Desde hace ya demasiados meses, la estrategia antipiratería de LaLiga, presidida por Javier Tebas, ha convertido el debate del acceso al fútbol en un auténtico caos en la red de internet en España. Lo que empezó como una cruzada contra las webs que emiten partidos sin derechos ha terminado arrastrando por delante a proyectos legítimos, pequeños negocios digitales y servicios críticos que nada tienen que ver con el streaming ilegal.
LaLiga viene solicitando desde hace años a los operadores españoles el bloqueo de IPs y dominios asociados a servicios que considera instrumentalizados por la piratería, como determinados servidores intermedios, redes de distribución de contenidos o infraestructuras compartidas entre miles de webs. Ahí entra en juego Cloudflare, uno de los mayores proveedores de CDN, seguridad y servicios de red del mundo, utilizado tanto por páginas pirata como por grandes empresas, administraciones públicas, formularios de terceros y proyectos personales. De hecho, es que lo usa hasta la propia Liga.
En mayo de 2023, un auto del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona ordenó a varios operadores españoles que bloquearan el acceso a determinados rangos de IP y servicios utilizados por webs que distribuían contenidos de LaLiga sin autorización. Meses más tarde, otro auto obligó a Cloudflare a desactivar el acceso a múltiples dominios, en un movimiento que abría la puerta a un bloqueo masivo por infraestructura, no por contenido concreto. En la práctica, si un servicio legítimo compartía IP, CDN o componentes de red con una web señalada por LaLiga, corría el riesgo de desaparecer de internet para miles de usuarios españoles.
Los bloqueos de LaLiga han causado pérdidas millonarias, según los afectados
La factura, según la Plataforma de Afectados por LaLiga, ya asciende a 1.825.762 euros en pérdidas declaradas por titulares de dominios bloqueados por error.
Los titulares de dominios perjudicados por estos bloqueos han comunicado estas pérdidas económicas tras un recuento caso a caso basado en declaraciones de propietarios de webs afectadas que detallan la caída de ingresos, campañas de marketing arruinadas, suscripciones canceladas y clientes perdidos. ¡Si hasta la web oficial del WEC fue bloqueada!
La metodología de recogida de datos de la plataforma, según nos explican, se basa en un formulario en el que los afectados deben identificar el dominio bloqueado, el periodo concreto en el que se vieron impactados, el tipo de bloqueo (por DNS, IP, CDN, etc.) y una estimación de los daños económicos, respaldada por métricas de tráfico, facturación y contratos incumplidos.
Cada caso se valida y se contrasta para evitar duplicidades, lo que convierte la cifra de casi dos millones de euros en una estimación conservadora, porque únicamente recoge los perjuicios comunicados voluntariamente y con una mínima base documental, dejando fuera a muchos otros usuarios que desconocen que sus problemas de acceso estén relacionados con las órdenes de LaLiga.
De momento, más de 1,3 millones de euros en pérdidas están verificados por sus métodos, aunque también resulta muy sorprendente cómo, en varios de los casos recopilados, el aviso que sustituye al contenido legítimo sugiere que la página ha sido intervenida o bloqueada por incumplir la ley, proyectando una sospecha de delito sobre negocios totalmente ajenos al fútbol.
Es lo que le ocurrió a Álvaro Lozano, ingeniero de software y emprendedor. Había planificado una nueva campaña para un evento utilizando Tally, un servicio SaaS de formularios que, como muchas otras herramientas modernas, se apoya en Cloudflare para servir contenido de manera rápida y segura. La tarde del lanzamiento, sus potenciales clientes no veían el formulario, sino un lacónico mensaje de bloqueo asociado a las medidas de LaLiga contra la piratería.
"Lo peor ha sido que en vez del formulario se mostraba el mensaje, lo que da a entender que soy un delincuente o criminal, no un emprendedor que pelea por sacar su proyecto adelante", relata. Lozano, que asegura que emprenderá acciones legales contra LaLiga, califica lo sucedido de "difamación" tolerada por la justicia española.
LaLiga da a entender que soy un delincuente o criminal, no un emprendedor que pelea por sacar su proyecto adelante
Álvaro Lozano, ingeniero de software
Casos como el suyo se repiten en el ecosistema digital español, con desarrolladores que no pueden desplegar código, tiendas online inaccesibles desde ciertas operadoras, plataformas de formación que dejan de cargar para miles de alumnos durante fines de semana de jornada liguera. El patrón común es el bloqueo de recursos en Cloudflare u otras infraestructuras compartidas en aplicación de autos judiciales instados por LaLiga, sin un filtrado fino que discrimine con claridad entre origen ilícito y servicios legítimos.
El Congreso toma medidas, pero todavía no se aplican
El ruido generado por estos bloqueos indiscriminados (que venimos contando desde hace meses en este diario) ha acabado llegando al Congreso de los Diputados. La Cámara Baja ha aprobado una iniciativa que insta a poner fin a los bloqueos generalistas que afectan a terceros ajenos a las retransmisiones ilegales de fútbol. La propuesta pretende acotarlo que se puede ordenar bloquear y cómo, priorizando medidas quirúrgicas dirigidas a contenidos específicos y no a la infraestructura común de internet.
Eso sí, todavía no se aplica y no supone el final de la lucha contra la piratería, pero sí un freno político y jurídico a las prácticas más agresivas. La iniciativa parlamentaria no solo señala a las operadoras y a LaLiga, sino que también abre el debate sobre el papel de proveedores globales como Cloudflare cuando reciben órdenes judiciales de bloqueo dictadas en un solo país pero con impacto potencial sobre miles de servicios a nivel internacional.
Mientras se define el encaje normativo, los afectados siguen lidiando con las consecuencias, porque nada ha cambiado todavía. Pablo, un desarrollador gallego que combina su trabajo con proyectos personales, cuenta que se encontró, de la noche a la mañana, imposibilitado para descargar archivos desde Apkmirror, un repositorio muy utilizado por usuarios avanzados de Android. Los archivos estaban alojados en Cloudflare Storage, también bajo el radio de bloqueo.
"Movistar, espero un buen descuento en mi factura. Me impedís descargar archivos de Apkmirror porque están en Cloudflare Storage. Señor Javier Tebas, enhorabuena. Ha conseguido perder un cliente para la 26/27. Me paso al Acestream. ¿Contento?", dice, visiblemente indignado.
El malestar se extiende entre otros profesionales de internet. "No puedo trabajar porque a LaLiga se le pone en todo lo alto que debe bloquear a medio internet. No me ha interesado el fútbol nunca, me da igual si se lo piratean. Yo necesito trabajar y ustedes no me dejan. ¿De verdad tenemos que estar así?", resume Jorge J. Ramos, desarrollador sénior de software.
Los testimonios y el hecho de que el Congreso haya tomado cartas en el asunto suponen un toque de atención para Javier Tebas y LaLiga, pero en la práctica no se atisba que los afectados vayan a recuperar las pérdidas provocadas por estos bloqueos, principalmente porque estaban amparados en resoluciones judiciales concretas.
