La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Gobierno que garantice el mantenimiento del sistema de mutualismo sanitario al colectivo de funcionarios, tras «las presiones de Unidas Podemos que, a través de su grupo parlamentario en el Congreso, ha presentado una proposición no de Ley en la que pone en cuestión este modelo y pretende eliminarlo de manera progresiva».

En este sentido, reclaman una reunión a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para «aclarar» esta situación planteada por sus socios de Gobierno, «ante la incertidumbre generada entre el colectivo de funcionarios que, dicho sea de paso, durante todos estos meses de pandemia han garantizado, con muchas dificultades y responsabilidad, el funcionamiento de la Administración».

Asimismo, reclama a Hacienda que cierre el nuevo concierto sanitario con las mutuas para los próximos años estableciendo unas condiciones «que hagan sostenible el modelo y la atención que reciben» en torno a 2,1 millones de personas en toda España.

«De lo contrario, estas personas quedarían en una situación muy comprometida, teniendo en cuenta, además, las dificultades y los recursos limitados del Sistema Nacional de Salud, seriamente tensionado por la pandemia», recuerdan.

CSIF recuerda que el mutualismo administrativo se constituyó en un momento en el que los funcionarios carecían de Seguridad Social y tenían que costear de forma privada un seguro de atención sanitaria. Además, la atención sanitaria se presta bajo las condiciones que establece la Administración Pública en el concierto con las aseguradoras, que son diferentes a las ofertadas en un seguro privado y con prestaciones de la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud.

A juicio del sindicato, la iniciativa de Podemos se suma a la decisión del Gobierno de traspasar la gestión de Muface a la Seguridad Social, recientemente anulada por el Tribunal Constitucional. El 22 de abril del año pasado, el Gobierno aprovechó este Real Decreto para traspasar la gestión de Clases Pasivas a la Seguridad Social.

Así, «modificó de manera unilateral la gestión de las prestaciones y pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo», explican.

CSIF inició una interlocución con los diferentes grupos parlamentarios y el propio Gobierno para frenar esta iniciativa.; y solicitó al Ministerio de Seguridad Social una aclaración sobre las consecuencias de dicho traspaso de gestión y en su contestación generó más dudas.

Según señalan, les informaron de que, «si bien se trataba de un cambio en la gestión de las pensiones, las consecuencias de este traslado serían abordadas «más adelante»».

La Oficina de Extranjería de Ceuta cuenta desde este viernes con doce nuevos funcionarios interinos de las categorías A2, C1 y C2 adscritos a un programa de «formación específica» para encargarse de «desarrollar todos los trámites previos» del proceso de repatriación de los menores migrantes no acompañados marroquíes que permanecen en la ciudad desde la avalancha de mayo, cuyo número se cifra actualmente en unos 700.

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha explicado en un comunicado que el objetivo de este refuerzo de personal es «realizar los trámites y gestiones» relacionados con el regreso a su país de origen de los niños de acuerdo con los trámites que prescribe el Reglamento de la Ley de Extranjería que el Ministerio del Interior intentó regatear en agosto, operación que fue suspendida de forma cautelarísima por orden judicial.

Los interinos han sido incorporados ya a pesar de que la Delegación todavía no ha pedido a Marruecos los informes sobre las familias de cada niño que está obligada a recabar y aunque el Servicio de Protección a la Infancia de la administración autonómica prevé tardar al menos «mes y medio» en confeccionar los dictámenes individuales de cada menor que exige la legislación para poder incoar los expedientes de repatriación propiamente dichos, que deben resolverse en seis meses.

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma ha tomado conocimiento este viernes del acuerdo alcanzado con Tragsatec para contratar a ocho intérpretes del árabe marroquí dialectal dariya durante cuatro meses con el objetivo de entrevistar a cada menor, a lo que la administración local destinará casi 101.000 euros.

El Ejecutivo regional ya ha seleccionado a doce trabajadores sociales vía bolsa de empleo para redactar los informes sobre el interés superior de cada niño que deberá evaluar la delegada del Gobierno para promocionar o no su devolución al Reino alauita y su incorporación está pendiente sólo de que se habilite un espacio para desarrollar su trabajo, según fuentes del Gobierno de Ceuta.

La consejera de Presidencia, Mabel Deu, ha comunicado este viernes que ya ha cerrado un acuerdo con el Ejecutivo de Murcia para trasladar a esa región a los siete menores tutelados por la Ciudad que se le adjudicaron en mayo con la mediación del Ministerio de Derechos Sociales para repartir a 200 entre todas las comunidades salvo Canarias y Melilla.

El Área de Menores de Ceuta sigue resolviendo los «trámites burocráticos» para culminar el desplazamiento con tutela incluida de once a Asturias, veinte a Madrid, diez a Castilla y León y ocho a Euskadi.

El administrador provisional de Radio Televisión Madrid (RTVM), José Antonio Sánchez, ha trasladado este viernes que gracias al ERE que se hizo en la cadena en 2013, que afectó a 829 trabajadores, existe hoy Telemadrid, y ha defendido que no fue ilegal porque hubo sentencia del Tribunal Supremo.

Así lo ha trasladado Sánchez durante su comparecencia en la Comisión de Telemadrid en la Cámara regional, justo después de que ayer no obtuviera el apoyo de la Asamblea para ser ratificado en el cargo provisional, ante la negativa de los grupos de izquierda y la abstención de Vox.

José Antonio Sánchez ha recordado su paso del 2011 hasta el 2014. Cuando llegó en julio de 2011 a Telemadrid ha indicado que la audiencia se sitiaba en 5,7, cuando se fue en octubre de 2014 en 4,8 puntos y ahora en julio de 2021 4,7.

«Menos ahora que cuando lo dejé, según Kantar Media. Todo aquel proceso, aquello del ERE, que gracias a que se hizo y se ganó hoy existe Telemadrid, porque si no hubiéramos corrido la suerte de Canal Nou; pero gracias al esfuerzo que hice personalmente hoy está Telemadrid. No quise pasar a la historia como el que cerraba un medio», ha explicado.

Por ello, ha afeado a los grupos de la oposición que digan que el ERE fue «ilegal», algo que conlleva a un delito y esto «no lo es porque fue aprobado por una sentencia del Tribunal Supremo».

En este punto, ha especificado que él ahora no es el director general, sino que es el administrador provisional, además de «incierto», por lo que sus planes no pueden ir enfocados «a largo plazo» sino en «dar estricto cumplimiento a la ley 8/2015 en la carta básica y en el contrato programa».

AUSTERIDAD, EFICACIA Y OPTIMIZACIÓN

A su juicio, «rallaría el ridículo y sería pretencioso venir a esta Cámara con un proyecto a largo plazo, sin estar siquiera ratificado». Por ello, se centra en un trabajo del «día a día» y se enfocará en gestionar el tiempo que esté con «austeridad, eficacia y optimización de los servicios públicos».

El plan de trabajo provisional que ha elaborado va encaminado a potenciar el servicio público en los informativos, con cambios tecnológicos y organizativos que garanticen una oferta de mayor calidad, más eficiente, sostenible y la inmediatez de la información.

Se enfocará en un progreso tecnológico, alcanzar las mayores cuotas de audiencia cada día, en la claridad, el rigor y el respeto que les distinga de los mejores medios de televisión.

Así, quiere poner especial atención al deporte. También en el caso de Onda Madrid, que profundizará en hacer una programación atractiva para los madrileños con actualidad, regional, nacional e internacional, además de deportiva y cultural, como la tauromaquia.

Además, quieren diseñar un prime time «de calidad» donde ha detectado algunas «carencias» de la cadena en esta franja horaria. Así, implementarán un plan de transformación digital para mejorar los contenidos.

«NO HA HABIDO REPRESALIAS» CON LOS PROFESIONALES

Ante las críticas de los partidos de izquierda por la «purga» de profesionales en Telemadrid, Sánchez ha explicado que él no ha cesado a «nadie», sino que en el contrato está estipulado que cuando se cesa al director general, los demás cesan automáticamente. Lo que hizo fue «no dejar descabezados determinados puestos».

Además, ha incidido que el hecho de que vayan cambiando los presentadores ha ocurrido «toda la vida» y conviene que se vayan «visualizando cambios y personas que son redactores y que se les da un destino igual de digno». «No ha habido represalias», ha lanzado.

En cuanto a su designación como administrador provisional, ha contado que en un momento dado desde la Consejería de Presidencia se le consulta sobre la situación de Telemadrid, debido a su trayectoria en el ente y se le consultó por el nombre de profesionales. Él dijo su opinión y después le llamaron desde la Comunidad de nuevo para que transitoriamente se hiciera cargo de una empresa que «ya conocía».

«En toda sociedad quien manda son los propietarios, los accionistas. Si el Gobierno es el accionista no tengo culpa de eso, supongo que podrá dar directrices. Yo no he hablado con ningún consejero y no he tenido ningún recado, ni he ido al despacho de ninguno de ellos», ha defendido.

Los seis agentes de la Policía Nacional que accedieron con un ariete en una vivienda el pasado 21 de marzo para interrumpir una fiesta ilegal por la pandemia han defendido ante el juez Jaime Serrat que actuaron «conforme a derecho» en defensa del descanso del ciudadano, han informado fuentes jurídicas.

El instructor de la causa, titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, ha tomado declaración a los agentes en calidad de querellados por la presunta comisión de un delito de allanamiento de morada y daños por los desperfectos ocasionados en la vivienda.

El juez Jaime Serrat tiene que examinar si la acción policial en este operativo que se produjo cuando había restricciones sanitarias por la pandemia estuvo legitimada dentro del artículo 18.2 de la Constitución, que determina que «el domicilio es inviolable».

Los agentes han ratificado el actuar que recoge el atestado policial mientras que el inquilino ha certificado ante el magistrado que no dio autorización para su entrada.

El proceso penal arrancó después de que el instructor admitiera a trámite la querella que interpuso el morador de la vivienda, defendido por el despacho penalista Ospina Abogados, por un delito de allanamiento de morada y de daños.

La citación llegaba después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara al juez investigar a los agentes al considerar que se produjo «un exceso en el ejercicio de la autoridad, con infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio».

En su declaración, los agentes han reiterado ante el juez que actuaron conforme a derecho y amparados por la ley al considerar entonces que se estaba cometiendo un delito de desobediencia al negarse el inquilino y las personas que estaban celebrando una fiesta ilegal en el interior a identificarse.

Frente a su postura, el abogado del inquilino, Juan Gonzalo Ospina, sostiene que los agentes se extralimitaron en su intervención policial dado que no hubo un criterio de urgencia y necesidad para acceder a la fuerza en la vivienda en el caso de que se estuviera produciendo un delito, que a su juicio en ningún caso se produjo y si se hubiera producido sería una infracción administrativa.

«Me llama la atención que sigan ratificando lo que hay en el atestado policial. Su actuación no estaba amparada dentro de una urgencia y una necesidad. Si consideraban que era un delito, que creemos que es un error, no veo que existiera esa urgencia porque el delito se consuma en el momento que no hay voluntad de identificarse y se podía haber ido a Plaza Castilla», ha reseñado.

NO DIO AUTORIZACIÓN

En su declaración, el inquilino ha reconocido que realizó una conducta reprochable si bien a recalcado que no dio ninguna autorización para que los agentes entraran en su vivienda, en la que llevaba varios meses alquilado. Por tanto, se ha ratificado en la querella que interpuso contra los policías.

A las puertas de los juzgados, Ospina ha destacado que la apertura de estas diligencias supone un «éxito de la democracia» si se demuestra que hubo un «exceso» por parte de los agentes. «La intromisión a la vivienda fue contraria a derecho porque los agentes tienen que solicitar una autorización salvo delito fragante», ha aseverado.

En la misma línea, ha insistido en que la actuación fue «desproporcional» y «premeditada» ya que se intentó abrir la puerta y al no poder, se usó un ariete. «Había voluntad pese a la negativa del morador», ha reseñado.

USO DE UN ARIETE

Los hechos se produjeron el pasado 21 de marzo cuando los agentes acudieron al inmueble de la calle Lagasca comprobando que se escuchaba música a un volumen excesivo, constantes gritos provenientes de un grupo muy numeroso de jóvenes, lo que estaba prohibido por el estado de alarma.

Los agentes comenzaron a llamar al timbre de la puerta requiriendo a las personas que se encontraban dentro del domicilio que salieran a identificarse para ser multados por cometer una infracción a la Ley Orgánica de Protección a la Seguridad Ciudadana.

Juan Gonzalo Ospina defendió desde el inicio de la causa que los jóvenes se acogieron a su derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio para no abrir la puerta.

Según el atestado policial, los agentes de la Policía Nacional procedieron a intentar abrir la puerta del domicilio por sus propios medios, llegando a intentar hasta dos técnicas antes de recurrir al uso de un ariete para tumbar la puerta y proceder a la detención de los jóvenes que se encontraban dentro del domicilio por un supuesto delito de desobediencia grave a la autoridad.

Tras la detención de los jóvenes, el juzgado de instrucción 4 de Madrid incoó un procedimiento de diligencias previas en contra de los jóvenes por un supuesto delito de desobediencia grave.

Frente a ello, el abogado defensor solicitó el archivo libre la causa e interpuso un recurso de apelación directa para que fuese la Audiencia Provincial de Madrid la encargada de resolver sobre el fondo de la cuestión.

De forma paralela, Ospina presentó una querella en contra de los seis agentes de la Policía Nacional que irrumpieron en el domicilio de la calle Lagasca.

En una resolución, la Audiencia no solo archivó directamente el caso de los jóvenes por desobediencia, sino que ordenó deducir testimonio en contra de los agentes de la Policía por su probable participación en hechos delictivos.

«Se ha producido por parte de los agentes de la policía, un exceso en el ejercicio de la autoridad, con infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio, y por ello resulta procedente que por el Magistrado Juez de Instrucción, tras la inadmisión de la denuncia a trámite, por no ser constitutivos de infracción penal, los hechos narrados en el atestado, se proceda a deducir testimonio, por si la actuación de la fuerza pública, pudiera ser constitutiva de infracción criminal», señaló la Audiencia.

En octubre, también están citados en otro juzgado, en el número 4 de instrucción, doce policías que la madrugada del pasado 9 de diciembre irrumpieron a la fuerza en una vivienda de Villaverde en la que se estaba celebrando una fiesta a pesar de la prohibición de reuniones en domicilios por la pandemia.

Los hechos se produjeron en una vivienda situada en el número 14 de la calle Pan y Toros, situada en Villaverde. Una vecino alertó de ruidos y de la presencia de un niño llorando, desplazándose al lugar una patrulla policial.

Vox afronta este nuevo curso con una agenda de movilizaciones en la calle con las que hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez y una gran convención en Madrid los días 9 y 10 de octubre en la que pretende «mostrar músculo» y desgranar las que serán sus principales batallas políticas e ideológicas durante los próximos meses.

Este mismo sábado, el líder del partido, Santiago Abascal, liderará en Mondragón (Guipúzcoa) una contramanifestación al anunciado recibimiento al terrorista Henri Parot, en prisión por 39 asesinatos.

Junto a Abascal, a la concentración acudirá una amplia delegación de Vox para arropar a su diputado y expresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) Francisco José Alcaraz, cuyo hermano y dos sobrinas murieron en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987. Este es uno de los ataques por los que Parot fue condenado, además de otros tantos en Madrid, Granada o Irún.

Ya el domingo, Vox ha animado a los ciudadanos a sumarse a la concentración convocada por el sindicato Solidaridad en Madrid en rechazo a la subida del precio de la luz. A esta protesta acudirá también Abascal y gran parte de la cúpula del partido.

Sin embargo, el mayor acto que Vox tiene programado se celebrará el fin de semana del 9 y 10 de octubre, cuando Vox ha organizado una gran feria en uno de los pabellones de Ifema con aforo para miles de personas.

Su objetivo es celebrar algo parecido a un congreso de un partido –aunque sin renovación de órganos ni votaciones– y presentar lo que denomina ‘Agenda España’, el documento marco que recogerá sus principales líneas de acción política para los próximos meses.

Pero además, quiere que sea un espacio lúdico en el que sus dirigentes y simpatizantes puedan conocerse y disfrutar de la música, gastronomía u oferta cultural de todos los puntos de España. Para ello, estarán representadas todas las delegaciones provinciales de Vox y se celebrarán actos culturales representativos de cada una de ellas.

«Es hora de volver a valorar el patrimonio que hemos heredado. De saborear el producto de nuestro campo. De escuchar la música de nuestras fiestas. De sentir nuestras tradiciones. De viajar para descubrir un nuevo tesoro. Es hora de volver a darnos un abrazo y sentir España», anuncia Vox en su página web.

La convención finalizará el domingo con un gran mitin de Abascal. Fuentes del partido han reconocido que Vox quiere aprovechar este foro para «mostrar músculo» y demostrar fortaleza de cara al próximo ciclo político.

Su objetivo no es solo confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez sino demostrar que Vox es «el único» partido que hace una oposición real al PSOE y Unidas Podemos, como repiten públicamente todos sus dirigentes.

Este jueves, su secretario general, Javier Ortega Smith, llamó a los ciudadanos a votar pensando en «el contenido» que ofrece cada formación política, dejando a un lado las siglas y «las caras más o menos amables» de determinados candidatos.

En concreto, Vox avisa de que el PP ha asumido determinadas políticas «del consenso progre» en materia de ideología de género, memoria histórica o defensa del español. «España necesita recuperar la cordura, que queden atrás los nombres y empecemos a preguntarnos por el contenido», reclamó Ortega Smith.

Las víctimas del terrorismo recelan que a última hora se haya desconvocado la marcha prevista para este sábado en Mondragón para pedir la excarcelación de presos de ETA como Henri Parot, que cumple condena por 39 asesinatos, aunque en su lugar Sare ha propuesto diferentes concentraciones contra la «cadena perpetua», que es como llama al cumplimiento de las sentencias por los asesinatos terroristas.

Entre el historial criminal de ETA destaca el de Henri Parot, un sanguinario miembro de la organización terrorista que mató a siete menores de edad, una fiscal, a militares y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e incluso a una madre, a la edad de 55 años, de un funcionario de prisiones al que quiso matar mediante un paquete bomba.

A cada una de las 39 víctimas se le ha recordado este viernes en un homenaje celebrado en el Centro Memorial de Vitoria con la presencia de autoridades. Sare desconvocó la marcha en homenaje a Parot a pesar de que ayer la Audiencia Nacional descartó prohibirla, en línea con la Fiscalía, aunque solicitando a la Policía que informara de un posible delito de enaltecimiento y humillación a las víctimas en el desarrollo del acto.

Para este sábado diferentes colectivos de víctimas han convocado varios actos –en Mondragón y en las ciudades donde fallecieron las víctimas de Parot– para contrarrestar el organizado por Sare en Mondragón, que inicialmente quería organizar una marcha de 31 kilómetros, por los 31 años que lleva en la cárcel el veterano terrorista.

Henri Parot es un preso de ETA de 63 años de edad que cumple condena debido a decenas de atentados que dejaron 39 víctimas mortales. Formó parte del comando itinerante ‘Argala’ y fue detenido en abril de 1990 en Sevilla mientras transportaba una furgoneta cargada con 300 kilos de explosivos. De origen francés, fue uno de los principales objetivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

EN PRISIÓN HASTA 2029

Se trata del miembro de ETA que propició la conocida como ‘doctrina Parot’, establecida por el Tribunal Supremo en 2006 y que determinó que los beneficios penitenciarios se aplicaran individualmente sobre cada una de las penas por las que hubieran sido condenados, y no sobre el límite máximo de estancia en prisión de 30 años.

En su caso, la Audiencia Nacional ha rebajado en 20 meses la pena al estimar el recurso presentado por su defensa y descontarle el periodo que pasó en prisión preventiva entre febrero de 2006 y noviembre de 2007, mientras era investigado por un delito de pertenencia a banda armada con la agravante de reincidencia –por el que finalmente fue condenado–, después de que en 2001 escribiera una carta desde prisión en la que animaba a la dirección de ETA a cometer atentados.

La decisión de los jueces va acompañada de una providencia en la que se procede a aprobar la liquidación de condena «con fecha de cumplimiento prevista para el 10 de julio de 2029». Es decir, cumpliría casi 40 años encarcelado por sus múltiples asesinatos, siempre que no haya una decisión penitenciaria que avale su excarcelación.

CASA CUARTEL DE ZARAGOZA Y OTROS ATENTADOS

El rastro de terror de Parot incluye atentados como el de la casa-cuartel de Zaragoza en 1987, que dejó once víctimas mortales –cinco de ellas niños– mediante la colocación de un coche bomba cargado de explosivos. El pasado 17 de marzo, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tomó declaración por esta acción criminal al exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, que negó su participación.

Parot cometió una decena de atentados en Madrid, varios de ellos contra militares, o los que acabaron con la vida de Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto en 1986 y el de la fiscal Carmen Tagle en 1989. Los atentados de Parot se extendieron por otras localidades como Granada, donde asesinó a Conrada Muñoz Herrera, que recibió una carta bomba dirigida a su hijo, funcionario de prisiones. El primero por el que fue condenado lo perpetró en Irún en 1978, matando al empresario José Luis Legasa Ubiría.

Henri Parot ingresó en prisión el 7 de abril de 1990 y cumple condena acumulada de 41 años por los delitos de asesinatos, atentados, estragos, lesiones y terrorismo. Cumplió las tres partes de la condena en febrero de 2020 y, según informó Instituciones Penitenciarias el pasado mes de marzo, «acepta la legalidad penitenciaria». La Secretaría General del organismo dependiente del Ministerio dispuso por ello su progresión a segundo grado y traslado desde Puerto III-Cádiz a la prisión de León.

ESTRATEGIA PARA LA EXCARCELACIÓN

Desde colectivos como la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) se enmarca el acto de Henri Parot en la estrategia para conseguir la derogación de la reforma de 2003 del Código Penal, que estableció el cumplimiento íntegro de las condenas, así como para propiciar la excarcelación de presos ancianos, enfermos y de los que hayan cumplido las tres cuartas parte de condena.

«No los quieren cerca, los quieren libres», denuncia desde hace meses la AVT, muy crítica con la política de acercamientos de presos de ETA y también con la transferencia de prisiones al Gobierno vasco, ya que recelan que se pueden poner en marcha medidas para facilitar los permisos o aprobar la semilibertad o la libertad condicional.

En el caso de Parot, recuerdan que lleva 31 años preso no porque se le haya aplicado la reforma del Código Penal de 2003, sino porque, estando ya encarcelado, cometió un nuevo delito por el que se le condenó a otros once años, que se suman a las anteriores.

La Audiencia Nacional ha aprobado la extradición de Alison Gracey, una empresaria buscada en Estados Unidos por un naufragio ocurrido en 2011 durante una excursión de buceo organizada por su compañía que resultó en la muerte de una mujer.

En un auto con fecha 15 de septiembre, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal explica que se cumplen los requisitos de doble incriminación y mínimo punitivo conforme a lo dispuesto en el tratado de extradición entre España y EEUU.

Asimismo, los magistrados señalan que, en este caso, se trata de delitos comunes, no se advierte motivación espuria y tampoco concurren circunstancias que determinen la extinción de la responsabilidad penal de Gracey.

Durante la vista de extradición celebrada el pasado jueves, Gracey, de 54 años de edad y nacida en Irlanda del Norte, explicó al tribunal que ella y su marido eran socios de la empresa Scuba Shack, que organizaba excursiones en Cayo Largo (Florida) junto a otros dos socios estadounidenses, pero que «nunca» trabajaron en el negocio. «Somos inocentes», aseguró, con la ayuda de una traductora.

La defensa indicó que Gracey ni siquiera estaba en Estados Unidos cuando ocurrieron los hechos –se encontraba en Bahamas–, apuntando al capitán del ‘Get Wet’ como «quien tiene la máxima potestad sobre la navegación de la embarcación» porque es quien conoce las condiciones climáticas. Y ese día, recalcó, «decidió salir con un equipo de gente a navegar».

CULPÓ AL CAPITÁN Y SE CONSIDERABA «EL ÚLTIMO ESLABÓN DE LA CADENA»

La abogada de Gracey señaló que no es posible saber si el naufragio del ‘Get Wet’ y la muerte con la que se saldó fueron consecuencia de «alguna negligencia del capitán», del estado de la embarcación o incluso de una «posición inadecuada» de la víctima.

Además, ha recordado que el resto de acusados ya fueron juzgados en Estados Unidos y fueron declarados inocentes. «Por tanto, tampoco se puede presumir la culpabilidad de quien sería el último eslabón de la cadena», zanjó su letrada.

Por su parte, el fiscal abogaba por entregar a Gracey a las autoridades estadounidenses dando «verosimilitud» a la acusación por cuanto ella misma reconoció que era socia del negocio. El representante del Ministerio Público señaló que la empresa había recibido varios avisos por el «penoso» estado del ‘Get Wet’ y, pese a ello, «siguieron metiendo a gente en ese barco».

Lo sucedido se remonta al 18 de diciembre de 2011, cuando Aimee Rhoads, de 36 años, su cuñada y otros cuatro pasajeros abordaron el ‘Get Wet’ en Cayo Largo. El bote volcó y se hundió en pocos minutos acabando con la vida de la mujer.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha catalogdo este viernes como «una magnífica noticia la vuelta de la Semana Santa», tras agradecer a las autoridades eclesiásticas que «hayan considerado que se dan las circunstancias para autorizar a las hermandades sus salidas», por argumentar que «es un aliciente más para el sector turístico por todo lo que mueven nuestras cofradías».

En declaraciones a los medios tras asistir en Granada a la apertura del año judicial 2021-22, Marín ha reclamado «ser conscientes de que hay que seguir siendo prudentes», aun cuando ha abogado por «disfrutar de esta normalidad», por cuanto «hay que entender que el Covid sigue aquí, sigue matando gente y tenemos que seguir siendo cuidadosos».

El vicepresidente de la Junta y consejero ha reconocido que el regreso de las cofradías a las calles «es un motivo de satisfacción para todos los que somos cofrades y ver pasear por nuestras ciudades otra vez a nuestras cofradías y titulares», aunque ha precisado que «se van a llenar nuestras calles, todo eso va a suponer que muchísima gente se va a desplazar por las calles», de ahí su invitación a la prudencia en la movilización de la población.

Lo echábamos de menos en Andalucía, donde tenemos esta cultura«, ha proseguido argumentando Marín, quien ha expresado su deseo de que «ojalá todos los cofrades disfruten de la Semana Santa con total normalidad.

El vicepresidente de la Junta y consejero ha reconocido una cierta ansiedad de la población por volver a tener cofradías en la calle, que ha disculpado por cuanto «el ambiente lo pide», conclusión que ha sustentado en la evolución de los datos de vacunación y la bajada de la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes a quince días.

Marín ha argumentado que «el nivel de vacunación es de casi un 90% con la segunda dosis», por lo que ha colegido que «la inmunidad colectiva se ha conseguido prácticamente», y seguidamente ha apelado a que la tasa de incidencia acumulada «se sitúa por debajo de 100, y en pocas semanas estará por debajo de 50», de manera que se ha congratulado que «todo hacía presagiar que se estaba empezando a cumplir este sueño después de tanto tiempo aguantando».

«Fue muy duro cuando nos dijeron que nos teníamos que confinar», en marzo de 2020, por lo que Marín ha instado a que «vamos a recuperar la normalidad, pero con prudencia, no cuesta ningún trabajo ser prudentes».

El Proyecto LIBERA, la iniciativa ambiental que lideran Ecoembes y SEO/Birdlife, celebrará del 18 al 26 de septiembre la quinta edición de su campaña ‘1m2 por las playas y los mares’ con la que recogerá residuos abandonados, ‘basuraleza’, en 248 puntos distribuidos por el litoral de toda España. La Reina Sofía participará un año más como voluntaria de esta campaña en el Espigón de Gargoris de la Playa de la Almadraba (Alicante).

Cada residuo que sea recogido será caracterizado y los datos sobre su tipología serán recopilados y remitidos posteriormente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

En la edición del año pasado más de 2.170 personas lograron liberar a las playas y los mares de un total de 4,6 toneladas de basuraleza y de acuerdo con los datos de Proyecto Libera en total se recogieron y categorizaron unos 20.500 residuos. Las mascarillas higiénicas fueron uno de los residuos con mayor presencia en el entorno.

La intención de Ecoembes y SEO/BirdLife busca facilitar que estos datos permitan plantear estrategias más «eficientes» que acaben con el «problema ambiental».

Los impulsores del proyecto ofrecen a los voluntarios el apoyo de la aplicación móvil ‘MARNOBA’, desarrollada por la Asociación Vertidos Cero y KAI Marine Services, que se encarga de recoger, almacenar y mostrar la información necesaria para conocer la basuraleza de costas y mares. Al finalizar la campaña, los datos recogidos se sumarán a los más de 430.000 objetos ya caracterizados que LIBERA ha recopilado en su ‘Barómetro de la Basuraleza’, para después compartir estos datos con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España (MITECO).

Entre los 248 entornos costeros donde se desarrollará la acción figuran por ejemplo las playas de la Barrosa en Cádiz; de las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife; la del Bogatell en Barcelona, la Playa de Liméns en Pontevedra; la Caleta del Estacio en Murcia; la del Anguileiro en Asturias; Litoral Cala Blava en Baleares o la Playa de La Carolina en Almería.

Además, el Proyecto Libera contará con la participación en esta edición de entidades como Cruz Roja Española, la Red de Vigilantes Marinos que se encargarán de recoger y caracterizar la basuraleza de más de 30 puntos de los distintos fondos marinos.

Desde 2018 la iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Reina Sofía con el Proyecto LIBERA y es la propia Doña Sofía quien participa activamente en la retirada de basuraleza.

El coordinador del Proyecto LIBERA en SEO/BirdLife Miguel Muñoz, destaca que la basuraleza es un «agente» que ha «sometido» a la Tierra a un «cambio global» y agradece el logro de conseguir «información de gran valor para poder poner en marcha acciones de prevención y solución de este problema ambiental».

«El compromiso colectivo tiene un impacto realmente importante en nuestros entornos y el alto número de entidades participantes», ha afirmado la coordinadora del Proyecto LIBERA en Ecoembes Sara Güemes, que agradece «a toda las asociaciones, entidades y voluntarios que han creado puntos su participación en esta quinta edición de 1m2 por las playas y los mares».

Por otro lado, LIBERA ha informado de la ampliación de plazo de presentación de propuestas de nuevos proyectos en la V Edición de ‘Apadrinamiento de Espacios Naturales’ hasta el 1 de octubre.

En concreto, ofrece dos tipos de apadrinamientos: el ‘normal’, con un ayuda de 1.500 euros, y el ‘plus’ con una cuantía de hasta 3.000 euros. Esta segunda categoría solo está accesible a las entidades que lleven dos o más años formando parte del programa.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este viernes el papel del periodismo para una «democracia de calidad» y la importancia de una «opinión pública formada e informada», al tiempo que ha alertado de los peligros de la «desinformación, uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos».

Lo ha hecho durante la inauguración de la Jornada Nuevo-Nuevo Periodismo, organizada por el Foro Periodismo 2030, donde se ha analizado el presente y el futuro del sector.

La presidenta ha advertido de cómo las «denuncias falsas magnificadas por las redes, las herramientas de ciertos partidos políticos o las injerencias de potencias y grupos extranjeros para controlar la opinión pública» puede volver a los ciudadanos «más intolerantes, más cerrados y tribales», a la vez que también se censura «absurda y automáticamente».

En este punto, ha señalado que la «desinformación» también se debe a la «precariedad del oficio periodístico» y en lo que se ha venido a llamar la «descapitalización del trabajo de escritores, fotógrafos o críticos». «Necesitamos más que nunca un periodismo confiable, que pueda dedicar el tiempo necesario al estudio, investigación y análisis», ha añadido.

Por otro lado, Ayuso ha confesado que le gustaría que su carrera política fue «corta pero intensa». «No he pensado que voy hacer después. Estoy pensando en el presente, tengo claro donde están mis vocaciones, la comunicación y el periodismo son mi vida, pero me interesa defender la libertad en todos los rincones del mundo. No me es ajeno lo que esta sucediendo en el continente americano y creo que no hemos defendido nuestro mejor legado y esta sumido en problemas de narcotráfico, exilio, etcétera», ha añadido.

LAS TECNOLOGÍAS Y EL PERIODISMO

La presidenta madrileña cree que las relaciones, la tecnología y el periodismo siempre han sido complicadas pero «también muy apasionantes». «Las nuevas tecnologías lo que abocan muchos medios es a la transformación o la desaparición y esta no es la primera vez que ocurre», dijo para luego dar ejemplos de la transformación de los medios en las historia.

Para Isabel Díaz Ayuso, «no puede haber democracia de calidad sin periodismo y sin lectores y público que también sean de calidad». «La democracia necesita de una opinión pública formada e informada y esas fueron las claves principales de la Transición, antes de la democracia para prepararla y hacerla posible», ha dicho.

«Necesitamos mas que nunca un periodismo confiable, bien formado e informado y que pueda dedicarle el tiempo necesario al estudio, la investigación y el análisis. Esta es la paradoja de los nuevos tiempos del periodismo escrito, grafico o audiovisual. Los nuevos medios, por un lado más abiertos y plurales, no están exentos de riesgo, la falta de análisis en profundidad, la frivolidad o que se confundan los periodistas con los que no lo son», ha proseguido.

La dirigente madrileño ha abogado por no tener miedo a los avances y a las nuevas formas de hacer periodismo, «pero tampoco caer en el adanismo y perder los siglos de ejercicios que llevamos detrás». «Los periodistas, especialmente los españoles, somos herederos de una estirpe de intelectuales, valientes, patriotas y artistas de la lengua como Larra, Azorín, Ortega o Umbral. Este periodismo literario que es marca España y que no debe perderse sino renacer en las nuevas tecnologías», ha apuntado.

«Los nuevos medios convierten nuestra lengua, el español, en una enorme ventaja con un mercado de 600 millones de hablantes repartidos por el mundo entero. Hablamos y escribimos en una de las cuatro lenguas universales. No las estropeemos, ni dejemos que totalitarios de uno u otro signo perviertan el idioma queriendo convertirlo en instrumento de manipulación de poli ticas identitarias que se quieren vestir de inclusivas o de nuevas formas de censura y la que ha venido a llamarse cancelación. El español la lengua de Cervantes, es lengua de libertad y de la responsabilidad que esta siempre lleva de compañera como Don Quijote llevaba a Sancho, la responsabilidad que nos obliga a la búsqueda de la verdad», ha agregado.

CONTRA «LA ESTRATEGIA TOTALITARIA DE CONTROL A LOS MEDIOS»

Por último, Ayuso ha cargado contra Podemos al señalar que algunos partidos políticos que llegaron prometiendo participación «basan su estrategia totalitaria en el del control de los medios y en que estos sustituyan a los parlamentos que se ocupen o queden convertidos a platos secundarios».

«Esta sustitución de los órganos de representación política por los nuevos medios ha sido una trampa en la que todos hemos caído de una u otra manera. Hasta llegar a extremos, como la ausencia del Parlamento de un presidente del gobierno de la nación durante meses en Estado de alarma o no se nos olvide, ruedas de prensa que eran homilías interminables sin periodistas o con estos pero sin preguntas. La digitalización nos permite llegar a donde no se podía al instante, pero también corre el riesgo de declarar a los periodistas prescindibles y la no presencialidad se quita mucho de lo incisivo del periodismo», ha apostillado.

Por último, la titular del Gobierno regional ha hablado del reto los medios digitales y del futuro, sobre todo de la radiotelevisión pública. «Su necesidad ha de fundamentarse en llegar a donde los medios privados no lleguen y no deben caer en hacerles la competencia desleal ni en la politización o la vanalización. Este debate sereno está pendiente», ha subrayado.

«En el caso de telemadrid desde el Gobierno autonómico queremos una televisión de proximidad, que dé visibilidad a los 179 municipios de la región, que llegue a donde los medios privados no llegan y que esté al mismo tiempo digitalizada porque sabemos que la televisión ahora se consume en los móviles, mucho mas la que es de proximidad. Solo tiene sentido la inversión publica si hacemos una televisión distinta a la que ofrecen los medios privados, que sea un auténtico servicio publico a la altura de los tiempos», ha finalizado Ayuso.

El secretario general de las Juventudes Socialistas de Euskadi, Víctor Trimiño, ha advertido que no es momento de «discusiones abstractas o nostalgias de hace dos siglos», en relación al planteamiento del lehendakari de derogar la abolición de fueros para volver a la soberanía previa a 1839.

Trimiño ha comparecido este viernes en Bilbao para hacer un balance sobre el Pleno de Política General del Parlamento Vasco y la actuación del Gobierno Vasco en materia de juventud. En su intervención, Trimiño ha considerado que se está en un momento «complicado» para los jóvenes, de tal forma que si no se adoptan medidas «certeras» las consecuencias serán a largo plazo para sus vidas.

Tras recordar que la formación académica y las practicas se han visto afectadas por la pandemia de la covid-19, lo que podría suponer un obstáculo más para la inserción laboral dificultando el problema de la emancipación, Trimiño ha denunciado además la actuaciones «irracionales o vandálicas» de una minoría de jóvenes durante la pandemia.

«Hemos sido un colectivo solidario y empático con el resto de la sociedad», ha valorado, para añadir que también sufren necesidades específicas.

En esta línea, ha destacado el «liderazgo compartido» que el PSE está ejerciendo en el Gobierno Vasco que, a su juicio, supone que áreas de «especial importancia para los jóvenes sean gestionadas con especial sensibilidad y atención». Así, ha valorado, entre otros, los programas Reactívate y Gaztelagun, así como las medidas progresistas puestas en marcha desde el Gobierno para una «recuperación justa».

Por contra, ha lamentado que en el pleno de política general de este jueves se escuchara a «los partidos nacionalistas, incluido el lehendakari, dedicar demasiado tiempo a debates que nada aportan a la juventud».

«No es momento de discusiones abstractas y sin salidas sobre soberanías, identidades, estatus o nostalgias de hace dos siglos. No es momento de mirar de reojo lo que ocurre en Cataluña ni en el retrovisor hacia el siglo XIX», ha afirmado.

Instituciones y entidades sociales de Cantabria se han unido este viernes para alzar la voz contra la explotación sexual y la trata de personas en todas sus formas, incluida la prostitución, que abogan por abolir.

El patio del Parlamento regional ha acogido este viernes un acto conmemorativo del Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas (23 de septiembre), que ha estado organizado por las asociaciones Nueva Vida y Red Cántabra contra la explotación sexual.

En el acto, se ha dado lectura a un manifiesto firmado por quince entidades y organizaciones sociales de Cantabria y han intervenido también el presidente del Parlamento regional, Joaquín Gómez (PSOE), y el vicepresidente del Gobierno autonómico, el también socialista Pablo Zuloaga, y el concejal de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander, Álvaro Lavín (PP).

Aprovechando la conmemoración de este día, todos ellos han aprovechado para denunciar que en el mundo todavía existen «millones» de mujeres, y también niñas, que son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual», en su mayoría sacadas de sus países «engañadas» u «obligadas» para acabar en prostíbulos u otros lugares donde se ejerce la prostitución.

Han advertido que se trata de una realidad que también ocurre en España y Cantabria y que «frecuentemente pasa demasiado desapercibida».

«Sucede en nuestro país y en nuestra propia comunidad, aquí, en Cantabria, entre nosotros, donde hay mujeres convertidas en esclavas sexuales y laborales de proxenetas y mafias», ha alertado el presidente de la Cámara.

De hecho, ha recordado que, ayer mismo, en el Parlamento, la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, recalcó que el año pasado Cantabria se tramitaron cinco causas por trata de seres humanos: tres con fines de explotación sexual, una por la práctica de la mendicidad y otra por explotación laboral. Además, el informe fiscal estima que en Cantabria ya hay más de 300 pisos dedicados a la prostitución.

Gómez ha añadido que, «en una sociedad libre y democrática, en un mundo justo y desarrollado, no puede seguir persistiendo la compraventa y explotación de niños y adultos» para diversos destinos, como la explotación sexual, el tráfico de órganos o trabajos forzados», con la «complicidad» de los consumidores de estos servicios.

Por ello, ha reivindicado «compromiso, firmeza y ética» para desterrar la explotación y trata de personas porque, según ha dicho, mientras esto siga ocurriendo, «nuestra sociedad no será ejemplo de bienestar, igualdad y desarrollo».

ZULOAGA, A FAVOR DE ABOLIR POR LEY LA PROSTITUCIÓN

Por su parte, Zuloaga ha reivindicado el papel protagonista del Parlamento de Cantabria para que de forma unánime defienda ante el Gobierno de España una ley que permita luchar contra la trata de personas, incluyendo la abolición de la prostitución.

Ha reivindicado la necesidad que la sociedad tiene de dotarse de herramientas «suficientes y necesarias» para pasar de las palabras a los hechos, defendiendo la necesidad en España y Cantabria de una ley abolicionista de la prostitución. «El debate acaba, porque si no hay prostitución, no hay trata», ha asegurado.

Zuloaga cree que la sociedad debe abrir los ojos ante la esclavitud y violencia sobre las mujeres que existe, según ha dicho, detrás de «miles de luces de neón» y de los anuncios en páginas de periódicos.

A su juicio, detrás de esta realidad, «existen muchas brechas», la primera, de género «porque se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo», y la segunda social ya que, según ha dicho, ninguna mujer acaba por voluntad propia en una situación de explotación sexual y trata.

El vicepresidente ha agradecido a las asociaciones y colectivos que colaboran con el Gobierno regional su esfuerzo y contribución para acabar con esta lacra social.

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales de Santander ha advertido de que la trata y la explotación sexual «es un problema de todos».

Para finalizar el acto, Marisol Payá, en representación de la Red Cántabra contra la explotación sexual, y Julio García, de la Asociación Nueva Vida, han dado lectura al manifiesto que reivindica la abolición de la prostitución «que es una gravísima vulneración de los derechos humanos más fundamentales».

Por otra parte, en el texto reivindicativo al que se ha dado lectura, las asociaciones y entidades firmantes plantean cinco propuestas para hacer frente a este problema: el cierre permanente de los espacios donde se explota sexualmente a mujeres y niñas; una solución inmediata para que salgan de la prostitución con oportunidades reales para no recaer en la exclusión social; que existan mecanismos para perseguir a los proxenetas; desincentivar la demanda de prostitución entre los hombres, e invertir en educar en igualdad.

Al acto han asistido también, entre otros, la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones; la consejera de Presidencia, Paula Fernández; la de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez; diputados, y representantes de entidades sociales.

El Papa emérito, Benedicto XVI, ha subrayado que el matrimonio entre personas del mismo sexo es «una deformación de la conciencia» al tiempo que ha lamentado que esta óptica también haya «penetrado profundamente en sectores de personas católicas».

«Con la legalización del matrimonio del mismo sexo en 16 países europeos, el asunto del matrimonio y la familia ha tomado una nueva dimensión que no puede ignorarse», ha advertido el Papa emérito en el libro ‘La verdadera Europa: Identidad y misión’, que ha sido prologado por Francisco.

No es la primera vez que el Papa emérito hace este tipo de declaraciones. En mayo del año pasado, en una entrevista que cierra una biografía de más de mil páginas escrita por el periodista Peter Seewald, Benedicto XVI arremetió con el matrimonio entre homosexuales y lo que llamó «el credo del anticristo» que, según explicó, castiga con la excomunión social a quienes no se adhieren a él. «Hace cien años a todo el mundo le hubiera parecido absurdo hablar de matrimonio homosexual. Hoy todo el que se oponga a él queda excomulgado socialmente», señaló entonces el Papa emérito.

En el libro que acaba de comercializarse en Italia, Benedicto XVI cuestiona que la respuesta pueda darse «con un poco de moralismo o incluso con algunas referencias exegéticas». «Este problema es más profundo y por lo tanto debe ser respondido en sus términos fundamentales», ha precisado.

En su introducción, Benedicto XVI ha manifestado que el concepto de «matrimonio del mismo sexo» es «una contradicción con todas las culturas de la humanidad que han seguido hasta ahora, y esto significa una revolución cultural que es opuesta a toda la tradición de la humanidad hasta hoy». «La certeza básica de que la humanidad existe como masculina y femenina, y que la transmisión de la vida sirve a esta tarea y que, en esta, más allá de todas las diferencias, consiste esencialmente el matrimonio, es una certeza original que ha sido obvia para la humanidad hasta ahora», agrega.

Para el Papa emérito, en la sociedad actual «se pone en duda el hecho de que la existencia como hombre -en masculino y femenino- esté orientada a la procreación, y que la apertura a la transmisión de la vida determina la esencia de aquello que llamamos matrimonio». En todo caso, señala que el origen de esta situación se encuentra en la «convulsión de esta certeza humana original» introducida en el mundo cuando se creó la píldora anticonceptiva, que hizo posible «la separación de la sexualidad y la fecundidad». «No se trata de la casuística, ni del cómo y el cuándo el uso de la píldora está moralmente justificado», aclara, «sino de la novedad fundamental que significa: que todas las formas de sexualidad están equiparadas. Este nuevo mensaje ha transformado profundamente la conciencia de los hombres».

FECUNDIDAD PLANIFICADA E INCREMENTO DEL SUICIDIO

Para Benedicto XVI, a esto «le sigue un segundo paso: si la sexualidad puede ser separada de la fecundidad, entonces, al contrario, la fecundidad puede ser pensada sin la sexualidad». De esta manera, ejerciendo una «fecundidad planificada», se sustrae que «el hombre ya no es un don recibido, sino un producto planificado», hecho por los hombres. «Por otro lado, aquello que se puede hacer se puede también destruir –continúa–. En este sentido, la creciente tendencia al suicidio como fin planificado de la propia vida es parte integrante de la situación descrita», agrega.

Por todo ello, el Papa emérito considera que en la cuestión del ‘matrimonio homosexual’ «no se trata de ser un poco más abiertos», sino de responder «a la pregunta ¿quién es el hombre? ¿Es una criatura de Dios?» o, por el contrario, «un producto que él mismo sabe crear». «Cuando — asevera– se renuncia a la idea de creación, se renuncia a la grandeza del hombre, a su dignidad que está por encima de cualquier planificación».

Finalmente, vuelve a hacer hincapié en la idea de la naturaleza humana. «El movimiento ecológico ha descubierto el límite de aquello que se puede hacer y ha reconocido que la naturaleza establece para nosotros una medida que no podemos ignorar impunemente –explica– También el hombre tiene una naturaleza que le ha sido dada, y violarla o negarla conduce a la autodestrucción. Por esto, la creación del hombre como masculino y femenino es ignorada en el postulado del ‘matrimonio homosexual'».

Durante el vuelo de regreso de Bratislava (Eslovaquia) a Roma, el pasado miércoles, el Papa admitió que las leyes de uniones civiles gay «buscan ayudar la situación de tanta gente con una orientación sexual distinta, y es importante que se les ayude, pero sin dar algo que, por su naturaleza, la Iglesia no da», que es el matrimonio religioso como sacramento.

«Si una pareja homosexual quiere llevar una vida juntos, los estados tienen las posibilidades de darles seguridad, estabilidad, herencia, etc. no solo para los homosexuales sino para todas las personas que quieran asociarse. Pero el matrimonio es el matrimonio», consideró el obispo de Roma.

La ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, han firmado este viernes el protocolo general de actuación y de convenio para el desarrollo del proyecto de la base logística del Ejército de Tierra ‘General de Ejército Javier Varela’, que se impulsará en la zona de La Rinconada en la capital cordobesa y será un motor tecnológico, de creación de empleo y de ‘I+D+I’ para la región.

En su intervención, la ministra ha declarado que «para todo el Ejército y el Ministerio supone un día muy emotivo» y que «llena de satisfacción» con este proyecto para Córdoba, que, según ha expuesto, «es la mejor Andalucía y la mejor España; es el pasado y presente y la apuesta por el futuro».

En este sentido, Robles ha destacado que es «muy importante» esta firma porque «demuestra que cuando las administraciones trabajan conjuntamente para servir a los ciudadanos y que las ciudades prosperen se hace bien».

Igualmente, ha enfatizado que «ahí donde está nuestro ejército hay progreso, hay ciencia, hay conocimiento y sobre todo hay mucha eficacia y muchísimos sentimientos». Este proyecto «es una apuesta clara por la innovación tecnológica, la creación de empleo y el desarrollo del talento, y lo queremos hacer desde Córdoba como centro de toda Andalucía y de España», ha recalcado.

La futura base logística ‘GE Javier Varela’, moderna e innovadora, será «un referente a nivel nacional y no sólo para las Fuerzas Armadas», y contará con componentes para ser un ‘hub’ logístico dentro de la Unión Europea (UE).

La ministra ha reslatado «la proyección internacional de las Fuerzas Armadas, porque representan a esa España que cree en sí misma, en la innovación y en la tecnología, y en valores como la generosidad, solidaridad y el amor a nuestro país.

Al respecto, la titular de Defensa ha afirmado que «éste es el primer paso de una gran apuesta» y espera que «dentro de unos años se tenga en cuenta que se puso una base muy importante para el futuro basada en los principios y valores que mueven a las Fuerzas Armadas».

PROYECTO PUNTERO DEL MÁS ALTO NIVEL

Mientras, el presidente de la Junta ha afirmado que «es fundamental la firma» tras meses «intensos» de trabajo, de cara a «hacer realidad un proyecto puntero en materia logística militar del más alto nivel tecnológico, que será desde Andalucía referencia internacional en materia logística de industria inteligente, de innovación y vanguardia digital».

Asimismo, ha elogiado que «hay un enorme espíritu de cooperación» entre administraciones, especialmente ante «estos tiempos tan confusos y complejos», ha apostillado. Por tanto, ha indicado que «este proyecto es fruto de la cooperación, la colaboración, la lealtad institucional y de que tres administraciones empujan en la misma dirección», que «es el camino para conseguir objetivos y llegar más lejos».

Además, Moreno ha apuntado que «a los andaluces este proyecto nos acerca aún más a las Fuerzas Armadas». «Nos sentimos profundamente orgullosos de las Fuerzas Armadas y el trabajo que realizan en beneficio de la sociedad y estamos encantados de cualquier acontecimiento que tenga que ver con las Fuerzas Armadas, que haya bases en la región y que cooperen en tradiciones tan arraigadas como la Semana Santa», ha dicho el presidente, quien ha expresado «la admiración y respeto» en este caso.

Tras ello, el jefe del Ejecutivo regional ha remarcado que «la construcción y puesta en marcha de esta base va a ser un motor para la creación del empleo, la innovación y las nuevas oportunidades», por lo que «en Andalucía y en Córdoba hay un antes y un después», ha señalado, para apuntar a «la sensación que había en Córdoba de perder trenes y no subirse al progreso y bienestar», de ahí que haya felicitado la designación de Córdoba para la base.

De igual modo, Moreno ha manifestado que «este centro no va a ser sólo de referencia del Ejército de Tierra, sino que va a traer otras empresas en materia logística que van a generar sinergias», para lo cual «Córdoba tiene una situación geográfica inmejorable» y puede ser «un centro de referencia logística del sur de España y Europa», ha enfatizado el presidente, para agregar que «uno de los objetivos es que Andalucía crezca, que haya oportunidades y para ello se necesita la colaboración de todos», citando como ejemplo que la Universidad de Córdoba va a jugar «un papel importante en materia de investigación e innovación».

«ARRANCA LA CÓRDOBA DEL FUTURO»

Y el alcalde de la ciudad ha valorado esta firma para «un proyecto importante para la defensa nacional» y que «sienta las bases de una parte fundamental del futuro de Córdoba», aseverando que «este día pasa a la historia al dar este paso definitivo para acoger la base en la ciudad».

También, ha destacado el potencial de Córdoba y el trabajo conjunto entre instituciones, agentes sociales y económicos y ciudadanos, todo ello después de que «hace menos de un año se presentó la candidatura». Al hilo, ha defendido la situación estratégica de la ciudad y la provincia y contar con «el suelo adecuado para la base».

Así, el primer edil ha aplaudido que «desde Córdoba va a irradiar sus efectos al resto de Andalucía», con «el principal proyecto de futuro de la ciudad y la provincia», que, además, supondrá que «el impacto económico se prolongará en las próximas décadas», ha declarado Bellido.

Por ende, el regidor ha mantenido que «se impulsa una Córdoba de futuro, del conocimiento y la innovación adaptada a los nuevos retos y generación de oportunidades», de forma que «Córdoba ayudará a culminar la misión», junto con Defensa y la Junta de Andalucía para el desarrollo de este proyecto, con el que «hoy arranca la Córdoba del futuro», ha dicho.

ESPERAN QUE SEA REALIDAD EN 2026

Con la firma del convenio se sienta el marco interinstitucional para la construcción y puesta en marcha de la futura base logística del Ejército ‘General Javier Varela’, que supondrá «un importante impulso económico y social, tanto en su fase de construcción e implantación, como en su fase operativa, estando previsto que el proyecto contribuya a la creación de puestos de trabajo directos e indirectos de alta cualificación», han resaltado desde el Ayuntamiento. La previsión es que sea una realidad en 2026.

El proyecto de la nueva base logística del Ejército de Tierra es una punta de lanza tecnológica, con elementos de inteligencia artificial, digitalización e innovación y eficiencia energética, que será transformador para la economía de Córdoba.

Entre las ventajas y oportunidades que supondrá la base se incluye la creación de 1.600 puestos de trabajo directos, y más de un millar de indirectos, con la reactivación de industria auxiliar y servicios, como escuelas, vivienda y hostelería.

Además, en el ámbito de la enseñanza es una oportunidad para avanzar en la cooperación mediante convenios y acuerdos con la Formación Profesional y la Universidad.

Al acto, celebrado en el Alcázar de los Reyes Cristianos, han asistido la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro; el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Ejército Francisco Javier Varela; la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación Territorial de la Junta de Andalucía, Marifrán Caroza; el director gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura yEquipamiento de la Defensa, el general de Brigada Sebastián Marcos.

Igualmente, han estado el subdelegado de Defensa en Córdoba, el coronel Íñigo Laquidain; el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz; la subdelegada del Gobierno en la provincia, Rafaela Valenzuela; el delegado de la Junta en la provincia, Antonio Repullo, y el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Goméz Villamandos, entre otras autoridades y representantes institucionales y agentes sociales y económicos que apoyan el proyecto.