La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado escrito en el que pide la desestimación de todos los recursos presentados por los condenados por la Audiencia Provincial de Álava por integrar una presunta trama corrupta, entre los que se encuentran el exdiputado foral y antiguo ‘número dos’ de la formación ‘jeltzale’ en Álava, Alfredo de Miguel, han confirmado en fuentes fiscales.
En diciembre de 2019 Audiencia Provincial de Álava impuso penas que oscilan entre los seis y los 13 años de cárcel a los principales acusados en el juicio del ‘caso de Miguel’, el mayor proceso por corrupción de la historia de Euskadi.
La sentencia cerró un largo y polémico proceso judicial, que se prolongó a lo largo de casi todo 2018 y en el que se juzgó a 26 personas por diversos delitos cometidos entre 2005 y 2009, de las que finalmente han sido absueltas once.
El impuso a De Miguel, el principal acusado en este proceso, un total de 13 años y tres meses de cárcel –16 años de prisión menos que lo que solicitaba la Fiscalía– por numerosos delitos relacionados con la corrupción, la mayor parte vinculados a una trama dedicada al cobro de comisiones ilegales a cambio de la concesión de contratos en parques industriales y otros ámbitos de influencia del sector público.
Además, la Audiencia Provincial de Álava condenó a los también exdirigentes del PNV Aitor Telleria y Koldo Ochandiano a seis años y seis meses de cárcel, en el primer caso, y a siete años y seis meses, en el segundo.
DELITOS DE CORRUPCIÓN
Entre los delitos que se atribuyen al exdirigente del PNV alavés se encuentran tráfico de influencias, cohecho pasivo, falsedad en documento mercantil, malversación de fondos públicos, cohecho impropio, blanqueo de capitales y asociación ilícita. De Miguel, que deberá hacer frente al pago de multas por un importe global de más de 351.000 euros, ha sido absuelto del delito de coacciones que le atribuía la Fiscalía.
Por su parte, Koldo Ochandiano fue condenado a siete años y seis meses de prisión, siete años menos que la pena solicitada por la Fiscalía, así como al pago de multas por un importe global de algo más de 7.000 euros.
A su vez, las penas impuestas a Aitor Telleria suman seis años y seis meses de prisión, menos de la mitad de la pena que solicitaba el ministerio público. La Audiencia de Álava le considera responsable de delitos como el tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Al igual que los otros dos principales acusados, Telleria ha sido absuelto del delito de coacciones que se le imputaba.
Ainhoa Bilbao, esposa de Alfredo de Miguel, que se enfrentaba a una petición de pena de cinco años de prisión, fue condenada a un año y medio de prisión por asociación ilícita y blanqueo de capitales. Además, deberá pagar más de 178.000 euros en concepto de multas.
Por su parte, el exresponsable de la red de parques tecnológicos de Euskadi Julián Sánchez Alegría ha sido condenado a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, y a la misma pena por otro delito del mismo tipo prevaricación, si bien ha sido absuelto de las coacciones que le atribuía la Fiscalía.
Por otro lado, el antiguo gerente del Parque Tecnológico de Álava Alfonso Arriola fue condenado a cuatro años de inhabilitación para ejercer un empleo o cargo público de libre designación por un delito de inducción a la prevaricación y a la misma condena por otro delito de prevaricación, mientras que ha sido absuelto de los delitos de coacciones y de falsedad en documento oficial que se le imputaban.
Además, Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno Vasco y para el que la Fiscalía pedía ocho años de cárcel, ha sido condenado a seis años y tres meses de prisión por malversación de caudales públicos y asociación ilícita.
El empresario Jon Iñaki Echaburu, para el que se pedían seis años y ocho meses de prisión, fue condenado a dos años y cinco meses de prisión por cohecho activo, inducción a la prevaricación, asociación ilícita y tráfico de influencias.
Finalmente, Iñaki San Juan, que se enfrentaba a siete años de cárcel, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión, al considerar la Audiencia de Álava que es responsable de delitos de malversación de caudales públicos y falsedad, asociación ilícita y tráfico de influencias.
Josu Montes –para el que la Fiscalía reclamaba seis años de cárcel– fue condenado a cuatro años y cuatro meses de prisión por asociación ilícita, malversación de caudales públicos y falsedad.
INHABILITACIONES
Además, la exalcaldesa de Zambrana Justina Angulo fue condenada a inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de nueve años, un año menos que lo que reclamaba el ministerio público.
Josu Arruti Letemendia, uno de los acusados que en el transcurso del juicio que reconoció parcialmente los hechos que se le imputaban –afirmó haber recibido comisiones ilegales–, fue condenado a 15 meses de prisión por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y por un delito contra la Hacienda pública. También deberá abonar una multa de 80.500 euros.
Su padre, Josu Arruti Odriozola, fue condenado a nueve meses por un delito contra la Hacienda pública y otro de blanqueo de capitales, por lo que también deberá pagar más de 145.000 euros de multa.
