El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Joaquín Gadea, ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para el tesorero de la Comisión Islámica de España (CIE), Mohamed Hatem Rohaibani Sleik (61 años), al que imputa un delito de pertenencia a organización terrorista y otro de financiación del terrorismo, según fuentes jurídicas.

Esta decisión llega después de que haya sido puesto a disposición judicial, y tras tomarle declaración, Hatem Rohaibani Sleik es uno de los tres detenidos en la operación policial desarrollada este martes. Los otros dos, entre los que se encuentra el presidente del CIE, Ayman Adlbi, quedaron en libertad a la espera de que el magistrado decida si les cita para declarar.

Estas mismas fuentes jurídicas, señalan que el tesorero podría estar colaborando con una ONG que estaría facilitando ayuda económica a facciones yihadistas que son filiales o que han servido a los intereses de Al Qaeda en Siria. Así, formaría parte de una red de personas que se coordinaron durante años para organizar y trasladar desde España dinero a esas facciones.

Para esa operativa de recaudación de fondos, se creó una dinámica fraudulenta con el fin de obtener sumas de dinero de decenas de personas residentes en España y que en su mayoría desconocían quienes eran los beneficiarios últimos del dinero que aportaban en campañas de caridad.

Según esta fuentes, tanto el detenido como los otros dos investigados se valieron de su posición de influencia en la gestión del Centro Islámico Mezquita Abu Bakr en Madrid, ubicada en la calle Anastasio Herrero. De hecho, el tesorero habría utilizado recursos de varias asociaciones musulmanas interconectadas entre sí y ubicadas en ese centro para recaudar esos donativos bajo la apariencia de ayuda humanitaria a huérfanos.

UNA ONG VINCULADA CON UN GRUPO TERRORISTA

Ese dinero recaudado, o parte de él, se hacía llegar con posterioridad de forma opaca a una ONG denominada Organización Humanitaria Al Bashaer, que esta vinculada a la organización terrorista yihadista Yeish al Islam, que ha llegado a operar como filial de Al Qaeda en Siria.

Este mismo jueves, la Policía Nacional ha emitido un comunicado informando de la detención de esas tres personas, dos en Madrid y una en Santa Cruz de Tenerife, por su presunta participación en un delito de financiación del terrorismo, y apuntando que la investigación, declarada secreta, permanece aun abierta.

Indican asimismo que los arrestados están acusados de recaudar donativos solidarios haciendo uso de los recursos de una asociación cultural y dirigir una parte a zonas ocupadas por milicias de Al Qaeda con el objetivo de sufragar a sus combatientes.

Añaden que la investigación policial, que se ha llevado a cabo por agentes de la Comisaría General de Información (CGI), ha sido coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y supervisada por el Juzgado Central de Instrucción número 6. Para ello, se ha contado con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y Ceuta –a nivel nacional– y de la agencia policial EUROPOL, a nivel internacional.

Desde la Policía explican que la operación se desarrolló el pasado martes, que se han realizado cuatro entradas y registros, y que en los mismos se ha intervenido numerosa documentación, dinero, efectos y soportes técnicos que están siendo analizados por los investigadores.

DINERO PARA INSTRUIR MUYAHIDINES

La investigación comenzó hace dos años cuando los especialistas en la lucha antiterrorista, a raíz de una operación realizada en 2019, tuvieron conocimiento de la existencia de una red de financiación que desde España y valiéndose de esa ONG que tiene actividad en la zona de conflicto sirio, enviaba dinero para financiar a combatientes yihadistas de Al Qaeda.

La Policía indica que tras las pesquisas iniciales, los agentes comprobaron como dichas actividades delictivas se desarrollaban por personas vinculadas a un centro islámico de Madrid. Y que parte de la recaudación era destinada a sufragar los gastos de un centro escolar para niños huérfanos situado en zona de conflicto, cuyas actividades se centraban en el adiestramiento de futuros muyahidines.

La educación impartida se centraba en la enseñanza más radical de la Sharía y el entrenamiento de los niños en la lucha armada, motivándolos a continuar la actividad terrorista de sus padres muertos en combate.

Por su parte, el presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), Ayman Adlbi, uno de los tres detenidos este martes, rechazó este mismo miércoles las sospechas «infundadas» que llevaron a su detención, y aseguró que confiaba en la Justicia y defendió su cometido como representante de los musulmanes en España.

Fuentes de la Comisión Islámica de España informaron que los agentes tomaron declaración a Adlbi y registraron su despacho y su domicilio. «Ante los acontecimientos de las últimas horas, relativos a la investigación de una Unidad de la Policía Nacional la cual incluyó la detención policial del Presidente de la Comisión Islámica de España, quien suscribe, y posterior liberación desde las dependencias policiales, debo expresar nuestra confianza en la Administración de Justicia, cualesquiera que sean las sospechas, que consideramos infundadas, aunque comprendamos que sean investigadas», subrayaba Adlbi en un comunicado.

Esquerra Republicana (ERC), Junts y la CUP han votado este jueves de forma diferente el decreto ley de ayudas directas a empresas afectadas por la crisis de la pandemia del Covid, y lo han hecho la víspera de la investidura del candidato de Esquerra a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonés, que aún está en el aire.

El Congreso ha convalidado este jueves este decreto ley, que establece la creación de un fondo de 11.000 millones de euros con ayudas para empresas y autónomos, 7.000 millones de ellos en ayudas directas.

Mientras el grupo que capitanea Gabriel Rufián lo ha respaldado, uniendo así sus votos a los del PSOE y Unidas Podemos, Junts lo ha rechazado y los dos diputados de la CUP han optado finalmente por la abstención.

Esquerra ha justificado su voto a favor del decreto recalcando que previsiblemente 1.000 de los 7.000 millones de euros de ayudas directas serán para las pymes y los autónomos catalanes, que suponen, ha dicho, «el 98% de las empresas en Cataluña». Y aunque el decreto no es el que le gustaría, ha subrayado que «la alternativa al no es nada» y con la nada «no se come».

SON «MIGAJAS», DICE JUNTS

En Junts, su portavoz, Miriam Nogueras, ha explicado que su partido lo ha rechazado porque este decreto viene a evidenciar «el agravio crónico» que, según ha denunciado, los empresarios catalanes vienen sufriendo desde hace años. «La gente no nos ha votado para que sigamos aceptando las migajas, sino lo que nos toca», ha dicho Nogueras, quien ha apuntado que no puede ser que, representando un 20% de la economía y un 16% de la población, Cataluña reciba «un mísero 8%» en ayudas.

Esta divergencia en el sentido del voto tiene lugar tan sólo horas antes de que el Parlament celebre el Pleno de investidura de Aragonés, al que la CUP apoyará después de que su militancia haya dado su visto bueno al precuerdo con los republicanos. Está por ver qué hará Junts, que aún no ha decidido su facilitar o no la investidura de Aragonés y cuyos 32 escaños son claves.

Sin embargo, Rufián se ha mostrado convencido de que el partido que lidera Carles Puigdemont acabará respaldándole. «La pelota está en el tejado de Junts, pero creo que la bajará y se pondrán a jugar», ha comentado en rueda de prensa.

IU culminará la XII Asamblea Federal, que reelegirá a Alberto Garzón como coordinador de la formación, este viernes y sábado bajo el lema ‘Horizonte República’ y con «estrictas medidas» ante el Covid-19, con el diseño de una ‘burbuja de seguridad’ para los asistentes

Concretamente, solo acudirá de forma presencial una representación en torno al 20% de las delegaciones de cada federación, es decir, cerca de 110 delegados y delegadas de los 560 que se eligieron para esta última fase, mientras que el resto participará en los debates por videoconferencia.

La formación ha explicado que, como en los meses anteriores, el proceso asambleario ha tenido lugar en «circunstancias muy particulares» por la pandemia del Covid-19.

No obstante, la dirección de IU ha destacado que se ha garantizado en todo momento la participación y el amplio debate, con alrededor de 750 reuniones sectoriales celebradas y casi 2.300 enmiendas presentadas a los diferentes documentos que se abordan en este cónclave.

Por tanto, está previsto que el trabajo en los dos últimos días de la asamblea se realice con un formato mixto, con asistencia de una parte de los delegados de forma presencial y con la participación del resto de forma telemática.

En esta línea, desplegará una ‘burbuja de seguridad’ en estos dos últimos días. De esta forma, solo acudirá de forma presencial una representación en torno al 20% de las delegaciones de cada federación, es decir, cerca de 110 delegados y delegadas del total de 560 que se eligieron para esta última fase. El resto participará en los debates por videoconferencia.

El protocolo puesto en práctica ha incluido que tanto los delegados asistentes como el personal encargado del desarrollo de esta última fase de la XII Asamblea se hayan hecho esta semana las correspondientes pruebas serológicas para garantizar así la seguridad sanitaria del evento.

Además de esto, los tradicionales saludos por parte de portavoces de organizaciones sociales, sindicales, políticas y de todos los ámbitos de la sociedad civil durante la primera jornada se realizarán de forma no presencial.

NUEVA DIRECCIÓN

El ministro de Consumo revalidará su liderazgo en IU tras obtener el respaldo de más del 76% de militantes que han votado durante el proceso. Porcentaje similar obtuvo el documento político elaborado por la dirección, denominado ‘Avanzando hacia la República. Una IU para un nuevo país’.

Con ello, se ha impuesto a la lista del sector crítico liderada por el dirigente José Antonio García Rubio, que ha logrado un total de 1.553 apoyos de los afiliados, el 20,8% del sufragio emitido.

En la nueva ejecutiva se mantiene como portavoz la eurodiputada Sira Rego, que también ostenta la parcela de Acción Exterior. Por su parte, la exdiputada en el Congreso Eva García Sempere será como responsable del área de Ecologismo. Mientras, Clara Alonso liderará Igualdad y la parcela de Republicanismo recae en Elena Torres, que procede de Jóvenes de IU y es estudiante.

Mientras, Ismael González repetirá como responsable de Organización y Finanzas de IU, el área de política Institucional estará dirigida por la portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, y la parcela de Estrategia y Elaboración Política tendrá al frente a Ángel de la Cruz. Finalmente el responsable de Modelo de Estado, Justicia e Interior de IU tendrá como titular al diputado en el Congreso y secretario general del PCE, Enrique Santiago.

GARZÓN REIVINDICA LOS LOGROS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS

En una entrevista, Garzón ha reivindicado el haber conseguido los «mejores resultados de la historia reciente» de la organización en términos de «influencia política» y centrará su nuevo mandato en reforzar la organización desde el ecologismo y feminismo, junto al objetivo de reducir la deuda económica que arrastran –que ya han rebajado de 11 a 5 millones en 4 años–, a niveles «irrelevantes» durante el próximo mandato.

Además, buscará aumentar la confluencia política con IU para consolidar la unidad de izquierda, algo que no les resta autonomía dado que su organización es un sujeto político «imprescindible» para el país. «Se trata de hacer posible aquello de marchar separados, pero golpear juntos», ha subrayado para descartar una fusión de IU con Podemos.

Para esta nueva etapa emprenderá cambios sustanciales en la dirección y acción política, con un marcado programa ecologista y feminista como «factor de transformación». Y es que a pesar de que ambos valores forman parte del ADN de IU, ahora se atraviesan tiempos «muy distintos» a los años 80 con una crisis «ecosocial» peligrosa que requiere respuestas.

«La política en general, pero la izquierda en particular, no puede ignorar esto», ha subrayado el líder de IU para reivindicar que hace falta una «izquierda fuerte» que profundice en su «matriz verde y morada».

El Juzgado de Instrucción número 2 de O Porriño (Pontevedra) ha acordado el sobreseimiento provisional, con reserva de acciones civiles a los perjudicados, de la investigación sobre el accidente del tren Celta que descarriló en la localidad pontevedresa en septiembre de 2016.

Así, la jueza considera en el auto, contra el que cabe presentar recurso, que la causa del accidente fue «el exceso de velocidad del tren», cuya responsabilidad atribuye «en exclusiva en la imprudencia del maquinista» fallecido, un varón de 50 años de edad y con una antigüedad como maquinista de 21 años.

De esta forma, entiende que esta circunstancia fue fruto de una «conducción desatenta a las circunstancias de la vía y a su señalización». «Incluso podría indicarse que, si se hubiese observado la velocidad de itinerario marcada con carácter general en el tramo, el tren no habría descarrilado», añade la magistrada.

El accidente del Tren Celta ocurrió el 9 de septiembre de 2016. En él fallecieron cuatro personas –el maquinista, el interventor en ruta y dos pasajeros–, y otras 47 resultaron heridas, 13 de ellas de gravedad.

Si bien la instructora considera que los hechos «pudieran ser constitutivos» de cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y 47 de lesiones por imprudencia grave profesional, el fallecimiento del conductor determina la extinción de la responsabilidad penal.

EXCESO DE VELOCIDAD

La jueza señala que «el informe definitivo de los peritos judiciales coincide en descartar en la génesis del accidente más contribución causal que la que deriva del exceso de velocidad de entrada del tren en la estación de O Porriño, siendo esa la única causa del siniestro».

Tal y como consta en el auto, el 9 de septiembre de 2016 el tren Celta, un tren de viajeros, realizaba el trayecto entre Vigo y Oporto. En su recorrido, pese a las señales de la vía, el maquinista «no reduce velocidad para su paso por los cambios de entrada sin exceder de 30 km/h, sino que el tren continúa incrementando su velocidad».

De esta forma, al llegar a la entrada de la estación, «el tren circula a una velocidad real de 110 km/h». Unos metros más adelante, «descarrila» e «impacta frontolateralmente contra el estribo del paso superior de la carretera N-120».

OTROS ELEMENTOS

Asimismo, la instructora concluye, «sin ningún género de duda, que el material móvil no tuvo incidencia alguna en el acaecimiento del accidente, ni tampoco en el agravamiento de sus consecuencias, y que las instalaciones se acomodaban a la normativa de seguridad o normas técnicas seguidas en el ámbito ferroviario».

A ello añade que no existe «el más mínimo indicio, atendiendo a lo informado por los peritos judiciales, de que algún elemento de la infraestructura pudiera haber supuesto una causa o factor influyente en el accidente». Además, los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) descartaron «tanto un problema de frenado del tren como un fallo de la señalización».

«La causa directa, inmediata y que decididamente ha desencadenado el desgraciado accidente fue el exceso de velocidad, ya que el maquinista fallecido no cumplió la orden que le transmitía la señal 1532, y el hecho de haber reconocido las señales ópticas y acústicas del ASFA (sin tomar ninguna acción), impidió la aplicación del freno de emergencia», concluye.

ESTADO DE LA VÍA

La jueza también explica en la resolución que el día anterior al siniestro se detectó en O Porriño un tipo de fallo considerado grave, pues se mostraba una vía como «libre» cuando realmente estaba ocupada. Dos operarios inspeccionaron el lugar, «sin detectar anomalías»; además, se realizaron varios pasos y cruces de trenes por vías de la estación, pero en ningún caso se reprodujo el fallo.

Así, el tren Celta fue escogido por uno de los trabajadores del puesto de mando de Ourense y autorizado por su jefe, que estaba investigado en la causa, para verificar al día siguiente que no se reproducía el fallo.

«Este procedimiento (hacer pasar un tren similar, observando la respuesta de los circuitos) es el habitual para la verificación de incidencias de este tipo. Por otra parte, debido al accidente producido (y los trabajos de reparación posteriores), no ha llegado a verificarse que hubiese un problema en el circuito de vía», finaliza la jueza.

La moción de censura contra el alcalde popular del Ayuntamiento de Murcia, José Ballesta, ha salido adelante gracias a los votos de los nueve concejales del PSOE, los cuatro ediles de Ciudadanos y los dos de Podemos-Equo, que han sumado los 15 de los 29 apoyos necesarios para que su iniciativa prosperase.

Por su parte, el ya exalcalde de Murcia, José Ballesta, sólo ha contado con los apoyos de los once concejales de su partido y los tres Vox que representan 14 de los 29 ediles del arco plenario.

De este modo, y por un solo voto de diferencia, los pronósticos argumentados durante los días previos se han cumplido en el Ayuntamiento de Murcia sin que haya habido lugar a la sorpresa.

Por tanto, el concejal socialista, José Antonio Serrano, será el nuevo alcalde de Murcia hasta que finalice la actual legislatura en 2023, en virtud del acuerdo suscrito con los grupos municipales de Ciudadanos y Podemos y que fueron los que propiciaron la presentación de esta iniciativa el pasado 10 de marzo.

Por su parte, el ya exalcalde José Ballesta sólo ha podido conseguir los apoyos de los once ediles de su grupo municipal y los tres concejales de Vox.

Con la llegada de Serrano a la Alcaldía, los socialistas recuperan el bastón de mando de Murcia tras 26 años en la oposición en el Consistorio murciano.

DEMANDAS AL GOBIERNO REGIONAL

Arropado por dirigentes regionales de su partido, Serrano ha anunciado, minutos después de ser designado alcalde, que va a exigir al Ejecutivo autonómico los 30 millones de euros que les corresponden ‘per cápita’ a los vecinos del municipio, ya que «es un dinero que ha dejado de entrar y que es de todos los murcianos», en alusión a los Presupuestos que debe afrontar tras su nombramiento como primer edil.

En este sentido, ha manifestado su deseo de que «hubiera colaboración desde San Esteban», si bien ha lamentado que «estamos hablando de un gobierno que compra voluntades», en referencia a que el Consistorio de la capital puede sufrir un boicot en la inversiones autonómicas por parte del Gobierno regional.

Por su parte, su socio de Gobierno, el concejal de Ciudadanos Mario Gómez, ha comentado que «la moción de censura era necesaria», al tiempo que ha añadido que «era una obligación por respeto a los murcianos y por cumplir con las políticas que nos demandan los vecinos».

Visiblemente aliviado tras superar «muchas presiones hacia su persona y a sus compañeros», Gómez ha dicho que «hemos sufrido y presiones de todo tipo» y que ellos «no se han vendido como otros en otras administraciones». Asimismo, ha comentado que «el guión estaba escrito» y que ahora toca empezar a trabajar «en la composición del nuevo equipo de Gobierno y reparto de competencias».

BALLESTA VOLVERÁ A LA UMU

El hasta hoy alcalde de Murcia, José Ballesta (PP), ha confirmado tras salir adelante la moción de censura contra su equipo, con los votos a favor de PSOE, Cs y Podemos, que volverá a su plaza en la Universidad de Murcia (UMU), donde es catedrático de Biología Celular de la Facultad de Medicina.

En declaraciones a 7TV, Ballesta no ha desvelado si volverá a presentarse a las próximas elecciones como candidato a la Alcaldía. «Queda mucho tiempo para 2023», ha dicho el exregidor, que tampoco ha aclarado si entregará su acta de concejal del Consistorio murciano.

También queda por ver la nueva distribución del Grupo Municipal Popular, toda vez que ha pasado a la oposición tras 26 años al frente del Ayuntamiento y que deben reorganizarse las nuevas plazas de ediles liberados dentro del arco plenario.

El concejal y portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, ha transmitido a los que van a integrar el nuevo equipo de Gobierno que las prioridades de la formación morada «son las de los 450.000 murcianos y murcianas que habitamos este municipios».

«Mientras defiendan eso podrán contar con nuestro apoyo pero si se salen de esa línea no podrán con nosotros y tendrán que buscar otros apoyos, y los únicos que hay son los del PP y la ultraderecha de Vox», según Ruiz Maciá, quien ha señalado que «la elección es de ellos, esperamos que lo hagan pensando en Murcia y en el interés general».

El portavoz del Grupo Municipal de Vox, José Ángel Antelo, ha considerado que a Serrano «le queda grande el traje», y ha asegurado que se opondrá a sus «políticas de subida de impuestos, de abrazar la inmigración irregular y de financiar los chiringuitos ideológicos».

REACCIONES REGIONALES

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha considerado que «no es una buena noticia» que hayan convertido a la Comunidad «en el laboratorio de pruebas» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del líder de podemos, Pablo Iglesias, y de la presidenta de Cs, Inés Arrimadas.

También ha criticado las últimas noticias, como la que refleja que «han tenido que secuestrar a cuatro concejales de Cs en un hotel de fuera de la Región, como si aquí se diera una situación muy alejada de la realidad». Se trata, ha añadido, de algo que le ha hecho «reflexionar» porque «si hay cuatro personas convencidas de lo que van a hacer, cuyos principios rigen su modo de actuar y que están llevadas por la convicción, no tienen que esconderse de nadie, sino que pueden salir a la calle y dar las explicaciones que quieran».

En una línea muy diferente se ha mostrado el secretario regional del PSRM-PSOE, Diego Conesa, quien ha acudido al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia para felicitar al nuevo alcalde, José Antonio Serrano. El líder de los socialistas murcianos ha deseado que el Gobierno regional trate «en igualdad» a todos los municipios de la Región, en clara alusión al cambio de color político que se han producido este jueves en el Consistorio de la capital.

Conesa ha manifestado que espera que el nuevo Gobierno local y los miembros firmantes de la moción «estén comprometidos por gobernar por y para los vecinos del municipio de Murcia».

Por su parte, la coordinadora regional de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, ha valorado que lo importante, a partir de ahora, «es dotar de estabilidad al Ayuntamiento de Murcia».

Asimismo, ha reconocido que es «un día histórico» para la Región de Murcia ya que terminan «26 años de gobiernos del PP anquilosados» y que, desde este momento, «los murcianos van a ser el centro de las políticas» entre las que ha destacado las relacionadas con «el empleo y los jóvenes» entre otras.

De esta forma, la plana regional de Ciudadanos también ha acudido al salón de plenos del Ayuntamiento de Murcia para arropar a los cuatro concejales de la formación naranja en el consistorio murciano.

El titular de la Fundación Manuel Broseta, Vicente Garrido, ha recalcado este jueves que «no puede entenderse como hoy en día aún se tributan homenajes, a veces con la tolerancia de los poderes públicos a quienes «asesinaron, hirieron, extorsionaron o secuestraron a miles de ciudadanos, destrozaron a cientos de familias y desestabilizaron la vida política del Estado».

Garrido ha realizado estas declaraciones en el acto de entrega del el XXIX Premio Convivencia que la Fundación Profesor Manuel Broseta ha concedido a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y que han recogido este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles y el Teniente General, Luis Martínez Meijide, en un acto junto al president, Ximo Puig, celebrado en el Palau de la Generalitat.

Por ello, ha advertido: «Estaremos siempre al lado víctimas para impedir que se corra un tupido velo», ha prometido, con el objetivo de que la historia no se repita y las nuevas generaciones «no caigan en ese terrible fanatismo de la intolerancia».

En ese sentido, ha exigido «un estricto cumplimiento de la ley que jamás debe ceder» y ha mostrado su oposición a que se concedan «cualquier tipo de beneficio cuando no se percibe ni un solo gesto de colaboración, perdón o arrepentimiento por quienes tanto daño personal han infringido y han causado a la sociedad española».

DEUDA DE GRATITUD

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado que estar hoy aquí es también «un homenaje» al profesor Broseta y a los valores de «convivencia, el diálogo y la tolerancia» que representaba y con él «a todas las víctimas del terrorismo y sus familias, a las que nunca podremos olvidar» porque España tiene «una deuda de gratitud con ellas».

Por ello, ha apostillado: «Para mí no solo como ministra de Defensa, sino como ciudadana española, y como demócrata es una satisfacción poder poner en valor que ese sacrificio de las víctimas del terrorismo no ha sido en vano».

En ese sentido, ha recordado su experiencia personal en el Ministerio del Interior en «una época muy difícil, muy complicada, donde había atentado y muchos muertos, es la manera de dar las gracias a las personas que perdieron la vida, que fueron asesinadas, por su ejemplo». «Es un ejemplo que ha hecho que España sea una sociedad cada vez mejor, eso lo representaba el profesor Broseta y lo representan todas las víctimas», ha recalcado.

De igual modo, ha resaltado que la Fundación «representa los valores de convivencia, tolerancia y libertad» que son «esenciales en una sociedad democrática» y, ha constatado, «cada día hacen más falta».

Por eso, que «haya una Fundación que ponga dentro de su ideario esa defensa de la convivencia es algo en lo que siempre nos va a encontrar y a las Fuerzas Armadas y debe ser también un ejemplo a la ciudadanía en momentos difíciles». Así, «frente a la intolerancia, la crispación y la descalificación» ha reivindicado «la convivencia, el diálogo y la tolerancia».

«JUSTICIA, MEMORIA Y VERDAD»

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado que este año se celebra el 10º aniversario del fin de la violencia del terrorismo de ETA y «lo haremos desde la Justicia, la Memoria y la Verdad». «Celebraremos los 10 años de ese ansiado final sin olvidar el sufrimiento de las víctimas», ha recalcado.

En ese sentido, ha recordado que hace unos días se publicaba una entrevista a Quico Tomás y Valiente en la que contaba que cuando ETA mató a Broseta, su padre -Tomás y Valiente- fue a ver a los hijos de su amigo y les dijo: «No odiéis. Que su recuerdo os haga sonreír».

Por ello, ha señalado que este final «lo celebraremos como pidió Tomás y Valiente: Sin odios e intentando sonreír» y ha destacado que esta Fundación y este Premio «honran aquella petición, un escudo en defensa de lo que nos une y contra todo lo que erosiona la convivencia». «El noble objetivo de esta Fundación es el mandato que hoy tenemos: Fortalecer nuestra convivencia -que tantos sacrificios exigió- y renovarla ahora que tanto la necesitamos», ha apostillado.

La Junta Electoral Provincial de Madrid ha rechazado la denuncia que interpuso Más Madrid en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por hacer «campaña» desde las instituciones madrileñas.

Más Madrid denunció el «uso partidista» de las instituciones por parte de la candidata del PP tras haber anunciado en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, compensaciones económicas para los sectores afectados por la pandemia que quedaron excluidos de las ayudas anunciadas por el Gobierno central.

Ante esto, en la respuesta a la denuncia, la Junta Electoral ha determinado que «buscando con detalle alguna alusión a realizaciones o logros obtenidos, resulta tenue, imprecisa e irrelevante» en relación con el conjunto de la intervención de la presidenta.

Valoran que no se incurrió en infracción de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen electoral general y estiman que procede el archivo de la denuncia electoral.

La Junta Electoral Provincial tiene pendiente resolver varias denuncias interpuestas por diferentes partidos desde que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunciara la convocatoria de elecciones para el próximo 4 de mayo.

La primera de las denuncias la interpuso el PP contra el candidato de Podemos a presidir la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, por anunciar su candidatura desde su despacho de vicepresidente. Más tarde, formuló denuncia Más Madrid contra Ayuso por una rueda de prensa en la sede de la Comunidad en la que presentó un plan de ayudas para pymes y autónomos.

También el PSOE ha denunciado a Ayuso por utilizar «medios y recursos públicos para difundir mensajes con claras connotaciones electoralistas», al igual que Más Madrid. Y el PP de nuevo a la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), ante la Junta Electoral de Zona por presentar un balance de las actuaciones llevadas a cabo en 2020 a consecuencia de la pandemia.

La Junta Electoral Provincial, con sede en la Audiencia Provincial de Madrid, estudiará al menos cuatro de las denuncias presentadas, entre ellas la del PP contra el candidato de Podemos, han informado fuentes jurídicas.

A ello se le añade la presentada hoy por Más Madrid por incluir los ‘populares’ en sus papeletas la palabra ‘voto’ antes de tiempo establecido.

Desde que se convocan elecciones, no se pueden realizar actos sobre los logros obtenidos que estén financiados por los poderes públicos. Y las instituciones públicas tampoco pueden utilizar expresiones o imágenes iguales o similares a las utilizadas por los partidos políticos en campaña.

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por inducir a cuatro menores a robar varios perros de raza logrando que estos, de entre 6 a 10 años de edad, sustrajeron dos canes de raza chihuahua, ha informado la comandancia local este jueves en una nota de prensa.

Los hechos sucedieron a finales del mes de febrero, cuando denunciaron la sustracción de dos perritas, de nombre Chule y Chispi, de la raza chihuahua en una vivienda situada en la colonia Guadarrama, de la localidad de Móstoles.

Tras realizar una batida de búsqueda por el poblado de Las Sabinas, que limita con la zona residencial de donde fueron sustraídos los animales, algunos familiares de los propietarios, localizaron a una de las perras en una de las viviendas del lugar.

Inmediatamente dieron aviso a la Policía, que tras entrevistarse con la moradora de esta vivienda, manifestó que se la habían regalado unos niños del poblado varios días antes y que además tenían el hecho grabado y volcado en una conocida red social.

Tras varias pesquisas, los agentes localizaron a la otra can sustraída en otra vivienda de este poblado, siendo entregada a sus legítimos propietarios inmediatamente. En esta ocasión, el dueño de la vivienda manifestaba que se la había comprado a un desconocido que pasó por el lugar con ella en brazos.

DESCUBIERTOS POR LAS REDES SOCIALES

Tras las manifestaciones vertidas por la mujer a la que se le intervino la primera perrita, en las que informaba a los agentes de que había grabado a los niños mientras sustraían los animales del interior de una finca, los investigadores procedieron a localizar y visionar estas imágenes.

Después de chequear las mismas, pudieron comprobar que esta mujer no solo estuvo presente en el momento de la sustracción de las perras, sino que además se dirigió a los menores por sus nombre y los alentó para cometer el robo, para que el tuvieron que saltar una valla de dos metros de altura.

Por tales hechos, se procedió su detención, como presunta responsable de un delito de robo con fuerza, siendo puesta posteriormente a disposición judicial. Los agentes creen que su objetivo era vender los perros por más de mil euros.

Además, el dueño de la vivienda donde se localizó el segundo animal, también fue detenido por encubrimiento y denuncia falsa, ya que tras haber sido recuperada la perrita, éste acudió a comisaría a denunciar que la había comprado. Se da la circunstancia de que en el vídeo recuperado de redes sociales se puede observar que dos de los menores que intervienen en el robo eran sus hijos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este jueves la sede de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), para visitar el nuevo superordenador ‘Cirrus’ y el Centro Nacional de Predicción, donde ha presidido el briefing meteorológico y de coordinación.

‘Cirrus’ será el segundo superordenador más potente en España, solo superado por el MareNostrum del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y estará operativo en el mes de mayo.

Acompañado por la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, Sánchez ha conocido el Centro de Proceso de Datos, que es unidad neurálgica para el desempeño del servicio meteorológico, donde se está instalando Cirrus.

Sánchez ha visitado la sala donde se está instalando el superordenador Cirrus, que estará plenamente operativo sustituyendo al actual el próximo mes de mayo. Cirrus será el ‘cerebro’ de AEMET y la base de información de las predicciones. En él, además de realizar predicciones meteorológicas con el uso de modelos de predicción y está almacenada toda la información climatológica durante los últimos 125 años.

Con estas series históricas se obtiene información para hacer nuevos modelos o usarlos para servicios climáticos que se quiera desarrollar. Según informa la AEMET, se trata de un big data climático que permite conocer el clima de España del último siglo y hacer proyecciones y simulaciones.

La potencia de cálculo del nueo supercomputador será posible ejecutar de forma mucho más rápida los modelos de predicción numérica del tiempo de última generación, lo que resulta esencial para prestar servicios críticos como avisos de fenómenos meteorológicos adversos, servicios para navegación aérea, servicios para Defensa, entre otros, además de nuevos servicios climáticos y servicios de alerta temprana establecidos en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC).

Sánchez ha acudido también al Centro Nacional de Predicción, unidad central del Sistema Nacional de Predicción (SNP), donde ha presidido el briefing meteorológico de coordinación y análisis integrado de la situación meteorológica con participación de todas las unidades que forman el SNP.

El protocolo constituye el punto de partida de los procesos de producción de predicciones, vigilancia y emisión de avisos de fenómenos meteorológicos adversos y que son difundidos operativamente a, entre otros, las protecciones civiles, AENA y ENAIRE.

Esta operacion se fundamenta en una infraestructura de diferentesredes de observación, cuya renovación será posible gracias los Fondos Next Generation EU. El centro de proceso de datos trabaja 24 horas al día los 7 días de la semana para monitorizar y supervisar los procesos críticos de AEMET.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha lamentado lo que está pasando en el Ayuntamiento de Murcia y lo que lleva pasando en la Región «las dos o tres últimas semanas». En concreto, ha considerado que «no es una buena noticia» que hayan convertido a la Comunidad «en el laboratorio de pruebas» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del líder de podemos, Pablo Iglesias, y de la presidenta de Cs, Inés Arrimadas.

También ha criticado las últimas noticias, como la que refleja que «han tenido que secuestrar a cuatro concejales de Cs en un hotel de fuera de la Región, como si aquí se diera una situación muy alejada de la realidad». Se trata, añade, de algo que le ha hecho «reflexionar» porque «si hay cuatro personas convencidas de lo que van a hacer, cuyos principios rigen su modo de actuar y que están llevadas por la convicción, no tienen que esconderse de nadie, sino que pueden salir a la calle y dar las explicaciones que quieran.

En cualquier caso, cree que «no es bueno que hayamos sido el laboratorio de pruebas de Moncloa» ni que un gobierno que «tenía una mayoría estable y que reflejaba la mayoría que habían querido todos los murcianos en las últimas elecciones se vea socavado y ahora pase a gobernar el Ayuntamiento de Murcia el PSOE del presidente Sánchez». Además, ha lamentado que el Consistorio «dependa de forma esencial para todo de Unidas Podemos, el partido del señor Iglesias».

«Personalmente creo que esto no es bueno para los murcianos, no es bueno para la Región y es muy malo para los empresarios», según López Miras.

ACTIVIDAD EN LA ASAMBLEA

Al ser preguntado por el hecho de que la Asamblea Regional previsiblemente vaya a estar tres semanas sin actividad, López Miras ha afirmado que es una decisión «exclusiva» de la Junta de Portavoces del parlamento autonómico, que «está integrada por todos los grupos políticos con representación» en el hemiciclo.

En cuanto a la posibilidad de que alguno de los diputados expulsados de Vox entre en el Gobierno regional, ha señalado que se está hablando «con todos los diputados que requieren dar una mayoría estable al Ejecutivo murciano». Se ha mostrado convencido de que lo va a conseguir, «como se ejemplificó en la moción de censura fracasada la semana pasada».

Asimismo, ha confirmado que, para formar parte de un Gobierno «liberal y moderado» se tendrá que apostar por un proyecto de «centro-derecha» como el que él lidera. «Es mucho más importante el proyecto que las personas e sí», ha ratificado.

En cualquier caso, ha desmentido que estén negociando «puestos» sino que están hablando sobre lo que quieren para la Región de Murcia para los próximos dos años, cuáles son los acuerdos programáticos y cómo se pueden llevar a cabo. «Si para llevar a cabo estos acuerdos es necesario que haya alguien dentro del Ejecutivo, ese no será un impedimento, desde luego», ha corroborado.

«El Gobierno de la Región de Murcia, lo saben, es liberal y moderado, que apuesta por la libertad, y ese proyecto está por encima de las personas», según López Miras, que ha avanzado que «quien quiera formar parte de ese proyecto tendrá que estar de acuerdo con los principios que rigen este Gobierno: liberal, moderado, de centro y centro-derecha».

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha celebrado este jueves que la CUP haya avalado el preacuerdo alcanzado con ERC y haya anunciado que votará a favor de la investidura de Pere Aragonès, por lo que espera que Junts se sume para que el candidato republicano sea elegido presidente: «Estamos a tiempo».

Lo ha dicho en rueda de prensa, después de que la CUP haya anunciado que votará a favor de la investidura de Aragonès tras el aval de las bases ‘cupaires’ al preacuerdo con ERC con el 59% de los votos.

Vilalta ha sostenido que este aval de la CUP da una «oportunidad» a que Aragonès sea investido presidente de la Generalitat en el pleno de investidura de este viernes, aunque todavía no hay un acuerdo cerrado entre ERC y Junts.

Ahora mismo Aragonès cuenta con 42 diputados –los 33 de ERC y los 9 de la CUP– para ser investido y necesita 26 más para llegar a los 68 diputados necesarios para tener mayoría absoluta y ser presidente el viernes, lo que deja la elección en manos de Junts.

«Está en las manos de todo el independentismo hacerlo posible», ha advertido, y confiado en que todavía es posible llegar a un acuerdo para que Aragonès sea investido este viernes.

En este sentido, la portavoz republicana ha asegurado que seguirán trabajando en las próximas horas «para hacer posible la oportunidad y que se pueda producir mañana mismo», pero no ha querido desvelar si ya se han reunido con Junts este jueves.

«Seguimos trabajando en las próximos horas», y ha rechazado concretar cuál es el principal escollo para desencallar las negociaciones ni ha dicho qué respuesta les dio Junts del documento que ERC les entregó con una propuesta para reformular el Consell per la República.

Sí que ha insistido en que «no hay ningún punto en concreto que sea insalvable que ahora mismo impida la realidad de la mayoría independentista de 74 diputados», por lo que cree que es su responsabilidad y obligación seguir trabajando para alcanzar un acuerdo, especialmente después de que la CUP haya avalado el acuerdo.

«CONTENTOS» POR LA DECISIÓN DE LA CUP

Vilalta ha destacado que están «contentos» por la decisión de la CUP de aprobar el acuerdo y votar a favor de la investidura de Aragonès, ya que lo ve un buen acuerdo en clave social y nacional para abrir una nueva etapa en Cataluña.

La dirigente de ERC ha subrayado que ahora habrá que seguir trabajando para «ampliarlo, mejorarlo, cumplirlo y hacerlo real», pero lo ha definido como un buen inicio para que haya un nuevo Govern.

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley de ayudas directas a las empresas afectadas por la crisis de la pandemia de Covid-19, que podrá modificar tras aprobar su convalidación como proyecto de ley.

Esta tramitación, permitirá a los grupos proponer cambios a través de enmiendas. Como cada decreto ley, sus medidas se encuentran en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) pero tras su aprobación debe ser sometido a votación en el Congreso en el plazo de un mes para su convalidación o, en caso contrario, ser derogado.

Además del PSOE y Unidas Podemos, han apoyado el decreto ley Esquerra Republicana, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC).

Sin embargo socios del Gobierno como el PNV y EH-Bildu se han abstenido, así como el PP, Ciudadanos, el PDeCAT, la CUP, UPN y Foro Asturias. Por su parte, Vox y Junts han votado en contra.

En todo caso, hasta las formaciones que han dado apoyo al decreto han reprochado que estas ayudas lleguen tarde, no sean suficientes, dejen fuera a sectores afectados por la crisis y no hayan sido negociadas con la oposición ni tampoco con las comunidades autónomas.

DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO A VALORAR UNA AMPLIACIÓN A MÁS SECTORES

En su intervención, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha abierto la puerta a ampliar a más sectores –se restringe a menos de un centenar– a los que se permite el acceso a estas ayudas.

Así, ha explicado que la elección de los sectores se hizo con el análisis de los datos al cierre de febrero, pero que «la realidad es dinámica» y el Gobierno «es muy sensible» a las necesidades de las empresas: «Cuentan con nuestra disposición para valorar la ampliación del listado a sectores que en el futuro puedan cumplir los requisitos establecidos», ha dicho.

EXTENSIÓN DEL APOYO A LAS EMPRESAS DURANTE 2021, ERTEs INCLUIDOS

Asimismo, la responsable económica del Gobierno ha comprometido que la batería de medidas aprobadas por el Gobierno para ayudar a las empresas, incluido el sistema de protección al empleo de los ERTE, «estarán disponibles en 2021 y se extenderán todo lo que sea necesario para seguir apoyando el tejido productivo».

Además del sistema de protección al empleo de los ERTE para cubrir salarios y cotizaciones, ha citado la línea de avales públicos del ICO, con su ampliación de plazos de carencia y devolución, la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos, las moratorias en el pago de impuestos y cotizaciones sin intereses y la moratoria para la devolución de créditos hipotecarios y no hipotecarios.

A estas medidas, Calviño ha sumado el fondo de ayudas directas contenido en el decreto ley que se somete este jueves a su votación de convalidación en el Congreso, el fondo de reestructuración de deuda financiera contenido también en el mismo y los fondos de solvencia gestionados por la SEPI y Cofides.

DEBATE ENTRE «CABEZONES» Y DEFENSORES DE LA AUSTERIDAD

Durante el debate del decreto, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha celebrado este decreto, aprobado tras el «intenso debate de siempre» entre «aquellos de dentro del Gobierno que quieren volver lo antes posible a la mal llamada austeridad» y «los cabezones», incluyendo a su partido en este segundo grupo, que creen que esta austeridad «no sólo fue cruel» sino que es una receta económica «fracasada».

Precisamente, en una discusión en los pasillos del Congreso entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, la primera le pidió al líder de Unidas Podemos que no fuera «cabezón». A partir de entonces, en esta formación aseguran ser «cabezones» en la defensa de sus posturas y en el cumplimiento del acuerdo de Gobierno.

Estas personas del Gobierno que, ha dicho Echenique sin concretar nombres, quieren volver a «la mal llamada austeridad», «recelan de cualquier aumento de gasto público aunque este sea indispensable para ayudar a la gente«.

LAS RESTRICCIONES SON TERRITORIALES, PERO LAS AYUDAS NO

El PP ha justificado su abstención «por responsabilidad», pero ha instado al Gobierno a simplificar el proceso de concesión de ayudas, lamentando su diputada Elvira Rodríguez «un procedimiento de gestión largo, costoso» y que «recae sobre las comunidades autónomas, a las que «obligan a comprobar factura a factura», sin además haberlo debatido ni consultado con ellas. Además, ha señalado que «el problema del reparto territorial» se resolvería con créditos ampliables.

Para María Muñoz, de Ciudadanos, se trata de un sistema de reparto «claramente ineficaz», con medidas «insuficientes» que, a su juicio, «sólo aplazan el desastre». «Llegan tarde no, tardísimo», ha reprochado Ferrán Bel (PDeCAT), señalando que sectores con pérdidas del 40% y el 50% se quedan fuera por obviarse que las restricciones no se han adoptado de forma global, sino territorialmente, y por tanto hay sectores más afectados en comunidades concretas.

Para Idoia Sagastizabal, portavoz económica del PNV, el decreto es «un jarro de agua fría», ya que las ayudas «ni son claras, ni se adaptan a la realidad de cada territorio», que sin embargo deberán gestionar su concesión. En las provincias vascas, por ejemplo, no se funciona con un régimen de estimación directa, ni tampoco se mide la caída de facturación con el criterio de base imponible, sino en la base liquidable. «¿Cómo lo hacemos?», se ha preguntado.

«VOTAREMOS A FAVOR PERO MERECEN UN ‘NO’ POR MALO, TORPE Y RAMPLÓN»

Entre quienes han apoyado el decreto también ha habido críticas. Ana Oramas (CC), ha asegurado que el decreto «llega tarde, porque muchas pymes se han quedado por el camino», mientras que Inés Sabanés (Equo) ha calificado de «incomprensible» la «resistencia a la aplicación de ayudas directas», cuando otros países menos dependientes a actividades afectadas por las restricción se adelantaron a estas medidas.

Votaremos que sí, pero sólo por responsabilidad de la economía real de pymes y autónomos», ha explicado Joan Cadpevila (ERC), que cree que en el Ejecutivo «merecían un ‘no'» a su decreto «por malo, torpe, ramplón, prepotente y nada dialogado.

En Vox su diputada Patricia Rueda ha criticado a las formaciones que han apoyado o se han abstenido ante un decreto por «apoyar una vez más a ‘producciones Moncloa’, permitiendo un plan que hiere de muerte a empresas y a autónomos».