Las consellerias de Salud y Educación de la Generalitat seguirán la evolución de la pandemia del coronavirus y el comportamiento del virus a través de un proyecto para monitorizar 50 escuelas e institutos centinela durante los próximos dos años.

En rueda de prensa, la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha asegurado que serán una cincuentena de escuelas representativas de la realidad territorial catalana, y que el plan servirá para ir evaluando y adquiriendo conocimiento de la pandemia.

La cincuentena de centros serán seleccionados con la voluntariedad y el compromiso de las direcciones y representativos por criterios epidemiológicos, organizativos, estructurales y territoriales.

La consellera ha destacado que la información que les proporcione este proyecto en las escuelas servirá para comprobar herramientas de prevención y su aplicación en la comunidad.

"Este plan es imprescindible para poder mantener las escuelas abiertas, y para adaptar las recomendaciones si así lo recomienda la evidencia científica", ha dicho Vergés, que ha añadido que complementa los cribados masivos que se harán.

El conseller de Educación, Josep Bargalló, ha asegurado que el medio millón de cribados en la comunidad educativa se iniciarán a partir del 21 de septiembre, durante dos meses, en un momento en que todas las enseñanzas habrán iniciado el curso.

Bargalló ha enfatizado que la escuela es el mejor reflejo de la sociedad, en la que están presentes todos los orígenes y realidades económicas: "La escuela es centinela de la sociedad y de la realidad sanitaria", ha señalado.

"ESTABILIDAD CON INCIDENCIA ALTA"

La consellera se ha referido a la situación actual de la pandemia, que sigue en una "estabilidad con una incidencia muy alta", por lo que ha abogado por no bajar la guardia, y ha insistido en que un 70% de los casos tienen su origen en reuniones sociales.

Sobre el relevo de Laura Pelay por Marc Ramentol al frente de la Secretaría General de Salud, ha afirmado que fue una decisión de mutuo acuerdo, y ha agradecido el "duro trabajo" de Pelay en un periodo muy complejo.

El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha defendido que la persona de enlace con las escuelas en los centros de atención primaria sea una persona del equipo, pero no necesariamente una enfermera, y ha pedido ser "realistas".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la remisión a las Cortes Generales de sendos convenios de seguridad y lucha contra la delincuencia firmados con Marruecos, Perú y Ecuador.

Todos estos convenios responden a la preocupación por el alcance de los fenómenos delincuenciales y por los retos que plantean a la seguridad el tráfico de personas, el terrorismo, el narcotráfico y las nuevas manifestaciones de la delincuencia transnacional organizada.

El firmado con Marruecos, estructurado en un preámbulo y quince artículos, regula los aspectos más importantes que interesan en el ámbito de la cooperación, especificando con gran detalle los delitos a los que se extenderá la misma. Son especialmente relevantes las previsiones relativas a la lucha contra el crimen organizado, con referencia específica al terrorismo, así como la colaboración en la actividad operativo-investigadora de las distintas modalidades delictivas.

En cuanto al suscrito con Ecuador, con 13 artículos, y con Perú, con 15, se regulan los aspectos más importantes que interesan en la cooperación en este ámbito, especificando con gran detalle los delitos a los que se extenderá la misma. Son especialmente relevantes las previsiones relativas a la lucha contra el crimen organizado, con referencia específica al terrorismo, así como la colaboración en la actividad operativo-investigadora de las distintas modalidades delictivas.

Asimismo, se establecen las condiciones para proceder al intercambio de información entre las partes, y destaca la garantía en la protección de la confidencialidad y el uso de la información en virtud de las respectivas legislaciones nacionales. Prevé que, en caso necesario, las partes podrán establecer una Comisión Mixta para desarrollar y evaluar la cooperación.

Estos dos últimos convenios, cuya aplicación no genera incremento del gasto público, entrarán en vigor treinta días después de la fecha de recepción de la última notificación intercambiada a través de los canales diplomáticos mediante la cual las partes se comuniquen por escrito el cumplimiento de sus requisitos legales necesarios para tal efecto.

El senador de Más Madrid Eduardo Fernández ha pedido este martes al Gobierno de Pedro Sánchez que intervenga en esta región ante la "situación de alto riesgo" provocada por la gestión "negligente" del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para hacer frente a la covid.

"No nos deje solos con la incompetencia y el fanatismo", ha señalado Fernández dentro del turno de los grupos de la Izquierda Confederal. Su discurso, ha dicho, era "un mensaje de urgencia" trasladado por los vecinos que "temen por su seguridad y las de sus familias", con especial mención a los barrios de Usera y Vallecas.

En concreto, se ha quejado por la manipulación de datos de contagios de covid del Gobierno de Ayuso, la organización de la vuelta al cole, la falta de rastreadores, el colapso de ambulatorios o la circulación de vagones de metros "atestados" de pasajeros.

El resto de grupos de Izquierda Confederal en el Senado han aprovechado el debate con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedir más fondos para sus territorios, con especial atención a los servicios públicos, como ha hecho en su intervención la representante de Catalunya en Comú Sara Vila. Esta senadora ha pedido revisar el "plan me cuida" de bajas laborales durante la pandemia de coronavirus.

Desde Gorai Bai, Joseba Koldobika ha reclamado que se dispongan "todos" los remanentes de los ayuntamientos para atender las necesidades de los ciudadanos y que se fije el techo de endeudamiento en el 4% porque "no basta con el 2,3%". También ha recordado las transferencias pendientes y la necesidad de convocar la comisión del convenio económico.

MENCIÓN A LA OPERACIÓN KITCHEN

Carles Mulet, representante de Compromís, ha mencionado la Operación Kitchen para emular el mensaje de Mariano Rajoy a Luis Bárcenas deseando a los nuevos imputados en la Audiencia Nacional, Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal, que "sean fuertes".

A continuación, se ha referido a las "decisiones erráticas" del Gobierno de Pedro Sánchez y su "mercadeo" con varios grupos políticos durante la crisis del covid. Además, ha lamentado el caos ferroviario en la Comunitat Valenciana y ha pedido una reforma de la financiación autonómica, así como gestionar el ingreso mínimo vital o que los ayuntamientos puedan hacer uso de sus remanentes.

Vicenç Vidal Matas, de Més, ha avisado a Sánchez que "se prevé un dolor social como nunca antes se ha visto" en las Islas Baleares por la situación derivada de la pandemia de coronavirus y la senadora de Adelante Andalucía María Pilar González ha alertado de que se pueda agravar la desigualdad y la pobreza de esta región que arrastra datos de paro "insufribles" por un modelo productivo que entiende caduco, entre otras cuestiones, por estar basado en lo que ha calificado como turismo low cost.

Los ministros de Asuntos Exteriores de Italia y España, Luigi Di Maio y Arancha González Laya, respectivamente, han expresado este martes su apoyo a una solución al conflicto libio que pase por el diálogo entre los actores sin injerencias externas.

"Libia se encuentra en el momento de la verdad, no hay solución militar para Libia ni una solución importada y sobre todo no hay tiempo que perder", ha dicho González Laya en una rueda de prensa junto a Di Maio, con el que se ha reunido en Milán precisamente después de viajar a Libia.

La ministra española ha subrayado la importancia de impulsar un alto el fuego definitivo y de reanudar la producción petrolera para impulsar la economía. Por su parte, Di Maio ha destacado la importancia de consolidar el alto el fuego y apostar la desmilitarización y ha elogiado el papel de Marruecos.

Además, ha subrayado que aunque a Italia se la ha "acusado a veces de desempeñar papel ambiguo para con Libia", lo que ha hecho siempre es intentar impulsar el diálogo. "No tenemos que engañarnos pensando que será un camino fácil pero no hay tiempo que perder", ha añadido.

González Laya transmitió este lunes su posición a los principales actores del conflicto: se reunió con el presidente del Consejo Supremo del Estado, Jaled al Mashri; con el presidente del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), Fayez Serraj; con el ministro de Exteriores, Mohamed Tamer Siala; y con el presidente de la Cámara de Representantes --el Parlamento asentado en el este del país--, Aguila Salé.

Preguntada sobre si España se decidirá a aportar medios a la operación naval europea 'Irini', destinada a hacer cumplir el embargo de armas a Libia, ha afirmado que España ya participa pero "con personal de apoyo".

En su reunión, González Laya y Di Maio han abordado también la situación en el Mediterráneo Oriental, un ámbito en el que ambos han dado su apoyo a la mediación entre Grecia y Turquía por parte del Alto Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, y de Alemania.

También han abordado la política de inmigración europea, teniendo en cuenta que ambos son países de primera entrada de inmigrantes, el fondo europeo de recuperación y las relaciones bilaterales entre ambos países.

El consumo de música a través de las plataformas digitales de streaming "ha salvado del retroceso" al sector en España durante el primer semestre de 2020, según las cifras recopiladas por la asociación Promusicae.

Así, la industria musical española "ha logrado resistir" esta primera mitad del año al obtener un repunte del 3,99% en sus cifras globales de ventas, pese al impacto de la pandemia por coronavirus en el mercado físico, que pierde casi el 45% de sus ingresos como consecuencia del cierre de tiendas durante el confinamiento.

Los ingresos, según las cifras recopiladas por la entidad (que representa a cerca del 95% de la industria fonográfica española), han alcanzado entre el 1 de enero y el 30 de junio los 145,1 millones de euros, frente a los 139,5 millones registrados en idéntico periodo de 2019.

"Es un incremento tímido y que corta la racha de crecimientos por encima del 20% que venía acumulando el sector, pero muy indicativo del vigor de los modelos digitales que ya representan casi el 88% de los ingresos obtenidos. Un dato positivo que viene a aliviar las dificultades extremas a las que se enfrentan los músicos en este 2020", han señalado desde Promusicae.

Los ingresos del mercado digital de la música han crecido un 18,9%, al pasar de 106,9 a 127,1 millones de euros. Esta mejoría se ha sustentado en las subidas que experimenta el streaming en todas sus modalidades, a pesar de ser muy inferiores a lo previsto a comienzos de año.

En relación al streaming de audio, las suscripciones crecen en 17 puntos porcentuales (de 77,1 millones en 2019 a 90,2 en el semestre recién finalizado), y la gratuita y financiada mediante inserciones publicitarias ha pasado de 10,3 millones de euros a 16,1 millones de euros.

Por otro lado, el consumo de música a través de streaming de vídeo (YouTube, Vevo) ha aumentado un 14,9% (de 14,1 millones en el primer semestre de 2019 a los 16,3 millones actuales).

CIERRE DE TIENDAS

Por último, otros productos digitales, como las descargas permanentes de álbumes y canciones o los productos para móvil, siguen registrando caídas (del 11 y del 20%, respectivamente) y se sitúan "en valores ya casi residuales". "La otra cara de la moneda la representa el mercado físico, lastrado irremisiblemente por el cierre temporal de tiendas durante lo más crudo de la alerta sanitaria", han lamentado.

Las ventas de álbumes en vinilo --que absorbe el 40% del total-- se han contraído un 7,7%, desde los 7,8 millones del semestre inicial de 2019 a los 7,2 millones actuales. Sin embargo, la contracción en las ventas de CD ha pasado de 24,2 a 10,6 millones, lo que equivale a un desplome de casi 57 puntos porcentuales.

En términos globales, las ventas físicas han alcanzado en España los 18 millones de euros entre enero y junio (un 45% menos que en 2019), mientras que los ingresos digitales se han elevado por encima de los 127 millones (casi un 19% más).

"Es absolutamente importante situar estas cifras positivas en el contexto general de la industria de la música, porque el ligero crecimiento de nuestra industria en este semestre no debe restar valor a la magnitud de la crisis a la que nos vamos a enfrentar en la segunda mitad del año, especialmente intensa para el sector del directo, con efectos devastadores para los artistas y todos los que participan en la creación de valor", ha señalado el presidente de Promusicae, Antonio Guisasola.

Renfe ha llevado a cabo una reorganización de su comité de dirección con el objetivo de afrontar "los grandes retos que la compañía afrontará en los próximos ejercicios", como la liberalización del sector a partir de diciembre y que conllevará la irrupción en el mercado de nuevos competidores en las líneas de Alta Velocidad.

De esta forma, Ramón Azuara, hasta ahora director general de Renfe Viajeros, será el nuevo director general adjunto de Operaciones de Renfe, puesto desde el que propondrá nuevos productos a los viajeros para incrementar los ingresos de la sociedad y la eficiencia de sus operaciones.

Entre el resto de sus nuevas funciones, este licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, en la especialidad de Financiación por la Universidad Autónoma de Madrid, asumirá la optimización de las sinergias en el desarrollo de los actuales negocios y el impulso de las nuevas líneas de negocio cuya ejecución requiera la transversalidad entre las diferentes sociedades.

Por otro lado, Sonia Araujo López, que ha sido directora del área de Negocio de Alta Velocidad y de Seguimiento de Negocios y Transformación Digital, ha sido nombrada nueva directora general de Renfe Viajeros. Araujo es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y Máster en Prevención y Riesgos Laborales.

RENFE MERCANCÍAS

El comité de dirección también ha aprobado este martes el nombramiento de Joaquín del Moral Salcedo como director general de Renfe Mercancías, quien era hasta ahora director general de Renfe Alquiler de Material Ferroviario.

Ingeniero naval por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de A Coruña, Joaquín del Moral fue director general de Transporte Terrestre y subdirector general de Inspección ante Organismos Internacionales de la Dirección General de Transporte, dentro del antiguo Ministerio de Fomento.

Finalmente, María del Carmen Rincón, actual directora general de Renfe Mercancías, ha sido nombrada directora general de Renfe Alquiler de Material Ferroviario. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, también ha desempeñado con anterioridad diversos puestos vinculados al área de control de gestión y administración y a la contabilidad analítica, tanto en el área de Mercancías y Logística como en la Unidad de Negocio de Estaciones Comerciales.

La Comunitat Valenciana ha sumado desde la última actualización 672 nuevos contagios de coronavirus confirmados por prueba PCR, que sitúan la cifra total de positivos en 28.550 personas, y dos personas fallecidas, ambos residentes de un centro de mayores, según la última actualización ofrecida por la conselleria de Sanidad.

Por provincias, los nuevos casos detectados se localizan 71 en Castellón (3.022 en total); 214 en la provincia de Alicante (8.934 en total); y 387 en la provincia de Valencia (16.587 en total). Además, hay siete casos sin asignar.

Además, con estos dos decesos por coronavirus desde la última actualización el total de defunciones es de 1.538 personas: 230 en la provincia de Castellón, 528 en la de Alicante y 780 en la de Valencia.

No obstante, se han dado 599 altas a pacientes con coronavirus, por lo que el total de personas curadas desde el inicio de la pandemia se sitúa en 29.996: 3.596 en Castellón, 9.282 en Alicante y 17.033 en Valencia. Además, hay 85 altas no asignadas.

De este modo, los hospitales valencianos tienen actualmente 465 personas ingresadas: 52 en la provincia de Castellón, con 7 pacientes en UCI; 143 en la provincia de Alicante, 30 de ellos en la UCI; y 270 en la provincia de Valencia, 34 de ellos en UCI. Así, en estos momentos hay activos 5.826 casos, lo que supone un 15.59% del total de positivos.

El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus asciende a 899.722, de las que 755.598 han sido a través de PCR y 144.124 mediante test rápido.

SITUACIÓN EN RESIDENCIAS

A día de hoy, hay algún caso positivo en 52 residencias de mayores (cuatro en la provincia de Castellón, 17 en la provincia de Alicante y 32 en la provincia de Valencia), seis centros de personas con diversidad funcional (dos en la provincia de Castellón, una en la de Alicante y tres en la de Valencia) y cinco centros de menores (una en la provincia de Castellón, tres en la provincia de Alicante y una en la provincia de Valencia).

Además, se han notificado 15 nuevos residentes positivos, ocho trabajadores, mientras que han fallecido dos residentes. Actualmente, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario siete residencias en la Comunitat Valenciana, dos de ellas en la provincia de Alicante y cinco en la provincia de Valencia.

NUEVOS BROTES

Desde la última actualización se han detectado 33 nuevos brotes en la Comunitat Valenciana, siete de ellos en la ciudad de Valencia que van desde los tres casos los más pequeños a los seis casos el más grande, todos ellos de origen social.

Además, en Borriol se han registrado dos brotes de origen social, uno con cuatro casos y el otro con seis, en Xàtiva dos de origen social con 10 casos y 4 casos, Benicarló (3 casos, origen social), Vinalesa (5 casos, origen social), Castelló de la Plana (3 casos, origen social), Moncada (3 casos, origen social), Carlet (5 casos, origen laboral), Algemesí (10 casos, origen social), Santa Pola (4 casos, origen social).

Asimismo, se han notificado brotes en L'Eliana (4 casos, origen social), Navarrés (9 casos, origen social), en Elche dos de origen social con 3 casos y 6 casos, en Dénia (8 casos, origen laboral y otro con 4 casos de origen social), Alicante (10 casos, origen social), Catarroja (7 casos, origen social), Ontinyent (10 casos, origen laboral), Sagunto (3 casos, origen social), La Pobla de Vallbona (3 casos de origen social y segundo con otros 3), Castelló de la Plana (4 casos, origen social), Bolbaite (4 casos, ámbito del ocio) y Vilamarxant (3 casos, origen social).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes en el Senado aprobar unos Presupuestos Generales del Estado "con el mayor apoyo posible, sin exclusiones" y, en concreto, ha reclamado al líder del PP, Pablo Casado, que abandone su "bloqueo político" y deje de "poner en riesgo la estabilidad y el correcto funcionamiento" de las instituciones del Estado, al negarse a negociar la renovación de órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así lo ha puesto de manifiesto durante la comparecencia que ha ofrecido en el Senado para dar cuenta de las líneas generales del Gobierno, en la que se ha centrado en reivindicar "unidad, instituciones robustas y un nuevo clima político" para poder hacer frente a la crisis derivada de la pandemia de coronavirus.

De este modo, el presidente ha dirigido a las formaciones políticas que se consideran "constitucionalistas" para pedirles unidad en torno a la aprobación de los Presupuestos, ya que, ha enfatizado, sin ellos no es posible "absorber" los 140 mil millones de euros que la Unión Europea ha destinado a España para hacer frente a la crisis del covid.

Después de que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, haya vuelto a defender este martes la necesidad de excluir a Ciudadanos de la negociación de los Presupuestos, y centrarse en recabar los apoyos de las fuerzas que permitieron la investidura de Sánchez, el jefe del Ejecutivo ha apostado por lograr "un acuerdo parlamentario lo más amplio posible".

"Yo entiendo a quienes dicen: yo soy de esta ideología y no quiero pactar unos Presupuestos que vayan en contra de mis principios más elementales. Lo entiendo, porque evidentemente nosotros también tenemos nuestras convicciones y creencias ideológicas, pero también creo que tenemos que trascender esa dialéctica clásica, en un momento tan inédito para arrimar el hombro y juntar esfuerzos", ha defendido.

PRESUPUESTOS PROGRESISTAS Y DE PAÍS

Así, ha defendido la necesidad de hacer unos Presupuestos "que no vayan en contra de los principios esenciales de nadie" pero, eso sí, que permitan dejar de gobernar con las cuentas públicas que aprobó el Gobierno del PP antes de la moción de censura de 2018, porque esos son "dañinos", al estar diseñados para otra situación completamente distinta.

"¿Qué presupuestos y con qué apoyos?", se ha preguntado Sánchez desde la tribuna de la Cámara Alta, para acto seguido contestar: "Unos presupuestos progresistas y de país, y con el mayor apoyo posible sin exclusiones". Sánchez ha defendido que "cuanto mayor" sea la base parlamentaria, más "rápida y poderosa" será la recuperación económica del país.

Sin citar en este punto a ninguna formación en concreto, Sánchez ha lamentado que algún partido se "autoexcluya" de la negociación y ha apelado a que "por lo menos una mayoría sí piense en el país". "Hay que romper el bloqueo", ha insistido en alusión también a la renovación de los órganos institucionales, "porque no es un bloqueo al Gobierno sino a nuestro país, y es inaceptable".

COMPORTAMIENTO "NI LEAL NI DEMOCRÁTICO" DE CASADO

Posteriormente sí se ha dirigido directamente al PP y, en concreto, a Casado, para denunciar que su comportamiento no está siendo, a su juicio, "ni leal ni democrático", porque está demostrando que "no creen en el resultado electoral del año pasado", en alusión a su veto a Unidas Podemos.

Según Sánchez, "las reglas del juego se pueden cambiar pero no se puede no aceptar esas reglas cuando no nos favorecen". "No se puede ser constitucionalista a tiempo parcial, ni de quita y pon", ha avisado. "La Constitución se respeta en su integridad, en su letra, en su espíritu, en todos y cada uno de los artículos", ha proseguido.

"España puede, y puede si queremos la mayoría. A esa mayoría apelo en esta cámara de representación territorial", ha defendido Sánchez, quien durante su intervención también ha apelado en numerosas ocasiones a la unidad también entre todas las instituciones y administraciones de todos los niveles. "O trabajamos todos juntos, o no lograremos con toda nuestra potencialidad responder al desafío que tenemos por delante", ha advertido.

El escritor francés Laurent Binet ha imaginado en la ucronía 'Civilizaciones' (Seix Barral/Edicions de 1984) la conquista de Europa por parte de los incas: "El ejercicio de reescribir la historia es un gesto que me interesa".

En un encuentro con medios, ha asegurado este martes que "detesta" el revisionismo histórico, pero que le gusta ese ejercicio con la historia que proporciona la ucronía, y ha puesto ejemplos como películas como 'Érase una vez en...Hollywood', de Quentin Tarantino, que reescriben episodios.

El autor de 'HHhH' ha afirmado que el género de la ucronía siempre le ha interesado y que parte de su lectura en la infancia de cómics como los de la serie 'What if' en los que se reescribía la propia mitología de los superhéroes.

El libro está dividido en cuatro partes en las que el escritor se hace suyo géneros como las sagas nórdicas, reescribe los diarios de Cristóbal Colón, juega con el género de las crónicas relatando la conquista de Atahualpa de Europa y una última parte en clave cervantina.

Binet ha dicho que con el libro ha querido "dar una posibilidad de venganza" a los perdedores de la historia, e imaginar las alianzas que los incas tejerían en la Europa de Carlos V para conquistarla, y ha explicado que ha seguido un exhaustivo proceso de documentación y viajado a la mayoría de escenarios de la novela.

"PROTOSOCIALISTA"

El escritor ha remarcado que los incas eran una civilización muy desarrollada y ha subrayado que se podría considerar "protosocialista o protosoviética", ya que ha considerado que era muy centralizada, con una economía muy planificada y con distribución de tierras, pero también con la obligación de cuidar a los huérfanos, ancianos y enfermos.

Tras sus novelas 'HHhH' y 'La séptima función del lenguaje', Binet ha dicho que en una hipotética entre escritores que siempre escriben de una misma manera y los que cambian a cada novela, él opta por la segunda opción, y ha señalado que, sin embargo, las tres obras "se hacen preguntas entre ficción y realidad, desde ángulos diferentes".

Binet ha señalado que el libro también pretende hacer frente a expresiones como las de la exprimera ministra británica Margaret Thatcher de que no hay alternativas: "Quiero creer que hay alternativas", ha dicho y pensar en que las cosas pueden ser diferentes.

'Civilizaciones' ha sido galardonda con el Premio de la Academia Francesa, un galardón que le sorprendió "un poco" por concederlo una institución todavía conservadora, pero ha dicho que se trata su libro más literario y con más referencias a sagas literarias.

El escritor ha explicado que se está trabajando en una serie sobre la novela y que él participa en la escritura del capítulo piloto, y ha dicho que tiene la idea de que toda se pueda hacer en el lenguaje original de los protagonistas: "Es el momento adecuado", ha señalado.

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la nueva Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 que, según ha explicado el ministro del ramo, Pedro Duque, sienta las bases del futuro del sector, priorizando en la salud y la "reconstrucción" del país tras la pandemia del Covid19.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Duque ha indicado que este documento en su marco consensuado en reuniones con otros ministerios, las comunidades autónomas, agentes económicos, sociales e innovadores y las sociedades científicas, entre otros. Se trata de un trabajo que comenzó en "el inicio de 2019" y que ha sido replanteado como consecuencia de la crisis sanitaria.

La pandemia nos ha hecho reflexionar en todas las áreas y muy intensamente", ha explicado el ministro, antes de indicar que la "nueva versión" de esta estrategia le da una mayor prioridad al área de salud y también a "lo que la ciencia y la innovación" puede ayudar a "la reconstrucción" del país tras esta pandemia y el impacto económico que este sector puede suponer en el futuro de España.

Entre las novedades que se recogen en este documento, en relación con la estrategia actual, está la creación de unos parámetros numéricos de valoración, que permitirá a la I+D+i española a "evaluarse a sí misma". Además, se han renombrado y modificado los "sectores estratégicos" con el objetivo de beneficiar la investigación y los campos en los que el país puede ser una "eminencia".

En este sentido, el Ministerio de Ciencia señala que uno de los principales objetivos de la Estrategia es fomentar la inversión privada en I+D para poder duplicar la suma de inversiones pública y privada en I+D+I, hasta alcanzar en 2027 el 2,12% del PIB (en 2018, último dato disponible, la inversión fue del 1,24% del PIB). En este punto, recuerda que el Gobierno aprobó el pasado mes de julio el Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, que contempla 1.000 millones de euros en inversión directa en 2020 y 2021.

La Estrategia está diseñada para una fase de expansión de recursos, con una orientación gradual que permita la consolidación de un Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de mayor tamaño y potencia a largo plazo. El objetivo es generar un tejido productivo, basado en las fortalezas actuales, más innovador y dinámico, lo que permitirá incrementar la competitividad y, con ello, la generación de empleo de calidad y procurar la sostenibilidad del sistema social a largo plazo, invirtiendo en la calidad de vida de las generaciones futuras.

Para ello, la Estrategia plantea la necesidad de un Pacto de Estado, equivalente a otros llevados a cabo por la comunidad europea e internacional, que dé estabilidad y se traduzca de manera inmediata en una acción contundente de inversión en ciencia e innovación.

FASES Y SECTORES

La Estrategia se ha planteado en dos fases. En una primera fase, de 2021-2023, los esfuerzos realizados estarán enfocados a garantizar las fortalezas del sistema, reforzando la programación actual, las infraestructuras y los recursos humanos que se beneficiarán del diseño de una carrera investigadora bien definida, que permita el necesario recambio generacional.

En esta fase será esencial apoyar, de forma clara y contundente la I+D+I en el ámbito sanitario, así como la inversión en transición ecológica y digitalización, partiendo de la ciencia de excelencia, mediante programas específicos, acciones estratégicas en los sectores prioritarios, y grandes proyectos tractores, que nos permitan afrontar los retos sociales, económicos, industriales y medioambientales, necesarios para alcanzar un bienestar sostenible y un crecimiento inclusivo en España.

La segunda fase, correspondiente al periodo 2024-2027, y previa evaluación de la primera fase, permitirá situar a la I+D+I entre los pilares fundamentales del Estado y consolidar su valor como herramienta para el desarrollo de una economía basada en el conocimiento.

Así la estrategia impulsa en el área de 'Salud' la investigación en enfermedades infeccionsas y terapias avanzadas; crea un área de 'Cultura, creatividad y sociedad inclusiva', para las ciencias; pondrá "énfasis" en la ciberseguridad dentro del área 'Seguridad para la sociedad', en la que también se incluye la investigación e innovación en el fenómeno de las migraciones; la Inteligencia Artificial se promoverá desde el sector de 'Industria, espacio y defensa'; y se dará importancia a las áreas de 'Clima, energía y movilidad' y 'Recursos naturales y medio ambiente', por su implicación en el aprovechamiento de la transición ecológica que busca el Ejecutivo.

En su intervención, Duque también ha explicado otras prioridades que se aplicará su departamento dentro de esta Estrategia para 2021 y 2027, entre las que destacan un mayor esfuerzo de cooperación y colaboración entre Estado y autonomías, definir la carrera científica y mejorar la contratación de los investigadores en España, resolver los problemas de los profesionales a través del Estatuto del Personal Docente, o mejorar la transferencia de conocimiento de las empresas privadas, entre otros.

El ministro ha apuntado que algunas de estas medidas ya estaban previstas en el Plan de choque por el Covid19 anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el mes de julio.

Duque ha señalando que existe consenso "amplio" en la necesidad de aumentar la inversión en ciencia e innovación en el país, así como en la necesidad de "asegurar el futuro de las nuevas generaciones" y para estar preparados "para lo siguiente que venga". "Esta estrategia nos muestra el camino", ha indicado.

La Estrategia cambia su marco temporal de ocho a siete años para facilitar la articulación de la política nacional de I+D+I con las políticas de la Unión Europea, especialmente con el programa marco de investigación e innovación, Horizonte Europa (2021-2027). De esta manera se podrá aprovechar de mejor manera las sinergias entre ambos programas.

La Estrategia tendrá en consideración las recomendaciones del Consejo Europeo sobre el Programa de Estabilidad 2019 y 2020 de España, que coincide con la toma de medidas (en los años 2020 y 2021) para mejorar la eficacia de las políticas de apoyo a la I+D+I, centrar la política económica de inversión en el fomento de la innovación y de la transición ecológica y digital, así como, de forma general, impulsar la investigación y la innovación a través de sus instrumentos de planificación.

Además, en línea con Horizonte Europa, la Estrategia defiende la inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas entre las prioridades y objetivos de I+D+I, que serán clave en el direccionamiento estratégico de los planes y programas de financiación estatal y regional.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla tiene fijada para este miércoles a las 10 horas la primera sesión de la vista oral promovida en torno a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y las ayudas directas supuestamente arbitrarias y sin publicidad, después de que la Sección Primera emitiese su sentencia respecto al juicio celebrado sobre el denominado procedimiento específico mediante el cual fueron canalizados los fondos destinados a sufragar tales aspectos.

Cabe recordar que en esta pieza separada por las ayudas a Acyco están acusadas 12 personas, entre ellas varios exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, como son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el ex director general del antiguo IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano.

Todos ellos salvo Daniel Alberto Rivera fueron juzgados y además condenados por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla por el procedimiento específico mediante el cual fueron financiados con dinero público los ERE y las subvenciones autonómicas investigadas, como es el caso de Acyco, con lo que pesa el principio 'non bis in ídem', por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, un principio señalado por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla con relación a las personas afectadas por el citado juicio de la Sección Primera.

EL CASO DE DANIEL ALBERTO RIVERA

En el caso de Daniel Alberto Rivera, recordémoslo, fue finalmente excluido de la causa correspondiente al denominado como procedimiento específico.

La pieza separada relativa a Acyco fue la tercera que se elevó para su enjuiciamiento, en noviembre de 2017, consta de 12 tomos y un anexo, 4.529 folios y 18 partes, así como cuatro piezas de responsabilidad civil.

La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de conclusiones provisionales, solicitó para el exconsejero de Empleo ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, así como cuatro años y medio de prisión, cuatro años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento oficial.

De su lado, la acusación que ejerce la Junta de Andalucía pidió seis años y medio de cárcel para el exconsejero de Empleo, mientras que el PP-A eleva su solicitud a 14 años y medio de prisión para Antonio Fernández.

LAS PETICIONES DE CONDENA

Asimismo, y dentro de la pieza de Acyco, que recibió 3,2 millones en ayudas autonómicas, el juez abrió juicio oral contra otros cinco ex altos cargos, como son el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, para el que la Fiscalía interesa 12 años y medio de prisión, cuatro de inhabilitación y 5.400 euros de multa; o los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, para los que solicita, respectivamente, ocho años, seis años y cuatro años y medio de cárcel.

De igual modo, la Fiscalía pide ocho años de prisión y otros 20 de inhabilitación para el ex director general del antiguo IFA Miguel Ángel Serrano; 14 años de cárcel para la presidenta del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto, el director de Recursos Humanos y abogado de la empresa, Gabriel Barrero Raya, y un segundo letrado, y penas de entre ocho y seis años de cárcel para dos extrabajadores de Vitalia y un 'intruso'.

Tras la sesión inicial de este miércoles, que comenzará a tratar las cuestiones previas, el juicio continuará con más sesiones el jueves y el lunes de la semana que viene, en el marco del calendario acordado por esta sección de al Audiencia para este juicio.

La licitación pública acumulada en los siete primeros meses del año fue de 7.345 millones de euros por parte de todos los organismos nacionales, lo que representa una caída del 36% respecto al mismo periodo del año pasado, afectada principalmente por la crisis económica desatada a raíz del confinamiento decretado para frenar el avance del coronavirus.

Según las últimas estadísticas de la patronal de las grandes constructoras, Seopan, los ayuntamientos fueron los que más actividad licitadora experimentaron en este periodo, alcanzando los 3.200 millones de euros, un 13,3% menos, seguidos de las comunidades autónomas, que concentraron 2.700 millones de euros, un 31,4% menos.

Las únicas regiones que las incrementaron respecto a los primeros siete meses de 2019 fueron Galicia, que está a la cabeza con un 73,1% más, seguida de Baleares, un 11,1% más, y de la Comunidad Valenciana, un 2,4% más.

Por el contrario, Aragón, con un descenso del 80,8% fue la que más al contrajo, seguida de Asturias, con un 73,2% menos; de Cantabria, un 72,2% menos; de Canarias, un 62,4% menos; y de Navarra, un 61,7% menos.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es el que más obra pública concentra y cuyo apartado de movilidad ha sido uno de los más afectados por la restricción a los movimientos derivados de la pandemia, acaparó 1.018 millones de euros en licitación pública hasta julio, reduciéndola en cerca de un 70% respecto al mismo periodo del año anterior.

Dentro del Departamento que dirige José Luis Ábalos, la Dirección General de Carreteras rebajó en un 78,5% sus licitaciones, mientras que Adif lo hizo en un 73,8%, Aena en un 53,9%, las Autoridades Portuarias en un 16,6% y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) en un 95,5%.

Por ejemplo, la reducción en las licitaciones nacionales en las carreteras ha pasado de 294,7 millones de euros en julio del año pasado a los escasos 15 millones el mismo mes de este año. De hecho, las licitaciones de la Dirección General de Carreteras han permanecido en cero desde febrero hasta julio.

Al margen de la licitación en transportes, teniendo en cuenta el tipo de obra anunciada, las de equipamiento social fueron las que más recursos económicos acapararon, con 1.500 millones destinados a infraestructuras docentes, sanitarias y deportivas, que, no obstante, también se redujeron en un 21,3% aunque 15 puntos menos que el conjunto de la licitación.

VUELTA A LOS DATOS DE 2011

Respecto a las previsiones, Seopan estima que la licitación pública volverá este año a los niveles que se registraron en 2011, en plena crisis financiera, en caso de que la tendencia a la baja provocada por el coronavirus continúe el resto del año.

En concreto, la licitación esperada para el cierre del ejercicio será de 12.591 millones de euros, lo que supone una disminución del 31% respecto a la alcanzada en todo 2019, es decir 5.650 millones de euros menos.

No obstante, no todas las instituciones retrocederán de la misma forma. De igual forma que lo que muestran los datos publicados de julio, las administraciones locales la disminuirían un 6,5%, las comunidades autónomas un 23,4% y el Estado un 60,7%.

En cuanto a la contratación pública, la media mensual proyectada por Seopan prevé un desplome del 49% respecto al año pasado, hasta los 5.547 millones de euros, es decir, un recorte de 5.223 millones. Estos datos supondrían un retroceso a los niveles registrados en 2013.

Los datos de contratación pública se refieren a las obras licitadas por las administraciones públicas, adjudicadas y posteriormente publicadas en boletines oficiales y plataformas de contratación, atendiendo a su precio de adjudicación.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 541 nuevos contagios y ocho nuevos fallecimientos durante las últimas 24 horas.

Por provincias, Toledo ha registrado 339 casos, Guadalajara 74, Ciudad Real 55, Albacete 42 y Cuenca 31. El total de casos acumulados desde el inicio de la pandemia es 31.108.

Por provincias, Ciudad Real acumula 9.812 casos, Toledo 9.442, Albacete 6.472, Guadalajara 3.347 y Cuenca 2.035.

Según ha informado la Junta en un comunicado, el número de hospitalizados en cama convencional es 372.

Por provincias, Toledo tiene 187 de estos pacientes (120 en el Hospital de Toledo y 67 en el Hospital de Talavera de la Reina), Ciudad Real 74 (45 en el Hospital Universitario de Ciudad Real, 21 en el Hospital Mancha Centro, 3 en el Hospital de Manzanares, 2 en el Hospital de Valdepeñas, 2 en el Hospital de Puertollano y 1 en el Hospital de Tomelloso), 52 en Albacete (39 en el Hospital de Albacete, 5 en el Hospital de Hellín, 5 en el Hospital de Villarrobledo y 3 en el Hospital de Almansa), 42 en Guadalajara (todos ellos en el Hospital de Guadalajara) y 17 en Cuenca (todos ellos en el Hospital de Cuenca).

Por otra parte, hay 38 pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos necesitando respirador. Por provincias, Toledo tiene 17 de estos pacientes, Ciudad Real 10, Albacete 5, Guadalajara 4 y Cuenca 2.

En las últimas 24 horas se han registrado ocho fallecimientos por COVID-19, seis de ellos en la provincia de Toledo y dos en la provincia de Albacete.

Así, el número de fallecimientos por coronavirus desde el inicio de la pandemia asciende a 3.138. Por provincias, Ciudad Real acumula 1.135 fallecimientos por COVID, Toledo 824, Albacete 591, Cuenca 318 y Guadalajara 270.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Un total de 53 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha cuentan con casos confirmados por infección de coronavirus. De estos 53 centros, 29 se encuentran en Toledo, 10 en Albacete, 6 en Guadalajara, 6 en Ciudad Real y 2 en Cuenca.

Los residentes de estos centros con caso positivo son 186 y el número de fallecidos son 1.349.

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha indicado que la expulsión del alcalde de Mundaka, Mikel Bilbao Ruiz, del grupo municipal jeltzale y la consiguiente presentación de una moción de censura se debe a la "falta de sintonía" y al "desacuerdo" a la hora de gestionar y de llevar a cabo el programa con el que los jeltzales se presentaron a las elecciones municipales.

La Junta Municipal de EAJ-PNV en Mundaka (Vizcaya) notificó este lunes a Mikel Bilbao Ruiz, alcalde y cabeza de lista independiente en la plancha jeltzale para este municipio en las elecciones municipales de 2019, la decisión del grupo municipal de expulsarle del equipo y la consiguiente presentación de una moción de censura.

En una entrevista en Tele 7, Atutxa, tras reconocer que "no es una situación ni fácil ni agradable", ha recordado que en 2019 la organización municipal de Mundaka "decide y elige" un candidato independiente para que encabece la lista electoral, consiguiendo "buenos resultados, muy en la línea de los logrados en Mundaka desde la llegada de la democracia".

En esta ocasión, ha explicado, con Mikel Bilbao ha habido "una especie de falta de sintonía y de desacuerdo a la hora de gestionar y de llevar a cabo el programa con el que el PNV se presentó" y "no ha habido un acuerdo posible del grupo municipal con el alcalde".

Por ello, como Mikel Bilbao "ni siquiera es afiliado" del PNV y desde la formación jeltzale no pueden tomar otro tipo de medidas, Atutxa ha precisado que "la única vía posible que había, es verdad que extraña y no habitual, es primero dejarle fuera" del grupo municipal del PNV porque "no integraría nuestra filosofía sobre cómo llevar adelante en los tres años que quedan de legislatura el programa", y luego, "aunque parezca también extraño, la única fórmula es la de la presentación de una moción de censura".

Itxaso Autxa ha insistido en que "no se pude presentar la moción de censura a alguien de tu propio grupo, por lo que el primer paso ha sido dejarlo fuera del grupo".

En cualquier caso, la presidenta del BBB ha agradecido el hecho de que Mikel Bilbao, en su momento, accedió a ser cabeza de lista de un partido "en el que no milita" y a compartir un programa que, "después, a la hora de gestionarlo no hemos llegado a un acuerdo".

Por otro lado, ha indicado que EH Bildu, el otro grupo municipal con representación en el Ayuntamiento de Mundaka, no tiene mayoría absoluta para poder hacer "una propuesta constructiva" presentando un candidato alternativo, mientras que el PNV, que tiene "la responsabilidad por haber sido el primer partido en las últimas elecciones municipales en Mundaka", presentará un candidato que será elegido por las bases del partido en Mundaka, dentro de la organización municipal, "con el proceso habitual dentro del partido".

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido este martes la decisión del juez de la Audiencia Nacional de tomar declaración mediante videoconferencia a la empresaria y examiga del rey emérito en la Embajada de España en Londres. Señala que esa decisión del magistrado "orilla" el cumplimiento de las obligaciones contraídas por España en el marco de la cooperación jurídica internacional, que exigen seguir el cauce de una orden europea de investigación.

En su escrito, el Ministerio Fiscal recuerda que en el artículo 197 de la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea se fija como "único instrumento para obtención de prueba penal" la orden europea de investigación (OEI). Y apunta que esto no puede ser sustituido mediante el procedimiento acordado en la resolución del juez del 1 de septiembre.

Corinna Larsen declarará en calidad de investigada en el marco de la pieza número 5, denominada 'Carol' --por el nombre que utilizaba Villarejo para referirse a la empresaria alemana--, de la macrocausa Tándem, que versa sobre un supuesto encargo que Corinna habría hecho a Villarejo para obtener información sobre una asistente personal española de la que sospechaba que pudiera estar filtrando información de su vida privada.

Si bien recuerdan los fiscales que en un primer momento se siguió la vía para la realización de la declaración por videoconferencia el 8 de septiembre, tras postergar la citación al 28 de septiembre se dejó sin efecto la remisión de esa OEI. El Ministerio Público apunta además que la fórmula seleccionada por el magistrado que instruye 'Tándem', Manuel García-Castellón, era "difusa".

Añaden que aunque las embajadas tienen la consideración de territorio español, esta evidencia "no puede servir de cobertura para eludir el cumplimiento de disposiciones que regulan la cooperación jurídica internacional. "La ejecución de la diligencia en la embajada de España en Reino Unido conculcaría la legalidad vigente en menoscabo de la soberanía de Reino Unido", apuntan.

Al hilo, el Ministerio Público insiste en que la petición de García-Castellón de interrogar a la examiga de Juan Carlos I en Londres debe canalizarse a través del Ministerio de Justicia y del de Asuntos Exteriores, excluyendo la comunicación directa del juzgado con la embajada.

Por otro lado, avisan de que la "voluntarista" propuesta de la defensa de Larsen que abogaba por la declaración por videoconferencia en la embajada con la presencia de un letrado británico, no puede ser considerada porque a ese abogado no se le puede encomendar la función de salvaguarda del derecho del Estado de ejecución en sustitución de un representante de la autoridad competente.

Cabe recordar que la semana pasada el juez preparaba un escrito en el que solicitaba a las autoridades de Reino Unido ser exonerado de guardar cuarentena para poder así viajar a Londres para tomar declaración en persona a Corinna Larsen en la Embajada de España.

Continúa la bronca entre los sindicatos de profesorado y la Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Un día después de que Román Rodríguez tomase formalmente las riendas del departamento, las organizaciones convocantes de la huelga del 10 y del 16 de septiembre han denunciado las condiciones abusivas impuestas por la Xunta, que ha endurecido los servicios mínimos decretados para la protesta justificándose en la situación de emergencia sanitaria y la necesidad de garantizar las medidas preventivas previstas ante la COVID-19.

El Diario Oficial de Galicia publica este martes la orden que regula las condiciones y los servicios mínimos para las jornadas de protesta, en la que apuntan a que las "circunstancias extraordinarias y graves" en la que se encuentra el territorio "obligan" a alejarse de los criterios habituales fijados en anteriores convocatorias de huelga.

Según el texto, tendrá que acudir a cada centro el titular de la dirección, un profesor por cada grupo de alumnos, además del 100 por cien de personal de limpieza, de cocina, auxiliar cuidador, o educadores y ATS y personal médico, entre otros.

Entre los motivos apelan al artículo 43.1 de la Constitución y al derecho a la protección a la salud, y a que los servicios fijados deben ser los adecuados para lograr el "cumplimiento efectivo de las medidas preventivas" fijadas por las autoridades para evitar la propagación de la pandemia, entre ellas la limitación de contactos o de higiene que requerirán el estímulo y vigilancia del personal del centro.

Educación incide, expresamente, en que la huelga está prevista para el primer día de entrada en el centro en las aulas tras las vacaciones de verano, es decir, un día "clave" para garantizar el cumplimiento de estas medidas.

CONDICIONES ABUSIVAS

Estas condiciones no han gustado entre las cuatro organizaciones convocantes de la huelga, que ya han avanzado que impugnarán los servicios mínimos por considerarlos "abusivos" y un intento de boicotear la convocatoria de los sindicatos para el inicio del curso.

CC.OO Ensino ha avanzado la presentación de una denuncia ante unas medidas que implican, en la práctica, "impedir" el derecho a huelga y STEG ha criticado que la orden "vulnera" el derecho a participar a los trabajadores.

CIG-Ensino ha ido más allá y ha acusado a Román Rodríguez de utilizar su primera medida como conselleiro del ramo para imponer unos servicios "abusivos" e intentar boicotear la convocatoria de las organizaciones. Una decisión que, a su juicio, choca "frontalmente" con las intenciones manifestadas en una misiva remitida este lunes, en la que convocó a estas organizaciones (junto a ANPAs y otros representantes) a un Consello Escolar de Galicia y a otra reunión para intentar buscar una salida a esta situación.

Es por ello que Bermello insta al titular de Educación a demostrar su "buena voluntad" modificando la propuesta de servicios mínimos que se ha presentado al comité de huelga.

En todo caso, las organizaciones de profesorado se han mostrado abiertas al diálogo con el conselleiro para la resolución del conflicto y para intentar garantizar la seguridad en este curso escolar, a falta de dos días de su inicio.

La Consejería de Sanidad, a través de la Delegación Provincial de Sanidad en Ciudad Real, ha decretado medidas especiales, ante la proliferación de casos por infección de coronavirus, en todas las localidades que integran la Gerencia del Área Integrada de Ciudad Real.

En la provincia de Ciudad Real, hasta ahora las medidas especiales se están llevando a cabo en las localidades de Alcázar de San Juan, Campo de Criptana y Herencia, todas ellas pertenecientes al área sanitaria de Alcázar de San Juan y en las localidades de Alcoba de los Montes, Villarrubia de los Ojos, Carrión de Calatrava y Ciudad Real, todas ellas pertenecientes al área sanitaria de Ciudad Real, mientras que la localidad de Bolaños permanece confinada.

Ahora, las medidas se extienden al resto de localidades de la Gerencia de Ciudad Real: Abenójar, Agudo, Almagro, Calzada de Calatrava, Corral de Calatrava, Daimiel, Malagón, Miguelturra, Piedrabuena, Porzuna y Retuerta del Bullaque.

Entre las medidas a adoptar en todas las localidades que integran esta GAI de Ciudad Real, figura que en bares, restaurantes y establecimientos de hostelería similares, el aforo se reducirá al 50 por ciento del máximo que tuvieran establecido previamente para consumo en el interior del local, ha informado la Junta en un comunicado.

Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75 por ciento del máximo que tuvieran establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.

Se suspende cautelarmente la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas

Se procede a la supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios en los que residan personas consideradas vulnerables. La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.

Además, no se permitirán salidas de residentes de estos centros salvo razones de fuerza mayor (asistencia sanitaria o deber inexcusable de carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta.

Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con IgG positiva previa, o que hayan superado la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.

A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas, se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.

Respecto a las actividades religiosas de ámbito social, todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50 por ciento de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las medidas de distanciamiento interpersonal.

Se restringe el número de personas en velatorios y cortejos fúnebres a un máximo de 10 y el número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos a un máximo de 25.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Como medidas complementarias se suspenden los eventos deportivos con asistencia de público promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por particulares. Se podrá valorar su autorización en el caso de realizarse sin asistencia de público.

Se establece un aforo máximo del 50 por ciento en cines, teatros y auditorios y un aforo máximo del 50 por ciento en Bibliotecas, Museos y visitas a monumentos.

Los hoteles sólo podrán contratar el 75 por ciento de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su aforo al 50 por ciento.

Podrán llevar a cabo su actividad mercadillos y mercados al aire libre, con un máximo del 30 por ciento de los puestos habitualmente autorizados.

Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50 por ciento, manteniendo las mismas condiciones de higiene previstas para el pequeño comercio.

Se recomienda a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo u convivencia estable. Asimismo, Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo convivientes.

Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días a partir de su firma, pudiendo prorrogarse hasta 28 días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.

En Ciudad Real, Carrión de Calatrava, Alcoba de los Montes, Villarrubia de los Ojos y Bolaños, continúan las medidas ya establecidas con anterioridad.

Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha acordado que el agua a trasvasar será de cero hectómetros cúbicos durante el mes de septiembre, el último del presente año hidrológico, y ha tomado razón del inicio de las obras de reparación del dique de La Bujeda.

Según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico tras la reunión telemática de la Comisión Central de Explotación del Tajo-Segura, las obras permitirán reparar la avería qaue se produjo en el dique principal de La Bujeda en el mes de abril, tras detectarse filtraciones de agua bajo el mismo.

Las obras comenzaron el 4 de septiembre en este dique, que consituye el punto de partida para el agua procedente de los embalses de Entrepeñas y Buendía, y permite su regulación y posterior bombeo al canal del trasvase.

Además, en el encuentro se ha constatado que la situación de los embalses de cabecera está en nivel 3, es decir, situación excepcional y se ha realizado una valoración técnica de la situación.

Así, a la vista del informe del Cedex y el inicio de los trabajos dereparación, ha tomado razón de la imposibilidad técnica de realizar envíos de agua hacia el acueducto Tajo-Segura por haberse iniciado las obras de reparación en el embalse de la Bujeda el día 4 de septiembre.

"Considerando la imposibilidad técnica de materializar actualmente envíos de agua hacia el acueducto Tajo-Segura durante el mes de septiembre y que los volúmenes que se autoricen deben ser utilizados, de acuerdo con la norma, dentro del año hidrológico, el órgano competente ha autorizado un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura, de 0 hm3 para el mes de septiembre de 2020", señala el acuerdo adoptado.

El envío de agua autorizada a trasvasar, 294,6 hectómetros cúbicos, se completó el pasdo 31 de agosto a las 11.00 horas. Conforme al plan previsto el vaciado se inició el viernes 4 de septiembre y se completó el 7 de septiembre.

La hija de Natalia P., la pastelera supuestamente asesinada en su establecimiento de El Ejido (Almería) en septiembre de 2014, ha asegurado este martes ante el tribunal de jurado que su madre "se sentía amenazada" por la acusada Loreta V. y su compañero, muerto antes de ser detenido, Viktoras K., quienes le "debían dinero desde hace mucho tiempo" y de quienes tenía "miedo" ante su posible reacción a la hora de reclamarles la deuda contraída, la cual quería cobrar antes de que se marcharan a Lituania.

"Ella me dijo que les iba a pedir el dinero y que esperaba que pudieran hacer daño al coche o al local, pero no a ella, y que una vez que lo dijera Viktoras podría llegar a entenderlo, pero que Loreta no", ha indicado en su declaración tras una mampara la hija de la víctima, quien ejerce la acusación particular, en la segunda sesión del juicio en la que se ha practicado la prueba testifical.

La testigo ha explicado que la acusada y su compañero debían dinero a su madre; un dinero que les había prestado porque "no tenían casa". "Les daba comida, les ayudaba a buscar trabajo, iban allí a ducharse o a usar internet", ha afirmado la joven que ha asegurado que los presuntos autores del crimen "entraban y salían a sus anchas" de la pastelería, de modo que incluso guardaban en cajas, bolsas y maletas con sus pertenencias en la trastienda.

Así, ha explicado que, antes de que decidieran irse a Lituania, su madre percibió unos 700 euros de la pareja con el pretexto de alquilarles un local para un negocio, aunque finalmente optó por quedarse con el dinero para cobrarse la deuda. "Ellos se querían ir a Lituania y mi madre dijo de coger ese dinero porque si no, no lo iba a ver más", ha indicado su hija, quien ha detallado que necesitaba ese dinero para atender los gastos de su hija pequeña y pagar letras.

"Creo que ellos fueron a reclamar el dinero y por eso hicieron eso", ha sostenido la hija, quien ha narrado que fue ella quien halló el cuerpo de su madre en la parte de atrás del establecimiento donde supuestamente la pareja acabó con su vida a golpes antes de hacerse con dinero y varios objetos de valor para huir a Lituania, donde la acusada fue detenida cinco años después. Por estos hechos, la Fiscalía solicita 22 años y medio de prisión.

Frente a la versión de la procesada, quien aseguró que ella no presenció el crimen ni supo que Natalia P. había fallecido puesto que abandonó la pastelería tras iniciarse la discusión entre ella y Viktoras, los diferentes testigos han aportado detalles sobre la tarde del 13 de septiembre de 2014 en la que se sucedieron los hechos y la relación anterior entre los tres.

UNA "MUJER RUBIA" EN EL LOCAL

Entre los diferentes testimonios que han dado su versión sobre lo que ocurrió la tarde de los hechos, una vecina de la víctima ha asegurado que esa misma tarde acudió a la pastelería a entregarle a Natalia P. una bolsa de ropa, pero que al llegar la puerta estaba cerrada, aunque "escuchaba voces" de "más de dos personas hablando" en su interior sin que se viese a nadie por el cristal y la música "en ese momento estaba fuerte".

Yo llamé pero no me escuchaban", ha explicado la vecina, quien asegura que en ese momento vio salir a una "mujer rubia" de la trastienda quien "subió todavía más el volumen", aunque por la posición de la vitrina y otros elementos, no consiguió verle la cara. Preguntada por si logró oír alguna frase, la testigo ha señalado nerviosa que escuchó "me matan", aunque no ha logrado explicar por qué no llamó a la Policía en ese momento. A los diez minutos de estar esperando en la puerta, se marchó.

Aunque todos los testigos han coincidido en asegurar que la acusada ponía un cartel en la puerta cada vez que se ausentaba para indicar que volvería en cinco minutos --momento en el entonces cerraba con llave--, la testigo ha apuntado que en ese momento no había ningún cartel. Fue horas más tarde, cuando volvía de pasear a su perro con su marido, cuando supo que la pastelera había muerto y se acercó al lugar de los hechos a narrar lo que había observado esa misma tarde.

Los testigos que estuvieron en el lugar de los hechos han afirmado que, además de desaparecer objetos como un ordenador, llaves, un teléfono móvil o dinero en la caja registradora, también echaron en falta algunas de las pertenencias que los acusados acumulaban en la trastienda. Del mismo modo, varios de ellos han dejado constancia de las discusión por motivos económicos que se dieron días antes del crimen.

En esta línea, una íntima amiga de la víctima ha relatado que después de que esta se quedara con el dinero cedido para el alquiler de un local, tuvo "un bronca tremenda" con los acusados. "Me puso un mensaje diciendo que Loreta estaba fatal, que tenía mucha rabia", ha explicado antes de narrar cómo la víctima tenía sospechas de que la pareja "tramaba algo" puesto que el día después de la discusión acudieron a la pastelería "como si no pasara nada". "Un martes fueron a tomar café y el viernes la mataron", ha deducido la testigo.

La tarde anterior al crimen la acusada y su acompañante estuvieron en una cafetería de un centro comercial, donde, según ha explicado el entonces camarero, ambos tomaron "dos consumiciones de cerveza con tapa". "No liaron pelea, pero se les notaba alterados, sobre todo la mujer", ha afirmado el camarero, quien en contra de lo declarado por la acusada, ha afirmado que ella bebió y no llevaba compras consigo.

Sobre los supuestos reproches que Viktoras habría realizado continuamente a Natalia P. por denunciar a su hermano por malos tratos, lo que le condujo a una cárcel para cumplir pena de prisión por otros hechos anteriores en Lituania, los testigos han indicado que quizás fueran así, aunque el penado le remitía "cartas de amor" a la pastelera desde prisión sin que hubiera amenazas de por medio.

Andalucía contabiliza un total de 17.458 denuncias interpuestas por el incumplimiento de las medidas sanitarias establecidas para evitar contagios del coronavirus que causa la enfermedad del Covid-19.

El dato lo ha dado a conocer este martes el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y apenas un mes después de que la Junta aprobara, el pasado 4 de agosto, un régimen sancionador que establece las multas que se impondrán por el incumplimiento de las medidas sanitarias acordadas para frenar la expansión del coronavirus Covid-19.

Dicho régimen, actualmente en vigor, contempla sanciones que oscilan entre los 100 euros para infracciones leves y hasta 600.000 euros para las "muy graves".

Bendodo ha detallado que, hasta este martes, se contabilizan 17.458 denuncias en Andalucía, de las que 4.038 han sido interpuestas por la Guardia Civil; 11.077 por la Policía Local, 2.329 por la Unidad de Policía Adscrita, y 13 por el cuerpo de Inspectores, a lo que hay que sumar una denuncia de particulares.

El consejero portavoz ha comentado que las denuncias obedecen a razones "de todo tipo", como celebración de 'botellones', incumplimientos de cierre, no utilización de mascarillas, fiestas o acciones de "resistencia u obstrucción a la autoridad", entre otras, según ha detallado Bendodo, que ha explicado que la provincia de Málaga es la que más denuncias acumula, con 4.225, seguida de la de Cádiz, con 3.426.

La Organización Colegial de Enfermería ha anunciado el fallecimiento de una enfermera del Hospital del Bierzo (León), tras permanecer 40 días en la UCI por haberse contagiado de la COVID-19 en el ejercicio de su profesión.

"Los representantes de la enfermería española quieren expresar su profundo dolor tras la pérdida de su compañera. El organismo enfermero quiere hacer llegar a su familia y allegados su más sentido pésame por el fallecimiento de una profesional ejemplar, querida y respetada tanto por sus compañeros como por sus pacientes. Descanse en paz", señala la organización en un comunicado.

El equipo de enfermería del centro hospitalario berciano anunciaba horas antes, con "emotivas palabras", el fallecimiento de su compañera, Belén Mato, a los 49 años de edad. Con el mismo pesar, el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha destacado que "Belén era el ejemplo constante de profesional comprometida y entregada. Su buen hacer en el ejercicio de su profesión le había proporcionado el cariño de sus compañeros y pacientes".

Por otro lado, Pérez Raya ha mostrado su preocupación ante el elevado índice de enfermeras contagiadas. Los profesionales sanitarios suponen más de un 20% del total de personas afectadas y con la pérdida de Belén Mato, ya son seis las enfermeras y enfermeros fallecidos a causa del COVID-19.

Durante estos meses la profesión también ha tenido que lamentar la muerte de enfermeros como Encarni Vicente, en Vizcaya; Pedro Carrillo, en Jaén; Esteban Peñarrubia, en Madrid; José Montero, en Ciudad Real y Nanda Casado en Córdoba", enumera el comunicado.

El festival Sagunt a Escena ha concluido su XXXVII edición con cerca de 10.000 espectadores a pesar de todas las limitaciones derivadas de la crisis sanitaria de la COVID-19, que ha obligado a aplazar dos de los espectáculos programados en el Teatro Romano, según han informado fuentes de la Generalitat.

Aún así, cerca de 10.000 personas han podido asistir a los 41 espectáculos programados en esta edición, que concluyó el pasado sábado con el concierto de la Orquestra de la Comunitat Valenciana y el espectáculo de artes de calle '(R)Minds',.

En total se han celebrado ocho espectáculos en el Teatro Romano, con 10 funciones, y 33 más del Off Romà, llevados a cabo en diferentes espacios de la ciudad de Sagunto. En los espectáculos de calle la media de espectadores ha sido de 200, por la limitación de aforo, que suman un total de 4.000 espectadores. En cuanto a los montajes de sala, la media de espectadores ha sido de 100 personas, con un total de 1.300 espectadores.

En el Teatro Romano, que tuvo que aplazar dos de los espectáculos programados ('Déjà vu' de Mayte Martín y la obra teatral 'Eduardo II') por indicación de las autoridades sanitarias, se han sumado 4.500 espectadores en los ocho espectáculos realizados, incluyendo dos noches con las entradas agotadas. Para garantizar la seguridad de los espectáculos, el aforo de los espacios se redujo a las limitaciones legales, con separación entre las localidades.

SITUACIÓN ATÍPICA

El director de Sagunt a Escena, Juan Vi Martínez Luciano, ha explicado que "es una satisfacción poder llegar al final de esta edición con tan buena respuesta por parte del público, a pesar de la situación tan atípica que estamos viviendo".

Así, ha comentado que aunque "desgraciadamente" tuvieron que cancelar dos de los espectáculos programados por orden de las autoridades sanitarias, "inmediatamente" se pusieron a trabajar para reducir el aforo de los espectáculos siguientes en el Teatro Romano y evitar nuevos aplazamientos. "Ha sido una edición que sin duda recordaremos, por las trabas y las especiales circunstancias, pero también por el aprecio que el público ha mostrado hacia el festival", ha señalado.

El festival Sagunt a Escena está organizado por el Institut Valencià de Cultura, con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunto y la Diputación de València.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este martes que el Ejecutivo tiene en su calendario normativo la reforma de la Constitución que permitirá eliminar del artículo 49 el término 'disminuido'. Se trata de una iniciativa que se llegó a acordar en el Congreso en 2018, pero su tramitación se vio paralizada por la convocatoria de elecciones de Pedro Sánchez en abril de 2019.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Calvo ha explicado que entre las leyes que el Gobierno espera impulsar antes de que acabe el 2020 está esta medida. "Esperamos que salga por unanimidad de todo el arco parlamentario", ha declarado.

Esta iniciativa ya contó con el apoyo generalizado de la Comisión de Políticas para la Discapacidad de la Cámara baja. A este órgano encargó Calvo, en octubre de 2018, un texto alternativo al artículo 49 de la Carta Magna, en respuesta a la petición realizada por el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

El objetivo de la comisión era, además de cambiar el término 'disminuido' por 'personas con discapacidad', incluir en el artículo 49 otros puntos que incidieran en los derechos de este colectivo.

TRAMITACIÓN PARALIZADA

Así, el texto propuesto quedó acordado de esta manera: "1) Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este título en condiciones de igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación; 2) Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar una vida participativa, autónoma e independiente a las personas con discapacidad; 3) Se regulará la protección reforzada de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes; 4) Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos".

Esta redacción fue aprobada por el Consejo de Ministros, en el mes de diciembre de dicho año, un anteproyecto de reforma que debía ser convalidado por el Congreso. Finalmente, este proceso quedó paralizado por la convocatoria de elecciones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó para el 28 de abril y la consecuente disolución de las Cortes en el mes de marzo.

Tras realizar este anuncio, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha mostrado su satisfacción al respecto y ha manisfestado que espera "una pronta remisión" al Parlamento del texto, al tiempo que ha apelado al "máximo consenso posible de las fuerzas políticas".

El Gobierno ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la licitación de seis contratos de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en carreteras del Estado, por un valor estimado conjunto de 156,32 millones de euros.

Este tipo de contratos tiene el objetivo de realizar los trabajos de servicios de comunicaciones, servicios de vigilancia, atención a accidentes, mantenimiento de los elementos de la carretera, mantenimiento sistemático de las instalaciones de suministro de energía eléctrica, alumbrado, señalización variable y semaforización.

Además, las licitaciones aprobadas este martes por el Consejo de Ministros incluyen las labores de establecimiento de inventarios y reconocimientos de estado, agenda de información de estado y funcionamiento de la carretera, programación, coordinación, seguimiento e información de la ejecución de los trabajos, actuaciones de apoyo a la explotación, estudios de accidentalidad e informes de seguridad vial.

Asimismo, contemplan la realización de los trabajos de desbroce, fresados y reposición del firme, limpieza de cunetas, y en general, todas las labores de conservación ordinaria de las vías a su cargo.

En este caso, las carreteras incluidas en los contratos se encuentran en las provincias de Huesca, donde se licitarán 28,2 millones de euros, Teruel (15,1 millones), Badajoz (22,14 millones), Barcelona (43 millones), Cádiz (21,92 millones) y Pontevedra (25,9 millones).

Entre las vías que se encuentran bajo estas licitaciones están la A-23, el túnel de Somport en la N-330, la A-5 y N-5, la A-2 y N-II, la A-52 y A55 y otras nacionales como la N-120, N-550, N-430, N-234 o la BA-20 y CA-36, entre otras.

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado de que se han detectado más de 100 casos de ébola y casi 50 muertos en la República Democrática del Congo, un brote que ya se ha extendido a 12 zonas sanitarias de la provincia.

"Afortunadamente, la región no se enfrenta a los mismos desafíos de seguridad y de violencia que afectan a la región del noreste del país donde tuvo lugar la epidemia anterior. Sin embargo, los desafíos logísticos en la provincia de Ecuador son enormes: se trata de una región más grande que las Comunidades de Castilla y León o Andalucía, con zonas de muy difícil acceso y en la que hay pueblos a los que solo se puede llegar a través de vías fluviales", ha señalado la organización.

Para llegar a otras localidades, MSF ha informado de que hay que caminar "horas y horas" a través de bosques, mientras que para acceder a las zonas más aisladas solo hay un helicóptero cuyo uso tienen que compartir todas las organizaciones humanitarias presentes en la zona.

"El equipo de emergencias de Médicos Sin Fronteras en RDC dispone de forma permanente de unas reservas preposicionadas entre las que contamos con vehículos, motos o motores fuera borda para instalar en barcos o canoas. Este equipo se despliega de acuerdo a las dificultades geográficas de las áreas donde vamos a intervenir. Y en el caso de Ecuador, nos encontramos con todo tipo de retos. Para llegar a la zona de salud de Bolomba, por ejemplo, tuvimos que remontar en canoa el río Likelemba con todos los materiales, medicamentos y personal", ha detallado el coordinador logístico de MSF, Mathias Dembo.

Tras la declaración de esta decimoprimera epidemia de ébola en la República Democrática del Congo, MSF envió equipos a las zonas sanitarias de Bolomba, Bikoro, Monieka, Ingende y Lotombe para frenar la propagación de la enfermedad, apoyar la vigilancia comunitaria y proporcionar tratamiento rápido a los pacientes que se encontraban en aquellas áreas de más difícil acceso en donde el virus estaba activo.

"La epidemia se está trasladando con la población, por tierra y río, a áreas remotas, en una provincia donde la infraestructura es escasa y donde las aldeas están lejos unas de otras. Por esa razón estamos implementando una respuesta descentralizada y desplegando nuestros equipos prioritariamente en las áreas de salud afectadas más remotas, a través de pequeñas estructuras a las que las comunidades puedan acceder fácilmente", ha explicado la coordinadora médica de MSF, Maria Mashako.

Actualmente, MSF está prestando apoyo a nueve centros de tratamiento y aislamiento en cinco zonas de salud, con el objetivo de ofrecer atención médica lo más cerca posible de los focos activos. En la zona de salud de Bolomba, además de apoyar al centro de tratamiento del ébola que se ha instalado en el hospital general, MSF ha establecido otras dos pequeñas unidades de tratamiento y aislamiento en las alejadas áreas de salud de Boso Mondomba y Yuli. El mismo enfoque descentralizado se ha adoptado en las zonas de salud de Monieka y Bikoro, donde MSF apoya cuatro pequeñas estructuras de atención médica y aislamiento en áreas de salud remotas.

"No solo estamos dando apoyo en la respuesta al brote de ébola. También estamos prestando servicios en los centros de salud que se encuentran en los lugares donde hay focos epidémicos activos y en los ejes principales de Bolomba y Bikoro. Nuestro objetivo es garantizar la continuidad de los servicios de atención primaria y ayudar en la detección temprana de los casos sospechosos. Esto se logra, por ejemplo, mediante la donación de medicamentos, la formación del personal médico local en lo que se refiere al virus del ébola, o mediante el fortalecimiento de la prevención y el control de infecciones", ha recalcado el doctor Mashako.

LA IMPORTANCIA DE LOGRAR LA IMPLICACIÓN DE LAS COMUNIDADES

En Ecuador la población dispone de muy poca información sobre la epidemia. Aunque hay zonas que sí se habían visto afectadas por anteriores brotes, hay lugares en los que se enfrentan al ébola por primera vez. Por esta razón, los equipos de promoción de la salud de MSF están apoyando a los del Ministerio de Salud del país para fortalecer la concienciación y la vigilancia comunitaria. En Bolomba, Bikoro y Monieka, estas actividades de sensibilización son una de las acciones clave en la respuesta de MSF.

Los enfoques descentralizados para responder a la epidemia también complementan a la vacunación que están llevando a cabo otros actores implicados en la respuesta y que se está también apoyando desde MSF. Desde el inicio de la vacunación el pasado 5 de junio, la vacuna -rVSV-ZEBOV-GP, que ya fue utilizada en el este del país durante la décima epidemia, se ha administrado a unas 26.500 personas, según los datos oficiales.

A día 6 de septiembre, se habían registrado un total de 112 casos de enfermedad por el virus del ébola en la provincia de Ecuador (106 confirmados, 6 probables), incluidas 48 muertes. Situada cerca de la capital, Kinshasa, la provincia de Ecuador experimentó su última epidemia de ébola hace dos años, entre mayo y julio de 2018. Las zonas de salud de Bikoro e Iboko, así como la ciudad de Mbandaka, fueron en su momento el epicentro del noveno brote de la enfermedad por el virus del ébola que se identificaba en el país.

Canarias prosigue su ligera tendencia descendente de casos coronavirus y ha contabilizado este martes 178 nuevos positivos --frente a los 215 del día anterior-- lo que eleva la suma de acumulados a 9.406 desde que arrancó la pandemia, según recoge el balance de datos que actualiza cada día la Consejería de Sanidad.

El archipiélago cuenta con 6.180 casos activos, 131 más que el lunes, al registrarse una persona fallecida y 46 altas --3.039 personas han superado ya la enfermedad en las islas--.

De las personas que pasan la enfermedad actualmente, 48 están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), cuatro más que el lunes, otras 209 están hospitalizadas (+4) y el resto, un total de 5.923, están aisladas en sus domicilios.

Por islas, Gran Canaria ha sumado este martes 137 casos nuevos que suben el acumulado a 5.259 y los activos a 4.335 --3.595 en la capital, Las Palmas de Gran Canaria-- con un total de 55 fallecidos, seguida de Tenerife, con 18 casos nuevos --2.718 acumulados y 1.092 activos-- y 119 muertos.

En Lanzarote se han registrado este martes 12 casos nuevos con lo que los acumulados suben a 816 y los activos a 525, mientras que la cifra de fallecidos sigue en 7.

En el caso de Fuerteventura, con 5 positivos este martes, los acumulados suben a 381 y los activos a 141 y en La Palma, con un caso más, se alcanzan los 162 y 31 respectivamente.

La isla de El Hierro ha contabilizado este martes cuatro nuevos casos, por lo que los acumulados ascienden a 44, 41 de ellos activos, mientras que en La Gomera, con un nuevo positivo, se alcanzan los 22 y 11 casos, respectivamente.

Hasta la fecha, en Canarias se han realizado 279.066 pruebas PCR para detectar el coronavirus, con un 4,21% de muestras positivas.