El director del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), Miguel Ángel Ballesteros, ha recalcado este viernes que el Gobierno no va a vigilar ni a "supervisar" a los medios para que cuenten "la verdad", sino que la polémica orden que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tiene como objetivo detectar posibles campañas de desinformación e informar de ellas a Europa; campañas que, en general, suelen ser fruto de "injerencias extranjeras".

De hecho, ha afirmado que el Gobierno tiene "prohibido" supervisar medios de comunicación porque no se recoge esta tarea en el BOE, y "lo que no está permitido en el BOE, está prohibido". "En el BOE no se habla de verificar, de 'fake news', de contrastar información, de supervisar a los medios. Solo de habla de campañas de desinformación. Todo lo demás el Gobierno con esta orden lo tiene prohibido, porque no lo tiene autorizado", ha zanjado.

Así lo ha asegurado durante el debate 'Guerra a la desinformación: ¿Quién decide lo que es falso?' organizado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), en colaboración con la Asociación de Periodistas de Investigación (API), la Plataforma por la Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y Maldita.es.

El general Ballesteros se ha centrado en sus intervenciones en despejar dudas sobre la orden que el Gobierno publicó a principios de noviembre en el BOE, generando una gran polémica y muchas dudas entre los medios de comunicación, por el llamado Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional que se detallaba en ella.

En concreto, dicha orden afirmaba que, entre otras cosas, el Gobierno "monitorizará" la desinformación y podrá solicitar colaboración a los medios de comunicación para perseguir la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios".

Según ha explicado Ballesteros, el procedimiento aprobado da respuesta a la petición que realizó la Unión Europea para que los Estados miembros colaboraran en la detección de campañas de desinformación, al confirmarse que ha habido "injerencias extranjeras" en proceso electorales como el de Estados Unidos en 2016 o en Francia en 2017.

"El procedimiento es simplemente para organizar a los Ministerios en la lucha contra las campañas de desinformación", ha defendido el responsable del Departamento de Seguridad Nacional, que depende del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Ballesteros se ha referido a una de las frase que generó más recelos; en concreto, la que afirmaba que una de las líneas estratégicas es "fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación, así como el papel de la sociedad civil", y también la de "abordar la desinformación de manera coherente, considerando la necesidad de examinar los medios que se utilizan para interferir los sistemas democráticos, basándose en las acciones sobre la lucha contra la desinformación relacionada con la COVID-19.

"Eso se lo han adjudicado al procedimiento, cuando el procedimiento ni lo tiene entre sus propósitos ni en sus cometidos ni en sus funciones que figuran en el anexo", ha recalcado. "Es un procedimiento exclusivamente para ordenar el tráfico de información entre el Centro Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Exteriores, el Ministerio del Interior, y todos los que por una razón o por otra detectan campañas de desinformación de injerencias extranjeras", ha ahondado.

La Rioja no ha notificado ningún fallecido en las últimas 24 horas, según los últimos datos actualizados por el Gobierno regional. Además, los casos activos se mantienen en la misma cifra que ayer, con 994, mientras que la presión hospitalaria ha subido en los ingresos en planta en 13 personas más. Por su parte, la UCI ha bajado en un ingreso y, a día de hoy, hay 34 personas en dicha unidad por Covid-19.

Además, y según los mismos datos, La Rioja ha sumado este viernes 70 nuevos contagios. Desde el inicio de la pandemia, nuestra comunidad ha tenido un total de 16.398 contagios.

En relación a la presión hospitalaria, y según los mismos datos, a día de hoy hay 120 personas ingresadas en los diferentes centros riojanos por coronavirus (ayer 107). En el caso del hospital San Pedro hay 62 personas en planta (4 más que ayer) y en la FHC han subido en 10 los ingresados hasta llegar a los 24.

Por su parte, en cuanto a la UCI, a día de hoy hay 34 personas ingresadas por Covid-19. Recordamos que el hospital San Pedro cuenta con 54 camas operativas y, si sumamos los ingresos en dicha unidad pero por otras patologías no relacionadas con la Covid-19 (8 a día de hoy), la UCI riojana se sitúa en el 77,70 por ciento (11 puntos menos que ayer).

También han descendido los residentes positivos en centros de mayores de 87 a 66 casos en las últimas horas. En cuarentena a día de hoy hay un total de 12.368 personas.

Finalmente, destacamos que desde que comenzó la pandemia en el mes de marzo, La Rioja ha tenido que lamentar la muerte de 543 personas. De esta cifra, un total de 272 eran residentes de centros de mayores.

El Grupo de Expertos de Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés) abrirá del 4 de diciembre hasta el 29 de enero de 2021 el Sexto Informe de Evaluación del Grupo de Trabajo II, que se centra en la adaptación, los impactos y la vulnerabilidad al cambio climático para su revisión por parte de gobiernos y expertos, según ha informado la organización, con sede en Ginebra.

La contribución del Grupo de Trabajo II al Sexto Informe de Cambio Climático del IPCC --conocido como el AR6-- y cuya publicación está prevista para el año 2022, se centra en los impactos del cambio climático en los sistemas humanos y naturales, sus vulnerabilidades y las capacidades que tienen para adaptarse al cambio climático.

También cubrirá opciones para crear un futuro sostenible para todos a través de un enfoque equitativo y que integre los esfuerzos de adaptación a todas las escalas y, a su vez, vinculados a las opciones sobre mitigación del clima del Grupo de Trabajo III.

El copresidente del Grupo de Trabajo II, Hans otto Pörtner, ha anticipado en un comunicado que dados los acontecimientos actuales y la "creciente urgencia de reconstruir mejor después del COVID-19, habrá "un gran interés en varias áreas" del informe, entre las que ha destacado los capítulos de salud, ecosistemas, alimentos, agua, ciudades, clima y desarrollo sostenible.

Asimismo, ha añadido que el informe se centra en los impactos del cambio climático a nivel regional, así como explica las opciones de adaptación que serán "relevantes" para los decisores políticos locales y regionales en todo el mundo.

La nueva versión, que se someterá durante estos casi dos meses a revisión, incluye también los primeros borradores del resumen para políticos, el resumen técnico y el atlas mundial y regional del Grupo de Trabajo II.

A consecuencia de la pandemia para elaborar el borrador y los comentarios de revisión celebró varias reuniones virtuales durante el pasado mes de agosto en las que participaron más de 250 expertos para avanzar en los trabajos a pesar de las interrupciones del COVID-19.

"Nuestros autores trabajaron día y noche en circunstancias difíciles para finalizar el Borrador de segundo orden a tiempo. Ahora, pedimos a todos los expertos, partes interesadas y tomadores de decisiones que participen en este proceso de revisión", ha reclamado en el comunicado la copresidenta del Grupo de Trabajo II, Debra Roberts.

Roberts ha insistido en su invitación a participar "especialmente" a expertos, profesionales y formuladores de políticas del Sur global para conocer sus opiniones del borrador y garantizar que la evaluación refleje las necesidades y preocupaciones de personas, comunidades, instituciones del sector público y privado de todo el mundo.

"Solo así seremos capaces de identificar una gama suficientemente diversa de opciones de soluciones que nos ayuden a adaptarnos al cambio climático de manera equitativa y sostenible", opina.

En la lista de autores que han participado en su elaboración figuran varios científicos españoles que trabajan en tanto en universidades españolas como extranjeras o bien en centros de investigación. Entre ellos participan la investigadora de la Universidad de Vigo Elena Ojea, en el capítulo 3 sobre océanos, ecosistemas costeros y sus servicios asociados; Elena López-Gunn de I-Catalist S.L, que participa en el capítulo 4, dedicado al agua; Vanesa Castán Broto, de la Universidad de Sheffield, que contribuye al capítulo 6, ciudades, asentamientos e infraestructuras clave.

Asimismo, entre los científicos españoles del Grupo II del IPCC en este informe participan María Tirado, desde la Universidad de Los Ángeles de California, en el capítulo 7 de salud, bienestar y cambios en las comunidades; Marta Rivera de la Universidad de Vic, que participa en el capítulo 8, dedicado a la pobreza, condiciones de vida y desarrollo sostenible; Jofre Carnicer, de la Universidad de Barcelona, que aporta al capítulo 13, centrado en Europa y, en el mismo capítulo, participa también el ya veterano en el IPCC, el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha José Manuel Moreno.

El Quinto Informe se completó en 2014 y contribuyó la principal aportación científica a la Cumbre del Clima que se celebró en diciembre de 2015 en París, la cual alumbró el Acuerdo del Clima que lleva el nombre de la capital francesa.

El IV informe del Observatorio empresarial para el crecimiento inclusivo (OEPCI), titulado 'Crecimiento inclusivo. En busca de una prosperidad compartida', ofrece recomendaciones a las empresas para alinear su actividad con la filosofía del crecimiento inclusivo, es decir, un crecimiento económico empresarial cuyos beneficios se distribuyen por toda la sociedad, en busca de una prosperidad "queno deje a nadie atrás".

El primer objetivo del informe es concienciar sobre la realidad de la pobreza y la exclusión en España. El equipo investigador ha analizado los niveles de desigualdad y pobreza a través de los índices de Gini y los índices de desarrollo humano, considerando también las previsiones globales tras la COVID-19.

El Banco Mundial prevé que en 2021 la pobreza extrema en el mundo aumente en 150 millones de personas. Entre otros datos, el OEPCI destaca que un 15% de la población española --6,8 millones de personas-- sufre temperaturas inadecuadas en su vivienda.

"La pandemia ha traído nuevos indicadores de pobreza. En España, hay 235.000 hogares que solo tienen acceso a internet a través de su teléfono móvil, lo que influirá también en el nivel educativo de los niños y jóvenes de la familia", ha apuntado la coordinadora de proyectos OEPCI y directora de investigación en Fundación CODESPA, Mónica Gil Casares.

El informe se pregunta si "las empresas pueden realmente hacer algo por revertir la situación". Jordi Canals, de IESE Business School, contesta en una de las entrevistas incluidas que "hoy hay un resurgir de empresas que quieren ser rentables, pero con un componente social muy fuerte, que dan trabajo a personas con discapacidad y de alta vulnerabilidad social, que crean puestos de trabajo sostenibles para personas con estas características".

Además, la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, destaca que "es importante integrar en el trabajo a personas de baja empleabilidad" y que "las empresas que lo hagan tienen que ser premiadas o motivadas de alguna manera, porque el rendimiento de muchas de esas personas que contratan, en un primer momento, puede ser menor porque tienen otro tipo de problemas".

En este sentido, el informe va más allá del diagnóstico, para inspirar y llamar a la acción, incluyendo casos prácticos, pautas de acción y ejemplos de empresas que pueden servir de inspiración y guía para el sector privado hacia una economía más inclusiva.

Una idea del estudio es que las empresas pueden favorecer la inclusión con la actividad propia de su negocio, en su relación con empleados, proveedores o clientes. "La capacidad de escucha hacia los grupos de interés y la innovación social para adaptar los productos y servicios a sus necesidades, serán las herramientas clave para conseguirlo", indica.

El informe también profundiza en la educación, la formación y el empleo como caminos clave hacia la inclusión social. El centro del informe es, sin embargo, el papel de las empresas en la búsqueda del crecimiento inclusivo.

La filosofía del crecimiento inclusivo, según precisa el estudio, implica un "salto cualitativo" respecto a la responsabilidad social corporativa o a la filantropía. "Ya no se trata de llevar a cabo proyectos sociales, sino de conseguir un impacto social de forma transversal, desde las diferentes áreas de la empresa", indica el documento.

ACUERDOS ÉTICOS CON LOS PROVEEDORES

Según precisa, una empresa crece de manera integradora cuando se ocupa de generar bienes y servicios que aporten valor a las personas y de atender a potenciales clientes ahora excluidos. Implica acuerdos éticos con los proveedores, tener políticas de contratación para colectivos en riesgo de exclusión, generar oportunidades para actores económicos más débiles y apoyar a las comunidades en las que se opera a través de sus cadenas de suministro.

Además, añade que el crecimiento inclusivo empieza desde dentro, reduciendo brechas salariales, garantizando la inclusión en la plantilla, apostando por la formación y el desarrollo de los empleados.

Se trata, dice, de una nueva forma de entender el propósito empresarial. Precisamente, esto es lo que han entendido CODESPA y un nutrido grupo de socios estratégicos de la fundación, como el IESE Business School, The Boston Consulting Group, Deloitte y Open Value Foundation, entre otros, al iniciar el proyecto Prosper4ALL.

Esta iniciativa aspira a "crear un marco de análisis y medición del compromiso de las empresas en la búsqueda del impacto social y la inclusión a través de sus áreas de negocio y hacia todos sus grupos de interés".

En la investigación se ha contado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Han participado en ella 31 empresas privadas, 10 Fundaciones y organizaciones empresariales, 6 centros de investigación, 2 organismos públicos, organismos internacionales y ONGs.

La investigación y los informes anuales del OEPCI son posibles gracias a BBVA, Divina Pastora Seguros, Fundación 'La Caixa', Open Value Foundation, Fundación UNIR, Fundación KPMG y Sener. Por su parte, IESE Business School y Boston Consulting, están implicados en las líneas de investigación, estrategia y desarrollo del OEPCI. También contribuyen al trabajo del observatorio Arquia y Fundación Ramón Areces.

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha reconocido que no es "muy optimista" respecto a la respuesta del Ministerio de Sanidad al plan que ha elaborado la Consejería de Sanidad para permitir la realización de test en farmacias.

Zapatero se ha remitido, en una entrevista en 'esRadio' recogida por Europa Press, a la relación que han mantenido la Comunidad de Madrid y el Gobierno central en relación con la gestión de la pandemia, y ha aludido al estado de alarma, entre otras cosas.

"A mí me hubiera encantado que hubiéramos ido mucho más de la mano, pero la experiencia que hemos tenido es la que hemos tenido", ha manifestado Zapatero, quien ha agregado: "vamos a esperar la respuesta del Ministerio, no sé lo que nos dirá el Ministerio pero no soy muy optimista de cara a hacer un diagnóstico como médico".

Zapatero ha asegurado que solo ve ventajas a la posibilidad de que 500 o 600 farmacias de las 2.900 con las que cuenta la Comunidad de Madrid se ofrezcan a ayudar a testear y a cribar a los madrileños.

El responsable de Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid ha puesto de ejemplo a Eslovaquia por su estrategia de "testeo masivo obligatorio por parte del Estado", ya que si algún ciudadano se negaba a hacerse el test de antígenos debía hacer cuarentena de 14 días.

Según Zapatero, con eso se ha conseguido identificar a todos los positivos, tomar medidas de aislamiento y ahora Eslovaquia es de los países europeos que tienen una incidencia más baja.

Asimismo, ha señalado que el empleo de test de antígenos "cambió la dinámica en Madrid" y ha vaticinado que ahora que quieren introducirlo otras comunidades autónomas "van a ir mejorando en parte por el test de antígenos, porque detectar precozmente al infectado y tomar medidas de aislamiento, cambia, ha cambiado en Madrid, y va a cambiar el panorama de la gestión de la pandemia".

Por otro lado, Zapatero ha incado que disponen de estudios realizados en algunas zonas de Madrid que indican que la inmunidad por anticuerpos puede llegar al 25 por ciento de la población, y ha señalado que otra parte importante es la "inmunidad celular".

A su juicio, en las comunidades que han sido más castigadas por el coronavirus, como Madrid, esa inmunidad celular "debe ser más alta", y eso está ayudando ahora.

ENTRE UN 30%-40% DE LA POBLACIÓN MADRILEÑA PROTEGIDA

Según sus cálculos, entre un 30 y un 40 por ciento de la población madrileña puede estar protegida ahora mismo por anticuerpos o inmunidad celular, mientras los expertos dicen que para obtener la inmunidad de rebaño habría que llegar a un 70 por ciento, que es a lo que se pretende llegar con la vacuna, ha apuntado.

Respecto al Plan Nacional de Vacunación, ha indicado que hay "aspectos técnicos" pendientes, como si los residentes de las residencias de mayores que tienen anticuerpos van a estar entre los primeros en recibir la vacuna pese a tener ya inmunidad, cuando además parece que esta es más duradera de lo que se pensaba y aunque ahora se estipula que es de seis meses es posible que dure entre 18 y 24 meses.

Así, tras señalar que según el estudio de seroprevalencia llevado a cabo en las residencias de mayores por la Comunidad de Madrid, "único en Europa", un 53 por ciento de los residentes tiene anticuerpos, ha destacado que se debe tener en cuenta un aspecto como el de la inmunidad a la hora de establecer un orden de prelación para la vacunación.

En cuanto al Plan de Navidad, ha considerado que las medidas pueden ser diferentes en función de la situación de cada comunidad, y ha apuntado que aunque haya voluntad de consenso "hasta el momento no ha sido muy exitosa esta cuestión".

En cuanto a la Comunidad de Madrid, ha recalcado que van a apostar por incrementar a 10 el número máximo de personas que está permitido en las reuniones en los principales días de Navidad.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 252 casos positivos de Covid-19, lo que supone un incremento con respecto a la jornada anterior, en la que hubo 210 contagios.

También aumentan los fallecidos, con 12, con lo que ya son 940 las personas que han perdido la vida por el coronavirus desde el inicio de la pandemia en la comunidad autónoma, en cuyos hospitales hay ingresados 234 pacientes, 45 de ellos en las UCI.

Datos que reflejan un descenso en el número de hospitalizados, con doce menos, si bien las camas de UCI ocupadas por pacientes UCI se mantiene igual que en la jornada del jueves. Al mismo tiempo, se han dado 587 altas, lo que equivale a un acumulado de 25.483 altas.

El Área de Salud de Cáceres notifica cuatro fallecidos. Dos mujeres de 68 y 89 años de Cáceres; un varón de 80 años de Aliseda y un varón de 95 años de Villamesías. El de Badajoz comunica dos fallecidos, un varón de 74 años y una mujer de 91, ambos de la capital provincial.

El Área de Salud de Mérida notifica el fallecimiento de dos mujeres de 91 años de la capital autonómica; el de Don Benito-Villanueva notifica la muerte de una mujer de 85 años de Talarrubias, mientras que en Llerena ha fallecido un varón de 84 años de Ahillones y en la de Plasencia una mujer de 65 años de Montehermoso y otra de 89 años de la ciudad del Jerte.

En cuanto a los brotes, se declara uno en Pueblonuevo del Guadiana con 4 positivos y 11 contactos, y se cierran 12, dos en Badajoz; uno Torrecillas de la Tiesa; otro en Villanueva de la Serena; Esparragosa de la Serena; Bienvenida; Fregenal de la Sierra; Ribera del Fresno; Arroyo de san Serván; Mérida; Guareña y Villagonzalo.

Por áreas de salud, la de Badajoz notifica 39 casos confirmados y tiene 62 pacientes hospitalizados, 17 de ellos en UCI. Ha tenido 108 fallecidos y ha dado 6.335 altas; la de Cáceres ha notificado 32 casos positivos y tiene 44 pacientes ingresados, de los que 6 están en UCI. Acumula 347 fallecidos y ha dado 4.985 altas.

A su vez, la de Mérida registra 35 casos confirmados y tiene 34 personas hospitalizadas, de las que 13 están en UCI. Acumula 99 fallecidos y ha dado 4.633 altas; mientras que la de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica 14 casos positivos. Hay 22 pacientes hospitalizadas, de los que cuatro están en UCI. Acumula 90 víctimas mortales y 3.168 pacientes curados.

Por su parte, el Área de Salud de Plasencia registra 80 casos positivos y tiene 31 pacientes hospitalizados, de los que cinco están en UCI. Ha registrado un total de 122 fallecidos y ha dado 1.995 altas.

La Residencia Hogar de Nazaret de Plasencia cuenta a día de hoy con 61 residentes positivos, tres de ellos ingresados en el hospital Virgen del Puerto y 21 trabajadores positivos.

En el Área de Salud de Navalmoral de la Mata se han notificado 3 casos y tiene ocho pacientes ingresados. Acumula 68 fallecidos y ha dado 1.472 altas. Llerena-Zafra registra 11 casos positivos y atiende a 12 pacientes ingresados. Ha registrado un total de 68 fallecidos y ha dado 1.907 altas. Finalmente, el Área de Salud de Coria comunica 38 casos positivos y 21 pacientes hospitalizados. Un total de 38 personas han fallecido y se han dado 988 altas.

Un remolino de viento registrado durante las lluvias que han descargado de madrugada en el Poniente y la capital de Almería ha causado daños en unas diez hectáreas de invernadero del municipio de El Ejido.

Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que los desperfectos se han producido en explotaciones bajo plástico localizadas en Pampanico y Ejido Norte, y que tres maquinas del Ayuntamiento han estado trabajando en la zona para limpiar arrastres.

Desde la organización agraria Asaja en Almería han precisado que el remolino de viento ha causado desperfectos, sobre todo, en las cubiertas de los invernaderos.

La lluvia caída durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes en la provincia de Almería ha dejado una decena de incidencias muy leves, algunas de ellas vinculadas a un intenso episodio de granizo que se ha registrado en Roquetas de Mar, que ha afectado a la red de pluviales y saneamiento ante el incremento de volumen de agua.

Fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía han apuntado que durante la noche se recibieron varias llamadas de vecinos de Roquetas de Mar que alertaban de inundaciones en sus viviendas y en sus terrazas aunque sin daños graves.

Asimismo, también se ha detectado la inundación de un coche en El Ejido sin heridos, una vivienda en Adra y la caída de piedras en la carretera A-399 de Partaloa sin corte de la vía ya en la mañana de este viernes, sobre las 9,45 horas.

De otro lado, la DGT ha limitado el tráfico en la carretera A-1178 a la altura de Fiñana desde el kilómetro 19 al kilómetro 33 en ambos sentidos debido a la nevada caída en la zona, que se ha dejado sentir en algunos de los puntos de mayor altitud de la provincia, como Calar Alto.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar han explicado que la localidad registró la caída intensa de granizo durante un breve periodo de tiempo poco antes de la medianoche que, sin causar graves problemas, ha derivado en una treintena de incidencias en el servicio de saneamiento y pluviales, especialmente asociado a la acumulación de toallitas.

El concejal de Desarrollo Urbano de Roquetas de Mar, Francisco Gutiérrez, ha acudido en la mañana de este viernes a revisar las acometidas y conducciones posiblemente afectadas junto con responsables de las concesionarias del servicio de limpieza y de agua, sin que por el momento se hayan localizado daños reseñables.

Asimismo, el Consistorio roquetero ha puesto a disposición de los agricultores el teléfono 664618507 para que aquellos propietarios de invernaderos y fincas afectadas por el granizo puedan comunicar las incidencias detectadas.

Familiares de usuarios de geriátricos y otros centros residenciales de la Comunidad de Madrid podrán visitarlos entre una y tres veces a la semana una hora de duración dependiendo del nivel de riesgo por coronavirus y de la inmunidad de ese centro, según el nuevo protocolo elaborado por la Consejería de Políticas Sociales y la de Sanidad.

En las situaciones en que las visitas estén autorizadas el centro notificará que, para poder visitar a los usuarios, estas personas deben estar exentas de fiebre o síntomas respiratorios. Por ello, se recomienda realizar una toma de temperatura y unas preguntas para descartar síntomas compatibles con Covid antes del acceso al centro. Y verificarán que realizan una higiene de manos y que llevan puesta la mascarilla quirúrgica.

Los residentes con deterioro cognitivo moderado-severo requieren interacción directa y contacto físico para establecer una comunicación significativa y esto debe ser priorizado. En estas situaciones se facilitará a familiares medidas que permitan, por tiempo limitado (inferior a 15 minutos) si el paciente presenta serología negativa, no respetar la distancia de seguridad utilizando guantes para el contacto además de una adecuada higiene de manos.

En caso de que el residente disponga de una serología positiva este tiempo podrá ser mayor. Los residentes que dispongan de una IgG+ con una antigüedad menor de 6 meses están autorizados a salir del centro si bien deberán de seguir usando las medidas de protección habituales y no estarán exentos del uso de mascarilla. El número y duración de las salidas estará regulado en función de la logística del centro y los horarios establecidos a tal fin.

Los residentes IgG- que salgan de vacaciones deberán aportar una PCR negativa realizada en las 72 horas previas. Aquellos centros que dispongan de test antigénicos podrán sustituir la PCR por la realización de un test antigénico a la entrada al centro.

NIVELES DE RIESGOS 1 Y 2

Todo el protocolo se articula en base a tres niveles de riesgo de infección por Covidl. El Nivel 1 está definido por una incidencia acumulada en la Comunidad de Madrid en los últimos 7 días inferior a 50 casos/100.000 habitantes. En esta situación se considera que la probabilidad de que una persona que viene de la comunidad sea portadora del virus es baja y se establecen las siguientes medidas.

Por ello, en este nivel se permitirán las salidas del centro sin limitaciones y autoriza las salidas de vacaciones, fines de semana o a pasar el día. Se permiten, en función de las posibilidades de cada centro, 3 visitas a la semana de una hora de duración con cita previa.

El Nivel 2 está definido por una incidencia acumulada en la Comunidad en los últimos 7 días entre 50 y 80 casos/100.000 habitantes. En esta situación se considera que l probabilidad de que una persona que viene de la comunidad sea portadora del virus es moderada.

En esta situación el nivel de ocupación del centro no debe superar el 95 por ciento del número de plazas autorizadas, pudiendo indicarse excepciones según las condiciones que apliquen a cada centro, en función principalmente de la capacidad del centro para aislar residentes.

En este nivel, las residencias con nivel de inmunidad alto, es decir las que tiene menos del 70por ciento de usuarios con IgG+ dejarán salidas del centro sin limitaciones. Se autoriza las salidas de vacaciones, fines de semana o a pasar el día. Se permiten, en función de las posibilidades de cada centro, 3 visitas a la semana de una hora de duración con cita previa.

Residencias con nivel de inmunidad medio, con entre el 50 y el 70 pro ciento de usuarios con IgG+ permitirá las salidas del centro a los residentes con IgG- con limitaciones. Serán inferior a una hora y no más de tres salidas a la semana y en los alrededores del centro, pero no podrán salir de fin de semana ni a pasar el día. Los residentes con IgG + de los últimos seis meses pueden salir sin limitaciones.

Se permiten, en función de las posibilidades de cada centro, 2 visitas de familiares a la semana de una hora de duración con cita previa.

Las residencias con nivel de inmunidad bajo, con menos del 50 por ciento de usuarios con IgG+ o bien no disponen todavía de datos, permitirán salidas del centro a los residentes con IgG- pero solo menos de hora y no más de tres salidas a la semana y en los alrededores del centro, pero nada más. Los residentes con IgG+ de los últimos seis meses pueden salir sin limitaciones.

Se autoriza las salidas de vacaciones pero recomienda evitar, en la medida de lo posible, las consultas presenciales optando, si es posible, por consultas no presenciales o teleconsultas. Se permiten, en función de las posibilidades de cada centro, 2 visitas de familiares a la semana de una hora de duración con cita previa.

NIVEL DE RIESGO 3

Cuando la incidencia acumulada en la Comunidad de Madrid en los últimos 7 días es de más de 80 casos/100.000 habitantes se activa el nivel 3. En esta situación se considera que la probabilidad de que una persona que viene de la comunidad sea portadora del virus es elevada y por tanto pueda introducirlo dentro de las residencias.

En esta situación el nivel de ocupación del centro no debe superar el 95% del número de plazas autorizadas, pudiendo indicarse excepciones según las condiciones que apliquen a cada centro.

En estos casos los centros con nivel de inmunidad alto permitirán las salidas con limitaciones para los pacientes con IgG- pero inferior a una hora y no más de dos salidas al día y en los alrededores del centro. Los residentes con IgG+ de los últimos seis meses pueden salir sin limitaciones.

Los residentes que salgan del centro deberán extremar las medidas de protección usando en todo momento la mascarilla y la distancia de seguridad. Debe realizarse lavado de manos con solución hidroalcohólica a la entrada y la salida del centro. El centro ha de llevar un registro de entradas y salidas.

Se autoriza las salidas de vacaciones si bien el residente deberá aportar resultado de PDIA negativo realizado en los 3 días previos. En caso contrario deberá permanecer en aislamiento en el centro hasta realización de la prueba.

Se recomienda evitar, en la medida de lo posible, las consultas presenciales optando, si es posible, por consultas no presenciales o teleconsultas. Se permiten, en función de las posibilidades de cada centro, 2 visitas a la semana de una hora de duración con cita previa.

Los geriátricos con nivel de inmunidad medio permitirán a los usuarios con IgG- salidas inferiores a una hora, no más de dos semanas, y en los alrededores del centro. Los residentes con IgG+ de los últimos seis meses pueden salir sin limitaciones. Quienes salgan del centro deberán extremar las medidas de protección usando en todo momento la mascarilla y la distancia de seguridad.

El centro debe de llevar un registro de entradas y salidas. Se recomienda evitar, en la medida de lo posible, las consultas presenciales optando, si es posible, por consultas no presenciales o teleconsultas. Se permiten, en función de las posibilidades de cada centro, 2 visitas de familiares a la semana de una hora de duración con cita previa.

Las residencias con nivel de inmunidad bajo permitirán a los usuaarios con IgG- salidas de corta duración y en los alrededores del centro. Los residentes con IgG + de los últimos seis meses pueden salir sin limitaciones.

No se autorizan las salidas por vacaciones, ni de fin de semana ni a pasar el día. Se recomienda evitar, en la medida de lo posible, las consultas presenciales optando, si es posible, por consultas no presenciales o teleconsultas. Se permiten, en función de las posibilidades de cada centro, 1 visita de familiares a la semana de una hora de duración con cita previa.

Salud Pública ha decretado el cierre de 29 aulas de un total de 27 centros educativos sostenidos con fondos públicos de Aragón, con motivo de la aparición de casos de coronavirus entre el pasado viernes, 20 de noviembre y este jueves día 26. Estas clases suponen un 0,3 por ciento de las existentes en toda la Comunidad.

En concreto, en Zaragoza ciudad se han cerrado un aula de Infantil en el CEIP Tomás Alvira; otra en el CEIP Nertóbriga; una más de Infantil en el CEIP Julián Sanz Ibáñez, y otra en el CEIP Arcosur. En el CEIP Tío Jorge se ha clausurado una de Primaria; en el CEIP Guillermo Fatás, una de Infantil; en el CEIP Tomás Alvira, otra de Infantil; en el CEIP Lucien Briet, una más; en el CEIP Las Fuentes, otra de Infantil, y en el IES Avempace, una clase de Bachillerato.

También, en el Colegio Santa Magdalena Sofía se ha procedido a la clausura de un aula de Infantil; en el Colegio El Pilar Maristas, otra más; en el Colegio Madre María Rosa Molas, una de Infantil, y en el Colegio San Martín de Porres, un aula.

En el resto de la provincia zaragozana, en el CEIP Francisco de Goya de Calatayud, se ha cerrado un aula de Infantil y otra de Primaria; en el CEIP Pablo Luna de Alhama de Aragón, un aula de Infantil más; en el CEIP Miguel Artazos de Utebo, otra; en el CRA Puerta de Aragón de Ariza, una de Primaria, y en el CRA Los Bañales de Biota, una de Infantil.

En el caso de Huesca, en la capital, el CEIP Pedro J. Rubio ha clausurado un aula de Primaria, y el CEIP El Parque, una de Infantil. En Monzón, el CEIP Joaquín Costa ha cerrado un aula de Infantil; en Barbastro, en el CEIP Pedro I, una de Infantil y otra de Primaria, y en el Colegio San José de Calasanz, una clase de Primaria.

Por último, en la provincia de Teruel, el CRA Vero Alcanadre de Alquézar ha tenido el cierre de un aula de Infantil y otra Primaria; en el CEIP Ricardo Mallén de Calamocha, una de Infantil, y en el CEIP Astrónomo Zarzoso de Cella, otra más.

El total de las clases cerradas por coronavirus desde el inicio de urso en la comunidad autónoma es de 679, aunque hasta este viernes se han reabierto ya 647.

Cuando se cierra un aula, el o los casos positivos no podrán volver al centro educativo hasta el alta epidemiológica indicada por su profesional sanitario de referencia, justificada mediante la presentación de la declaración responsable de los padres. Por su parte, el resto del alumnado del mismo grupo deberá guardar la cuarentena desde el último contacto con el positivo.

El Ayuntamiento de Alicante ha presentado este viernes un "amplio programa" de actividades de Navidad en el que se mantienen las tradiciones y se preserva la seguridad de la ciudadanía cumpliendo la normativa anti-Covid-19.

El concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, ha definido como "diferentes, tradicionales y seguras" las celebraciones navideñas que han comenzado este mismo viernes con la inauguración del Belén Municipal, situado en el zaguán del edificio consistorial.

Asimismo, el edil ha manifestado que el conjunto de actos ha contado también con la colaboración de las áreas municipales de Comercio, Turismo, Cultura, Deportes, y Participación Ciudadana.

Sobre los actos más próximos y más destacados, ha indicado que tras la inauguración del belén municipal bajo el lema 'Ha nacido el Salvador. Vamos a adorarlo', original de la Asociación de Belenistas de Alicante y que cuenta con una imagen de la Santa Faz, el próximo 30 de noviembre se podrá apreciar el Belén Social, también obra de la Asociación de Belenistas, en la Plaza del Ayuntamiento.

Mientras que el edil ha confirmado que el martes, 1 de diciembre, será inaugurado el Belén Gigante denominado oficialmente 'Sagrada Familia' que se ha instalado en la Plaza del Ayuntamiento y, además, ese mismo día será un juez del Libro Guinness de los Récords quien certifique si este 'Nacimiento' es el más grande del mundo.

Aparte de los tres principales belenes, la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa también participa en el conjunto de actividades. Lo hará, a partir del 4 de diciembre, con la inauguración de 'El Portalet de Belén'.

A estos se les unen los situados en la denominada 'Ruta de los Belenes', coordinados por la Asociación de Belenistas. Serán los situados en el Centro Comercial Gran Vía -30 de noviembre-, la exposición de la Diputación Provincial -2 de diciembre- y en la Audiencia Provincial -2 de diciembre-.

PAPA NOEL Y PAJES REALES

El concejal de Fiestas ha señalado en la sala de prensa que la 'Casa de Papá Noel' estará este año en el edificio Séneca y será necesario solicitar cita previa de manera online a partir de este viernes para poder visitarla. Solo se permitirá una familia en la instalación, mientras que se ha reducido el tiempo permitido durante la misma visita para cumplir los protocolos.

En la misma línea, ha indicado que entre el 1 y el 5 de enero se podrá visitar también el campamento de los 'Pajes Reales' en la plaza Gabriel Miró, con limitación de foro a tres familias durante el recorrido y con la obligación de solicitar cita previa de manera online.

"Todo será de manera estática para cumplir con las medidas estipuladas por la Generalitat dentro de los protocolos por el Covid-19", ha apuntado Jiménez.

En otro orden de asuntos, el mismo 4 de diciembre abrirá sus puertas la Casita de San Nicolás en el vestíbulo del Edificio Séneca. Para acceder a ella será necesario solicitar cita previa en la web municipal, desde este 27 de noviembre. Permanecerá abierta hasta el 24 de diciembre.

REYES MAGOS

Respecto al papel de los Reyes Magos, tal y como ha confirmado el edil de Fiestas, en 2021 no habrá Cabalgata de los Reyes Magos. Sí está programado un Mensaje Real de los Magos de Oriente, por medio de redes sociales, a partir de las 10 horas del 5 de enero para que llegue a los más pequeños.

Los papeles de los Reyes Magos, como anunció el alcalde Luis Barcala el pasado 21 de noviembre, los encarnarán el inspector de la Policía Local Manuel Alejandro Fabra Peñarrubia, el suboficial del SPEIS David Martín Moratilla, y el voluntario de Protección Civil, Raúl López Reig.

SAN SILVESTRE ONLINE

Respecto a las actividades deportivas, el edil ha manifestado que será "doble" la cita deportiva en esta Navidad. El 13 de diciembre está programada la Travesía de Navidad que partirá desde la Playa del Postiguet en las modalidades de 1.500 y 3.000 metros. Para el sábado 26 de diciembre está fijada la 'San Silvestre', pero en esta ocasión, será de manera online.

Al respecto, Jiménez ha indicado que los usuarios compartirán una foto simulando la carrera, ya que este año será de manera telemática.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha solicitado que el juez de la Audiencia Nacional que investiga la 'operación 'Kichen' aporte la documentación incautada a Sergio Ríos, el que fuera chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas y captado como confidente policial, para seguir indagando en la "relación directa" que tiene este operativo y la investigación judicial de la presunta caja 'B' del PP.

Así consta en la "propuesta de investigación" que hace la UDEF en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, entregado al Juzgado Central de Instrucción número 5, que instruye los denominados 'papeles de Bárcenas', en el marco de una investigación dirigida a apuntalar la posible relación de esta causa judicial con el operativo parapolicial montado en 2013 para presuntamente sustraer la información sensible que el extesorero guardaba del PP.

El informe con fecha del pasado 24 de noviembre contextualiza al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, la 'operación Kitchen', después de que su compañero, el juez Manuel García Castellón, acordara el pasado 18 de septiembre el levantamiento del secreto de sumario de la investigación de dicho operativo parapolicial.

Así, a través de informaciones publicadas tras el levantamiento de secreto, la UDEF detalla el "origen, objetivo y personas partícipes" de la operación desplegada entre 2013 y 2015; la "estrategia" que llevó a cabo el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo "para atraer o ganar la voluntad del chófer de la familia de Luis Bárcenas"; así como "los medios dispuestos para la ejecución financiados con fondos reservados del Ministerio del Interior, las actuaciones desplegadas para la localización de documentación y la posterior obtención de la misma mediante la entrada en el local donde se ubicaba el taller de restauración de Rosalía Iglesias (mujer del extesorero)".

También explica el "volcado del contenido de dispositivos digitales de Luis Bárcenas y el destino final de dicha información" y "las comunicaciones registradas durante la puesta en marcha y ejecución de las citadas actuaciones".

INFORMACIÓN PARA "CONCRETAR HECHOS"

El inspector jefe responsable del equipo judicial, Manuel Morocho, considera que todos los datos señalados en dicho auto pueden ser útiles para "concretar los hechos objeto del procedimiento", por lo que solicita al hasta ahora juez de instrucción José de la Mata que pida al juez Manuel García Castellón que remita esta documentación e información que obra en el sumario de la pieza 7 del caso 'Tándem'.

En este sentido, entre la numerosa documentación, pide los documentos intervenidos en la entrada y registro de Sergio Ríos en los que "se concreten actuaciones relacionadas con la operación sobre Luis Bárcenas como por ejemplo la generación de un disco duro con información por parte de él mismo y de Andrés Gómez Gordo --comisario y exjefe de seguridad de María Dolores de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha-- dentro del contexto en el que se producen los hechos objeto de investigación".

También, "aquella otra documentación que resultara de la ejecución del operativo por cualquiera de sus actores como agendas o documentos tanto en papel como digitales de Luis Bárcenas ya consten en su forma original o bien hayan sido volcados a otros dispositivos informáticos adquiridos durante el transcurso de las actuaciones".

Asimismo, pide que el juez que investiga la 'Kitchen' remita las declaraciones en sede judicial del chófer, Villarejo y del exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, todos ellos investigados, "donde definieron las actuaciones realizadas para la consecución del objetivo reconociendo los hechos y aportando información sobre los mismos".

La UDEF también considera relevante tener acceso al contenido del volcado de los dispositivos móviles de Bárcenas que Ríos entregó a García Castaño en octubre de 2013. El informe apunta que los archivos fueron copiados en una memoria externa de almacenamiento que se entregó al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, también imputado por la 'Kitchen', y que posteriormente el propio exjefe de la UCAO entregó al juzgado.

LOS MENSAJES DE FRANCISCO MARTÍNEZ

Añade a la petición las dos actas notariales de los mensajes relacionados con este operativo parapolicial que Martínez protocolarizó y que supuestamente se habría intercambiado con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

No se queda ahí la solicitud, pues la UDEF reclama estos 'sms' en los que el exministro le habría pedido a su 'número dos' información sobre el operativo parapolicial, así como los cruzados entre Martínez y García Castaño, "quien por ejemplo en febrero de 2015 le remitió uno donde le indicaba que Luis Bárcenas ocultaba patrimonio en Cracovia y las Antillas Holandesas, u otro tras su destitución donde reconocía que podría sacar el pendrive de Luis Bárcenas".

Por último, también interesa cierta documentación intervenida en el domicilio de Villarejo, como la grabación de la conversación que mantuvo con el empresario Adrián de la Joya, en la que el comisario explica la operación 'Kitchen' y la existencia de un "zulo" donde se escondían grabaciones efectuadas por Bárcenas.

Otra de las conversaciones sobre las que los investigadores muestran interés es aquella en la que el exjefe de la UCAO explica al comisario jubilado y en prisión provisional "la actuación y los resultados obtenidos" y le informa de que no le ha dado una copia a nadie, después de que Villarejo le demandase una.

Además, solicita que se le remita las notas informativas elaboradas por Villarejo en las que se hace mención mediante un código a personas que pudieron actuar como confidentes o infiltrados en el entorno familiar o en la prisión de Luis Bárcenas.

La UDEF ya remitió un informe al juez que hasta ahora ha investigado la presunta financiación irregular del PP, José de la Mata, en el que señaló los posibles indicios de la conexión entre "una operación desplegada por el Ministerio del Interior en el año 2013 con efectos hasta 2015" centrada en la "localización de documentos" en poder del extesorero del PP y que estarían relacionados con la investigación de los denominados 'papeles de Bárcenas', "con el fin de apoderase de los mismos y sustraerlos a la investigación judicial en curso".

Según explican los investigadores en este nuevo informe, "se han registrado avances en la investigación que aportan datos sobre la conformación de la operación, su desarrollo y resultados, así como de las personas partícipes". De este modo, sostiene que "existe una relación directa" entre la 'operación Kitchen' y la investigación 'caja B' del PP.

Unión Flamenca ha recibido la resolución favorable, por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social, para la admisión del sindicato flamenco en el Depósito de Estatutos de Organizaciones Sindicales.

Tal y como ha explicado la organización, que se constituyó el pasado mes de abril, se trata de la primera vez en la historia que el colectivo de personas que trabajan en el flamenco cuentan con un sindicato específico y propio.

Unión Flamenca ha celebrado la noticia "con entusiasmo tras un proceso largo y muy dificultoso administrativamente hablando". Según la organización, los principales problemas se han derivado "de una normativa desfasada que no refleja la situación del colectivo de artistas del flamenco" ya que, para constituir una asociación sindical, es necesario que sus promotores sean personas asalariadas.

"La gran mayoría del colectivo de artistas del flamenco trabaja en régimen de autónomo o, en caso de hacerlo por cuenta ajena, padecen una constante intermitencia o precariedad que en una situación de pandemia y confinamiento se agrava aún más", han explicado.

Unión Flamenca ha manifestado que llevan meses asesorando legalmente y protegiendo al colectivo de personas que trabajan en el flamenco a través de un área jurídica que responde a diario por correo electrónico y teléfono llamadas de multitud de artistas de toda España e incluso de fuera de nuestras fronteras.

"Sabemos que nuestra labor de formación, asesoramiento y defensa de las personas trabajadoras es fundamental y por ello hemos celebrado las Mesas Sectoriales del Flamenco en Jerez, Málaga, Sevilla, Granada, Madrid y Barcelona, con más de 200 asistentes", ha indicado José Cepero, director y responsable jurídico de Unión Flamenca.

Uno de los principales objetivos del sindicato flamenco es la creación de un convenio colectivo específico para la totalidad del sector ya que a día de hoy no existe. "El único convenio que tenemos es el de Convenio Colectivo de Sector de salas de fiesta, baile y discotecas que regula los tablaos y deja fuera ámbitos tan importantes como los festivales, las compañías o las academias", ha explicado Cepero.

El abogado ha criticado que este convenio ni siquiera responda a la realidad de los tablaos cuando "en él no aparecen la figura del guitarrista ni se especifica la duración o frecuencia de los pases". "Mientras no protejamos jurídicamente a las personas que hacen posible el flamenco, de poco servirán homenajes o nombramientos de la Unesco", ha señalado el director de la organización.

El ministro de Universidades del Gobierno de España, Manuel Castells, ha asegurado este viernes que se está "relativamente cerca de doblegar a la pandemia" del Covid-19 "a partir de la vacunación masiva que se va a hacer en el país desde febrero", todo ello "siempre partiendo de la ciencia y la paciencia".

Así lo ha destacado en el encuentro digital con el título 'El impacto social del Covid-19 en España', organizado por 'Diario Córdoba', con la participación también del presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos; el director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) CSIC y doctor en Ciencias Políticas y Sociología e Investigador Científico del CSIC, Rafael Serrano del Rosal, y María de los Ángeles Durán, catedrática de Sociología (CSIC).

Cuestionado sobre el miedo a la vacunación en parte la sociedad, ha comentado que "hay una proporción bastante importante de la población con miedo a vacunarse, por cierto miedo a lo desconocido", pero al mismo tiempo "hay conciencia de que sin vacuna no hay vuelta a la normalidad", por lo que "nos la tendremos que jugar todos juntos", ha apostillado, precisando que no cree que "nos la estemos jugando tanto", dado que "hay varias vacunas con distintos principios" y "seguras".

Al hilo, ha subrayado que "cualquier vacuna que salga en el país va a serlo tras ser aprobada escrupulosamente por la Agencia Española del Medicamento y evaluada por los científicos". Así, ha expresado que no cree que "haya peligro de daños a la salud o efectos secundarios excesivos en las vacunas y los beneficios son enormes para poder volver a vivir.

A tal efecto, ha aseverado que "hay que comunicar y hacer campañas publicitarias", a la vez que "los medios de comunicación deben contribuir a la información fidedigna" y "en las redes sociales se restablezca la verdad y la ciencia en contradicción con los rumores mal intencionados y escandalosos que en el fondo matan a personas al bloquear el desarrollo de medidas sanitarias.

Sobre la relación de las ciencias sociales y la pandemia, ha mantenido que las ciencias sociales son "esenciales en la comprensión y gestión de la pandemia", de modo que "sólo a través de esto se puede entender lo que pasa", a lo que ha agregado que "hay que saber bien qué pasa cuando hay ante tantas 'fake news' y tanto miedo", apuntando en este caso al "amplio sentimiento de irrealidad en la gente", según conclusiones de estudios que ha citado.

En palabras del ministro, "la colaboracion interdisciplinaria para la comprensión y gestión de la pandemia es algo esencial que debe reforzarse hacia el futuro y para circunstancias sejemantes".

NEGACIONISMO Y FRACTURA SOCIAL

Por otra parte, Castells ha advertido sobre "el negacionismo", que "combina una actitud de asalto a la razón alentada por líderes políticos como Trump y Bolsonaro y se combina con el entendible desconcierto sufrido por todos ante algo tan insperado e insidioso que corroe nuestras vidas, y a veces la gente no puede más".

En este punto, ha aclarado, citando datos de las universidades obtenidos por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que "apenas se registran incidentes en las universidades", si bien "la visión de algunos medios de la irresponsabilidad de los estudiantes extrapola a partir de casos muy minoritarios y no representan para nada a los más de 1,5 millones de estudiantes de la comunidad universitaria".

En otro orden de cosas, el ministro ha admitido que "hay una profunda fractura social", dado que "es una pandemia que está marcada por la desigualdad de clase y de ciudadanía", de manera que "los inmigrantes sufren más y se contagian más fácilmente por sus condiciones de vida, y hay desigualdad de género", puesto que "todos los estudios reflejan que son las mujeres las que más sufren la pandemia, más han tenido que adaptarse y se ha recrudecido la violencia machista".

Ante ello, ha remarcado que "una vez más las dificultades son mucho mayores para las mujeres", por eso ha apuntado que "harán falta políticas específicas de conciliación de la vida familiar con el teletrabajo y la teleenseñanza y políticas contra la violencia machista para erradicar".

SALVAR VIDAS Y MANTENER LA ECONOMÍA

Y preguntado por la relación entre salvar vidas y mantener la economía, ha enfatizado que "las dos obviamente", aunque ha avisado que "sin vida, para qué se quiere la economía", de modo que "la vida siempre va por delante, pero en lo concreto siempre está en las formas de gestión y las formas de articulación de las dos según los momentos de la pandemia y las condiciones.

Así, ha defendido "la interrelación entre las medidas sanitarias y económicas, porque a veces querer dar prioridad a la actividad económica, destruye la actividad económica, no sólo la vida".

Ha citado como ejemplo "cuando se intentó avanzar la temporada de turismo", de forma que "al final del estado de alarma, el 21 de junio, se había doblegado a la pandemia y se quiso desescalar, porque todo el mundo lo pedía, y no fue erróneo, pero sí en gran parte se abrió lo más rápidamente posible por que no se estropeara la temporada de la que tanto depende nuestra economía".

Sin embargo, "por no conseguir establecer las condiciones sanitarias para un turismo que fuera seguro en julio y agosto, se creó una situación en la que los operadores turísticos y muchas personas rechazaron tomar las vacaciones en España, por no poder controlar los contagios", ha recordado.

Por ello, ha aconsejado que "hay que tener mucho cuidado y para favorecer el turismo hay que tener condiciones sanitarias seguras, sin las cuales el turismo no puede prosperar".

En definitiva, ha expuesto que "hacia el futuro el sector del turismo es un sector fundamental que hay que proteger", pero "hay que reconvertir en cierto modo hacia un turismo más diversificado, más desestacionalizado y más cultural", así como "no ser excesivamente dependientes de un sector en particular", de manera que "hay que diversificar las actividades económicas industriales", ha recomendado Castells.

Los 42 Gobiernos de la UE y del sur y el este del Mediterráneo han acordado este viernes dar un nuevo impulso a la asociación euromediterránea, coincidiendo con los 25 años de la Conferencia de Barcelona que lanzó este proceso y asumiendo que, pese a los progresos, no se ha logrado cerrar la brecha de desarrollo entre las dos orillas y la región mediterránea sufre hoy más conflictos que entonces.

"¿Podemos decir que el Mediterráneo está peor hoy que hace 25 años? En muchos aspectos me temo que sí", ha dicho el alto representante de la UE, Josep Borrell. La renta per cápita de la UE es 16 veces la de sus vecinos del sur. Además, estos siguen siendo una de las regiones económicamente menos integradas del mundo y apenas un 5 por ciento de su comercio se realiza entre vecinos.

"Los viejos conflictos no se han resuelto y los nuevos crean obstáculos adicionales para la cooperación en la región", ha añadido Borrell. No obstante, ha incidido en que en este foro no se han abordado los conflictos de la región, si bien algunos países los han mencionado.

Para el ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, copresidente de turno de la UpM, las crisis nuevas como Siria y Libia "causan tremendo daño". Safadi, cuyo país acoge a 1,3 millones de sirios huidos de la guerra, ha incidido en que "los refugiados no pueden ser dos veces víctimas, primero de la guerra en sus países y luego del abandono".

Safadi ha avisado además de que sigue sin resolverse "la fuente de todos los conflictos", el problema israelo-palestino, para el que ha llamado a todas las partes a implicarse en la búsqueda de una solución sobre el principio de dos Estados, una vía para la cual "las oportunidades se van estrechando" a medida que Israel continúa con su política de asentamientos.

Junto a estos conflictos, la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, ha mencionado como retos el terrorismo y la violencia extrema, la grave crisis climática y la pérdida de biodiversidad y las desigualdades crecientes también dentro de los propios países.

Y ha explicado que los reunidos se han propuesto avanzar en dos direcciones: con un compromiso político decidido y con la puesta en marcha de proyectos en áreas concretas. En estos 25 años la UpM ha dedicado unos 5.000 millones de euros a 60 proyectos.

Ahora, se trata de poner el foco en la lucha conjunta contra el cambio climático, por la biodiversidad y por la 'economía azul' basada en el mar y sus sostenibilidad; lucha "sin cuartel" contra las desigualdades impulsando sobre todo el empleo de los jóvenes, compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres y una mayor integración económica, con la transición ecológica y la digital como nuevas palancas de competitividad.

BARCELONA, "CONSTRUCTORA DE DIÁLOGO"

González Laya ha subrayado la importancia de que el acto se haya celebrado en Barcelona, "como siempre constructora de diálogo", lo que deja claro el compromiso de España con la política euromediterránea.

"Queda mucho por hacer y no tenemos varitas mágicas", ha reconocido Borrell, que ha advertido de que las ayudas europeas no bastan para combatir los efectos de las brechas económica y demográfica.

Entre otras ideas, ha apostado por revisar la relación comercial, que sigue siendo muy deficitaria para el sur, y por acercar a la UE, posiblemente a estos países, determinadas industrias que se habían ido demasiado lejos y que la pandemia ha demostrado que son "estratégicas" para la UE.

Borrell también ha hecho un llamamiento a "no establecer una relación de causa-efecto" entre los problemas económicos del Mediterráneo el terrorismo, ya que algunos terroristas que han actuado en Europa eran europeos de nacimiento y otros eran extranjeros pero del Cáucaso y otros lugares.

En este ámbito, la ministra española ha apostado por un compromiso para aplicar las medidas y trabajar con las comunidades más vulnerables a la radicalización.

Por otro lado, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores español, los gobiernos han decidido declarar el 28 de noviembre "Día del Mediterráneo".

También ha señalado que la migración ha sido uno de los temas destacados de los debates y que González Laya ha destacado la "determinación de luchar contra los tráficos de personas" de todos los países, además del reconocimiento de los beneficios de lamigración y la movilidad "bien gestionadas".

La UpM tiene 42 miembros, los 27 de la UE y, además, Albania Argelia, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Mauritania, Mónaco, Montenegro, Palestina, Túnez y Turquía --Siria está suspendida--.

REUNIÓN TELEMÁTICA POR LA PANDEMIA

El Gobierno tenía en mente inicialmente un acto presencial para conmemorar los 25 años del Proceso de Barcelona y relanzar la asociación de la UE con sus vecinos del sur.

Sin embargo, las restricciones sanitarias han llevado a celebrar la reunión de forma telemática y solo han estado en Barcelona la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya; el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell; el ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, cuyo país ejerce junto a la UE la copresidencia de turno de la UpM y el secretario general de esta alianza, Nasser Kamel.

El Rey Felipe VI ha intervenido en la sesión de inauguración de manera telemática desde su residencia --está guardando cuarentena preventiva tras tener contacto con un positivo por Covid el pasado domingo-- y el presidente del Gobierno también ha participado a distancia, en la clausura.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, ha condenado a tres años y cinco meses de cárcel a un acusado de abusar sexualmente de una amiga de su hija, de forma continuada, y de la madre de esta, en una ocasión.

La sentencia, recogida por Europa Press, explica que la familia del acusado y de las víctimas mantenían una amistad "muy estrecha" de varios años de duración, por lo que las dos niñas se veían "frecuentemente" a lo largo de la semana en casa de una u otra, ya que las viviendas se encontraban a unos 500 metros en el municipio de Ribeira.

Según el relato de hechos probados, el hombre, que no contaba con antecedentes penales, aprovechó "de forma reiterada" los momentos en los que podía estar a solas con la menor para "tocarla con ánimo de atentar contra su libertad sexual". Estos hechos se prolongaron durante al menos seis meses, hasta que un día la amiga de su hija, con casi 14 años, decidió contárselo a su madre.

Debido a la estrecha relación de amistad que mantenía con la otra familia y al miedo que tenía a la posible reacción de su marido, la mujer decidió hablar directamente con el acusado y no denunciarlo.

Si bien desde ese momento el varón no volvió a molestar a la menor, esta comenzó a bajar en su rendimiento escolar y, durante una visita a la pediatra de su centro de salud, le contó que era consecuencia de aquellos episodios de abusos.

Así, fue la propia médica, ante las reticencias de la madre, quien decidió poner todo ello en conocimiento de los servicios sociales del centro de salud, que a su vez lo comunicaron a la Policía Nacional de Ribeira a finales de 2016.

Con respecto al episodio de abuso sexual sufrido por la madre, ocurrió con carácter previo, entre 2013 y 2014. En una ocasión en que el hombre pasó frente a su casa mientras ella estaba en el bajo recogiendo la ropa de la lavadora, entró en la vivienda y arremetió "con la intención de atentar contra la libertad sexual". La víctima le pidió que la soltase y, al haberla dejado tras unos minutos, aprovechó para coger un palo y exigirle que se marchase.

LOS HECHOS DENUNCIADOS "SON CIERTOS"

Tras la celebración del juicio, el tribunal destaca que las pruebas analizadas ponen de manifiesto "que los hechos denunciados por la víctima y su madre son ciertos", porque sus respectivos testimonios son "coherentes y persistentes" y están corroborados por "las declaraciones de los testigos y por el informe pericial, que demuestran que los hechos ocurrieron en el modo descrito por las perjudicadas.

Así, la Sala ha fijado para el hombre una condena de un total de tres años y cinco meses de prisión por un delito de abusos sexuales continuados contra la menor y por otro de abusos sexuales contra la madre de esta. Para fijar la pena, el tribunal ha aplicado una atenuante debido a las paralizaciones del proceso ocurridas durante la fase de instrucción.

Además, el condenado deberá pagar 10.000 euros a la niña y 3.000 a la madre en concepto de daños morales, mientras que no podrá comunicarse ni acercarse a menos de 300 metros de ellas ni de cualquier lugar que frecuenten.

Según los datos de la última semana epidemiológica completa analizada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que engloba desde el 16 al 22 de noviembre, en la región se detectaron 2.850 casos positivos por coronavirus, lo que representa un descenso del 37,7%, con 1.725 contagios menos que en la semana precedente, cuando se validaron 4.575 casos de COVID-19.

Por provincias, todas ellas bajaron el número de contagios, si bien el más acusado fue el de la provincia de Toledo, que pasó de tener 1.702 casos nuevos en la semana 47 (del 9 de noviembre al 15 de noviembre) a 997 nuevos positivos en la semana 46 (del 16 al 22 de noviembre), lo que representa un descenso de un 41,4%.

Mientras, en Albacete los datos bajaron de los 852 nuevos casos de la semana 46 a los 506 de la semana 47 (un 40,6% menos), y en Ciudad Real se descendió de los 959 a los 657 nuevos positivos, un descenso del 31,6%.

De su lado, la provincia de Cuenca acumuló 431 nuevos positivos en la semana 47, mientras que en la 46 habían sido 708 los nuevos infectados --un 39% menos--, y en la de Guadalajara se ha pasado de los 354 nuevos casos de la semana 46 a los 259 de la semana 47, una bajada del 26,8%.

INCIDENCIA ACUMULADA

Este descenso del número de casos en las cinco provincias se refleja en la incidencia acumulada, que en el conjunto de la región se situó en 140 casos por cada 100.000 habitantes en la semana del 16 al 22 de noviembre, mientras que en la anterior esta había sido de 225 casos por cada 100.000 habitantes.

El descenso también continúa en todas las provincias, dejando a Toledo con 143,49 nuevos casos por cada 100.000 habitantes por los 244,95 de la semana anterior, mientras que en Albacete se ha pasado de los 219,75 casos de la semana 46 a los 130,36 de la semana 47.

En la provincia de Ciudad Real, la incidencia acumulada se ha cifrado en 132,52 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, reduciéndose de los 193,44 que había tenido en la semana 46, y Cuenca ha pasado de los 358,58 nuevos casos a los 219,53 nuevos casos por cada 100.000 habitantes que ha tenido en la semana 46.

Finalmente, la provincia de Guadalajara ha visto caer sus cifras de los 137,34 nuevos casos por cada 100.000 habitantes de la semana 46 a los 100,48 casos de la semana 47.

POR MUNICIPIOS

Por provincias, en Albacete, la capital pasa 286 a 21. La Roda, que la semana anterior había aumentado sus casos, experimenta un descenso de 70 a 19 casos. Villarrobledo ha mejorado sus datos pasando de 48 nuevos contagios a 22, tendencia a la baja que también comparte Almansa, pasando de 84 a 32 y Hellín que pasa de 53 casos a 39.

En el caso de Ciudad Real, la capital baja de 210 a 150 sus nuevos positivos; Puertollano de 101 a 61, Tomelloso de 34 a 21, Daimiel de 60 a 18, Campo de Criptana de 7 a 9, Bolaños de Calatrava, de 11 a 9 casos, Manzanares de 18 a 8 y Miguelturra de 49 a 48.

Por contra, tres localidades experimentan un ligero ascenso en sus casos: Alcázar de San Juan pasa de 28 a 30 casos, Valdepeñas de 57 a 64 y Socuéllamos de 19 a 29.

En la provincia de Cuenca, la capital registra un descenso de sus cifras de nuevos contagios, con 154 nuevos positivos por los 333 de la semana anterior, un total de 179 menos. Mientras, en Las Pedroñeras, pasa de 4 casos a 1 y Tarancón se mantiene pasando de 26 a 12 casos.

En la provincia de Guadalajara, la capital consigue de nuevo bajar sus datos, pasando de 150 a 102, mientras que en otras también se producen descensos, como es el caso de Azuqueca, que pasa de 25 a 17 nuevos casos; Marchamalo, de 6 a 4, Yunquera de Henares de 4 a 0 y El Casar de 14 a 13.

Sin embargo, crecen los casos en Alovera, de 12 a 14 y en Molina de Aragón, de 2 a 10.

TOLEDO, LA CAPITAL REGIONAL

En la provincia de Toledo, la capital regional ha vuelto a sufrir un descenso de casos pasando de 239 a 137, mientras que Talavera sufre una baja significativa pasando de los 305 a los 183 casos.

Otros tantos pueblos grandes de la provincia también ha registrado una mejoría en sus datos. Así, Argés pasa de 10 a 8; Bargas de 37 a 20 casos; Fuensalida pasa de 14 a 4; Mora registra 15 casos frente a los 18 de la semana anterior; y Ocaña pasa de 28 a 8.

Asimismo, Seseña mejora sus datos, pasando de 38 a 22; Sonseca de 43 a 23 casos; Torrijos de 33 a 12; y Villacañas de 28 a 24.

Por contra, empeoran sus cifras Madridejos que registra dos casos más que la semana anterior, Madridejos de 9 a 2, Quintanar de 18 a 3 y Yuncos de 46 a 17.

Los municipios que han experimentando ascenso en el número de nuevos contagios han sido Consuegra, de 6 a 7; Illescas de 40 a 50, y Torrijos de 13 a 17.

El aeropuerto de Roma Fiumicino probará antes de Navidad un sistema pionero para permitir el tránsito aéreo libre entre países, a través de la implementación de un corredor sanitario anti Covid-19, que evite por ejemplo la obligatoriedad de guardar cuarentenas en el país de destino.

Según ha explicado el administrador delegado de los Aeropuertos de Roma, Marco Troncone, en una conferencia con la prensa internacional, el sistema prevé una prueba diagnóstica que se realiza en el momento previo al embarque. "Solo si tienes un resultado negativo puedes acceder al embarque. De manera que así garantizamos que el que vuele sea un avión 100% limpio y que las personas que viajen no tengan que ponerse en cuarentena", ha destacado.

De momento, es un proyecto experimental que se pondrá en marcha entre el 10 y 15 de diciembre, solo para vuelos que conecten Italia y Estados Unidos (EEUU) tras haber conseguido los permisos de parte de los Ministerios de Trasporte, Sanidad y Exteriores de Italia. Las compañías aéreas que han adherido a este protocolo son Delta Air Lines y Alitalia. Para calibrar su validez y eficacia el período de prueba durará varios meses.

De esta manera, las pruebas eximirán de la cuarentena a la llegada a Italia a todos los ciudadanos estadounidenses autorizados a viajar a este país, una medida aplicada ahora que Troncone ha calificado de "desproporcionada" y "poco eficaz". "Hay poco control sobre la cuarentena. Se basa solo en la confianza de que el individuo la respete", ha asegurado mientras que ha criticado que además afecte tanto al que "está infectado" como al no.

Sin embargo, Troncone --que ha asegurado que las pérdidas económicas del Aeropuerto de Fiumicino superan los 700 millones-- no espera que haya "un aumento de tráfico aéreo" con esta medida. Según sus cálculos sitúa el escenario libre de Covid-19 en el año 2022.

"Va a ser un invierno durísimo", ha manifestado al subrayar que en este momento la media de pasajeros en el aeropuerto está entre 3.000 y 5.000 personas en total. "En agosto tuvimos una leve mejora. Llegamos a contar unas 30.000 personas de medida por día", ha asegurado si bien ha dejado claro que en cualquier caso se trataba de una reducción del 80 % del tráfico respecto a las cifras de pasajeros de agosto de 2019. "Es una situación dramática que necesita soluciones innovativas", ha manifestado.

Asimismo, se ha mostrado esperanzado en que los países miembro de la Unión Europea adopten una estrategia común en los aeropuertos de toda la región que permita el tránsito libre de sus ciudadanos. Así ha afirmado que lo ideal es asegurar el tráfico "de personas no infectadas" a través de la realización de una prueba diagnóstica del Covid-19 que permita después la "libertad de movimiento".

"La barreara para la realización de test masivos ha caído. Hace seis meses era casi imposible realizar test a grande escala. No era factible por el coste que suponían y por el tiempo que tardaba en llegar la respuesta", ha incidido.

Por otro lado, ha señalado que están trabajando en la creación de un dispositivo tecnológico que permita "rastrear la inmunidad" al coronavirus. Una especie de "certificado digital" que funcione como un "pasaporte" sanitario que valide la inmunidad en tres casos: "o bien porque esa persona se ha puesto la vacuna, porque ya ha pasado la Covid-19 o porque ha hecho el test y ha resultado negativo".

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia que condena al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a abonar 21.177 euros a una profesora de religión de un colegio de La Puebla de Cazalla (Sevilla), merced a los sexenios reclamados por la misma.

En su sentencia, recogida por Europa Press, el TSJA aborda un recurso de súplica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, contra una sentencia del Juzgado de lo Social número seis que le condena a pagar 21.177 euros a una profesora de religión de un colegio de La Puebla de Cazalla, después de que la misma iniciase un litigio contra el Ministerio en demanda de su derecho a percibir el complemento retributivo específico para la formación permanente, los sexenios.

La sentencia impugnada declara como hechos probados que la docente trabajó en dicho colegio como profesora de religión desde 1992 a 2016, pesando una sentencia de la Audiencia Nacional de 2013, que merced a un conflicto colectivo promovido por los sindicados contra el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, declaraba "el derecho de los profesores de religión a devengar y percibir el complemento de antigüedad o trienios en los mismos términos y cuantía que lo perciben los funcionarios interinos del mismo nivel educativo que dependen del citado departamento".

LOS SEXENIOS

Merced a dicha situación, la mujer reclamaba que le fuesen reconocidos "los períodos no computados, actualizándose a tres el número de sexenios que realmente ha devengado y el abono de las cantidades que correspondan en el complemento de antigüedad", logrando que el Juzgado de lo Social número seis condenase al Ministerio a abonarle "la cantidad de 21.177,72 euros", según precisa el TSJA.

Frente a ello, el recurso de suplicación del Ministerio contra tal condena, según el TSJA, "versa sobre los efectos del reconocimiento del derecho a percibir el complemento retributivo específico para la formación permanente o sexenios". "En concreto, se trata de dilucidar si el momento inicial debe establecerse en el mes siguiente a la fecha en que solicitó el reconocimiento de los sexenios a su empleador, el 25 de noviembre de 2014, o retrotraerse al año anterior a la presentación de dicha petición, como ha resuelto la sentencia de instancia, que ha condenado a la parte demandada abonarle la cantidad de 21.177,72 euros", precisa el Alto tribunal andaluz.

ANTECEDENTES

En ese sentido, el TSJA invoca una sentencia de 2019 y la Instrucción 21/2017 de la Dirección del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, "en el sentido de retrotraer los efectos del reconocimiento del derecho a la percepción de los sexenios al año anterior a la presentación de la petición por el interesado", así como "la postura mantenida por el Letrado de Junta, favorable al reconocimiento con carácter retroactivo del complemento en cuestión, incluso a los profesores cuya demanda estuviese pendiente de resolución judicial definitiva".

"La misma solución debe aplicarse en el caso de los profesores de religión dependientes del Ministerio de Educación, al no poder admitirse que reciban un trato diferente al dispensado a los que desarrollan la misma actividad por cuenta de la Consejería de Educación en centros públicos de otro nivel educativo", zanja el TSJA, que desestima el recurso del Ministerio y confirma la sentencia impugnada.

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado, en un pleno ordinario, una moción que exige una política coordinada del Gobierno de España y de la Unión Europea (UE) consensuada con las instituciones locales que garantice una "acogida digna" de las personas migrantes que llegan a Canarias acompañada de derivaciones hacia otros territorios para evitar que las islas y, en especial Gran Canaria, se conviertan en una "cárcel atlántica".

Esta moción será dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como a la Comisaria Europea de Interior, Ylva Yohansson; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, además de a los titulares de Interior, Migraciones y Defensa, Fernando Grande-Marlasca, José Luis Escrivá y Margarita Robles, respectivamente, y al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.

Actualmente, señalan que unas 20.000 personas han llegado en lo que va de año "huyendo de la miseria y la guerra", siendo estos hechos la "punta de lanza de un flujo migratorio que no cesará tras el cierre de la frontera del Mediterráneo" y que "ha motivado que las mafias desvíen las rutas" hacia Canarias, la "más peligrosa del mundo y que ha provocado miles de muertes en el mar, de ahí que solicite también reforzar los medios para detener el coste en vidas".

Asimismo, el Cabildo demanda poner fin a la descoordinación entre ministerios para afrontar la situación de "extrema gravedad" en las islas, ya que ha provocado "alarma social y un deterioro" de la atención de las personas migrantes, apuntando que muestra de ello lo que se ha podido ver "con crudeza en el muelle de Arguineguín".

El Cabildo también considera "urgente e inaplazable" la derivación a otros territorios de los 2.000 menores migrantes que son atendidos por el Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales, así como reclama garantizar el "adecuado control" sanitario de todas las personas migrantes que llegan a Canarias para "no poner en riesgo" los resultados positivos en las islas de las acciones contra la Covid-19, ya que son "esenciales para activar la economía y en especial el sector turístico.

El acuerdo del Cabildo también reconoce el "excelente trabajo en condiciones difíciles y, muchas veces sin recursos suficientes", de las organizaciones, personas voluntarias, cuerpos de seguridad y salvamento, y personal sanitario, al tiempo que condena cualquier actitud racista, xenófoba, de rechazo al pobre, así como todo tipo de manifestación o incitación de odio a lo diferente.

Finalmente, la institución insular exige una "verdadera política de solidaridad y cooperación" con los países empobrecidos que incluya la "solución pacífica" de conflictos y el respeto de los derechos humanos como "única vía para frenar el movimiento migratorio de millones de personas, en especial en el caso de África, el continente más pobre de todos, que vive además un crecimiento poblacional exponencial y que se encuentra a apenas 100 kilómetros de Canarias, el destino de sus sueños empujados por su miseria".

La Comunitat Valenciana ha registrado 23 fallecimientos, 1.345 casos y 29 brotes y ha reducido en 27 personas el número de ingresados en hospitales hasta un total de 1.327, 284 de ellos en UCI, según el recuento de este viernes de la Conselleria de Sanidad.

Los 23 últimos muertos, cuatro de ellos usuarios de residencias, elevan a 2.341 el acumulado de decesos en la Comunitat: 319 en la provincia de Castellón, 843 en Alicante y 1.179 en Valencia.

Desde la última actualización se han notificado 1.345 casos confirmados por PCR o test de antígenos, hasta un total de 100.250. Por provincias, 91 en Castellón (11.431 en total), 485 en Alicante (34.730) y 769 en Valencia (54.087). El número de pacientes sin asignar se mantiene en dos.

Los hospitales valencianos tienen 1.327 personas ingresadas, 27 menos que este jueves: 129 en la provincia de Castellón (24 en UCI), 418 en Alicante (101 en UCI) y 780 en Valencia (159 en UCI).

Según el último balance hay 1.674 altas a pacientes, por lo que el total de curados desde el inicio de la pandemia se sitúa en 94.011: 11.024 en Castellón, 32.317 en Alicante y 50.616 en Valencia. Continúan las 54 altas sin asignación.

En las residencias, hay casos en 91 centros de mayores (4 en Castellón, 26 en Alicante y 61 en Valencia), 18 de diversidad funcional (3 en Castellón, 4 en Alicante y 11 en Valencia) y cinco centros de menores en Valencia.

De los 1.345 últimos casos, 32 de ellos son residentes y 289 trabajadores de estos centros. Bajo vigilancia activa de control sanitario hay 19 residencias: nueve en la provincia de Alicante y diez en Valencia.

En conjunto, en la Comunitat Valenciana hay actualmente un total de 14.951 casos activos, lo que supone un 13,43% del total de positivos. El número de pruebas desde marzo asciende a 1.724.959: 1.562.783 a través de PCR y 162.176 por test rápido.

24 BROTES DE 29 SON DE ORIGEN SOCIAL

Y los 29 nuevos brotes se reparten entre 17 en Valencia, nueve en Alicante y tres en Castellón. Los más numerosos son de 7 casos en Alvira (Valencia) y Torrevieja (Alicante), ambos de origen social. En la ciudad de València hay dos brotes con 5 y 4 casos, ambos sociales.

La mayoría de los últimos focos tienen el mismo origen social: Paterna (Valencia), 6 casos; Puçol (Valencia), 6; Benissa (Alicante), 6; Catral (Alicante), 5; Gandia (Valencia), 5; Utiel (Valencia), 5; Massalavés (Valencia), 4; dos en Sagunt (Valencia), ambos con 4; Utiel, 4; Massalavés, 3; San Miguel de Salinas (Alicante), 3; Tuéjar (Valencia), 3; Onil (Alicante), 3; otros dos en Puçol, ambos con 3; Elche, 3; Vinaroz (Castellón), 3; Carlet (Valencia), 3; Alzira (Valencia), 3.

En cambio, hay tres brotes de origen laboral en Elche (Alicante), Vila-real y Benicarló (Castellón) con 3, 4 y 3 positivos, respectivamente. Los dos últimos son de ámbito educativo en la ciudad de Alicante y en Santa Pola, ambos con 3 casos.

El Fondo Diocesano de Comunión Fraterna puesto en marcha hace seis meses por el arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, ha permitido invertir un total de 37.232,58 euros y ha llegado a unos 400 beneficiarios que han recibido ayudas para cubrir necesidades básicas o también en materia de alquiler e hipotecas.

En nota de prensa, la Archidiócesis de Mérida-Badajoz ha recordado que se cumplen seis meses desde que se puso en funcionamiento este Fondo Diocesano, impulsado por el arzobispo de Mérida-Badajoz y gestionado por Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz "para dar respuesta a la dramática situación que está golpeando a muchas familias y, que lamentablemente, se prevé que se alargará durante varios años".

Así, ha explicado, desde este Fondo se pretende buscar una mejora en las condiciones de vida de las personas más vulnerables y en exclusión social afectadas por el Covid-19, "evitando la pobreza extrema y garantizando los derechos fundamentales de las personas y familias en situación de emergencia social".

Durante este periodo de tiempo, desde el Fondo Diocesano se han invertido un total de 37.232,58 euros y se han beneficiado unas 400 personas. Todo ello, gracias a las aportaciones de entidades privadas y públicas y a las numerosas donaciones de particulares, ha apuntillado.

En concreto, desde las parroquias y las Cáritas Parroquiales se están gestionando las ayudas inmediatas para cubrir necesidades básicas como la alimentación y nutrición, medicinas, cuidado infantil, ropa y calzado y suministros básicos (luz y agua).

Además, desde el Fondo Diocesano de Comunión Fraterna se están aportando ayudas también en materia de alquiler e hipotecas para las personas y familias que lo necesiten, concesión de microcréditos a pequeñas empresas que se hayan visto afectadas por la crisis social y económica provocada por la pandemia, así como proyectos de promoción social.

El arzobispado ha hecho hincapié igualmente en que, para gestionar las solicitudes de ayuda que llegan a las parroquias/cáritas parroquiales, el Fondo Diocesano cuenta con una comisión técnica formada por la secretaria general, una consejera y un miembro de administración de Cáritas diocesana, coordinadores y directores voluntarios de las áreas de 'Animación comunitaria' e 'Inclusión social' y un sacerdote.

Dicha Comisión se encarga de estudiar, analizar y asignar las cuantías de las ayudas y los proyectos que se solicitan y, además, hace un seguimiento de los mismos.

También ha indicado que, desde Cáritas Diocesana, se está comprobando cómo muchas de las personas que están solicitando ayuda durante estos meses de pandemia lo hacen por primera vez, así como que para acceder a alguna de las ayudas que se entregan desde este Fondo Diocesano de Comunión Fraterna el interesado debe ponerse en contacto con su párroco/parroquia/Cáritas parroquial, quien dirigirá la solicitud al equipo técnico que será quien dará una respuesta.

"Ante esta pandemia, con el Fondo Diocesano de Comunión Fraterna se seguirán redoblando los esfuerzos para reforzar los recursos y servicios de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz para responder a esta emergencia global", concluye el comunicado.

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, ha aseverado este viernes que se va a salir "muy reforzados científicamente" de la actual pandemia del Covid-19 afrontando "con mayores garantías", si bien le gustaría que en la sociedad "se desarrolle más el espíritu crítico" para "cambiar la información por conocimiento".

Así lo ha destacado en el encuentro digital con el título 'El impacto social del Covid-19 en España', organizado por 'Diario Córdoba', con la participación también del ministro de Universidades del Gobierno de España, Manuel Castells; el director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) CSIC y doctor en Ciencias Políticas y Sociología e Investigador Científico del CSIC, Rafael Serrano del Rosal, y María de los Ángeles Durán, catedrática de Sociología (CSIC).

En este sentido, ha subrayado que la universidad contribuye "al desarrollo social y económico" del país, aunque ante "un mercado laboral y una estructura económica que no se ajusta a un país del siglo XXI de la Unión Europea (UE), sí hay universidades que se ajustan a la UE del siglo XXI", ha argumentado.

Para el rector, "esas grandes diferencias en la autonomía universitaria y la financiación de las universidades en España respecto de Europa se deberían resolver", después de que "esta pandemia ha puesto de manifiesto la solvencia y el potencial y capacidad de actuación de las universidades españolas", ha enfatizado Gómez Villamandos, quien confía en "aprender de esta crisis y no cometer los mismos errores.

En concreto, ha admitido que el impacto del Covid ha sido "enorme" para las universidades y todos los sectores, dado que en 48 horas se pasó de una docencia presencial a 'online' con "un enorme esfuerzo", aunque la docencia "no se ha visto perjudicada en su calidad, como lo demuestran los distintos informes de evaluación", ha aseverado.

No obstante, ha lamentado que "una de las cosas que más dolido ha sido el freno de la investigación", pese a que "se ha podido seguir en la medida de lo posible, pero no con la intensidad que hubiera gustado", al tiempo que "se ha frenado toda la actividad de vida de la comunidad universitaria".

Mientras, ha elogiado "la coordinación en todo el sistema universitario para afrontar esta situación de una forma bastante satisfactoria", a lo que ha agregado que "se ha puesto de manifiesto que la gobernanza que tanto critican algunos no es un problema para las universidades".

"CALIDAD DEL SISTEMA"

A su juicio, "se ha mantenido la calidad del sistema universitario español, atendiendo también a aquellos que más lo necesitaban dentro de la comunidad, a los universitarios y profesionales", de manera que se sigue trabajando para que la universidad sea "parte de la solución a los problemas de la sociedad".

En este punto, ha comentado que las universidades han colaborado entre ellas y con todas las administraciones, como en el ámbito local con la cesión de espacios al Ayuntamiento de Córdoba para atender a los mas desfavorecidos, además de facilitar material sanitario y 1.800 investigadores expertos para realizar pruebas PCR.

También, "se ha demostrado una capacidad de respuesta y potencial" para fabricar y diseñar respiradores, en colaboración con empresas para luchar contra la pandemia, al tiempo que ha citado la atención a los estudiantes Erasmus. Y es que, "sólo con la colaboración entre todos se podría buscar una solución", ha manifestado.

Igualmente, ha apuntado a "la estrecha relación" con el Gobierno ante las distintas normativas y procedimientos, con el fin de "generar certidumbre en la comunidad universitaria", de hecho ha elogiado que "ante una situación desconocida", las universidades se adelantaron en febrero de este año a decir que la docencia iba a ser 'online' todo el cuatrimestre, pese a "las críticas" de alguna administración.

Frente a ello, Gómez Villamandos ha valorado que "se han ido recuperando" las prácticas externas, y a tal efecto ha remarcado que ahora están en "una velocidad de crucero que permite seguir cumpliendo con la misión como universidad, pero atentos ante cualquier situación, porque la clave es anticiparse a lo que pueda venir y así generar certidumbre".

Como ejemplo, ha destacado que en Andalucía se ha acordado la suspensión de la docencia presencial y sí mantener las prácticas "hasta el final del período docente del primer cuatrimestre".

RED DE LABORATORIOS

Por otra parte, el presidente de la CRUE ha indicado que en Andalucía están pendientes de firmar un convenio "en breve" para "crear una red de laboratorios, en colaboración con la Consejería de Salud y Familias, para que los laboratorios universitarios estén en disposicón de colaborar de forma inmediata en cualquier prueba o situación sanitaria a futuro.

De este modo, ha resaltado que "se sigue trabajando en la gran pata de la universidad, que es la investigación", de modo que "los investigadores han colaborado con los proyectos relacionados con la pandemia en las distintas convocatorias de forma exitosa y trabajan en los distintos ámbitos del conocimiento relacionados con la pandemia".

Asimismo, ha subrayado que "ha habido un esfuerzo económico tremendo por el sistema universitario", recordando que "las universidades llegan a final de año siempre con una situación bastante comprometida", pero "había que poner todo lo que se pudiera", ha defendido.

En concreto, ha detallado que se creó un fondo de 8,5 millones de euros, con cinco millones para potenciar la investigación del Covid, 2,5 millones de euros para solucionar la brecha digital, para que "ningún estudiante se quedara atrás", y mejorar la capacidad tecnológica y un millón de euros para investigación en el ámbito del impacto social y económico.

A tal efecto, "se han estudiado todos los aspectos socioeconómicos, la situación de estrés y los aspectos sociológicos para dar luz sobre cómo afrontar el futuro y con una mayor garantía y solvencia", ha mencionado el rector, quien también ha destacado la concesión de becas y "la modificación de los criterios aprobados por el Gobierno".

En definitiva, Gómez Villamandos ha afirmado que "la universidad es vertebradora y equitativa" y con "un sistema que se encuentra entre los mejores del mundo", pese a que "muchos lo critiquen".

En cuanto a las actitudes de los jóvenes estudiantes, ha lamentado que "han sido un poco estigmatizados, porque se les ha acusado de irresponsables", cuando "la mayoría de los estudiantes están teniendo un comportamiento ejemplar", ha defendido, para advertir de que "hay una pequeña porción de estudiantes que no cumplen con sus obligaciones, pero también hay otra pequeña parte de la sociedad de distintas edades que tampoco están cumpliendo".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado investigar la denuncia del Ayuntamiento de Móstoles contra el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por los supuestos criterios de exclusión hospitalaria aplicados en los centros de mayores durante la primera fase de la pandemia al no poder establecerse "un nexo causal" entre la conducta imputada y el resultado ilícito al no haber una identificación de las víctimas.

Así consta en una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press y contra la que cabe recurso, en la que se inadmite a trámite la denuncia, que se dirigía además contra "todos aquellos que pudieran ser responsables, por la existencia de un documento/protocolo, elaborado por la citada Consejería y remitido a hospitales y residencias de la comunidad" para excluir a los citados residentes.

Según la denuncia, estos documentos establecerían "criterios de exclusión" de derivación hospitalaria de los mayores que vivían en residencias con motivo del estado de alarma y la situación excepcional derivada de la pandemia Covid-19.

Los magistrados inadmiten a trámite la denuncia, en primer lugar, por adolecer ésta de la necesaria precisión, "al faltar absolutamente la identificación de quienes hayan fallecido o de a quienes se les haya excluido o no permitido ir a un hospital", un hecho que nos sitúa, aclara la resolución, ante una reclamación "que tiene un marcado carácter prospectivo o de causa general".

El auto recalca que el Ayuntamiento de Móstoles "no ha podido recabar datos concretos, al menos en las residencias de su término municipal, a través de sus servicios sociales o por denuncias o comunicaciones que les hayan podido hacer llegar de familiares de fallecidos".

"La falta de identificación impide conocer, a su vez, si el posible fallecimiento ha tenido como causa la Covid 19 o si se ha debido a otras causas, y si una derivación, o mejor dicho, la falta de ella, es causa de dicho fallecimiento", recoge la resolución.

EXAMEN DE LOS PROTOCOLOS

En segundo lugar, los magistrados rechazan la denuncia tras el examen de los protocolos redactados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y la información que de ellos puede extraerse.

Según el fallo, los protocolos tienen "unos objetivos, generales y secundarios, que no pueden tacharse de irrazonables a la vista del fenómeno de la pandemia que empezaba a sufrir el país, con un total desconocimiento de su entidad y el modo de enfrentarlo, y que ya desde el principio, empezó a encender las luces rojas sobre el posible desbordamiento del sistema sanitario y asistencial."

"El simple examen de los protocolos no determina, necesariamente, que se hayan producido resultados lesivos para los derechos de los residentes, en la medida en que desconocemos quiénes han podido ser perjudicados por la aplicación directa de los citados protocolos", asegura la resolución.

Además, recuerda que no corresponde a los tribunales de justicia la incoación de "causas generales, ni el desarrollo de investigaciones prospectivas, y que los hechos que tienen relevancia penal no son los genéricos o académicos", sino los que reflejan una conducta ilícita que vulnere un bien jurídico tutelado de un sujeto determinado, "ya sea una persona física o jurídica individual o un sujeto colectivo, pero siempre identificado.

La denuncia planteada, pone de relieve una realidad por desgracia contrastada: el fallecimiento de un gran número de personas residentes en centros de mayores, pero no aporta, más allá de poder ser una opinión o hipótesis, que dicho resultado sea consecuencia de un protocolo emitido por la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid", subrayan los magistrados.

Finalmente, insiste en que "al desconocerse y no identificarse por tanto a las víctimas o perjudicadas por su hipotética aplicación, no se puede establecer el nexo causal entre la conducta que se imputa al denunciado y el resultado ilícito".

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que el Partido Popular "respetará" la decisión que tome el Tribunal Supremo sobre los presos del 1-O y ha señalado que el alto tribunal debe "cumplir la ley y no permitir discrecionalidad". Dicho esto, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez se plantee beneficios penitenciarios "discrecionales" o reformas del Código Penal a cambio del apoyo de los independentistas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Así se ha pronunciado Casado --tras visitar un Banco de Alimentos en Reus, junto al presidente del PP catalán, Alejandro Fernández-- al ser preguntado por las informaciones que apuntan a que el Supremo valora acoger el criterio de Fiscalía y rechazar el tercer grado a los presos del 'procés'.

En concreto, fuentes del TS han señalado a Europa Press que el tribunal seguirá deliberando la semana próxima sobre el tercer grado penitenciario que la Generalitat de Cataluña concedió a los nueve líderes independentistas condenados por sedición en el juicio del 'procés', un asunto que ha generado una treintena de recursos tanto de Fiscalía como de los condenados. No obstante, valora rechazar estos últimos en consonancia con el criterio del Ministerio Público.

"Respetamos las decisiones judiciales y no entramos a valorar lo que decida el Tribunal Supremo en este caso, que lo que tiene que hacer es hacer cumplir la ley y no permitir una discrecionalidad en ninguna medida legal", ha afirmado Casado.

Dicho esto, ha cuestionado que el Gobierno se plantee beneficios penitenciarios "discrecionales" o reformas del Código Penal a cambio de unos Presupuestos. Así, ha señalado que estas semanas se ha hablado de propuestas del PSOE para "modificar o bien el Código Penal o incluso plantear algún tipo de concesión de medidas de gracia o de beneficios penitenciarios de una forma discrecional".

VISITA A UN BANCO DE ALIMENTOS

Casado, que ha visitado Cataluña por cuarta vez este mes de noviembre en apoyo del PPC en la precampaña electoral de las catalanas, ha apostado por buscar lo que une a todos. A su entender, se trata de "estar con los que más lo necesitan y no enfrentar por políticas fiscales, territoriales y lingüísticas".

Con ese objetivo ha explicado que ha visitado un Banco de Alimentos en Reus (Tarragona) acompañado por el presidente del PP catalán, donde ha trasladoo su reconocimiento a los voluntarios que allí trabajo y ha participado en la entrega de 30 palés de productos no perecederos donados por el PPC.

Además, el líder de los 'populares' ha señalado que el PP ha recaudado entre sus cargos 200.000 euros, que se repartirán en las diferentes provincias para ayudar a quienes peor lo están pasando en la crisis.

"RIESGO CIERTO" DE QUE LOS ERTE SE CONVIERTAN EN ERE

Casado ha alertado sobre la situación social que se vive hoy en España con casi 4 millones de parados, de los cuales medio millón están en Cataluña y del "riesgo cierto" de que los ERTE se conviertan en ERE.

En este punto, ha advertido sobre la "situación insostenible" de sectores como el de la hostelería, el turismo o los servicios y ha abogado por extender los ERTE hasta el fin el estado de alarma, eximir del pago de impuestos a empresas cerradas, aumentar los créditos ICO y bajar las tasas aeroportuarias.

Además, el líder del PP --que ha programado una intensa agenda con reuniones con empresarios de distintos sectores y representantes de la hostelería-- ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez en lugar de no dejar a nadie atrás como proclama en sus actos, "no está dejando a nadie en pie".

Canarias ha sumado 115 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el archipiélago acumula actualmente 20.724 casos desde el inicio de la pandemia, y ha tenido que lamentar cuatro fallecimientos, todos ellos en Tenerife, ascendiendo la cifra de personas muertas a 335 en las islas.

Así, del total de casos que ha registrado Canarias, 4.223 se encuentran activos, lo que supone 35 menos que hace un día, según se desprende de los datos que la Consejería canaria de Sanidad publica pasadas las 14.00 horas.

Actualmente, de los casos activos en las islas 42 personas se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (+3), 186 en planta hospitalaria (-5) y 3.995 están aislados en sus domicilios. Asimismo, un total de 16.166 personas (+146) han recibido el alta tras haber contraído el virus del coronavirus.

Respecto a la incidencia acumulada, Canarias registra a los siete días 39,05 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que a los 14 días se eleva a 77,41.

En cuanto a los test, en Canarias se han realizado hasta el momento un total de 576.010 pruebas --2.792 en el último día--, de las que 26.510 fueron positivas, lo que supone un 4,6 por ciento del total.

POR ISLAS

Respecto a los casos de coronavirus por islas, Gran Canaria continúa liderando en número de casos con 9.351 al sumar 23 en las últimas 24 horas, de los que 1.209 se encuentran activos, mientras que 127 personas han fallecido y 8.015 han superado la enfermedad.

Le sigue Tenerife con 8.688 casos registrados desde que comenzó la pandemia (+76), de los que 2.875 se encuentran activos, 188 han fallecido (+4) y 5.625 recibieron el alta.

Tras ella se encuentra Lanzarote con 1.393 casos (+8), de los que 53 están activos, nueve han perecido y 1.331 personas han superado la enfermedad.

Fuerteventura por su parte ha acumulado 897 casos (+5), de los que 60 se mantienen activos, cuatro murieron y 833 recibieron el alta; La Palma se mantiene con 213 casos, de los que nueve están activos, seis fallecieron y 198 superaron la enfermedad.

Cierra la lista La Gomera que acumula 112 casos (+3), de los que 14 están activos, 98 han recibido el alta y no ha tenido que lamentar muertes; mientras que El Hierro tiene 69 casos, de los que dos están activo, además de registrar un fallecimiento y 66 altas.

El Ministerio de Defensa ha hecho balance de la Operación Balmis que sacó a las Fuerzas Armadas a las calles de toda España para luchar contra el coronavirus y ha extraído algunas conclusiones para aplicar en el futuro, como la necesidad de mejorar la sanidad militar, un refuerzo del sistema de gestión de crisis o las ventajas que a su juicio supuso contar con un mando único y una dirección centralizada a lo largo de todo el país.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, han presidido este viernes el acto de condecoración a una veintena de militares que formaron parte de esta misión contra la pandemia y han presentado el informe de evaluación de la Operación Balmis.

El propio JEMAD reconoce en el prólogo que Balmis sirvió para demostrar a la sociedad que las Fuerzas Armadas son "un instrumento eficaz al servicio de España". "Nuestra organización, preparación, capacidades y experiencia nos ha permitido actuar de una manera rápida y eficiente", celebra.

Además, destaca que toda la actuación de las Fuerzas Armadas se dirigió desde el mando único del Mando de Operaciones, que el informe destaca como "esencial" para haber superado "airosos" el reto. El análisis también pone en valor la estructura de los Ejércitos y la Armada, convirtiéndose "casi en el único instrumento del Estado con capacidad de tomar una acción, con dirección centralizada a lo largo de toda España".

"Este factor, similar al que impulsa la creación del estado de alarma, debe ser tomado en consideración para emergencias futuras si se cumplen ciertas premisas, como puede ser el alcance de la emergencia o la necesidad de recursos", pone sobre la mesa.

El informe también apunta la necesidad de fortalecer el sistema de gestión de crisis "para poder actuar de forma más rápida en las etapas iniciales de la emergencia" y garantizar la protección de los ciudadanos.

MÁS RECURSOS PARA LA SANIDAD MILITAR

Sin embargo, la reflexión "perentoria" gira en torno a la sanidad militar y sus capacidades orientadas a este tipo de misiones. Para ello, sugiere la necesidad de dotarlo de mayores recursos "para que se pueda dar respuesta a una necesidad de acción centralizada en un marco temporal muy breve".

La ministra de Defensa ya ha puesto el foco en varias ocasiones sobre las vulnerabilidades detectadas en el sistema sanitario militar durante la pandemia y ha propuesto la creación de un cuerpo sanitario militar en el marco de la Unión Europea.

En el terreno económico, el informe apunta que la gestión ha sido "fluida", no sin ciertas dificultades en la atribución de los gastos derivados de la lucha contra la pandemia. Pero además, sostiene que parte de los gastos ocasionados por la Operación Balmis "deberían ser sufragados por otras entidades diferentes al Ministerio de Defensa.

FUERZAS ARMADAS VERTEBRADORAS DE ESPAÑA

Este balance destaca el papel de las Fuerzas Armadas como un elemento "vertebrador" de España. "Hemos ganado en tasas de aceptación y apreciación de los españoles y demostrado que los valores militares permanecen con plena vigencia y son admirados por los españoles", agradece.

Por ello, indica que "ahora es el momento de recoger el rédito de una actuación virtuosa, honrada y ejemplar" y celebra que los ciudadanos hayan apreciado sus valores de "espíritu de sacrificio y de servicio y la voluntad de vencer".

Según datos del Departamento de Derechos Sociales del Gobierno foral, se mantiene la tendencia a la baja de los casos activos por Covid-19 en los centros de mayores, con 108 en este momento.

Gran parte de los positivos permanecen en las residencias y no han requerido hospitalización, concretamente 79, de las que 52 presentan algún tipo de síntoma y 27 son asintomáticas. Otras 16 han sido trasladadas a los recursos intermedios y han necesitado ingreso hospitalario 13 personas.

Por otra parte, las altas epidemiológicas han alcanzado ya las 355 personas, según ha informado el Gobierno foral.

En cuanto a las bajas de profesionales, hay en este momento 59 personas trabajadoras, 52 sintomáticos y 7 sin síntomas.

Desde el pasado 1 de julio han fallecido 86 personas mayores procedentes de centros residenciales, 49 en centros hospitalarios y 37 en la propia residencia.

Los centros de discapacidad siguen sin casos activos y sin nuevos fallecimientos, 3 desde el pasado 1 de julio.

Bajan también las personas trabajadoras que han causado baja por Covid-19 en estos centros, 11 en este momento, sintomáticos 9 y asintomáticos 2.

REANUDADAS LAS VISITAS DESDE EL 26 DE NOVIEMBRE

En vista de la positiva evolución epidemiológica en Navarra de las últimas semana, desde este jueves se han reanudado en la Comunidad las visitas de familiares a las residencias de mayores y discapacidad, con cita previa, al menos un día por semana.

El número de visitas que se pueda realizar simultáneamente dependerá de las características de las residencias, asegurando la distancia entre los visitantes y evitando el contacto de personas usuarias con otras diferentes a sus propias familias, ha indicado el Gobierno.

En el caso de personas mayores se establece una persona por residente y 30 minutos de duración, y para personas con discapacidad, de dos personas y 60 minutos.

Para hacerlo posible, los centros deberán adecuar los espacios disponibles, según las indicaciones realizadas por la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, del Departamento de Derechos Sociales.

Únicamente en los centros en los que haya un brote activo de Covid-19 y no dispongan de un área totalmente independiente para la atención de las personas afectadas, no se permitirán las visitas mientras dure dicho brote, salvo en las tres excepciones contempladas desde el comienzo de la pandemia: el final de vida, el alivio de descompensación neurocognitiva o en situaciones de grave deterioro de la situación psicoafectiva de la persona residente.

También se han flexibilizado las salidas, se permiten en ambos casos las que tengan como finalidad las consultas médicas (o afines, como podología), la realización de trámites administrativos, actividades laborales o de índole similar. Igualmente, se posibilitarán las salidas en aquellas situaciones de necesidad como el acompañamiento a familiares o allegados en el final de vida de los mismos.

En las residencias de mayores que cuenten con "espacios seguros", las personas residentes podrán salir a pasear a estos espacios, solas o acompañadas por personal del centro, y en los horarios en los que dichos espacios estén habilitados como tales. También estará permitido el contacto visual y verbal con los familiares desde el perímetro residencial, ha agregado el Gobierno.

En los centros de discapacidad se podrán realizar, asimismo, paseos terapéuticos, considerados como "salidas de bajo riesgo", y se autorizan salidas grupales como actividad del propio centro a espacios exteriores, siempre y cuando se realicen con su grupo de convivencia habitual, en transporte independiente y en las salidas no se entre en contacto con ninguna otra persona.

La fiscal y escritora Susana Gisbert se ha hecho con el XIII edición del Premio Carolina Planells de Narrativa Corta de Paiporta (Valencia), en la categoría de adultos, con su relato 'Azogue', presentado bajo el pseudónimo de Malika. Gisbert repite como ganadora de este galardón, que ya consiguió en 2012.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Paiporta ha dado a conocer los nombres de las personas ganadoras del Premio Carolina Planells contra la violencia de género, dentro de los actos conmemorativos del 25N.

El premio, dotado con 600 euros, se suma otros galardones que la fiscal Gisbert atesora, como el primer premio del certamen de relatos cortos 'Mujeres' de 2013, de la concejalía de Cultura de Benetússer, o el primer premio del certamen de narrativa breve del Ayuntamiento de València en 2009.

El objetivo de este premio es "fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y la no-violencia a través de la cultura y la expresión escrita!. "Este premio es una iniciativa para dar una salida creativa a una realidad aún muy presente en nuestra sociedad como es el machismo y la violencia de género. Estos relatos, de gran calidad y mucho nivel, nos recuerdan que todavía tenemos mucho que hacer y que tenemos que continuar en la lucha para hacer desaparecer esta lacra", señala, en un comunicado, la vicealcaldesa y regidora de Cultura, Maribel Albalat.

Susana Gisbert ha afirmado que en este premio se reúnen dos de las cosas a las que dedica su vida: "la lucha por la igualdad y contra la violencia de género, por un lado, y la literatura, por otro".

Por su parte, 'La habitación 214', de Paula Mariano, vecina de Paiporta, se ha convertido en el relato ganador en la categoría juvenil, con una dotación de 400 euros. Entre el resto de galardonados, el premio especial de personas adultas empadronadas en Paiporta, dotado con 300 euros, es para Jennyfer Marín, por el relato "Distintas esquirlas de un mismo espejo".

El premio queda desierto en la categoría juvenil para personas empadronadas en Paiporta. En cuanto al accésit a la mejor obra presentada en valenciano es para 'Pols', de Joan Carles González, de Mataró, que se lleva un premio de 400 euros.

PUBLICACIÓN RELATOS

Así mismo, la publicación del libro con la recopilación de los relatos premiados en esta XIII edición de Carolina Planells incluirá igualmente la publicación de las obras 'La fuente de las marranas', de Herminia Donís (Huesca); 'Lluvia', de Yosé Álvarez (Asturias); 'Zen', de Andrés Morales (Segur de Calafell) y 'La muerte le sienta bien'; de Fernando Ugeda (Villena).

La entrega de los premios se realizará en el Auditorio Municipal de Paiporta, en marzo de 2021, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer. El premio Carolina Planells rinde homenaje desde hace 13 años a esta paiportina asesinada en un crimen machista y también a otra víctima de la localidad, Mª Ángeles Alonso. Desde entonces, cada año, decenas de personas de toda España y también del exterior participan en un certamen que tiene también sección juvenil y que, desde hace cuatro años, también premia obras escritas en valenciano.