La situación de la prensa en papel, las llamadas ‘fake news’ y el futuro de la radio y la televisión han protagonizado este viernes el debate en la Jornada ‘Nuevo-Nuevo Periodismo’, organizada en el marco de la iniciativa Periodismo 2030, en la que colabora la Fundación AXA.

Durante esta jornada, celebrada en la sede del Grupo Secuoya de Tres Cantos (Madrid) y estructurada en sesiones de mañana y tarde, Juan Fernández Miranda (adjunto al director de ‘ABC’), Jordi Juan (director de La Vanguardia), Lydia del Canto (directora de Levante), Álvaro Melcón (director de El Diario de Burgos), y David Fernández Mejías (director del Diario de Cádiz) han participado en la mesa ‘La buena salud de la prensa de papel’.

El director adjunto de ‘ABC’, Juan Fernández Miranda, ha confesado que cuando leyó el título de la mesa pensó que se trataba de una broma. Sin embargo, ha matizado que «en realidad, si lo piensas un poco, es un título perfecto para poner el foco en una cuestión sobre la que hay que debatir mucho y se sabe muy poco: ¿Hacia dónde va la prensa de papel?».

En este sentido, la directora de Levante, Lydia del Canto, ha manifestado: «Podemos dejar de llamarlo prensa de papel, y empezar a llamarlo prensa escrita. No conozco a ningún periódico de papel que no tenga versión en internet». Además, ha añadido que, a pesar de que las ventas de periódico en papel hayan caído, el proceso de producción del mismo se ha abaratado.

Por su parte, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, ha preguntado a los estudiantes que se encontraban en la sala: «¿Cuántos de los que estáis aquí vais a comprar un periódico de papel a un kiosco? Es evidente que no es un gran momento para la prensa de papel, pero, sin embargo, sí es muy buen momento para el periodismo».

Jordi Juan ha explicado que, a pesar del avance en lo digital, el diario en papel sigue siendo su seña de identidad: «La Vanguardia ha hecho una apuesta por lo digital, pero nuestra marca es el diario de papel. Sabemos que quien va a buscarnos de manera virtual es porque tiene un buen recuerdo del periódico en papel».

David Fernández, director del Diario de Cádiz, reconocía cómo los periódicos en papel, al haber empezado a ofrecer sus contenidos en digital, se podrían estar causando daño a ellos mismos. «Si nosotros mismos estamos regalando a través de internet los contenidos que después publicamos en papel; y no sólo los regalamos, sino que además evitamos que tengan que desplazarse al kiosco a comprarlos, es complicado pretender que los lectores consuman prensa en papel», ha dicho.

Por último, el director del Diario de Burgos, Álvaro Melcón, ha afirmado que en el caso de la prensa en papel hay que hacer una distinción entre el modelo de negocio y el periodístico. «Por un lado tenemos el modelo de negocio, es decir, si gozamos de buena salud como empresa; y, por el otro, el modelo periódico, es decir, si la sociedad reconoce y da credibilidad a nuestro trabajo. Pues bien, en esto último, no cabe duda de que en todas las encuestas que se publican, las audiencias otorgan mayor credibilidad a la prensa escrita que a la prensa online», ha manifestado.

¿CÓMO DETECTAR LAS NOTICIAS FALSAS?

En la segunda mesa de debate, relativa a las ‘fake news’, han participado: como moderador, José Antonio Vera (La Razón); Javier García Vila (Europa Press); Julián Quirós (‘ABC’); Fernando Garea (El Periódico de España); Juan Caño (APM) y Ángel Expósito (Cope). El papel puede ser revolucionario», ha afirmado Fernando Garea, tras presentar su nuevo medio de comunicación, ‘El Periódico de España.

Para Juan Caño, una de las medidas que habría que tomar al respecto es la creación de talleres de formación mediática (algunos ya existen) y la educación en ese sentido tiene que empezar en los niños, que serían impartidos por profesionales del periodismo y no de profesores. En este contexto, ha insistido en que en la prensa, desde sus comienzos, han existido las noticias falsas, los errores y las noticias tendenciosas cuyo fin está en la extorsión y la manipulación.

Por otro lado, en la mesa relativa a la radio y la televisión, Vicente Vallés, presentador del Informativo de Antena 3, ha afirmado que «el periodismo no es solo dar la noticia, sino dar el dato y el análisis» y que, por tanto, la televisión seguirá existiendo –con «aportaciones e ideas distintas»– dentro de diez años.

La directora de informativos de Canal Sur, Carmen Torres, ha asegurado que ya escuchaba en la Facultad que «el papel estaba muerto» pero «no han cambiado las cosas tanto» en los últimos 25 años. «El camino es el periodismo de calidad y la televisión es la primera reacción», ha recalcado.

Carlos Franganillo, presentador del Telediario de TVE, ha defendido la «excelente salud» de la que gozan la televisión y la radio. Para el periodista ovetense, el futuro está en pensar en las vidas del contenido más allá de la emisión tradicional. «Tenemos que aprender a que ese producto se puede trocear y adaptar. La esencia no va a cambiar ni debe cambiar. El periodismo tiene unas bases que no se van a alterar», ha señalado.

El director de contenido de Innovación y Digital de RTVE, Urbano García, cree que la radio y la televisión tal y como se conoce «están obsoletas». García asegura que «las audiencias se han empoderado» y que los medios deben adaptarse al cambio del sistema en el que los usuarios son «los nuevos reyes».

José Miguel Contreras, creador de contenido en Lacoproductora, ha señalado que «el vértigo es el término fundamental sobre lo que va a ocurrir» y ha apuntado a la pandemia como causante de un «doble efecto» que «ha cambiado el mundo», a la vez que «ha tapado la realidad» existente en los medios.

Contreras ha manifestado que «los medios han dejado de ser importantes» pero confía en el futuro. «Si hay un oficio que no se va a acabar es el nuestro (…) Los medios van a cambiar, lo importante son los contenidos», ha concluido.

El grupo parlamentario popular ha registrado este viernes en el Congreso una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ‘Ley del solo sí es sí’, por considerar que tiene un «sesgo ideológico», y se opone a la redacción del consentimiento expreso y a la supresión de la distinción entre abuso y violación.

El grupo popular considera que se trata de una normativa «maniquea, con un marcado sesgo ideológico, muy deficiente desde el punto de vista técnico-jurídico» y «de cuestionable constitucionalidad».

«Un texto que instrumentaliza el dolor y sentimiento de las víctimas de estos deleznables hechos dado que, al final, no se van a ver mejoradas en su protección e intervención integral», señala la enmienda del grupo popular, y que aboga por un texto que responda a la necesidad de mejorar la proporcionalidad de la respuesta penal frente las situaciones de violencia sexual que sufren especialmente las mujeres, los menores de edad y personas con discapacidad.

El GPP considera que el pilar sobre el que sigue pivotando la normativa es el mantenimiento del consentimiento expreso y se opone a ello porque considera que va «en detrimento de la seguridad jurídica y del principio de presunción de inocencia».

Además, añade que «los problemas para determinar si ha habido un delito sexual serán los mismos que antes: la existencia depruebas y no el mero testimonio».

El grupo popular también se opone a la supresión de la distinción entre abuso y violación porque, a su parecer, esto «supone eliminar el principio de proporcionalidad del Código Penal, vulnerando la seguridad jurídica».

Igualmente, indica que se produce un desplazamiento de la carga de la prueba dado que recaería en la defensa para excluir la tipicidad, «llegando a afectar al principio de presunción de inocencia».

Por otro lado, subraya que eliminar la distinción entre la agresión sexual y el abuso sexual, supone eliminar el principio de proporcionalidad imperante en el Código Penal.

«No hay derechos sin seguridad jurídica, se deja a las víctimas desprotegidas y en un limbo respecto de sus derechos. Con ello no se consigue el objetivo de proteger mejor a las víctimas de la violencia sexual», recalca, además de resaltar que no es una ley que proteja la libertad sexual de todos los ciudadanos.

Además, el grupo popular apunta que no existen recursos personales ni materiales para dotar las medidas recogidas en el Proyecto Ley. Por ejemplo, afirma que sindicatos policiales han denunciado que no hay suficiente plantilla especializada para las víctimas y tampoco bastantes Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género en los Juzgados.

Asimismo, el grupo popular afirma que el Proyecto de Ley es mejorable desde el punto de vista de las mujeres con discapacidad. En concreto, señala que el CERMI recuerda que las leyes deben tomar como referencia la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Por todo ello, el grupo popular ha presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo con el fin de favorecer «una mayor claridad» en la tipificación de esas conductas, basada en dos puntos: la reforma del artículo 181 apartado 1º y 2º manteniendo el resto igual y, por tanto, el delito de abuso sexual «en aras de dotar de una mayor claridad al conjunto del texto penal»; e incorporar como agravante en el artículo 180 y 183 que la infracción sea cometida por la anulación de la voluntad por sumisión química.

La Abogacía del Estado se ha retirado como acusación de la pieza separada 17 de ‘Tándem’, donde se investigan los ‘encargos’ de Iberdrola al comisario jubilado José Manuel Villarejo, ante «la falta de legitimación activa respecto de los delitos» imputados provisionalmente.

En un escrito, la abogada del Estado Rosa María Seoane pide al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, que les «tenga por apartados» de la causa.

Todo ello, eso sí, «sin perjuicio de que si en el curso de la investigación se advirtiera un perjuicio para la Administración del Estado, pudiera apreciarse por tal motivo» su «legitimación como perjudicados y realizarse el oportuno ofrecimiento de acciones».

La Abogacía del Estado toma esta decisión toda vez «analizadas las actuaciones y los hechos que son objeto de investigación» en la presente pieza, relativa a los encargos que el Grupo Iberdrola habría realizado al investigado a Villarejo cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía.

Estos hechos, recuerda el escrito, podrían ser constitutivos de un delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular.

PENDIENTES DE LA DECLARACIÓN DE SÁNCHEZ GALAN

Esta pieza arrancó en octubre de 2019 después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón recibiera un oficio de Asuntos Internos elaborado a partir de la documentación aprehendida en los registros. En él, ya se destacaba que en 2004 la eléctrica contrató con Cenyt –empresa de Villarejo– a través del director de Seguridad, el también imputado Antonio Asenjo, el proyecto ‘Arrow’, que tenía por objeto superar los obstáculos para la construcción y puesta en funcionamiento de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Para ese proyecto, que se extendió hasta 2006, el comisario –aun en activo– accedió a tráficos de llamadas de investigados y los informes que llegaban a Iberdrola tenían el carácter de confidencial.

El pasado mes de julio, el magistrado de la Audiencia Nacional decidió suspender la declaración como imputado tanto del presidente de la eléctrica José Ignacio Sánchez Galán como del resto de directivos a la espera de resolver sobre el recurso de nulidad que presentaron desde la compañía.

Un mes después, en agosto, García-Castellón rechazó el citado recurso de nulidad al no ver motivos para hacerlo. Sin embargo, todavía no hay fecha para la declaración de Sánchez Galán ante el juez.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife solicita una pena de 12 años y nueve meses de cárcel para un hombre por presuntamente abusar sexualmente de la hija de su novia, siendo menor de edad, en su vivienda de Adeje.

Según apunta el escrito de calificación, los hechos se remontan al mes de abril, cuando la joven empezó a realizar labores de limpieza doméstica en su casa y el hombre, aprovechando la confianza que tenía con la joven, cometió diversos actos de carácter sexual.

El hombre ofrecía a la menor realizarle masajes en la espalda y momentos después, se quitaba la ropa y empezaba a hacerle diversos tocamientos mientras grababa las escenas con su teléfono móvil «sin su consentimiento ni conocimiento».

Cuatro días después del primer incidente volvió a realizarle un masaje a la menor, quien inicialmente se resistió pero terminó accediendo y semidesnuda, y acabó masturbándose mientras volvía a grabar las escenas con su teléfono móvil sin consentimiento de la víctima.

Además, aprovechando que la menor se había quedado dormida le hizo varias fotografías.

Aún hubo un tercer episodio en el que el hombre se masturbó delante de la menor tras su negativa a acariciarle los genitales.

Como consecuencia de todos estos hechos la menor muestra una sintomatología depresiva relevante.

La Fiscalía considera al hombre, de nacionalidad argentina, culpable de los delitos de abuso sexual a menor, corrupción de menores y exhibicionismo y solicita también la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante 20 años; la prohibición de actividades relacionadas con menores durante 20 años y libertad vigilada durante 25 años.

Además, impone al hombre el pago de 6.000 euros a la víctima en concepto de indemnización por daños morales.

El juicio se celebra el próximo miércoles en la sección quinta de la Audiencia Provincial a las 10.00 horas.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha lamentado «el rechazo inmediato» de determinados responsables políticos a la propuesta de autogobierno que planteó este jueves para solucionar «el problema político» vasco, «fundamentada en los derechos históricos», y ha mostrado su respeto a la postura discrepante del PSE-EE, socio de su Gobierno, pero ha recordado que «la reflexión sobre la reformulación del modelo de Estado está presente en el propio PSOE», tal como demuestra su apuesta por el federalismo.

Urkullu ha criticado que se intente «desactivar» su propuesta o se niegue que hay «un problema político», y ha advertido de que el autogobierno, «si se queda quieto, se erosiona y retrocede». Por ello, no dejerá de realizar planteamientos políticos que «favorezcan una solución», desde una actitud «fundamentada, exigente, contructiva y positiva».

El Lehendakari planteó ayer en el debate de política general celebrado en el Parlamento vasco una nueva fórmula de Concierto Político que «permita la reintegración foral plena», lo que supondría la derogación «definitiva» de las Leyes de abolición de los Fueros y «retornar a la soberanía anterior a 1839».

Entre los críticos a su propuesta se encontraban los socialistas, cuyo portavoz parlamentario, Eneko Andueza, aseguró que la referencia de su partido «nunca será el siglo XIX».

En un artículo colgado en las redes sociales, titulado ‘El modelo de Autogobierno del siglo XXI. Izan zirelako gara, garelako izango dira (Porque hemos sido, seremos)», Iñigo Urkullu ha recordado que ayer en la Cámara compartió una reflexión sobre el autogobierno, ligada al pasado, para que los vascos sean «conscientes» de dónde vienen, y les permita recordar «el significado y la fortaleza de los Derechos Históricos».

«Sobre la base de nuestra trayectoria histórica singular, realicé un planteamiento de futuro, un ‘Concierto político vasco’. Una cosa es de ‘dónde venimos’ y otra distinta es ‘a dónde vamos’, así como también ‘dónde, por qué y cómo’ queremos ir», ha afirmado.

Urkullu ha mostrado su preocupación, tras la celebración del debate, por «una doble actitud de fondo» que observa «en determinados responsables políticos y parte de la opinión publicada».

Por una parte, ha aludido al «rechazo inmediato» a cualquier planteamiento que realiza para «dar cauce de solución política a una cuestión de naturaleza política». «Se obvia el fondo y se trata de obstruir o desactivar desde las formas», ha reprochado.

Por otro lado, detecta una «actitud acomodaticia, la pretensión es hacer ver que no hay ningún ‘problema político’ y, por lo tanto, es mejor no hacer nada, quedarse quieto». «La realidad es que, si nuestro autogobierno se queda quieto, se erosiona y retrocede», ha asegurado.

En este sentido, ha realizado una invitación a analizar el documento «La erosión silenciosa», en el que el Gobierno Vasco denuncia «una erosión competencial silenciosa y continua» por parte del Estado.

EL PSE-EE

Tras asegurar que respeta la opinión expresada sobre su propuesta por el PSE-EE, ha recordado que «la reflexión sobre la reformulación del modelo de Estado está presente en el propio PSOE». «¿Qué si no es la propuesta de federalismo que propone el PSE?», ha preguntado.

El Lehendakari ha destacado que él, por su parte, defiende una propuesta «fundamentada en la actualización de los derechos históricos, una realidad histórica».

En todo caso, ha precisado que no dejará de realizar propuestas políticas «para favorecer una solución que garantice el bienestar y la convivencia de Euskadi de cara a las próximas décadas». «Mi actitud no va ser acomodaticia ni complaciente, va a ser fundamentada, exigente, constructiva y positiva», ha concluido.

El Gobierno mantiene su intención de que el lobo ibérico esté incluido en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE) para el conjunto de España, como muy tarde el próximo sábado, 25 de septiembre, con lo que quedará prohibiza su caza en toda España.

Según han señalado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, antes de la publicación de la orden ministerial que modifica el Real Decreto para el desarrollo del LESPRE y el Catálogo Español de Especies Amenazadas, el departamento que dirige Teresa Ribera tiene que analizar el último dictamen del Consejo de Estado.

De ese modo, a tenor de lo que ese dictamen apunte a las respuestas que el MITECO le remitió tras la solicitud de aclaración que le requirió el órgano consultivo del Estado, el Gobierno modificará o no la orden ministerial antes de su envío al Boletín Oficial del Estado para su publicación.

El borrador de la orden ministerial señalaba que la decisión, adoptada el 4 de febrero por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de Biodiversidad, surtirá efectos desde el día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y «en todo caso el 25 de septiembre de 2021». Fuentes del MITECO han apuntado que la voluntad de cumplir con ese plazo, para el que queda una semana, sigue vigente.

De ese modo, se homogeneiza la protección de la especie en el conjunto del país ya que hasta ahora solo estaban incluidas en el LESPRE las poblaciones al sur del Duero –donde hay menor población e incluso está extinguida en algunas áreas– mientras que en algunas comunidades autónomas, al norte de ese río estaba considerada especie cinegética.

Por su parte, el Consejo de Estado ha confirmado que el dictamen definitivo fue aprobado este jueves, antes de las 15.00 horas, por la Comisión Permanente y que el documento fue remitido por vía electrónica durante la mañana del viernes, 17 de septiembre.

Esta semanam el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, informó por carta a las organizaciones agrarias de que su departamento había elaborado propuestas para la elaboración de una Estrategia del Lobo que garantice tanto la supervivencia de la especie como la preservación del modelo agroganadero extensivo.

No obstante, en la misiva reconoció a las organizaciones ASAJA, UPA y COAG que prohibir la caza del lobo sin consensuar un plan de conservación de la especie con todos los actores implicados generaría «incertidumbre» a las granjas extensivas.

«Compartimos la intención de establecer, en base al consenso y al diálogo, pero por encima de todo al conocimiento y la excelencia científica, una estrategia común que integre los distintos puntos de vista, tanto de nuestros ganaderos extensivos, mantenedores de los valores identitarios de nuestro mundo rural y su rico patrimonio natural, así como de los que trabajan para la conservación del lobo», asegura.

Sin embargo a las fuentes del MITECO consultadas no les consta que las propuestas de Agricultura -enviadas en el marco del plazo de la consulta pública del proyecto de orden ministerial — se hayan incluido en el texto que se remitió para consulta al Consejo de Estado.

Lo que no cambiará es el grueso de la decisión, es decir, la inclusión del lobo en el LESPRE, de modo que a partir de su entrada en vigor quedará prohibida su caza en toda España, tanto al norte como al sur del Duero. Se trata, según fuentes ministeriales de una decisión adoptada según las normas y respaldada por el Consejo Asesor de Medio Ambiente, de modo que no habrá en ese aspecto un paso atrás.

La decisión satisface las demandas de las organizaciones ecologistas, que reclamaban la protección de la especie y ponerla a salvo de la caza desde hace años. Sin embargo, las organizaciones agrarias y los gobiernos de las comunidades autónomas de Galicia, Principado de Asturias, Cantabria y Castilla y León –que albergan en torno al 95 por ciento de los ejemplares de toda España– se oponen a la medida y han anunciado que presentarán un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo en el que además pedirán medidas cautelarísimas hasta el pronunciamiento de la justicia.

A su juicio, antes de considerar la prohibición de cazar la especie es preciso realizar un censo que actualice la distribución y número de los ejemplares de lobos en España y, con esa base, elaborar una estrategia de gestión conjunta por parte de estas cuatro comunidades autónomas para su posterior discusión en la Conferencia Sectorial de Medioambiente, donde participa el conjunto de las comunidades autónomas.

Las comunidades autónomas afectadas alegan la caza como una herramienta de gestión de las manadas y, como en el caso de Castilla y León, una fuente de ingresos adicional para los territorios rurales como la Sierra de la Demanda, en Zamora, que afronta altas tasas de despoblación y cuenta con la mayor colonia lobera de Europa.

En febrero estas comunidades acusaron al Gobierno irregularidades en el proceso habitual de toma de decisión en el Comité Estatal y en marzo, tras conversar con las comunidades autónomas recabaron el apoyo a su protesta de País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia, Andalucía y Ceuta así como de las Organizaciones Profesionales (OPAS). A su juicio, la gestión del lobo debe pasar por una defensa de la especie basada en el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia y pidieron a la ministra Teresa Ribera que renunciara a continuar con la tramitación, algo que esta no ha hecho.

Las consejerías de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León están a la espera de la publicación de la orden ministerial para su análisis y posterior presentación del recurso a la decisión del Gobierno.

DECISIÓN HISTÓRICA

Mientras, las organizaciones ambientales que llevaban años pidiendo la prohibición de cazar lobos en toda España desde hace años, como Ascel, Ecologistas en Acción, WWF o Amigos de la Tierra, entre otras, califican de «éxito» para una especie «clave» y cuya conservación es necesaria e «inseparable de la defensa de la biodiversidad ibérica».

Ecologistas en Acción recuerda como desde la década de los 70 el lobo ibérico estuvo muy cerca de extinguirse y califica de «nefasta» la gestión realizada por las comunidades autónomas de la mitad norte de la Península.

Por su parte, para WWF la protección del lobo es un «paso de gigante» para el medio ambiente porque a partir de ahora la especie será gestionada de la misma forma en el conjunto de España al ser considerada como una sola población. El secretario general de WWF, Juan Carlos Del Olmo, estima que la decisión «no política sino basada en la ciencia» supondrá asimismo una «gran oportunidad» para el mundo rural y la ganadería.

La decisión fue apoyada por cerca de 500 personas procedentes de las ONG, la Universidad y el mundo científico, que firmaron un manifiesto para apoyar al Comité Científico que emitió el dictamen favorable a incluir la especie en el LESPRE.

Por su parte, el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de Castilla y León, José Ángel Arrean, considera que la decisión está «fuera de la lógica» porque trata de imponer una decisión sin realizar un diagnóstico previo de la especie. Asimismo, defendió la gestión realizada en la comunidad autónoma donde vive la mayor población lobera de España se encuentra «en estado favorable».

De acuerdo con el borrador conocido de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo que prepara el Ministerio, el objetivo es pasar de las 297 manadas actuales a 350 en 2030 y extender su distribución entre un 10 y un 20 por ciento.

Esquerra Republicana, habitual aliado del Gobierno en el Congreso, ha presentado una enmienda de totalidad a la Ley de Memoria Democrática por considerar que la norma que busca ampliar la norma vigente desde 2007 es manifiestamente insuficiente y ha presentado un texto alternativo para que sea el que se tramite.

El grupo que ahora capitanea Gabriel Rufián, ya votó en contra entonces de la ley auspiciada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y sostiene que la decisión del Ejecutivo de coalición de modificar aquella norma les ha dado la razón.

Pero el nuevo texto, redactado bajo mandato de la exvipresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo, aunque el Consejo de Ministros lo aprobó tras su cese el pasado de julio, tampoco convence a los miembros de ERC, que intentarán sea sustituido por su propia norma.

COMPENSAR A LOS REPRESALIADOS

En concreto, en su texto alternativo, ERC plantea reconocer a «cualquier perjuicio económico o patrimonial sufrido por personas físicas o jurídicas» y el derecho a su «reparación».

Así, abogan por obligar al Gobierno a «restituir los bienes inmuebles, dinero y otros valores, bienes muebles y archivos documentales, requisados a las personas físicas o jurídicas, entidades o instituciones, a cuyo favor se reconozca la reparación, o a sus familiares», ya sea mediante la devolución del bien o compensando su valor económico en la actualidad.

HOMENAJES A REPRESALIADOS HASTA 1982

También cuantifican en 135.000 la indemnización que quieren que se pague a las personas beneficiarias de quienes «fallecieron o desaparecieron por la represión franquista, a manos de funcionarios del Estado u organizaciones paramilitares, hasta el 27 de diciembre de 1978».

Además, da un año al Gobierno para presentar un estudio sobre la represión contra las «personas y colectivos que lucharon por los valores democráticos y los derechos nacionales, entre los años 1975 y 1982, perpetrada por funcionarios el Estado y organizaciones paramilitares» y que después estudie hacerles homenajes y posibles vías de reparación.

La ley también obliga a la celebración de homenajes personas quefueron «perseguidas por destacarse en la lucha democrática a favor de un Estado descentralizado y de la afirmación nacional de sus territorios», así como a otros colectivos como los fusilados, presos, exiliados o las mujeres por su especificidad como víctimas de la represión.

ERC demanda, asimismo, reconocer jurídica y moralmente la «lucha por la democracia» de los ‘maquis’ y de todas las personas que formaron parte de organizaciones y guerrillas antifranquistas, con indemnizaciones económicas incluidas. Para los brigadistas internacionales reclama distinciones oficiales.

RECONOCER LA TRICOLOR COMO PROPIA

El texto de los independentistas persigue reconocer por ley a la II República como «un Estado democrático y de derecho, precursor del presente sistema político», así como reconocer «sus leyes y símbolos como propios e históricos», y dejar claro que lo que ocurrió el 18 de julio de 1936 fue una sublevación de parte de «un grupo de oficiales, jefes y generales del ejército contra sus manos y el Gobierno de la República».

Además, incluyen un artículo para que, «en virtud de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad, el Gobierno dé «apoyo económico y jurídico a las reclamaciones que por este motivo formulen ciudadanos, entidades o instituciones por los delitos cometidos durante la dictadura franquista».

La ley que defienden los republicanos también contempla declarar ilegales los tribunales creados durante la Guerra Civil para imponer condenas por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, así como todas su resoluciones, en especial las sentencias de los consejos de guerra, del Tribunal de Orden Público, entre otros.

CERTIFICADO ESPECÍFICO SOBRE COMPANYS

En el caso del presidente de la Generalitat Lluis Companys fusilado tras un consejo de guerra, la norma prevé que el presidente del Gobierno entregue la certificación correspondiente de nulidad al presidente catalán.

ERC propone la aprobación de «sentencias de nulidad» por parte de tribunales militares, la Audiencia Nacional y los tribunales superiores de Justicia y otorgar derecho a pedirlas a los afectados, sus familiares o las administraciones públicas si los represaliados habían desempeñado una actividad o cargo relevante en las mismas.

El texto incluye otro artículo para que en un año las administraciones invaliden todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de adeptos al régimen, así como de condecoraciones concedidas por «hechos de colaboración con el franquismo» o vulneración de los derechos fundamentales.

ENMIENDAS DEL PP Y VOX

Por todo ello, ERC pide la devolución del texto al Gobierno, algo que también han hecho Vox y el PP, aunque por motivos diametralmente opuestos.

TOTALITARIA Y REVANCHISTA

En su enmienda, Vox señala que el proyecto del Gobierno es una ley «totalitaria» que «impone una versión sectaria y distorsionada de la Historia y «divide a los españoles –tanto a los de 1936 como a los de 2021– en buenos y malos».

También alega que esta norma alienta «un espíritu revanchista que suprime el de magnanimidad y perdón recíproco que presidió la Transición» y que, además, «pone en peligro derechos fundamentales , como las libertades de pensamiento, expresión, asociación, educación y religiosa».

El presidente del PP, Pablo Casado, ya había anunciado también su intención de derogar la Ley de Memoria si llega al Gobierno y de sustituirla por una Ley de Concordia que, al parecer, ya tiene redactada, pero que no ha presentado como texto alternativo.

En coherencia con esa tesis, el primer partido de la oposición ha registrado también enmienda de totalidad para que el Congreso no tramite la ley del Gobierno de Pedro Sánchez. Los ‘populares’ justifican su decisión en que se trata de una norma «innecesaria» y guiada por «un espíritu de confrontación entre españoles».

Desde mañana lunes todas las plazas, recintos e instalaciones taurinas, incluida la Plaza de Toros de Las Ventas, podrán desarrollar su actividad taurina siempre que el público permanezca sentado, con asiento preasignado, y no se supere el 75% del aforo autorizado.

En las actividades celebradas en estos recintos se podrá facilitar la agrupación de asistentes hasta un máximo de seis personas, según la Orden de la Consejería de Sanidad publicada el viernes por el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, que modifica la Orden de 7 de mayo de medidas antiCovid, y que entrará en vigor el día 20.

En todo momento deberá garantizarse el uso de mascarilla cuando sea obligatorio su uso así como que entre grupos de personas que adquieren las localidades conjuntamente exista, al menos, una localidad de la que no se hace uso a ambos lados del grupo. Además, deberá disponerse de un plan de actuación específico con las medidas de higiene y prevención que se consideren necesarias para garantizar la celebración de la actividad en las condiciones sanitarias exigidas por la normativa vigente.

CENTROS TURÍSTICOS, ZOOS, ATRACCIONES Y CASAS DE APUESTAS

En los centros recreativos turísticos, zoológicos y acuarios, se limitará el aforo de la instalación al 75%. Los espacios en los que se autoricen atracciones de feria ambulante deberán estar acotados y limitados a un aforo máximo igual, debiendo contar con puntos diferenciados para la entrada y la salida, que deberán estar identificados con claridad. Se establecerán controles de aforo y se adoptarán las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad interpersonal y evitar aglomeraciones.

Tanto los usuarios como el personal de las atracciones ambulantes deberán portar mascarilla cuando su uso sea obligatorio y se recordará a los usuarios, por medio de cartelería visible, las normas de higiene y prevención a observar. Se dispondrán dispensadores de gel hidroalcohólico o desinfectante con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en todo caso, en la entrada de cada atracción para su utilización por los usuarios, que deberán estar siempre en condiciones de uso.

En las atracciones deberá procurarse la máxima separación posible entre las personas usuarias, el uso de mascarilla cuando sea obligatorio y la desinfección de manos antes del uso del elemento. Si no se puede mantener la distancia mínima de seguridad entre personas usuarias será obligatorio el uso de mascarilla. Los elementos utilizados deberán desinfectarse con frecuencia, varias veces al día, con cualquiera de los productos recomendados por el Ministerio de Sanidad.

En el caso de que en las instalaciones destinadas a la actividad ferial se desarrolle igualmente algún otro tipo de actividad, resultarán de aplicación las medidas de contención y prevención previstas en la presente Orden para la actividad que se desarrolle.

Por último, los establecimientos y locales en donde se desarrollen actividades de juegos y apuestas como casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salas de bingo, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas, conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego, podrán realizar su actividad siempre que no se supere el setenta y cinco por ciento del aforo permitido.

El horario de funcionamiento de estos establecimientos será el que tengan legalmente autorizado por los órganos competentes. Estas medidas también serán aplicables para el Hipódromo de La Zarzuela tanto en sus zonas y espacios cerrados como los que se encuentran al aire libre.

CENTROS DEPORTIVOS

En las instalaciones y centros deportivos al aire libre podrá realizarse actividad deportiva, individual o colectiva, debiéndose mantener, siempre que sea posible dada la naturaleza de la actividad, la distancia mínima de seguridad de, al menos, 1,5 metros. El horario de estos establecimientos será el que tengan legalmente autorizado por los órganos competentes.

Si la instalación está provista de gradas con localidades todos los espectadores deberán permanecer sentados, respetando la distancia de seguridad interpersonal, y se deberá utilizar mascarilla cuando sea obligatorio su uso. En las actividades celebradas en estos recintos se podrá facilitar la agrupación de asistentes hasta un máximo de seis personas.

Entre los grupos de personas que adquieren las localidades conjuntamente deberá existir, al menos, una localidad de la que no se hace uso a ambos lados del grupo. Además, deberá disponerse de un plan de actuación específico con las medidas de higiene y prevención necesarias.

Las instalaciones y centros deportivos de interior, de titularidad pública o privada, podrán ofertar los servicios deportivos dirigidos al desarrollo de actividad deportiva propios de su tipología y capacidad. El horario de estos establecimientos será el que tengan legalmente autorizado.

El número de participantes, incluyendo el monitor, en la práctica deportiva en instalaciones de interior tanto de forma individual como en grupo, no podrá superar el 75% del aforo máximo permitido del espacio donde se desarrolle la actividad, siendo obligatorio el uso de la mascarilla. Se deberá respetar la distancia de seguridad entre las personas que asistan a la actividad y entre estos y el monitor o entrenador, salvo en los deportes de contacto y de combate.

En el caso de que la actividad física se desarrolle al aire libre se deberá mantener, siempre que sea posible dada su naturaleza, la distancia mínima de seguridad de, al menos, 1,5 metros, entre las personas que asistan a la actividad y entre estos y el monitor o entrenador.

Se podrá desarrollar la actividad físico-deportiva de deportes de contacto y de combate en instalaciones de interior con uso obligatorio de mascarilla salvo en aquellos casos que se encuentre exceptuada su utilización.

El aforo para realizar práctica deportiva en las instalaciones y centros deportivos de interior estará limitado, en todo momento, al número de personas que garantice el cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.

En caso de que los entrenamientos o competiciones federadas se realicen en instalaciones de interior se podrá exceptuar el uso de la mascarilla exclusivamente para los deportistas que participan en las mismas y durante el tiempo en que se encuentren participando, siempre que se adopten medidas de prevención y la realización de una prueba diagnóstica de infección activa del SARS-CoV-2 con un máximo de cuarenta y ocho horas previas al entrenamiento o competición.

Por otro lado, podrán realizarse actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil siempre que el número de participantes se limite, en todo momento, al número de personas que garantice el cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. En el caso de que durante las actividades se presten servicios de hostelería y restauración o alojamiento, esta prestación se ajustará a lo establecido en las condiciones para este tipo de establecimientos.

Se podrán impartir a distancia hasta un tercio de las horas de los módulos teóricos de los cursos de monitores de tiempo libre y coordinadores de actividades de tiempo libre regulados en la Orden 2245/1998, de 24 de septiembre, de la Consejería de Educación y Cultura, sobre programas para la formación de escuelas de animación infantil y juvenil en el tiempo libre, siempre y cuando la Dirección General competente en materia de juventud valore que la entidad dispone de las herramientas digitales necesarias para llevar a cabo la formación online con garantías suficientes de calidad.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha celebrado la absolución del exdiputado de la formación en el Congreso Diego Cañamero y el exalcalde de Puerto Serrano (Cádiz) Pedro Ruiz, a quienes ha definido como «referentes en la lucha por los derechos laborales frente a los señoritos y caciques que viven en el pasado».

Así lo ha trasladado en Twitter en referencia a la decisión tomada por el Juzgado de lo Penal número cuatro de Sevilla durante una vista oral por su participación en unos piquetes informativos durante la huelga general de 2010, acordando la absolución de ambos dado que fue derogada la tipificación penal en la que radicaba la acusación que pesaba en su contra.

«El derecho a huelga nunca tuvo que ser tipificado como delito. La absolución de hoy de Diego Cañamero y Pedro Ruiz es una buena noticia. Enhorabuena por ser referentes en la lucha por los derechos laborales frente a los señoritos y caciques que viven en el pasado», ha destacado la también ministra de Derechos Sociales mediante un mensaje en Twitter.

Luego ha añadido que la Constitución reconoce el derecho a la huelga en su artículo 28, aunque «muchas veces se ha tratado de limitar su ejercicio a través del Código Penal, persiguiendo a aquellas personas que lo ejercieran y defendieran».

DERECHO LIMITADO POR EL CÓDIGO PENAL

En esta línea, ha esgrimido que «uno de los mayores ataques a este derecho» se produjo a partir de 2012 cuando se reactivó el uso del artículo 315.3 del Código Penal.

«Fue bajo los gobiernos del PP cuando, según CCOO, cientos de huelguistas y sindicalistas tuvieron peticiones de cárcel y se endureció el artículo», ha apuntado para agregar que Unidas Podemos, desde su entrada en las instituciones, pidió la derogación de este artículo, así como la anulación de las condenas impuestas en su aplicación.

«Finalmente, logramos que en abril de este año este artículo formara parte del pasado. El derecho a la huelga no solo es un derecho si queda recogido en nuestra norma fundamental, debe garantizarse su ejercicio. Gracias a esta reforma conseguimos avanzar en la garantía de la principal herramienta de la gente para lograr unas condiciones de trabajo dignas», ha zanjado.

ECHENIQUE TAMBIÉN HABLA DE ESE INFAME ARTÍCULO

En la misma línea se ha manifestado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, al subrayar que en abril se derogó el «infame» artículo 315.3 del Código Penal que servía para «criminalizar a los sindicalistas y conculcar el derecho constitucional a la huelga». Gracias a ello, ha ahondado, Cañamero y Ruiz han sido absueltos en un «proceso que jamás debió iniciarse».

Su compañero de bancada y presidente del grupo confederal, Jaume Asens, ha relatado que muchos se sienten identificados con «la solidaridad, el compromiso social y la defensa de la plurinacionalidad» que representa Cañamero y ha zanjado que el «sindicalismo no es delito».

«Sin libertad sindical no hay democracia. Aplaudimos la absolución de Diego Cañamero y Pedro Ruiz, dos luchadores por los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras del campo. Nunca debieron ser imputados por defender a la gente humilde de nuestro país», ha proclamado Podemos desde su cuenta oficial en Twitter.

El Congreso sostiene que la Cámara no se «paralizó» durante el primer estado de alarma decretado en marzo de 2020 por la pandemia de coronavirus, que no se cercenaron los derechos de los diputados ni se vio afectado el control al Gobierno y que las decisiones que tomó la Mesa de la Cámara fueron «proporcionadas», teniendo en cuenta que había un confinamiento nacional y había que preservar la salud pública.

Así lo defiende la institución que preside Meritxell Batet en las alegaciones que presentó ante el TC en el marco de la tramitación del recurso presentado por Vox ante el Alto Tribunal, que está ya preparando una sentencia al respecto.

En sus alegaciones, el Congreso subraya que lo único que se suspendió tras el primer estado de alarma fueron «los plazos reglamentarios» que afectaban a las iniciativas que entonces estaban en tramitación, así como los «plazos administrativos y de prescripción y caducidad de los procedimientos administrativos» del Congreso.

Eso se hizo mediante un acuerdo de la Mesa de la Cámara con efectos desde el 14 de marzo. Un mes después, el 13 de abril, se levantó la suspensión de los plazos que afectaban a las iniciativas parlamentarias, mientras que la relativa a los plazos administrativos estuvo vigente hasta el 1 de junio. Éstos últimos afectan a asuntos como oposiciones, concursos, etc.

COMPARECENCIAS DE SÁNCHEZ E ILLA

En su escrito, el Congreso niega que, como sostiene Vox, esa suspensión de plazos supusiera la «paralización» de la actividad parlamentaria ni la «completa interrupción» de la misma. Admite que la suspensión de plazos sí afectó a la tramitación de iniciativas legislativas, en la medida en que se vieron afectados los plazos para la presentación de enmiendas, pero no así al control al Gobierno.

En concreto, subraya que el Pleno se reunió en tres ocasiones entre el 14 de marzo y el 13 de abril –con la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez–, la Comisión de Sanidad otras tres –para escuchar las explicaciones del entonces ministro del ramo, Salvador Illa– y también hubo una reunión de la Comisión de Trabajo.

Asimismo, esgrime que la Mesa siguió calificando iniciativas de los grupos relativas al control y que se recibieron más de mil respuestas escritas por parte del Gobierno.

«Por tanto, no es cierto que se paralizara el control al Gobierno, precisamente en un momento extraordinario como el que se estaba atravesando. Todo lo contrario, se adoptaron por la Cámara todas las medidas posibles para permitir el ejercicio de las funciones parlamentarias siempre en términos compatibles con las recomendaciones adoptadas por las autoridades sanitarias», asevera el Congreso en sus alegaciones.

Además, recalca que «el Parlamento no se cerró, ni dejó de existir», sino que «continuó trabajando, adaptado, eso sí a las circunstancias extraordinarias derivadas de la declaración del estado de alarma».

El Congreso admite que la situación de excepcionalidad que produjo el estado de alarma le obligó a buscar fórmulas para preservar el derecho de los parlamentarios a ejercer su función teniendo en cuenta las restricciones de presencialidad –derivadas del confinamiento– y la necesidad de preservar la salud de diputados y personal de la Cámara.

Por eso sostiene que la suspensión de plazos estaba «justificada» y fue una medida «razonable y proporcionada» y que, en cualquier caso, la decisión de la Mesa no fue «autónoma o libre», sino que venía condicionada por las circunstancias.

La Cámara esgrime también que el Legislativo no podía «sustraerse al cumplimiento de las normas públicas generales vinculantes», es decir, las contenidas en el decreto del estado de alarma, y que, en cualquier caso, mantener una actividad similar a la de «tiempos de normalidad» habría supuesto un «ejercicio de irresponsabilidad» que habría contravenido el artículo 9 de la Constitución, al poner en riesgo la salud de quienes desarrollan su labor en el Congreso.

HASTA VOX SE AUTOCONFINÓ

De hecho, como prueba de la percepción del riesgo que tenía Vox, recuerda que sus diputados se pusieron voluntariamente en cuarenta el 10 de marzo tras conocerse que su secretario general, Javier Ortega Smith, estaba infectado, y solicitaron que se parara toda actividad en el Pleno y las comisiones hasta que tuvieran la certeza de que podían volver a la Cámara «sin riesgo alguno para la salud».

Además, el Congreso alega que otras instituciones adoptaron medidas similares de suspensión de plazos, como el propio Tribunal Constitucional, que, remarca «suspendió los plazos procesales y administrativos durante la vigencia el estado de alarma».

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este viernes que condecorará al embajador en Afganistán, Gabriel Ferrán, y al resto de personal del Ministerio que colaboró en el dispositivo de evacuación de este país.

La condecoración se llevará a cabo el martes 28 de septiembre, un mes después de que concluyera el dispositivo, ha detallado en declaraciones a los medios tras inaugurar el programa de Liderazgo para la Europa del Siglo XXI de la Academia Europea Leadership (AEL), en la sede de Foment del Treball de Barcelona.

Según fuentes diplomáticas, además de Ferrán, que prolongó su estancia en Kabul pese a que el Gobierno había nombrado el 3 de agosto a su reemplazo ante el deterioro de la situación, también será condecorada la segunda de la Embajada, Paula Sánchez.

Asimismo, entre quienes serán condecorados figura un empleado afgano de la Embajada española que se quedó hasta que se completó la evacuación, que permitió sacar del país a más de 2.000 colaboradores afganos y sus familias.

Igualmente, Albares tiene intención de reconocer la labor realizada por el director general de Asuntos Consulares, Juan Duarte, que estuvo al frente del operativo en el Ministerio, así como a otros dos trabajadores de Exteriores que se trasladaron a Kabul una vez iniciado el operativo de evacuación para ayudar con el mismo, el diplomático Antonio Guillén y el asesor Koussay Boulaich.

No todas las condecoraciones que otorgue Albares requerirán el aval previo del Consejo de Ministros, pero sí la de Ferrán, puesto que en su caso recibirá la gran cruz del mérito civil ya que tenía la medalla. El listado final de los condecorados incluirá seguramente a más personas, según han precisado las fuentes, pero aún se está ultimando

Por otra parte, Albares ha asegurado que el Gobierno no dejará a ningún colaborador «atrás» en Afganistán, y ha defendido trabajar conjuntamente y de forma coordinada para evitar que la crisis afgana se convierta en una crisis regional.

INVESTIGACIÓN DE LA EUROCÁMARA SOBRE RUSIA

Preguntado por el hecho de que el Parlamento Europeo haya aprobado un informe que incluye la petición de estudiar los presuntos lazos del independentismo con la Inteligencia rusa, ha asegurado que suscribe la resolución aprobada: «Hay fuerzas externas a Europa que siempre van a buscar los momentos de tensión y las debilidades de la construcción europea y nuestras democracias».

«Lo que tenemos que hacer los europeos es mantenernos unidos y fuertes», ha proclamado y, sobre la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat reunida el miércoles, ha calificado de excelente noticia que se produzca un diálogo discreto, sin prisa y sin pausa, ha dicho.

REFORZAR LA UE

A preguntas de los periodistas sobre el acuerdo militar entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido –el pacto Aukus– y el hecho de que no se haya contado con la UE, ha destacado que es «una prueba más de que la UE necesita una autonomía estratégica» en el ámbito de defensa.

En la inauguración del programa, ha subrayado que la UE también debe reforzar su carácter social; su política común de inmigración y asilo, y la «unión sanitaria» tras la pandemia, así como potenciar la lucha contra el cambio climático, la revolución digital y su democratización.

Ante alumnos del programa, el titular de Exteriores ha destacado también la importancia de las relaciones con Latinoamérica –cree que España debe ser un puente entre las distintas sensibilidades de la región, y entre ésta y la UE–, y ha explicado que el Gobierno está «a punto» de alcanzar los 7,5 millones de vacunas contra el coronavirus que se comprometió a enviar a América Latina.

Ha abogado también por «seguir trabajando estrechamente» con Estados Unidos; por promover una política mediterránea que permita reducir las brechas entre la orilla norte y la sur; por fomentar la relación con África subsahariana, y por abordar el vínculo con China teniendo en cuenta su importancia, pese a defender modelos de sociedad distintos.

DESAFÍOS COMUNES

El ministro ha reivindicado que «no hay más salida que la cooperación internacional y el multilateralismo para hacer frente a los desafíos comunes», vinculados a la pandemia y ámbitos como la seguridad, el terrorismo, la economía y la transición ecológica.

También han participado en la inauguración del programa el presidente de la AEL y exlíder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, y su director, Francesc Pardo, en un acto al que ha asistido la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera.

Duran i Lleida ha resaltado que la situación de Afganistán representa «una derrota de lo que significa occidente», y ha destacado que el motivo que impulsa esta academia no es político, aunque la política haya centrado gran parte de su trayectoria.

La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa ha pedido que no se revictime a las víctimas que han sufrido el terrorismo de ETA con homenajes como el que estaba previsto para el etarra Henri Parot este sábado, que finalmente ha sido desconvocado. Ha denunciado también que se permita una «operación sistemática de reivindicación a los terroristas».

En declaraciones a los medios previas a un acto en Madrid en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, Pagazaurtundúa ha asegurado que existe una operación que legitima el terrorismo de la extinta banda terrorista ETA y que por eso sus «herederos» nunca condenan hechos que tengan que ver con una «agresión a la Ertzaintza» o con la «persecución de cualquier persona por intolerancia política».

«Los únicos que no se han debido enterar de que hay un tongo en todo lo que se refiere a la legitimación del terrorismo de ETA y del terrorista Parot es quienes lo están permitiendo», ha subrayado.

En la misma línea, ha calificado de «lobbistas de los asesinos» a los representantes de algunos partidos políticos vascos que, a su juicio, «utilizan sus votos a cambio de poder para el Gobierno» y son el «tapón» para la regeneración política en el País Vasco.

Asimismo, ha acusado al Gobierno de tener una «ceguera selectiva» con respecto a la condena de unos hechos y otros y ha resaltado que una institución que defiende a los ciudadanos «no puede actuar de esta manera».

«La ley de víctimas tiene el mismo espíritu de no humillar y no revictimizar. Si en lugar de un asesino múltiple con respecto a víctimas del terrorismo fuera otro tipo de victimación estaríamos en manifestaciones en las calles todos. No se puede tener una ceguera selectiva con respecto a unos hechos y no con respecto a otros. Es terrible y descorazonador», ha sentenciado.