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La flota artesanal gallega convoca un paro en rechazo al reglamento de control de la UE

Las cofradías de pescadores gallegas han expresado su rechazo al nuevo reglamento de control de la Unión Europea, motivo por el que, según informa la federación que aglutina al sector, han convocado un paro de la flota artesanal el viernes, día 26, durante el cual harán sonar las sirenas de los buques, a las 12.00 horas, en señalan de protesta.

En un comunicado, la Federación Gallega de Cofradías informa que esta medida se acordó en una reunión celebrada con los representantes del sector para abordar los principales aspectos que afectan a la flota gallega como que los buques estén obligados a registrar sus capturas de forma electrónica.

«Entendemos que para la flota artesanal esto es algo inviable, además de reiterativo, puesto que nuestra flota ya realiza declaraciones de desembarque o notas de venta o documentos de transporte» lo que entiende «más que suficiente».

También alude a otras cuestiones como la geolocalización y la obligatoriedad de que todas las embarcaciones de más de cuatro metros estén geolocalizadas, aspecto que desde el sector artesanal rechazan. Al respecto, argumenta que la flota gallega de este tipo «trabaja en el entorno de las rías y en muchos casos agrupados».

APOYO MUNICIPAL

Por otra parte, explica que la propuesta que la Federación Gallega de Cofradías planteó a las 63 cofradías de pescadores gallegas fue amarrar la flota artesanal en señal de protesta «por la falta de consideración de la Unión Europea en general, pero de los ponentes de esta iniciativa española en particular que visitaron Galicia y que no atendieron a las demandas del sector artesanal gallego».

En base al rechazo por estas y otras cuestiones, además del paro de la flota artesanal, han acordado dirigirse a la Federación Nacional de Cofradías para informarle de su postura y recabar apoyo en los ayuntamientos gallegos para que aprueben mociones de respaldo a la flota artesanal y en desacuerdo con el nuevo reglamento de control.

También exigen el cese de la parlamentaria Clara Aguilera, «ponente de la iniciativa española que no tuvo en cuenta las peticiones del sector y continuó adelante con su informe a pesar de todo», argumentan.