El sector editorial español tuvo un desarrollo desigual durante el pasado año marcado por la pandemia del Covid-19, con una caída de las exportaciones del 26% respecto al año precedente, y un incremento del 0,8% en el mercado interior.

El presidente de los editores españoles, Patrici Tixis, ha destacado este viernes durante la presentación de la Feria Internacional del Libro, que se celebrará en Ifema Madrid del 13 al 15 de octubre en Madrid, la necesidad de reforzar la presencia en el mercado exterior para afianzar el crecimiento del sector.

En este sentido, las exportaciones de libros sufrieron el pasado año una caída del 26% en 2020, hasta los 391,75 millones de euros, con respecto a las obtenidas en 2019, 529,96%, según se desprende del Estudio de Comercio Interior del Libro en España 2020, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), con el respaldo de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte y de CEDRO.

«El año 2020 fue un año irregular para el comercio del libro. Mientras el mercado interior ha tenido un buen comportamiento, no ocurrió lo mismo con las exportaciones que se han visto muy condicionadas por las restricciones establecidas para luchar contra la pandemia. Tenemos toda la confianza en que ésta será una situación coyuntural, dado que, en la última década, especialmente el sector editorial, dentro de lo que llamamos sector del libro, se ha mostrado muy dinámico en los mercados exteriores», ha explicado.

De estas cifras totales, el 86,3% (323,51 millones de euros) correspondieron a libros del sector editorial, mientras que el 13,7% (51,18 millones de euros) fueron exportaciones del sector gráfico.

En cuanto a las áreas geográfica, Iberoamérica sigue siendo el principal mercado del sector del libro, con 184 millones de euros de ventas, fundamentalmente exportaciones del sector editorial, seguida de la Unión Europea, con unas cifras de facturación de 126,6 millones de euros, el 60,36% correspondientes al sector editorial (75,83 millones de euros).

Si se suma el resto de los países europeos, entre los que se incluye Reino Unido, esta cifra se incrementa hasta los 181,5 millones de euros. El 18% de las exportaciones realizadas por el sector corresponden a mercados de otros continentes.

En cuanto a las exportaciones por países, México continúa siendo el principal receptor de los productos editoriales españoles, seguido de Francia y Argentina.

Respecto a las importaciones, se situaron en los 140,91 millones de euros, lo que deja un saldo positivo de la balanza comercial española de 250,8 millones de euros.

MEJORA EL MERCADO INTERIOR

Frente a ello, las cifras de ventas en el mercado interior registraron un incremento del 0,8% hasta alcanzar los 2.439,93 millones de euros.

Según el estudio, durante el pasado año se vendieron 164,45 millones de ejemplares en papel, un 1,4% más que en 2018, y 13,27 millones de descargas de ejemplares digitales, un 4,24% más que en el ejercicio anterior.

En cuanto a los títulos editados, los efectos del confinamiento y la pandemia si se han dejado notar ya que se editaron un 9,4% menos de títulos, fundamentalmente en formato papel, cuyo descenso fue del 16,5%, hasta los 50.698. Por el contrario, el número de títulos en formato digital se incrementó un 10,6%, alcanzando los 23.891 títulos digitales.

«Los datos de incremento de las ventas o de la producción de títulos digitales muestran la capacidad de adaptación del sector que buscó fórmulas para hacer llegar los libros a los lectores», ha señalado el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España.

CAÍDA DE VENTAS DE LIBROS DE TEXTO

El incremento de la facturación se produjo en casi todos los subsectores del libro, especialmente en la literatura infantil y juvenil, que registró un crecimiento del 17,6%, hasta alcanzar los 367 millones de euros. Por su parte, la Ficción para adultos obtuvo un 2,1% más que en 2019, hasta los 507,23 millones de euros, incrementos que también registraron novela, poesía y teatro.

Los géneros de no ficción tuvieron comportamientos desiguales, mientras los libros de divulgación general, prácticos y de religión incrementaron su facturación respecto al año anterior, frente a los científico técnico y universitarios, los de ciencias sociales y humanidades o los de derecho y ciencias económicas, registraron descensos frente a 2019.

En el caso de los libros de texto, un subsector que representa un tercio de las ventas del sector, registró una caída del 6,6% reflejando la incertidumbre vivida en el comienzo del curso 2020-2021.

Respecto a las ventas por libros digitales se incrementaron un 5,9% respecto a 2019, hasta alcanzar los 126,19 millones de euros. Esta cifra sigue representando entorno al 5% de la facturación total del sector. El número de títulos registró un incremento del 10,6%, con un total de 23.891 títulos, lo que supone seguir incrementando la oferta de títulos digitales que se situó en los 186.695 títulos.

En cuanto a la facturación por géneros, los libros de no ficción, especialmente los títulos de derecho y ciencias económicas representan el 60% de la facturación. Además, han registrado un incremento del 21,6%. También tuvieron una subida de la facturación del 15% los libros de literatura infantil y juvenil.

Sin embargo, y a diferencia de las ventas de libros en formato papel, los títulos de ficción de adultos tuvo una caída en la facturación en formato digital del 7,5%. Los libros de texto digitales también sufrieron una caída del 21,7%. En este caso, esto reflejó la apertura realizada por muchas editoriales para facilitar el acceso a los contenidos digitales durante los pasados cursos.

El Grupo Popular de Vox ha registrado una proposición no de ley en la que pide reforzar los medios de prevención antiterrorista previstos en la Ley de Seguridad Nacional aludiendo al atropello mortal de Torre Pacheco (Murcia) que investiga la Audiencia Nacional como posible acto yihadista. En concreto, reclama declarar «la crisis migratoria y la amenaza terrorista que se infiltra en ella como situación de interés para la Seguridad Nacional».

«El pasado 17 de septiembre un joven marroquí de 27 años, de nombre Abdellah Gmara, que llegó a España e 2004 como Menor Extranjero No Acompañado (mena), perpetró un atentado terrorista en Torre Pacheco (Murcia), matando a dos personas a las que atropelló en coche», apunta Vox.

Según la proposición no de ley, Vox lo que solicita es el despliegue de «todos los recursos humanos y materiales necesarios y suficientes en aras de la prevención, protección y disuasión del proceso de entrada en España y radicalización del terrorismo yihadista, tal y como recoge la Ley de Seguridad nacional».

El partido que preside Santiago Abascal quiere que se debata esta cuestión en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, mencionando también la «creciente radicalización de los jóvenes musulmanes que viven en nuestro país».

Vox menciona un informe de la Guardia Civil dentro de una investigación sobre la que se ha declarado el secreto de las actuaciones, por orden del juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, para sostener que el atropello mortal en el que fallecieron dos personas es un «atentado terrorista ya que el presunto terrorista habría dejado una carta asegurando que efectivamente se trataba de un atentado islamista».

INVESTIGACIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Fuentes de la investigación señalaron desde que se supo que la Audiencia Nacional asumía la investigación que el suceso se investigaba como un posible acto yihadista, aunque pendiente de pesquisas policiales que no descartaban que se tratara de un acto relacionado con un problema mental. Las anotaciones aludían a cuestiones religiosas y a la violencia producida de forma telepática. Tampoco se había detectado conexión con células terroristas.

Para Vox, el de Torre Pacheco es el «primer atentado que se produce tras los atentados de 2017 en Cataluña». «Es evidente que la inmigración ilegal y descontrolada supone un peligro para la Seguridad Nacional española. No obstante, si le sumamos el problema del terrorismo camuflado en dicha inmigración, el conflicto que se produce es crítico para cualquier nación», añaden.

El partido de Santiago Abascal cita diferentes operaciones recientes –de las que ha informado la prensa– para sostener que avalan su petición de atender a la peligrosidad de la infiltración de yihadistas entre los inmigrantes que acceden a España por vía marítima. Citan, por ejemplo, el arresto el pasado 10 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife de E.M.C., reclamado por la Audiencia Nacional debido a su peligrosidad y por infligir trato degradante hacia sus parejas.

Por este motivo, solicitan declarar la situación de interés para la seguridad nacional, en virtud de los artículos 23 y 24 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.

La fiscal Elena Sarasate ha recibido este viernes la cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort en reconocimiento a su labor en el caso de la violación grupal de los Sanfermines de 2016, una distinción que acoge con «honor», ya que está «orgullosa» de ser fiscal y de pertenecer a esta carrera profesional.

«Con nuestro trabajo en mayor o menor medida intentamos conseguir una sociedad más justa y mejor y estoy muy orgullosa de pertenecer a la Fiscalía de Navarra. Es una suerte contar con los compañeros que tengo y un privilegio trabajar con ellos», ha enfatizado.

Elena Sarasate ha recibido la cruz de San Raimundo de Peñafort, concedida por el Ministerio de Justicia a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales, de manos del fiscal superior de la Comunidad foral, José Antonio Sánchez, en un acto celebrado en el Palacio de Justicia de Pamplona.

La fiscal ha reconocido que «siempre» ha tenido ilusión por recibir este reconocimiento» al suponer «un honor». Y se ha mostrado «orgullosa» de ser fiscal, ya que «intentamos conseguir una sociedad más justa y mejor», un orgullo que también ha mostrado por pertenecer a la Fiscalía de Navarra.

«En esta fiscalía lo normal es que nos ayudemos, nos apoyamos y siempre nos felicitamos del éxito de los compañeros. Por eso, este reconocimiento os pertenece un poco a todos, muchas gracias por vuestro apoyo», le ha dicho a sus compañeros.

Un agradecimiento que ha extendido a los jueces magistrados, así como a todo el personal de la administración de Justicia, de los que «siempre» ha recibido «un trato cordial y amable». También ha tenido palabras de agradecimiento para sus amigos y sus padres, con su madre presente en el acto y su padre fallecido, y ha destacado que fueron ellos quienes le animaron a formarse y «a ser lo que quisiera en la vida».

«Ellos me inculcaron la responsabilidad y el deber de cumplir con las obligaciones de la mejor manera posible, también a disfrutar de la vida. Han sido un ejemplo de vida que ha trascendido en mi forma de ser», ha manifestado.

UNA FISCAL «INTELIGENTE Y TRABAJADORA»

Por su parte, el fiscal superior de Navarra, José Antonio Sánchez, ha dedicado unas «palabras sinceras y de corazón» a Elena Sarasate, de quien ha destacado que es una fiscal que «cualquier Fiscalía estaría encantada de tener en sus filas». «Es un placer estar contigo», le ha dicho.

Ha definido a la premiada como una persona «extraordinariamente práctica, que sabe estar en cada momento en su sitio y con un gran sentido común». «Una persona inteligente, trabajadora, rigurosa en su trabajo, una buena persona con dos cualidades especiales para una Fiscalía: el compañerismo y buen humor», ha ensalzado.

También ha destacado su «carácter vocacional», ya que vive «su profesión de forma permanente», así como la «dosis de humanismo que tiene en relación a las víctimas». En este sentido, ha afirmado que tanto la víctima del caso de La Manada como su madre acudieron a la Fiscalía Superior para dar las gracias por el trato recibido, un agradecimiento que también se ha dado en otros casos.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, también ha tenido palabras de elogio para la fiscal Elena Sarasate, «siempre impecable, educada, elegante, siempre sonriente, con un carácter alegre innato».

«Siempre tienes una sonrisa, un comentario amable, con ironía cuando hace falta», ha resaltado Galve, que también ha valorado de Elena Sarasate que es «buena compañera, trabajadora, seria e implacable, a pesar de no aparentarlo con tu sonrisa».

Sobre el trabajo que realizó en el caso de La Manada, ha destacado que se trata de una labor por la que ha recibido «multitud de agradecimientos y reconocimientos» que también le han hecho llegar a él, no sólo por parte de la víctima, sino también por el propio abogado de la defensa.

Ha recordado que se trató de «un asunto complicado, también por lo mediático, pocos en España ha habido así» y ha puesto en valor «la forma en la que supo desenvolverse en el juicio». «Pero sería injusto centrar el reconocimiento sólo en este procedimiento, todos sabemos que tu profesionalidad está por encima de todo durante años», ha manifestado.

Elena Sarasate accedió a la carrera fiscal en 1989. Cádiz fue su primer destino, y después Pamplona, donde permanece desde 1991. Entre otras atribuciones, fue delegada de la Fiscalía de Menores, donde estuvo trabajando desde 2005 a 2015.

El 60% de los profesionales sanitarios ha sufrido trastornos mentales por la covid y más de la mitad no se ha recuperado año y medio después y el 65% de los trabajadores sanitarios ha experimentado problemas generales de salud durante la pandemia.

Así, se ha puesto de manifiesto en la mesa ‘Impacto del covid-19 en los profesionales sanitarios’ celebrada en el IV Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, en la que han participado el presidente de CECOVA, Juan José Tirado, la vicepresidenta primera del Consejo General de Colegios de Médicos de España, María Isabel Moya, y el vicedecano primero del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, Óscar Torrijo.

Al respecto, el presidente de CECOVA, Juan José Tirado, ha detallado que el 44% de los profesionales sanitarios han sufrido un alto nivel de estrés, y el 37% de ellos han estado deprimidos. Así, ha advertido de que todos los estudios sobre el impacto psicológico de la Covid-19 en los profesionales sanitarios ofrecen datos «muy preocupantes».

Por su parte, la vicepresidenta primera del Consejo General de Colegios de Médicos de España, María Isabel Moya, se ha referido al estudio de OMC (Organización Médica Colegial) sobre el impacto de la Covid-19 en los médicos españoles que concluye que las mujeres, los jóvenes, los que han estado en primera línea, y los que tienen menos experiencia o poca formación en catástrofes son «los que más sufren el impacto psicológico de la pandemia».

Además, este informe refleja que ya durante la primera ola de la pandemia se han alargado las jornadas laborales, los hábitos de vida han empeorado, ha aumentado el consumo de alcohol y disminuido el ejercicio físico. Asimismo, un tercio ha sufrido dilemas éticos y un 25% han estado de baja por Covid.

La doctora María Isabel Moya también ha indicado que un 20% de los médicos se han planteado adelantar la jubilación, un 34% han pensado en abandonar la profesión y un 32% tienen problemas para dormir.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

A continuación se ha celebrado la mesa ‘Eutanasia versus cuidados paliativos’ con el presidente del Consejo General de Colegios Médicos España, Tomás Cobo Castro, el responsable de la Unidad de Cuidados paliativos y jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital doctor Moliner, Miguel Fombuena Moreno, y el catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía política en la Universitat de València y Miembro del Comité de Bioética de España, Vicente Bellver Capella.

Los participantes han coincidido en que hubiera sido «más lógico» promulgar la Ley de Cuidados Paliativos antes que la ley de Eutanasia, han reclamado que se dote a todos los hospitales de una Unidad de Cuidados Paliativos y que a estos profesionales se les reconozca como una especialidad médica.

Del mismo modo, han reclamado un registro ‘positivo’ de objetores de conciencia de forma que se inscriban a los profesionales sanitarios que sí que están dispuestos a prestar la ayuda a morir en lugar de, como marca la Ley, aquellos que rehúsan.

Por otro lado, el presidente de la ADSCV, Carlos Fornes, hará entrega a vicepresidenta primera de la OMC, la doctora María Isabel Moya, del premio Derecho Sanitario, un galardón que otorga por primera vez la ADSCV y cuya finalidad es reconocer el compromiso con la defensa de las garantías jurídicas en el desempeño del trabajo de los profesionales sanitarios de la Comunidad Valenciana, según han informado fuentes de la organización.

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha salido este viernes de la reunión con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para abordar el proyecto de Presupuestos andaluces de 2022 con la «sensación» de que «es posible un acuerdo» entre el principal partido de la oposición en el Parlamento –el PSOE-A– y el que sustenta la Presidencia de la Junta, el PP, que sería «histórico», sobre «cuestiones que incluso podrían ir más allá del acuerdo presupuestario para 2022».

Así lo ha trasladado el dirigente socialista en una comparecencia ante la prensa en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, tras mantener una reunión con el presidente de la Junta que ha valorado como «positiva» y en la que se ha «podido iniciar un diálogo constructivo» entre el jefe del Ejecutivo andaluz y «el principal partido del Parlamento» andaluz, el PSOE-A, que es el que cuenta con más diputados en la Cámara aunque lidera la oposición merced al acuerdo de gobierno que alcanzaron PP y Ciudadanos (Cs) y que contó con el apoyo de Vox para la investidura de Juanma Moreno al inicio de la legislatura.

Espadas ha indicado que, tras esta reunión, que ha calificado como «hito», espera «en los próximos días recibir la llamada del consejero» de Hacienda, Juan Bravo, también presente en este encuentro, «para situar las primeras reuniones técnicas», que, según ha apostillado el líder del PSOE-A, «tendremos que acelerar para ver la posibilidad de un acuerdo antes de que el proyecto de Presupuestos llegue a sede parlamentaria y decidir la posición política» del Grupo Socialista en la Cámara.

El líder socialista ha dicho que se va de esta reunión «con la sensación de que es posible un acuerdo político» que, si al final se logra, «sería histórico para Andalucía y, sin duda, un mensaje muy potente de que otra forma de entender la política en España es posible».

«UN MENSAJE» PARA LA POLÍTICA NACIONAL

En esa línea, Espadas ha sostenido que «un acuerdo político entre las dos principales fuerzas» andaluzas es «un mensaje claro de que es posible avanzar en este país en grandes acuerdos de Estado entre los dos grandes partidos políticos que tienen la mayoría de respaldo popular», y que eso «nos centra y estabiliza en lo que necesita ahora mismo España y Andalucía, que es la recuperación económica y poner solución a los problemas» de la ciudadanía.

Se trata de «no dejar que permanentemente la política sea un problema para los ciudadanos más que una solución», ha añadido Espadas antes de comentar que «vamos a trabajar» en la búsqueda de ese acuerdo y, «si lo conseguimos, seguramente habremos hecho un gran favor a la política española y habremos tomado una buena decisión para los intereses de los andaluces». En todo caso, a preguntas de los periodistas ha aclarado que lo que cree posible «no incluye ninguna opción de gobierno» de coalición entre PP y PSOE.

Espadas ha insistido en subrayar que Andalucía, al igual que otros territorios, atraviesa «una situación excepcional» en la que los ciudadanos plantean a los gobiernos que la «única prioridad» que deben tener es «la recuperación sanitaria, económica y del empleo», y por eso ha acudido a esta reunión con el presidente, que él mismo había solicitado, no «para hacerse una foto», sino para ver si en el Gobierno andaluz había «disposición» para iniciar negociación «seria» con el PSOE-A en torno a los próximos Presupuestos.

Ha remarcado que «este mes llegan las primeras partidas de fondos europeos» para la recuperación en una «cantidad importante, y hay que decidir dónde van esas partidas».

«Tenemos que decidir entre si la legislatura está agotada o el año que queda por delante lo utilizamos para la recuperación económica y resolver problemas de la ciudadanía o en clave de coyuntura y de interés político partidario», ha sentenciado el líder socialista, quien ha remarcado que, como alcalde de Sevilla, tiene «experiencia» en negociar presupuestos en la situación de gobernar en minoría, como le ocurre a PP y Cs en la Junta.

DIÁLOGO «POSITIVO Y CONSTRUCTIVO»

Espadas ha señalado que el «diálogo» con el presidente de la Junta y el consejero de Hacienda ha sido «positivo, constructivo», y «nos hemos emplazado para dentro de unos días, cuando el Gobierno ya tenga los números del Presupuesto disponibles», para «sentarnos a plantear un acuerdo político y presupuestario en torno a una serie de ejes» que el secretario general del PSOE-A ha planteado en un documento que, según ha confirmado, ha entregado a Moreno y que constituye «la base» sobre la que «planteamos la negociación».

Entre las prioridades que el líder socialista ha trasladado al presidente figura la de «sentar las bases para que la administración local, los ayuntamientos y las diputaciones, nos convirtamos junto con el Gobierno andaluz en el motor de la recuperación económica de nuestro territorio» a través de «un trabajo conjunto, leal, para tener más recursos que gestionar en el ámbito municipal», según ha desgranado Espadas.

Al respecto se ha referido a la necesidad, a su juicio, de diseñar una «estrategia» para la gestión de los fondos europeos que llegarán a Andalucía que, por su volumen, «en sí mismo» el Gobierno de la Junta no puede «gestionar solo», según ha advertido.

Igualmente, Espadas ha planteado a Moreno que «necesitamos revisar la financiación municipal», y ha explicado que le ha trasladado «una propuesta muy concreta», la de aplicar una «discriminación positiva» para la financiación local de los «pequeños municipios rurales que tienen un mayor grado de afectación por la despoblación», lo que «podría ser una sobrefinanciación en una Patrica rural».

Asimismo, entre las cuestiones que Moreno y Espadas han abordado ha estado la de «los jóvenes», la «necesidad de una estrategia potente que se inicie con estos Presupuestos en relación con la financiación de programas relacionados con la Formación Profesional y la búsqueda de la primera oportunidad laboral para los jóvenes», según ha comentado el líder socialista, para quien este es «un tema nuclear que debe arrancar este año y que tendrá en los próximos el ser o no ser».

«LA CLAVE DEL ACUERDO LA TIENE EL GOBIERNO»

Tras la reunión, Espadas ha dicho que cree que «el presidente de la Junta y el secretario general del PSOE-A queremos un acuerdo de Presupuestos para Andalucía», y ha apuntado que «la clave la tiene el Gobierno».

«La única cuestión aquí no es si el PSOE va a ser capaz o no de apoyar los Presupuestos, sino si un gobierno de PP y Ciudadanos es capaz de cambiar algunas de las cuestiones del Presupuesto que tiene planteado para incorporar prioridades de los andaluces que el PSOE considera imprescindible para su acuerdo», ha argumentado Espadas.

En esa línea, ha añadido que «habría que preguntar si es posible que el PP esté dispuesto a modificar su Presupuesto para incorporar propuestas del PSOE», y ha sentenciado que, «si es así, habrá acuerdo».

Según ha añadido, eso significaría, «en primer lugar, un acuerdo entre partidos, entre PP y PSOE, sobre cuestiones que incluso podrían ir más allá del acuerdo presupuestario para 2022», porque supondría «la senda de una alianza entre los grandes partidos para resolver problemas estructurales de Andalucía».

Al respecto, Espadas ha indicado que «la equiparación salarial del personal sanitario y docente» en relación a la media de otros territorios del Estado que plantea el PSOE-A «va más allá del Presupuesto de 2022», y si PSOE y PP son «capaces de alcanzar un acuerdo que se pueda reflejar en el Presupuesto de 2022 significa que cualquiera que gobierne la próxima legislatura» –dando por hecho que sería uno de esos dos partidos– «cumplirá ese acuerdo».

Espadas ha concluido que lo que ha visto en la reunión es «la búsqueda de un acuerdo desde la responsabilidad entre quien hoy es presidente» de la Junta y quien «puede serlo en el futuro».

El Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid ha enviado al Tribunal Supremo la denuncia presentada por la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap) contra el exmagistrado del Alto Tribunal Luciano Varela por un presunto delito de tráfico de influencias relativo a su permanencia en la Sala de lo Penal que juzgó la causa del ‘procés’.

En un auto de 9 de septiembre, el magistrado Antonio Serrano-Arnal se ha inhibido al entender que los hechos denunciados no son competencia de los Juzgados de Instrucción de Madrid sino del Supremo.

La decisión del juez tiene lugar después de que el pasado 1 de septiembre recibiera por reparto la denuncia de Acodap contra el exmagistrado Varela, quien formó parte del tribunal que juzgó y dictó sentencia del proceso independentista catalán.

La asociación sostiene en su escrito, que el nombramiento de Varela y la decisión de mantenerle en el tribunal del ‘procés’ fue «ilegal».

NOMBRAMIENTO «ILEGAL»

Según ha precisado, el 11 de abril de 2019 –dos meses después de que empezara la vista oral contra los líderes independentistas en el Supremo– la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó habilitar al exmagistrado para que siguiera en la Sala «a pesar de su jubilación».

La asociación ha insistido en que «los magistrados jubilados solo pueden ser habilitados para dictar sentencia, no para seguir trabajando como si fueran jueces en activo».

En la denuncia, el presidente de Acodap, el exjuez Fernando Presencia -inhabilitado en firme por el Supremo por un delito de prevaricación– ha asegurado que desde el CGPJ «intentaron evitar de manera ilegal que el juicio se anulara y hubiera que repetirlo».

Acodap ha asegurado en su escrito que la Comisión Permanente «decidió que Varela continuara formando irregularmente parte del tribunal durante la totalidad del juicio del ‘procés» y «además cobrando como jubilado».

Así, ha desestimado el argumento del órgano de gobierno de los jueces de que en el pasado ya se habían adoptado numerosos acuerdos similares, lo que a su juicio son afirmaciones «totalmente falsas». Por ello, ha incluido también en su denuncia un presunto delito de nombramiento ilegal de funcionario público, en el caso de Varela, por parte del CGPJ, tal y como ha adelantado El Confidencial Digital.

ACODAP PIDE LA DETENCIÓN DE LESMES

En el marco de la denuncia, la asociación ha reclamado que se requiera al órgano del Poder Judicial que aporte los «expedientes completos y debidamente testimoniados» relativos a los hechos denunciados y que «se ordene la detención inmediata del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes».

Ahora, una vez recibido el auto de inhibición del juzgado madrileño, el Alto Tribunal deberá determinar si admite o no investigar a Varela, tal y como pide Acodap.

El líder del PP, Pablo Casado, ha reivindicado este viernes los lazos históricos entre México y España, con una «intensa historia común de cinco siglos», y ha rechazado que desde España tengan que pedir perdón por la Conquista de México. A su entender, hay que «dar las gracias a una historia común que ha sido el mayor hito de la humanidad después de Roma: la Hispanidad».

Así se ha pronunciado Casado en la quinta jornada de la Convención Nacional del PP que se celebra en Cartagena, en medio del debate abierto por el perdón del Papa Francisco a México por los «pecados cometidos» en la Conquista de América.

Casado ha presentado en el cónclave la conferencia del expresidente de México Felipe Calderón, quien se ha declarado que ha se ha declarado «orgullosamente mexicano» y de «raíces indisolubles indígenas y españolas como todos los mexicanos». «Y profundamente orgulloso de todas esas raíces. Así me declaro, así soy, así he vivido y así espero morir», ha proclamado.

CALDERÓN: «MI LENGUA ES LA DE CERVANTES»

Calderón ha echado en cara al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que esté intentado cubrir los «problemas» de México con estas «cortinas de humo» como la «criminalidad, el nulo crecimiento económico, el problema de la corrupción o el pésimo manejo del Covid».

Además, ha censurado la «vil estrategia política de dividir y manipular las emociones manipulables de la gente». «Llamo a no caer en la polarización y la división», ha afirmado, para resaltar que la lengua de Cervantes es la suya también y le «enorgullece». Incluso ha señalado que abuelo del propio presidente de Mexico tiene un abuelo cántabro y «quizá le enseñó a caminar».

El expresidente de México ha insistido en que no pueden «caer en la trampa» porque lo que se está buscando es «provocar y dividir». A su entender, los «verdaderos enemigos son la pobreza, la miseria, la inseguridad o el cambio climático».

CASADO: «DAR LAS GRACIAS A UNA HISTORIA COMÚN»

Casado ha afirmado entonces, ante esas palabras del expresidente de México, que «no podía estar mejor dicho». «Acabaría diciendo que desde España no tenemos que pedir perdón pero tenemos que dar las gracias a una historia común que ha sido en mi opinión el mayor hito de la humanidad después de Roma, la Hispanidad», ha manifestado.

El presidente del PP ha reivindicado el «lazo histórico» entre México y España, con una «intensa historia común desde hace cinco siglos» que ha traído «lo mejor a ambas orillas del Atlántico». Según ha añadido, con «el mestizaje y el aprendizaje mutuo» se construyeron «sociedades mejores» con «el reto de avanzar».

Casado ha señalado que en México se abrieron muchas universidades y colegios «en esos años» y hay que «aprender de esas experiencias». Y ha recordado que la Constitución de 1812 hablaba de «los españoles de ambos hemisferios».

Tras asegurar que él como muchos españoles tiene familia en México, el presidente de los ‘populares’ ha subrayado que es «continuo el flujo que ha habido de españoles a México y de mexicanos a España en las últimas décadas».

Dicho esto, el presidente de los ‘populares’ ha asegurado que quería dar las «gracias» a México desde España. «Y con el gran orgullo de sentirnos una nación hermana», ha enfatizado, cosechando un aplauso de los asistentes.

TRAS LAS DECLARACIONES DE AYUSO Y AZNAR

Hasta ahora, Casado no se había pronunciado ante esas palabras del Pontífice, algo que sí había hecho hecho tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el expresidente del Gobierno José María Aznar.

Este último se sumó a las críticas este mismo jueves en el marco de la Convención del PP, donde defendió la «importancia histórica de la nación española» y afirmó rotundo que él no va a engrosar las filas de los que piden perdón por la conquista de América.

«Por defender la nación española y la importancia histórica de la nación española, las creaciones históricas de la nación española, con sus claros y sus oscuros, con sus aciertos y sus errores, estoy dispuesto a sentirme orgulloso, pero no voy a pedir perdón», resaltó Aznar.

A raíz de esas declaraciones, el partido de López Obrador, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha mostrado su «rotunda» condena a las declaraciones de Aznar alegando que «ofende abiertamente» la «historia de México y la dignidad y memoria de sus pueblos originarios».

La Policía Nacional ha analizado la normativa en vigor sobre lucha contra el terrorismo en unas jornadas organizadas con apoyo de EUROPOL y la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL), contando con la asistencia de representantes de numerosas instituciones y hasta 40 participantes, todos ellos de servicios antiterroristas de diferentes cuerpos policiales de Estados miembros.

Las jornadas «Terrorismo y Lucha contra el Terrorismo en la Unión Europea (UE)» se han celebrado en el Complejo Policial de Canillas (Madrid) entre los días 27 de septiembre y 1 de octubre de 2021, contando también con la participación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) y la Red de Formación Judicial Europea (EJTN).

Entre los especialistas en la materia participantes se encuentra la Comisaría General de Información, que ha representado a la Policía Nacional impartiendo varias ponencias. El curso ha contado también con representantes de la EJTN, todos ellos jueces y fiscales de varios países europeos, y que han sido invitados por CEPOL.

Según ha informado la Policía Nacional, el curso ha permitido mejorar y actualizar los conocimientos de los expertos en la lucha contra el terrorismo, a través del intercambio de mejores prácticas en el marco de esta fenomenología, incluyendo el papel de las agencias europeas implicadas.

Se han llevado a cabo ponencias y presentaciones sobre diversas temáticas relacionadas como, por ejemplo, la dimensión de los derechos fundamentales en la lucha antiterrorista, la repercusión del COVID-19 en los diferentes extremismos, el papel que debe jugar FRONTEX o las iniciativas de la Red de Detección de la Radicalización (RAN).

Esta iniciativa organizada por la Policía Nacional, CEPOL y EUROPOL, no acabará el día 1 de octubre, ya que la ciudad holandesa de La Haya, sede de EUROPOL, albergará una visita de estudios programada para principios del próximo año 2022.

Esta actividad formativa es parte del catálogo del Centro de Conocimiento de CEPOL (CKC) en materia de lucha contra el terrorismo (CKC CT). Este Centro de CEPOL reúne a profesionales de los Estados miembros de la Unión Europea, a instituciones y agencias expertas en la lucha contra el terrorismo.

Un total de 1.755.641 vascos están ya inmunizados completamente contra la covid-19, al haber finalizado la pauta de vacunación, lo que supone un 88,7% de la población de 12 años o más, mientras que 1.784.178 personas, el 90,2%, han recibido ya al menos una dosis, y un 2,8% de la población diana tiene contraindicación o se ha negado a recibir el suero. Además, el 81,8% de los menores de 12 a 15 años ya han recibido las dos dosis y el 39% de los usuarios de residencias ha recibido la tercera dosis, según ha informado este viernes el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

En conjunto, en función del último boletín de vacunación del Departamento de Salud actualizado este viernes, ya se han inoculado en Euskadi 2.382.095 dosis de Pfizer/Biontech (1.150.698 de ellas en segunda dosis y 190.742 en dosis únicas a personas que ya han pasado la enfermedad), 353.444 de Moderna (163.339 de ellas segundas dosis y 21.327 en dosis únicas), 477.408 de AstraZeneca (213.715 segundas dosis y 6.837 dosis únicas) y 98.983 de Janssen (dosis únicas).

Euskadi ha administrado el 90,3% del total de 3.668.820 vacunas recibidas, 1.556.289 correspondientes a primeras dosis y 1.755.641 a segundas dosis o dosis únicas. En concreto, se han recibido hasta la fecha 2.597.220 vacunas de Pfizer (el 91,7% administradas), 526.100 de Moderna (el 67,2% inoculadas), 444.200 de AstraZaneca (todas puestas) y 101.300 de Janssen (el 97,7% administradas).

Por edades, han recibido la primera dosis de la vacuna el 95,8% de los mayores de 100 años, el 93,2% de los vascos de 90 a 99 años, y el 97,2% de los que tienen entre 80 y 89 años. Entre la franja de 70 a 79 años, el porcentaje alcanza el 95,9%, entre la población de 60 a 69 años es del 94,2% y del 94,6% entre las personas de 50 a 59 años.

También han sido ya vacunados con una primera dosis el 90,9% de la población de 40 a 49 años, el 82,8% de las personas de 30 a 39 años, el 77,5% de los de 20 a 29 años, un 85,2% de la franja de edad de 16 a 19 años y un 86,1% de los menores de 12 a 15 años.

INMUNIZACIÓN COMPLETA

La tasa de personas con inmunización completa alcanza ya el 94,5% entre los mayores de 100 años, es del 93,2% entre las personas de 90 a 99 años, y del 96,9% en la franja mayores de 80 a 89 años. El porcentaje es del 95,8% en las personas de 70 a 79 años, mientras que en el colectivo de 60 a 69 años la tasa es del 94,2% y en el de 50 a 59 años, del 93,1%.

Además, ya han recibido la segunda dosis el 90% de las personas de 40 a 49 años, el 80,3% de la franja de edad de 30 a 39 años, el 74,1% del colectivo de 20 a 29 años, el 81,5% de la franja de edad de 16 a 19 años y el 81,8% de los jóvenes de 12 a 15 años.

TERCERA DOSIS

Por su parte, han recibido la tercera dosis 8.743 personas usuarias de residencias, el 39% de las 22.428 censadas, y el 71,1% de personas trasplantadas, lo que supone 2.360 de un total de 3.321.

Además, otras 36 personas que se encuentran en tratamiento inmunosupresor han recibido la tercera dosis de la vacuna, lo que representa el 5,7% de las 637 censadas.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha anunciado la creación del galardón honorífico ‘Ciudades Amigas de los Animales’, así como las distinciones ‘Mejor Programa Municipal de Gestión Ética de Colonias Felinas’ y ‘Mejor Programa de Integración, Concienciación y Tenencia Responsable’, cuya primera edición se otorgará este mismo 2021.

Según publica el Boletín Oficial del Estado, la distinción ‘Ciudad Amiga de los Animales’ reconocerá a los ayuntamientos españoles que hayan hecho una apuesta para mejorar las estrategias de protección animal y de convivencia responsable en sus municipios.

Mientras, los premios ‘Mejor Programa Municipal de Gestión Ética de Colonias Felinas 2021′ y »Mejor Programa de Integración, Concienciación y Tenencia Responsable 2021’ valorarán los programas específicos destacados en gestión de colonias e integración social de los animales.

En esta edición se tendrán en cuenta los proyectos innovadores que se hayan implantado en esta materia entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020.

Los galardones se convocarán cada año como un reconocimiento público de las actividades que en el ámbito de la protección y derechos de los animales, desarrollen las entidades locales y, concretamente, en tresaspectos: mejora de la convivencia con animales; gestión de colonias felinas; y concienciación y tenencia responsable de los mismos.

Los ayuntamientos galardonados podrán utilizar la distinción y los premios tanto en la comunicación como en la promoción de la ciudad a nivel nacional e internacional, al tiempo que también serán promocionados en eventos relacionados con la protección y el bienestar animal.

Asimismo, estos municipios serán considerados como «lugares preferentes» para las reuniones que organice el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con las comunidades autónomas y cualquier otro agente, así como para la celebración de congresos y seminarios.

El galardón, que no conlleva dotación económica sino que tiene un carácter honorífico, tendrá un periodo de validez de tres años que se podrán renovar «únicamente una vez» mediante resolución de la Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030 a petición del Ayuntamiento distinguido, siempre que no haya participado en las tres convocatorias inmediatamente posteriores a aquella en la que resultó premiado y si acredita que mantiene las condiciones y requisitos que dieron lugar a la concesión de dicho galardón.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha recriminado este viernes a la izquierda que ahora «se apropie» del sufragio femenino en su 90 aniversario cuando, según ha recordado, el Partido Socialista votó en contra en su día.

Así se ha pronunciado en su intervención en la quinta jornada de la Convención Nacional del PP que se celebra en Cartagena, en la que ha compartido una mesa titulada ‘Crecimiento contra la desigualdad’ con el expresidente de México Felipe Calderón.

Casado ha destacado que hoy se cumple el 90 aniversario del sufragio femenino que permitió que las mujeres pudieran votar en España. Eso sí, ha dicho que ahora que «la izquierda se intenta aprobar cuestiones históricas que no le corresponden», quería «recordar» que el Partido Socialista votó en contra.

Así, ha señalado que en aquellos años el Partido Socialista no apoyaba el sufragio femenino como recoge el diario de sesiones de Las Cortes de la época con las intervenciones de la diputada socialista Victoria Kent.

Es más, ha dicho que, una vez aprobado el sufragio femenino, Kent «volvió a intentar que se retrasara hasta que las mujeres no hubieran votado en dos elecciones municipales». «El líder del Partido Socialista asumió esos postulados en contra de los partidos más moderados o de mujeres diputadas más liberales como es el caso de Clara Campoamor», ha manifestado.

Casado ha subrayado que «esa libertad que se conquistó en los primeros años 30 tiene que mucho que ver con las ideas de libertad que muchos años después dieron lugar a la familia política» del Partido Popular en España y en Europa.

AGUA PARA TODOS «SIN DISPUTAS PARTIDISTAS»

Además, el presidente del PP ha respaldado las reivindicaciones del presidente murciano, Fernando López Miras, para que la región cuente con una buena red de infraestructuras, como el AVE,que el agua «llegue para todos, sin disputas partidistas» y con la mejor financiación autonómica.

«Vamos a apoyar las reivindicaciones de esta tierra, tanto la alta velocidad como la financiación autonómica y que llegue agua para todos», ha reclamado. Además, ha criticado que «no haya ninguna ayuda por parte del Estado para resolver los problemas del Mar Menor, que es la mayor laguna salada de Europa».

El líder del PP también ha resaltado la gestión que están realizando las comunidades gobernadas por el PP que, a su entender, son el mejor ejemplo de lo que hará el partido cuando llegue a La Moncloa en las próximas generales.

Las familias de las víctimas del doble crimen de Almonte (Huelva) –en el que fueron asesinados un padre y su hija de ocho años en el domicilio familiar en 2013– han registrado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado para recordar que siguen a la espera del resultado del estudio del Instituto Nacional de Toxicología del paño o mantita que cubría a la niña, informe que todavía no ha llegado y que esperan desde diciembre de 2019.

En el mencionado escrito, el abogado de la familia, José Ignacio Bidón y Vigil de Quiñones, reitera la petición de realización de informes sobre la llamada ‘mantita’ y hace un repaso del estado en el que se encuentra el caso.

Las familias de las víctimas siguen reclamando justicia al no existir a día de hoy ningún inculpado ni condenado por las dos muertes ya que el único encausado por estos hechos, Francisco Javier Medina, resultó absuelto tras un veredicto del tribunal del jurado de no culpabilidad y con tres sentencias absolutorias.

Ante esto, el mencionado juzgado palmerino ordenó la reapertura de una causa tras ratificar el Tribunal Supremo la absolución del único acusado, de manera que en este tiempo se ha prorrogado incluso la instrucción del procedimiento, fijando un nuevo plazo de otros seis meses.

En este punto, Aníbal Domínguez, tío y hermano de los fallecidos, ha remarcado la relevancia del estudio de Toxicología de la mantita. Así, ha recordado que en su día «la jueza le indicó que tanto desde la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como desde Toxicología indicaron que no se analizó la manta entera porque se consideraba que con el ADN del acusado presente en las toallas se resolvería tajantemente el caso». No obstante, esto finalmente no dio ese resultado, por lo que ha insistido en la importancia del análisis del paño.

De este modo, en el escrito presentado por las familias remarcan que «en esa prenda de la menor existían importantes manchas de sangre, (ya bastante ennegrecida) y por qué no pensar que aparezcan restos biológicos del verdadero autor y junto con la anterior prueba son muy importantes y hay que tener ilusión en que pueda aparecer restos biológicos del criminal en estos hechos tan horrorosos y desagradables».

Además, en el escrito recuerdan otros puntos a tener en cuenta en la instrucción, como que «no se ha analizado un trozo de papel con sangre del finado, que no fue apreciado durante el levantamiento del cadáver en la escena y se podría profundizar en esa prueba», entre otros aspectos como el relativo a que desde el segundo informe de la Guardia Civil señalan la puesta en hora de los teléfonos ya que, en aquella época la hora de los teléfonos se podía poner manualmente y este dato es «muy relevante y habría que concretar a fondo porque es una cuestión que no se ha investigado hasta la fecha».

En definitiva, en el escrito se pide que se impulse esta fase instructora, se reiteren los oficios recordatorios ante los organismos correspondientes al objeto de que se remiten los informes por «ser de justicia».

El ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, ha instado a Podemos a que «salga a contar la verdad sobre cómo y de qué forma se han financiado buena parte de sus líderes». Así, ha criticado que «hablen de moral cuando ellos no han puesto las cuentas claras sobre lo que es su financiación».

Pastrana, que ha participado en la mesa ‘No hay bienestar sin libertad y seguridad’, en el marco de la Convención Nacional del PP ‘Creemos’ que se celebra en Cartagena, en la que han participado también el presidente de la Región de Murcia y del partido en Murcia, Fernando López Miras; y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha recordado que el embajador de Ecuador «no se posicionó el otro día porque hizo la denuncia de cómo y de qué forma se financió Podemos y de qué forma vino la plata de Bolivia y de Ecuador y están llegando de Venezuela».

«Hay transparencia de esos recursos en España», se ha preguntado Pastrana, quien ha dejado claro que el narcotráfico «es el gran financiador de estas narcodemocracias».

Sostiene que «a Maduro lo financia el narcotráfico y éste le da cobijo a las FARC y al cártel de los Goles, que es el mayor cártel de la droga de la mano de las FARC en el mundo», preguntando, al hilo, que a quién financia Venezuela.

Haciendo un recorrido por la historia de los últimos años en Colombia, su expresidente ha reprobado que Juan Manuel Santos «no nos dejó la paz en el país, sino que dejó más violencia, financiada por el narcotráfico, y es la situación que ha tocado a Iván Duque».

Sin embargo, ha manifestado que el golpe «más duro y grande» que los partidos de centro y centro-derecha han dado al socialismo del siglo XXI fue la opinión consultiva que Colombia elevó ante la Corte interamericana de Derechos Humanos «sobre si la reelección es un derecho humano» y que les dio la razón.

Y es que, recuerda, Hugo Morales y «todos estos dictadores de América latina o narcodictadores sostenían que a pesar de que las constituciones les prohibían la reelección al ser un derecho humano, ellos podían reelegirse de forma indefinida». Pero la opinión consultiva, celebra, dio la razón a los partidos de centro y centro-derecha.

EL NARCOTRÁFICO: «EL PEOR ENEMIGO DE LA PAZ»

En la línea del epígrafe de su charla, Pastrana ha dejado claro que «sin seguridad no hay libertad, sin libertad no hay democracia y sin democracia no hay bienestar».

Así, se ha referido al elemento «perturbador» a su juicio que se vive al otro lado el mar, el narcotráfico. En los últimos 40 ó 50 años, ha recordado, en Colombia «se ha vivido una violencia política, cuando había confrontaciones entre los dos partidos», pero en la década de los 80 entró un nuevo elemento «perturbador», refiriéndose al narcotráfico, «que es la violencia que hemos vivido en los últimos años».

El narcotráfico, ha comentado, «es el peor enemigo de la paz», pero ha relatado que los ‘narcos’ «solo han tenido temor a la extradición, ya que entendían que si eran extraditados a EEUU allá pagarían sus penas, cosa que en Colombia no sucedía».

Da manera que comenzaron las «presiones» al Gobierno, reconoce. Una manera de hacerlo fue secuestrar a políticos, de ahí su secuestro a manos de Pablo Escobar durante una semana, pero constataron que no era el mecanismo para acabar con la extradición, de manera que buscaron también la forma de tumbar esto de la Constitución.

«La extradición cae y esto traía como posible que Pablo Escobar o los hermanos Ochoa, entre otros, no podían ser juzgados por delitos cometidos antes de 1991, de manera que estaba garantizada su estabilidad en el país», ha explicado.

Lo más grave, ha manifestado, es que cuando se lanza como candidato presidencial en 1994, días antes de la segunda vuelta «me llega la información de que el narcotráfico había financiado la campaña de mi adversario, en ese momento 5 millones de dólares, descubriéndose hoy que fueron 15 millones de dólares del año 1994».

«Se comprueba entonces el hecho más lamentable a la democracia colombiana, que el narcotráfico compró la presidencia de Colombia», ha subrayado. Pastrana ha confesado que la Colombia que recibe después «estaba afanosa por la paz, la recuperación del empleo, la justicia social».

PLAN COLOMBIA: FUMIGAR LA COCAÍNA

Cuando llegó al poder, unos 14 millones de colombianos estaban a punto de perder sus ahorros y había 180.000 hectáreas de cocaína sembrada en su país. Momento en el que tras ser recibido por el expresidente Clinton propone combatir el narcotráfico con el ‘Plan Colombia’, ya que le expuso que mientras que Colombia era el productor del 80 por ciento de la cocaína, EEUU era el mayor consumidor.

Dicho Plan consiguió sacar a una Colombia con unas fuerzas armadas «fortalecidas», pasando de 10.000 a 110.000 soldados profesionales con pensiones y seguridad social, así como con una fuerza área con helicópteros de combate, transporte y batallones de alta montaña, con un ejército de 230.000 hombres, «el más fortalecido de América latina».

También se fortaleció la institución de la fiscalía y en materia de la lucha contra el narcotráfico se apostó por su «fumigación», pasando de 180.000 hectáreas a 90.000, continuando con esta tarea el expresidente Uribe.

Al expresidente Santos «se le dejó 40.000 hectáreas de cocaína», de manera que la guerra contra la droga «no era una guerra perdida como dicen algunos expresidentes». Sin embargo, sostiene que si Santos hubiera seguido con el proceso de fumigación, «el negocio de la droga en Colombia hubiera acabado».

«Pero le entregó a las FARC ese proceso, acabaron con la fumigación, pasando entonces de 40.000 hectáreas a 90.000 en el primer año, a 150.000 en el segundo año y a 250.000 en el tercero, eso es lo que nos ha dejado el expresidente Santos». «No nos dejó la paz en Colombia, sino más violencia, financiada por el narcotráfico, siendo la situación que hoy ha tocado a Iván Duque», indica.

ACTUAR DE FORMA UNIFICADA

En clave política, ha hecho referencia a las cuatro elecciones, a su juicio «fundamentales», que se celebran el próximo año en Chile, Brasil, Colombia y Honduras.

«Si perdemos estos países es muy difícil recuperar para la región de nuevo la posición que actualmente tenemos, por eso la importancia de unificarlos en ese proceso, consolidarlos, trabajar de la mano como partidos de centro y de centro-derecha para evitar que el socialismo del siglo XXI llegue a la Región».

El presidente del PP regional, Fernando López Miras, ha destacado que «la única garantía» de que el primer Consejo de Ministros de la próxima legislatura «se hable del Mar Menor y se tomen decisiones urgentes» al respecto es que al frente del Gobierno de España esté el líder del Partido Popular, Pablo Casado.

López Miras ha hecho estas declaraciones en la quinta jornada de la Convención Nacional del PP celebrada en Cartagena, donde ha participado en la mesa titulada ‘No hay bienestar sin libertad y seguridad’ junto al ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, con la asistencia del presidente del PP nacional, Pablo Casado.

Durante su intervención, López Miras ha hablado del Mar Menor y ha recordado que el Gobierno de Sánchez ha aprobado este año el dragado de las golas en la Albufera de Valencia «porque es imprescindible para proteger el ecosistema». «Ya sabemos quien gobierna allí en Valencia», ha aseverado.

Ha recordado que, en el Mar Menor, «históricamente y periódicamente se ha dragado la gola de Marchamalo», tal y como se hizo en 2011 y 2017. «Ahora, los científicos nos dicen que es imprescindible dragarlo para que el agua se oxigene y la respuesta es que no». Por tanto, cree que «no se nos está tratando igual a todas los españoles y se nos están quitando oportunidades».

En este sentido, ha instado a «no dar nada por sentado» y ha criticado que actualmente «no hay igualdad de oportunidades» porque «hay un gobierno que prioriza algunos españoles frente a otros y que, incluso, permite que algunas comunidades vulneren el Estado de Derecho». A su juicio, «si queremos que todos lo españoles sean iguales, la única solución se llama PP y Pablo Casado».

«UNA DE LAS MAYORES TROPELÍAS»

Ha destacado que la igualdad es un término «íntimamente ligado» a la libertad. «Los españoles viven en libertad, pero no tienen las mismas oportunidades», según el presidente del PP regional, quien ha lamentado que el Gobierno de Sánchez, del PSOE y de Podemos «está tomando decisiones que discriminan a unos españoles respecto a otros».

«Hoy se comete una de las mayores tropelías contra los ciudadanos de la Comunidad porque deja de haber trenes de Cercanías en la Región hasta 2025», según López Miras, quien ha lamentado que «1,2 millones de pasajeros se han quedado sin su desplazamiento para ir a estudiar, para ir al trabajo, para ir a recibir su atención sanitaria».

Todo ello, advierte, cuando otras comunidades como Valencia o Extremadura, con actuaciones similares, «se ha compatibilizado las obras con el servicio». «Garantiza la libertad es tener ese transporte al que tenía que ir a trabajar o estudiar», según el presidente murciano.

En este sentido, ha criticado que «no se trata igual a todos los españoles» porque «otras comunidades reciben hasta 45 puntos más de financiación que la Región. Así, ha señalado que la Región deja de recibir, cada día, 2 millones con respecto a la media de las autonomías, es decir, «800 millones de euros menos cada año respecto al resto de comunidades».

«Con 800 millones, cada año podemos construir 140 centros de salud, 250 colegios, 157 institutos, 100 kilómetros de autovías, o poner en marcha 33.000 plazas de residencias para nuestros mayores», según el presidente del PP murciano, quien ha remarcado que «sí se les están quitando oportunidades a los ciudadanos de la Región».

«CASADO, UN VERDADERO LÍDER»

López Miras ha considerado «necesaria» la Convención del PP y ha felicitado a Casado por su celebración. «Hemos podido demostrar a toda España que el PP tiene proyecto y que es necesario que llegues cuanto antes a la Presidencia porque Pedro Sánchez está en tiempo de descuento», ha transmitido al presidente nacional del PP, quien cree que ha sido reconocido «por toda la sociedad» como un «verdadero líder».

También ha dado las gracias a Casado por que haya elegido que la Convención itinerante finalizara en la Región, «la mejor tierra del mundo». Así, le ha agradecido que «siempre» tenga presente a la Comunidad de Murcia en su «día a día», y ha celebrado que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, «sea uno de los más firmes defensores de la Región, el murciano más importante desde el Conde de Floridablanca».

En su discurso, López Miras ha ensalzado la «libertad y seguridad como garantes del Estado del Bienestar». A su juicio, hay dos dimensiones de libertad cuando se habla actualmente de estas reflexiones. «Pastrana hablará de una dimensión de libertad que se basaba en restablecer el orden en un estado fallido y la seguridad incluso para la vida de las personas; mientras que nosotros hablamos de ella, afortunadamente en un escenario diferente pero no menos trascendental».

Ha destacado que, al hablar de libertad en España «hablamos de una dimensión diferente, pero no podemos dar nada por sentado porque la amenaza siempre está ahí». De hecho, ha advertido que «hay una opción política representada en el Congreso y el Gobierno: la izquierda radical populista que basa su modelo de país en muchos de los países latinoamericanos que han tenido regímenes que han tenido el resultado que todos conocemos».

«LA REGIÓN: EL MAYOR ESPACIO DE LIBERTAD DEL MEDITERRÁNEO»

En este sentido, López Miras ha subrayado su intención de convertir a la Región en «el mayor espacio de libertad económica del Mediterráneo y también social para llegar al estado del Bienestar». Para conseguirlo, ha explicado que el Gobierno murciano está aplicando «la hoja de ruta que Casado ha desgranado, garantizando la libertad del individuo».

«Cuando hablamos de educación, tenemos que tomar decisiones que garanticen la libertad de los ciudadanos tal y como se propone hacer Casado», según López Miras, quien ha reprochado que el Gobierno central «ha legislado en sentido contrario» consiguiendo que sean los políticos los que eligen el modelo educativo de «nuestros hijos».

En cambio, ha subrayado que, en la Región de Murcia, siguiendo «escrupulosamente» la ley, su Gobierno ha «garantizado la libertad de las familias». «Podemos decir que, para este curso 2021-2022, el 95% de las familias de la Región han decidido cuál es el modelo educativo de sus hijos», ha destacado.

Asimismo, ha destacado que su objetivo es «avanzar en la libertad en la Sanidad» y, para ello, ha admitido que el primer paso es que «haya sanidad universal y gratuita», pero cree que «no basta que lo recoja el ordenamiento jurídico» sino que las comunidades tienen que garantizar «la misma sanidad por igual para todos los españoles, en tiempo y forma».

«No estaremos garantizando la misma Sanidad si las listas de espera son excesivas o si no hay los mismos recursos en todas las comunidades», según López Miras, quien ha recordado que Murcia destina casi el 50% del presupuesto anual a este fin, uno de los «mayores porcentajes por comunidades».

«Garantizamos también la libertad de los individuos para que destinen sus recursos a los que decidan, aliviando los impuestos», según López Miras.

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado el «ejemplo de libertad económica y defensa de las libertades» que supone el PP en el escenario político actual.

«No hay bienestar sin seguridad y sin libertad», ha asegurado Arroyo, quien ha puesto de relieve que España necesita al líder de los ‘populares’, Pablo Casado, para impulsar, entre otros, una «justicia independiente» y «seguridad en nuestras fronteras».

Igualmente, la regidora de Cartagena ha dicho que el Gobierno murciano, liderado por López Miras, es «ejemplo en España» de libertad económica, como también lo fue el Ejecutivo colombiano encabeza por Andrés Pastrana, quien «se encontró un estado fallido y puso un país en marcha».

La Fiscalía de Madrid solicita dieciséis años de prisión para A. G. M. por el intento de asesinato de su expareja contra quien disparó dos tiros a la cabeza sin que ninguno de ellos llegara a alcanzarle, hechos por los que será juzgado el próximo jueves en la Audiencia de Madrid.

El representante del Ministerio Público sostiene que, como manifestación de su poder de control sobre la vida de la mujer, primero trató de amedrentarla con amenazas de muerte para más tarde intentar asesinarla «al no aceptar la ruptura (sentimental), así como que la misma rehiciera su vida con terceras personas».

Según el fiscal, el acusado no llegó a aceptar la ruptura de la relación sentimental que mantuvo desde septiembre de 2016 y a lo largo de seis meses con I. L.. Tan es así, que durante varias semanas, A. G.M. se acercó en «algunas» ocasiones a la mujer «con ánimo de amedrentarla» porque le amenazaba con darle una paliza si le veía con otro hombre.

El escrito de acusación señala que a finales de mayo de 2017 A. G. M. se acercó a su expareja mientras ella se encontraba en el parque en compañía de su hijo de cinco años, fruto de otra relación. En ese preciso instante, el acusado sacó una pistola y le advirtió de que si la encontraba con otro hombre iba a matar a los dos.

El 2 de junio el acusado regresó al mismo parque. Allí encontró a la mujer «conversando tranquilamente con un grupo de familiares y amigos» en compañía de su hijo cuando, según la Fiscalía, de forma «inopinada» y sorpresiva» se aproximó a su expareja y le apuntó en la sien con una pistola mientras le decía «conmigo no se juega».

A continuación, efectuó dos tiros sobre cabeza de la mujer «no causándole lesión física alguna al desviarse finalmente el arma de su trayectoria».

El acusado fue detenido el 7 de junio del 2017 y como consecuencia de estos hechos ingresó en prisión provisional el día 8 de junio del 2017 siendo puesto en libertad, con control telemático de las medidas cautelares acordadas mediante auto de fecha 11 de agosto del 2017, acordándose la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional. Se le imputan los delitos de amenazas graves y asesinato en grado de tentativa.

Anticapitalistas ha iniciado una campaña para reclamar al Gobierno que convoque un referéndum para que la ciudadanía marque el camino a seguir ante la subida del precio de la luz y regular el alquiler frente a los «fondos buitre».

La formación ha adoptado esta iniciativa siguiendo la senda de la consulta desplegada recientemente en Berlín (Alemania), con un resultado a favor de expropiar cerca de 240.000 viviendas propiedad de grandes tenedores.

Para Anticapitalistas el referéndum está justificado ante el «ascenso desorbitado» al precio de la luz, la «insoportable» tasa de paro juvenil, la «precariedad» laboral «cronificada» y la situación de los alquileres en grandes urbes.

El portavoz de Anticapitalistas, Raúl Camargo, ha declarado que «el gobierno progresista llegó con la promesa de legislar sobre algunoselementos claves: poner orden al mercado inmobiliario garantizando el acceso a una vivienda digna y promover una transición ecológica y energética justa, la derogación de las reformas laborales del PP y el PSOE, entre otras cosas».

Sin embargo, ha añadido que «las reformas que ha ido planteando sobre el sector de la vivienda y del mercado eléctrico son más que insuficientes o, en el caso de la vivienda, siguen aparcadas». «¿Quéhay más trascendente ahora que regular el mercado eléctrico y el mercado de la vivienda?», ha cuestionado.

Su compañero y eurodiputado Miguel Urbán ha explicado que el objetivo de la campaña consiste en plasmar bajo la fórmula del referéndum un «debate que forma parte de la sociedad».

«¿Por qué entonces no preguntarle directamente a la ciudadanía? Creemos que el Gobierno debe convocar un referéndum para que sea la ciudadanía quien ofrezca una decisión democrática sobre cuestiones que nos afectan de forma directa en nuestra vida cotidiana: el mercado de la vivienda y el mercado eléctrico», ha enfatizado.

Y es que ha explicado que el presidente del Gobierno tiene la potestad de poner en marcha un referéndum, como le faculta la propia Constitución y la Ley Orgánica 2/1980.

La también portavoz de Anticapitalistas, Lorena Cabrerizo, ha señalado que el Ejecutivo no debe temer a una consulta sino a los «chantajes permanentes de las grandes compañías eléctricas y de los fondos buitres que arrasan nuestros barrios».

Por tanto, lanzarán una web específica para desplegar esta campaña y desplegarán mesas de información en los barrios para animar a la sociedad a sumarse a esta iniciativa.

El PSOE quiere que el responsable de Justicia del PP y consejero del ramo en la Comunidad de Madrid, Enrique López, comparezca ante la comisión del Congreso que investiga la operación ‘Kitchen’ y que se llame también al director de la cárcel de Soto del Real cuando sucedieron los hechos investigados, así como a una nueva tanda de policías.

Estos nombres forman parte del listado de comparecientes registrado por los socialistas para la que se prevé esa la última fase de una investigación parlamentaria que arrancó el pasado mes enero y se prevé concluya finales de diciembre.

En la propuesta del PSOE, que previsiblemente saldrá aprobada cuando la comisión Kitchen se reúna el próximo martes para definir nuevas comparecencias, destaca la figura de Enrique López, consejero de Justicia de Isabel Díaz Ayuso e interlocutor del PP con el Gobierno para la hasta ahora frustrada renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En 2017, cuando era juez de la Audiencia Nacional, López medió entre el entorno de Bárcenas y los abogados del PP, pero según se señaló cuando se publicó esa información, se limitó a ponerles en contacto sin llevar a cabo ninguna gestión relativa al ‘caso Bárcenas’.

QUE REPITA COSIDÓ

El PSOE no incluye el nombre del actual líder del PP, Pablo Casado, que sí reclaman sus socios de Unidas Podemos, además de ERC y Junts. Sin embargo, solicita que vuelva a ser interrogado el que fuera director general de la Policía Ignacio Cosidó, que se llame también a quien fue su jefe de Gabinete Pedro Agudo y a Ignacio Ulloa Rubio, que fue secretario de Estado de Seguridad con el ministro Jorge Fernández Díaz entre enero de 2012 y enero de 2013.

Y es que la intención de los socialistas, según han explicado fuentes del partido, es que la comisión indague sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas también dentro de la cárcel de Soto del Real.

Por eso, plantean llamar a declarar en sede parlamentaria a quien dirigió ese centro entre 2012 y 2020, José Luis Argenta. Durante su declaración ante el juez Manuel García Castellón el pasado verano, Argenta negó que informara a Interior de los movimientos de Bárcenas, pero admitió que sí podría haberse hecho desde la inspección, que dependía de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Igual que Unidas Podemos, el PSOE propone que se convoque ante la comisión de investigación a Isidro Sánchez Suárez, preso compañero de Bárcenas que supuestamente fue contratado para borrar de la nube información del extesorero.

Otra de las personas cuya comparecencia solicita es José Luis Ortiz Grande, jefe de Gabinete de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha (2011-2015) y como ‘numero dos’ del PP (2008-2018).

También figuran en el listado la propia Cospedal, el exministro Fernández Díaz y el ex presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, cuyas comparecencias ya se aprobaron cuando arrancó la comisión pero están pendientes de celebración.

PRESIONES A POLICÍAS DE GÜRTEL

Además, los socialistas buscan ampliar las pesquisas sobre las presiones a las que se sometió a los primeros investigadores de la trama ‘Gürtel’ y de las que ya dio cuenta ante la comisión el que fuera responsable de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Manuel Morocho.

Para la nueva tanda de comparecencias de policías que sugieren los socialistas figuran los nombres del Comisario general de Policía entre julio de 2012 y octubre de 2013, José García Losada; el agente en excedencia Enrique Báez Tabasco y el inspector jefe de la Policía y exjefe de la Sección de Vigilancias y Seguimientos de la Unidad de Asuntos Internos Jesús Vicente Galán Martínez, cuya presencia reclaman también Unidas Podemos.