El Gobierno sobre los 2 profesores en aulas catalanas: «Si vienen a dar cumplimiento a las leyes, bienvenidas sean»

El Gobierno se ha referido este viernes a la decisión anunciada por la Generalitat de Cataluña relativa a reforzar con un segundo profesor determinadas aulas para garantizar que se cumple con la inmersión lingüística. «Si esas decisiones vienen a dar cumplimiento a las leyes y a las sentencias, bienvenidas sean», ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.

La portavoz del Ejecutivo se ha expresado así durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha valorado la decisión del Govern catalán y ha sido preguntada sobre si el Gobierno cree que la misma es compatible con la ejecución la sentencia que obliga a impartir el 25 por ciento de las clases en castellano.

«El Gobierno respeta a todas las autonomías en el ámbito competencial que tienen en materia de educación y entendemos que estas decisiones de la Generalitat irán encaminadas en ese cumplimiento al que estamos obligados, tanto de las leyes como de las sentencias. Por tanto, si esas decisiones vienen a dar cumplimiento a las leyes y a las sentencias, bienvenidas sean», ha zanjado la ministra.

El Govern anunció ayer una «ofensiva legislativa para blindar» la inmersión lingüística en la escuela catalana y ha ordenado al cuerpo de inspectores educativos que intensifique la supervisión del cumplimiento de los proyectos lingüísticos de los centros.

Así lo dio a conocer el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una declaración institucional tras la segunda cumbre extraordinaria en el Palau de la Generalitat de respuesta al fallo del Tribunal Supremo (TS) que fijó un 25% de clases en castellano.

Aragonès añadió que la Consejería de Educación incrementará en 35 el número de docentes en las aulas en las que se aplique un 25% de educación en castellano tras sentencia judicial, para «preservar el proyecto lingüístico» del centro. Los refuerzos son de 35 docentes porque es el número de aulas en las que hay actualmente una orden judicial de aplicar el 25% de enseñanza en castellano, si bien están pendientes de un recurso de apelación por parte de la Consejería.