Andalucía suma este miércoles 23 de septiembre 1.551 casos de coronavirus Covid-19 confirmados por PCR, la segunda mayor subida diaria desde el inicio de la pandemia detrás de los 1.617 registrados el viernes 18 de septiembre, según el parte de la Junta de Andalucía, que contabiliza 12 fallecidos en las últimas 24 horas, los mismos que la víspera.

La cifra diaria de contagios de este miércoles supera también los 1.536 diagnosticados de este martes --que hasta ahora era la segunda mayor subida diaria--, los 1.480 positivos del pasado sábado 19 y supone casi el doble de los 812 registrados este lunes 21.

Por otro lado, los hospitales alcanzan los 1.019 pacientes ingresados, cinco menos en 24 horas y 87 más que hace una semana, de los que 136 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), sin cambios en los últimos dos días y 15 más que hace siete días.

511 POSITIVOS EN MÁLAGA Y 405 EN SEVILLA

La provincia que suma mayor número de positivos en las últimas 24 horas vuelve a ser Málaga, con 511, seguida de Sevilla, con 405. Bastante por detrás se sitúan Cádiz, con 200; Granada, con 133; y Córdoba, con 132. Por debajo del centenar figuran Jaén, con 75; Almería, con 60; y Huelva, con 35.

Las 12 muertes de este miércoles, los mismos que la víspera, se concentran principalmente en las provincias de Granada con cuatro y Sevilla y Córdoba con tres, a los que se suman Cádiz y Málaga con uno cada una.

La evolución acumulada de los datos en los últimos siete días refleja 6.352 casos diagnosticados por PCR, con 508 hospitalizados, 27 ingresados en UCI y 42 muertos en toda Andalucía.

El principal foco de preocupación sigue localizado en las residencias de mayores, donde se han producido ocho fallecimientos más en las últimas 24 horas, ambas en la Residencia Yate Vitalia Alcolea de Córdoba, donde hay 22 casos confirmados --13 residentes y nueve trabajadores--.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta ha informado que los geriátricos más afectados son el de Domusvi Azalea de Marbella (Málaga) con 105, Sierra de las Nieves de Guaro (Málaga) con 82 --69 residentes y 13 trabajadores, Utrera (Sevilla) con 94 casos confirmados --85 residentes y nueve trabajadores-- y Orpea Sierra de Córdoba, donde hay 87 --64 residentes y 23 trabjadores--.

También se elevan los casos en la residencia Vitalia de La Rinconada (Sevilla) hasta los 54 --46 residentes y ocho empleados-- y en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, también hasta los 54 --27 residentes, 23 trabajadores y cuatro familiares--.

Actualmente, 1.019 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 136 se encuentran en UCI. Sevilla repite como la provincia con más hospitalizados con 287 --33 de ellos en UCI--, seguida de Málaga con 213, 31 en UCI; Cádiz con 138 hospitalizados, 26 en UCI; Granada con 129, diez en UCI; Córdoba con 128, 13 en UCI; Jaén con 68, siete en UCI; Almería con 43, 14 en UCI; y Huelva con 13, dos en UCI.

De acuerdo con los datos acumulados de la Consejería de Salud, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 53.721 casos confirmados por PCR, 1.551 más en 24 horas, después de sumar 1.536 el martes, 812 el lunes, 743 el domingo, 1.480 el sábado, 1.617 el viernes, 1.389 el jueves y 915 el pasado miércoles. La región alcanza las 1.730 muertes por Covid-19 tras sumar 12 en las últimas 24 horas.

MÁS DE 700 CURADOS

Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 9.133, 110 más en 24 horas, después de aumentar en 140 el martes, 55 el lunes, 49 el domingo, en 106 el sábado, en 94 el viernes, en 141 el jueves y 118 el pasado miércoles. La cifra de pacientes que han pasado por UCI se eleva a los 987 tras sumar seis y el número de curados llega a los 25.590, hasta 731 más.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de las 1.730 muertes en Andalucía --12 más en 24 horas--, Málaga se mantiene como la provincia con más fallecidos con 355 --uno más--, seguida de Sevilla con 337 --tres más--, Granada con 312 --cuatro más--, Cádiz con 214 --uno más--, Jaén con 200, Córdoba con 145 --tres más--, Almería con 112 y Huelva con 55.

Por su parte, los casos positivos confirmados por PCR alcanzan los 53.721 desde el inicio de la pandemia --1.551 más en 24 horas--, liderados por la provincia de Málaga con 14.326 --511 más--, seguida por Sevilla con 9.074 --405 más--, Almería con 7.285 --60 más--, Granada con 6.403 --133 más--, Cádiz con 5.843 --200 más--, Córdoba con 5.683 --132 más--, Jaén con 3.919 --75 más-- y Huelva con 1.188 --35 más--.

SEVILLA, A LA CABEZA DE HOSPITALIZADOS POR DÍA CON 42

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización alcanzan los 9.133 en Andalucía --110 más en 24 horas--, con Málaga a la cabeza con 2.202 --16 más--, seguida por Sevilla con 1.812 --42 más--, Granada con 1.499 --siete más--, Jaén con 948 --13 más--, Cádiz con 891 --once más--, Córdoba con 837 --16 más--, Almería con 692 --tres más-- y Huelva con 252.

De ellos, 987 han pasado por la UCI en toda Andalucía, seis más en 24 horas, con la provincia de Málaga a la cabeza con 203, seguida de Sevilla con 187, Granada con 154; Cádiz con 106, Jaén con 102, Córdoba con 103, Almería con 98 y Huelva con 34.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 25.590 en toda la región tras sumar 731 en 24 horas, con Málaga a la cabeza con 5.830 --248 más--, seguida de Almería con 4.012 --69 más--, Granada con 3.533 --19 más--, Sevilla con 4.024 --317 más--, Jaén con 2.586 --siete más--, Córdoba con 2.510 --16 más--, Cádiz con 2.515 --48 más-- y Huelva con 580 --siete más--.

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles la proposición no de ley de Más País-Equo que reclamaba una reforma fiscal "de solidaridad" para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, con un nuevo impuesto a la banca, otro a grandes fortunas, la supresión de 'agujeros' en el Impuesto sobre Sociedades, el 'destope' de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social y el establecimiento de tramos adicionales extraordinarios en el IRPF hasta del 60%.

La iniciativa ha sido rechazada por el PSOE, el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, el PNV, UPN, y Foro Asturias, mientras que ha sido apoyada por Esquerra Republicana, EH-Bildu, la CUP, Compromís y el BNG. Por su parte, Unidas Podemos, el PRC y Nueva Canarias han decidido abstenerse.

Las dos formaciones que sustentan el Gobierno de coalición ya avanzaron el martes que no apoyarían la iniciativa defendida en el Pleno por el portavoz, Íñigo Errejón, y que contenía buena parte de las medidas del programa fiscal con el que Unidas Podemos concurrió a las últimas elecciones generales.

Coincidiendo en la necesidad de contar con una fiscalidad "justa y progresiva", la diputada del PSOE Montse Mínguez pidió tener en cuenta el "contexto actual" de crisis económica, y defendió adoptar estas medidas "de forma progresiva" y "en varias velocidades". En todo caso, aseguró que en los próximos Presupuestos, por parte del Gobierno de coalición, "en ningún momento se van a subir los impuestos a autónomos, pymes y clase media y trabajadora".

También compartió el "diagnóstico" y las propuestas planteadas por Más País el diputado de En Comú Podem Gerardo Pisarello. "Pero no se trata de tener ideas, sino de tener fuerza para ponerlas en marcha", apostilló, instando en este punto a que "esa fuerza se incluya en propuestas en el Presupuesto" por parte de la "mayoría progresista".

"EN EL FONDO SABEN QUE ES LO CORRECTO"

"Creo que en el fondo saben que es correcto", afirmó, por su parte Errejón, advirtiendo tanto a PSOE como a Unidas Podemos de que "van a pagar el mismo precio por ser valientes que por no serlo".

"Tienen que tener cuidado. El problema no es la polarización política, es la polarización social, el miedo y la incertidumbre de los de abajo", aseveró, exigiendo que "a las expectativas puestas en el Gobierno progresista no se les puede defraudar". "No desaprovechemos la oportunidad", concluyó.

RECARGO PARA RECUPERAR EL RESCATE Y TAPAR AGUJEROS EN SOCIEDADES

Esta batería de medidas, recogida en una proposición no de ley registrada el pasado abril, contemplaba modificaciones en diferentes impuestos, la reconversión de algunos y la creación de otros, como el dirigido a entidades financieras beneficiadas "directa o indirectamente del rescate público de 2013", a las que Más País pide aplicar un recargo de 10 puntos en el tipo nominal al que están sujetos en el Impuesto sobre Sociedades.

En Sociedades, pide suprimir todo beneficio fiscal que no tenga finalidad social o ambiental para las grandes empresas, incluyendo las compensaciones de bases imponibles negativas, con un tipo efectivo mínimo del 15% sobre beneficio contable, y a la vez reducir el tipo nominal a pymes al 23%.

En el IRPF, solicita partir nuevos tramos "extraordinarios" para rentas más altas, a partir del 47% para rentas superiores a 100.000 euros, hasta alcanzar el 60% aplicable a rentas por encima de los 600.000 euros, la revisión de deducciones en estos tramos y una igualación progresiva a los tipos nominales de las rentas de capital, dirigida a una igualación con las rentas del trabajo.

RECONVERTIR PATRIMONIO EN UN IMPUESTO A GRANDES FORTUNAS

En materia del Impuesto sobre el Patrimonio, Más País pide convertirlo en un Impuesto sobre Grandes Fortunas armonizado por comunidades, con un tipo de entre el 1% y el 1,7% para patrimonios netos superiores a millón de euros, y del 2% para superiores a los dos millones de euros.

En Sucesiones y Donaciones, insta a avanzar hacia una armonización "para evitar la descalificación de la transmisión sucesoria y asegurar su progresividad" en todas las comunidades, así como impulsar también esta armonización a nivel europeo para evitar 'dumping fiscal' entre países.

REVISAR EL RÉGIMEN DE SOCIMIS Y SICAVS Y PERSEGUIR EL GRAN FRAUDE

Por otro lado, demanda revisar el régimen fiscal de las Socimis y las Sicavs, con un tipo efectivo del 15% para los beneficios no distribuidos, reforzando el cumplimiento de la normativa, y reorientar los recursos de la Agencia Tributaria hacia la persecución del gran fraude.

En este sentido, plantea aumentar sus recursos, reducir el umbral de delito tributario a 50.000 euros, y ampliar los períodos de prescripción de los mismos. Asimismo, propone crear juzgados especializados en delitos fiscales, al igual que existe en los concursos empresariales.

Respecto a los nuevos impuestos impulsados por el Gobierno y aprobados ya en el Congreso, los de servicios digitales y transacciones financieras, Más País pide agilizar el primero y aumentar su gravamen previsto al 5% sobre la base imponible, y mejorar el segundo para incluir contratos derivados sobre divisas y materias primas, de permuta de incumplimiento crediticio y operaciones de alta frecuencia.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que es de una "extraordinaria gravedad" que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda conceder indultos a los condenados por sedición por el 1-O y ha anunciado que si llegan a aprobarse su partido recurrirá al Tribunal Supremo. Aunque ha dicho que su formación ejercerá una oposición "firme" para "parar" la "degradación institucional" que se está produciendo en España, ha animado a "partidos de ámbito regionalista y nacionalista" a alzar la voz y denunciarlo.

"Si Sánchez no defiende los intereses de España, si se le cae ya la careta y revela el precio tan caro que paga por seguir en el poder, el Partido Popular sí está dispuesto a defender a España", ha afirmado Casado después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya anunciado que la tramitación de las solicitudes de indulto de los presos del 'procés' comenzará la próxima semana.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, tras la sesión de control al Gobierno, ha avanzado que si la medida de gracia llega a aprobarse su formación acudirá al Supremo. A su entender, no se trata de un "lapsus" sino que forma parte del "cronograma" que el Gobierno tiene planteado para esta legislatura.

Tras asegurar que ya en campaña electoral Pedro Sánchez no aclaró si indultaría a los líderes independentistas, ha asegurado que se trata de un hecho de una "extraordinaria gravedad" que "la propaganda, los eslóganes y las mentiras del Gobierno no deberían ocultar".

Casado ha dicho que espera que el PP, que ejerce una oposición "firme y legítima", pueda "parar" lo que está pasando pero ha señalado que hay partidos "de ámbito regionalista y nacionalista que deberían ser conscientes de lo que está pasando" y denunciarlo.

Y DENUNCIA QUE MIENTRAS SÁNCHEZ "HUYA A BRUSELAS"

El presidente de los 'populares' ha criticado que Pedro Sánchez "huya a Bruselas" mientras el ministro de Justicia anuncia esta tramitación de las solicitudes de indulto de los presos del 'procés' comenzará la próxima semana.

"Sánchez huye a Bruselas en una cumbre cancelada el día en que España entra oficialmente en recesión, el Rey es vetado por el Gobierno en Cataluña, la vicepresidenta pacta los Presupuestos con Bildu y el ministro de Justicia anuncia la tramitación de los indultos a los condenados por sedición", ha asegurado, para añadir que todo esto se produce "el mismo día que hay más muertes por Covid en la segunda oleada que Sánchez negaba el 5 de julio diciendo que estaba derrotado el virus".

Casado ha afirmado que "no entiende" que aquellos que "dieron un golpe a la Constitución" ahora puedan recibir un indulto por parte del Ejecutivo o la "amnistía de facto a la carta, a través de la modificación del delito de sedición". A su entender, si se revisan las Constituciones de otros países del entorno se verá lo que recoge su ordenamiento jurídico ante esos comportamientos.

"El PP es incompatible con dar indultos a aquellos que han sido condenados por dar un golpe a la Constitución española y con modificar el Código Penal a la carta para favorecer a los que han cometido graves delitos", ha aseverado, para añadir que los pasos del Gobierno van en la línea de "destruir las instituciones".

"DEGRADACIÓN INSTITUCIONAL"

Tras subrayar que las ideas en España "no se persiguen", ha recalcado que en este caso están hablando de delitos cometidos por los dirigentes independentistas. "Cuando se comete un delito, robar en un supermercado o declarar la independencia de una de las comunidades de España alentando la violencia en varias manifestaciones previas, eso no puede tener un indulto", ha resaltado.

Casado ha aprovechado para denunciar la "degradación institucional" que está sufriendo España y ha señalado que "no tiene parangón en ningún país del entorno". "Tiene que detenerse ya", ha solicitado, asegurando que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se ha convertido en "abogada defensora de Podemos y comisaria política al servicio" del PSOE.

Dicho esto, ha resaltado que el PP no va a ser "cómplice y palmero de esa degradación institucional" sino que será "un freno a la deriva" que, a su juicio, "está rozando los límites de lo que una democracia parlamentaria puede soportar".

REFORMA "A LA CARTA" DE LOS DELITOS SEDICIÓN Y REBELIÓN

Casado ha afirmado que el Gobierno debería estar ocupado en un nuevo marco normativo que ayude a hacer "limitaciones de movilidad eficaces" para contener el Covid-19 "en vez de plantear una reforma de los delitos de sedición y rebelión a la carta para favorecer a los que han dado un golpe a la legalidad y están negando la historia criminal de unos terroristas que mataron a 850 inocentes".

Aparte de impedir esos indultos, Casado ha señalado que su partido se centrará en "cualificar" los delitos de sedición y rebelión como el PP ya planteó en su programa electoral y planteará que "acaben ya los acercamientos de presos etarras, algunos con delitos de sangre, a cambio de la derogación de la reforma laboral o los Presupuestos".

De la misma manera, ha dicho que el PP seguirá exigiendo un plan de choque económico que extienda los ERTES hasta la próxima primavera, baje impuestos y ofrezca un año de carencia a los créditos ICO, entre otras medidas.

Euskadi ha registrado este pasado martes 405 nuevos contagios de covid-19, lo que supone 91 más que el día anterior, y un porcentaje del 4,1% respecto al total de pruebas PCR realizadas. Además, en la semana del 14 al 20 de septiembre ha habido 62 fallecimientos con covid-19 como causa directa.

Según los datos hechos públicos este miércoles por el Departamento vasco de Salud, a lo largo de este martes se efectuaron 9.760 pruebas PCR, de las que 405 fueron positivas, lo que supone el 4,1% del total, con lo que se vuelve a incrementar el porcentaje de contagios sobre el total de pruebas respecto a la jornada anterior, cuando se llevaron a cabo 8.519 pruebas PCR en Euskadi, de las que un 3,6% fueron positivas (un total de 314).

De este modo, la cifra de nuevos contagios se ha incrementado en Vizcaya hasta los 177 (diez más que el día anterior). Bilbao acumula el mayor número de casos, 46 frente a los 34 de la jornada anterior, seguido de Barakaldo con 22 positivos, Leioa con 18 y Getxo con once nuevos contagios.

Por su parte, en Álava se han dado 51 casos (uno menos), de los que 46 corresponden a Vitoria (dos menos que en la jornada anterior), y en el caso de Guipúzcoa se han detectado 169 contagiados (82 más). En San Sebastián los nuevos casos ascienden a 40, el doble que en la jornada anterior, mientras que suben a 17 en Irún, a diez en Zarautz y a siete en Arrasate-Mondragon.

Asimismo, este martes se han producido ocho casos en personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, las mismas que en la jornada precedente.

Tras analizar los datos acumulados en la semana del 14 al 20 de septiembre, el Departamento de Salud ha indicado que ha habido 62 fallecimientos con covid-19 como causa directa.

En los hospitales vascos, a lo largo de este martes ingresaron en planta 29 personas por covid, frente a las 33 del día anterior, y en las UCI hay actualmente 56 pacientes con esta enfermedad, lo que supone una menos que el día previo. En total, permanecen hospitalizados en planta 275 pacientes afectados de covid-19.

El índice RO (el número reproductivo básico que indica cuántas personas son susceptibles de ser contagiadas en promedio por un solo infectado) se sitúa en 0,98 para el conjunto de Euskadi, igual que en la jornada anterior.

EDADES

Del total de 405 nuevos positivos, 228 son mujeres y 177 hombres.Por edades, se concentran las mayores cifras de positivos en las franjas comprendidas entre 20 y 29, con 62 nuevos contagios, y entre 40 y 49, con 60 positivos. Otros 56 casos se han dado en personas de 50 a 59 años, 41 positivos entre edades de 10 a 19 años y otros 41 casos en personas de entre 60-69 años. Los niños menores de nueve años concentran 38 casos y los de 30 a 39 años, otros 38 nuevos contagios.

Entre el colectivo de mayores --más propensos a sufrir complicaciones graves por covid que las de otros grupos de edad--, se han registrado 29 nuevos casos entre personas de entre 70 y 79 años, 21 nuevos positivos entre los mayores de 80 a 89 años 24 casos y 20 en mayores de 90 años.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado el trabajo de mediación de la OTAN en el Mediterráneo oriental para rebajar la tensión militar entre Grecia y Turquía, a los que ha instado a "aprovechar la oportunidad" para resolver mediante el diálogo la crisis en la región.

Durante su visita a la sede de la organización militar en Bruselas, Sánchez ha valorado positivamente el anuncio de Ankara y Atenas de que participarán en un diálogo, a iniciativa de Alemania, para discutir sus diferencias en el Mediterráneo, insistiendo en que es "un paso en la buena dirección" y un "signo de generosidad" por parte de ambos aliados de la OTAN. "Ahora tenemos una gran oportunidad y debemos no caer en provocaciones, tenemos que continuar en esta dirección", ha señalado.

España considera que el diálogo entre Turquía y Grecia es el camino para abordar la disputa sobre su frontera marítima y la plataforma continental, por ello ha indicado que la OTAN y la UE deben contribuir a que el proceso llegue a buen puerto.

En paralelo, el Gobierno español, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, ha emitido un comunicado oficial en el que saluda el anuncio de las conversaciones y agradece los esfuerzos de Alemania, del presidente del Consejo Europeo y del Alto Representante, que han tenido "en todo momento con el activo apoyo de España y que empiezan a dar su fruto".

La ministra, Arancha González Laya, desveló la semana pasada que Sánchez habló por teléfono en dos ocasiones con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, además de con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en una cumbre de países del sur de la UE. Por su parte, la ministra viajó a Ankara y a Atenas este verano.

"España tiene la esperanza de que este importante paso dado por ambas partes sirva para consolidar la desescalada de la tensión en el Mediterráneo Oriental", finaliza el comunicado.

Sánchez ha mantenido la agenda de reuniones bilaterales que tenía organizada en Bruselas, aunque el Consejo Europeo del jueves y el viernes se ha cancelado, y su ausencia del pleno del Congreso ha motivado críticas de la oposición. Sánchez y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, han comparecido en una declaración sin preguntas, en inglés y ceñida a cuestiones relacionadas con la Alianza Atlántica.

El presidente del Gobierno ha tenido buenas palabras para Stoltenberg, del que ha destacado su trabajo para mantener los canales de comunicación abiertos entre aliados de la OTAN y que haya puesto en marcha un mecanismo para evitar una escalada militar en el Mediterráneo. Todo esto, preservando los principios de solidaridad de la organización, ha subrayado el mandatario español.

EL PROCESO EN LA OTAN EN MARCHA

Aparte de la iniciativa alemana, la OTAN mantiene un proceso técnico enfocado en acordar un mecanismo que sirva para desactivar la tensión militar en aguas del Mediterráneo, ante el riesgo real de que estalle un conflicto aún de forma accidental entre griegos y turcos. Según ha explicado el secretario general de la OTAN en su intervención, los contactos siguen su curso y se han logrado "buenos progresos".

El proceso de la OTAN viene a complementar el liderado por la diplomacia alemana y, según ha indicado la organización, estos esfuerzos son normales dentro de la Alianza Atlántica y ya se realizaron en la crisis entre Atenas y Ankara a mediados de los 90 con buenos resultados.

PAPEL DE ESPAÑA EN LA OTAN

Sobre el papel de España en la OTAN, Sánchez ha insistido en que el país es "un socio responsable" y un "firme creyente" en el multilateralismo como mejor método para proteger los intereses y valores de los 30 aliados de la organización militar.

Además ha mencionado el despliegue regular de tropas españolas en el marco de las misiones de la OTAN, lo que, a juicio del jefe del Ejecutivo, constituye el mejor ejemplo del compromiso de España con la Alianza. "Me gustaría hacer un llamamiento a la cohesión y la solidaridad. Son la piedra angular de nuestra alianza transatlántica, y debemos protegerlas y mantenerlas", ha asegurado.

Al tiempo, el líder socialista ha apuntado que la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la vigencia de una organización como la OTAN y su importante papel como plataforma para impulsar el multilateralismo.

Por su lado, Stoltenberg ha agradecido su "compromiso continuo" con las operaciones y misiones de la Alianza Atlántica. "Desde Afganistán a Irak, pasando por los grupos de combate en Letonia y la contribución en la vigilancia aérea en el Báltico", ha enumerado, a la vez que ha destacado la "dedicación y profesionalismo" de los militares españoles.

En el marco de la crisis del coronavirus, el político noruego ha reivindicado a las Fuerzas Armadas españolas por su trabajo durante la crisis del coronavirus, apoyando los esfuerzos civiles para combatir la pandemia.

Y ha asegurado que comparte con Sánchez la apuesta por mantener la Alianza "unida y fuerte". "En estos tiempos de incertidumbre la OTAN está del lado de España y España del lado de la OTAN", ha resumido el político noruego.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado suspender cautelarmente la orden del Ministerio de Sanidad de 14 de agosto por la que se aprobó el cierre de discotecas, sala de baile y bares de copas y la apertura de locales de hostelería hasta la 1 de la madrugada por el incremento de nuevos casos positivos.

La medida cautelar fue solicitada por la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon), que impugnó dicha orden ministerial, y el tribunal rechaza suspenderla mientras se resuelve sobre el fondo del asunto. La Sala ya denegó el pasado 20 de agosto la medida cautelarísima -lo que significa que debe resolverse en 48 horas-- solicitada por la misma federación al considerar que primaba la salud pública al interés económico de las discotecas.

Un argumento que mantienen los magistrados, pues según explican en el auto el ministerio dirigido por Salvador Illa adoptó esta decisión debido a la situación epidemiológica y el riesgo generalizado para la población debido al incremento constante de casos positivos por coronavirus.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo recoge en su auto los argumentos esgrimido por el Ministerio de Sanidad para adoptar esta decisión y señala en un auto que "aunque la situación no es comparable a la sufrida en los meses de marzo y abril, se observa un incremento constante de casos de contagios en todo el territorio que va progresivamente generando un número creciente de casos graves que requieren hospitalización e ingresos en Unidades de Cuidados críticos".

Asimismo, los magistrados han tenido en cuenta que Sanidad también especificaba que "durante las últimas semanas, se ha incrementado el número de brotes generados en el ámbito social, que suponen casi el 40% de los mismos" y que entre estos brotes, los más importantes son aquellos relacionados con reuniones familiares o de amigos y los producidos en locales de ocio con horario mayoritariamente nocturno.

Así, la Sala concluye que pese a ser evidentes los perjuicios que la resolución impugnada puede acarrear a la hostelería y al ocio nocturno, "es el interés público el que resulta más necesitado de protección a la vista de las circunstancias descritas en la orden impugnada y no rechazadas por la parte recurrente".

Ciudadanos ha reiterado este miércoles su rechazo a cualquier tipo de indulto o "privilegio" que se pueda conceder a los condenados por el proceso independentista de 2017 en Cataluña, pero por ahora mantiene su intención de negociar los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno de Pedro Sánchez.

La portavoz de Ciudadanos en el Senado y en el Parlament de Cataluña, Lorena Roldán, ha criticado la "empatía" del Ejecutivo de Pedro Sánchez con los presos del 'procés' después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciara en el Pleno del Congreso que las solicitudes de indulto comenzarán a tramitarse la próxima semana.

"Con nosotros, señores del PSOE, no cuenten para indultos ni para privilegios de ningún tipo", ha dicho en el Senado la portavoz de Cs, que ha señalado que los líderes independentistas condenados "cometieron delitos gravísimos, pisotearon los derechos de más de la mitad de los catalanes" y, además, "no se arrepienten de esos delitos y amenazan día tras día con volver a cometerlos".

Roldán no ha aclarado si esto afectaría a la voluntad de su partido de negociar los Presupuestos de 2021, pero fuentes de la dirección de Cs han admitido que no les ha gustado que Campo, al responder a una pregunta de Laura Borràs (Junts per Catalunya), aludiera a la tramitación de las peticiones de indulto recibidas por el Gobierno.

A su modo de ver, estas palabras son un guiño más del Ejecutivo a las formaciones nacionalistas. A pesar de ello, y teniendo en cuenta que de momento no se ha concedido ningún indulto, el partido presidido por Inés Arrimadas seguirá apostando por negociar los PGE con Sánchez.

En la formación naranja sostienen que si se negaran ahora a hablar de los Presupuestos, estarían dando una excusa al Gobierno para pactarlos con fuerzas independentistas --como Esquerra, Bildu o JxCat-- argumentando que no tiene más remedio porque la vía de Cs ya no es posible. Y eso es, precisamente, lo que quieren evitar.

NO CUESTIONAR EL TRABAJO DE LOS JUECES

Roldán ha afirmado que plantear esos indultos es "un acto profundamente irresponsable" con el cual el Gobierno "incumple la Constitución", que establece el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley.

En su opinión, sería "nefasto" que los ciudadanos recibieran el mensaje de que ciertas personas "tienen carta blanca para hacer lo que quieran" simplemente "por ser políticos". Y "no vamos a consentir que se esté constantemente cuestionando el trabajo de los jueces y tribunales, y menos aún con criterios de oportunidad política", ha añadido.

La senadora de Ciudadanos ha subrayado que el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de los condenados "tendrán que cumplir la pena que está prevista en las leyes".

Por ello, ha exigido "cerrar la puerta a cualquier tipo de indulto, ya sea explícito o implícito", al recordar que el Gobierno catalán es el que tiene las competencias penitenciarias. "Quienes están custodiando a los presos del 'procés' son sus compañeros de partido, sus compañeros de golpe", ha apuntado.

"CESIONES CONTINUAS" AL SEPARATISMO

Por otro lado, Roldán ha lamentado las "cesiones continuas al separatismo" y el "acercamiento constante" que, a su juicio, ha mostrado Sánchez con los condenados por el referéndum y la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

Según ha denunciado, el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos practica desde hace tiempo "una empatía, siempre interesada", con personas que "han hecho mucho daño" a España, y ha mencionado tanto la cuestión de los indultos como el pésame que dio Sánchez a EH Bildu por el suicidio de un etarra en la cárcel.

"Ma pregunto qué es lo que será mañana. Nos podemos esperar cualquier cosa", ha afirmado. La dirigente del partido naranja ha indicado que los presos del 'procés' incumplieron las leyes "a sabiendas" de que luego podrían ser condenados, por lo que les ha instado a ser "valientes" ahora "para aceptar las consecuencias de sus actos".

CAÑAS: "SE LO ESTÁN PREPARANDO PARA QUE VUELVAN A INTENTARLO"

También se han pronunciado sobre este asunto el líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, y el eurodiputado Jordi Cañas. A través de un mensaje en Twitter, Garicano ha preguntado a Sánchez "a cuántos votos en Presupuestos se cotiza cada indulto", aludiendo a la posible negociación de los Presupuestos Generales del de 2021 con los partidos independentistas.

"Mercadear con la Justicia a cambio del apoyo en el Congreso de quienes quieren liquidar España es una humillación para nuestro país, que desfallece ante la enorme hemorragia de vidas y empleos que sufrimos", ha dicho al Gobierno, refiriéndose a la crisis del coronavirus.

Cañas, por su parte, ha advertido de las consecuencias de "indultar a quienes amenazan con volver a delinquir" y de "modificar el Código Penal para rebajar las penas por sedición", como también plantea el Ejecutivo.

"Se lo están preparando todo a los separatistas para que vuelvan a intentarlo, esta vez con la garantía de que nunca les pasará nada. Así se suicidan las democracias", ha escrito.

La juez de Instrucción número 23 de Madrid, María Isabel Garaizaba, ha suspendido las declaraciones previstas para mañana del caso en el que investiga a siete responsables de salud y prevención de riesgos laborales de Metro de Madrid por la presunta comisión de dos homicidios imprudentes en relación al amianto, han informado a Europa Press fuentes próximas al caso.

En un comunicado, CC.OO. ha lamentado que se produzca otro aplazamiento dado que el anterior señalamiento fijado para las comparecencias de los investigados también se vio aplazado. Quedan por ahora pendientes las fechas fijadas para los días el 6 y 7 de octubre.

El sindicato ha señalado que "aumenta la preocupación de la plantilla, tras la última circular publicada por la Dirección de Metro de Madrid, reconociendo que existen 371 ubicaciones con presencia de amianto, repartidas en las 301 estaciones y dependencias de las instalaciones de Metro.

Este riesgo debería estar eliminado lo antes posible, desamiantando todos los trenes e instalaciones mucho antes del año 2025, fecha prevista para ello según las constantes declaraciones de la Dirección a los medios de comunicación", ha indicado.

"Mientras tanto, los compañeros afectados y los familiares de los ya fallecidos, están muy fatigados de toda la burocracia y triquiñuelas judiciales que viene utilizando los abogados de la empresa, y están teniendo que sufrir un año tras otro los afectados", ha agregado.

En la causa judicial, los denunciados son F. L. O., responsable de la Unidad de Prevención y Salud Laboral desde el 6 de noviembre de 2003 hasta el 24 de enero de 2012; P. S. A. L., gerente de prevención laboral desde el 1 de enero de 2011 al 17 de noviembre de 2009; J. N. D. coordinador de Prevención de Riesgos laborales desde el 1 de mayo de 2015 a la actualidad; B. R. R., Coordinadoras de Prevención de riesgos laborales desde el 1 de diciembre de 2009; y E. F. C. G., responsable del Servicio de Prevención y prevención laboral.

También están denunciados J. M. G., responsable del Área de Prevención y Salud Laboral, desde el 6 de noviembre de 2015 a la actualidad; J. O., perteneció a la Gerencia de Mantenimiento de Material móvil en diferentes áreas desde abril de 2003 a 31 de diciembre de 2005.

HOMICIDIO IMPRUDENTE

Hace casi un año, la sección de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía de Madrid presentó una denuncia contra los investigados por la presunta comisión de tres delitos: uno contra los derechos de los trabajadores y los otros dos por homicidio imprudente y lesiones por imprudencia.

Las primeras en comparecer ante la magistrada fueros las viudas de los trabajadores fallecidos como consecuencia de su exposición al amianto, quienes reclamaron Justicia por la vía penal. También desfilaron ante la juez varios trabajadores de Metro, entre ellos delegados sindicales.

El pasado marzo, un responsable de Mantenimiento de Material Móvil de Metro de Madrid declaró ante la juez que informó en 2013 a superiores en un informe que alertaba de la presencia de amiento en trenes e instalaciones del suburbano.

En noviembre de 2018, se hizo pública un acta del Comité de Salud Laboral de Metro de Madrid de febrero de 2013 que recogía que sindicatos solicitaron a la compañía si había presencia de amianto o fibrocemento en unas bajantes de PVC y que el representante de la Dirección comentó que había informes de 2003 sobre ello.

El informe del Comité de Salud de Metro de Madrid elaborado en 2003 apuntaba que había presencia de amianto en numerosas estaciones y trenes de la compañía. Ante la Asamblea de Madrid, directivos y exdirectivos de Metro señalaron que desconocían la existencia de este informe.

El Pleno del Senado ha rechazado este miércoles una proposición de ley presentada por el Partido Popular para recuperar el delito de convocatoria de referéndum ilegal, y que proponía penas de cárcel de 8 a 10 años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo a la autoridad que convocase ese referéndum ilegal.

La iniciativa, que los 'populares' ya habían planteado infructuosamente en el Congreso de los Diputados, ha decaído con el voto en contra de los socialistas. En concreto, la proposición ha sido rechazada por 156 votos en contra, recibiendo 106 votos a favor.

La votación de la proposición 'popular' se ha producido después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase en la campaña electoral de las generales de noviembre que recuperaría el delito de organización de referendos ilegales.

Eso mismo le ha recordado el senador 'popular' Carlos Floriano, que no cree que su propuesta fuese fruto de una "declaración acalorada". "Pero sus preocupaciones ahora son otras, quizás en la forma en que se da salida a los presos del procés o el indulto por la puerta de atrás", ha lamentado.

Precisamente, Floriano ha cargado contra el Gobierno después de anunciar que los indultos del procés comenzarán a tramitarse la próxima semana. "Es un pago por la investidura y por los Presupuestos. Eso es instaurar los privilegios, leyes ad hoc a quienes interesa por mantener el poder", ha espetado, provocando los aplausos de la bancada 'popular'.

Con todo, el propio Floriano ha apelado al PSOE y al bipartidismo para tratar de lograr su apoyo. "El bipartidismo fue capaz de armar el tejido constitucional con derechos y libertades de los que hemos disfrutado con derechos y libertades. Y debemos seguir disfrutándolos y dejárselo a nuestros nietos. Es importante que anticipemos la respuesta", ha asegurado.

La respuesta por parte del Grupo Socialista ha venido por parte de Artemi Rallo, que ha preguntado al PP si creen que es "el mejor momento para tirar el Código Penal a la cabeza de nadie". "Ustedes, que acumulan decenas y decenas de causas penales contra la corrupción", ha apuntado.

Así, Rallo ha aseverado que las dos grandes preocupaciones del PP ahora deberían ser la 'operación Kitchen' y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y, además, del exsenador David Erguido, después de que éste haya presentado su dimisión tras ser citado por el juez que instruye la trama Púnica.

"Ustedes están en otra cosa, en el ruido", ha asegurado, para después acusar al PP de estar "obsesionado con Vox" y de azuzar el conflicto catalán "a la búsqueda del provecho partidista". "Por este camino no tienen nada que hacer. Es una batalla totalmente perdida", ha advertido el socialista.

LOS INDEPENDENTISTAS SOSTIENEN QUE VOTAR NO PUEDE SER DELITO

La intervención del senador del PP ha provocado las críticas del parlamentario de EH Bildu Gorka Elejabarrieta, que ha calificado de "inaudito que en pleno siglo XXI existan formaciones que consideran que con el mazo y solo con el mazo serán capaces de suplir su falta de ingenio político".

"Así no nos convencerán, y tampoco nos derrotarán", ha defendido Elejabarrieta, que ha instado al PSOE a seguir la vía iniciada por los socialistas en Bélgica. "Han dicho que iniciarán un proceso de conversaciones con los nacionalistas flamencos. El diálogo, la negociación y el acuerdo son la base", ha añadido.

Por su parte, el parlamentario de Junts per Catalunya Josep Maria Cervera ha asegurado que esta proposición de los 'populares' confirma que se realizó "un uso sesgado" del Código Penal para perseguir hechos que no podían ser "delictivos" tras el referéndum independentista del 1 de octubre.

"Conductas que en estos momentos que se quieren incorporar tampoco podían ser consideradas delictivas", ha continuado, para después señalar que "no procedía ningún tipo de acción" legal contra los miembros del Govern, de la ANC ni de Omnium Cultural.

CIUDADANOS CARGA CONTRA EL PSOE POR LOS INDULTOS A PRESOS DEL PROCÉS

En este contexto, el senador de Mès per Mallorca, Vicenç Vidal Matas, ha sostenido que "consultar al pueblo nunca es un delito" y ha criticado que el PP intente retrotraerse 15 años atrás. "En democracia, la participación, cuanto más mejor. Debemos avanzar en participación. No basta con votar cada cuatro años", ha afirmado.

Así, la senadora de Ciudadanos Lorena Roldán ha defendido la importancia de "recuperar" el delito para evitar que el independentismo "intente hacer pasar por democrático lo que no es más que una imposición totalitaria". "No lo olviden, el separatismo ha utilizado el referéndum como fin y no como un medio", ha añadido.

En esta línea, Roldán ha lamentado que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya adelantado que la próxima semana se tramitarán los indultos a los presos del procés. "Ni indultos ni privilegios de ningún tipo para personas que cometieron delitos gravísimos y que pisotearon los derechos de la mitad de los catalanes", ha exigido.

A juicio del senador del PNV Imanol Landa, "ni la judicialización política es el camino ni la aplicación del código penal es la solución". "Es innegable que será la política, sustentada en el diálogo y el acuerdo, la que posibilitará la salida al conflicto. ¿Cuándo se va a abordar con madurez democrática esta cuestión", se ha preguntado.

El Tribunal Supremo ha citado para el 1 de octubre al magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Fernando Valdés para que declare por la investigación abierta en su contra por un presunto delito de maltrato a su mujer.

El magistrado del Supremo Andrés Martínez Arrieta --instructor del caso-- también ha citado en la misma fecha para declarar como testigos a la mujer de Valdés, dos particulares, un médico del SUMMA, los miembros de la Policía Local de Majadahonda que intervinieron en el incidente y a cinco guardias civiles destinados en el municipio madrileño.

La citación llega días después de que Valdés solicitara acogerse a una baja por motivos de salud que le apartará temporalmente de las deliberaciones del TC, ya que se encuentra ingresado en un hospital de Madrid desde hace varios días.

Fuentes del entorno del magistrado han indicado que éste espera recibir el alta hospitalaria en una semana, por lo que en principio no tiene previsto solicitar un aplazamiento.

Valdés, magistrado del TC desde 2012 a propuesta del PSOE, fue arrestado el pasado 11 de agosto por agentes de la Guardia Civil en su domicilio de Majadahonda, después de que unos vecinos llamaran a la Guardia Civil tras escuchar una fuerte discusión con su mujer en el interior de la vivienda.

Estuvo detenido unas horas pero finalmente la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda acordó su puesta en libertad sin fianza tras valorar la salud y la edad de Valdés, de 75 años, y en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Aunque inicialmente el asunto recayó sobre este juzgado de Majadahonda, especializado en Violencia Sobre la Mujer, el magistrado está aforado ante el Supremo, de modo que la Sala Segunda (de lo Penal) del alto tribunal es la única que puede investigarle.

"BASE INDICIARIA SUFICIENTE"

El pasado 15 de septiembre, la Sala Segunda abrió una causa penal a Valdés al apreciar indicios de la comisión de los delitos de maltrato recogidos en los artículos 153.1 y 153.3 del Código Penal, misma posición adoptada por el juzgado de Majadahonda y la Fiscalía.

A criterio de dicha Sala, las declaraciones de dos testigos y la de un agente, a pesar de las del propio Valdés y su esposa, "conforman una base indiciaria suficiente para descartar en este momento cualquier decisión diferente a la incoación de diligencias" para esclarecer los hechos.

Además de los interrogatorios a Valdés, su mujer y los testigos, entre las pruebas a practicar por el Supremo estaría un informe pericial sobre los efectos en el magistrado de la medicación que toma por la enfermedad que padece.

El Tribunal Constitucional ya ha salido de manera oficial en defensa del magistrado y ha apelado a respetar el derecho fundamental a la presunción de inocencia "mientras continúe el procedimiento judicial en curso".

La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar el próximo mes de noviembre a un hombre para el que la Fiscalía solicita 12 años de prisión por presuntamente comprar con 'bitcoins' vídeos de pornografía infantil y al que, además, supuestamente le intervinieron en su ordenador miles de archivos de contenido pedófilo, entre ellos uno de su sobrina desnudándose.

Esta investigación, según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, fue fruto de la colaboración internacional de la Guardia Civil con la Agencia Policial dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre un portal web de la denominada 'Dark Net' o 'red oscura'.

El acceso a dicha página, señala el ministerio público, requería que sus usuarios pagaran con 'bitcoins' o subieran archivos de pornografía infantil, determinando los investigadores que el acusado realizó, supuestamente, "al menos cuatro pagos a la plataforma" en mayo de 2016 y también presuntamente subió vídeos entre junio de dicho año y diciembre de 2017.

En el registro del domicilio del procesado y de sus ordenadores se localizaron almacenados "miles de archivos conteniendo pornografía infantil", indica esta acusación en su escrito, apuntando que algunos de los vídeos subidos a la plataforma eran "especialmente degradantes o vejatorios". Según los informes, consta que desde 2016 al menos 189 archivos "fueron descargados y distribuidos por el acusado".

Además, se localizó un vídeo de su sobrina cuando esta tenía 13 o 14 años, que fue grabada por una cámara "sin que se diera cuenta cuando se desnudaba para cambiarse de ropa", según ha puesto de manifiesto la investigación; hechos que fueron denunciados en septiembre de 2019.

Para el fiscal, se trata de un delito de distribución y posesión de pornografía infantil "especialmente degradante" y de otro de producción de este tipo de pornografía; solicitando que se le imponga al acusado la pena de nueve años de prisión por el primero y tres años por el segundo.

Asimismo, la acusación pública insta a que se le impongan la medida de libertad vigilada de nueve años y que se le prohíba al acusado desempeñar empleo o profesión relacionado con menores durante el mismo periodo de tiempo.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado que finalmente el Rey no vaya a Cataluña a entregar los despachos a los nueves jueces, un acto al que no había faltado ningún año, y ha culpado de ello al Gobierno de Pedro Sánchez, ya sea por no garantizar la seguridad del jefe del Estado en una parte de España, lo que tacha de "tercermundista", o bien por ceder ante los independentistas que protestan ante Felipe VI, lo que juzga "inadmisible".

En declaraciones en el Congreso, Casado ha señalado que el PP ya ha pedido explicaciones al Gobierno por este episodio pues considera que en "una nación centenaria" y la cuarta economía del euro no encajan las explicaciones que han trascendido.

El líder del PP espera que "no sea verdad" que el Gobierno considere que la Policía y la Guardia Civil no son capaces de proteger la seguridad del jefe del Estado en Cataluña, pues sería "algo vergonzoso" que situaría a España a un nivel de países tercermundistas

A su juicio, más bien parece que "el Gobierno cede ante los independentistas y no permite que el Rey de todos los españoles no pueda entregar los despachos" en Cataluña, un boicot que ya pasó con los premios Princesa de Girona y que se intentó en la ronda de viajes de los Reyes por las distintas comunidades tras el estado de alarma derivado del coronavirus.

QUE PIERDAN TODA ESPERANZA

Casado ha querido dejar claro que la Monarquía parlamentaria se aprobó en la Constitución de 1978, con un "abrumador respaldo" en Cataluña, y que Felipe VI es Rey porque así lo decidieron las Cortes Generales hace seis años, por lo que ha recomendado "perder toda esperanza" a quienes piden su abdicación y cuestionan la Jefatura de Estado. "El PP no lo permitirá", ha enfatizado.

En todo caso, el líder del PP considera que "el culpable de esto es Pedro Sánchez, que calla y otorga para seguir en el poder", y "eso es algo absolutamente inadmisible".

El PNV llevará al Pleno del Congreso de la próxima semana su proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana impulsada por el PP en la etapa de Jorge Fernández Díaz con el fin de que, esta vez sí, esta pueda llegar a ver la luz, puesto que quedó varada hace dos legislaturas.

La llamada 'Ley Mordaza' por sus detractores, que contempla 44 supuestos con faltas que pueden ser sancionadas con hasta 600.000 euros, fue aprobada en 2015 en solitario por el PP y acabó recurrida en el Tribunal Constitucional por toda la oposición.

Contó con el rechazo de asociaciones y ONG al entender que vulneraba derechos de los ciudadanos, pero también cosechó el respaldo de la mayoría de organizaciones sindicales de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que exigen que se respete su derecho a la intimidad o que se sancionen las faltas de respeto a la autoridad.

La Cámara admitió a trámite en 2017 dos proposiciones de ley distintas para acabar con la 'Ley Mordaza': una presentada por el PSOE para suprimir toda la ley del PP y volver a la anterior legislación en la materia, que data de 1992 y que es la conocida como 'Ley Corcuera' por el entonces ministros del Interior socialista, y otra del PNV que modifica la ley vigente sin necesidad de retrotraerse a 1992.

SE LLEGÓ A MODIFICAR MÁS DE LA MITAD DE LEY

Finalmente, tras meses y meses de continuas ampliaciones de los plazos de presentación de enmiendas a ambas propuestas, la ponencia comenzó a trabajar en octubre de 2018 sobre la iniciativa impulsada por el PNV llegando a modificar más de la mitad de la ley 'popular', pero la decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones para el 28 de abril de 2019 provocó su paralización al poner fin la legislatura.

En la legislatura corta que siguió a esos comicios, el PNV volvió a registrar su proposición para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, pero también decayó con la disolución de las Cortes ante la repetición de las elecciones de noviembre de ese mismo año, e hizo lo propio el pasado mes de diciembre, con el inicio de la presente legislatura.

Y será en la sesión plenaria del próximo martes cuando la Cámara decida si acepta o no que el texto de los nacionalistas vascos comience de nuevo su andadura parlamentaria. Todo apunta a que así será porque es más que probable que el PSOE y Unidas Podemos lo apoyen.

De hecho, en su acuerdo para el Gobierno de coalición, ambos partidos pactaron sustituir la 'Ley Mordaza' por una nueva norma que "garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica".

Los forenses han calificado de "muy violenta" la muerte del cuerpo abandonado en un olivar entre las localidades de Herencia y Alcázar de San Juan en febrero de 2019.

Un cadáver que fue localizado por las indicaciones del acusado tras presentarse en la Comisaría de Ciudad Real a confesar que lo había matado después de una discusión y después había dejado el cadáver en el punto donde fue hallado.

Una conclusión expuesta en la tercera sesión del juicio con jurado popular que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

En este sentido, han explicado que las acciones realizadas en ambos escenarios, primero en el camino donde se produjo la primera agresión, pero sobre todo en el segundo, el olivar donde le propinó los hachazos, fueron muy violentas, tal y como revelan tanto las manchas y proyecciones de sangre halladas como las lesiones que descubrieron en la autopsia.

Unas lesiones, por otro lado que corroboran, en su opinión que la víctima debía de encontrarse inconsciente o semiinconsciente y por tanto no se pudo defender, han asegurado.

Otro dato que han revelado como conclusión al análisis de los escenarios y del cuerpo del fallecido es que este se encontraba vivo en el momento que se le propinaron los hachazos, un número, por otro lado que estiman en "un mínimo de 15" pero que no se han podido contabilizar con exactitud "al haberse perdido tejido".

Finalmente, los técnicos de la policía científica que analizaron las pruebas del crimen han concluido que la sangre hallada en ambos escenarios corresponde al fallecido y que se ha encontrado ADN del fallecido y del acusado.

CONFORMIDAD

La sesión ha concluido con un cambio en las conclusiones definitivas de las partes al haber alcanzado un acuerdo por el cual se han modificado las calificaciones de los delitos y las penas.

Así las tres partes han calificado los hechos como asesinato eliminando tanto la Fiscalía como la acusación particular el agravante del parentesco y manteniendo la atenuante de la confesión. Por su parte, la defensa ha abandonado su calificación de homicidio imprudente.

Precisamente en la confesión de los hechos por parte del acusado, a lo que se une lo "abrumadora" de la prueba, es en lo que se basa la defensa para haber modificado su calificación de homicidio imprudente a asesinato.

Así la petición de pena ha sido rebajada por Fiscalía y acusación particular --pedían 22 y 25 años respectivamente-- y aumentada por la defensa a 20 años.

A esto se suma la petición por todos ellos de seis meses de prisión por conducir sin carnet.

UNA ALEVOSÍA DE LIBRO

Tanto la fiscal como la abogada de la acusación particular se han mantenido en su convencimiento que los hechos ocurridos se tratan de un asesinato destacando la "alevosía de libro" con el que se perpetró, al encontrarse inconsciente la víctima.

Ambas han apelado tanto a la confesión del acusado en el que reconocía que el fallecido estaba inconsciente en el momento en el que le propinó los hachazos, a las conclusiones de los informes de los peritos que corroboran esta afirmación y al testimonio de la testigo.

Sobre el punto de abandonar en sus peticiones el agravante de parentesco, tanto fiscal como acusación particular han remitido a que no se ha podido conseguir ningún testimonio o prueba que certifique que acusado y víctima tuvieran una relación más allá de la amistad.

La acusación particular ha hecho hincapié a las continuas referencias al carácter hermético del fallecido, en los que han insistido varios miembros de su familia durante el juicio.

"HACER OTRA COSA NO ES DEFENDER, ES UNA TEMERIDAD"

Por su parte, el letrado del acusado ha defendido su papel tras cambiar las calificaciones provisionales de homicidio imprudente a asesinato.

"No les quepa la menor duda que se ha respetado el derecho a la defensa", ha manifestado al jurado, explicando que el propio acusado ha asumido los hechos y la alevosía con los que lo perpetró.

Algo que ha determinado a su vez la prueba forense, ha insistido, por lo que no se puede contradecir una realidad constatada, hacer otra cosa "no es defender, es una temeridad".

En este sentido, el letrado entiende que este es el mejor resultado que se puede conseguir. Ha justificado que la conformidad no ha aparecido de forma espontánea sino tras el mantenimiento de varias reuniones con las partes y con su defendido, pero que el juicio ha tenido que celebrarse al pedirse una pena superior a los seis años.

Finalmente el acusado no ha querido utilizar su derecho a la última palabra, por lo que este jueves se le dará al jurado el objeto del veredicto y se retirarán a deliberar.

La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ampliará a partir del próximo año las cuantías de la renta valenciana de inclusión para aquellas mujeres prostitutas que se encuentren en una situación de explotación sexual hasta equiparlo al importe del salario mínimo interprofesional, lo que supone ampliar la prestación en 300 euros.

Así lo ha anunciado este miércoles la vicepresidenta, Mónica Oltra, con motivo del Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas tras mantener una reunión con la presidenta de la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario Lares.

Al respecto, ha explicado que a través de la Ley de acompañamiento de los presupuestos se va a hacer una modificación para que en el caso de la renta valenciana de inclusión, el 70% del porcentaje del SMI establecido se amplíe hasta el 100% en el caso de las mujeres prostituidas que se encuentre en una situación de explotación sexual.

En su intervención, Oltra ha señalado que, a pesar de que no existen datos oficiales, se estima que cerca de 100.000 mujeres ejercen la prostitución en España, según los investigadores de la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE. En ese sentido, ha recordado que el Consell ya incluyó en la Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunidad Valenciana la explotación sexual como una violencia contra las mujeres.

Además, Oltra ha añadido que la pandemia ha puesto al descubierto "la gran vulnerabilidad en la que viven las mujeres prostituidas" que, tras decretarse el confinamiento, "se vio agravada porque muchas de ellas fueron abandonadas por sus explotadores en la calle sin lo básico para poder subsistir".

Por ello, ha recalcado la necesidad de ayudar a estas mujeres para que puedan acceder al SMI completo con el objetivo de facilitar "un proyecto de vida independiente alternativo que les permita salir de la situación de explotación sexual en la que viven y alejarse de la red de trata.

Para ello, ha apuntado que estas ayudas económicas deben ir acompañadas de "una actuación integral que va de la información y el asesoramiento en materia social, sanitaria, formativa y laboral, a la promoción de su autonomía a través de un itinerario con estrategias y redes de apoyo que les facilite retomar una vida independiente en la que ellas sean quienes elijan su propio camino".

En ese sentido, ha explicado que las situaciones de explotación sexual "son objeto de intervención por parte de la Red de Centros Mujer de la Generalitat en todo el territorio de la Comunitat", siguiendo el Protocolo Nacional y autonómico de trata. Así, se ofrece a estas mujeres un acogimiento residencial acompañadas por educadoras sociales especializadas en el trabajo con víctimas de trata.

Oltra ha incidido en que para erradicar la prostitución es necesaria una buena educación en valores de "igualdad y respeto", sensibilizar a la sociedad y una legislación "más potente contra proxenetas y consumidores".

En esta línea ha recordado que desde el Consell se ha legislado para no subvencionar aquellos medios de comunicación que incluían anuncios de prostitución, "una medida sencilla y efectiva que ha supuesto que no haya periódicos que los sigan manteniendo".

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha dejado sin efecto este miércoles la progresión al tercer grado penitenciario de Iñaki Urdangarin. Así se recoge en dos resoluciones que la Audiencia de Palma ha dictado este miércoles.

En una primera resolución, la Sección Primera estima el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra el auto de 3 de septiembre dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid sobre la clasificación de grado de Iñaki Urdangarin.

La Sala revoca la decisión del Juzgado y, por tanto, deja sin efecto la progresión al tercer grado penitenciario, y se mantiene así el segundo grado.

De acuerdo la Audiencia de Palma, "no se desprende de la conducta global del interno una evolución suficientemente favorable, por el momento, que permita inferir una capacidad para llevar en lo sucesivo un régimen de vida en semilibertad".

Por otra parte, en la segunda resolución dictada este miércoles, la Sala estima el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto del pasado 13 de agosto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid.

En el auto, relativo a las salidas los fines de semana de Urdangarin, la Sala estima que la concesión del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario es "prematura".

El abogado de Iñaki Urdangarin en el caso Nóos, Mario Pascual Vives, defendió este martes que la Audiencia de Palma rechazara el recurso de la Fiscalía y concediera el tercer grado penitenciario a su cliente, como ya tienen el expresidente balear Jaume Matas y su exsocio Diego Torres.

En una entrevista de Europa Press, Pascual lamentó que "otras personas en igualdad de circunstancias y de trato lo tienen desde hace meses. Es difícil de entender e incluso de aceptar" esta diferencia, dijo en alusión a los también condenados por el caso Torres y Matas.

Los portavoces de Ciudadanos (Cs), PDeCat, Unidas Podemos (UP) y PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han mostrado su oposición al borrador del real decreto de ayudas a los ayuntamientos, que el Ministerio de Hacienda ha establecido en 3.000 millones de euros para paliar las arcas municipales por la pandemia de coronavirus.

Tras una reunión que han mantenido los portavoces de la FEMP para abordar una postura común sobre este borrador de real decreto al que se oponen y que solo cuenta con el apoyo de PSOE, el portavoz del PP y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha indicado que "parece que algo se mueve en la FEMP".

Al respecto, ha argumentado que al final de la mañana podrían elaborar un comunicado, en el que cuatro de los cinco portavoces trasladarán su rechazo a esa última propuesta del fondo para los ayuntamientos, después de que decayera en el Congreso de los Diputados la votación del primer real decreto con 5.000 millones condicionados a la cesión de los remanentes.

Los cuatro portavoces le han pedido al presidente de la FEMP, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que "ejerza como tal porque es necesario que empiece a representar a todos los alcaldes de España y no solo del PSOE", ha precisado Azcón.

En rueda de prensa, el regidor zaragozano ha explicado que uno de los avances en el seno de la FEMP es que Unidas Podemos se opone a ese fondo de 3.000 millones y frente al cambio de la abstención por el voto a favor que emitió en la convalidación del primer real decreto en esta ocasión se opone.

"Los que dice Unidas Podemos en la FEMP es que no está dispuesta a validar ni en el Consejo de Ministros, ni en el Congreso de los Diputados el borrador del Ministerio de Hacienda, pero lo tienen que decir ellos".

POSIBLE SEGUNDA DERROTA DEMOCRÁTICA

Ha destacado que el cambio que se ha producido en esta reunión es que "se visualiza que cuatro partidos de los cinco de la FEMP redactarán un comunicado en el que dice que, en ninguno de los casos el borrador de ayudas tendría un mayoría en el Congreso" en caso de que se apruebe en el Consejo de Ministros.

"Que no lo aprueben en el Consejo de Ministros porque podrían volver a sufrir una derrota democrática e histórica por segunda vez y queremos abrir un nuevo periodo de negociación para mejorar lo que ofrecía la ministra Montoro, que es insuficiente. Si se lograr mejorar en términos de justicia estoy convencido de que el acuerdo es absolutamente posible".

Jorge Azcón ha contado que en la reunión de la Junta de Portavoces de la FEMP se ha vuelto a insistir para negociar con el Ministerio de Hacienda, y Abel Caballero se ha comprometido a mediar para convocar esa mesa de diálogo, "que se necesita de forma inmediata entre alcaldes y el Ministerio de Hacienda para solucionar las ayudas a los ayuntamientos que empieza a ser apremiante".

Ha subrayado que una mayoría de alcaldes está en contra del borrador del real decreto de ayudas de Hacienda y no es suficiente. "La mayoría pensamos que no contaría con una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados y hay que mejorarlo".

PROPUESTA DE CUATRO PARTIDOS DE LA FEMP

Esa mejora pasa por incluir las medidas contables del ejercicio presupuestario de 2020, como la regla de gasto y el uso de remanentes; el fondo incondicionado de 5.000 millones de euros en el que la población sea un criterio de distribución y también se contemple a las áreas más despobladas; y otro fondo para el transporte público de mil millones para los ejercicios 2020-21 porque los previstos de hasta 400 millones para 2020 -que no figuran en este nuevo borrador de real decreto- son insuficientes.

A su parecer, al PSOE "le resulta imposible firmar el manifiesto en contra del Gobierno, aunque hay sensibilidad en alcaldes socialistas que creen que es injusto el borrador", ha apuntado el edil de Zaragoza.

Su impresión es que hay margen de maniobra, al relatar que el primer real decreto otorgaba cero euros a Zaragoza porque el reparto era solo para ciudades con remanentes y, ahora, la situación es "radicalmente distinta" porque se parte de 3.000 millones sin el condicionante de los remanentes. "Apelo para que sean más y se mejore. La posición se ha movido mucho, pero no es suficiente para Zaragoza y hay margen de mejora".

Ha aclarado que la petición de los alcalde de disponer de un fondo incondicionado no tiene que ver con los remanentes, sino con las necesidades de las ciudades. "El fondo de 5.000 millones es insuficiente, pero 3.000 millones es indefendible y espero que el ministerio esté dispuesto a moverse porque lo necesitamos ya.

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles una moción de Vox que reclamaba que se establecieran penas de cárcel para los 'okupas' y se mejorara la protección de los "legítimos titulares de los derechos reales" sobre los inmuebles objeto de 'okupación'.

La iniciativa, consecuencia de la interpelación que esta formación dirigió hace una semana al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recibido el apoyo de PP, Ciudadanos y Foro Asturias, mientras que el PRC se ha abstenido.

El texto, defendido desde la tribuna por Víctor Sánchez del Real, instaba al Gobierno a promover la modificación del Código Penal con el fin de que "todas las modalidades de los delitos de usurpación de inmuebles sean castigadas con penas de prisión".

También le emplazaba a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para introducir estos delitos de usurpación en los que no concurre violencia o intimidación dentro de los recogidos en el artículo 795, de manera que se puedan resolver mediante juicios rápidos.

En paralelo, abogaban por modificar el artículo 553 en relación con los mismos delitos para dar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los instrumentos necesarios para poder proceder al desalojo de las viviendas, permitiéndoles entrar en las mismas sin autorización judicial previa para detener a los 'okupas'.

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 21 años y medio de prisión a Loreta V., la acusada de asesinar en compañía de su pareja a Natalia P. por una deuda de 700 euros en la pastelería que esta regentaba en El Ejido (Almería) en septiembre de 2014 antes de huir ese mismo día a Lituania, donde fue detenida cinco años después.

La sentencia tras el veredicto emitido por un tribunal de jurado, consultado por Europa Press, impone a la acusada 18 años de prisión por el delito de asesinato y otros tres años y medio por un delito de robo con fuerza, ya que tanto ella como Viktoras K. -quien falleció antes de ser juzgado por estos hechos- se apoderaron de varios efectos como un ordenador, dinero, un teléfono móvil y unos pendientes antes de abandonar el establecimiento.

Además de las penas de prisión, el magistrado Luis Columna condena a la acusada al pago de una indemnización de 140.464 euros a favor de la hija de la víctima, a la que no podrá acercarse a menos de 500 metros ni comunicarse por un periodo de 25 años, según el fallo contra el que cabe recurso de apelación ante el TSJA.

Ante los hechos declarados probados por el jurado, la resolución judicial señala que tanto la acusada como su pareja acudieron a la panadería Berenguel sobre las 19,00 horas del 13 de septiembre de 2014 para reclamar a la víctima una deuda de 700 euros, según se desprende de las discusiones que día antes habían mantenido sobre este asunto, según varios testigos.

La acusada y su acompañante, en un momento dado, cerraron la puerta del establecimiento por dentro, subieron el volumen de la música y llevaron a cabo la agresión en la trastienda, de forma que ninguno de ellos abandonó el local hasta que la víctima ya había fallecido.

El jurado destacó en este sentido la declaración de una testigo que, desde el escaparate, aseguró ver a una "mujer rubia de pelo largo dirigirse hacía el equipo de música y subir el volumen", toda vez que la panadería se encontraba cerrada, ya que ella intentó entrar y no pudo hacerlo a pesar del tiempo que estuvo en la puerta.

Asimismo, se desechó la versión de la acusada, quien afirmó que cuando se inició la agresión ella abandonó el comercio para refugiarse en el coche y no pudo ver nada, puesto que los informes policiales "constatan que se encontró el ADN de Loreta V. en el lugar de la agresión", en concreto, en el cenicero que se empleó como arma para golpear a la víctima en la cabeza antes de estrangularla.

"La muerte ocasionada por estrangulamiento, tras ser anteriormente fuertemente agredida la víctima, y con golpes en la cabeza con un cenicero que ocasionaron graves lesiones en la cabeza es alevosa", concluye el magistrado-presidente, quien recuerda a partir de la declaración de los forenses que la víctima se encontraba "gravemente herida por las lesiones en la cabeza" por lo que no tuvo "posibilidad alguna de defenderse", lo que facilitaba a sus agresores causarle la muerte.

Junto a ello, la testigo también aseguró que, tras subir el volumen de la música, la "mujer rubia" volvió a la trastienda. Esta misma testigo aseguró que escuchó a la víctima gritar "me están matando" y las voces de al menos dos personas en el interior; un aspecto que también quedó respaldado por los agentes que realizaron la inspección ocular de la panadería, para quienes debió haber una desproporción de fuerzas durante la lucha, lo que hace pensar que hubo más de un agresor ante el "dantesco" escenario encontrado.

Del mismo modo, la exploración forense permitió determinar la existencia de restos genéticos de la acusada en las uñas de la víctima, en el suelo del almacén y en el arma homicida. "Cierto es que el jurado, no ha tenido prueba directa que determine la autoría de la acusada, pero se ha valido de indicios contundentes que le han permitido llegar a la conclusión de que la misma es autora material junto con su pareja", recoge el juez.

En cuanto al robo, el jurado declaró probada la sustracción de dinero y otros efectos, entre ellos el móvil de la víctima, al que llamó la hija de esta poco antes de hallar el cuerpo de su madre sin vida y que, a partir de las señales, fue localizado en la A-7 en dirección a Murcia coincidiendo con la marcha de la acusada y su pareja a Lituania esa misma noche.

Andalucía suma este miércoles 23 de septiembre 1.551 casos de coronavirus Covid-19 confirmados por PCR, la segunda mayor subida diaria desde el inicio de la pandemia, superando en solo un día la anterior marca que eran los 1.536 diagnosticados de este martes, según el parte de la Junta de Andalucía, que contabiliza 12 fallecidos en las últimas 24 horas, los mismos que la víspera.

Así las cosas, la región encadena dos días de récord en este aspecto. El máximo está en los 1.617 registrados el viernes 18 de septiembre. La cifra diaria de contagios de este miércoles supera también los 1.480 positivos del pasado sábado 19 y supone casi el doble de los 812 registrados este lunes 21.

La provincia que suma mayor número de positivos en las últimas 24 horas vuelve a ser Málaga, con 511, seguida de Sevilla, con 405. Bastante por detrás se sitúan Cádiz, con 200; Granada, con 133; y Córdoba, con 132. Por debajo del centenar figuran Jaén, con 75; Almería, con 60; y Huelva, con 35.

CUATRO MUERTES EN GRANADA Y TRES EN CÓRDOBA Y SEVILLA

Los 12 decesos de este miércoles, los mismos que la víspera, se concentran principalmente en las provincias de Granada con cuatro y Sevilla y Córdoba con tres, a los que se suman Cádiz y Málaga con uno cada una.

Por otro lado, los hospitales alcanzan los 1.019 pacientes ingresados, cinco menos en 24 horas y 87 más que hace una semana, de los que 136 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sin cambios en los últimos dos días y 15 más que hace siete días.

El Gobierno de Navarra no completa "hoy por hoy" un confinamiento de toda la comunidad ante el aumento de contagios de Covid-19 y en estos momentos tampoco baraja extender las medidas restrictivas adoptadas en Peralta a otros municipios, ya que "no hay otro municipio con una tasa" similar.

Además, el Ejecutivo anunciará el viernes si "se anulan, se mantienen o se introducen nuevas medidas" para toda Navarra, dado que ese día concluye la vigencia de la última orden foral en la que se incluían medidas como la reducción a seis personas en reuniones familiares y sociales o el cierre de piperos y bajeras.

Así lo ha señalado la consejera de Salud, Santos Induráin, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno en la que ha insistido en el llamamiento a la responsabilidad para reducir la tasa de contagios y "no llegar al invierno con estos índices".

Sobre las medidas adoptadas en Peralta, la consejera ha recordado que las medidas se van a revisar a los siete días para evaluar si procede extenderlas en función de la evolución y ha recordado que no cumplir el confinamiento conlleva sanciones.

Respecto a la posibilidad de extender las restricciones de Peralta a otras localidades, Induráin ha comentado que "no hay otro municipio que haya tenido una tasa de este tipo y una evolución tan rápida, mantenida y progresiva".

"Uno de los criterios tenidos en cuenta es la tasa de incidencia, que en el caso de Peralta era de más de 1.000 por 100.000 habitantes, y en este momento no tenemos ninguna otra zona básica con esta tasa", ha comentado.

No obstante, ha señalado que "hay otros municipios con tasas altas que estamos siguiendo también" y ha explicado que, por ejemplo, este jueves se va a realizar un cribado a más de 600 personas en Tudela.

Asimismo, la consejera de Salud ha manifestado que tampoco se está planteando el Ejecutivo un confinamiento de toda la comunidad, sino tomar medidas adaptadas a la situación. "Hoy por hoy no está encima de la mesa", ha aseverado.

Igualmente, ha explicado que el Ejecutivo está analizando y actualizando toda la normativa general que afecta a la Comunidad foral", cuya vigencia finaliza el viernes. Y ha afirmado que será ese día en el que anunciarán si continúan las últimas medidas adoptadas, como la reducción a seis personas en reuniones sociales y familiares, o si hay algún cambio.

En cualquier caso, la consejera ha querido dejar claro que "más allá de normas y de sanciones, que por supuesto están vigentes y pueden ser muy importantes para garantizar el cumplimiento de cuarentenas y aislamientos", está el compromiso "individual y colectivo" y ha pedido "una readaptación de nuestras conductas individuales y sociales".

En este sentido, ha incidido en que "es preciso disminuir al máximo todas las interrelaciones y actividades de riesgo" y ha fijado como reto "controlar los brotes en el ámbito social y familiar", ya que, según ha advertido, "no podemos llegar al invierno con estos índices".

Según ha señalado la consejera, aunque el dato general en estos momentos es de un 9,5% de ocupación hospitalaria, "lo cierto es que el equilibrio es complejo". Y ha remarcado que "los profesionales sanitarios nos piden que hagamos un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva". "Esto es un reto colectivo, de profesionales y de ciudadanía", ha subrayado.

DERIVACIONES A CENTROS PRIVADOS

Por otro lado, Induráin se ha referido a las derivaciones que se están realizando a centros privados y ha asegurado que "no responden a ningún riesgo de desborde o colapso sanitario, sino al objetivo de no desprogramar y seguir prestando una atención a patologías no Covid".

"Los ciudadanos tienen otros problemas de salud muy importantes que les afectan y que no tienen que ver con el Covid", ha subrayado la consejera, para señalar que "las derivaciones siempre se hacen sobre unas tarifas y costes pactados con la red privada" y que "en términos generales el coste es inferior al mismo servicio en el Servicio Navarro de Salud".

Según ha precisado, hasta el 17 de junio, en total se han realizado 354 derivaciones, 339 a planta y 15 en UCI a la Clínica Universidad de Navarra, Clínica San Miguel y a San Juan de Dios. El coste total abonado en concepto de asistencia ha sido de 2,9 millones.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, han reiterado su "firme compromiso" con la lucha contra la explotación sexual, con motivo de la celebración este miércoles del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños.

El objetivo del Gobierno, según precisan en un comunicado, es conseguir "la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres" y precisan que esto requiere "la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, en particular, la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual", con medidas adicionales para "mujeres en contextos de prostitución".

Durante la reunión, la ministra de Igualdad y el ministro de Justicia también han ultimado el texto del Anteproyecto de Ley Orgánica de Libertades Sexuales, de la que ambos ministerios son coproponentes.

El anteproyecto continúa su tramitación para su evaluación a través de los órganos consultivos como el Consejo Fiscal, el Consejo Económico y Social, el CGPJ y el Consejo de Estado, llegando finalmente al Consejo de Ministros para su aprobación, antes del debate en el Congreso de los Diputados.

Previamente, en la fase de audiencia e información pública, se recogieron aportaciones de numerosos colectivos sociales y organizaciones feministas, así como las valoraciones de otrosdepartamentos ministeriales y CCAA.

Por otra parte, Montero y Campo han puesto en valor los instrumentos desarrollados por España para mejorar la coordinación y la colaboración interinstitucionales y la participación de las organizaciones de la sociedad civil, "cumpliendo los compromisos y estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y de erradicación de la violencia de género, que sitúan a España como referente internacional.

El PDeCAT ha considerado este miércoles que la decisión del Gobierno de empezar la tramitación de los indultos para los presos independentistas es un "parche" y ha defendido la amnistía como solución para poder entablar una diálogo que permita encontrar una salida al conflicto catalán.

En un comunicado, creen que cualquier iniciativa que permita que los presos independentistas dejen de estar en prisión es un avance, pero opinan que no se hará justicia porque, a su juicio, no cometieron ningún delito: "Es un parche, no resuelve el problema político de fondo".

Tras acusar al Estado de hacer desde 2017 una aplicación arbitraria del derecho penal contra el independentismo, han asegurado que la posibilidad de que los presos dejen la cárcel "es una medida de carácter humanitario y también un eslabón que permitiría construir un proceso real de diálogo con el Estado para buscar una solución política real a un conflicto democrático profundo".

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha asegurado que se va a tomar "todo el tiempo que haga falta" en demostrar que la vacuna, o las vacunas, contra el nuevo coronavirus son "seguras" para las personas.

El ministro, que se ha pronunciado así durante una visita al Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, ha recordado que tienen que desarrollarse varias vacunas contra el Covid-19 y que habrá que analizar cuál de ellas es la "mejor".

"Lo que no se va a hacer nunca es jugar con la seguridad. Es posible que los fabricantes nos proporcionen las vacunas, porque ya las están fabricando, pero a las personas no se les va a dar hasta que no se garantice que sean seguras y para ello se va a tomar el tiempo que haga falta", ha recalcado Duque.

Dicho esto, el ministro de Ciencia ha comentado que en España se están realizando 12 proyectos sobre vacunas y que dentro de "bastante poco" va a empezar un ensayo clínico con una vacuna desarrollada por investigadores españoles. "Una vez se demuestren que son seguras, ya se comenzará a ver a quién hay que empezar a suministrárselas", ha enfatizado.

Por otra parte, y respecto a la situación actual de la pandemia en España, Duque ha reconocido que se está "al principio" de la segunda ola, por lo que ha destacado la importancia de que "entre todos" se realicen esfuerzos para evitar que se parezca a la de marzo.

"Los ciudadanos tienen que ser muy estrictos a la hora de aplicar las medidas que nos piden las autoridades sanitarias, y las autoridades sanitarias tienen que ir por delante de los problemas que puedan estar surgiendo. No obstante, y aunque existe una preocupación, creo que lo estamos haciendo bien y que conseguiremos que la curva no sea como la de marzo", ha zanjado Duque.

El secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, ha fijado para 2021 la llegada del AVE a Galicia, remitiéndose a los plazos dados ya a este respecto por el Gobierno. "Será algo gradual, por etapas", ha sentenciado a preguntas de los periodistas.

En una visita a la obra de la glorieta de A Rocha, en Cambre (A Coruña), ha asegurado que la infraestructura de alta velocidad está "en sus momentos finales" con el tramo Zamora-Pedralba "construido" y pendiente "de la aprobación para su puesta en servicio".

"Lo que barajábamos", ha dicho al ser preguntado sobre la fecha del AVE en Galicia. "La llegada a Ourense planteábamos para el próximo año y Zamora-Pedralba va ser inminente", ha manifestado, además de recalcar que el Gobierno es el "máximo interesado" en poner en servicio esta infraestructura.

El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha realizado estas manifestaciones en su visita a la obra de la glorieta de A Rocha, en un acto en el que han estado presentes también el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada; la subdelegada en A Coruña, Pilar López-Riobóo, y el alcalde de Cambre, Óscar García.

Sobre esta obra, la ha puesto como un ejemplo de las actuaciones en materia de "movilidad de proximidad" que pretende impulsar el Ministerio. Por otra parte, ha avanzado que estará finalizada antes de fin de año, aunque la glorieta se encuentra ya operativa. "Son actuaciones con un impacto directo en el ciudadano", ha remarcado.

AMPLIACION ALFONSO MOLINA

En otro orden de cosas, y preguntado por la ampliación de Alfonso Molina ha manifestado que la comunicación con el ayuntamiento herculino es "fluida. También ha dicho que se está intentando "priorizar y adaptar" la primera fase, de las tres que incluye el proyecto. "La referida a la pasarela de Pedralonga, están en fase de revisión los proyectos para que sea cuanto antes una realidad", ha expuesto.

Por otra parte, coincidiendo con la presencia del secretario general de Infraestructuras en Galicia, el delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, ha instado al delegado del Gobierno a que "aproveche" esta visita "para recordarle que lleva un año de retraso en la licitación de las obras de la estación intermodal de A Coruña".

"En junio de 2019, Javier Losada anunció la licitación inminente de esta obra por parte de Adif". "Un año después, lo único que tenemos son excusas y anuncios de actualizaciones del proyecto para justificar lo injustificable", añade en un comunicado.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha explicado este miércoles que se ha acogido a su derecho de no declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en su segunda causa por presunta desobediencia porque considera que no es un tribunal neutral y que "la sentencia ya está escrita".

En declaraciones a los periodistas desde el Palau de la Generalitat acompañado del abogado Gonzalo Boye después de su comparecencia en el TSJC en las que se ha negado a contestar a preguntas que no fueran de su causa judicial, ha enmarcado esta segunda causa dentro de la "persecución política que hay contra los independentistas catalanes", por lo que cree que no será un juicio justo.

"Yo le he dicho al magistrado que aquel no era un tribunal neutral, que dijera lo que dijera, y haga lo que haga, esta sentencia ya está escrita y que, por tanto, me acogía a mi derecho de no declarar", ha afirmado.

El jefe del Ejecutivo catalán ha definido el TSJC como "el Tribunal Superior de Justicia en Cataluña, que es un tribunal español y no es un tribunal neutral", y ha insistido en que muchos de sus magistrados no deberían poder juzgar a dirigentes independentistas porque se han manifestado públicamente en contra de la independencia.

"Está lleno de magistrados que nos juzgan cuando no deberían ni atreverse a juzgarnos porque están claramente inmersos en causas de incompatibilidad. Todos ellos han manifestado que están en contra de manera muy clara de la independencia de Cataluña", por lo que ve una obviedad decir que el TSJC no es neutral.

Torra también ha subrayado ante el juez que él es independentista y que "la causa del independentismo es una causa justa y es una causa de una minoría nacional".

"Digamos lo que digamos y hagamos lo que hagamos seremos juzgados y condenados porque es una causa contra el independentismo catalán", ha añadido.

DECLARACIÓN BREVE

El presidente ha asegurado que ha sido una declaración muy breve porque el mensaje que tenía que transmitir ante el tribunal era muy sencillo: "Finalmente le he dicho que estaba seguro de que, tanto él como yo, teníamos mucho trabajo y mejor que lo dejáramos allí. Y que él se dedicara a su trabajo y yo tengo mucho", y ha señalado que después tiene una reunión de coordinación por la pandemia, que dice que es el tema que le preocupa ahora mismo.

"Ha sido una declaración breve pero una declaración que explica muy bien la situación en la que estamos inmersos el independentismo catalán. Espero que nos ayude a reflexionar todos juntos", ha concluido.

Al ser preguntado por si seguirá acudiendo a las citaciones judiciales por esta causa pese a considerar que la sentencia ya está escrita, ha avisado de que no quiere perder ninguna oportunidad para decir ante los jueces que se trata de una "persecución" contra el independentismo y ha expresado su voluntad de llegar hasta el final.

RESPETO INSTITUCIONAL

Torra ha destacado que en esta ocasión ha habido "respeto institucional" y ha recibido un trato adecuado por parte de los magistrados del TSJC, a diferencia del trato que, según él, recibió por parte del presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, en el juicio de la primera causa por desobediencia.

"Creo que las instituciones se deben tratar con esta corrección que no hubo en ese juicio", ha recriminado.

IRONIZA CON LAS BANDERAS

Torra ha comenzado su declaración en el Palau de la Generalitat ironizando sobre que solo había una 'senyera', a diferencia de la comparecencia del lunes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que estuvo acompañada de 24 banderas españolas y de la comunidad: "Perdonad que solo hemos encontrado una bandera catalana, no hemos podido encontrar 23 más.

También ha mandado su pésame al exconseller Jordi Turull por la muerte de su padre y ha lamentado que haya ocurrido estando él en la cárcel: "Parece mentira hasta qué punto los tiempos que estamos pasando no son tiempos de justicia, sino de venganza. Que un hijo tenga que ver como su padre enferma y acaba muriendo desde la cárcel, son momentos muy duros".

Asimismo, ha recordado que este miércoles hace un año de la detención de varios miembros de los CDR acusados de terrorismo: "Esa operación buscaba aterrorizar a la población catalana y no lo consiguió".

Vox ha adelantado este miércoles que acudirá a la Justicia si finalmente el Gobierno indulta a los condenados en el jucio del 'Procés' como ha anunciado en el Congreso el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Campo ha revelado que la próxima semana se iniciará la tramitación de estos indultos reclamando los informes del tribunal sentenciador y la Fiscalía, algo que Vox considera "ilegal" y que ya ha adelantado que combatirá judicialmente a través de la vía contencioso-administrativa.

La portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, cree que este anuncio demuestra que el Gobierno "social-comunista" de Pedro Sánchez ha permitido "la consumación del golpe de Estado que se perpetró en Cataluña en 2017" con el objetivo de "mantenerse en el poder".

Según ha denunciado, primero lo hizo "por la puerta de atrás" con la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario "y ahora formalmente a través del instituto de indulto".

"Como de concederse será claramente ilegal, podemos asegurar es que defenderemos la ley con todas las acciones legales a nuestro alcance", ha adelantado Olona, abogada del Estado.

El PP sostiene que detrás de la tramitación de los indultos a los condenados por sedición tras el 1-O hay un "gesto político" vinculado con los Presupuestos Generales del Estado. Así, considera que "es parte del precio que paga Pedro Sánchez" por sacar adelante esas cuentas públicas y ya anuncia que va a estar "vigilante" para que se cumpla el Estado de Derecho, según han informado fuentes de la dirección nacional del partido.

Así se han pronunciado la formación que preside Pablo Casado después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya anunciado que los indultos para los condenados en el juicio del 'procés' comenzarán a tramitarse la próxima semana.

"En cuanto a este Ministerio se refiere (...), también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene", ha dicho Campo en respuesta a la pregunta de la portavoz de Junts per Catalunya (JXCat) en el Congreso, Laura Borràs, sobre "la deriva" de la justicia española.

"AL GOBIERNO SE LE CAE LA MÁSCARA"

En la dirección del PP consideran que al Gobierno de Pedro Sánchez "se le cae la máscara", dado que "por primera vez, reconoce que va a tramitar indultos a aquellos que intentaron dar un golpe a la legalidad".

"Es parte del precio que paga Sánchez por la investidura y por los Presupuestos", aseguran desde 'Génova', que creen que con este paso "canjean estar en el poder a cambio de impunidad a quienes trataron de acabar con la Constitución y la legalidad vigente".

Fuentes del PP han subrayado que al anuncio del ministro de Justicia se añade "la inmediata reforma de los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal que el Gobierno ya ha anunciado en beneficio de los condenados por el 1-O" o que se haya "excluido al Rey de la entrega de despachos a los jueces".

Además, los 'populares' relacionan este paso a la negociación que ha abierto el Gobierno con Bildu "incumpliendo su palabra" y al "acercamiento de presos etarras al País Vasco" en estas últimas semanas.

Por eso, el PP ha anunciado tras las palabras del ministro de Justicia que va a estar "vigilante y pendiente" de lo que ocurra con los indultos, defendiendo Constitución, el Estado de Derecho y la igualdad entre españoles. "Si Sánchez no defiende España, lo hará el PP", ha resaltado.