El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, considera que la nueva "victoria" de su partido en el Tribunal Constitucional, tras la sentencia que declara inconstitucional el segundo estado de alarma, evidencia que el Gobierno de coalición vive instalado de forma "perpetua" en la "inconstitucionalidad", razón por la que ha pedido su dimisión en bloque.

En rueda de prensa desde el Congreso, Espinosa de los Monteros ha celebrado "la tercera sentencia" del TC que "da la razón" a Vox al confirmar ahora también la inconstitucionalidad del segundo estado de alarma que el Ejecutivo decretó durante seis meses, durante los cuales "Sánchez y su cuadrilla de enemigos de España secuestraron a los españoles" en lo que es, según ha denunciado, "una violación flagrante" de sus derechos.

TENÍA PRETENSIÓN DE "PERPETUIDAD"

"Esto es suficiente para que el Gobierno dimitiera en bloque", ha dicho, sobre todo después de las dos sentencias anteriores, en las que el Alto Tribunal falló que la restricción de la actividad del Parlamento durante la pandemia vulneró los derechos de los diputados y declaró también inconstitucional el primer estado de alarma.

Espinosa de los Monteros sostiene que en España se pasó de un estado de excepción "encubierto" con una limitación "brutal" de libertades y derechos a un estado de alarma que, a su juicio, "tenía pretensión de perpetuidad".

El dirigente de Vox acusado al Gobierno haber prohibido a los ciudadanos "trabajar", además de asistir a entierros, de monitorizar las redes sociales para "minimizar" el clima contrario a la gestión de la crisis y de "asaltar" el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mediante decreto ley. "El Gobierno caminó en fin por una deriva autoritaria y totalitaria" en la que, ha recalcado, se está sólo "ante la punta del iceberg".

Así las cosas, y después de la última sentencia del TC, Vox ha garantizado que no dejará de trabajar para defender a los españoles de los "atropellos" del Gobierno de coalición "con la necesaria colaboración" del PP.

CASADO TIENE "POCA MEMORIA"

Según Espinosa de los Monteros, el segundo estado de alarma declarado este miércoles inconstitucional sólo se pudo aprobar en el Congreso "gracias a la abstención del PP, al que ha señalado como "cooperador necesario", y le ha afeado que esté "asaltando" junto al PSOE las instituciones, tras el reciente acuerdo alcanzado por ambos partidos para renovar los órganos constitucionales caducados.

Preguntado por las palabras del líder del PP, Pablo Casado, quien dice que advirtió a Sánchez en el Congreso que su alarma era "un estado de excepción encubierto para evitar el control judicial y parlamentario", Espinosa de los Monteros ha respondido que debe ser una "broma" o es que tiene "poca memoria". "El PP debería pedir perdón por el camino erróneo que llevan, revertirlo y volver al sentido común", ha dicho.

El Gobierno seguirá los "criterios europeos" en la transposición de la directiva europea de Derechos de Autor, que el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Cultura y Deporte, aprobará el próximo martes.

Así se ha pronunciado este miércoles el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, a preguntas de los medios en Mérida, donde ha explicado que cuando en Europa se acuerda una directiva, luego hay margen para que los países puedan adaptarla a su realidad, aunque, en este caso, España seguirá "muy fielmente" lo que se acordó en la UE.

"Si no recuerdo mal, la elaboración de la directiva europea tomó cinco años y, por lo tanto, sería una presunción decir ahora nosotros, esos cinco años de labores, de intentar poner de acuerdo y de responder a todas las sensibilidades, hacemos mangas y capirotes y nos inventamos otra cosa", ha aseverado.

En este sentido, el ministro de Cultura ha mostrado la preocupación del Ejecutivo nacional por el hecho de que "realmente haya una protección real" de los derechos de autor.

"Los que creemos que la cultura es un derecho tenemos que esforzarnos también en que los creadores y las creadoras puedan vivir de su labor, de su esfuerzo, y eso implica que vean no solo reconocidos sino protegidos sus derechos de autor", ha considerado.

Miquel Iceta ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en Mérida junto al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, con quien ha mantenido una reunión este miércoles en la sede de Presidencia.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha reclamado este miércoles la comparecencia urgente ante el Pleno del Congreso del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras el "nuevo varapalo" del Tribunal Constitucional al Gobierno de España y ha añadido que la sentencia tumbando el segundo estado de alarma certifica que se ha "abusado de la excepcionalidad constitucionalidad".

Así se ha pronunciado después de que el TC haya declarado inconstitucional el segundo estado de alarma, prosperando así el recurso que impulsó Vox tras ese decreto del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El pleno, dividido en esta ocasión, se ha decantado por declarar su inconstitucionalidad por seis votos contra cuatro, y considera que el plazo de seis meses de prórroga tuvo un carácter no razonable o infundado.

En una rueda de prensa en el Congreso, Gamarra ha señalado que este "nuevo varapalo" del tribunal de garantías "certifica" que durante la pandemia el Ejecutivo "vulneró derechos fundamentales de manera constante".

"Se ha abusado de la excepcionalidad constitucionalidad y de manera consciente porque una y otra vez se le advirtió desde el Grupo Popular", ha subrayado, para recordar que el propio Pablo Casado ya destacó ante el Pleno que "seis meses superaban el plazo que establece la Constitución para una prórroga del estado de alarma".

En este sentido, ha recalcado que el Gobierno "ha burlado" el papel que tenía que tener el Congreso y "ha abusado de sus poderes" durante la alarma. "Ha buscado en todo momento tener máximos poderes con mínimos controles y, en este caso, vulnerando el papel que la Constitución da al Congreso", ha abundado.

PIDE EXPLICACIONES TAMBIÉN A BOLAÑOS

Gamarra considera que queda "demostrado que Sánchez no tiene ningún tipo de rubor en adoptar medidas que son inconstitucionales y en vulnerar derechos fundamentales". "Estamos ante el Gobierno que se ha convertido en un coleccionista de sentencias del TC durante toda la lucha contra la pandemia y no ocurre en ningún otro país de Europa", ha proclamado.

Por eso, ha señalado que el Grupo Popular va a solicitar de manera "urgente" la comparecencia del presidente del Gobierno para que dé cuenta a los españoles de "su actitud y de su vulneración reiterada de los derechos fundamentales".

Gamarra ha recalcado que el "autor intelectual" de esos estados de alarma es el actual ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien a su entender, también debería explicar por qué "tomaron estas decisiones" cuando ya había voces, como la del PP, que alertaba que ése "no era el camino correcto".

RESPONDE A VOX QUE SU ABSTENCIÓN NO FUE DETERMINANTE

Después de que Vox haya acusado al PP de "colaborador necesario" por haber apoyado el estado de alarma que ahora tumba el constitucional, Gamarra ha respondido al partido de Santiago Abascal que "se equivocan de adversario", al tiempo que ha subrayado que el PP no lo apoyó.

En este punto, ha señalado que si se lee el diario de sesiones se podrá ver la posición "clara, rotunda y contundente" de Pablo Casado "oponiéndose a esa prórroga de seis meses y estableciendo la necesidad de una prórroga cada 15 días con control parlamentario".

"El PP no apoyó ese estado de alarma como todo el mundo sabe, como todo el mundo conoce. Y todo el mundo puede encontrar la prueba rotunda en el diario de sesiones y en la propia votación de ese día", ha manifestado.

Fuentes del Partido Popular han remarcado después que es "falso" que se les señale como "colaboradores necesarios" porque su abstención no fue determinante para que saliera adelante la prórroga de seis meses.

El Gobierno de España considera que la XXVI Cumbre del Clima de la ONU que comenzará el 1 de noviembre en la ciudad escocesa de Glasgow (Reino Unido) será "importante en términos de solidaridad y de acelerar la acción" para responder al cambio climático y confía en que los países realicen anuncios que permitan acortar la distancia entre los compromisos actuales y el objetivo de mantener el aumento global de temperatura en 1,5ºC de aquí a final de siglo.

En un encuentro con periodistas, la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, ha destacado que precisamente la "expectativa mayor" es salir de la Cumbre pudiendo decir que se mantiene dentro de la comunidad internacional el objetivo de limitar la temperatura en 1,5ºC según se acordó en el Acuerdo del Clima de París en 2015 y un mecanismo para volver a revisar estos esfuerzos en 2023..

Pero este martes, el Programa de Medio Ambiente de la ONU afirmó que los compromisos actuales de la comunidad internacional suman esfuerzos que apenas limitarán el incremento global de la temperatura en 2,7ºC.

El reto del 1,5ºC así como cumplir con la financiación de hasta 100.000 millones de dólares para los países en desarrollo y establecer una acuerdo respecto al artículo 6, relativo a los mercados de carbono serían los aspectos más relevantes para la representante de la delegación española, que estará encabezada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien acudirá el día 1 de noviembre a la inauguración del segmento de alto nivel.

Para Ulargui, la UE tiene una posición de negociación dirigida "siempre" a buscar puentes y así se mantendrá en esta cita organizada por Reino Unido en la que opina que es necesario que se ponga en valor el papel de la comunidad internacional para responder a las amenazas internacionales como la del cambio climático o la salud.

Por ello, insiste en que el 'Paquete de Glasgow' deberá poner "fin a la brecha" entre los compromisos anunciados y la senda real de reducción; al tiempo que deberá suponer un impulso para acelerar la acción y mantener el Acuerdo de París como un punto de encuentro.

De ese modo, Valvanera vaticina "anuncios claros, cuantificados" de países que todavía no han mandado sus determinaciones nacionales de reducción (NDC, en sus siglas en inglés) o bien de revisiones al alza por los países que sí lo han hecho.

Por otro lado, ha destacado que en la Cumbre se presentarán diferentes e "importantes" iniciativas sectoriales y en distintos ámbitos como, por ejemplo, la alianza de ambición climática promovida de forma conjunta por la UE y por Estados Unidos para lograr un 30% de reducción de emisiones global de aquí a 2030, algo que sería "muy importante" para cerrar "la brecha" actual con el objetivo del 1,5ºC.

"En la oficina de cambio climático, donde trabajamos, y de la que la vicepresidenta tercera es la responsable, tenemos indicadores claros de éxito en esta COP", ha augurado la directora Ulargui que subraya que tras la cancelación por la pandemia de la Cumbre, que debía haberse celebrado en 2020, los países han tenido "dos años" que han aprovechado para trabajar, interaccionar y escuchar, sobre todo a los países más impactados por el cambio climático.

"El punto uno es la solidaridad. La ambición no se alcanza solo con los números, sino también con la acción que se pone en marcha y con el multilateralismo", ha defendido.

Otro de los avances que confía en que se producirán en la cita escocesa será la presentación de las Estrategias a largo plazo e los países, que permitirán impulsar las acciones a corto plazo. En ese sentido, entre las 40 estrategias a largo plazo ya presentadas, ha recordado que la UE y España dentro de los Veintisiete ya han presentado la suya, basada en el objetivo claro de alcanzar la neutralidad climática en 2050.

"La UE lidera la ambición tanto en el corto como en el largo plazo", ha elogiado Ulargui que asegura que no solo se trata de números sino que ese objetivo va acompañado de medidas como el paquete Fit 55 que ya está siendo negociado por los Estados miembro en Bruselas y que se cerrará en los dos próximos años.

En cuanto a la vulnerabilidad y a los mecanismos de pérdidas y daños dirigida a los países en desarrollo considera que se debe financiar de forma adecuada con un procedimiento que ayude a evaluar lo lejos que se está de aumentar la capacidad de adaptación en todos los países y, de ese modo, insiste en que el tercer bloque importante de la COP precisamente será la financiación. "No estamos cumpliendo el objetivo de aportar 100.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo y la OCDE dice que no se alcanzará hasta 2023", admite.

Ulargui precisa que esta es una de las demandas de los países más vulnerables y, además, uno de los preceptos del Acuerdo de París. Finalmente, ha apuntado que otro aspecto relevante en las negociaciones serán las cuestiones que permitan avanzar en la transparencia para lograr un "ciclo de la ambición que sea transparente y virtuoso".

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido la necesidad de promulgar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para actualizar el proceso penal y de armonizar la legislación española con el resto de países del entorno.

Así lo ha dicho en el marco de la inauguración de la mesa del grupo de trabajo de carácter interinstitucional de la nueva LECrim que ha tenido lugar este miércoles.

Según ha informado el Ministerio en una nota de prensa, Llop ha asegurado que "es imprescindible avanzar para dar cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por España y para alcanzar la buscada armonización de nuestro ordenamiento jurídico con el derecho europeo".

Asimismo, la ministra ha señalado que la norma centenaria "debe ser adaptada a la realidad vigente, donde principios como la igualdad de género, la no discriminación o la protección de las personas más vulnerables han pasado a ser rectores de nuestra sociedad democrática".

AJUSTE DEL ANTEPROYECTO DE LEY

La titular de Justicia se ha referido también a la importancia de ajustar el anteproyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de noviembre de 2020, "para que sea un proyecto colectivo e incluyente, empezando por los operadores jurídicos y las instituciones que los representan. Por eso, se abre ahora una segunda etapa en la tramitación de la norma, en la que la participación de las instituciones convocadas resulta de vital importancia".

En el marco de su intervención, la ministra ha puesto de manifiesto la necesidad de alcanzar consensos. "No me cabe duda de que el grupo de trabajo que hoy se constituye permitirá hacer del texto del anteproyecto un referente común mediante el diálogo y la construcción colectiva", ha dicho.

La mesa del grupo de trabajo interinstitucional está constituida por representantes de la Dirección General y Estudios SES del Ministerio del Interior, de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Justicia, de la de la Audiencia Nacional, del Gabinete Técnico del CGPJ, de la Audiencia Provincial de Madrid, de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, del Consejo General de los Procuradores de España, del Consejo General de la Abogacía Española y del ámbito académico.

Lluvias y chubascos localmente fuertes irrumpirán este jueves por el oeste de Galicia, con tres provincias en riesgo por lluvia (A Coruña, Pontevedra y Mallorca) y viento (A Coruña), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Este jueves, en el área mediterránea oriental, Estrecho y Melilla se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos, con chubascos y tormentas ocasionales en Baleares y litoral oriental peninsular, así como chubascos aislados remitiendo en el Estrecho y Melilla.

Pueden ser más intensos en el entorno del litoral sur de Cataluña, golfo de Valencia y norte de Baleares. No se descarta que, por la tarde, los chubascos puedan extenderse por zonas del interior noreste de Cataluña, sur del sistema Ibérico, Comunidad Valenciana y sudeste de Andalucía.

Asimismo, debido a la aproximación de un activo frente atlántico a últimas horas del día, se espera un aumento de la nubosidad en el tercio noroeste peninsular, con lluvias y chubascos, que en el oeste de Galicia pueden ser localmente fuertes o persistentes. En Canarias, se esperan intervalos nubosos, con posibilidad de precipitaciones débiles aisladas en el norte de las islas.

Habrá predominio de cielos poco nubosos o con nubes medias y altas en el resto del país, así como nubes de evolución en Andalucía, cuarto oriental y Baleares. Se esperan nubes bajas y posibilidad de brumas o bancos de niebla matinales en el oeste de Galicia, valle del Ebro y zonas de interior del tercio oriental.

Las temperaturas diurnas descenderán en Galicia, cordillera Cantábrica y Pirineos y aumentarán en el interior sudeste, sin garndes en el resto. Las mínimas descienden en el sudeste peninsular y Baleares y aumentan en el norte, con heladas débiles en Pirineos.

Los vientos soplarán del suroeste en Galicia y Cantábrico, con intervalos de fuerte en el litoral gallego y rachas fuertes en la cordillera Cantábrica; de levante en el Estrecho y Alborán y del sureste en el valle del Ebro; y flojos en general en el resto, tendiendo a suroeste en la vertiente atlántica a lo largo del día. En Canarias, del norte y noreste.

Podemos ha denunciado que la "uberización' de la economía" es la "esclavitud del siglo XXI" al ser un modelo que se basa en "la precariedad absoluta de los trabajadores y trabajadoras y en la ausencia de derechos", según ha denunciado este miércoles en Bruselas la eurodiputada y secretaria de Internacional de Podemos, Idoia Villanueva.

"Estamos hablando del intento de imposición de un nuevo modelo de relaciones laborales al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras", ha insistido por su parte el secretario de Horizonte Republicano y Profundización Democrática de Podemos, Rafa Mayoral.

Villanueva y Mayoral han participado este miércoles en el II Foro Transnacional de Alternativas a la Uberización, organizado por el grupo de La Izquierda (The Left) en Bruselas. Al encuentro han acudido más de 100 trabajadores y trabajadoras de plataformas, especialistas en economía digital y legislación laboral, sindicatos y activistas de España, Francia, Portugal, Estados Unidos y otros países.

ABRIR LA "CAJA NEGRA" DE LOS ALGORITMOS

"Lo que se está discutiendo realmente no es solamente cuál es la situación que tienen los 'riders', no es cuál es la situación que tienen los conductores... sino que de lo que estamos hablando es del intento de imposición de un nuevo modelo de relaciones laborales al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Hay que explicar que esto no es un problema de los colectivos que hoy ya están afectados, sino que es una amenaza al conjunto de la clase trabajadora", ha dicho Mayoral en su intervención.

En este sentido, el diputado de Unidas Podemos ha explicado que la 'Ley Rider' ha traído algo "muy importante" a la regulación y es que "tanto los inspectores de trabajo, como los representantes de los trabajadores van a tener la capacidad de abrir la 'caja negra' del algoritmo y acceder a eso que en realidad son las condiciones de trabajo que antes se contenían en un contrato".

"Este es el camino: necesitamos que los inspectores de trabajo se tecnifiquen y necesitamos tecnificar también la acción sindical, abrir las cajas negras y poner los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en el centro", ha destacado.

Mientras, la eurodiputada de Podemos ha alertado de que hay empresas "están tomando el control de sectores estratégicos, creando oligopolios capaces de restar soberanía a los países y a su ciudadanía si no se regula su actividad", citando sectores como el transporte, los servicios y el alojamiento turístico como casos más destacados.

Andalucía registra este miércoles 27 de octubre un total de 262 contagios de coronavirus en 24 horas, superiores a los 227 del miércoles pasado y a los 242 de este martes, al tiempo que registra un fallecido, una cifra menor que hace una semana (cuatro) y que el martes (cinco).

Según los datos consultados del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia en 14 días ha subido 1,2 puntos hasta 33,2 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 32 del martes, cuando la incidencia bajó tras cinco días de subida. Además, la tasa de esta jornada es superior a la registrada hace una semana, cuando se situaba en 29,8 puntos.

Los 262 positivos de este miércoles se contabilizan tras los 242 del martes, los 263 del lunes, los 282 del sábado, los 275 del viernes, los 307 del jueves y los 227 del miércoles pasado.

En esta jornada, Málaga es la provincia que más nuevos casos registra con 58, seguida de Sevilla con 53, Huelva con 40, Almería con 29, Jaén con 28, Cádiz y Granada con 20, y Córdoba con 14.

El único fallecido se registra en la provincia de Sevilla.

LOS HOSPITALIZADOS BAJAN EN CUATRO HASTA 174

La región registra este miércoles una bajada de cuatro hospitalizados por covid-19 respecto al martes para situarse en un total de 174, lo que supone un descenso de 22 en la comparativa intersemanal, mientras que los pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) han caído en dos hasta 39, 12 menos que los notificados hace siete días.

Málaga es la provincia con más hospitalizados con 55 y 12 pacientes en UCI, seguida de Almería con 27 y siete en UCI, Sevilla con 27 y siete en UCI, Granada con 18 y cuatro UCI, Huelva con 14 y cinco en UCI, Jaén con 13 y uno en UCI, Cádiz con otros 12 y uno en UCI, y Córdoba con ocho y dos en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 807.764 casos confirmados --262 más en 24 horas-- y ha alcanzado las 11.333 muertos, uno más esta jornada. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 57.184, 17 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 6.258 --cuatro más-- y el número de curados es de 794.718, después de añadirse 315.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 11.333 fallecidos desde el inicio de la pandemia --uno más--, Sevilla con 2.322 --uno más-- se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Málaga con 1.989, Granada con 1.876, Cádiz con 1.618, Jaén con 1.090, Córdoba con 1.091, Almería con 929 y Huelva con 418.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 807.764 desde el inicio de la pandemia --262 más--, liderados por Sevilla con 176.799 --53 más--, seguida de Málaga con 155.653 --58 más--, Cádiz con 112.829 --20 más--, Granada con 109.265 --20 más--, Córdoba con 72.471 --14 más--, Almería con 70.701 --29 más--, Jaén con 64.224 --28 más-- y Huelva con 45.822 --40 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 57.184 --cuatro más--, con Sevilla a la cabeza con 12.889 --uno más--, seguida de Málaga con 10.514 --tres más--, Granada con 9.199 --tres más--, Cádiz con 6.721 --uno más--, Córdoba con 5.328, Jaén con 5.225 --tres más--, Almería con 4.466 --tres más-- y Huelva con 2.842 --tres más--.

De ellos, 6.258 personas han pasado por la UCI en Andalucía --cuatro más-- con la provincia de Sevilla a la cabeza con 1.255, seguida de Granada con 1.172, Málaga con 1.014 --uno más--, Almería con 762 --dos más--, Cádiz con 688, Córdoba con 661, Jaén con 490 y Huelva con 216 --uno más--.

La cifra de curados alcanza los 794.718 en toda la región, 315 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 173.544 --70 más--, seguida de Málaga con 153.879 --72 más--, Cádiz con 110.607 --22 más--, Granada con 107.374 --33 más--, Córdoba con 71.448 --13 más--, Almería con 69.529 --54 más--, Jaén con 63.428 --12 más-- y Huelva con 44.909 --39 más--.

LA INCIDENCIA SUBE EN TODAS LAS PROVINCIAS SALVO CÓRDOBA

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 33,2 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Almería a la cabeza con 61,3. Detrás se sitúan Huelva con 57,7; seguida de Málaga con 41,8; Jaén con 32,9; Granada con 29,7; Córdoba con 29,3; Sevilla con 22,1, y Cádiz con 18.

LA TASA ANDALUZA, CASI 17 PUNTOS INFERIOR A LA NACIONAL

Atendiendo a los datos difundidos este miércoles por el Ministerio de Sanidad, Andalucía ha registrado 2.774 casos en los últimos 14 días con una tasa de 32,77 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes --por debajo de la media nacional de 49,37-- y 1.273 los últimos siete días con una tasa de 15,04, inferior a la nacional de 23,93.

El Gobierno contabiliza 183 pacientes covid en hospitales andaluces, con una ocupación del 1,03% de camas, inferior a la media nacional situada en el 1,38%, y 42 en UCI, que registran una ocupación del 2,27% de las camas, inferior a la media nacional de 4,62%. Además, registra 27 ingresos por Covid en las últimas 24 horas y 29 altas.

El geólogo de 'Meteored', Lorenzo Pasqualini, ha afirmado este miércoles que la idea de bombardear la lava del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma --que ha esbozado el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, en una tertulia aunque después ha matizado--, "no es nueva" y ya se utilizó en las erupciones del Etna, en Sicilia, en 1983 y a comienzos de los años noventa.

Así, relata que se utilizó esta técnica cuando la lava amenazó algunos centros habitados situados en las laderas del volcán.

Sin embargo, los explosivos no se lanzaron desde aviones militares, fueron colocados desde tierra de forma precisa para modificar la morfología del terreno y desviar la lava, después de una atenta planificación.

No obstante, Pasqualini apunta que el entorno del Etna "es muy distinto" al de Cumbre Vieja y los pueblos italianos están situados a una distancia bastante mayor de las bocas eruptivas.

Además, "es importante la diferencia de desnivel, en el Etna hay mucho recorrido, tanto en longitud como en altura, antes de que la lava alcance los centros habitados".

Los explosivos para cambiar la dirección de la lava, que amenazaba dos centros habitados, se utilizaron por primera vez en el volcán siciliano en 1983 y se considera la primera intervención de este tipo en Europa.

Programada por volcanólogos italianos apoyados por expertos en explosivos originarios de Suecia, esta acción encontró muchas críticas, tanto por parte de otros vulcanólogos como de ambientalistas.

RESULTADOS "INSUFICIENTES"

Incluso, sus resultados fueron considerados "insuficientes" por una parte importante de expertos, aunque hay un debate abierto sobre este tema, señalan desde Meteored.

Con esta explosión se obligó la lava a fluir en un canal preparado previamente por el Ejército y la preparación se topó también con varios problemas técnicos, entre los cuales destaca la colocación de material explosivo en una zona muy caliente.

Diez años más tarde, en la erupción de 1991-1993, los explosivos volvieron a ser utilizados.

Inicialmente se intentó modificar la colada lávica --que amenazaba el pueblo de Zafferana-- construyendo diques y lanzando bloques de hormigón desde los helicópteros.

Al final, en el mes de mayo de 1992, los explosivos volvieron a ser utilizados (7.000 kilos) para obligar a la lava a entrar en un nuevo canal previamente preparado.

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a 2 años y 9 meses de cárcel dictada contra un coronel por un delito de abuso de autoridad --en su modalidad de realizar sobre un subordinado actos de abuso sexual--, en concurso con otro delito consumado de abuso sexual sin acceso carnal, cometidos contra una teniente mientras ambos trabajaban en el Hospital Militar Central de la Defensa, más conocido como Gómez Ulla.

La Sala Quinta ha desestimado el recurso de casación planteado por el coronel contra la sentencia del Tribunal Militar Central que le impuso dicha pena junto a las accesorias de inhabilitación de suspensión militar de empleo y de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, ambas por el tiempo de duración de la prisión, además del pago de una indemnización de 5.000 euros por el daño moral causado a la mujer.

Los hechos ocurrieron el 24 de julio de 2019, cuando el coronel era jefe de la Farmacia Depósito de la Inspección General de Sanidad de la Defensa situada en el Gómez Ulla y la teniente trabajaba de enfermera en el servicio de urgencias del hospital militar.

De acuerdo con el relato de hechos probados, "ambos entablaron una relación de amistad y compañerismo" que "no tenía otras connotaciones ni había dado origen a equívocos", porque, aunque se llamaban por sus nombres de pila, su trato se limitaba a las veces que ella acudía a la farmacia para hacer compras para ella u otros colegas del servicio de urgencias.

En el curso de tales visitas, expone el fallo, en una ocasión el coronel le dijo a la teniente: "¡Que buena estás!, ¡estás para comerte!"; y, en otra, cuando ella se despedía con dos besos en la mejilla, "como hacía con todos sus conocidos" y otro personal de la farmacia del hospital, él movió la cara para que el segundo beso fuera cerca de la boca. La mujer consideró que todo eso era inapropiado pero no le dio más trascendencia en ese instante.

Sin embargo, posteriormente, ese 24 de julio, cuando ambos estaban en el sótano del almacén de la farmacia, a donde él le pidió que le acompañara para darle unos tubos de protección solar, el coronel besó en los labios a la teniente. Ella se desprendió del hombre y le dijo que no quería nada con él, recordándole además que tenía familia. Pese a ello, contestó que la amaba, tocó uno de sus pechos y la besó en la boca. "La teniente quedó en 'shock'", refleja el fallo.

En ese momento fueron interrumpidos por una capitán pero, poco después, el coronel pidió a la teniente que fuera a su despacho. Ella acudió porque pensó que era para disculparse, si bien nada más entrar él volvió a asirla, la besó en la boca y le tocó los genitales por encima de la ropa, tras lo cual la mujer se apartó y salió.

La teniente contó inmediatamente lo ocurrido a la capitán, a una teniente coronel y a la supervisora de enfermería y, en el ínterin, el coronel le escribió un mensaje de WhatsApp donde decía que habían sido unos "besos maravillosos" y que quería "miles". Horas después ella contestó: "Sus besos y manoseos forzados me dan asco". Y subrayó que "lo peor" es que había utilizado su graduación sabiendo que ella siempre sería la perjudicada.

En una última comunicación ese día, el coronel respondió: "Mil perdones. No volverá a suceder. Eres tan guapa, pero si no está bien, lo siento mucho. Repito, perdón". No obstante, en los días posteriores le envió nuevos mensajes donde decía que había cometido un "error" porque de la "ilusión" pasó al "impulso" y que esperaba que se le pasara "pronto" el "enfado". La teniente no contestó y dio curso a su denuncia.

DA PLENA CREDIBILIDAD A LA VÍCTIMA

La Sala Quinta acoge plenamente los "impecables hilo argumental y detallada exposición" de la sentencia recurrida, que dio credibilidad a la versión ofrecida por la teniente, y respaldada por testimonios, pruebas periciales y mensajes de WhatsApp, considerando en consecuencia que constituía prueba de cargo suficiente para dictar condena.

Además, los magistrados subrayan que "ha de quedar absolutamente extramuros de la presente resolución cualquier consideración sobre posibles alteraciones psíquicas sufridas por la víctima" al ser ajenas a este asunto.

En este mismo sentido se pronunció el tribunal sentenciador, el cual determinó que, si bien la teniente seguía un tratamiento psicológico y psiquiátrico antes de que se produjeran los hechos debido a trastornos de la conducta alimentaria y de la personalidad, estas cuestiones "no afectaron a la percepción de la realidad de los acontecimientos vividos".

Con todo, el Supremo no tiene duda de que "se ha producido un acto de abuso sexual del superior (un coronel) sobre una oficial inferior en empleo (una teniente), vulnerándose dos bienes jurídicos, la disciplina y la libertad o indemnidad sexual de la víctima".

"Y no está de más recordar", han querido añadir los magistrados, "que el delito de abuso de autoridad abarca cualquier agresión o violencia física de un superior a un inferior susceptible de causar una perturbación anímica o corporal, con o sin menoscabo de la integridad o salud física o moral de la víctima, bastando para que el hecho sea antijurídico la concurrencia del dolo genérico de acometer a un inferior".

La reunión del Comité Ejecutivo regional y la Junta Directiva del PP de Madrid que se celebrará este viernes ha vuelto a tensar las relaciones entre la dirección nacional del partido y el equipo de Isabel Díaz Ayuso. El nombramiento de cinco nuevas gestoras en "pequeños municipios" de Madrid ha generado desconfianza en el entorno de la presidenta madrileña, mientras que el PP de Madrid y la dirección nacional enmarcan esos nombramientos en la normalidad.

Este episodio abre de nuevo las rencillas internas apenas tres semanas después de la foto de unidad que se visualizó en la Convención Nacional del partido en Valencia, donde Ayuso expresó su respaldo al proyecto de Pablo Casado y subrayó que su "sitio" y su "meta política" es Madrid.

El viernes 29 de octubre se celebrarán tres reuniones: primero el comité de dirección, después el Comité Ejecutivo Regional --el último fue el 13 de mayo tras la victoria en las autonómicas del 4M-- y, finalmente, la Junta Directiva del PP madrileño.

Es la primera vez que se convocan los órganos de dirección del PP de Madrid que dirige Pío García Escudero desde abril de 2018 desde que Ayuso anunció públicamente en septiembre que se presentará a liderar el partido en la región.

Este miércoles, en declaraciones a los medios, Ayuso ha negado que haya una "guerra" y ha incidido en que el viernes el partido tiene una oportunidad "para hablar todos en confianza" en la Junta Directiva y en el Comité Regional. A su juicio, es un día "excepcional" para hablar y también para dar explicaciones y cuentas de las novedades del partido ante la prensa.

UNA REUNIÓN "ORDINARIA" DENTRO DE LA NORMALIDAD

Se prevé que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, intervenga en esa Junta Directiva, igual que "preside otras muchas juntas y como lo ha hecho otras veces en Madrid", según han indicado fuentes de la dirección nacional del PP, que enmarcan esta reunión en la "normalidad absoluta".

De la misma manera, el PP de Madrid ha señalado que es una Junta y un Comité Ejecutivo "ordinario" y no entiende "el nerviosismo" ante el hecho de que figure un apartado de nombramientos porque se trata de "cubrir vacantes" tras producirse dimisiones, según ha explicado la secretaria general del PP madrileño, Ana Camíns.

Según ha agregado, se trata de nombrar gestoras en "cinco pueblos pequeños" como Patones y Miraflores en los que se busca no dejarles sin representación cuando hay posibilidad de "recambio" porque es "gente que está ahí" ya trabajando. "No es porque haya lío en algún sitio sino porque hay vacante", ha subrayado.

Camíns ha rechazado que haya algo extraño en esos nombramientos o que estén buscando ir más allá y ha señalado que es el mismo trámite que hacen continuamente las estructuras provinciales y locales. "Lo raro sería no hacerlo", ha aseverado.

La secretaria general del PP madrileño ha indicado que se trata de una reunión "ordinaria" que tenían previsto celebrar en septiembre pero la Convención Nacional obligó a retrasarla un mes. "El partido está volcado con las políticas y las iniciativas del Gobierno madrileño, que es un orgullo para todo el partido", ha apostillado.

SIN FECHA CONCRETA PARA EL CONGRESO DEL PP DE MADRID

Sin embargo, desde el equipo de la presidenta madrileña consideran que la gestora que dirige Pío García Escudero no puede hacer esos nombramientos y ve detrás de los mismos un intento de controlar el PP de Madrid de cara al futuro.

Detrás de este cruce de reproches radica la batalla por presidir el PP madrileño. Ayuso, que ha confirmado públicamente que será candidata, quiere celebrar cuanto antes el congreso madrileño por entender que así podrán tener margen para preparar las elecciones autonómicas y municipales.

Tanto 'Génova' como el PP de Madrid han señalado estas semanas que la Junta Directiva Nacional ya aprobó hace meses un calendario de congresos que fijaba los congresos uniprovinciales en el primer semestre de 2022.

Fuentes próximas a Ayuso consideran que detrás de retrasar al máximo la fecha de ese cónclave puede estar la intención de 'Génova' de "desgastar políticamente" a la presidenta madrileña y creen que estaría "fuera de toda lógica" porque fue ella la que "resucitó" a Pablo Casado tras las elecciones madrileñas del 4 de mayo.

Además, fuentes del equipo de la presidenta madrileña admiten su preocupación ante la posibilidad de que la dirección nacional esté "maniobrando" para apartarla como candidata a las elecciones autonómicas de 2023.

De hecho, según las mismas fuentes, es una amenaza que la Secretaría General del PP ya lanzó el pasado 10 de marzo a colaboradores de Ayuso en la Puerta del Sol tras anunciarse la convocatoria de elecciones madrileñas el 4 de mayo.

Fuentes de Génova niegan que haya una operación contra Ayuso, a la que aconsejan dedicarse a gestionar la Comunidad de Madrid. De hecho, no entienden las prisas que hay por celebrar ya el congreso del PP de Madrid y recuerdan que las elecciones del 4 de mayo se organizaron en un mes y fueron un éxito.

EL PP DE MADRID, EN MANOS DE UNA GESTORA DESDE ABRIL DE 2018

En el entorno de Ayuso causó malestar que Casado no le brindara su apoyo público cuando anunció su candidatura y metiera en la pugna por el PP de Madrid al alcalde, José Luis Martínez-Almeida al asegurar públicamente que en Madrid hay "dos líderes estupendos" que tienen "absoluta sintonía" para "sentarse y decidir" qué partido quieren en Madrid.

Hasta este momento el PP de Madrid continúa presidido de manera interina desde 2018, tras la tormentosa salida de la expresidenta Cristina Cifuentes por la polémica de su máster. García-Escudero es la cabeza mientras que Ana Camíns, secretaria general, es su número dos.

Camíns, diputada en la Asamblea de Madrid y senadora por designación autonómica, empezó a aparecer hace meses en las quinielas como posible tercera vía para presidir el PP al margen del poder institucional del Ayuntamiento y la Comunidad. García Egea, mano derecha de Casado, ha defendido que este modelo hasta la fecha "ha funcionado", ya que permite que tanto partido como gobierno avancen.

El Gobierno central ha entrado a formar parte de la dirección del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), que promueve el Observatorio Astrofísico de Javalambre, tras implicarse económicamente en el proyecto a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Esto supone un "importante respaldo" a la investigación que se lleva a cabo en esta Instalación Científico-Técnica Singular, ha informado el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

Asimismo, ha añadido, la entrada del Estado supone un reconocimiento explícito del carácter del centro como agente de Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, como ya lo es dentro del sistema aragonés de I+D+i.

La presidencia del CEFCA y la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, Maru Díaz, ha sostenido que la implicación del Gobierno central demuestra el "alto nivel" de la investigación y la ciencia que se lleva a cabo desde las instalaciones turolenses, "avala el buen trabajo" realizado en la última década y supone un "revulsivo" para seguir avanzando en el cartografiado del universo.

"Es un nuevo reconocimiento a la competitividad y calidad científica, tecnológica y de innovación de la instalación turolense dentro del sistema de I+D+i español", ha concluido la responsable autonómica, que ha querido agradecer a todo el equipo del CEFCA el esfuerzo que ha hecho de Javalambre "un espacio de ciencia consolidado y que ya es una referencia internacional".

CAMBIO DE ESTATUTOS

El Patronato del centro ha aprobado este miércoles, 27 de octubre, el cambio de estatutos de la Fundación, por el que el Estado tendrá tres representantes en el órgano de esta institución científica que dependía hasta el momento exclusivamente del Gobierno de Aragón.

A partir de ahora, la vicepresidencia será ejercida por la secretaría general de Investigación del Ministerio de Ciencia, ocupada actualmente por Raquel Yotti, y habrá dos vocalías más, que ostentarán el director general de planificación de la investigación y la persona titular de la subdirección general competente en materia de grandes Instalaciones Científico-Técnicas Singulares.

La presidencia del CEFCA seguirá siendo ejercida por la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, Maru Díaz, y continuarán siendo patronos también los consejeros de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, y Arturo Aliaga, como presidente del Instituto Aragonés de Fomento.

La nueva dirección contemplan al secretario general técnico del Departamento de Ciencia; al director general de Investigación e Innovación del Ejecutivo autonómico; y a la vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Zaragoza.

De esta forma, el Patronato pasa a ser de nueve, mientras que, hasta ahora, los estatuto contemplaban un mínimo de seis vocales y un máximo de 12.

Los nuevos Estatutos del CEFCA aprobados este miércoles incluyen también la creación de un Consejo Asesor del Patronato, un nuevo órgano consultivo que orientará al mismo técnica y profesionalmente. Estará compuesto por un máximo de cinco expertos, nombrados a propuesta de la presidencia.

Un total de seis centros residenciales de servicios sociales presentan este miércoles algún caso activo de coronavirus entre los residentes, uno menos que en el recuento anterior: 3 residencias de ancianos, 2 para personas con discapacidad y una más de otros recursos, como centros de infancia y de personas en riesgo de exclusión.

Según datos de la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat, 9 residentes son casos confirmados de Covid-19, menos del 0,1% del total, y la gran mayoría son asintomáticos o tienen síntomas leves.

En la última semana --del 15 al 21 de octubre--, se han registrado 3 defunciones de residentes y ha habido 9 personas ingresadas en el hospital de media cada día.

Entre los profesionales, 57 han dado positivo en los últimos 14 días, un 0,1% del total, y no hay ninguno hospitalizado.

Por tipología de centro, en las residencias de ancianos hay 6 casos activos, 0,1% de los residentes, en 3 residencias, y 52 profesionales afectados; y en centros para discapacitados, hay 2 casos activos entre los residentes y 4 profesionales afectados, el 0,1% del total; mientras que no hay casos activos en los residentes de los centros de salud mental y hay 1 trabajador afectado.

VACUNACIÓN

El 97,2% de las personas que viven en centros residenciales están vacunadas de la primera dosis, el 96,7% con la pauta completa, y el 82% de los residentes en centros de ancianos han recibido la dosis de refuerzo --39.568 personas--.

Entre los trabajadores, el 92,2% ha recibido la primera dosis y un 91,4%, la pauta completa.

En la última semana, entre el 17 y el 23 de octubre, se han realizado 2.887 pruebas PCR y 461 test de antígenos a las personas que viven en las residencias de Catalunya, con un 0,13% de resultados positivos.

A fecha de 27 de octubre, del total de 1.024 residencias de ancianos, 3 (0,29%) están en color rojo con casos activos, aparición de nuevos casos y brote en investigación; 19 (1,85%) en naranja, con casos positivos pero el brote está controlado, y 1.002 (97,85%) en verde, sin casos.

Un día más, La Rioja no tiene que lamentar víctimas por coronavirus, según acaba de informar el Gobierno regional. Los casos activos suben ligeramente de 63 a 67 (4 más) y hay 9 personas ingresadas en los diferentes centros riojanos (una más que ayer), cinco de ellos en la UCI.

Hasta este momento, en La Rioja han fallecido 823 personas por la enfermedad, 324 de ellos residentes de centros de mayores en la comunidad autónoma.

Además, se han registrado 7 nuevos positivos, por lo que desde el inicio de la pandemia se han notificado 39.638.

En cuanto a la presión asistencial, el Hospital San Pedro de Logroño cuenta con tres personas ingresadas en planta (una más que ayer, martes) y cinco en la UCI (los mismos que ayer).

En la actualidad, y ante la evolución del virus en la región, el Gobierno riojano cuenta en el Hospital San Pedro con 43 camas UCI. De este modo, sumando a los ingresados por patologías no-COVID (16 a día de hoy, dos más que ayer), la UCI riojana tiene 21 pacientes y se encuentra al 48,84 por ciento (unos cuatro puntos más que ayer).

La Fundación Hospital de Calahorra, por su parte, cuenta con una persona hospitalizada derivada del COVID-19 (misma cifra que hace 24 horas).

Por lo demás, en cuanto a la Incidencia Acumulada a catorce días, ésta sube ligeramente con respecto a ayer y se sitúa en 27,19 casos por cada 100.000 habitantes (ayer 25,63). A siete días, por su parte, se queda en 13,75 (ligeramente superior a los 13,44 de ayer). La positividad se queda en 1,58.

Finalmente, no se tiene actualización a día de hoy de las personas que se encuentran en cuarentena en la comunidad riojana. Los centros de mayores, por último, continúan sin registrar ningún contagio entre sus residentes.

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha augurado que "dentro de un tiempo" el Gobierno de España fijará una posición y adoptará unos acuerdos en materia de reforma laboral.

Así, Iceta se ha referido a que en España hay poca tradición de gobiernos de coalición, una fórmula que exige un "esfuerzo muy grande" de trabajo interno y de coordinación, y ha añadido que a veces las "discrepancias" pueden aflorar y generar una percepción de "problemas o dificultades".

"Yo estoy convencido de que sabremos superarlas siempre que el Gobierno haga lo que es su obligación: pensar en lo que es fundamental, que es el servicio a los ciudadanos españoles", ha aseverado el ministro de Cultura y Deporte a preguntas de los medios en Mérida por la negociación de la reforma laboral en el seno del Ejecutivo nacional.

De esta forma, en tono irónico, ha insistido en que desde que lleva en el Gobierno ha vivido "crisis y días del juicio final varios", momento en el que ha recordado que se llegó a decir que la imposibilidad de acordar una Ley de Vivienda iba a suponer una "sentencia de muerte" para el Ejecutivo central, aunque finalmente el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes dicha norma.

"Cuando usted formulaba la pregunta me venía a la cabeza el título de uno de los mejores discos de una banda que siempre me gustó, que es Supertramp, que es 'Crisis?, What crisis?'", ha apuntado Iceta.

En este sentido, ha recalcado que al Gobierno le interesa tener una reforma laboral que "restablezca los equilibrios rotos" a causa de la "contrarreforma" del PP y pensar en la "mejor manera posible de contribuir a la recuperación económica y a la creación de empleo, las dos cosas".

"Desde este punto de vista me atrevo a decir que las noticias que vamos conociendo y las que conoceremos en materia de creación de empleo apuntan a que las cosas se están haciendo bastante bien", ha apuntado.

Miquel Iceta ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en Mérida, junto al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, tras un encuentro mantenido entre ambos en la sede de Presidencia.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado este miércoles que el Gobierno "respeta" pero "no comparte" el fallo del Tribunal Constitucional por el que se ha decretado inconstitucional varios preceptos del decreto del segundo estado de alarma.

Es la segunda vez que Llop se pronuncia sobre una resolución del órgano de garantías. El pasado julio la titular de Justicia utilizó la misma forma para referirse al fallo del tribunal sobre el decreto del primer estado de alarma, que también fue declarado inconstitucional en varios de sus preceptos.

"El Gobierno respeta, el Gobierno acata, pero el Gobierno no comparte la resolución del Tribunal Constitucional", ha dicho la ministra en declaraciones a la prensa para luego insistir en que el Ejecutivo puede "discrepar respetuosamente" del fallo emitido este miércoles.

Llop ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez "actuó en base a la necesidad" y a las circunstancias que se daban en aquel momento". Y ha insistido en que "lo hizo, además, acatando los parámetros constitucionales".

En el marco de su comparecencia, la ministra ha destacado la "importancia" de la cogobernanza y del diálogo territorial entre las distintas administraciones, consejerías y presidencias autonómicas. A su juicio, ello ha sido la "clave de éxito" para "combatir eficazmente" la crisis sanitaria.

"Es evidente que el Gobierno actuó en todo momento, así como también las autoridades de las administraciones territoriales, para salvar la vida y para salvar la salud de los ciudadanos y las ciudadanas", ha dicho.

En este sentido, ha remarcado que las autonomías actuaron "siempre bajo el paraguas legal que les ofreció el estado de alarma para así poder actuar sobre los focos de la pandemia".

La ministra ha indicado que, aunque aún falta que se dé a conocer la totalidad de la sentencia del Constitucional, "parece que tendrá unos efectos similares" a la resolución sobre el decreto del primer estado de alarma en cuanto a las sanciones.

La Junta Electoral Central (JEC) ha expedido este miércoles la credencial de diputada a Fátima González Bello para que cubra la vacante dejada en el Congreso por Alberto Rodríguez tras su cese, en ejecución de la sentencia que el Supremo dictó en su contra. González Bello, que pertenece a Izquierda Unida, concurrió como número dos de la lista por Santa Cruz de Tenerife que encabezó Rodríguez y ahora deberá decidir si recoge o no el acta.

Tras ejecutar la sentencia contra Rodríguez que le acarreó la pérdida del escaño, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, informó de su decisión a la JEC a efectos de la sustitución del ya exdiputado. En su reunión de este miércoles, el organismo arbitral ha tomado conocimiento de la decisión y ha activado los trámites para nombrar a su sustituta.

Según han informado fuentes parlamentarias, el organismo arbitral ha procedido como debe hacerlo cada vez que se produce una vacante en el Congreso, dirigiéndose a la persona a la que, en principio, le correspondería ocupar ese escaño.

Desde Unidas Podemos no garantizan que González Bello vaya a recoger su acta. En el caso de que comunique su renuncia, la JEC expedirá la credencial a la siguiente candidata, Patricia Mesa Mederos y, si ella tampoco aceptase, se repetiría el proceso hasta que alguno de los candidatos aceptase el puesto.

ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN PARA LOS PGE

Se trata de un procedimiento burocrático que no requiere más reuniones de la JEC, por lo que la previsión es que quien finalmente sustituya a Rodríguez perfeccione su condición de diputado o diputada acatando la Constitución en el Pleno del próximo miércoles.

Esa sesión plenaria acogerá el debate de las enmiendas de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 2022 con lo que lo previsible es que Unidas Podemos cuente para la votación con sus 35 diputados.

Finalmente la JEC no ha terciado en la polémica suscitada a raíz de la condena a Alberto Rodríguez y la retirada de su acta, pese a que el Tribunal Supremo también le remitió una copia de su sentencia contra el ex diputado.

PP, VOX Y Cs PIDIERON SU INTERVENCIÓN

Cuando en un primer momento la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Unidas Podemos y apoyándose en un informe de los servicios jurídicos, concluyó que la sentencia no tenía efectos sobre la condición de diputado de Rodríguez, PP, Vox y Ciudadanos se dirigieron a la JEC para que interviniera y el condenado fuera inhabilitado.

El organismo arbitral no se ha reunido hasta este miércoles, pero no ha entrado a analizar ya esas peticiones, puesto que desde el pasado jueves, cuando Batet ejecutó la sentencia, Rodríguez ya no tiene escaño.

La Audiencia Nacional juzga este jueves a Abdessamad E.M., un hombre acusado de ensalzar a DAESH y de difundir imágenes sobre el yihadismo violento y radical con la finalidad de difundirlos a terceras personas y lograr la implantación del Estado Islámico "mediante el uso de la violencia indiscriminada para generar terror".

En su escrito de conclusiones provisionales el Ministerio Fiscal solicita una pena de dos años y tres meses de prisión y multa dequince meses con una cuota diaria de seis euros por el delito de enaltecimiento terrorista. Alternativamente, el Ministerio Público propone que sea condenado a dos años y tres meses de prisión por el delito de auto adoctrinamiento terrorista.

Además, el fiscal interesa las penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo de 10años. Adicionalmente, pide la medida de libertad vigilada de tres años.

La Fiscalía considera que Abdessamad participaba en redes sociales como Facebook mostrando su posición radical afín a los postulados yihadistas violentos. "Dichas publicaciones las hacía con la finalidad de difundir el ideario violento de la organización terrorista DAESH y lograr que esta organización consiga su objetivo de instaurar violentamente un califato universal regido por la sharía (ley islámica), al tiempo que ensalzaba a la citada organización y sus postulados", recoge el escrito.

INMERSO EN UN "PROCESO DE RADICALIZACIÓN"

El acusado habría ido un paso más allá llegando a hacer entrega del azaque o el zakat, una especie de limosna o donación económica. Abdessamad hizo envíos por valor de 106,10, 146,10 y 51,10 euros a una tercera persona que le había trasladado las condiciones para el establecimiento de un Estado Islámico.

Además, los investigadores descubrieron que el acusado realizó enseptiembre y diciembre de 2018 sendos envíos de 296,10 euros al titular de un teléfono móvil que contaba con dos perfiles en redes sociales con iconografía yihadista.

Asimismo, también se encontraron en su teléfono descargas de archivos multimedia de imagen, audio y video que reflejaban la actividad de Abdessamad, "afín a la radicalidad religiosa e inmerso en un proceso de radicalización dirigido a lograr la implantación de la sharía mediante el uso de la violencia".

Entre sus publicaciones en redes destacan once imágenes del Comité Conjunto para la Defensa de los Detenidos Islamistas, una organización con implantación en Marruecos en la que desde al menos el año 2012 se integraban yihadistas marroquíes que habían participado en los conflictos de Afganistán e Irak y militantes que se incorporaron a las actividades del Estado Islámico en Siria.

La organización SEO/BirdLife denuncia la "falta de ambición" del Gobierno en la política de agua porque el 42,1 por ciento de las aguas superficiales y el 46,9 por ciento de las subterráneas están en mal estado, sobre todo por la contaminación por nitratos de origen agrario, y con los que no se alcanzarían los objetivos ambientales que plateó España a la Comisión Europea para cumplir antes de 2021.

Igualmente, afirma que menos del 10 por ciento de las masas cuenta con el régimen de caudales ecológicos obligatorios o no cumple los caudales mínimos de los ríos, como en el caso del Miño-Sil dónde el 88 por ciento de los ríos no llega a los mínimos, y alerta de la inacción, ya que más del 70 por ciento de las medidas que se plantearon ejecutar hasta el 2021, se descartaron o no se conoce su situación.

La organización lamenta la "poca" ambición del Gobierno español que tras el Consejo Nacional del Agua en el que la organización participa como vocal, concluye que con el informe de seguimiento del estado de la planificación hidrológica hasta 2020 y la votación de dos proyectos de Real Decreto, relacionados a la reglamentación de esta y al control de la contaminación, los objetivos ambientales son "imposibles" de cumplir.

Además, la ONG observa una "insuficiente" delimitación entre los conceptos básicos de sequía y escasez, que implica que ante las situaciones de escasez que derivan de una mala gestión se tomen medidas que deberían ser extraordinarias, que normaliza el carácter excepcional y obvia la necesaria mejora de la planificación de usos.

En cuanto a las aguas contaminadas por nitratos, la organización señala que el país cuenta con una quinta parte de sus aguas con graves impactos por este problema, que incluso provocó que la Comisión Europea castigue a España. Asimismo, la ONG muestra su decepción por la falta de coordinación entre las políticas agrarias y de protección del agua, ya que faltan mecanismos que permitan fiscalizar el cumplimiento y tampoco ve reforzadas la aplicación obligatoria a través de las condiciones de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), "convierte las normas en papel mojado".

No obstante, SEO/BirdLife reconoce avances en los borradores de los planes de gestión cuyo enfoque está "más acorde" y aporta una "visión transformadora" a los planes de cuenca y una gestión "moderna" de los ecosistemas fluviales, que a su vez, recuerda que se debe entender el "espíritu de la directiva comunitaria" y presenten medidas que dañan los ríos como encauzamientos y presas.

GESTIÓN ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES

La organización alerta de que hospitales, colegios, residencias de ancianos, depuradoras o aeropuertos están ubicados en zonas de riesgo de inundación que deberían "adaptarse a esta realidad y re aprender a convivir con la naturaleza".Por ello, pide abandonar las actuaciones que se enfrentan a estos eventos y apuesta por el entendimiento y la adaptación de los ecosistemas y las zonas urbanas.

El responsable del Programa de Aguas de SEO/BirdLife, Roberto González, afirma que "en cinco años solo se ha ejecutado el 27% del presupuesto de las medidas planteadas para cumplir con los objetivos ambientales de la normativa europea, quedando pendiente de ejecutar el 73% restante en menos de un año".

Asimismo, concluye, "esta gravísima situación deja a la planificación hidrológica de España a la cola de la transición ecológica y aleja gravemente al estado español del cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. De nuevo, la política de regadíos y el papel de la PAC suponen el principal escollo, como refleja, de nuevo, un reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo".

Ecologistas en Acción ha denunciado que los compromisos nacionales de contribución a la lucha contra el cambio climático presentados hasta la fecha son "un fracaso colectivo" ya que no cumplen con la escala de la crisis existente, por lo que una delegación de la ONG vigilará las negociaciones internacionales a partir de la próxima semana.

Con motivo del inicio de la XXVI Conferencia de las Partes de Cambio Climático (COP26) que comenzará el próximo día 31 en la ciudad escocesa de Glasgow (Reino Unido), la ONG considera que los "puntos calientes" de la negociación internacional serán los artículos 4 y 6 del Acuerdo de París y el mecanismo de pérdidas y daños.

Respecto al artículo 6, que define varios mecanismos para el intercambio de los llamados 'créditos de carbono', creados bajo el Protocolo de Kioto, y no de mercado para que las empresas que han excedido sus derechos de emisión puedan comprar a terceros países derechos sobrantes de sus empresas, o realizar proyectos para la reducción de emisiones o para la mejora de los sumideros.

Sin embargo, la ONG denuncia que en el pasado estos mecanismos han vulnerado los derechos de "numerosas comunidades" por lo que ve fundamental que el artículo 6 incluya mención específica a la protección de los Derechos Humanos frente a los intereses del mercado y de algunos países.

A su juicio, "no se puede dejar a la voluntad de los mercados la lucha climática", por lo que si este artículo no se desarrolla sería "una buena noticia" ya que su aprobación podría suponer una ventana abierta a que muchas empresas evitasen abordar las reducciones requeridas, además de que podrían suponer financiar proyectos que vulnerasen o dificultasen el pleno cumplimiento de derechos básicos a muchas comunidades.

Además, insiste en las pretensiones de numerosos países de recibir financiación adicional a su transición energética o a la adaptación necesaria es algo lícito y debería de basarse en fondos suficientes desligados de este tipo de mecanismos.

Por otro lado, exige a los países desarrollados que cumplan con su promesa de aportar 100.000 millones de dólares anuales a la financiación de la acción climática en países en desarrollo, algo que debía haberse alcanzado en 2020. En ese sentido, la ONG pide que esta financiación se destine al 50 por ciento para adaptación y otro tanto a mitigación.

Respecto al artículo 4, que es el mecanismo para presentar las contribuciones nacionales de reducción (NDC, en sus siglas en inglés), Ecologistas en Acción quiere que Glasgow cierre un ciclo de revisiones a partir de 2030 de al menos cada cinco años, de modo que se fortalezca el proceso para el incremento de la ambición conocido como 'global stocktake'.

En definitiva, observa que "desbloquear" las discusiones de los artículos 4 y 6 es "fundamental" para alcanzar un acuerdo al resto de temas pendientes, en especial, la discusión de un nuevo objetivo de financiación para 2025 que garantice que los países desarrollados tengan un plan para incrementar con plenas garantías los fondos necesarios de modo que los países en desarrollo implementen sus NDC y hagan frente a los crecientes impactos climáticos.

Finalmente, sobre el mecanismo de pérdidas y daños, Ecologistas insiste en que debe seguir siendo un tema de "alta prioridad" en la agenda climática futura porque son el tercer pilar de la acción climática en el marco del Acuerdo de París. En ese sentido, defiende que la financiación de este aspecto sea estable y no estar sometida a mecanismos como la utilización de mecanismos ligados a los seguros financieros.

Ecologistas en Acción alerta de que a pesar de las "muchas prórrogas" loa compromisos actuales de los países son un "fracaso colectivo" y no cumple con las indicaciones científicas. Seis representantes de la ONG acudirán a Glasgow a vigilar de cerca las negociaciones climáticas que deberían cerrar las discusiones que quedaron pendientes en la Cumbre del Clima de Madrid, en diciembre de 2019.

Para la ONG, la "COP26 debe responder a los principios de la justicia climática frente a los intereses de las empresas fósiles".

"Los países en Glasgow deben señalar claramente el final de la era de los combustibles fósiles y se debe de acabar la era de las compensaciones y las trampas al clima. También se debe garantizar una revisión periódica de los objetivos -que son insuficientes- para que sean capaces de garantizar la protección de las personas y el clima", ha manifestado Ecologistas en Acción en un informe de posición de cara a la COP26 que dará comienzo el lunes.

La lista de espera de personas con derecho reconocido pero pendientes de resolución de la prestación por dependencia se redujo un 9,1%, es decir, en 21.150 personas, entre enero y septiembre de 2021, según datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En total, a fecha de 30 de septiembre de este año, había 1,4 millones de personas con derecho a prestación por dependencia.

Así se desprende del 'Plan de Reducción de las Listas de Espera', que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha presentado este miércoles a las comunidades autónomas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el primero que se celebra de forma presencial tras la pandemia.

Según los datos, a fecha de 30 de septiembre de 2021 había 211.093 personas pendientes de resolución de prestación, 21.150 menos que a fecha de 31 de diciembre de 2020, cuando había 232.243 personas en esta situación.

Asimismo, se ha reducido en 10.845 personas la lista de espera de solicitantes que están pendientes de valoración de grado, pasando de 141.556 personas en diciembre 2020 a 130.711 en septiembre de 2021, lo que supone una disminución de un 7,7%.

Además, de los datos se desprende que entre enero y septiembre de 2021 ha aumentado en un 5,5% el número de personas con la prestación concedida, que ha pasado de 1,08 millones a comienzos de año a 1,14 millones a finales de septiembre, es decir, 59.163 personas más. Si bien, 44.791 personas están pendientes de la entrega de la prestación, 4.770 más que a finales de 2020.

Belarra ha puesto en valor la reducción de las listas de espera de la Dependencia. "Creo que no hay mejor muestra de que el trabajo está dando sus frutos, y estoy segura que todos y todas las presentes compartimos el ánimo de seguir avanzando hasta que lleguemos a todas las personas que todavía se encuentran en estas listas", ha subrayado.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 anunció el pasado 28 de abril de 2021 en el Congreso de los Diputados, que se proponían reducir en 60.000 personas las listas de espera de la dependencia a lo largo de 2021. Para lograrlo, el Gobierno y las CCAA aprobaron un listado con 73 medidas.

Para alcanzar este objetivo, la lista de espera de personas con el derecho reconocido por dependencia pero sin recibir la prestación o servicio debería reducirse en unas 40.000 personas más de aquí a final de año, para llegar a 172.243.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha informado de que el próximo 12 de noviembre se abrirá la convocatoria para la presentación de propuestas de centros por parte de las comunidades autónomas para ser designados nuevos Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) de patologías y procedimientos que ya cuentan con ellos.

Esta será la primera vez que esta convocatoria se realizará a través de la plataforma web creada para ello. Los CSUR son centros para el diagnóstico y/o tratamiento de enfermedades poco frecuentes que requieren de un alto nivel de especialización. En la actualidad, el Sistema Nacional de Salud (SNS) cuenta con 297 CSUR en 51 centros para la atención de 71 patologías.

El órgano que lidera y coordina el proyecto de designación de CSUR es el Comité de Designación de Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud, que depende del CISNS. La Presidencia y Secretaría recaen en el Ministerio de Sanidad y está constituido por representantes de todas las comunidades autónomas, la Organización Nacional de Trasplantes, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III y el propio Ministerio. Todas sus decisiones son por consenso.

Por otra parte, en la reunión de este miércoles el CISNS también ha abordado la administración de una dosis de recuerdo contra la COVID-19 a las personas vacunadas con Janssen, tras la decisión unánime en el mismo sentido de la Comisión de Salud Pública celebrada el martes.

A través de un comunicado, el Ministerio de Sanidad ha recordado que esta vacuna "pese a ser efectiva lo es menos en comparación con las vacunas ARNm". Por eso, para completar la protección de estas personas, se administrará una dosis de recuerdo con vacuna ARNm a partir de los 3 meses de la dosis inicial.

Las comunidades autónomas comenzarán la administración de esta dosis de recuerdo a partir de 15 de noviembre siguiendo el orden de priorización que marca la estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España.

De esta forma, la campaña de vacunación tiene ahora dos objetivos principales: por un lado, en estos momentos se está inoculando una dosis de refuerzo a los mayores de 70 años, en paralelo a la vacuna de la gripe, tras las personas con condición de alto riesgo y las personas que viven en residencias; y, por otro, a mediados de noviembre se comenzará con este grupo de 1,97 millones de españoles que recibieron Janssen.

IU trasladará su nueva sede federal a un edificio de cinco plantas situado en el distrito de Puente de Vallecas, y cuyo coste de compra asciende a 670.000 euros, de los cuales ya ha abonado un importe de 40.000 euros.

Además, la formación tendrá que desembolsar otros 250.000 euros para reformar las instalaciones de su nueva sede durante el primer semestre del año que viene, por lo que a partir del mes de noviembre lanza una cuota extraordinaria a sus afiliados de 30 euros.

Con esta campaña entre las bases de IU, la organización prevé obtener un total de 443.547 euros para completar la operación de adquisición, de la que aún quedan algunos trámites por formalizar.

Según ha informado la formación, la nueva sede se ubicará en avenida de la Albufera (Vallecas) y el edificio consta de cinco plantas y una superficie total de 524 metros cuadrados (más de 100m2 por planta).

VENTA DE LA SEDE DE LA CALLE OLIMPO

De esta forma, la formación que lidera Alberto Garzón ya tiene reemplazo a la histórica sede de la calle Olimpo, en el distrito de Hortaleza después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara abonar 2,1 millones de euros a IU para quedarse con el edificio levantado en terrenos cedidos por la corporación.

La operación que tuvo lugar el año pasado culminó una ansiada venta que perseguía IU desde el año 2016 y que antes habían intentado los excoordinadores Gaspar Llamazares y Cayo Lara, pues suponía un elevado gasto innecesario teniendo en cuenta la deuda que arrastraba desde la época de Julio Anguita.

Para desplegar esta cuota voluntaria, las dirección estatal y las distintas federaciones se han coordinado para informar a la bases, una vez gestionadas las aportaciones que harán los cargos públicos de IU, proporcional a su sueldo.

Concretamente, ha remitido un número de cuenta bancario para que los afiliados realicen el ingreso. En el caso de los simpatizantes, se habilitará una campaña de microcréditos, tanto por internet como mediante venta de bonos que se distribuirán en la asamblea.

GARZÓN ASPIRA A DEJAR LA DEUDA EN NIVELES "IRRELEVANTES"

Durante una entrevista en marzo, tras ser reelegido como coordinador federal, Garzón destacó que uno de sus objetivos para su nuevo mandato era reducir la deuda económica que arrastra la organización a "niveles irrelevantes", una vez que se ha rebajado de 11 a 5 millones en cuatro años.

Con esa amortización y la actual estrategia política, Garzón desgranó que el futuro de IU está "garantizado política y financieramente".

El Ministerio de Universidades mantendrá finalmente en la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) la mención al Rey en la expedición de títulos.

El último borrador del anteproyecto de ley, establece que "el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, establecerá las directrices y condiciones para la obtención de los títulos universitarios oficiales, que serán expedidos, en nombre del Rey, por el Rector o Rectora de la universidad".

Sin embargo, el texto aprobado en Consejo de Ministros en primera lectura el pasado 31 de agosto no incluía esta referencia expresa al Rey en el artículo 8, relativo a la expedición de títulos, como sí lo hace la actual Ley Orgánica de Universidades de 2001, que la LOSU pretende derogar.

El redactado polémico decía así: "El Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, establecerá las directrices y condiciones para la obtención de los títulos universitarios oficiales, que serán expedidos por el Rector o Rectora de la universidad".

El ministro de Universidades, Manuel Castells, justificó la eliminación de la referencia al Rey en que un Real Decreto mantenía dicha mención: el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales, todavía en vigor.

"Dichos títulos serán expedidos, en nombre del Rey, por el Rector o Rectores de la Universidad o Universidades correspondientes, de acuerdo con los requisitos que respecto a su formato, texto y procedimiento de expedición se establecen en la presente norma", señala el Real Decreto, que también establece que "los títulos universitarios oficiales incluirán en su anverso", entre otras menciones, la "referencia expresa a que el título se expide en nombre del Rey".

Aun así, el ministro ya anunció el pasado 5 de octubre en el Senado que el anteproyecto sí recogería la mención expresa al Rey en la expedición de títulos. "Siguen insistiendo en la historia de que el Rey no va a expedir los títulos, es una tontería, hay un Real Decreto en vigor de 2010 que establece el procedimiento de expedición de títulos que ya establece que el rector lo hace en nombre del Rey, pero por si acaso lo hemos vuelto a poner, para que no haya ambigüedad", aclaró.

OTROS CAMBIOS

El último borrador de la LOSU también incorpora otros cambios, el grueso de ellos sobre la gobernanza (Título VII). El borrador de agosto establecía dos sistemas de elección de los rectores. El primero de ellos era la elección directa por sufragio universal ponderado por todos los miembros de la comunidad universitaria (en la forma en que se establezca en los Estatutos de la universidad), como ya establece la ley actual, la LOU.

El segundo sistema era la elección mediante un órgano (que podría determinar la universidad a través de sus Estatutos), que estaría formado por entre 20 y 30 miembros con unos porcentajes específicos de representación, y que incluía personas externas a la universidad. Con la nueva propuesta, recogida en este último borrador, se elimina esta opción, manteniendo la fórmula tradicional por sufragio.

Asimismo, el nuevo documento deja en manos de las universidades el número de miembros que ha de componer el claustro (en lugar de 100) y se refuerza la participación de los estudiantes en el mismo así como en otros órganos.

Por otro lado, el nuevo texto añade una nueva figura docente, la del Profesorado Permanente Laboral, que según indica el documento, "tendrá niveles comparables a los del personal docente e investigador funcionario". Y se mantiene la figura del Profesor Distinguido, "dirigida fundamentalmente a la captación de talento internacional", que ya aparecía en el anteproyecto aprobado en agosto.

EBAU PARA EXTRANJEROS

Otro cambio que incorpora el nuevo borrador de la LOSU es una modificación de la nueva ley educativa, la LOMLOE (también denominada 'Ley Celaá'), en concreto de su disposición adicional trigésimo sexta.

Esta disposición establece una "prueba de acceso cuya estructura y calificación será establecida por el Gobierno", diferente a la EBAU, para estudiantes extracomunitarios o de países con los que no hay un acuerdo internacional de homologación de títulos.

El borrador nuevo de la LOSU deja en manos de las universidades el proceso de admisión. "El Gobierno establecerá la normativa básica que permita a las universidades fijar los procedimientos de admisión de dicho estudiantado", señala el documento.

"Los procedimientos, que deberán respetar los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad, establecerán las evaluaciones específicas de conocimientos o de competencias que deberán realizar las universidades al objeto valorar su nivel de madurez intelectual y personal para cursar los correspondientes estudios universitarios", añade el borrador de la 'ley Castells', que también recoge que "dichas evaluaciones podrán eximirse en caso de acreditar haber superado determinadas pruebas estandarizadas internacionales de prestigio y rigor académico contrastable".

Según indican fuentes ministeriales, esta modificación de la LOMLOE recogida en el anteproyecto de la LOSU pretende favorecer la internacionalización y la movilidad, ya que permite más flexibilidad a las universidades a la hora de determinar las pruebas de acceso a estudiantes extranjeros.

De hecho, tal y como se desprende del borrador de la LOSU, "los procedimientos de admisión a los estudios universitarios podrán contemplar medidas específicas de adaptación, así como de flexibilización de los plazos y periodos de solicitud, resolución y realización de pruebas de acceso, teniendo en cuenta las necesidades y características propias de este estudiantado".

Fuentes ministeriales apuntan que, en caso de aprobarse la LOSU, este punto no entraría en conflicto con la LOMLOE, ya que su aprobación sería posterior a ésta.

El portavoz nacional del PP y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que Madrid ha cogido el relevo de Barcelona como ciudad "cosmopolita y abierta y con visión global de mundo" que desprendía durante los Juegos Olímpicos del 1992.

"En estos momentos si hay una ciudad en España que se identifica con la modernidad, con una visión cosmopolita, abierta al dinamismo, a la atracción de talento e innovación y no encerrarnos es Madrid", ha expresado en el ciclo de conferencias 'Agendas Cruzadas Madrid-Barcelona', en el Círculo Ecuestre de Barcelona.

Almeida ha calificado Madrid como una ciudad enfebrecida: "Con ganas de recuperar lo que nos ha arrancado la pandemia y con ganas de comernos el futuro", una actitud que ha vinculado con lo que era la Barcelona del 92.

"Igual que en los ochenta veíamos el progreso económico y social de Barcelona, ahora el liderazgo y el protagonismo le corresponden a Madrid", ha asegurado el alcalde.

Aun así, ha planteado que Barcelona y Madrid se entiendan a través de "ese dialogo competitivo en el que, lo que lo que es bueno para uno, va a ser bueno para la otra" y que no se traduzca en una suma cero ni en mirarse con recelo, ha dicho.

Ha defendido que "Madrid va como un tiro" --en referencia a la reactivación de la ciudad-- y ha asegurado que siguen trabajando para cambiar su imagen global y que no sea vea únicamente como una capital administrativa y sea referente.

Sobre Cataluña, ha comentado que le sorprendió el "absoluto rechazo" a la ampliación del Aeropuerto Barcelona-El Prat y que no se buscara una alternativa que permitiera que esa inversión llegara a Barcelona, y ha explicado que en Madrid no hubieran renunciado a preservar los valores medioambientales pero tampoco modelos de desarrollo económico.

DESCENTRALIZACIÓN Y PRESIÓN FISCAL

Ante la descentralización de instituciones que propone el Gobierno central, ha afirmado que lo ve un debate inoportuno con el que tiene la sensación que se quiere señalar a Madrid como un enemigo: "El Gobierno podría ser tan sensible con Madrid como lo es con otras comunidades autónomas".

En ese sentido, ha asegurado que no le genera inquietud que organismos de nueva creación se sitúen fuera de Madrid, sino que le genera inquietud que se sitúe a Madrid como "culpable de todos los males que ha tenido España".

Respecto a la presión fiscal de la Comunidad de Madrid, ha sostenido que se han sentido señalados "por un 'dumping fiscal" y ha asegurado que lo que han hecho es aprovechar el marco legislativo que propicia la España de las autonomías, en sus palabras.

CANDIDATURA OLÍMPICA

Por último, Almeida ha insistido en que Madrid tiene "la ilusión de ser sede olímpica", cree que terminará siendo sede de unos Juegos Olímpicos y ha recordado que ya lo han intentado cuatro veces, en 1972, 2012, 2016 y 2020.

Antes de presentar candidatura, una cuestión que todavía no han decidido, ha señalado que se necesita un consenso social para que ésta tenga éxito e ir de la mano del Comité Olímpico Español.

La Comunitat Valenciana ha notificado 276 nuevos casos de coronavirus y cinco fallecidos en los últimos siete días, en personas de 95, 77, 76, 71 y 53 años, mientras que los hospitales valencianos tiene una persona ingresada menos y cinco camas UCI ocupadas menos que ayer, según la Conselleria de Sanidad.

Con esta actualización, la cifra total de positivos se sitúa en 514.463 personas. Los nuevos casos por provincias son 78 en Castellón (54.222 en total); 126 en Alicante (188.744) y 72 en Valencia (271.496) y la cifra de casos no asignados se mantiene en una.

Por su parte, el total de decesos desde el inicio de la pandemia asciende a 7.841: 854 en la provincia de Castellón, 3.008 en la de Alicante y 3.979 en la de Valencia.

Por otra parte, se han registrado 110 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana asciende a 515.418 personas. Por provincias, las altas se distribuyen así: 54.140 en Castellón, 188.539 en Alicante y 272.683 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 56.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 181 personas ingresadas, 43 de ellas en la UCI: 55 en la provincia de Castellón, 7 en UCI; 72 en la provincia de Alicante, 28 de ellas en la UCI; y 54 en la provincia de Valencia, 8 en UCI.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 2.650 casos activos, lo que supone un 0,50% del total de positivos y se han registrado tres brotes de 10 o más casos. Uno de ellos en Llanera de Ranes de 15 casos en el ámbito educativo y los otros dos de origen social en Alicante, con 12 casos, y en Vinaròs, con 11 casos.