La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha avisado este lunes de que no se sienten «en absoluto presionados» tras el preacuerdo alcanzado entre ERC y CUP para investir al candidato republicano, Pere Aragonès, como presidente de la Generalitat, del que asegura desconocer los detalles.

«Es un preacuerdo, no un acuerdo. No podría dar más detalles porque es un preacuerdo, del que no conocemos los detalles, más allá de lo que se explicó en una nota de prensa breve por parte de ERC y la CUP. No sabemos nada más allá de lo que dice esta nota», ha recalcado en rueda de prensa telemática.

Según Artadi, desconocen si el preacuerdo entre los republicanos y los anticapitalistas es un acuerdo de legislatura o para una investidura «y a ver qué pasa», y ha preguntado cómo deben abordarse ámbitos que no recogen como la educación, la juventud y la reactivación económica.

«No queremos que este Govern sea un Dragon Khan o un Vietnam. Queremos que sea un Govern estable, que permita salir de la crisis y que permita tener un acuerdo de legislatura que dé recorrido al 52% de voto independentista», ha subrayado.

Así, ha defendido que el objetivo de Junts es buscar un acuerdo de legislatura, que incluya los presupuestos, y ha advertido de que garantizar sólo la investidura llevaría a tener «al día siguiente a un Govern débil, que debería negociarlo todo, y ésta no es la estabilidad que necesita el país ni el independentismo».

«El acuerdo óptimo es un buen acuerdo de legislatura», ha reivindicado la vicepresidenta de Junts, que ha explicado que este mismo lunes se reunirán con ERC y también con la CUP.

Después de que los anticapitalistas hayan afeado a Junts que no les está «devolviendo las propuestas» que les han trasladado, Artadi ha replicado que el viernes se reunieron con la CUP, y que también lo hará este lunes y el martes.

A la espera de que el viernes se celebre el pleno de investidura, Artadi ha asegurado que seguirán trabajando para lograr un acuerdo de legislatura, pero ha evitado concretar si cree que será posible alcanzarlo esta semana así como los escollos de la negociación.

CONFERENCIA DE JORDI SÀNCHEZ

Para aclarar el posicionamiento de Junts, el secretario general del partido, Jordi Sànchez, pronunciará la tarde de este martes una conferencia, bajo el título de ‘Un Govern para hacer, un Govern para ser’, que pretende abordar la situación política actual tras las elecciones del 14 de febrero.

«Tras las elecciones y el inicio de las negociaciones, hemos querido esperar la semana del pleno de investidura para explicar nuestro posicionamiento», ha expuesto Artadi.

CONGRESO EXTRAORDINARIO

También ha explicado que han convocado un congreso extraordinario el 24 de abril para avanzar en la constitución del Consell Nacional del partido, que es el órgano que deberá validar los acuerdos que se tomen y orientar la política de Junts.

Está previsto que en el congreso extraordinario se elija la presidencia del Consell Nacional, y que, en un plazo de 15 días, se convoque la primera reunión.

El expresidente de Banco Popular Emilio Saracho ha pedido a la Audiencia Nacional que termine de realizar cuanto antes las diligencias pendientes en la pieza del caso Popular que le afecta para que así concluya la instrucción de esa parte y acabar con un proceso penal que «constituye de por sí una pena».

«En el caso que nos ocupa, no podemos dejar de recordar el pensamiento de Carnelutti al decir que el proceso penal constituye de por sí una pena, más en el caso de mi representado, quien, por 108 días en la presidencia, lleva más 3 años sometido a un proceso penal, con noticias constantes en los medios de comunicación y el daño reputacional, familiar, moral y psicológico que eso conlleva», apunta la defensa en un escrito con fecha de 16 de marzo.

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, investiga en dos piezas separadas el proceso que acabó con la resolución del Banco Popular. La primera se centra en las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital de más de 2.500 millones de euros; y la segunda pone el foco en las filtraciones a la prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.

La defensa de Saracho recuerda que su cliente fue presidente –en sustitución de Ángel Ron– sólo desde el 20 de febrero de 2017 hasta el 6 de junio de ese mismo. Y añade que desde hace ya más de un año la mayoría de las diligencias acordadas «guardan exclusiva relación con el periodo anterior a su llegada» a la presidencia de la entidad.

LOS TÉCNICOS DE LA CNMV QUE ELABORARON EL INFORME

Por ese motivo, y dado que las dos piezas investigan hechos y sujetos «totalmente diferenciales», incide la defensa en que se debe poder distinguir el devenir de sendas piezas. Y así, solicita que se cite cuanto antes a los técnicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que realizaron los informes sobre el periodo en el que Saracho presidió el Popular para concluir por fin la instrucción que atañe a su representado.

Además, hace hincapié en que es «fácilmente apreciable» que la investigación sobre los hechos acaecidos antes de la llegada de Saracho a la presidencia «se ha ido engordando significativamente» y que las diligencias ordenadas en ese ámbito van a consumir también mucho tiempo porque los últimos informes periciales encargados requieren el análisis de «una ingente información bancaria».

Al hilo, recuerda que la diligencias relativas a la licitud o ilicitud de la actuación de Saracho al frente del Banco Popular se practicaron entre el 2 de octubre de 2019 y el 29 de octubre de 2020 cuando tuvo lugar la declaración testifical Miguel Escrig. E incide en que por tres meses y medio de trabajo de su representado para el Popular se encuentra inmerso en un procedimiento judicial incoado en octubre de 2017 «con los perniciosos efectos que ello conlleva» para su vida laboral.

EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL

La defensa señala que esas testificales que faltan por realizar, la de los peritos de la CNMV, se solicitaron ya en enero de 2020 y hasta la fecha no se han llevado a cabo. Indica además que se pidieron atendiendo a lo declarado por el expresidente de la CNMV Sebastián Albella quien dijo que ellos eran los conocedores de los pormenores de lo ocurrido.

Apunta que la deriva de esta causa hace que se pueda llegar a mantener a varios imputados en la pieza relacionada con Saracho «con los daños que este proceso ya ha supuesto para estas personas y seguiría suponiendo», por lo que recuerda que existen mecanismos para «paliar esta afección de derechos fundamentales».

Cita así la separación de causas en piezas, la acotación del objeto de la investigación o el dictado de sobreseimientos provisionales parciales respecto de alguna o algunas personas encausadas. «Este último instrumento, el archivo provisional, es útil para poner punto y aparte a una investigación sin perjuicio de que, si resulta de la práctica de nuevas diligencias hechos nuevos que apunten a la necesidad de revocar dicho sobreseimiento, así se decida», añade.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha defendido este lunes que el candidato socialista en las elecciones autonómicas de Madrid, Ángel Gabilondo, es «autónomo» y tiene «todo el derecho» a rechazar pactos de gobierno con el todavía vicepresidente segundo del Ejecutivo central y candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y a presentar su proyecto «sin interferencias de otras candidaturas».

En todo caso, el también ministro de Transportes ha asegurado que no cree que esto genere «ningún problema» con Iglesias dentro del Gobierno de coalición, porque él también «se ha puesto en clave de candidato para Madrid y entenderá estas cuestiones perfectamente», según Ábalos.

Además, ha defendido que no se puede comparar el equilibrio de fuerzas que existe en el Congreso y que dio lugar al Gobierno de coalición entre POSE y Unidas Podemos, que el que hay en la Comunidad de Madrid, como demuestra el hecho de que Más Madrid tiene en la Asamblea mucha más presencia que Más País en la Cámara baja –al contrario que Unidas Podemos–.

«Estamos en campaña, y es el momento en que cada uno plantee cuál es su fórmula, y la fórmula del PSOE es salir a ganar, tratar de aplicar su proyecto, sin interferencias anticipadas», ha justificado Ábalos en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede socialista de Ferraz tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE.

Así lo ha puesto de manifiesto, al ser preguntado por las declaraciones que ha realizado Gabilondo, mostrándose dispuesto a pactar con Ciudadanos o Más Madrid para formar gobierno, pero no con Iglesias, por su «clima de confrontación».

«Estas declaraciones son evidentemente del candidato, que tiene todo el derecho, como candidato autónomo, y tiene la confianza para definir sus propuestas y sus preferencias. Es una cuestión del candidato. El partido no ha tratado esta cuestión. Nosotros tenemos una experiencia positiva del Gobierno de coalición», ha afirmado Ábalos.

De este modo, ha distanciado al PSOE y al Gobierno de las preferencias de Gabilondo, pero al mismo tiempo ha avalado su determinación de rechazar pactos de gobierno con Iglesias, al defender que es su decisión.

En esta línea, ha defendido que debe desarrollar su proyecto sin «interferencias» de otras candidaturas, porque él sale a ganar y «tiene posibilidades», como ya demostró en los pasados comicios, en los que fue el candidato más votado.

Y al mismo tiempo, ha insistido en que la situación en Madrid no se puede comparar con la que hay a nivel nacional, porque los equilibrios de fuerza son totalmente diferentes, lo que se refleja también en el Gobierno central.

«El Gobierno de la nación tiene una singularidad en su representación política, véase el Congreso, y la Asamblea, pues tiene otra. No tiene más que ver el peso de Más Madrid en la Asamblea, con el peso de Más País en el Congreso», ha recalcado, justificando así la preferencia de Gabilondo de pactar con la candidatura que lidera Mónica López que con Podemos.

En esta línea, ha insistido en que «es tan diferente» el escenario en Madrid que «obviamente» la conclusión que hay que establecer o las actuaciones que cabe desarrollar «deben darse en función de la realidad y no es trasladable la representación política del Congreso con la de la Asamblea de Madrid».

GABILONDO «NO ES TAN SOSO»

Por otra parte, ha reivindicado a Gabilondo como candidato, y ha defendido que es un «profesor serio y formal» y «no es tan soso» como se le presenta, sino que representa la «honradez» y demuestra que se puede ser insistente y persistente «sin perder la templanza».

Por contra, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, asegurando que hace oposición al Gobierno central solo para hacer «carrera política» sin importarle los ciudadanos.

Los hogares españoles gastaron una media de 63 euros en agua embotellada en 2019, según el estudio ‘Día del Agua en Datos’ presentado por AIS Group, el Observatorio de la Sostenibilidad y Esri España, con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua.

Esta iniciativa recoge diferentes aplicaciones y cuadros de mando sobre el gasto de las familias españolas en agua mineral y suministro de agua corriente, con datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El informe señala que el mayor gasto en agua mineral implica peor calidad de agua de grifo y menos consumo de agua corriente para beber. Este consumo tiene mayor impacto ambiental por la captación, el embotellado, el transporte de las mercancías, y posteriormente la gestión de los residuos de las botellas, existencia de micro plásticos, y finalmente la deposición o gestión final de los residuos plásticos o vidrio que se utiliza.

Dado lo menor del gasto medio de las familias en esta partida, la investigación concluye que la calidad del agua en España «es bastante aceptable», pues el nivel de este gasto se ha mantenido prácticamente sin cambios entre 2015 y 2019 (último año con datos disponibles).

Sin embargo, es cierto que entre las distintas provincias sí hay notables diferencias en cuanto a lo que invierten las familias en agua mineral, lo que denota que en ciertas regiones la calidad del agua «es más pobre» y hay una mayor recurrencia al agua mineral.

Así, el estudio revela que son Tenerife, Las Palmas y Baleares las provincias donde el gasto medio de las familias en agua embotellada es mayor, moviéndose en un rango de entre 120 euros y 140 euros al año por hogar.

Tras los archipiélagos, están las provincias de todo el levante, donde la inversión media va desde los casi 90 euros de Lleida y Murcia, a los 77 euros de Girona. También por encima de la media nacional están Zaragoza (68 euros) y Huesca (67 euros).

En el lado contrario del ranking, están las tres provincias vascas, donde el gasto medio anual apenas supera los 20 euros por hogar. El cuarto menor registro es para Madrid con tan sólo unos céntimos por encima de los 30 euros.

El informe subraya que el tipo de suelo predominante en cada zona tiene una cierta influencia en el consumo de agua embotellada. Así, las regiones con suelos de mineralización débil, es decir granitos y zonas ácidas, como Madrid, Galicia y el Norte de España, registran el gasto medio más bajo en agua mineral entre sus residentes.

En cambio, las zonas con suelos con alta mineralización o básicos, como puede ser el de la costa mediterránea, aportan otras características al agua que pueden afectar más a su sabor y provocar que se incremente la compra de agua embotellada.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, se ha mostrado este lunes convencida de que puedan desencallar las negociaciones con Junts para poder alcanzar un acuerdo antes del viernes, que sea «coherente» con el preacuerdo que los republicanos han cerrado con la CUP, para garantizar la investidura de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat.

En rueda de prensa telemática, ha afirmado que con la CUP las negociaciones han avanzado más rápido y que por eso han podido ultimar un preacuerdo, pero espera que esta semana ocurra lo mismo con Junts, aunque reconoce que tienen diferencias: «Tenemos puntos de vista diferentes, matices diferentes, pero lo lograremos».

«Nos necesitamos todos», ha afirmado, ya que ve necesario sumar a los tres partidos independentistas para investir a Aragonès y constituir el nuevo Govern, de manera que ha afirmado que trabajarán incansablemente para lograr este acuerdo antes del viernes, la fecha máxima para celebrar el primer pleno de investidura.

La portavoz republicana ha explicado que en las negociaciones con Junts se están trabajando varios documentos, ya que están abordando a la vez cuestiones como la estructura del Govern, las políticas públicas del próximo Ejecutivo y la estrategia independentista, y ha asegurado que tienen «cierta coherencia» con el preacuerdo entre ERC y la CUP.

Este preacuerdo, que debe validarse en los órganos internos de ambas formaciones, incluye, entre varias cuestiones, la suspensión del uso de proyectiles de foam hasta que se publiquen sus protocolos y se compromete a preparar las condiciones para «un nuevo embate, preferentemente en forma de referéndum».

Así, Vilalta ha augurado que será «plenamente posible» que el eventual acuerdo con Junts sea compatible con lo acordado con la CUP y facilite la investidura de Aragonès, aunque ha rechazado dar más detalles sobre las negociaciones.

«Lo que hemos hecho y que hay seguir haciendo es seguir trabajando para articular esta mayoría de cara al viernes. Acabar de concertar un acuerdo con Junts que sea coherente y compatible, y así lo hemos estado haciendo desde el primer día, con lo que hemos ido avanzando. Y lo vemos plenamente posible que esta semana podamos avanzar suficientemente rápido», ha subrayado.

CONSELL PER LA REPÚBLICA

Preguntada por las diferencias entre ERC y Junts sobre el papel que debe tener el Consell per la República, Vilalta ha dicho que es una cuestión más en las negociaciones pero ha negado que sea el «escollo principal».

La dirigente de ERC ha defendido que el Consell es importante en el camino hacia la independencia porque tiene capacidad de organizarse fuera del Estado y hacer cosas que las instituciones catalanas no pueden, pero ha apostado por «reformular» su función para que aglutine a todos los partidos independentistas.

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, ha señalado en el debate de la moción de censura propuesta por el PSOE en Castilla y León que no ve «certidumbre» en el proyecto del candidato propuesto por los socialistas, Luis Tudanca, aunque ha asegurado que esto no supone que dé «carta blanca» al actual dirigente de Gobierno, Alfonso Fernández Mañueco.

Pascual Muñoz avanzó durante el pasado fin de semana su decisión de abstenerse en la votación de esta moción de censura en cuyo debate ha aprovechado para respaldar a los ciudadanos que «no entienden» lo que se debate en las Cortes. «Entiendo las críticas que nos dicen que no estamos a lo que hay que estar, estoy totalmente de acuerdo», ha lamentado.

De este modo, el procurador de Por Ávila ha considerado que la moción de Castilla y León se ha visto «arrastrada» por el «terremoto político nacional» que ha tenido su «réplica» en Castilla y León fruto de una «falta de entendimiento» y una «visión personalista». «Los grandes partidos convierten a Castilla y León en tablero político», ha afeado.

«Hemos perdido el rumbo, dejen de pelearse por las sillas y los sillones, tengamos altura de miras, a mi lo que me mueve es la lucha por el beneficio los abulenses», ha aseverado.

Tras esta intervención, el portavoz socialista y candidato a la Presidencia en la moción de censura que se debate este lunes, Luis Tudanca, ha respondido al representante de Por Ávila, al igual que lo ha hecho con el resto de partidos.

«Durante más de 30 años lleva pasando lo mismo y usted lo sabe, por eso el cambio es tan necesario, necesitamos en cambio de gobierno hoy», ha señalado, tras lo que ha defendido que «equidad» es «dar más a quien más lo necesita». «Los territorios necesitan equidad».

«Ávila no puede ser una sucursal de Madrid ni un satélite de esta Comunidad, queremos hacer con la sanidad lo contrario de lo que han hecho ellos durante 30 años, queremos fortalecerla y blindarla, no caciconear», ha defendido.

En su intervención, Tudanca ha recordado a Pascual Muñoz que ha tenido que presentarse esta moción de censura para que la Junta «al menos» adjudique las obras de radioterapia en Ávila tras 20 años de «promesas». «Es necesario que cambie Ávila y que cambie Castilla y León para darle un mejor futuro», ha señalado.

En respuesta a esta alocución, el procurador de Por Ávila ha insistido en que él trabaja por los «abulenses» y para que la provincia deje de ser «el patito feo» de Castilla y León. «Desde el respeto, no encuentro certidumbre en su moción, no lo veo viable, pero tampoco damos una carta blanca a Mañueco», ha concluido.

Para cerrar el debate, Luis Tudanca ha garantizado a Pascual Muñoz que se va a «dejar la piel» para lograr un Gobierno que cumpla con Ávila.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián ha archivado la querella interpuesta por Vox contra Covite por supuestos delitos de odio, injurias y calumnias en una publicación en la que se refería al auge de la extrema derecha en Europa y que la formación de Santiago Abascal consideró que le vinculaba a actividades terroristas.

Vox se querelló contra el colectivo de víctimas del terrorismo, presidido por Consuelo Ordóñez, por presuntas injurias, calumnias y delito de odio, al considerar que, en un informe publicado en su página web, acusaba a la formación de hechos delictivos de carácter terrorista.

El informe objeto de las acciones judiciales emprendidas por Vox fue elaborado por Cristina Ariza y Rogelio Castro para el ‘Observatorio del Terrorismo’ de Covite. En concreto, la formación de Abascal consideró que hay en él dos menciones que son «falsas» y que deben ser «corregidas».

En la primera de ellas, tras hacer referencia a la extrema derecha y a posibles incidentes violentos derivados de esta ideología, hablaba del «auge y éxitos electorales de partidos políticos nacionalistas y de extrema derecha», entre los que se refiere a Vox como «uno delos ejemplos de cómo la extrema derecha ha entrado en la escena política europea».

La segunda de las menciones se realizó en el texto cuando se hablaba de «la diversidad del movimiento de extrema derecha», y a las «muchas características ideológicas compartidas entre tales grupos y partidos, como el antisemitismo y el racismo», y cuestiones políticas «como la inmigración y la seguridad». En este sentido, apuntaba que la extrema derecha se centra en elementos como el nacionalismo, fascismo, racismo, antisemitismo, antiinmigración, machismo, nativismo y/o xenofobia.

Vox denunció que se le equiparara con otros partidos que incluso habrían sido ilegalizados «por la difusión del mensaje nazi y de odio, mensajes que no comparte», y que el informe constituía, por tanto, «una difamación» y suponía «un perjuicio para su reputación».

El auto de la juez, destaca que en estos tres delitos que este partido atribuye a Covite podrían colisionar el derecho a la libertad de expresión reconocido constitucionalmente, y la protección de otros derechos de la persona a la propia imagen y la protección de ésta.

NINGÚN DELITO

Finalmente, la resolución concluye que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo no ha incurrido en ninguno de los delitos de odio, calumnias e injurias. En concreto, el auto subraya que «no existe en las manifestaciones vertidas en la publicación ninguna manifestación que incite ni a la violencia ni al descrédito o menosprecio del partido querellante», sino que «se recogen manifestaciones de quienes suscriben la publicación que consideran ajustadas a la realidad de la ideología del partido».

«Dichas manifestaciones hacen referencia a extremos con los que el querellante podrá estar más o menos conforme, pero atribuir a un grupo o colectivo un pensamiento concreto o una ideología concreta, no puede considerarse que incita a la violencia ni a actos que impliquen un riesgo para la seguridad», remarca.

En cuanto a que se pueda haber injuriado a este partido, recuerda que, para ello, tendría que contener «expresiones o apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios que exceden del derecho de crítica y sean claramente atentatorios para la honorabilidad de aquél cuyo comportamiento o manifestaciones se critican, incluso si se trata de persona con relevancia pública, pues la Constitución no reconoce el derecho al insulto».

En el caso de la publicación en la web de Covite, afirma que sus autores pretenden hacer un análisis de lo que considera una evolución al alza de las ideas que llama de extrema derecha en Europa y hace referencia a datos de toda la UE. «La referencia al partido político querellante (Vox) se encuentra en dicho análisis como uno más de los que forman parte de un espectro más amplio», añade.

Por todo ello, la magistrada considera que el contenido del informe está amparado por la libertad de expresión. Contra el auto cabe recurso de reforma en un plazo de tres días y en apelación en cinco.

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha destacado este lunes los «buenos resultados» obtenidos durante un año con el Fondo COVID-19, una convocatoria para la financiación de proyectos de investigación sobre el SARS-CoV-2 y el COVID-19 que, desde marzo del año pasado, ha financiado 129 investigaciones sobre diferentes ámbitos ligados a la pandemia: biología del virus, diagnóstico, tratamientos, grupos de riesgo, epidemiología o vacunas.

«Estoy muy contento con los resultados y porque, además, hemos demostrado que se puede hacer de una forma más ágil, y con el mismo rigor de antes, la concesión de proyectos científicos», ha aseverado el ministro, para detallar que esto permitirá introductor reformas «duraderas» en materia de coordinación y agilidad en la selección de proyectos.

De hecho, Duque ha destacado que de este fondo es donde han salido prácticamente todos los métodos de secuenciación del Covid-19 en España. Del mismo modo se ha pronunciado la directora del ISCIII, Raquel Yotti, quien ha explicado que en el proceso de selección de proyectos se han identificado prioridades temáticas para ofrecer soluciones a la situación y acortar la incertidumbre, así como otras relacionadas con el diagnóstico, tratamientos y con factores de riesgo y epidemiológicos.

Asimismo, prosigue, a la hora de seleccionar un trabajo se ha tenido también en cuenta que, además de tener una calidad «indiscutible», pudieran aplicarse de forma «rápida». «Hemos cambiado el concepto de evaluación y se fomenta es la transferencia rápida del conocimiento tanto en el ámbito industrial como clínico», ha detallado.

En concreto, el fondo recibió un total de 1.504 solicitudes, de las que finalmente se concedió financiación a los citados 129 proyectos, que representan el ocho por ciento de las propuestas. Todas las comunidades lideran alguno de los proyectos financiados.

La distribución temática de los 129 proyectos financiados es: infección y enfermedad COVID-19, curso clínico y secuelas posteriores (26 estudios); tratamientos para COVID-19 (26 estudios); inmunidad y COVID-19 (19 estudios); mejora del conocimiento del comportamiento del virus (13 estudios); epidemiología de la infección (13 estudios); métodos de identificación del virus (11 estudios); desarrollo de técnicas diagnósticas (7 estudios); desarrollo de vacunas frente al SARS-CoV-2 (7 estudios); infección en mujeres embarazadas (5 estudios); estudio de reservorios animales (1 estudio); y desarrollo de modelos animales para estudios sobre SARS-CoV-2 (1 estudio).

El desarrollo del Fondo COVID-19 ha permitido, además, crear el Registro COVID, en colaboración con las instituciones e investigadores que desarrollan los proyectos. Esta iniciativa está permitiendo integrar toda la información recogida en cada uno de los estudios con el objetivo de poner a disposición de la comunidad científica grandes bases de datos que permitan análisis con mayor representatividad poblacional.

En los primeros momentos de la pandemia los hospitales de toda España trabajaron en numerosas propuestas de tratamiento. El ISCIII promovió la evaluación científica de las diferentes propuestas, siempre bajo el principio de aplicabilidad, por lo que los estudios financiados se centraron en propuestas en fase 3 de desarrollo.

Uno de ellos fue el ensayo clínico ‘PANCOVID’ para pacientes que precisan hospitalización por COVID19. Este estudio ha implicado a más de 27 centros en España, siendo liderado por el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Paz (IdiPAZ). Al inicio de la epidemia el ensayo comparó las siguientes pautas: hidroxicloroquina, hidroxicloroquina + azitromicina, y lopinavir/ritonavir en pacientes adultos, e hidroxicloroquina e hidroxicloroquina + Azitromicina en pacientes pediátricos.

Cuando se evidenció que aquella combinación no ofrecía ningún beneficio, el estudio evolucionó hasta la propuesta actual, en la que se compara TDF/FTC (una combinación de antivirales orales). En la actualidad, gracias a esta posibilidad de evolucionar los proyectos, se han generado en España dos estudios de cohortes y un ensayo clínico que compara el uso de dexametasona con dexametasona + baricitinib.

Quizá uno de los tratamientos más controvertidos a lo largo de la pandemia ha sido el uso de plasma procedente de pacientes que han superado la enfermedad. En este sentido, a finales del mes de marzo de 2020 el ISCIII ya financió un estudio que exploraba esta aproximación, enfrentando esta opción al mejor tratamiento disponible para pacientes hospitalizados con COVID-19. El ensayo ha finalizado la fase de reclutamiento e incluye 350 pacientes en 27 hospitales españoles.

MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DEL VIRUS

Por otro lado, el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) es el coordinador de una investigación que está desarrollando una plataforma celular para desentrañar el papel del metabolismo glucídico en los primeros momentos de la infección por SARS-CoV-2 y, de este modo, entender los mecanismos celulares y moleculares que puedan explicar si existe una relación causal entre diabetes y la infección.

Se han llevado a cabo una veintena de experimentos, en colaboración con el Instituto Karolinska de Suecia y la Universidad de Heidelberg de Alemania, infectando las muestras en laboratorio para conocer mejor los mecanismos de transmisión y las vías genéticas implicadas.

Asimismo, la investigación liderada desde el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), tiene como objetivo ‘humanizar’ estos modelos de ratón para hacerle susceptible a la infección por SARS-CoV-2, haciendo que sus células expresen la proteína ACE2 humana. Ya se han generado varios modelos animales gracias al uso de técnicas de edición genética, que ahora serán inoculados con el virus SARS-CoV-2 gracias a una colaboración con el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC.

DESARROLLO DE TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS

En los inicios de la pandemia fue evidente la necesidad de un suministro de test diagnósticos que permitieran responder a las diferentes preguntas diagnósticas que se realizaban desde la clínica hospitalaria, la atención primaria y los servicios de salud pública.

El proyecto ‘NanoCompete’, liderado desde el Instituto de Investigación Sanitaria de Cádiz, trabaja en el diagnóstico del COVID-19 mediante nanosensores capaces de identificar las interacciones entre el virus y los receptores celulares que utiliza para comenzar la infección. En paralelo, se está avanzando en el diseño de receptores de antígenos quiméricos (CAR) para optimizar el diagnóstico.

Junto con otros estudios de técnicas diagnósticas, un proyecto coordinado desde el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) se orientó a la identificación de personas que, teniendo test convencionales negativos, mantenían la sospecha clínica de infección. Este proyecto plantea lograr un diagnóstico temprano de la infección mediante el aislamiento de exosomas en individuos con sospecha de la enfermedad.

Por otro lado, se ha confirmado la diferente evolución de pacientes que presentaban síntomas idénticos y perfiles similares. Este hecho ha generado diferentes hipótesis que, desde el Fondo COVID-19, se han abordado a través de proyectos de alto nivel científico y tecnológico.

También, se han realizado estudios genómicos de susceptibilidad viral tanto desde la perspectiva de la variabilidad genética humana como de la viral. Además, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) lidera una investigación sobre las vías de transmisión del virus, que busca combinar técnicas genómicas y epidemiológicas para facilitar la toma de decisiones en salud pública.

Por último, se ha presentado un estudio financiado por el fondo COVID-19 en el que se exploró la seguridad de la lactancia materna en casos de infección confirmada por SARS-CoV-2.

El PP ha arremetido contra el Gobierno por el rescate de la «ruinosa» Plus Ultra, «vinculada a los chavistas», mientras «deja tirados a centenares de miles de autónomos y pymes españolas». El Grupo Popular pedirá esta semana que el Congreso de los Diputados «controle» y dé «el visto bueno» a las ayudas otorgadas.

En concreto, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de marzo el rescate a Plus Ultra Líneas Aéreas por valor de 53 millones de euros a través de dos préstamos financieros en una operación necesaria debido al «carácter estratégico» de la compañía aérea.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha reiterado este lunes que la aerolínea Plus Ultra cumple con los requisitos para recibir las ayudas, ya que el fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es «muy riguroso».

«DESPILFARRAR EL DINERO DE LOS ESPAÑOLES CON TAPADERAS CHAVISTAS»

Ya este fin de semana, el líder del PP, Pablo Casado, acusó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de «despilfarrar el dinero de los españoles con tapaderas chavistas en vez de ayudar a las 100.000 pymes quebradas».

El PP sigue con su ofensiva contra el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos por este rescate. El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha asegurado hoy que «la pandemia es global pero sus efectos económicos durarán más en España que en la mayoría de países».

«Mientras, Sánchez rescata con 53 millones a Plus Ultra, empresa ruinosa antes del Covid y vinculada a los chavistas, pero deja tirados a centenares de miles de autónomos y pymes españolas», ha afirmado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Hace un par de días, en declaraciones a los medios en Monforte de Lemos (Lugo), De Olano ya avanzó que el PP pedirá esta semana que el Congreso «controle» y dé «el visto bueno» a las ayudas otorgadas tras el rescate a Plus Ultra.

En parecidos términos se ha expresado la diputada gallega Ana Váquez, quién ha subrayado que «mientras no hay ayudas para los autónomos en España, dan 53 millones para una aerolínea venezolana de Maduro».

«53 MILLONES DE REGALO» PARA LA «EMPRESA BOLIVARIANA»

Por su parte, el senador por Almería Rafael Hernando ha difundido en Twitter una imagen corporativa de Plus Ultra, en la que se ven las fotos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro con «los directivos todos hombres arriba, y las auxiliares todas mujeres abajo».

«Lo que se dice una subvención con perspectiva de género», ha enfatizado Hernando tras criticar que «la empresa bolivariana» haya sido «beneficiada con 53 millones de regalo por Pedro Sánchez». A renglón seguido, ha parafraseado a la vicepresidenta Carmen Calvo: «¿Te enteras bonita? Pagas tú».

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox designará este miércoles a Rocío Monasterio como candidata a las elecciones de la Comunidad de Madrid, a las que aseguran que salen a «ganar» aunque su objetivo no es ocupar «carguitos». Por ello, no exigirán formar parte del Gobierno que salga de las urnas si su lista no es la más votada por los ciudadanos.

Así lo ha explicado este lunes en rueda de prensa el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, quien ha anunciado que esta semana el partido nombrará oficialmente a su ‘número uno’ para el próximo 4 de mayo. Aunque no ha querido adelantarse a la designación oficial, ha dado por hecho la candidatura de Monasterio porque Vox es un partido «previsible».

Respecto al escenario tras las elecciones, en primer lugar ha dejado claro que Vox nunca facilitará ni permitirá si está en su mano un gobierno de izquierdas. Y después ha dicho que Vox ocupará el espacio que le den los ciudadanos en las urnas. «Ya veremos qué sucede, nosotros estaremos donde nos coloquen los votantes y entendamos que el servicio a España va a ser mejor», ha señalado.

Eso sí, ha garantizado que formar parte del Ejecutivo regional no será exigencia porque Vox no está en política «para pedir puestos, carguitos ni salvar las necesidades individuales de egos ni soberbia de nadie».

Lo mismo sucede con la composición de la lista electoral completa que concurra a los comicios. Buxadé ha asegurado que ninguno de los afiliados de Vox está «deseando» formar parte de la candidatura para «sobrevivir» y pasar unos años «cobrando» de un Parlamento.

Por ello, el partido «no tiene prisa» y este miércoles nombrará a la candidata y al director y el equipo de la campaña. Al contrario de otros partidos, ha dicho, Vox no vive «en Juego de Tronos» o «una serie americana continua», sino que prefiere hacer las cosas «con corrección, orden, sentido común y prudencia».

«DISTANCIA INFINITA» CON LA IZQUIERDA

Una vez celebradas las elecciones, ha garantizado que los madrileños pueden esperar de Vox «distancia infinita» con «el frente popular» y quienes ha acusado de querer «romper España o han «confinado las libertades y derechos de los españoles».

Buxadé ha reconocido que existe el «riesgo» de que los partidos de izquierdas sumen mayoría y por eso cree que en estas elecciones es «más que nunca imprescindible» votar a Vox, a su juicio «la única garantía de que la izquierda» no llegue al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha enviado una carta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la que celebra los planes del Gobierno para reformar los delitos relacionados con la libertad de expresión y le insta a acotar determinados tipos penales, como el enaltecimiento del terrorismo y las injurias a la Corona, para evitar un castigo «innecesario o desproporcionado».

Aunque no expresamente, Mijatovic ha aludido al caso del rapero Pablo Hasel al llamar la atención sobre el hecho de que «en los últimos años un creciente número de sentencias penales, incluidas de privación de libertad, han sido dictadas contra artistas por canciones controvertidas y otras ‘performance’, y contra activistas en redes sociales por declaraciones consideradas ofensivas, incluidas declaraciones concebidas como humor», en base a los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de injurias a la Corona.

En la carta, fechada el 11 de marzo pero difundida este lunes, la comisaria ha trasladado a Campo su preocupación por ciertos artículos del Código Penal, aduciendo que «tienen un impacto negativo, incluso un efecto disuasorio, en el ejercicio de la libertad de expresión». «Por tanto, celebro las recientes informaciones que indican que su Gobierno pretende reformar algunos aspectos del Código Penal, en particular los delitos de enaltecimiento del terrorismo», ha declarado.

A su juicio, «el delito de enaltecimiento o justificación del terrorismo, tal y como está definido en el artículo 578 del Código Penal parece ser problemático desde el punto de vista de la certeza legal debido a su ambiguo e impreciso lenguaje», recalcando que esta «falta de claridad» ha generado interpretaciones divergentes y hasta contradictorias en los tribunales españoles, algunas en contra de los estándares internacionales.

«He observado, en particular, que algunas decisiones de los tribunales españoles han fracasado a la hora de determinar adecuadamente si el enaltecimiento del terrorismo supone realmente el riesgo de un daño real, concreto e inminente».

Mijatovic ha sostenido que «la legislación antiterrorista solo debe aplicarse a contenidos o actividades que impliquen necesaria y directamente el uso o la amenaza de la violencia con la intención de propagar el miedo y provocar terror». «Cualquier otro tipo de contenidos o actividades, a pesar de lo controvertidos, impactantes o perturbadores que puedan ser, deben ser abordados en el contexto de las obligaciones y responsabilidades que conlleva el ejercicio de la libertad de expresión», ha defendido.

De lo contrario, ha alertado de que el uso de conceptos demasiado vagos en la descripción del tipo penal, como expresiones que «no contienen elementos de la apología del terrorismo pero incitan a otras formas de violencia o que simplemente son controvertidas, impactantes o políticamente incorrectas», pueden dar lugar a «restricciones innecesarias y desproporcionadas» de la libertad de expresión.

MAYOR TOLERANCIA A LA CRÍTICA POLÍTICA

En segundo lugar, ha fijado su atención en los delitos de injurias a la Corona recogidos en los artículos 490 y 491 del Código Penal para apuntar que «una sentencia de pena de prisión por un delito cometido como parte del debate político debería ser compatible con la libertad de expresión solo en circunstancias excepcionales, cuando el discurso contiene llamamientos al uso de la violencia o constituye un discurso de odio».

Mijatovic ha esgrimido que «las posibilidades de imponer restricciones a la libertad de expresión en el contexto del debate político son muy limitadas y deben ser proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática», subrayando que «los límites de la critica admisible a los políticos, los representantes de las autoridades y a otras figuras públicas son más amplios que los de la media de los ciudadanos» y, en consecuencia, deben tener un «mayor grado de tolerancia».

En concreto, se ha referido al caso de Jaume Roura Capellera y Enric Stern Taulats, condenados por quemar una foto de los Reyes tras una manifestación en Girona. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) corrigió este fallo al estimar que «la crítica a autoridades y personalidades públicas, por provocadora y radical que sea, no puede considerarse un discurso de odio ni incitación a la violencia». «Espero que la implementación de esta sentencia sea usada como base para alinear plenamente el Código Penal con la jurisprudenccia del Tribunal», ha apostillado la comisaria.

OFENSAS A LOS SENTIMIENTOS RELIGIOSOS

Mijatovic también ha expresado su preocupación por la interpretación «excesivamente amplia» que a veces dan los tribunales españoles a la noción del discurso de odio, recomendando restringirlo a los casos prohibidos por el Derecho Internacional, esto es «expresiones de odio basadas en la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de odio basadas en la intolerancia que constituyen incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.

Además, ha invitado a Campo a estudiar una posible despenalización de la difamación y de las ofensas a los sentimientos religiosos. La sanción de estas últimas, ha advertido, «puede resultar en limitaciones indebidas a la libertad de expresión y dificultar un debate plural». De acuerdo con el TEDH, ha recalcado, «un grupo religioso debe tolerar la negación por parte de otros de sus creencias religiosos e incluso la propagación de doctrinas hostiles a su fe siempre que no inciten al odio o a la intolerancia religiosa».

La comisaria ha confiado en que una reforma penal en los términos indicados fortalecerá la libertad de expresión y facilitará el trabajo de los tribunales españoles. Asimismo, «demostrará el compromiso de su Gobierno con la plena protección del derecho a la libertad de expresión», ha dicho a Campo, al tiempo que se ha ofrecido a continuar con «un diálogo constructivo» en estos asuntos.

UNA REFORMA EN MARCHA

Campo ha contestado, en otra carta del 18 de marzo, que la libertad de expresión «cuenta con pleno reconocimiento en el ordenamiento jurídico español», si bien ha enfatizado que tanto el TEDH como el Tribunal Constitucional han establecido que tiene límites y que el propio TC «ha llamado la atención sobre la necesidad de realizar una interpretación restrictiva de ciertos delitos para no poner en peligro la libertad de expresión».

El ministro ha reconocido que, a pesar de estos esfuerzos interpretativos, «la regulación de ciertos delitos relacionados con la libertad de expresión sigue planteando problemas, sobre todo por la imprecisión con que se define la conducta delictiva», explicando que por eso el Gobierno anunció una reforma de los delitos que «más claramente pueden entrar en conflicto con la libertad de expresión», y destacando la «sintonía» con el Consejo de Europa en ese sentido.

Campo ha resaltado que comprende los delitos señalados por Mijatovic –odio, enaltecimiento del terrorismo e injurias a las instituciones del Estado, entre otros– y ha expuesto que, si bien la reforma penal aún es objeto de estudio, la intención del Gobierno es «delimitar más claramente cuál es la conducta sancionada en estos delitos» y «ajustar las penas a la gravedad de la conducta», para «garantizar una mayor seguridad jurídica» y evitar el efecto disuasorio.

«No se niega, en definitiva, la necesidad de que existan delitos que prohíban y castiguen la manifestación de expresiones que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos individuales o colectivos. De lo que se trata es de establecer un equilibro entre el derecho a la libertad de expresión y la protección de esos bienes jurídicos, partiendo de la convicción de que la mera expresión de opiniones, por odiosas o despreciables que sean, no pueden ser delito», ha resumido Campo.

El presidente de la Junta de Castilla y León, el ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco, ha reiterado este lunes, día en el que se debate la moción de censura contra el Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos, que tiene plena confianza en sus compañeros de Ejecutivo y en «todos y cada uno» los procuradores de los dos grupos, populares –29– y naranjas –ahora 11–, ya que el viernes Cs perdió a una de sus doce integrantes, María Montero, que ha pasado al Grupo Mixto lo que en la práctica supone además que los partidos en el gobierno pierden su ajustada mayoría absoluta –pasan de 41 a 40 apoyos–.

Fernández Mañueco ha asegurado tanto a los procuradores de PP y de Ciudadanos como a los del resto de los grupos que se entrega cada día a su labor como presidente de la Junta de Castilla y León «con serenidad, con templanza y con paciencia» con el objetivo de dirigir la Comunidad con «el mayor acierto posible» y ha expresado su deseo de que este lunes no pase a la historia como «un día especial» sino que pase al olvido para que «entre tanto dolor y sufrimiento» el esfuerzo, la unidad y la generosidad prevalezcan al egoismo.

Así lo ha asegurado en su turno de réplica al candidato socialista a la moción de censura, Luis Tudanca, ha quien ha llamado a que vuelva a la senda del pacto que se inició precisamente al inicio de la legislatura cuando se firmó el Pacto por la Reconstrucción de Castilla y León firmado por la mayoría del arco parlamentario, salvo VOX y UPL.

Fernández Mañueco ha reivindicado su «serenidad» tras conocer la intención del PSOE de presentar una moción de censura en Castilla y León y, tras reconocer que tuvo la posibilidad de convocar unas elecciones que «nadie quería» en el actual momento de pandemia, ha explicado que no lo hizo porque para él lo más importante es su palabra.

«Para mí mi palabra es lo más importante. Es el único patriminio que puedo dejar a mis hijas. Pensé en las personas de Castilla y León, pensé en esta tierra», ha manifestado en concreto para recordar que nadie quería una moción de censura, «salvo algunos, usted –en referencia a Tudanca– y Sánchez», a quien ha culpado en todo momento de la estrategia seguida por los socialistas de Castilla y León.

«Le han aconsejado mal otros compañeros. Le han metido el dedo en el ojo», ha advertido Fernández Mañueco a Tudanca a quien ha reprochado que haya tenido que traicionar su palabra, «y lo que es peor, a Castilla y León», cuando defendió que no era el momento de presentar la moción de censura, por mandato de «los de arriba» como «mero engranaje de la maquinaria de Sánchez».

Fernández Mañueco ha lamentado que Tudanca no haya «digerido» aún el resultado de las urnas de hace casi dos años cuando los ciudadanos apostaron por el «acuerdo y el diálogo» del que surgió una «mayoría legítima» que sustenta a un gobierno responsable» que «cumple y cumplirá» sus pactos y sus compromisos «hasta el final de la legislatura».

«El cambio está en marcha, empezó hace 20 meses con un gobierno transformador y ustedes ha elegido estar al margen del cambio. No me venga ahora con milongas», ha sentenciado para acusar una vez más a Tudanca por haber «pisoteado» el Pacto por la Reconstrucción de la Comunidad y por no haber aludido en su intervención inicial a asuntos de importancia para Castilla y León como el mantenimiento de la PAC.

«Usted no ha estado a la altura del lugar al que le ha colocado el sistema democrático», ha espetado a Tudanca al que ha reprochado también no haber aprendido nada de los 30 años del PSOE en la oposición en Castilla y León.

El candidato del PSOE a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Ángel Gabilondo, ha indicado que en caso de no obtener la mayoría en estos comicios estaría abierto a pactar con Cs o Más Madrid para formar gobierno, pero no con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por su «clima de confrontación».

En una entrevista con ‘La Sexta’, Gabilondo ha indicado que no le gusta el modo de plantear la situación que tiene la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y Pablo Iglesias de «confrontación, extremismo y anulación del contrario».

A la pregunta de con quién pactaría para gobernar en la Comunidad de Madrid, el portavoz socialista ha dicho que lo haría con Ciudadanos y Más Madrid, que es lo que hubiera querido en 2019 porque así se hubiera construido «un espacio plural y abierto». «Con este Iglesias, no. Yo digo no a Podemos en este clima de confrontación y extremismo», ha lanzado.

A su juicio, Cs se equivocó al unirse al PP y también ha reconocido que con Unidas Podemos en la Asamblea han trabajado «muy bien». No obstante, ha señalado que le «intranquilizaría» que alguien con «un planteamiento extremista y radical formara parta del gobierno».

«Espero que eso no evolucione en esa dirección, pero planteadas así las cosas no quiero. No descalifico a Iglesias, comparto muchos puntos de vista. Esto no es una negativa a él, sino a cómo plantea la cuestión en Madrid. No puede ir por esas vías de confrontación y así planteadas las cosas, no», ha explicado.

Gabilondo asegura que no le representa «ni el odio ni la furia» y cree que con esta idea de confrontación «la mayoría de la ciudadanía no se siente representada». Así, insiste en la necesidad de que haya «un gobierno en serio».

El candidato del PSOE cree que el debate no está en «comunismo o libertad» ni en convertir la «política en espectáculo», sino en «resolver los problemas de la ciudadanía» alejándose de «extremismos y polarizaciones». Además, reconoce que Vox «tiene algo de ultraderecha».

Por último, sobre la lista que conformará su equipo ha asegurado que será un listado de personas «con capacidad para ocupar responsabilidades de gobierno».

Anticapitalistas Madrid, que concurrió hace dos años en las elecciones regionales en la candidatura de Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie, ha decidido que no participará esta vez en ninguna candidatura pero pide «el voto crítico para las dos formaciones que están a la izquierda del PSOE, siendo conscientes de la necesidad de construir una alternativa a estas».

La formación anticapitalista madrileña celebró una asamblea el pasado sábado donde definió su postura con respecto a las elecciones anticipadas del 4 de mayo en Madrid. Considera que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quiere convertir a Madrid «en un señorío del poder financiero e inmobiliario, donde libertad significa que los ricos hacen lo que les da la gana».

En palabras de su portavoz Raúl Camargo, el Gobierno de Ayuso «hace de forma consciente la vida de la gente trabajadora de Madrid más dura, más difícil, más triste y corta. «Quiere exportar su modelo trumpista a todo el Estado. Desalojarla y frenar al bloque reaccionario debe ser una prioridad», ha añadido.

Por ello, con respecto a esta cita electoral, la organización ha decidido que no participará en ninguna candidatura en estas elecciones, pero «creen imprescindible una movilización electoral para desalojar a Ayuso y pide el voto crítico para las dos formaciones que están a la izquierda del PSOE».

La formación anticapitalista madrileña cree que existe un sentir mayoritario, que comparten, «encaminado a buscar fórmulas de cooperación y unidad para echar a Ayuso». Sin embargo, también asumen que tienen diferencias políticas con las organizaciones «de la izquierda institucionalista» que concurren a estos comicios.

Consideran que ambas comparten una orientación de «subordinación al PSOE y que no desdeñan pactos con Ciudadanos». Para las anticapitalistas esto conduce a una espiral de renuncias «que no consiguen mejoras y producen desánimo y pasividad».

Además, creen que esta orientación ha estado acompañada «de formas organizativas verticales, con golpes de efecto y personalismos, que alejan a la gente a la que dicen representar», en alusión a la candidatura sorpresivamente encabezada por Pablo Iglesias.

«La derecha cuenta con un entramado de poder que va más allá de la Asamblea de Madrid. Para desalojar efectivamente a Ayuso necesitamos un amplio poder social, y éste no se construye con golpes de efecto. Urge invertir prioridades y abrir una nueva vía en la izquierda madrileña en ese sentido», dice Camargo.

El partido asegura que trabajará «por abrir esa vía para los próximos años». «Sabemos que nuestra posición no es la mayoritaria y que hoy día no existe capacidad de hacer valer esa posición electoralmente. Pero es urgente cambiar el rumbo», indican.

MOVILIZACIÓN ELECTORAL

Los anticapitalistas consideran que es necesario aprovechar la movilización electoral para poner sobre la mesa «medidas fuertes que confronten con el poder que la derecha madrileña tiene fuera del Parlamento».

«El poder inmobiliario y financiero no sólo gobierna desde la Asamblea de Madrid. Tiene una tupida red material y cultural que permite que Ayuso gobierne. Hay que apuntar a la educación concertada y a la sanidad privada. Hay que acabar con la especulación inmobiliaria, con los pelotazos urbanísticos y los regalos fiscales a los ricos, como también expropiar cuantas viviendas sean necesarias para garantizar un parque público digno y asequible para todas. Necesitamos dar un vuelco de 180 grados y sentar las bases para una transición ecológica urgente que haga habitable nuestras ciudades y municipios. Estas propuestas valientes nos permiten trazar ejes de lucha y golpear a la derecha donde realmente les duele», dice Camargo.

La organización cree que la expropiación de viviendas, bancos y fondos buitre para construir un parque público, la regulación de alquileres, el fin de la educación concertada y la nacionalización de la sanidad privada han de ser propuestas centrales en esta campaña electoral.

Por último, la formación de izquierdas insiste en disputar la idea de libertad. «La libertad supone no estar sometidas a la angustia de existir sin derechos, de no saber si vamos a tener asegurada nuestra vida material. Libertad es no depender del dinero para poder vivir, es renta básica y son servicios públicos universales y de calidad», ha concluido el portavoz.