El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha sostenido este jueves que, debido a las perspectivas de inflación para la eurozona, "no se puede descartar" que las condiciones que el Banco Central Europeo (BCE) para retirar estímulos monetarios "se cumplan antes de lo que esperábamos hace unos meses".

Como resultado de ello, "los movimientos en la política monetaria hacia la normalización parecen más probables", ha afirmado De Cos durante su intervención en la presentación de la IX edición del Anuario del Euro 2022, organizado por la Fundación de Estudios Financieros y la Fundación ICO, con la colaboración de Bruegel.

Sin embargo, en su discurso, De Cos ha insistido en la necesidad de realizar este proceso de normalización de las políticas monetarias "de manera gradual y flexible", al "no ver ninguna razón para reaccionar de forma exagerada".

En este sentido, el gobernador del Banco de España ha llamado a tener en cuenta el medio plazo en el que se mueve la orientación de las políticas monetarias del BCE. Así, ha explicado que los 'shocks' de demanda suelen tener un horizonte temporal más corto, de en torno a dos años, mientras que los de oferta suelen contar con un horizonte temporal mayor.

En un contexto en el que las expectativas de inflación permanecen en torno al objetivo del 2% simétrico, la economía se enfrenta a un shock de precios exógeno", por lo que un "endurecimiento prematuro" de la política monetaria "solo se sumaría a las consecuencias negativas de ese choque de demanda y, por tanto, para la inflación en el medio plazo".

Además, ha justificado la flexibilidad y gradualidad de la normalización por el escenario de "alta incertidumbre", incluyendo las tensiones geopolíticas en Ucrania. Por tanto, el BCE "no debería constituir una fuente adicional de incertidumbre, sino que debería mantener un rumbo claro, gradual y predecible para su política" monetaria.

Asimismo, ha indicado que las estimaciones del tipo de interés natural de la eurozona "siguen siendo muy bajas", lo que debería de servir como guía en torno a la cual los tipos de interés de referencia del BCE "podrían estabilizarse a largo plazo".

Por último, De Cos ha defendido la flexibilidad de la política monetaria en el objetivo de "evitar la fragmentación financiera en la zona euro", teniendo en cuenta que el impacto de la pandemia de Covid-19 "ha sido y sigue siendo muy hetereogéneo entre países y sectores".

"La dirección en la que debemos encaminarnos está clara, pero no debemos sacar conclusiones prematuras en cuanto al marco temporal", ha indicado De Cos, quien también ha recordado que para implementar la primera subida de tipos de interés "se deben cumplir tres condiciones".

En concreto, los tipos de interés oficiales del BCE continuarán en sus niveles actuales, o en niveles inferiores, hasta que observe que la inflación se sitúa en el 2% bastante antes del final de su horizonte de proyección y de forma duradera en el resto de dicho horizonte, y considere que el progreso realizado de la inflación subyacente está suficientemente avanzado para ser compatible con una estabilización de la inflación en el 2% a medio plazo.

El gobernador ha explicado que estas condiciones, ligadas a las perspectivas de inflación en el medio plazo y vinculadas al IPC subyacente, buscan evitar ese "endurecimiento prematuro" ante aumentos de la inflación por encima del objetivo "cuando estos se consideran temporales o causados por algún elemento volátil o exógeno, como los precios de la energía".

Además, ha señalado la importancia de la "estrategia de salida" de las políticas monetarias acomodaticias, "mediante la cual no subiremos los tipos hasta que no se finalicen las compras netas en el marco de nuestro programa de compra de activos", es decir, el programa de compras APP.

INFLACIÓN Y MERCADO LABORAL

Sobre el posible traslado de una inflación alta al mercado laboral, De Cos ha señalado que el aumento de los precios en 2022 incrementa la probabilidad de efectos secundarios, en un contexto de mejora del mercado laboral de la eurozona.

"El hecho de que la inflación se mantenga por encima del 2% durante el resto de este año (aunque en una senda de desaceleración), presionará al alza, no solo las negociaciones salariales de este año, sino también las del próximo".

Además, señala que cada vez más empresas "identifican la escasez de mano de obra como un factor limitante de su producción", lo que podría producir efectos de segunda ronda.

"Si bien los aumentos salariales excesivos generalizados en el contexto actual serían contraproducentes, los aumentos consistentes con el crecimiento de la productividad y la demanda de cada empresa individual son claramente deseables", ha explicado De Cos.

ABOGA POR INCREMENTOS SALARIALES "EQUILIBRADOS"

Así, considera que los aumentos salariales "equilibrados" contribuirían a conseguir el objetivo simétrico de inflación del 2%, así como a evitar la aparición de efectos de segunda ronda "no deseados".

De esta forma, Hernández de Cos ha afirmado que, en el medio plazo, la expectativa es que la inflación "se modere", mientras que señala que el crecimiento de los salarios "sigue siendo moderado", al tiempo que ha desligado la situación de la eurozona de la que experimenta Estados Unidos, donde los niveles de actividad económica "se han recuperado por completo" frente a los registrados antes de la pandemia de Covid-19.

X-Elio ha cerrado un acuerdo de financiación por 6.160 millones de yenes (unos 47 millones de euros) para su planta solar fotovoltaica de Sodegaura en Japón con Société Générale e ING, informó la compañía.

En concreto, la financiación obtenida a través de este acuerdo se destinará a la construcción, explotación y gestión de la planta solar fotovoltaica de 16 megavatios (MW) de Sodegaura, situada en la prefectura japonesa de Chiba, en la bahía de Tokio.

Se espera que la planta esté conectada a la red en el cuarto trimestre de este año y proporcionará más de 19 MWh de energía renovable al año, compensando más de 9.400 toneladas de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Las obras de construcción están a cargo de Solarig Japan Services G.K., que comenzaron el pasado mes de agosto y avanzan según el calendario previsto.

El director financiero de X-Elio, David Díaz, señaló que el cierre de este acuerdo "es otro logro de la empresa en Japón" y "cristaliza" su capacidad "para conseguir financiación competitiva con las principales instituciones financieras del mundo".

La organización de autónomos Uatae ha pedido al Instituto Nacional de Estadística (INE) que, al igual que publica una encuesta anual de estructura salarial, analice también la situación económica de los autónomos, colectivo que supera los 3,3 millones de trabajadores.

"Cuestiones cruciales como la brecha de género entre autónomos y autónomas en materia retributiva no existen oficialmente, porque la administración las ignora", ha denunciado en un comunicado la secretaria general de Uatae, María José Landaburu.

Por ello, Landaburu ha pedido al presidente del INE, Juan Ramón Rodríguez Poo, "que se comprometa a subsanar este agravio incomprensible".

"El INE es una institución de enorme prestigio que presta un servicio solvente a la sociedad española con sus diferentes encuestas y estudios, que son útiles para actuar, por ejemplo, sobre la discriminación de género, y por eso debe llegar también hasta el trabajo autónomo", ha subrayado Landaburu.

Uatae reconoce que al no percibir un salario y tener un sistema retributivo de ingresos muy diverso, puede resultar más complejo componer una visión global del colectivo de autónomos, pero recuerda que los datos están en poder de Hacienda.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un extracto de la orden de 14 de febrero de 2022 por la que se convocan ayudas destinadas al fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico para 2022, con un presupuesto total de 909.270 euros.

En concreto, estas ayudas están reguladas por el Real Decreto 1009/2015, de 6 de noviembre, recientemente modificado por el Real Decreto 1056/2021, de 30 de noviembre para ampliar su objeto, y tienen como objetivo principal fomentar el asociacionismo agroalimentario.

De esta forma, se apoyan los procesos de fusión e integración promovidos por sociedades cooperativas agrarias, grupos cooperativos, cooperativas de primer, segundo y ulterior grado o cualquier otra entidad que esté formada mayoritariamente por sociedades cooperativas agrarias, o sociedades agrarias de transformación cuyo ámbito sea superior al de una comunidad autónoma.

Agricultura ha precisado que se subvencionan los gastos derivados del proceso de integración o de la realización del acuerdo intercooperativo, tales como la constitución, auditorías, asesoramiento o estudios previos, así como los gastos propios de la gestión anual de la entidad o acuerdo resultante.

Asimismo, se subvencionan los gastos originados por los estudios previos a la realización de procesos de integración. Con estas subvenciones se busca facilitar la creación de estructuras empresariales de mayor dimensión, integrando a entidades asociativas, que faciliten la cooperación interterritorial e implantar los servicios y los medios adecuados para mejorar su eficiencia y su rentabilidad.

Las solicitudes de ayuda se podrán presentar en el plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE.

Estas ayudas están sujetas al régimen de mínimis, en aplicación del artículo 3 del Reglamento Nº 1407/2013 de la Comisión Europea, de 18 de diciembre de 2013, y en concurrencia competitiva.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un extracto de la orden de 14 de febrero de 2022 por la que se convocan ayudas destinadas al fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico para 2022, con un presupuesto total de 909.270 euros.

En concreto, estas ayudas están reguladas por el Real Decreto 1009/2015, de 6 de noviembre, recientemente modificado por el Real Decreto 1056/2021, de 30 de noviembre para ampliar su objeto, y tienen como objetivo principal fomentar el asociacionismo agroalimentario.

De esta forma, se apoyan los procesos de fusión e integración promovidos por sociedades cooperativas agrarias, grupos cooperativos, cooperativas de primer, segundo y ulterior grado o cualquier otra entidad que esté formada mayoritariamente por sociedades cooperativas agrarias, o sociedades agrarias de transformación cuyo ámbito sea superior al de una comunidad autónoma.

Agricultura ha precisado que se subvencionan los gastos derivados del proceso de integración o de la realización del acuerdo intercooperativo, tales como la constitución, auditorías, asesoramiento o estudios previos, así como los gastos propios de la gestión anual de la entidad o acuerdo resultante.

Asimismo, se subvencionan los gastos originados por los estudios previos a la realización de procesos de integración. Con estas subvenciones se busca facilitar la creación de estructuras empresariales de mayor dimensión, integrando a entidades asociativas, que faciliten la cooperación interterritorial e implantar los servicios y los medios adecuados para mejorar su eficiencia y su rentabilidad.

Las solicitudes de ayuda se podrán presentar en el plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE.

Estas ayudas están sujetas al régimen de mínimis, en aplicación del artículo 3 del Reglamento Nº 1407/2013 de la Comisión Europea, de 18 de diciembre de 2013, y en concurrencia competitiva.

UGT ha pedido este jueves un plan de choque contra la siniestralidad laboral que incluya los riesgos psicosociales y las causas de los accidentes, y que cuente, además, con mayores recursos para garantizar el cumplimiento de la normativa.

El sindicato considera que el Plan de Choque presentado a comienzos de diciembre de 2021 por el Ministerio de Trabajo y Economía Social "se queda corto" para reducir la siniestralidad en el trabajo y ha instado al Gobierno a abrir una mesa de diálogo social para elaborar una nueva estrategia que aborde estos problemas de "manera más definida".

La secretaria de Salud Laboral de UGT, Ana García de la Torre, ha insistido este jueves en que la solución no pasa por aumentar las sanciones a las empresas sino "por alcanzar la ratio recomendada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de inspectores de trabajo" y mejorar los recursos de la Inspección.

Durante la rueda de prensa de presentación de una guía de prevención de riesgos laborales, García de la Torre también ha denunciado que las empresas siguen viendo la prevención de riesgos laborales como "un tema de segundo orden", además de como "un gasto y no una inversión.

"La salud laboral es una asignatura pendiente en las empresas y en las políticas de nuestro país", ha añadido.

UGT ha contabilizado 35 muertes laborales en lo que va de año, aunque este registro no es oficial. No obstante, también se han referido al avance de los datos de 2021 del Ministerio de Trabajo.

Esas cifras arrojan 1.137.523 accidentes de trabajo en 2021, de los que 705 fueron mortales. Así, a lo largo del año pasado se produjeron 1.137 los accidentes laborales diarios y dos muertos en accidente laboral al día.

PRECARIEDAD LABORAL Y SINIESTRALIDAD

El portavoz de Revolución Ugetista (RUGE), Eduardo Magaldi, ha expuesto los datos de siniestralidad laboral en la población de entre 16 y 24 años, "más expuestos a trabajos deficientes" que pueden terminar en accidentes o enfermedades.

Los datos provisionales de 2021 muestran que los trabajadores de entre 16 y 35 años sufrieron 137.069 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral, un 28% del total. De esos, 588 fueron graves y 53 mortales.

Magaldi confía en que la aplicación de la reforma laboral, con sus restricciones a la temporalidad, también se traduzca en una reducción de los accidentes laborales entre los trabajadores jóvenes.

El banco británico Standard Chartered, presidido por el español José Viñals, obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.315 millones de dólares (2.036 millones de euros) al cierre del ejercicio 2021, lo que supone multiplicar por tres el resultado de 724 millones de dólares (637 millones de euros) contabilizado un año antes, informó la entidad.

En el último ejercicio, Standard Chartered registró una caída del 0,3% de los ingresos operativos, hasta un total de 14.701 millones de dólares (12.929 millones de euros).

Los ingresos por intereses netos bajaron un 0,8% en el ejercicio, hasta 6.798 millones de dólares (5.979 millones de euros), mientras que los ingresos por comisiones de la entidad alcanzaron los 3.722 millones de dólares (3.273 millones de euros), un 17,8% más.

"No hemos logrado los rendimientos que buscamos para los inversores", ha reconocido la entidad, señalando el impacto de la Covid-19 en su estrategia y añadiendo que ha llevado a cabo una revisión integral de su modelo de negocio tras la que ha llegado a la conclusión de que debe hacer cambios para acelerar su camino hacia la meta del 10% de RoTE para 2024.

De este modo, la entidad acelerará la ejecución e implementará planes para simplificar su negocio, incluyendo una inversión de 300 millones de dólares (264 millones de euros) en China para duplicar la contribución de este país a los resultados.

Asimismo, el banco pretende alcanzar un ajuste de sus costes mediante mejoras de eficiencia de unos 1.300 millones de dólares (1.143 millones de euros) en sus costes brutos para ayudar a compensar el impacto de la inflación y crear espacio para inversiones.

Por otro lado, Standard Chartered lanzará un programa de recompra de acciones propias de 750 millones de dólares (660 millones de euros), triplicando el alcance del anterior plan de recompra de la entidad.

El número de empleados de la industria farmacéutica innovadora en España ha alcanzado los 44.068 ocupados, tras registrar un crecimiento medio anual superior al 2% durante el último cuatrienio (2017-2021), a pesar de que los dos últimos ejercicios han estado marcados por la pandemia de COVID-19, según la última encuesta sobre el 'Empleo en la industria farmacéutica innovadora 2021' realizada por Farmaindustria entre sus asociados.

De hecho, sólo en 2021, la industria farmacéutica innovadora contrató a 5.756 personas, y las previsiones para este año indican que se mantendrá la tendencia.

Esto significa que el sector da trabajo hoy a más de 210.000 personas en España si se suman los empleos indirectos e inducidos, teniendo en cuenta que cada empleo directo en la industria farmacéutica genera hasta cuatro indirectos o inducidos, de acuerdo con el informe 'El valor del medicamento desde una perspectiva social 2021'.

Más allá del número, un 93,4% de los contratos son indefinidos y sólo el 1% es a tiempo parcial, frente a la media nacional del 18,1%.

La alta cualificación es otra de las claves de este tipo de empleo, con un 64,4% de profesionales titulados, un porcentaje que se eleva al 90% en el área de I+D, y muy superior a la media española, que se sitúa en el 46%.

Este indicador viene creciendo cada año, y tres de cada cuatro personas contratadas por las compañías farmacéuticas en 2021 tenían una titulación superior, según el informe.

El mayor crecimiento se concentra en el colectivo más joven (<30 años), que ha crecido a un ritmo medio anual del 10% en el período 2017-2021, y en el más veterano (>54 años), con un crecimiento medio anual del 8,4%, que son los colectivos que presentan mayores tasas de paro en la economía española.

Las contrataciones de menores de 30 años son las que han experimentado un mayor crecimiento en los últimos años: sólo el año pasado uno de cada tres contratos (36,9%) fueron firmados por jóvenes, lo que supone un incremento relevante con respecto a la encuesta anterior.

Por otra parte, más del 53% de las personas que trabajan en la industria farmacéutica innovadora son mujeres (la media nacional está en un 26%), un porcentaje que se eleva al 67% en los departamentos de I+D. En concreto, la plantilla de mujeres ha crecido en los últimos 4 años a un ritmo medio anual del 2,8 %.

Asimismo, el sector farmacéutico presenta tasas muy superiores a la media empresarial en los puestos de dirección. Los comités de dirección de las compañías farmacéuticas cuentan con un 44,8%, cuando la media de las grandes empresas del Ibex 35 se sitúa en el 17,6%. Además, el 20,3% de los primeros ejecutivos son mujeres, frente a la media del 3,6% en el Ibex.

"La industria farmacéutica es uno de los sectores con mayor capacidad de influencia positiva sobre la sociedad española. Contribuimos a la salud de las personas a través de la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, que, como hemos comprobado con esta terrible pandemia, cada vez son más relevantes para nuestro bienestar. Pero nuestra aportación y nuestro compromiso van más allá, y la apuesta por el empleo de calidad, por la promoción del talento y por la igualdad son también una manera de contribuir al desarrollo de nuestro país", ha afirmado el presidente de Farmaindustria, Juan López-Belmonte.

La Justicia madrileña ha anulado las nuevas barreras contra las estaciones de servicio automáticas impuestas por parte de los ayuntamientos, en concreto el de Alpedrete, según informó la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae).

En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón a la patronal al anular los artículos que impedían la libertad de establecimiento de las estaciones de servicio automáticas a través de la Ordenanza Reguladora de la Instalación de Surtidores de Venta de Combustible del Ayuntamiento de Alpedrete (Madrid).

Esta ordenanza, en sus artículos 12, 16.1, 19 y 20, exigía a las nuevas instalaciones una distancia mínima de los surtidores de combustible a las vías públicas circundantes (calzadas y aceras) de 15 metros; franjas de separación con las zonas residenciales; y una distancia de 50 metros con elementos arquitectónicos. Además, exigía una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados de superficie de la parcela ocupada por la instalación.

El fallo reconoce que estas exigencias no estaban motivadas y atentaban contra el principio de libre mercado al impedir la instalación de gasolineras automáticas, y finalmente eran contrarias al ordenamiento jurídico, añade Aesae.

El presidente de la patronal, Manuel Jiménez Perona, consideró que esta sentencia representa "un aviso para aquellos ayuntamientos que están impidiendo la implantación de las gasolineras automáticas en sus localidades".

"A través de trabas como exigir una distancia mínima con otras infraestructuras o plazas de aparcamiento en la estación, se está vulnerando el derecho a libre mercado y libre competencia perjudicando directamente a sus habitantes", añadió.

Además, Aesae señala que la evolución de las barreras a las gasolineras automáticas ha pasado de ser de ámbito nacional, a un marco autonómico, para finalmente centrarse en el ámbito local.

Por este motivo, y con la experiencia demostrada durante los últimos años, con la ratificación de la experiencia durante la pandemia del Covid-19, y "la explosión de los precios de los carburantes", Aesae pide a los consistorios que "eviten imponer restricciones sin fundamento a las estaciones automáticas, y piensen en los beneficios que para el consumidor tiene el aumento de la competencia en el sector".

Telefónica implanta Eco Rating, sistema de etiquetado que identifica los teléfonos móviles más sostenibles, en todos sus mercados, con la última extensión a sus operaciones en los países de Latinoamérica donde está presente la operadora, según ha anunciado la compañía este jueves.

Este sistema, que ya se había implementado en España, Alemania, Reino Unido y Brasil, llega ahora a siete de sus ocho operaciones en América del Sur (Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú y UIruguay), con la excepción de Venezuela, al no comercializar allí dispositivos.

Este anuncio allana el camino para que Eco Rating se convierta en un sistema de etiquetado estandarizado global, que ofrezca a los consumidores de todo el mundo información sobre el impacto medioambiental de sus móviles y les permita incorporarla en decisiones de compra.

Desde su lanzamiento en mayo de 2021, Eco Rating ha duplicado el número de dispositivos calificados, llegando a evaluar 200 modelos de teléfonos móviles de 16 fabricantes distintos.

A partir de la información proporcionada por los fabricantes de los móviles, cada teléfono se evalúa exhaustivamente y se le asigna una puntuación global de Eco Rating de un máximo de 100 para señalar el comportamiento medioambiental del dispositivo.

En su metodología, Eco Rating aplica una evaluación basada en 19 criterios, entre los que destacan cinco aspectos claves de sostenibilidad como la durabilidad, la reparabilidad, la reciclabilidad y la eficiencia en materia climática y de utilización de recursos.

El compromiso de Telefónica con el medioambiente es un pilar fundamental en su acción, haciendo girar todas sus acciones en torno a la reducción de su impacto ambiental, destacando actualmente su objetivo de convertirse en una empresa cero residuos que ya recicle el 98% de su producción.

Con esta iniciativa, además de promover la economía circular y el consumo responsable, Telefónica fomenta la innovación y puesta en marcha de acciones más favorables al medio ambiente en todo el ciclo de vida de los terminales, especialmente entre sus proveedores.

El Gobierno de España descarta pedir que se amplíe la búsqueda de los marineros desaparecidos tras el naufragio del 'Villa de Pitanxo' otras 24 horas, como ha solicitado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y ha apuntado que ya se hicieron gestiones para que ese rastreo se extendiera durante 36 horas, pese a que el protocolo de las autoridades canadienses, en esa zona y en esas condiciones meteorológicas, establece un plazo de búsqueda de 23 horas.

Así lo ha trasladado del Delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, al ser preguntado en Vigo por esa petición de Núñez Feijóo. Según ha apuntado Miñones, la Embajada de España en Canadá ya hizo "gestiones" para que las labores de rastreo se extendieran hasta las 36 horas, a pesar de que los protocolos de rescate canadienses, en malas condiciones meteorológicas y de mar no prevén búsquedas "de más de 23 horas".

Por ello, el Gobierno descarta solicitar una nueva prórroga de las tareas de rescate y se centrará en la gestión de la repatriación de los tres marineros supervivientes y de los nueve fallecidos cuyos cuerpos han podido ser recuperados, que se encuentran a bordo de tres buques, navegando en dirección al puerto de Saint John.

Las autoridades canadienses dieron por finalizadas en la tarde de este miércoles las labores de búsqueda de los 12 tripulantes que permanecen desaparecidos tras el naufragio. Según confirmó un portavoz del Centro de Coordinación de Rescate en Halifax, la búsqueda activa de la tripulación desaparecida ha finalizado y ahora pasará bajo los mandos de la policía, que lo tratará como un caso de personas desaparecidas en el mar.

Así, en redes sociales aclararon que a las 16.00 horas, "después de los resultados de la búsqueda exhaustiva realizada por un número significativo de aeronaves y embarcaciones durante las últimas 36 horas", se decidió suspender la búsqueda de los 12 pescadores desaparecidos.

En total, conformaban la tripulación del 'Villa de Pitanxo', con puerto base en Marín y cuyo armador es el Grupo Nores, un total de 24 trabajadores. El balance del rescate arroja la cifra de 12 marineros desaparecidos y nueve cuerpos recuperados, mientras que los tres supervivientes son el patrón del barco, Juan Padín, su sobrino, Eduardo Rial Padín, y el joven ghanés Samuel Kwesi, residente en Marín, y cuya mujer y cinco hijos viven en África.

La plataforma hipotecaria Finteca ha llegado a un acuerdo de colaboración con la aseguradora Caser para comercializar hipotecas inversas en España, según han informado ambas entidades este jueves.

Finteca espera ampliar el número de contrataciones de hipotecas inversas en el mercado español, que aún está por explotar y cuenta con elevado potencial, asegura. "En España solo se firmaron 149 hipotecas inversas en 2019, una cifra minúscula comparada con las más de 40.000 que se completaron el mismo año en el Reino Unido", ha señalado la consejera delegada de Finteca, Sílvia Escámez.

El objetivo de la plataforma hipotecaria es "ofrecer todos los servicios hipotecarios posibles para convertirse en el principal referente del sector".

Finteca se ha comprometido a asesorar de manera transparente a los clientes y a sus herederos a través de las más de 3.000 agencias inmobiliarias en las que opera. Sus analistas realizarán los estudios pertinentes para determinar las mejores condiciones de hipoteca inversa para las personas que deseen convertir su patrimonio en liquidez.

La directora de Hipoteca Inversa de Caser, Nuria López, ha explicado que la hipoteca inversa es "un producto regulado y transparente", que consiste en un tipo de préstamo hipotecario adecuado para personas de más de 65 años con vivienda en propiedad que quieren complementar sus ingresos.

Caser empezó a comercializar hipotecas inversas en España en julio de 2019. "El producto Caser Hipoteca Inversa permite contar con un ingreso mensual más una disposición inicial adicional sin perder la propiedad de la vivienda durante toda la duración del producto. Existen dos modalidades de hipoteca inversa, dependiendo si el cliente quiere contratar o no servicios asistenciales extra, como la ayuda a domicilio o el asesoramiento telefónico, entre otros", ha detallado López.

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves las alternativas del PP y Vox para recortar y suprimir, respectivamente, el nuevo Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), el conocido como 'impuesto sobre la plusvalía'.

El Gobierno de coalición reformó en noviembre este impuesto con un decreto ley este impuesto tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional y nulo el método para calcular la base imponible del tributo.

Tras convalidar el decreto ley, el Congreso aprobó su tramitación como proyecto de ley y este jueves se han votado las enmiendas de totalidad con texto alternativo del PP, que buscaba aplicarlo únicamente a empresas que facturen más de un millón de euros, y de Vox, que apostaba directamente por suprimirlo.

Ambas propuestas han sido rechazadas con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Junts, la CUP, Más País-Equo, el BNG, Compromís, Teruel Existe y el PRC.

El PP, UPN y Foro Asturias se han abstenido ante la propuesta de Vox, mientras que esta formación ha votado en contra de la propuesta de los 'populares'. Ciudadanos ha apoyado la propuesta de Vox y, junto a Coalición Canaria, se ha abstenido ante la propuesta del PP.

Así las cosas, el proyecto de ley seguirá su curso en el Congreso, donde ahora se podrán presentar enmiendas al articulado, aunque el decreto ley original continúa vigente tras ser convalidado.

Ferrovial ha alcanzado un acuerdo con la compañía de infraestructuras turca YDA Group para la adquisición de una participación del 60% de la sociedad que gestiona la concesión del Aeropuerto Internacional de Dalaman, en Turquía, por 140 millones de euros.

Se trata de un aeropuerto situado en la denominada Riviera turca, una de las regiones más turísticas de Turquía y del Mar Mediterráneo y con oferta cultural, deportiva y de ocio, según informa la compañía española en un comunicado.

Antes de la pandemia, registraba un tráfico de 5 millones de pasajeros, siendo la mayoría de origen extranjero, lo que supuso un crecimiento del 78% desde 2006, y lo sitúa como el cuarto mayor aeropuerto del país por número de pasajeros internacionales.

En concreto, más de la mitad de sus viajeros procede de Reino Unido, lo que complementaría el negocio de Ferrovial en este país, donde cuenta con uno de sus principales activos, el aeropuerto de Heathrow en Londres, así como los de Aberdeen y Southampton.

Todo ello a pesar del fuerte impacto que han recibido como consecuencia de las restricciones a la movilidad aplicadas en todo el mundo por la pandemia de coronavirus, lo que demuestra la esperanza de la compañía en la recuperación del turismo, aunque su foco principal sigue siendo el negocio de las infraestructuras y, en concreto, Estados Unidos.

SOCIO EN EL AEROPUERTO

La compañía YDA Group, que opera el activo desde 2006 bajo el régimen de concesión hasta 2042, mantendrá el 40% restante de la sociedad y ya ha llevado a cabo diversas mejoras de sus instalaciones, como la construcción de una nueva terminal internacional que entró en servicio en el año 2018.

Ferrovial destaca que las tarifas por pasajeros incluidas en el contrato de concesión están establecidas y se pagan en euros, con lo que la mayor parte de los ingresos se producen en esta divisa, por lo que está protegida ante las fluctuaciones de la lira turca.

El cierre final de la transacción está sujeto a las aprobaciones habituales en este tipo de operaciones, entre las que se encuentran las de las autoridades locales, aunque se estima que tenga lugar durante el primer semestre de 2022.

DIVERSIFICACIÓN DEL NEGOCIO

"Esta operación es una oportunidad única para diversificar nuestra cartera de aeropuertos en un área que se ha convertido en un destino de alto crecimiento en Turquía para el mercado turístico internacional" afirma el consejero delegado de Ferrovial Aeropuertos, Luke Bugeja.

"Estamos encantados de que Ferrovial se una a nosotros. Esta alianza estratégica representa una oportunidad única de aunar la experiencia combinada de ambas compañías en el sector de la aviación turca", añade el presidente de YDA Group, Hüseyin Arslan.

La infraestructura cuenta con dos terminales para vuelos domésticos e internacionales con una capacidad para más de 20 millones de pasajeros anuales, una plataforma para más de 40 aeronaves, parking para vehículos y autobuses de operadores turísticos, así como diferentes instalaciones auxiliares, como una planta de tratamiento de agua.

Además, tiene previsto llevar a cabo la construcción de una central de generación de energía renovable, lo que lo convierten en uno de los proyectos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente en Turquía.

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha confirmado su presencia en la gran manifestación prevista para el próximo 20 de marzo, que se celebrará en Madrid, en defensa del mundo rural, según ha informado en un comunicado.

En concreto, Cooperativas se ha incorporado al comité de organización y planificación de la manifestación, que cuenta con la presencia de las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG, entre otras instituciones, así como la Oficina Nacional de la Caza (ONC), Real Federación Española de Caza (RFEC), Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), Alianza Rural y todas las entidades que las conforman, bajo el lema 'Juntos por el Campo'.

Ésta es la segunda adhesión a la manifestación que se produce en menos de una semana, después de que la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), que representa a más de 700.000 regantes y más de dos millones de hectáreas, confirmara que también acudirá a las movilizaciones.

A la espera de la confirmación definitiva del recorrido por parte de la Delegación del Gobierno, ésta movilización tiene previsto partir desde la Puerta de Alcalá a las 11.00 horas para continuar por el Paseo de la Castellana y finalizar en la fuente de San Juan de la Cruz, a laaltura del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, donde se llevará a cabo la lectura del manifiesto que recoge las reivindicaciones de todos los convocantes.

Esta gran movilización que busca llenar las calles de Madrid para que la sociedad en general escuche las necesidades del campo y muestre su apoyo para que el Gobierno preste más atención y cuidado necesario a quienes ocupan el 84% del territorio.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, ha explicado las razones por las que se suman a esta manifestación. "Nos sumamos a la manifestación por la difícil situación que atraviesa el sector, (incrementos de costes, baja rentabilidad, exigencias medioambientales y de bienestar animal...), y por los cambios que se exigen en el modelo productivo que ponen en peligro la competitividad y la supervivencia de las explotaciones", ha indicado.

"Es necesario sensibilizar a las administraciones y a la sociedad de que sin apoyo y sin tiempo para llevarlos a cabo, no se podrán abordar los cambios necesarios para adaptarnos a las exigencias de sostenibilidad", ha recalcado.

El banco británico Standard Chartered, presidido por el español José Viñals, obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.315 millones de dólares (2.036 millones de euros) al cierre del ejercicio 2021, lo que supone multiplicar por tres el resultado de 724 millones de dólares (637 millones de euros) contabilizado un año antes, informó la entidad.

En el último ejercicio, Standard Chartered registró una caída del 0,3% de los ingresos operativos, hasta un total de 14.701 millones de dólares (12.929 millones de euros).

Los ingresos por intereses netos bajaron un 0,8% en el ejercicio, hasta 6.798 millones de dólares (5.979 millones de euros), mientras que los ingresos por comisiones de la entidad alcanzaron los 3.722 millones de dólares (3.273 millones de euros), un 17,8% más.

"No hemos logrado los rendimientos que buscamos para los inversores", ha reconocido la entidad, señalando el impacto de la Covid-19 en su estrategia y añadiendo que ha llevado a cabo una revisión integral de su modelo de negocio tras la que ha llegado a la conclusión de que debe hacer cambios para acelerar su camino hacia la meta del 10% de RoTE para 2024.

De este modo, la entidad acelerará la ejecución e implementará planes para simplificar su negocio, incluyendo una inversión de 300 millones de dólares (264 millones de euros) en China para duplicar la contribución de este país a los resultados.

Asimismo, el banco pretende alcanzar un ajuste de sus costes mediante mejoras de eficiencia de unos 1.300 millones de dólares (1.143 millones de euros) en sus costes brutos para ayudar a compensar el impacto de la inflación y crear espacio para inversiones.

Por otro lado, Standard Chartered lanzará un programa de recompra de acciones propias de 750 millones de dólares (660 millones de euros), triplicando el alcance del anterior plan de recompra de la entidad.

Banco Santander ha asesorado a más de 5.000 clientes que están diseñando proyectos de crecimiento empresarial por valor de 400 millones de euros a través de la plataforma de gestión e información sobre ayudas públicas creada junto a KPMG y LocalEurope.

Según ha informado la entidad, la plataforma que puso en marcha para facilitar a empresas y autónomos el acceso a toda la información sobre ayudas públicas nacionales, regionales y europeas (incluyendo las procedentes de los fondos Next Generation EU) ya ha recibido 200.000 visitas, cuenta con más de 16.000 usuarios y ha permitido ayudar a más de 5.000 clientes.

Santander espera incrementar más de un 50% el volumen de proyectos presentados durante el primer trimestre y alcanzar los 50.000 usuarios.

Además, ha puesto en marcha nuevas iniciativas, como el 'Informe Top 10', con el que informará a sus clientes sobre las 10 mejores ayudas a las que puede acceder de acuerdo con su perfil y sus proyectos de inversión. El banco enviará también un formulario de inversiones con el que, a partir de una información básica aportada por los empresarios, podrá recomendarles las mejores opciones de ayudas y financiación para acometer sus proyectos.

El director general de Banca Comercial de Santander España, Ángel Rivera, ha destacado que la entidad apuesta por acompañar a las pymes en su crecimiento, ofreciendo un servicio integral de información sobre la mejor manera de financiar sus inversiones, tanto con financiación bancaria como con ayudas y subvenciones europeas.

"Es muy importante que las empresas tengan buena información para que las ayudas lleguen al tejido productivo lo antes posible. La colaboración público-privada es clave para evitar que por desconocimiento o por la complejidad en su tramitación las ayudas no lleguen a las pymes", ha asegurado.

El precio de la gasolina y del gasóleo ha conquistado esta semana nuevos récords históricos para ambos carburantes, impulsado por el alza en el precio del petróleo, que cotiza imparable en su subida hacia la cota de los 100 dólares por barril.

En concreto, ambos carburantes han encadenado esta semana su séptima subida consecutiva y acumulan ya un encarecimiento de hasta el 8,5% en lo que va año.

El precio medio del litro de gasolina se ha situado en los 1,575 euros, sumado así su tercer récord histórico seguido, tras encarecerse un 1,09% con respecto a la pasada semana, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

Por su parte, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado esta semana en los 1,462 euros, remontando un 1,24% frente a hace siete días, y estableciendo así un nuevo máximo histórico, después de que la semana pasada igualara los 1,444 euros que marcó en septiembre de 2012 como récord hasta ahora.

De esta manera, el precio de los carburantes, tras la tregua dada en el final de 2021, cuando encadenó hasta cinco semanas de caídas, prosigue con la escalada iniciada con el arranque de 2022. Desde el inicio del año, la precio medio del litro de gasolina acumula una subida del 6,5%, mientras que el gasóleo se ha elevado un 8,5%.

TRAS LA ESTELA DEL PRECIO DEL CRUDO

Este nuevo encarecimiento en el precio de los combustibles se produce a rebufo de la escalada en el precio del crudo ante la incertidumbre geopolítica alimentada por las tensiones en Ucrania y un bajo nivel de oferta global, que ha llevado al petróleo a superar el umbral de los 95 dólares el barril esta semana, en niveles que no se veían desde 2014.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Este jueves, el barril de Brent, de referencia en Europa, se intercambiaba a más de 93 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) americano cotizaba a casi 91 dólares.

Con esta nueva subida en el precio de los carburantes, el llenado del depósito esta semana es un 25,9% más caro que hace un año para el caso de la gasolina y un 29% superior en el caso del gasóleo.

LLENAR EL DEPÓSITO, CASI 18 EUROS MÁS QUE HACE UN AÑO

Así, llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta ahora en torno a 86,6 euros, unos 17,8 euros más que hace un año, mientras que en el caso de repostar con gasóleo asciende a unos 80,41 euros, unos 18,1 euros más que a mediados de febrero de 2021.

A pesar de estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 está en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,701 euros el litro, y de la zona euro, con un precio medio de 1,780 euros. En el caso del diésel ocurre algo similar, ya que el precio en la UE es de 1,583 y de 1,637 en la zona euro.

El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, sigue contando con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó durante el pasado mes de enero cinco operaciones de concentración entre diferentes empresas, según ha notificado este jueves.

La principal es la venta de Ferrovial Servicios a la gestora de fondos Portobello Capital, que se hace con el control exclusivo de la firma.

Ferrovial cerró la operación de venta a Portobello Capital de su negocio de conservación y mantenimiento de infraestructuras en España por una cifra aproximada de 220 millones de euros, lo que supone culminar definitivamente el proceso de venta de su negocio de Servicios en España.

La operación se anunció en octubre del año pasado por un importe de 236 millones de euros, si bien retendrá unos 60 millones de euros más por la caja generada desde principios de año hasta el cierre de la operación.

Así, juntando los 170,6 millones de euros que Portobello pagará por el precio de las acciones de la sociedad, los 50 millones de euros que desembolsará por otros conceptos variables y estos 60 millones, la operación estaría valorada en 280,6 millones de euros.

Además, la CNMC también dio 'luz verde' a la compra de Montalt por parte de Grupo Marcos, a la entrada de ProA en Inversiones Puentehierro, así como a la venta del proyecto Alter Cáceres 2 a una sociedad compuesta por la propia Alter y varios inversores internacionales.

En el plano internacional, la CNMC ha autorizado la toma de control exclusivo por parte de la suiza Hitachi de Steinmüller Babcock Environment GmbH (SBE).

El PSOE se ha unido al PP, Vox y Ciudadanos para tumbar en el Pleno del Congreso las propuestas de reforma fiscal pactadas por Unidas Podemos y otros socios de investidura, como EH-Bildu y Más País, entre ellas un nuevo impuesto a las grandes fortunas, no bonificable por las comunidades autónomas, y recargos para grandes eléctricas y entidades financieras.

Finalmente, Unidas Podemos pactó una propuesta conjunta con EH-Bildu, Más País-Equo, la CUP y Compromís, que ha sido respaldada en la votación de este jueves por Esquerra Republicana y el BNG. Sin embargo, el Congreso lo ha rechazado con los votos del PSOE, el PP, Vox, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT, UPN, Coalición Canaria, Nueva Canarias, el PRC y Foro Asturias, mientras que Junts y Teruel Existe se han abstenido.

El PSOE ya había avanzado que no apoyaría la propuesta de su socio de coalición, aludiendo que no apoyaría ninguna propuesta relacionada con la reforma fiscal hasta que el Ministerio de Hacienda, que espera el informe del comité de expertos nombrados para la misma, elevara una propuesta. Pero ni siquiera se ha quedado en la abstención, sino que directamente ha votado en contra.

El texto acordado y rechazado por el Congreso toma de base las propuestas planteadas por Unidas Podemos, con un nuevo impuesto a las grandes fortunas, un recargo temporal a las grandes eléctricas en el Impuesto sobre Sociedades, nuevos tramos en el IRPF a partir de rentas superiores a los 120.000 euros y rebajas fiscales para pymes, y el IVA aplicado a productos de higiene femenina, servicios veterinarios y peluquerías.

Sin embargo, a raíz del acuerdo con el resto de fuerzas se contempla que la recaudación y gestión del nuevo impuesto sobre grandes fortunas sea competencia exclusiva de las comunidades autónomas.

Asimismo, contempla la propuesta de Bildu de crear de un impuesto temporal a la banca, mediante un recargo del 7% sobre los beneficios a las entidades financieras que adeuden parte del rescate bancario y que cuenten con beneficios netos superiores a los 100 millones de euros.

Otra propuesta de Bildu aceptada es avanzar hacia una base única en el IRPF que igual el tratamiento de las rentas del ahorro a las otras rentas, mientras que también se incluye la propuesta Unidas Podemos, Más País-Equo y Compromís que recuerda la obligación legal de dictar una normativa para aproximar a la media europea la ratio de personal en las administraciones tributarias.

Turespaña ha lanzado esta semana una campaña 'flash' en Reino Unido para reforzar la imagen de España como destino seguro y comunicar los nuevos requisitos de entrada que permiten el acceso de menores entre 12 y 17 años con PCR negativa.

La campaña se va a centrar en las redes sociales Facebook e Instagram durante dos semanas, desde el 16 de febrero hasta el 2 de marzo de 2022, y cuenta con una inversión de 24.000 euros.

Está segmentada geográficamente por ciudades, en concreto Greater London, Birmingham, Edimburgo, Bristol, Glasgow, Greater Manchester, Liverpool, Newcastle y Nottingham.

Los anuncios de la campaña están dirigidos a parejas con niños adolescentes y que tengan intereses en temas relacionados con los viajes, las vacaciones, el ocio, los destinos de sol y playa, y el surf, entre otros.

Se trata de una campaña preparada por Turespaña dentro del microsite Travel Safe, con el objetivo de divulgar la flexibilización de los requisitos de entrada en España entre las familias británicas con menores en esta franja de edad sin la pauta completa de vacunación, ya que desde el 14 de febrero estos adolescentes pueden entrar en el país presentando tan sólo una prueba PCR negativa realizada en las 72horas previas a la llegada.

La creatividad de la campaña utilizada es un carrusel de cuatro imágenes que explica las nuevas medidas para que los viajeros británicos vuelvan a elegir España para sus vacaciones este verano.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas cerró el ejercicio 2021 en el 118,7% del PIB, 1,3 puntos porcentuales menos respecto a 2020 y por debajo del objetivo del Gobierno, y alcanzó en diciembre los 1.427.763 millones de euros, según los datos avanzados este jueves por el Banco de España.

El organismo que encabeza Pablo Hernández de Cos ha confirmado así que el porcentaje de deuda sobre el PIB con el que se cerró el año pasado es inferior a la estimación del Gobierno del 119,5% para el conjunto de 2021.

Según ha destacado el Departamento que dirige Nadia Calviño, la positiva evolución de la economía, especialmente en el segundo semestre del año, ha permitido que la ratio deuda PIB se haya reducido ocho décimas más de lo previsto en el Plan Presupuestario.

Además, el Ministerio ha defendido la "prudencia" en sus estimaciones iniciales y ha enfatizado que la evolución económica ha permitido iniciar ya en 2021 la reducción de la ratio de deuda pública sobre el PIB, que se intensificará en los próximos años.

Todo ello pese a que en diciembre la deuda registró un ligero incremento respecto al mes anterior del 0,1%, al sumar 1.503 millones. En términos interanuales (diciembre de 2021 sobre el mismo mes de 2020), la deuda pública se ha incrementado en 81.979 millones de euros, 6,09% más, por los mayores gastos y los menores ingresos derivados de la crisis del coronavirus.

El aumento mensual de la deuda en diciembre responde, sobre todo, al incremento del endeudamiento del Estado, de la Seguridad Social y, en menor medida, de las comunidades autónomas. Ello contrasta con la ligera caída del endeudamiento de las corporaciones locales.

EL ESTADO AUMENTA SU DEUDA EN 3.800 MILLONES

En cuanto a la Administración Central, la deuda del Estado, que ha tenido que asumir un esfuerzo extra de gasto debido al impacto de la crisis del coronavirus, se situó en diciembre en 1,24 billones de euros, 3.878 millones más que en noviembre (+0,3%), mientras que en tasa interanual el repunte es de un 6,8%.

Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se disparó a 99.185 millones, lo que supone un incremento del 5,6% en un mes, aunque es un 16,2% más que un año antes. Este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario.

Por su parte, las comunidades autónomas vieron aumentar ligeramente su deuda en diciembre un 0,16% respecto al mes anterior, hasta los 312.898 millones de euros, y la elevaron un 2,9% más frente a diciembre de 2020.

En cambio, las corporaciones locales rebajaron ligeramente su deuda en diciembre, un 0,8% respecto al mes de noviembre, hasta los 22.122 millones de euros, mientras en tasa interanual se incrementó un 0,8%.