Poco más de 144.000 euros desviados de los cuarteles acabaron en tres inmuebles ruinosos. Así lo ha destapado una investigación de la Guardia Civil. El Servicio de Asuntos Internos imputa al teniente coronel Miguel Ángel E.T. por una trama de corrupción sistémica que hinchó facturas de obras hasta un 350% y financió su propio patrimonio privado.
El teniente coronel era el jefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la VI Zona, que abarca las comandancias de Valencia, Alicante y Castellón. Desde esa posición, controlaba los anticipos de caja fija, las adjudicaciones de obra y la facturación. Un poder casi absoluto que, según los investigadores, utilizó para tejer una red de empresarios afines.
El fraude en cifras: contratos inflados y adjudicaciones a dedo
El informe de Asuntos Internos detalla sobrecostes sistemáticos. En el cuartel de Benimaclet, los peritos de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) detectaron un desfase del 350% entre lo presupuestado y lo realmente ejecutado. En la residencia de Almardà, el desbroce de un arbolado inexistente infló la factura un 122% más de lo debido. Y en las viviendas logísticas de Fuente de San Luis, aparecieron partidas por puertas que nunca se instalaron.
El mecanismo era simple: el empresario principal, Carlos G.M., recibía las adjudicaciones directamente, con facturas fraccionadas y trabajos que no se realizaban. El 82% de los ingresos de sus empresas procedía de contratos gestionados por el teniente coronel investigado. Un albañil subcontratado confesó que le instruían para simular obras y repartir el sobrante.
De los cuarteles a las casas particulares: el rastro del dinero público
La investigación acredita que los fondos desviados acabaron en tres viviendas del municipio de Siete Aguas, en la comarca de la Hoya de Buñol. El teniente coronel compró en 2020 un inmueble en ruina técnica por 15.000 euros, sin que conste movimiento bancario que justifique el origen del dinero. La reforma, valorada en más de 104.000 euros, se facturó oficialmente por solo 15.919 euros y corrió a cargo de una de las empresas adjudicatarias habituales de la Guardia Civil.
Un año después, en 2021, adquirió una segunda vivienda por 12.000 euros —2.000 de ellos en efectivo en concepto de arras— con la intención de reformarla y venderla por 115.000 euros. “La reformamos y a ganar dinero... Luego la vendemos”, decía el mando a su familia en una conversación intervenida. La tercera, un corral convertido en vivienda, fue también adquirida con dinero en metálico de origen desconocido.
Los proveedores de las reformas acumulaban decenas de contratos públicos mientras realizaban esos trabajos privados. Cinco de los siete proveedores de la primera vivienda no cobraron del bolsillo del teniente coronel, sino que facturaron sus servicios directamente al erario público, según consta en el sumario.
El teniente coronel controlaba a la vez la adjudicación de obras y la validación de las facturas, actuando como gestor y beneficiario de los fondos públicos.
Qué consecuencias puede tener y qué pasará ahora
Este caso no es un error administrativo. Asuntos Internos habla de “indicios sólidos de corrupción” y la Fiscalía Anticorrupción investiga al teniente coronel por malversación, prevaricación, fraude en la contratación, cohecho y falsedad documental. También se le imputa blanqueo de capitales, dado el uso recurrente de dinero en efectivo para comprar las viviendas e ingresar el excedente de las obras públicas.
Hay un precedente que ayuda a medir lo que está en juego: en 2017, otro mando de la Guardia Civil fue condenado por desviar fondos de un cuartel en Granada utilizando un esquema similar de facturas falsas. Aquel caso se saldó con pena de prisión y responsabilidad civil. El actual, sin embargo, multiplica la cuantía y la duración de la trama, que se remonta al menos a 2008.
La jueza instructora de Valencia mantiene abierta la causa desde 2022. Los investigadores tienen intervenidos mensajes de WhatsApp, correos electrónicos e informes fotográficos. La colaboración del albañil ha sido clave para desmontar el entramado. Ahora, el tribunal decidirá si impone medidas cautelares mientras avanza la instrucción. La defensa del teniente coronel aún no ha presentado escrito de alegaciones, según fuentes del caso.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Asuntos Internos acusa al teniente coronel Miguel Ángel E.T. de montar una red de corrupción que facturó obras de cuarteles con sobrecostes de hasta el 350%.
- Por qué te importa: Los fondos desviados salieron del presupuesto público, que se nutre de tus impuestos. Además, muestra un fallo grave en los controles internos de una institución clave.
- A quién afecta: A la Guardia Civil, cuyos cuarteles no recibieron las obras pagadas, y a los contribuyentes. El fraude asciende a cientos de miles de euros.
- Hacia dónde vamos: La instrucción judicial continúa. El teniente coronel está imputado por delitos que pueden acarrear penas de prisión e inhabilitación. Las próximas semanas pueden traer nuevas imputaciones a empresarios de la trama.
