El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado, en un pleno ordinario, una moción que exige una política coordinada del Gobierno de España y de la Unión Europea (UE) consensuada con las instituciones locales que garantice una «acogida digna» de las personas migrantes que llegan a Canarias acompañada de derivaciones hacia otros territorios para evitar que las islas y, en especial Gran Canaria, se conviertan en una «cárcel atlántica».
Esta moción será dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como a la Comisaria Europea de Interior, Ylva Yohansson; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, además de a los titulares de Interior, Migraciones y Defensa, Fernando Grande-Marlasca, José Luis Escrivá y Margarita Robles, respectivamente, y al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.
Actualmente, señalan que unas 20.000 personas han llegado en lo que va de año «huyendo de la miseria y la guerra», siendo estos hechos la «punta de lanza de un flujo migratorio que no cesará tras el cierre de la frontera del Mediterráneo» y que «ha motivado que las mafias desvíen las rutas» hacia Canarias, la «más peligrosa del mundo y que ha provocado miles de muertes en el mar, de ahí que solicite también reforzar los medios para detener el coste en vidas».
Asimismo, el Cabildo demanda poner fin a la descoordinación entre ministerios para afrontar la situación de «extrema gravedad» en las islas, ya que ha provocado «alarma social y un deterioro» de la atención de las personas migrantes, apuntando que muestra de ello lo que se ha podido ver «con crudeza en el muelle de Arguineguín».
El Cabildo también considera «urgente e inaplazable» la derivación a otros territorios de los 2.000 menores migrantes que son atendidos por el Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales, así como reclama garantizar el «adecuado control» sanitario de todas las personas migrantes que llegan a Canarias para «no poner en riesgo» los resultados positivos en las islas de las acciones contra la Covid-19, ya que son «esenciales para activar la economía y en especial el sector turístico».
El acuerdo del Cabildo también reconoce el «excelente trabajo en condiciones difíciles y, muchas veces sin recursos suficientes», de las organizaciones, personas voluntarias, cuerpos de seguridad y salvamento, y personal sanitario, al tiempo que condena cualquier actitud racista, xenófoba, de rechazo al pobre, así como todo tipo de manifestación o incitación de odio a lo diferente.
Finalmente, la institución insular exige una «verdadera política de solidaridad y cooperación» con los países empobrecidos que incluya la «solución pacífica» de conflictos y el respeto de los derechos humanos como «única vía para frenar el movimiento migratorio de millones de personas, en especial en el caso de África, el continente más pobre de todos, que vive además un crecimiento poblacional exponencial y que se encuentra a apenas 100 kilómetros de Canarias, el destino de sus sueños empujados por su miseria».
