El que fuera CEO de Dia entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, Borja de la Cierva, declarará en calidad de imputado este martes 13 de octubre a las 10.30 horas de la mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal. El magistrado investiga una presunta alteración de casi 52 millones de euros en las cuentas del Grupo Dia.

De la Cierva ha sido imputado por el juez por haber formado parte de la Comisión de Auditoría y cumplimiento de la cadena de supermercados de los ejercicios 2016 y 2017. De hecho, además de a él, cita al resto de esa comisión.

Así, ese mismo 13 de octubre comparecerán como investigados Richard Golding (presidente de esa comisión en 2016) y Juan María Nin Génova, que fue vocal externo de esa comisión. También este martes declarará el directivo de la cadena Miguel Ángel Peinado.

Ya el miércoles será el turno de otros dos miembros de ese órgano supervisor, María Luisa Garaña Corees --que fue vocal independiente desde febrero de 2017-- y Julián Díaz González --también vocal independiente y miembro de la misma en 2016 y 2017--. Ese mismo día declaran en calidad de imputados los auditores de la consultora KPMG que auditaron las cuentas de la compañía en 2016 y 2017 Carlos Peregrina y María Lacarra.

MÁS TESTIFICALES

Esta semana, el jueves 15, tendrá lugar también la declaración en calidad de testigo-perito del firmante del informe relativo a las irregularidades contables detectadas en Dia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Eduardo Manso.

Del 16 al 21 de octubre será el turno del resto de testificales. Entre ellos los empleados de Dia Antonio Coto Gutiérrez; Etienne Coste De Bagneaux (en tanto que fue el director de Gestión de Control del Grupo DIA hasta su despido el 19 de julio de 2019); Fernando Trasobares De Dios (en tanto presidente no ejecutivo de DWT y Director de Alianzas Internacionales de Grupo DIA); y Concepción Bravo Cabanillas (que fue directora de Recursos Humanos del grupo Dia).

Además, para analizar la relación de Dia con los proveedores para negociar descuentos comerciales, cita al director comercial de CODAN Julio León de la Torre; al director comercial de FONT SALEM Juan Gutart; a Javier Pérez Díez, en tanto director Comercial de DULCES Y CONSERVAS HELIOS; a Antón Saracibar Monroy, en tanto Director Comercial de INDUSTRIA JABONERA LINA; y a Joaquín Jiménez Mazuela, en tanto trabajador de JUVER.

CURRÁS Y SÁNCHEZ FALCÓN

Cabe recordar que en esta causa los principales investigados hasta la fecha son el ex consejero delegado del Grupo Ricardo Currás y el que fuera su número dos Amando Sánchez Falcón. Se les imputan delitos de administración desleal y fraude en las cuentas al haber presuntamente engordado los números de la empresa en 2017 mediante "prácticas irregulares" que supusieron un incremento ficticio de 51,8 millones de euros.

La investigación se inició después de la querella presentada por un grupo de accionistas minoritarios de Dia, y el juez en el auto de imputación de Currás indicaba que para la consecución de los objetivos propuestos para 2017, dado que las cifras propias del ejercicio no alcanzaban los mismos y se produciría un importante descenso en la cifra del Ebitda, "Currás ideó un plan, que en parte implicaba la utilización de prácticas irregulares previas, para alterar ciertas magnitudes con reflejo directo" en este balance, "lo que le proporcionaba una apariencia de sólida gestión".

Según un nuevo informe con fecha de 17 de agosto, al que también ha tenido acceso Europa Press, el fiscal entiende que se han de mantener todas las imputaciones previas porque las alteraciones se produjeron "al efecto de elaborar unas cuentas anuales que trasmitieron al mercado una situación irreal de la sociedad, basadas en simples conjeturas o deseos del Consejero Delegado que, pese a no materializarse en las cifras del día a día, se mantenían.

Unidas Podemos quiere que se cambie el nombre del salón de actos la Escuela de Técnicas Aeronáuticas (ESTAER) del Ejército del aire en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), ahora dedicado a dos militares franquistas, por el del también militar e ingeniero republicano Emilio Herrera Linares, que llegó a ser presidente de la República en el exilio.

El grupo confederal, que comparte Gobierno con el PSOE, ha presentado con este objetivo una proposición no de ley para su debate en la Comisión Constitucional del Congreso.

Según explican en la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el citado salón de actos recuerda desde el pasado verano las figuras de Julio Ríos Angüeso y Manuel Barreiro Álvarez, a los que definen como "militares sublevados y alentadores del golpe de Estado que dejó secuelas imborrables en la sociedad española".

DOS SUBLEVADOS Y UN SILENCIADO

Unidas Podemos destaca que, tras participar en la preparación del alzamiento, el teniente Julio Ríos Angüeso, protagonizó un rápido ascenso dentro del régimen alcanzando el nombramiento de jefe de las Fuerzas Aéreas del Atlántico, para luego tomar cargo como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas de Marruecos.

Del capitán Manuel Barreiro Álvarez señalan que "se declaró inválido para servir al Ejército, aunque se dio de alta como voluntario en apoyo al levantamiento militar".

Unidas Podemos lamenta que "más de cuarenta años después de la dictadura militar", sigan "existiendo apoyos a este sistema antidemocrático dentro de las estructuras del ejército español" y denuncia que le homenaje a estos dos sublevados supone "una lesión a la memoria de aquellas personas que defendieron el régimen constitucional tras la sublevación militar de julio de 1936 y a los principios democráticos más esenciales".

Por eso, y esgrimiendo la aplicación de la Ley de Memoria Histórica de 2007, plantean rebautizar esa sala de la Escuela de Técnicas Aeronáuticas con el nombre del General Emilio Herrera Linares, "quien se considera el más importante ingeniero aeronáutico militar de la historia de España y padre del traje espacial, de múltiples estudios sobre cosmología, relatividad, aeronáutica o física atómica".

DEJAR DE ENALTECER AL RÉGIMEN

De quien ejerció como presidente de la República en el exilio recuerdan que "fue silenciado durante el franquismo por su lealtad al régimen constitucional y su oposición al golpe de Estado del 18 de julio de 1936" y que "encarna la lealtad a la democracia y el espíritu de un Ejército democrático".

"De no llevar a cabo el mencionado cambio, estaremos enalteciendo un régimen que tiene su origen en la injusticia, así como la figura de los represores que han quedado impunes y por tanto alentando formas de gobierno contrarias a la libertad y a la democracia", avisan desde Unidas Podemos.

Por todo ello, quieren que el Congreso inste al Gobierno a rechazar cualquier acto de enaltecimiento del franquismo, como la nueva denominación del citado salón de actos, así como a tomar medidas para que "este tipo de homenajes y enaltecimientos a golpistas y sublevados contra la legalidad democrática deje de ser una realidad en cualquier institución pública, haciendo efectiva la legislación vigente para una memoria democrática también dentro del Ejército".

El Congreso examinará el próximo miércoles José Luis Rodríguez Álvarez, un alto cargo de la Administración Zapatero que ha sido propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez para presidir el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un puesto que estaba vacante desde septiembre de 2017 y cuyo relevo requiere mayoría absoluta en la Cámara.

Rodríguez Álvarez, que fue director de la Agencia Española de Protección de Datos entre 2011 y 2015, nombrado por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, comparecerá ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública, ya que su nombramiento ha sido a propuesta de ministerio que dirige Carolina Darias.

La Presidencia de este órgano, encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, llevaba vacante desde septiembre de 2017, cuando falleció su primera titular, Esther Arizmendi. En estos tres años ha ejercido como presidente interino el subdirector general de Transparencia, Javier Amorós.

NECESITA MAYORÍA ABSOLUTA

El artículo 37.1 de la Ley de Transparencia establece que el presidente del Consejo será nombrado por un periodo no renovable de cinco años mediante Real Decreto. Pero antes, deberá comparecer ante el Congreso para ser examinado.

"El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la correspondiente comunicación", reza el citado artículo.

Nacido en Madrid el 4 de enero de 1962, José Luis Rodríguez Álvarez es profesor de Derecho Constitucional y, tras dirigir la Fundación Democracia y Derecho Local, entró en Moncloa en abril de 2004, con la llegada al Gobierno de Zapatero, como director del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, entonces Fran Caamaño.

'MANO DERECHA' DEL MINISTRO FRAN CAAMAÑO

En abril del año 2008 pasó s ser director general de Coordinación Jurídica en el Ministerio de la Presidencia, cargo que ocupó hasta febrero de 2009, cuando Fran Caamaño fue nombrado ministro de Justicia y se lo llevó de director de gabinete.

El Gobierno Zapatero le nombró director de la Agencia de Protección de Datos en junio de 2011 y allí continuó hasta 2015, conviviendo con el Gobierno de mayoría absoluta del PP, que no podía relevarlo hasta terminar su mandato de cuatro años.

La Comisión de control de los Gastos Reservados ha cumplido un año sin constituirse en el Congreso y no se reúne desde hace 18 meses, lo que supone que durante este tiempo no se está ejerciendo el control parlamentario sobre las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ni sobre el uso de los fondos reservados de los que dispone el Gobierno, y todo ello porque los vetos cruzados entre los partidos impiden un acuerdo de mínimos que permita elegir en sesión plenaria a sus integrantes.

La última vez que la también conocida como Comisión de Secretos se reunió fue el 3 de marzo de 2019, justo un día antes de que se disolvieran las Cortes Generales como consecuencia de las elecciones generales del 28 de abril, cuando el entonces ministro de Exteriores, Joseo Borrell, acudió a este órgano para detallar, a puerta cerrada, el destino de los gastos reservados que gestionaba su departamento.

Lo propio habían hecho días antes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa) para hablar de sus fondos reservados y, también, de los viajes del presidente Pedro Sánchez, los gastos en inteligencia o la conocida como 'operación Kitchen'.

Pero ya no ha habido más comparecencias. El Congreso surgido de los comicios de abril de 2019, que dio paso a una legislatura de apenas cinco meses, ni siquiera se llegó a plantear la posibilidad de constituir la citada comisión, pero tampoco en la presente, que arrancó hace diez meses. Así las cosas, ya va para un año y medio que la Cámara no controla la labor de los servicios de inteligencia españoles y los fondos reservados.

El problema es que, según el Reglamento de la Cámara Baja, para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara, esto es de 210 votos, en una votación secreta mediante papeleta en urna.

Los elegidos, uno por cada grupo parlamentario del Congreso (generalmente el portavoz), pasan a formar parte automáticamente de la Comisión de Gastos Reservados, que dirige la presidenta de la Cámara, que controla el uso de estas partidas presupuestarias y donde rinde cuentas el CNI.

Pero llegar a esos 210 votos resulta muy complicado porque requiere de apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios, y el clima político no parece muy propicio. Lo que no se consiguio en 2019, ahora tampoco está siendo posible con los partidos enfrentados en medio de la pandemia del coronavirus y con una moción de censura encabezada por Vox a la vuelta de la esquina.

AYUDA PARA METER A TRES O CUATRO PORTAVOCES INDEPENDENTISTAS

Asi, para que los independentistas de ERC, Junts (como portavoz del Grupo Plural), EH Bildu e incluso la CUP (en representación del Grupo Mixto) puedan estar representados en la citada comisión, es necesario que recaben votos de diputados del PP, Vox y Ciudadanos, que juntos ya suman 150 y, si todos ellos se niegan, nadie puede llegar al mínimo de 210.

Tanto Vox como Ciudadanos ya adelantaron al inicio de la legislatura que no pensaban aportar ni un voto a los independentistas advirtiendo de que harían todo lo posible para que no entraran en esta suerte de club selecto con acceso a información reservada. Y el PP, por su parte, también avanzó que no apoyarían que Bildu pudiera controlar los secretos de Estado, dados su antiguos vínculos con Batasuna.

Los precedentes no son muy positivos. En la legislatura del 2011-2015, el PP, que gozaba entonces de mayoría absoluta, se negó a permitir la entrada de los distintos candidatos que ERC fue poniendo encima de la mesa alegando que los independentistas catalanes podían trasladar la información reservada a los miembros de la coalición abertzale Amaiur, que integraba a los herederos de la antigua Batasuna, hoy en Bildu. "Con su pan se lo coman", fue la airada respuesta de la entonces diputada Teresa Jordà, la última aspirante rechazada.

YA HUBO VETOS, PERO NO TANTOS

Y, además, en 2015 los 'populares' se negaron a facilitar el relevo en el puesto que tenía CiU en la Mesa del Congreso y fueron aplazando semana tras semana la posibilidad de que se eligiera al convergente Jordi Xuclà para cubrir la vacante dejada por su compañero Jordi Jané al ser nombrado consejero de Interior de la Generalitat. Su entonces portavoz, Rafael Hernando, alegó que no tendría "mucho sentido" que optara a este puesto institucional en el Parlamento nacional alguien que se definiera como "independentista".

Pero es que, visto del otro lado, tampoco el PP, Vox y Ciudadanos llegan a los 210 votos que se necesitan para formar parte de la comisión de secretos oficiales, por lo que necesitan la ayuda del PSOE, en cuya dirección ya han dejado claro que no facilitarían las cosas a Vox "por higiene democrática". De hecho, desde el inicio de la legislatura el Gobierno ha descartado a los de Santiago Abascal en las rondas de contactos con los grupos del Congreso.

Con este ambiente, todo apunta a que la creación de esta comisión se irá dilatando en el tiempo porque, según aseguran a Europa Press fuentes parlamentarias, para que la elección de los miembros de secretos pueda llegar a incluirse en el orden del día del Pleno tiene que haber un cierto acuerdo, ya que sería un fracaso dedicar cerca de dos horas para esa votación con papeleta y en urna para que luego ningún diputado superase esos 210 votos necesarios.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal y detenido a siete personas en Valencia, Santander y Lleida tras supuestamente estafar 150.000 euros mediante el método 'sim swapping', por el que duplicaron tarjetas SIM para acceder a las cuentas bancarias de sus víctimas.

Se les acusa de ser las presuntas autoras de un delito de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal, han informado las fuerzas de seguridad en un comunicado.

Al parecer, esta presunta organización utilizaba el método 'sim swapping' para estafar a sus víctimas. Consiste en obtener las claves de acceso a la banca on line de las víctimas a través de técnicas como el phishing, malware o pharming y una vez obtenidas duplican la tarjeta telefónica de la víctima para recibir los códigos de verificación de las transferencias a realizar.

A partir de ese momento comienzan a realizar transferencias fraudulentas desde la cuenta de la víctima a cuentas de terceras personas de las que se sirven para canalizar el dinero. En esta ocasión además solicitaban préstamos a la entidad bancaria con el fin de obtener un mayor beneficio económico.

Las investigaciones se iniciaron en febrero del año pasado al tener conocimiento los policías de la comisión de una serie de estafas utilizando como método el duplicado de tarjetas SIM de los perjudicados.

Durante las investigaciones los agentes averiguaron que una vez tenían ese duplicado, los sospechosos conseguían acceder a las cuentas bancarias de las víctimas y realizaban transferencias de dinero sin su consentimiento.

En el transcurso de las investigaciones, los agentes averiguaron la identidad de un hombre, de origen italiano, que al parecer era el que se dedicaba a la obtención de los duplicados de las tarjetas, que fue detenido en un establecimiento comercial de una compañía telefónica en Valencia cuando intentaba realizar un duplicado de una tarjeta y con una documentación falsa de una de las víctimas.

MULEROS

Continuando con las pesquisas, los policías averiguaron la identidad de otros presuntos miembros de la organización cuya función era la de ejercer de "mulero", que eran las personas que en cuentas bancarias abiertas a su nombre recibían el dinero defraudado, que lo hacían efectivo bien en cajeros automáticos o directamente en caja, y a continuación lo remitían al contacto de la organización y cobraban una pequeña cantidad de dinero por ello.

Los agentes averiguaron que en Granada había una persona que era titular de una de las cuentas receptoras de dinero, así como que ésta había sido acompañada al banco por quién la captó que sería quien se encargaría del dinero una vez retirado por los muleros. Tras desplazarse hasta la ciudad de Granada fue detenida.

Otros dos presuntos muleros fueron detenidos en Santander, otro en Lleida y el resto en Valencia, donde en este último lugar los policías realizaron un registro domiciliario. En el, se incautaron de un dispositivo electrónico de lector de tarjetas 'beeper', dos DNIs falsos, tarjetas bancarias, tarjeta de claves bancarias de una entidad bancaria, dos porta tarjeta sim de dos operadoras y una tarjeta sim, diversa documentación, dos teléfonos móviles y un reloj de alta gama.

Como consecuencia de las investigaciones, los agentes lograron averiguar las cuentas extranjeras que habían sido receptoras de las transferencias fraudulentas, así como que la estafa alcanzaba un valor de más de 150.000 euros.

De los detenidos, uno de ellos con antecedentes policiales, dos han pasado a disposición judicial, mientras el resto tras ser oídos en declaración fueron puestos en libertad no sin antes ser advertidos de la obligación de comparecer ante la Autoridad Judicial cuando para ello fuesen requeridos.

La situación judicial del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, marcará gran parte de la sesión de control del próximo miércoles en el Congreso, un Pleno al que inicialmente el líder de Podemos no iba a acudir, pero en el que finalmente sí estará presente.

Iglesias comunicó que no podría asistir la víspera de que el juez Manuel García Castellón pidiera al Tribunal Supremo que le investigue en relación con tres delitos en el marco del 'Caso Dina'. Pero el viernes, al día siguiente de que se registrasen las preguntas de la sesión de control, trasladó a la Cámara que finalmente sí estaría en el hemiciclo porque había aplazado el viaje oficial que iba a hacer a Bruselas.

En su agenda había una reunión con el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, pero tuvo que posponerse porque Sassoli está en cuarentena al haber tenido contacto con un positivo en Covid-19.

Así las cosas, podrá escuchar en directo como el líder del PP, Pablo Casado, pregunta directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si "va a cesar a su vicepresidente del Gobierno" y como el máximo dirigente de los 'populares' volverá a exigir a Sánchez que le saque del Consejo de Ministros si no quiere convertirse en "cómplice" de los presuntos delitos que le achaca García Castellón.

También el presidente de Vox podría sacar a colación la situación judicial de Iglesias en el duelo que mantendrá con el jefe del Ejecutivo, al que pedirá que valore la gestión del Ejecutivo de coalición que comparte con Podemos.

ARRIMADAS Y GAMARRA, A CALVO

En la misma cuestión incidirá la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien intentará que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, le conteste a si "puede afirmar ante todos los españoles que el Gobierno está siendo ejemplar".

A la 'número dos' del Gobierno le dirige también su pregunta semanal la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra. "¿Qué entiende el Gobierno por calidad democrática?", reza su interrogante que podrá usar de percha para volver a pedir la dimisión de Iglesias.

Y UNA REPROBACIÓN

Vox intentará, asimismo, que la ministra de Defensa, Margarita Robles, opine sobre la situación judicial de Iglesias y de Podemos, cuando responda a la pregunta de "cómo afecta a la seguridad nacional la corrupción de su socio de Gobierno".

Además, en el Pleno de la próxima semana el PP someterá a votación una moción en la que pide la reprobación de Iglesias al que señala como "primer instigador" de los ataques del Gobierno a la Corona y en la que reclama también la destitución del ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, por acusar a Felipe VI de "maniobrar" contra el Gobierno.

El presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha descartado una coalición con el PSC para ir juntos a las elecciones catalanas porque los proyectos de ambos partidos son "diametralmente diferentes" y porque el PSC ha dicho que no, afirma.

Así lo ha explicado en una entrevista este sábado en TV3 recogida por Europa Press, tras asegurar este semana que aunque no descartaba una coalición con el PSC, le planteaba dudas, y ha añadido que siguen dispuestos a pactar con Cs.

Aun así, el dirigente del PP catalán no tiene claro que las elecciones se celebren el 14 de febrero: "Hasta que no estén convocadas no me lo acabaré de creer".

LA "VENGANZA" DE SÁNCHEZ

En cuanto al estado de alarma decretado por el Gobierno en Madrid, Fernández ha sostenido que es el resultado de "una actitud absolutamente infantil del señor Sánchez, y peligrosa. Casi como una venganza".

Además ha argumentado que el Gobierno central ha usado los datos epidemiológicos del 4 de octubre para justificar el decreto, "cuando resulta que el 5, 6, 7 y 8 de octubre habían mejorado mucho".

Por lo tanto, afirma que "la tensión y la polarización" con el gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viene por parte Sánchez y que tiene que ver con que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le diera la razón al gobierno autonómica, en su opinión.

JXCAT HABLA "COMO SI FUERAN" 'CUPAIRES'

El líder del PP cree que su formación tiene un espacio político en Cataluña porque, a su entender, "hasta JxCat, que se supone que eran de centro-derecha, hablan como si fueran" 'cupaires'.

Pretende recuperar lo que considera que históricamente han sido cualidades catalanas y que, según él, se han ido perdiendo: "La libre iniciativa individual, el respeto a la propiedad privada y la libertad educativa".

Agentes de la Policía Nacional y de la Oficina Central de Investigación de Cracovia, coordinados por Europol, han desmantelado un presunto entramado criminal de origen polaco mediante una operación que ha concluido con la detención de 81 de sus miembros en España, Polonia y Reino Unido, entre los que se encuentran sus supuestos líderes, asentados en la provincia de Alicante.

La organización, al parecer, se dedicaba al tráfico de drogas, tráfico de armas, robo de vehículos, delitos violentos, contrabando de material sanitario y blanqueo de capitales, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Se les ha intervenido casi una tonelada de marihuana, 50 kilogramos de cocaína, seis armas de fuego y varias armas prohibidas. Además, se les ha bloqueado más de 3,5 millones de euros en cuentas y propiedades, tres vehículos robadis, 13 terminales telefónicos de comunicaciones encriptadas para ser distribuidos entre los miembros de la organización y numerosa documentación empresarial y bancaria.

Las investigaciones policiales comenzaron en julio de 2018, fruto de la cooperación internacional entre la Policía Nacional y las autoridades policiales de Polonia y Reino Unido, bajo la coordinación de EUROPOL.

En esa fecha se consiguió identificar una presunta organización criminal de origen polaco cuyos líderes estaba asentados en la provincia de Alicante, desde donde supuestamente dirigían el tráfico de drogas internacional y diversas actividades empresariales que utilizaban como tapadera para el blanqueo de capitales.

Así, abarcaban empresas inmobiliarias, compraventa de vehículos, comercialización de diamantes y metales preciosos o alquiler de embarcaciones de recreo, entre otras actividades.

A los miembros de la organización criminal investigada se les relaciona con hooligans de Cracovia, así como con la práctica de artes marciales mixtas, todo ello reflejado en su marcado carácter violento.

EXPORTARON 15 TONELADAS DE DROGAS

Durante las primeras fases de la investigación se detuvo a 68 personas y se intervino casi una tonelada de droga, principalmente marihuana y cocaína. Se descubrieron varias plantaciones y domicilios utilizados como guarderías y se intervinieron tres armas de fuego y otras armas prohibidas, balizas GPS y ropa táctica que la organización utilizaría para robar, extorsionar y enfrentarse a organizaciones rivales con el fin de controlar el negocio del tráfico de drogas.

Entre los años 2016 y 2019, la organización habría exportado desde España a Polonia, Reino Unido y otros países de la Unión Europea alrededor de 15 toneladas de droga.

Las pesquisas policiales evidenciaron el crecimiento de la organización criminal. Los agentes detectaron cómo presunto líder, asentado en Alicante, planificaba la comercialización internacional de armas de fuego procedentes de Albania, aprovechando sus redes de distribución.

Asimismo, se descubrió que la organización criminal había comenzado a beneficiarse de la situación sociosanitaria provocada por la COVID-19 mediante la adquisición de gran cantidad de material sanitario.

DETENIDOS EN ESPAÑA, POLONIA Y REINO UNIDO

La presunta organización criminal contaba al parecer con la colaboración de un agente polaco que supuestamente facilitaba información a los líderes sobre el estado de las investigaciones.

Ante el riesgo de posibles fugas de información así como del líder de la organización, quien ya había comenzado a intensificar las medidas de seguridad llegando a desplazarse a otra vivienda que consideraba segura, los agentes llevaron a cabo la explotación final de la investigación, con la realización de un total de 17 entradas y registros en viviendas y locales en España y Polonia. De esta manera, se consiguió detener a otras 13 personas en ambos países, entre las que se incluían los presuntos líderes de la organización.

Además, se intervinieron otras tres armas de fuego -.incluido un subfusil--, más de 1.000 dosis de antigripales que pueden ser usados para la elaboración de drogas sintéticas, el bloqueo de propiedades y productos financieros en valor de más de 3,5 millones, gran cantidad de documentación probatoria y 13 dispositivos móviles.

Estos últimos dispositivos contaban con un sistema de encriptación de las comunicaciones y estaban preparados para ser repartidos entre los miembros de la organización.

En el domicilio del principal investigado se descubrió un túnel bajo la vivienda, sin que se haya podido determinar el objeto del mismo. Asimismo, un rápido análisis previo de la documentación intervenida permitió el descubrimiento de un almacén utilizado por uno de los presuntos líderes de la organización donde se ocultaba una ingente cantidad de mascarillas quirúrgicas, test rápidos para COVID-19 y torundas para la elaboración de test PCR, que la organización habría contrabandeado procedente de China.

Unas 53.000 banderas lucen junto al río Guadalquivir a su paso por Sevilla "en homenaje" y para "pedir justicia" por los fallecidos durante la pandemia de Covid-19.

Así lo ha indicado a Europa Press el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por el Coronavirus (Anvac), Jaime Sánchez, lamentando que en este acto --similar al realizado en Madrid o en Valencia-- se han aumentado las banderas en 3.000 porque "el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha ampliado el dato de víctimas mortales".

Según la asociación, este es el acto más numeroso de todos los realizados previamente y en el que se ha ocupado "más de un kilómetro". "Unas 170 personas, desde las 6,00 horas han estado colocando banderas", ha explicado el presidente. Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado a Europa Press que los organizadores no tenían permiso para realizar este acto.

Las personas que se han encargado de colocar las insignias nacionales son "voluntarios, mayoritariamente de Sevilla y alrededores, muchos son familiares de víctimas o amigos de las familias". "Estas personas se han enterado por el boca a boca" y a todas ellas se les ha obsequiado con un lazo blanco "por hacer que Sevilla amanezca homenajeando a las víctimas", ha precisado el presidente de la asociación.

Durante la jornada de este domingo la asociación tiene previsto leer un manifiesto y guardar un minuto de silencio por los fallecidos a causa del Covid-19 a las 12,00 horas. En concreto, esta acción prevén llevarla a cabo junto a la Glorieta Olímpica, a los pies del Puente del Alamillo, donde se ha colocado un lazo blanco en memoria de los fallecidos. Por último, a las 18,00 horas está previsto "recoger las banderas y que quede todo en perfectas condiciones de uso", aseguran desde la asociación.

"PEDIR JUSTICIA"

La asociación nacional de víctimas y afectados por el coronavirus detalla que esta acción se realiza tanto "en memoria de los fallecidos" como para "pedir justicia" para las víctimas.

"Agradecemos a la ciudad de Sevilla la acogida que ha tenido", ha señalado el presidente de la asociación, quien asegura que la entidad también recibe "el agradecimiento" de los ciudadanos quienes afirman, según Anvac, que "hacía falta que alguien se acordara de las víctimas".

Por último, la asociación ha concluido que "detrás de cada número hay una familia llorando la pérdida de su familiar", por lo que ha pedido "responsabilidad".

El que fuera presidente de Banco Santander España Rodrigo Echenique declarará este jueves 15 de octubre como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional José Calama en relación a la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del Banco Popular a mediados de 2017.

El juez investiga dos fases de este proceso: las presuntas irregularidades contables en las que el Popular habría incurrido con la ampliación de capital y las filtraciones a prensa un año después que habrían provocado la resolución a mediados de 2017.

El Banco Santander, ya presidido por Ana Patricia Botín, fue la entidad que compró el Popular por un euro después de la resolución del banco, tras lo cual comenzaron a presentarse denuncias por presuntas irregularidades que han acabado en la Audiencia Nacional, si bien el juez instructor le retiró la condición de investigado al entender que no tiene por qué asumir la responsabilidad penal en las que se hubiera incurrido.

La declaración del banquero, que asumió la función de presidente no ejecutivo del Popular, tendrá lugar una semana después de que la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, declarara ante Calama que no hubo presiones por parte del Gobierno para que adquirieran la entidad.

Botín, en su declaración también apuntó que toda la operación de análisis del banco para valorar si hacían oferta para comprar la entidad (mayo de 2017) y la posterior decisión de adquirirlo por un euro fue tarea de sus subordinados, entre los que citó al propio Echenique. Así pues, este deberá responder al juez sobre la cronología de los hechos que culminaron con esa compra tras la resolución del Popular.

El magistrado ha tomado declaración en estas semanas tanto al vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía, Luis de Guindos, como al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella.

Ciudadanos pedirá esta semana en el Pleno del Congreso apoyo para reprobar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por las "irregularidades" cometidas en los ceses de la cúpula de la Guardia Civil anunciados a finales del pasado mes de mayo, en pleno estado de alarma derivado del coronavirus.

Se trata de una moción que es consecuencia de la interpelación que la formación naranja realizó al titular de Interior la pasada primavera y cuyo debate y votación estaban pendiente desde entonces. Durante el estado de alarma las sesiones plenarias sí incluían interpelaciones al Gobierno, pero no las mociones subsiguientes, y ésta se quedó a la espera.

El asunto llegará, por tanto, esta semana al Pleno, tres meses después de que la Cámara rechazara en junio una proposición no de ley del PP que también censuraba la actuación de Markaska por la crisis generada en el seno de la Guardia Civil a raíz de las destituciones de sus altos mandos. Y todo apunta a que esta moción correrá la misma suerte.

En concreto, en su iniciativa, recogida por Europa Press, los de Inés Arrimadas piden que el Congreso repruebe a Marlaska por las "irregularidades" conocidas en el cese del que fuera Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos, por negarse a informar sobre la investigación judicial relativa a la autorización de actos multitudinarios en Madrid a principios de marzo, cuando ya se estaba propagando el coronavirus.

LA MAYOR CRISIS EN LA GUARDIA CIVIL DE LA DEMOCRACIA

Pero también por ser el responsable de "una de las mayores crisis vividas en la cúpula de la Guardia Civil en democracia". Tras la destitución de Pérez de los Cobos llegó después la dimisión del director adjunto operativo de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña, y del jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, teniente general Fernando Santafé.

Ciudadanos sostiene que, al margen de las destituciones "injustificadas", el "deterioro" infringido por el ministro a la imagen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "es un hecho".

De ahí que plantee su reprobación por ser "sospechoso" poner en riesgo la reputación de los policías y guardias civiles "para la obtención de beneficios políticos", de destituir a importantes cargos del Instituto Armado "por no plegarse a sus peticiones ilegales y sectarias" y de nombrar "a dedo" a cargos afines "carentes de la neutralidad política exigida" a los miembros del Cuerpo.

Pero, además, la formación naranja le señala como "culpable" de haber "mentido" en sede parlamentaria en torno a las razones que llevaron a cesar a los altos cargos de la Benemérita, y de haber generado "la mayor crisis vivida en la cúpula de la Guardia Civil en décadas".

El PP llevará esta semana al Pleno del Congreso la reprobación del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por ser, a su juicio, el "primer instigador" de los "ataques a la Corona" y también la "destitución inmediata" del ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, por "sus groseras afirmaciones en relación" con Felipe VI, al que acusó de "maniobrar" contra el Ejecutivo.

Así consta en la moción que el PP que es consecuencia de la interpelación que la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, dirigió en el último Pleno al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la que también se insta al Gobierno a "poner fin a sus agresiones institucionales".

Esta iniciativa llegará a la Cámara Baja días después de conocerse el escrito del juez Manuel García Castellón solicitando al Tribunal Supremo que investigue a Iglesias en el marco del 'caso Dina', un asunto que previsiblemente echarán en cara al vicepresidente, a quien el PP pide que dimita o que Sánchez le cese.

De hecho, el lider del PP, Pablo Casado, tiene registrada una pregunta para la sesión de control del próximo miércoles interrogando directamente a Pedro Sánchez por la continuidad de Iglesias en el gobierno.

En el texto de la moción, recogido por Europa Press, los 'populares' alertan de que "la tala de las vigas maestras del Estado de Derecho y el asedio a la independencia de las instituciones ha sido el pan de cada día de la vida pública" desde la investidura de Pedro Sánchez, al que reconocen su "victoria democrática en las urnas", pero recriminan que después decidiera "libérrimamente echarse en brazos de todos los enemigos de la España constitucional.

Según el PP, nunca como ahora "la división de poderes y los contrapesos constitucionales habían sido objeto de una amenaza tan intimidante trascendencia" que considera "innimaginable" en nuestro entorno democrático.

SOMETER A LOS PODERES DEL ESTADO

Como ejemplos de esta situación cita "el cortocircuito del Ministerio Fiscal en manos de una comisaria política", en referencia a Dolores Delgado; las "presiones" para "colonizar y someter a vasallaje político a los organismos del Estado" o los "desmedidos improperios lanzados contra órganos judiciales por parte de Iglesias", al que retrata como "líder de un partido abiertamente negacionista del pacto constitucional y recientemente imputado por financiación ilegal".

El PP percibe que se está planteando "un jaque en toda regla" a las instituciones democráticas y la independencia judicial, a lo que se unen dos "torpedos propulsados desde Moncloa contra la línea de flotación del consenso constitucional": la "mesa de la autodeterminación" creada con los independentistas catalanes para la "quiebra de la integridad territorial y la voladura en mil pedazos de la soberanía nacional" y el "blanqueamiento como interlocutor parlamentario de la heredera política por línea directa de una organización terrorista que asesinó a más de 800 españoles".

Para los de Pablo Casado, Sánchez ha desplegado una "agenda ideológica socialmente divisiva como cortina de humo para ocultar que España es el país peor gobernado de Europa" y también ha orquestado una "estrategia frentista de polarización política como maniobra de distracción ante su fracaso estrepitoso" para afrontar la crisis del coronavirus y sus consecuencias económicas y sociales.

OPERACIÓN DE DERRIBO DE LA CONSTITUCIÓN

Y a todo esto se añade, según el PP, la "aceleración vertiginosa de esta operación de derribo del marco constitucional" que ha tenido lugar en las últimas semanas justo cuando Sánchez necesita recabar el apoyo de sus socios para aprobar los Presupuestos. En este contexto, citan la tramitación de los indultos a los condenados por el proceso independentista catalán, la reforma del delito de sedición y el "veto arbitrario" al Rey en la entrega de despachos judiciales de Barcelona.

Todo esto, arguyen, "muestra a las claras a un Gobierno dispuesto al abuso de todas sus prerrogativas constitucionales en su cortejo a unos partidos que han declarado abiertamente la guerra contra la continuidad histórica de la nación española".

"Ante estos alarmantes acontecimientos, el Grupo Popular hace un llamamiento civil y democrático a todas las fuerzas parlamentarias para poner freno a los intentos de normalización de este peligroso giro de los acontecimientos en los que ha representado el periodo más fértil de concordia y prosperidad de nuestra larga historia como Nación", reza la moción.

El PP considera que "el Gobierno está a tiempo de ser receptivo a ese llamamiento", pero recalca que "su primera obligación es asumir las responsabilidades políticas de estos reprobables sucesos", reprobando a Iglesias y destituyendo a Garzón.

Cataluña ha registrado hasta este domingo 184.451 casos confirmados acumulados de coronavirus --158.078 con una prueba PCR--, 2.360 más que en el recuento del sábado, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra de fallecidos total se sitúa en 13.483, 13 más que los registrados el sábado: 8.197 en hospital o centro sociosanitario, 4.192 en residencia, 846 en domicilio y 248 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 873, lo que supone un aumento de 34 respecto al último recuento.

Un total de 151 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI), 6 menos que en el balance anterior.

La tasa del riesgo de rebrote ha subido: el sábado alcanzaba un nivel de 274,89 y, 24 horas después, está en 289,56, mientras que la velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) se ha situado en 1,30.

En las residencias de ancianos ha habido hasta ahora 19.028 personas que han dado positivo, de las que 6.600 han muerto y 59 se encuentran actualmente ingresadas, una en la UCI.

POR COMARCAS

En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 67.466 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 5.564 muertes, mientras que actualmente hay 244 pacientes ingresados --44 de ellos en la UCI--; el riesgo de rebrote es de 340,05.

En Osona (Barcelona) se han contabilizado 4.361 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 386 muertes, mientras que actualmente hay 22 pacientes ingresados --5 de ellos en la UCI--; el riesgo de rebrote es de 606,41.

En el Gironès (Girona) se han registrado 5.620 casos confirmados acumulados de coronavirus desde que empezó la pandemia, con 223 muertes; actualmente hay 23 pacientes ingresados, de los que 6 están en la UCI, mientras que el riesgo de rebrote es de 453,71.

Respecto a la comarca de la Cerdanya (Girona), desde el inicio de la pandemia ha habido 456 casos confirmados acumulados de coronavirus, de los que 6 han muerto, mientras que actualmente hay 2 pacientes ingresados --ninguno de ellos en la UCI--; el riesgo de rebrote es de 701,05.

En el Baix Ebre (Tarragona), desde el inicio de la pandemia ha habido 1.132 casos confirmados acumulados, de los que 36 han muerto, mientras que actualmente hay 6 pacientes ingresados --uno de ellos en la UCI--, y el riesgo de rebrote es de 390,31.

La exconsellera de Empresa y Conocimiento Àngels Chacón ha explicado que se ha presentado al proceso de primarias del PDeCAT para ser la candidata del partido a las elecciones en Cataluña: "Lo hago por coherencia, compromiso y conciencia".

En una entrevista en 'La Vanguardia' este domingo recogida por Europa Press, ha dicho que no se presenta para competir con el líder de JxCat y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sino para defender el "proyecto propio" de su partido.

En caso de que los independentistas sumaran más del 50% de los votos en estas elecciones, el PDeCAT no haría una declaración unilateral de independencia porque rechaza "la confrontación por sistema".

No podemos confrontar ni paralizar el país ni pedir a los funcionarios que asuman responsabilidades en este conflicto", sin que eso suponga dejar de criticar la represión que consideran que sufre el movimiento independentista; también apuestan por celebrar un referéndum con reconocimiento internacional, en sus palabras.

RELACIÓN CON JXCAT Y CESE

La exconsellera también ha explicado que la invitaron a irse a JxCat y que habló con Puigdemont unos días antes de ser cesada, pero decidió quedarse en el PDeCAT "por coherencia".

Preguntada por si se sintió víctima de una purga en el Govern por no irse a JxCat, ha dicho: "Por respeto a la institución, y teniendo muy claro que a los consellers los nombra y cesa al president, asumo que ha sido una decisión del president Torra".

"Que cada uno saque sus conclusiones. Sí que es cierto que a mí se me preguntó días antes cuál era mi posicionamiento político", y le ha deseado todos los éxitos a su sucesor al frente de Empresa y Conocimiento, el conseller Ramon Tremosa.

Ha sostenido que el PDECat "ha tenido voluntad de integrar y ha sido generoso", primero con Junts pel Sí, y también el 21-D con JxCat y los independientes, y que en el actual contexto ha defendido sumar desde el reconocimiento mutuo.

"Tenemos diferencias sobre el modelo de país de la CUP o de ERC. Queremos ser independientes pero si nuestra economía se ve perjudicada, no es el país que queremos", ha dicho.

La exfeja de ETA María Soledad Iparragire, alias 'Anboto', se vuelve a sentar el martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional para responder por la presunta entrega de material explosivo que realizó a un comando de la banda terrorista que finalmente atentó contra una comisaría de Policía en Oviedo en julio de 1997.

Éste será el segundo juicio, de los 12 que 'Anboto' tiene pendientes en España, que afrontará después de que Francia la entregara el año pasado tras cumplir allí casi 20 años de prisión. El pasado mes de julio la Audiencia Nacional juzgó el primer caso, el asesinato del comandante del Ejército del Tierra Luciano Cortizo mediante la colocación de una bomba en su coche el 22 de diciembre de 1995 en León, por el que ha sido condenada a 122 años de prisión.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide otros 71 años de prisión al considerarla cooperadora necesaria del atentado contra la comisaría de Buenavista de Oviedo, que finalmente no causó la muerte de ninguna persona. En concreto, solicita 16 años de cárcel por el delito de estragos; 45 años por tres delitos de asesinato intentado y 10 años por el delito de lesiones.

Según relata el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, 'Anboto' entregó en una fecha indeterminada de 1997 a los etarras Kepa Arronategi y Eneko Gogesascoechea, integrantes del 'comando Katu', material explosivo, detonadores, temporizadores, granadas, dos pistolas y un subfusil "con indicación expresa de que las granadas fueran usadas de forma inmediata en la campaña de atentados" de ese verano.

Siguiendo estas indicaciones, el 'comando Katu' --cuyos miembros ya han sido condenados por estos hechos-- el 21 de julio de ese año "con la voluntad de causar la muerte de cuantos funcionarios policiales se encontrasen" en la Comisaría de Policía de Buenavista de Oviedo colocaron junto al tronco de un árbol dos artefactos explosivos constituidos por unos tubos lanzadores de granadas orientados hacia las dependencias policiales.

Sobre las 08.00 horas de ese día, de uno de los bloques explosionaron dos granadas, que no alcanzaron su objetivo pues una cayó en la calzada y otra en el patio interior de un edificio de vivienda. Del otro bloque de granadas que estaba preparado no llegaron salir, señala el escrito de acusación.

A esto se añade, explica el fiscal, que entre unos arbustos también se encontraba escondida "una persona que actuaba de común acuerdo", que dejó una bomba trampa en una fiambrera con una alarma fijada para que explotara una hora más tarde con el objetivo de "causar la muerte a los funcionarios del equipo de desactivación de explosivos" que pudieran intervenir.

"El resultado pretendido no llegó a producirse al conseguir ser neutralizado el artefacto explosivo con éxito por los agentes del grupo Tedax", afirma el escrito. No obstante, la primera explosión sí ocasionó heridas a una mujer que paseaba por la zona y causó desperfectos en la vía pública y edificios, indica la Fiscalía.

CAUSAS PENDIENTES

Entre la docena de causas pendientes, 'Anboto' está procesada por el crimen de dos agentes en Vitoria el 6 de agosto de 1987 o el del cartero Estanislao Galíndez en 1985.

También se le relaciona con las instrucciones para atentar contra el Rey Juan Carlos en la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao o por facilitar armamento para una acción criminal contra la oficina del DNI de esta misma ciudad el 13 de enero de 1995, causando la muerte de una persona y dejando herida grave a otra.

En mayo de 2018, y mientras estaba presa en Francia, fue una de los dos terroristas que puso voz al vídeo en el que ETA anunció su disolución definitiva. El otro terrorista fue José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', quien fue arrestado en Francia el año pasado y también está reclamado por la Audiencia Nacional.

El PSOE considera necesario que el Ministerio de Defensa avance en la digitalización de los más de 1.600 millones de páginas que están repartidas en 155 kilómetros de estanterías entre los 26 archivos militares que hay en España y que custodian el mayor volumen de patrimonio documental del Estado después del que alberga el Ministerio de Cultura.

Con este objetivo ha presentado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Defensa del Congreso en la que también reclama que se continúe con el proceso de progresiva autorización de la consulta pública de estas series documentales.

Eso sí, puntualiza que esa apertura de los documentos militares debe llevarse a cabo siempre teniendo en cuenta el cumplimiento de la Ley de Secretos Oficiales, es decir, no dando acceso a los que hayan sido clasificados.

UNIFICAR SU GESTIÓN

También mencionan como excepción aquellos documentos que entrañen dificultades para ser puestos a disposición del público por su "gran volumen" y que requieran ser sometidos previamente a un proceso técnico de inventario, descripción o digitalización.

En cualquier caso, en su iniciativa, recogida por Europa Press, los socialistas también llaman a implementar el Plan de Archivos de Defensa para avanzar en la organización y digitalización de todos esos documentos, cartas, planos, dibujos y fotografías, impulsar la conservación preventiva de todo este patrimonio documental y modernizar y racionalizar su organización, unificando su gestión para hacerla más eficiente.

"El Ministerio de Defensa tiene la obligación de describir, custodiar y conservar este legado, así como de disponerlo para que pueda ser utilizado por estudiosos investigadores y la ciudadanía en general", argumenta el PSOE.

La Fundación Disenso que preside Santiago Abascal lanzará este lunes, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, 'La Gaceta de la Iberosfera', el primer gran proyecto de esta organización vinculada a Vox, que nace con el objetivo de convertirse en un referente periodístico contra los partidos de izquierdas iberoamericanos.

Se trata de un diario digital e internacional que contendrá información política, análisis, entrevistas y contenidos culturales con una fuerte presencia en redes sociales y con una clara apuesta por nuevos formatos periodísticos.

"El medio aspira a ser una voz que haga frente a los enemigos de la libertad a ambos lados del Atlántico", reza el comunicado de esta nuevo diario, al frente de cuyo Consejo Editorial estará el periodista y eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, que dirigirá el también periodista José Antonio Fúster y que contará con columnistas como Alfonso Ussía.

NUEVA ETAPA DE 'LA GACETA LOS NEGOCIOS'

'La Gaceta de los Negocios', una cabecera con más de 30 años de trayectoria en el periodismo español, comienza así una nueva etapa dedicada, según aseguran, a dará "la batalla cultural a la agenda ideológica de izquierdas" impulsada por organizaciones como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla.

El Foro de Sao Paulo, añaden, fue fundado en 1990 por el brasileño Lula da Silva y el cubano Fidel Castro para "apoyar y financiar" a una larga lista de partidos, líderes y movimientos de "extrema" izquierda por todos los países iberoamericanos, incluido España.

Por su parte, siempre según el comunicado, el Grupo de Puebla se creó en 2019, cuenta entre sus miembros con los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador), así como la ministra de Igualdad, Irene Montero, entre otros, y desarrolla una intensa actividad política a nivel internacional.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende "cambiar el país por la puerta de atrás" pero la Justicia, Madrid y el Rey se lo impiden.

"Estamos ante el Gobierno más autoritario de la historia de la democracia. La Justicia, la Comunidad, el Rey o las leyes son impedimentos para que Pedro Sánchez cambie este país por la puerta de atrás, como pretende", ha lanzado. Según la jefa del Ejecutivo autonómico, "si nadie hace nada auténticas barbaridades" van a parecer "normales".

En una entrevista concedida a 'El Mundo', y recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha sostenido que el Ejecutivo central no tiene justificación para haber decretado el estado de alarma y ha insistido en que su plan de zonas básicas de salud estaba "funcionando".

"Nosotros hemos abogado por un plan intermedio, quirúrgico y selectivo en el que detectamos a las personas que están contagiando para que el resto pueda seguir ganándose la vida", ha explicado. Desde su punto de vista, "cerrar, prohibir, cortar son verbos muy fácil de aplicar" pero lo complicado es "seleccionar, elegir, pensar y aplicar estrategias".

PERJUICIOS ECONÓMICOS "DESASTROSOS"

Para la presidenta regional, cerrar es "la solución fácil a la que se acostumbró el Gobierno en primavera para evitar protestas y que estiró hasta el verano precisamente por eso". Pero, a su parecer, esta medida "causa unos perjuicio económicos que están siendo desastrosos".

Ayuso cree que las decisiones del Gobierno sobre el estado de alarma se han tomado para intentar "tapar el varapalo" judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) "por soberbia".

Además, ha criticado que la decisión de cerrar Madrid haya sido "tan poco" meditada que se tomó cuando "ya ni siquiera los datos le avalan". "A mí me respalda la ley y me respaldan los datos. A ellos ni una cosa ni la otra", ha remarcado.

CAMPEÓN "EN EL RANKING DE MENTIRAS"

Según la presidenta de la Comunidad al Ejecutivo de Pedro Sánchez "le gusta la alarma, la alerta y los miedos" porque su objetivo es que "la gente necesite ser encerrada y dirigida, en lugar de exigir a las autoridades medidas para que los daños de la pandemia sean los menos posibles".

A su juicio, los tres indicadores que han usado para cerrar Madrid "se los inventaron un fin de semana ad hoc". Así, ha sostenido que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, "desde el comienzo de la pandemia no ha dejado de mentir". "En el ranking de las mentiras, el Gobierno es indiscutiblemente el claro campeón", ha espetado.

Ayuso, al igual que avanzase el viernes su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que la Comunidad de Madrid pedirá "cada día al Gobierno que levante el estado de alarma" así como que cada vez que una ciudad o un distrito de la capital baje de 500 casos exigirá "que salga".

La carrera Perrotón 2020 se celebrará este domingo 11 de octubre a las 10:00 horas de manera virtual, a causa de la pandemia del coronavirus, con el objetivo de reunir a más de 10.000 participantes acompañados de sus perros.

La celebración de esta edición, que cumplirá nueve años consecutivos, será especial porque, como señalan sus impulsores, Abott Producciones, se trata de la primera Carrera Virtual Única en el Mundo contra el Abandono y Maltrato Animal. La organización de la carrera ha programado que el recorrido sea de cuatro kilómetros para todos los participantes, acompañados de sus perros, pero señalan que "siempre manteniendo la distancia social y respetando las restricciones".

La carrera durará hasta las 13:00 horas y durante el tiempo de carrera se realizarán diversas actividades en directo desde las instalaciones de la Fundación El Arca de Noé, centro de protección animal, que se podrán seguir a través de la página web 'www.perrotoncloud.org'.

El 30 por ciento de las inscripciones a la carrera (4,50 euros cada inscripción) se destinarán a la Asociación Nacional sin ánimo de lucro Perrotón, cuya presidenta de honor es la Baronesa Carmen Thyssen y cuenta con el respaldo de otros rostros conocidos como la embajadora de Perrotón España, la actriz y cantante Alejandra Botto, Vicente del Bosque, Agatha Ruiz de la Prada, Pedro Piqueras, Adriana Ugarte, Carlos Baute, Maribel Verdú, Santiago Segura, Alaska, Carlos Sobera o Joaquín Reyes, entre otros.

Además, como en otras ediciones, la Fundación El Arca de Noé será la beneficiaria del Dorsal Cero Solidario, que irá íntegramente destinado a la labor que realiza esta institución desde hace más de 25 años.

El evento contará con la participación de rostros conocidos como la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; su homónimo en la Comunidad de Madrid, el vicepresidente Ignacio Aguado; el presentador de televisión, Roberto Leal, el Padre Ángel o Mario Vaquerizo, entre otros.

Asimismo, Perrotón cuenta con el apoyo de la DG de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, así como el Ayuntamiento de Madrid y el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid.

La carrera cuenta también con el respaldo de empresas privadas y organizaciones como El Corte Inglés, Bankia Dog-Friendly, Royal Canin, Frontline Tri-Act y Travelguau.

El Día Mundial de la Carretera se celebrará este domingo 11 de octubre, por primera vez en su historia, "en un mundo virtual específicamente habilitado para la ocasión" a causa de la pandemia del Covid-19.

Según los promotores de este evento, entre los que se encuentran representantes del sector del mundo de la carretera de Europa y América, la decisión ha sido tomada "para romper las barreras geográficas y ofrecer una fiesta global totalmente compatible con la situación actual donde autoridades sanitarias desaconsejan las reuniones masivas".

Respecto a España, han detallado que es uno de los trece países que contarán con un pabellón propio dentro del mundo virtual el próximo 11 de octubre, Día Mundial de la Carretera.

Asimismo, Alemania, Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, México, Paraguay, Reino Unido y Venezuela completan el escenario internacional con representación de asociaciones, empresas y universidades de referencia en las citadas ubicaciones geográficas.

En relación con las dos anteriores ediciones, han apuntado que la jornada se celebró también en clave digital, aunque centrada en la red de Twitter mediante los hashtags #DíaMundialdelaCarretera y #WorldRoadDay.

En concreto, en 2018 se lanzaron 14.398 tuits desde 3.120 cuentas distintas con un alcance de 67 millones de impresiones y el año pasado fueron 2.699 usuarios los que emitieron 9.523 tuits para alcanzar los 47,8 millones de impresiones en sólo 24 horas.

En ambas ocasiones #DíaMundialdelaCarretera fue tendencia en Twitter y ese es precisamente uno de los objetivos para 2020. "Queremos visibilizar al máximo la carretera como infraestructura esencial, cohesionadora y al servicio de la población los 365 días del año", comentan desde la organización.

El Día Mundial de la Carretera nace en 2018 de la iniciativa de dos españoles, Juan José Potti y Francisco José Lucas, para cubrir una necesidad: la referencia a un elemento de movilidad universal que hasta entonces no contaba con su día propio en el calendario.

Como han recordado los organizadores, a ella se sumaron cientos de particulares y entidades entre las que se encuentra la propia Asociación Mundial de la Carretera (PIARC), la Federación Europea de la Carretera (ERF), la Asociación Española de la Carretera (AEC), la Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC) o la asociación francesa de la carretera URF.

Finalmente, han destacado que la fecha de celebración, 11 de octubre, coincide con el aniversario de la apertura del Primer Congreso Mundial de la Carretera (París,1908). Los principales canales de difusión y desarrollo son las redes sociales y, en general, las tecnologías de la comunicación.

"Niñas, adolescentes y mujeres deben tener un papel crucial en el desarrollo económico y social de las próximas décadas". Así lo manifiesta una declaración institucional de la Xunta con motivo del Día Internacional de la Niña, que se celebra este domingo 11 de octubre.

Con este escrito, el Gobierno gallego quiere "reafirmar su compromiso" con los derechos de las niñas "de todo el mundo", independientemente de "su origen, cultura o religión", con el objetivo de que "todas ellas puedan aprender, liderar, decidir y prosperar en el mundo y sus vidas".

En este contexto, la Xunta recuerda que el 19 de diciembre del 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña "para reconocer sus derechos y los desafíos únicos a los que se enfrentan en todo el mundo, así como para promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos.

Además, en 1995, Pekín (China) acogió la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, con una declaración que fue la primera en llamar específicamente a los derechos de las niñas. 25 años más tarde, la Xunta destaca que si bien se pueden "celebrar logros" en este sentido, "muchos de los compromisos contraídos con las niñas están aún por cumplir".

En la actualidad hay 1.100 millones de niñas en todo el mundo "y urge cumplir los compromisos asumidos hace 25 años". "Reivindicamos un mundo en que cada niña y cada mujer puedan gozar de todos sus derechos, por ejemplo, vivir libres de violencia, asistir a la escuela y acabar sus estudios, elegir cuándo y con quién casarse y recibir una remuneración equitativa por un trabajo equitativo", añade el Gobierno autonómico.

Y es que, según asegura la Xunta en la declaración institucional, las niñas "constituyen un poderoso grupo que puede dar forma a un mundo sostenible y mejor para todas las personas".

"El Gobierno gallego manifiesta su apoyo a todas las niñas, nombradamente a las gallegas, que inspiran, revolucionan y reivindican su poder como impulsoras del cambio", continúa.