcoa anterior, presente y futura a la venta». Esta petición se produce en un momento en el que la justicia investiga la operación por la que Alcoa se desprendió de las plantas de A Coruña y Avilés, actualmente Alu Ibérica.
Tras la reunión telemática de este martes, el comité señala que otro de los compromisos del Ejecutivo fue mantener esta semana también otra reunión, en este caso con Liberty, «a fin de concretar la solvencia y estado financiero del grupo para poder continuar como potencial comprador». En el caso de que esta opción no salga adelante, el ministerio se abrió, según el comité, «a buscar otras soluciones».
De acuerdo con lo que apuntan los representantes de los trabajadores, en la cita de este martes, Industria, Xunta y sindicatos-comité quedaron en volver a verse después de estos dos encuentros (con Alcoa y con Liberty) y antes de que vuelva a reunirse la mesa multilateral (esta ya sí, con la presencia de la multinacional estadounidense).
¿DEL SECTOR INDUSTRIAL?
Tal y como trasladó el secretario general de Industria, Raül Blanco, el comité da cuenta de que el Gobierno «comunicó que había varios potenciales compradores interesados, sin concretar si pertenecen al sector industrial».
En este contexto, el comité pidió «avanzar» y «que agilicen» el proceso, y advirtió a las administraciones públicas que «la ciudadanía no entendería que fueran ahora los organismos públicos quienes retrasasen la solución al conflicto».
La evaluación de los conocimientos financieros de los españoles es de un seis sobre diez de media, con un 70% de los individuos con conocimientos medios y altos (con más de un 5), frente a un 25% con bajos o muy bajos (suspensos), según un documento de trabajo publicado este miércoles por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Estos datos son resultado de la Encuesta de Competencias Financieras (ECF) realizada a personas de entre 10 y 80 años por el Banco de España y la CNMV en los años 2016 y 2017 en el marco del Plan de Educación Financiera 2013-2017.
La franja de edad con peores resultados se corresponde con la de los más mayores: los participantes de entre 18 y 54 años cuentan con unos conocimientos medios y altos, frente los que tienen entre 65 y 80.
En cuanto al sexo, la CNMV aprecia la existencia de una brecha de género, según destaca el documento de trabajo. El 84% de los hombres tiene unos conocimientos generales medios o superiores, mientras que la proporción baja hasta el 79% en las mujeres.
La formación también tiene una fuerte influencia en el nivel de conocimientos financieros de los individuos, ya que la encuesta revela que cuanto mayor es el nivel de educación recibida, mayor es su resultado en la evaluación.
No obstante, se observa que las etapas más influyentes son las iniciales: el crecimiento marginal se estabiliza a partir de la educación possecundaria no superior.
Asimismo, cuanto más alta es la renta del individuo encuestado mejor es su nota de conocimientos financieros, aunque la progresión no es proporcional: la mayor variación se observa al pasar de tramos de renta baja a media.
ACTITUD ANTE EL AHORRO
La encuesta también preguntaba a los participantes sobre el ahorro y revela que el 70,5% le da una alta importancia a su ahorro personal, frente al 22%, que tiene una preocupación «moderada». Sin embargo, estos datos contrastan con los obtenidos directamente de la ECF, de los que se desprende que el 39% de la población no ahorra.
La CNMV explica en el documento que esta diferencia puede deberse a la imposibilidad para ahorrar, además de las diferencias cognitivas entre lo que uno percibe de sí mismo y lo que efectivamente realiza.
Respecto a las formas de ahorro, destacan las cuentas corrientes y el metálico, con unos resultados del 38,8% y del 23,3%, respectivamente, seguidos del ahorro mediante una cuenta a plazo, con el 8,7%, y las aportaciones a planes de pensiones individuales, con el 6,6%. Solamente utiliza productos financieros más complejos el 3% de la población.
Esto no se limita solo al ahorro: si bien prácticamente la totalidad de los encuestados posee o ha poseído cuentas corrientes, el resto de productos son menos comunes. El 58% tiene o ha tenido tarjetas de crédito y el 30%, hipotecas, seguros de vida o cuentas de ahorro.
Por el contrario, la inversión en acciones, fondos de inversión y activos de renta fija y pública es mucho menor, con un 14%, un 9% y un 2%, respectivamente.
La Generalitat sostiene que la defensa de los intereses de los regantes alicantinos en el marco de las diferencias surgidas en torno a la gestión del trasvase Tajo-Segura «constituye un principio absolutamente irrenunciable por el que vamos a pelear hasta las últimas consecuencias».
Así lo han afirmado este miércoles el secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, Roger Llanes, y la delegada del Consell en Alicante, Antonia Moreno, tras la celebrar una reunión de trabajo, según han informado fuentes de la Generalitat.
Ambos han realizado un llamamiento al Gobierno de España, y más concretamente al Ministerio de Transición Ecológica, para que «abra una vía de diálogo, tanto con la Generalitat como con los propios regantes, a fin de articular desde el consenso, el acuerdo y la negociación permanentes cualquier modificación en las actuales reglas establecidas para la gestión del trasvase».
«El agua es un bien esencial para el futuro de esta zona y cualquier decisión que pueda adoptarse al respecto tiene que tener en cuanta la realidad y las necesidades de los regantes alicantinos, cuyos intereses son para nosotros una cuestión prioritaria a la que no vamos a renunciar en modo alguno», ha señalado Roger Llanes en alusión a los planes para cambiar los criterios de distribución del agua en el marco del trasvase Tajo-Segura.
El secretario autonómico también ha recalcado que la defensa del trasvase es un «compromiso explícito» del ‘president’ Ximo Puig. En este sentido, Moreno ha recordado que la Generalitat ya ha anunciado que presentará alegaciones a cualquier modificación que afecte a las actuales reglas de explotación.
El Consell demuestra con hechos su defensa de los regantes de Alicante, tal como lo demuestra el hecho de que se haya personado en los tribunales casi en cuarenta ocasiones, es decir, siempre que sus derechos se han puesto en entredicho por un motivo u otro», ha manifestado.
Durante el encuentro también se ha informado acerca de las obras de reparación en caminos rurales que se vieron afectados por la DANA en un total de 28 municipios de la provincia de Alicante: 23 en la Vega Baja y cinco en la comarca de El Comptat. El presupuesto total dedicado a esta finalidad asciende a 4,2 millones de euros, de los que 2,8 se destinarán a los trabajos de acondicionamiento de vías rurales en la Vega Baja y los 1,4 restantes a los de la zona de El Comptat.
El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, José Fiscal, ha criticado este miércoles las «mentiras» del Gobierno de PP-A y Cs y que solo busque «oponerse a lo que se dicte» desde el Ejecutivo central, «sea una cosa, la contraria o una tercera», con «el objetivo claro de desviar la atención de la gestión nefasta del coronavirus en Andalucía» que realiza el Ejecutivo andaluz.
De esta manera, y en una rueda de prensa en el Parlamento, Fiscal ha aseverado que por parte del Ejecutivo andaluz no tienen «ningún criterio» en esta pandemia «más allá que oponerse a lo que venga del Gobierno de España», y lo hacen para «desviar la atención de su gestión nefasta», porque «todas las olas» de la pandemia «que han sido gestionadas por la Junta han sido más graves que la primera, que se gestionaba en Madrid», según ha opinado.
El portavoz ha subrayado que desde el Grupo Socialista siguen «muy preocupados por la evolución de la cuarta ola» de la pandemia en Andalucía, y ha señalado que los ciudadanos de la región «están en tensión mientras el Gobierno de Moreno pierde el tiempo».
Fiscal ha denunciado que por parte del Ejecutivo andaluz «confunden con indicadores, marean con las restricciones, mienten con un descaro inconcebible sobre las vacunas y no dan explicaciones ni toman medidas extraordinarias ante una situación extraordinaria».
Además, ha acusado a la Junta de tener «completamente abandonados los frentes sanitarios, económicos, laboral y social» de la pandemia, y «los silencios y mentiras» de Juanma Moreno «demuestran que su gestión como primera autoridad de Andalucía es un auténtico y absoluto fiasco».
Ha alertado de que la comunidad andaluza «llega a la cuarta ola con una tasa de positividad en Covid del 38% por encima de la media nacional», además de que sigue «a la cola del país» en realización de pruebas PCR y con los centros de salud «cerrados» a la atención presencial de los médicos «pese a la promesa» del presidente de la Junta de que «el 2 de marzo iban a estar abiertos».
El parlamentario socialista ha criticado también que, pese a que hace «semanas» de que la presencia del virus en Andalucía está experimentando un «progresivo ascenso», Juanma Moreno no reúne «hasta esta tarde al comité de presuntos expertos para evaluar la situación y tomar medidas», porque «pasó la Semana Santa sin trabajar».
PIDE EXPLICACIONES DE MORENO
El representante del PSOE-A ha defendido que el presidente de la Junta tiene la «obligación» de «explicar qué está pasando en Andalucía» y la evolución de la pandemia en esta «cuarta ola», y ha criticado que Moreno «hasta ahora lo único que hace es lamentar que la cuarta ola está aquí, y nada más».
«Es el presidente de todos los andaluces, no un analista de la actualidad», por lo que tiene que adoptar medidas, según ha incidido José Fiscal en referencia a Juanma Moreno, a quien los socialistas exigen que «aclare» si la Junta ha preparado a la comunidad autónoma para esta cuarta ola, así como si va a aprobar «alguna medida» de ayuda a empresarios y trabajadores «a soportar lo que se puede venir encima» con esta nueva fase de la pandemia.
Los socialistas andaluces también exigen a Moreno que «detalle el protocolo de vacunación en Andalucía, que informe de fallos que se han producido» en dicho proceso, y que «complemente los 1.109 millones» que el Gobierno ha asignado a la comunidad autónoma de la línea de ayudas directas a los sectores «más perjudicados» por la pandemia.
«No puede ser que las únicas subvenciones que se dan en Andalucía provengan del Gobierno central», ha aseverado José Fiscal antes de agregar que desde la Junta tienen que «aclarar muy bien» por qué «prefiere pagar deuda a los bancos en vez de mejorar la sanidad para corregir los déficits» que presenta.
Así las cosas, ha criticado que Moreno «lleva desde octubre de 2020 sin dar la cara en el Parlamento de manera específica para hablar de la evolución de la crisis del coronavirus», y «sigue escondido, más allá de alguna comparecencia ante medios de comunicación. «Si esto no es cobardía política, que venga Dios y lo vea», ha comentado el portavoz socialista.
Ha enfatizado que Moreno «no puede esperar más» para comparecer en el Parlamento y explicar qué está haciendo el Gobierno andaluz «para abordar la cuarta ola, lo que se ha diseñado» al respecto, «cómo va la vacunación, qué previsiones hay, qué ayudas va a aportar a los sectores que tan mal lo están pasando».
«Vivimos una situación excepcional, crítica, y el presidente debiera estar a la altura de esta situación, asumir su responsabilidad y dar explicaciones, seguridad y certidumbre», según ha aseverado el dirigente socialista.
UN GOBIERNO «MENTIROSO»
Fiscal también ha acusado al Gobierno andaluz y a su presidente de ser un «mentiroso», y ha advertido de que «las mentiras que profiere» el portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo (PP-A), «las diseña y comparte con Moreno».
En esa línea, ha comentado que el presidente de la Junta «tiene que tomar medidas de inmediato, frenar la máquina de mentiras y montajes» del portavoz de su Ejecutivo, y «no puede consentir que se siga sembrando el caos, la incertidumbre en algo tan serio como el sistema de vacunación».
Al respecto, José Fiscal ha subrayado que Juanma Moreno «sabe que el sistema acordado entre Gobierno y comunidades autónomas distribuye las vacunas por población diana», y que «hasta el propio consejero» de Salud, Jesús Aguirre, «ha tenido que corregir a la máquina de proferir mentiras que es Bendodo».
«Andalucía es el territorio que más dosis recibe» de vacunas, según ha abundado el portavoz socialista antes de agregar que «no puede ser que el gobierno» de la Junta «siga exigiendo que lleguen más dosis a Andalucía porque ayer mismo tenía casi medio millón de vacunas sin poner, redondeando», según ha advertido.
Ha insistido en que la Junta debe «reforzar de verdad la sanidad y volcarse con la vacunación, que es la esperanza de los andaluces, y no lanzar bulo tras bulo, mentira tras mentira», y ha lamentado que por parte de Bendodo «se ha llegado a sobrepasar límites de la humanidad, decencia, al despreciar que el 70% de los españoles pueda estar protegido en verano» con la vacuna.
«¿Todo vale para este gobierno con tal de atacar al Gobierno progresista de España?», se ha preguntado el portavoz socialista, quien, finalmente, también ha llamado la atención acerca de que por parte de la Junta se critique el fin del estado de alarma que prevé el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras el 9 de mayo, cuando «estaban en contra de que se decretara cuando se decretó».
