La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado que se busque "destruir lo que funciona" y posicionar al Rey Felipe VI como "fuente de discordia".

"Quieren que el Rey sea fuente de discordia hasta acabar con lo que hemos construido juntos. Pretenden destruir lo que funciona y no solucionar lo que va mal. Ahora más que nunca, con el Rey y con la España de todos", ha escrito la dirigente autonómica en su cuenta de Twitter.

Este mismo viernes, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha tildado de "insostenible" la posición de la monarquía, a la que recrimina incumplir el principio de neutralidad que marca la Constitución y maniobrar "contra el Gobierno democráticamente elegido.

Así lo ha indicado en redes sociales el también líder de IU en referencia a la polémica ausencia del Rey Felipe VI del acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebra en Barcelona. El propio monarca ha telefoneado al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para comunicarle que le "hubiese gustado" acompañarle en el acto.

"La posición de una monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la Constitución que impone su neutralidad, mientras es aplaudida por la extrema derecha es sencillamente insostenible", ha lanzado en un comentario en redes sociales.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado que al Ejecutivo le compete "refrendar políticamente" las actuaciones y posiciones que mantiene el Rey, pero no ha querido aclarar los motivos que justifican la ausencia de Felipe VI en el acto judicial en Barcelona, y ha hablado de "razones del día a día", que "se han convertido en novedad política por una razón ajena al Rey y al Gobierno de España".

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) han manifestado hoy su "apoyo incondicional" a la Constitución española y a la Monarquía Parlamentaria, al tiempo que ha mostrado su "rechazo más absoluto" a que desde algunas instancias del país "se busque dividir y confrontar a la sociedad española".

El comunicado de los empresarios se ha producido después de las críticas realizadas en sendos 'tuits' por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en las que acusan al Rey de romper su "neutralidad política" e incluso de "maniobrar contra el Gobierno" tras la llamada del Monarca al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, manifestándole que le hubiese gustado acudir a Barcelona, tras decidir el Gobierno no refrendar la presencia de Felipe VI.

Tanto CEOE como Cepyme han resaltado que España "más que nunca, necesita en estos momentos de crisis, unidad, estabilidad y confianza".

"Mostramos nuestro rechazo más absoluto a que desde algunas instancias de nuestro país, con declaraciones contra el Jefe del Estado, se busque dividir y confrontar a la sociedad española", han aseverado las organizaciones.

En esta línea, los organismos han advertido de que "aquellos que no caminen en esta dirección solo conseguirán postergar y hacer más difícil la recuperación económica y social que tanto ansiamos todos".

Desde CEOE y Cepyme insisten en que la seguridad jurídica es básica para el buen funcionamiento de la economía porque aporta la confianza necesaria para que las empresas españolas desarrollen su actividad en un marco predecible. "Esta estabilidad pasa necesariamente por el respeto de todos a las instituciones del Estado", apuntan.

"En este sentido, las empresas españolas queremos trasladar expresamente nuestro apoyo a S.M. El Rey Felipe VI, al que agradecemos su dedicación a nuestro país y su papel fundamental e indispensable a la hora de respaldar a nuestras empresas, especialmente en estos últimos meses de crisis", recoge el comunicado.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, tendrá margen para activar el reloj de las elecciones y para ajustar el calendario electoral después de la posible inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, según el informe del Gabinete Jurídico de la Generalitat sobre las consecuencias de esta inhabilitación, recogido por Europa Press.

Como establece la Ley de Presidencia, al hacerse efectiva la inhabilitación, se abre un plazo de 10 días para que Torrent inicie una ronda de contactos con los grupos para proponer un nuevo candidato para sustituir a Torra, pero, en el probable caso de que no haya ningún candidato posible, el informe establece que el Parlament deberá convocar un pleno para comunicarlo, lo que equivaldría a una investidura fallida y pondría en marcha el plazo de dos meses para la convocatoria automática de elecciones.

Sin embargo, el informe jurídico de la Generalitat señala que Torrent no está obligado a convocar este pleno justo al terminar el plazo de 10 días, sino que podría tener días de margen, lo que permitiría poder ajustar el calendario de las elecciones y, por ejemplo, hacerlas coincidir en domingo.

"El cómputo de los dos meses previos a la disolución del Parlament podría no comenzar automáticamente a partir del 11 día del 'hecho 'causante', sino que, de hecho, como dice la norma, comienza después de la votación en pleno de una investidura fallida, que puede ser más allá de los 10 días", argumenta el informe.

Después de este pleno equivalente a una investidura fallida se abriría el plazo de dos meses que, si no se inviste a ningún presidente, se convocarían elecciones de manera automática a través de un decreto que firmaría el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en funciones de presidente interino.

El informe aclara que esta firma no es una decisión de Aragonès, sino que simplemente debe "constatar" que se ha agotado el plazo sin que haya un nuevo presidente y, como marca la ley, se convocan elecciones de manera automática a los 54 días, como marca la Loreg.

CESE DE TORRA

Otro de los aspectos que aborda el informe es en qué momento se hace efectiva la inhabilitación de Torra y el Gabinete jurídico de la Generalitat concluye que es cuando Torra reciba la notificación de la sentencia firme por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Después de este momento, para dar seguridad jurídica, el cese de Torra se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) --con la firma del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Rey Felipe VI-- y en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) de manera simultánea.

Posteriormente, el Govern publicará otro decreto en el Dogc en el que establecerá que Torra es sustituido de manera interina por Aragonès y, por tanto, asume las funciones de presidente de la Generalitat, con las limitaciones que marca la ley a un Ejecutivo en funciones, como la imposibilidad de convocar elecciones o modificar el Govern.

Sin embargo, cabría la posibilidad de que en posteriores decretos Aragonès podría delegar funciones del presidente en otros consellers.

PERSONAL EVENTUAL

El informe también determina en qué situación se encontrará el personal de la Generalitat que pueda quedar afectado por la inhabilitación del presidente y concluye que mantendrán sus puestos de trabajo porque "seguirán siendo necesarios para llevar a cabo el despacho ordinario de los asuntos públicos".

También hace referencia concreta al personal eventual que presta servicios al presidente y considera que su nombramiento fue competencia de la Conselleria de Presidencia, por lo que tampoco quedaría afectado.

La Guardia Civil ha abierto una investigación interna por las circunstancias que rodean a la muerte en Mancha Real (Jaén) de una mujer de 53 años degollada este viernes presuntamente por su hermano, de 52 años, y que tenía una orden de alejamiento.

La Guardia Civil ha revisado lo sucedido --como ocurre siempre en este tipo de sucesos-- y ha comprobado que había una orden de alejamiento del agresor hacia la víctima. El juicio del quebrantamiento de dicha orden se ha celebrado esta misma mañana, quedando pendiente de sentencia.

Según ha informado a Europa Press el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 Andalucía, ha sido sobre las 17.50 horas cuando han recibido una llamada de la Policía Local de Mancha Real alertando del suceso en la calle Castilla, dando traslado a su vez a la Guardia Civil.

El hermano de la víctima se entregó en el cuartel de la Guardia Civil. Según las primeras indagaciones, la muerte se produjo en el transcurso de una discusión entre los hermanos. Fuentes de la investigación han señalado que tenían problemas familiares desde años atrás por cuestiones económicas.

Desde el 112 se dio aviso a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios, que se personaron en el lugar pero sin poder hacer nada para reanimar a la mujer, por lo que se han limitado a certificar la muerte.

Seguidamente el hermano de la víctima, que se había dado a la fuga del lugar de los hechos, se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil en Mancha Real, donde se instruyen las correspondientes diligencias.

El consejo de administración de Duro Felguera ha acordado convocar la junta general ordinaria el próximo 28 de octubre, en primera convocatoria, en el Palacio de Congresos del Recinto Ferial Luis Adaro, Gijón, y en segunda convocatoria, al día siguiente.

La sociedad ha señalado que, de momento, la junta será presencial, aunque permitirá la asistencia, representación y voto a distancia, ante la situación derivada de la pandemia, y avisará con al menos cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la junta general, si esta se celebrará de forma telemática y, en este caso, sin la asistencia física o presencial de accionistas, representantes e invitados.

En el orden del día remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía aprobará sus cuentas anuales y el estado de información no financiera y aprobará, en su caso, la gestión del consejo de administración correspondiente al ejercicio de 2019.

Asimismo, se procederá a la ratificación y reelección de varios vocales del consejo de administración, que son Rosa Isabel Aza Conejo, José Julián Gutiérrez del Álamo, Valeriano Gómez Sánchez y Jordi Sevilla Segura, todos ellos como consejeros independientes.

La sociedad también nombrará a Deloitte como auditores y su grupo consolidado para los ejercicios de 2020, 2021 y 2022 y se presentará la estrategia de crecimiento 2020-2025.

En el sexto punto del orden del día, se modificarán los estatutos sociales mediante la incorporación de nuevos artículos para recoger expresamente la habilitación conferida por el artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital respecto a la posibilidad de regular la asistencia telemática a la junta general de accionistas.

También se modificarán los artículos 16 y 41 para adaptar su redacción a los cambios introducidos por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, sobre información no financiera.

De su lado, los accionistas modificarán el reglamento interno del consejo de administración, se aprobarán la política de remuneraciones para 2021, 2022 y 2023 y se cambiará el apartado de la política en vigor para este año referida a la remuneración variable de consejeros ejecutivos, a fin de dar un mayor peso al componente variable.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha utilizado su intervención telemática ante la Asamblea General de Naciones Unidas para hacer un nuevo llamamiento a la unidad, un concepto que reclama desde hace meses a los partidos políticos en España pero que, esta vez, ha aplicado a la comunidad internacional.

En un discurso marcado por la pandemia de Covid-19 y grabado en el Palacio de la Moncloa, Sánchez ha advertido de que "otro virus recorre el mundo, el de la decepción, del hastío, del descrédito, incluso de la indiferencia", sobre todo entre los jóvenes, un virus que han "estado inoculando los propios gobernantes".

"Con cada nuevo desacuerdo entre nosotros, con cada incumplimiento de lo previamente acordado, con cada deserción de nuestros compromisos, de nuestras responsabilidades hacia el resto de los países", ha dicho.

Así, cree que "por inacción o por omisión", han permitido que "el desafecto y la desconfianza hacia la gobernanza se extiendan por el mundo" y "por indiferencia o por cobardía", han ignorado amenazas que "hoy afectan seriamente" a todos.

Y lo ha vinculado al "retorno de nacionalismos excluyentes", que se creían acabados, "de la xenofobia, de fantasías autárquicas, de autoritarismos impúdicos" y al "auge de liderazgos basados en la demagogia, en la mentira, en el fomento del odio, la confrontación".

Por ello, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que entienda la urgencia del momento histórico y vaya más allá de invocar la unidad en abstracto. "Tenemos el deber histórico,moral, urgente, ineludible de actuar unidos para dar al mundo el nuevo horizonte de crecimiento y de progreso que merece", ha afirmado y de "ofrecer un horizonte de esperanza a los jóvenes", unos jóvenes que hoy no "escuchan" porque consideran que los políticos no son "útiles".

SALVAR VIDAS Y EL PLANETA

"Hay que creer en la unidad. La unidad permite progresar conjuntamente. La unidad conjura conflictos. La unidad salva vidas. La unidad y solo la unidad puede salvar el planeta", ha dicho.

Sánchez ha comenzado su discurso citando al "enorme" escritor Benito Pérez Galdós, cuyo centenario se conmemora este año, para constatar que, tal como la pandemia ha demostrado, "es triste comprobar que sólo la desgracia hace a los hombres hermanos". El coronavirus, ha defendido, ha puesto de manifiesto la interdependencia de las naciones, y por eso todas deben actuar conjuntamente y tomar "decisiones concretas".

Y ha puesto como ejemplos de éxito el Protocolo de Montreal que obligó a reducir las emisiones de CFC y está permitiendo recuperar el agujero de la capa de ozono o el Tratado Antártico. "Cuando el mundo quiere, el mundo puede", ha dicho, parafraseando lo que él mismo dijo a finales de agosto sobre España.

Así, ha propuesto que el Foro Político de Alto Nivel de 2021 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible se celebre, excepcionalmente, a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, para acordar medidas urgentes.

Sánchez ha expuesto los que a su juicio son, junto a la pandemia, los grandes desafíos: la emergencia climática, la digitalización y sus consecuencias, la "superación de las desigualdades lacerantes y la pobreza" y la "plena igualdad entre hombres y mujeres y la extirpación de cualquier forma de discriminación en razón de género, raza o procedencia".

Sobre la igualdad de género, ha tenido palabras para las "jóvenes de blanco conquistando las calles en el este" (en alusión a las protestas en Bielorrusia) y a "jóvenes negras liderando manifestaciones en el oeste" (Estados Unidos). Y ha recordado los "sacrificios" de la activista por los derechos civiles Rosa Parks, la científica Marie Curie, la activista 'trans' Marsha P. Johnson y la feminista boliviana Domitila Barrios.

AVISA CONTRA LA EROSIÓN DE LA OMS, LA OMC Y LA UNESCO

En su opinión, la pandemia "recuerda la obligación, práctica,y también moral, de actuar unidos, unidas". Por eso, ha advertido de que la obligación de unidad "choca frontalmente con las posiciones de quienes cuestionan el sistema multilateral" y erosionan sus fundamentos".

No ha mencionado a ningún país, pero se ha preguntado cómo se puede "pedirle por ejemplo a la Organización Mundial de la Salud que lidere la respuesta frente a la pandemia de forma efectiva, si sus recursos se ven cada vez más mermados", una decisión que tomó EEUU.

En la misma línea, se ha preguntado cómo se puede "abogar por un mundo abierto, interconectado" si se "demoniza la inmigración" y se "revierten las reglas del comercio internacional" o cómo se puede "avanzar en la defensa de los derechos humanos, en la protección del patrimonio de la humanidad" si se da "la espalda a las iniciativas creadas al efecto".

Sánchez ha reconocido que el sistema de la ONU "necesita reformas y actualizaciones" pero ha defendido que "la única solución aceptable es la del perfeccionamiento" porque "el repliegue nacionalista y el proteccionismo", conducen a la desigualdad, al aumento de las tensiones y, en última instancia, al enfrentamiento".

Por eso, ha llamado a una "refundación de la arquitectura multilateral" a partir de cinco ejes, empezando por reforzar el sistema de salud global, dotando a la OMS de herramientas y garantizando el acceso equitativo a la vacuna del Covid como "imperativo moral, absoluto, innegociable".

Después, ha pedido revisar al alza los compromisos de ambición climática, un refuerzo del sistema multilateral para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, "defender más que nunca la democracia y los derechos humanos" y apostar por el multilateralismo financiero y facilitar la financiación a los países de renta media como los latinoamericanos.

En ese capítulo, también ha pedido acelerar el proceso de reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC), revisando las reglas que permitan reforzar las cadenas mundiales de producción y distribución, sin caer en el cierre de fronteras.

ALUDE A GIBRALTAR Y EL SÁHARA, PERO NO A VENEZUELA COMO EN 2019

Al mencionar el mantenimiento de la paz ha repasado algunos conflictos y ha incluido aquí una mención a Gibraltar, para subrayar que, ante el Brexit, España tiene "especial interés" en su estatus y que quiere "trabajar por el desarrollo de un área de prosperidad social y económica" en el Peñón y el Campo.

Y ha llamado "a cumplir con la doctrina de la ONU sobre Gibraltar, con la que España se alinea plenamente", ha dicho también, una forma de aludir a la reivindicación de soberanía que figura siempre en el discurso de España ante la Asamblea.

Del mismo modo, ha apostado por "una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable al conflicto del Sáhara Occidental, tal y como establecen las resoluciones del Consejo de Seguridad y en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas".

En cambio, no ha aludido a Venezuela, un asunto que sí mereció su atención en 2019, cuando reclamó desde la tribuna de la ONU la celebración de elecciones presidenciales libres como única vía para el retorno a la normalidad democrática.

Sí ha pedido "impulsar las negociaciones entre palestinos e israelíes para alcanzar un acuerdo de paz justo que preserve la solución de los dos Estados", "apoyar una salida dialogada al conflicto en Libia" y "devolver al Sahel la paz y la seguridad perdidas".

Y ha llamado a seguir "apoyando los esfuerzos de Naciones Unidas allí donde está teniendo éxito, como en Sudán" pero también en ámbitos donde hace falta un "respaldo unánime del conjunto de la comunidad internacional" como la lucha contra la proliferación de armas o la aplicación del acuerdo para frenar el plan nuclear iraní.

La Asociación Dignidad y Justicia ha presentado este viernes en la Audiencia Nacional una denuncia por un delito de enaltecimiento del terrorismo con la que pretende que el alto tribunal prohíba los numerosos actos convocados para el domingo en distintas localidades de Navarra y País Vasco con motivo del 'Gudari Eguna'.

Los hechos denunciados se refieren a la convocatoria realizada por redes sociales de varios actos para el próximo 27 de septiembre en Sakana (Navarra), Ego Uriba y Bilbao (Vizcaya), y en San Sebastián, Nuarbe, Azpeitia y el paraje de Benta Haundi en Tolosa (Guipúzcoa) por el 'Gudari Eguna', que incluyen una marcha por la montaña, una ofrenda floral y una exposición en el Centro Cultural San Agustín sobre los etarras Juan Paredes Manot, alias 'Txiki', y Ángel Otaegi.

Los convocantes, de acuerdo con la denuncia, son Amnistia Eta Askatasuna (ATA) o Movimiento por la Amnistía y contra la Represión, "creado por una línea escindida de la organización terrorista ETA, la cual aboga por mantener el uso de la lucha armada", y Jarki, asociación juvenil creada por ATA que "ha llevado a cabo la búsqueda de la confrontación para lograr la anexión del País Vasco y Navarra y crear una 'gran Euskal Herria'".

Además, la Asociación señala que este año no solo se celebra el 45º aniversario de la muerte de 'Txiki' y Otaegi, así como de José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, todos miembros de la organización terrorista FRAP, sino que también se va a rendir homenaje a Igor González Sola, preso etarra que se suicidó el 5 de septiembre de 2020 en prisión, y que, según la convocatoria, fue "asesinado".

Dignidad y Justicia considera que "los actos convocados no pueden encontrar amparo en el derecho de reunión (...), puesto que no concurre una de las notas esenciales, configuradoras y delimitadoras de dicho derecho, que es la presencia de un fin lícito". En este caso, sostiene, "se pretende homenajear a todos los miembros de la banda terrorista ETA que han muerto en el desempeño de sus actividades terroristas y dar como válidas las acciones llevadas a cabo por parte de los mismos".

A modo de prueba, los denunciantes aportan una serie de carteles con la convocatoria de dichos actos en los que aparece el anagrama de Gestoras Pro Amnistía, antigua organización declarada ilegal por su vinculación con ETA, y el 'arrano beltza'. "La lucha es imparable" y "La lucha es legítima", son algunas de las proclamas que pueden leerse en ellos.

Por todo ello, la Asociación solicita a la Audiencia Nacional que prohíba los actos del 'Gudari Eguna', recordando que ya se ha hecho en años anteriores, y que ordene "con la mayor urgencia" diligencias de investigación para que el Servicio de Información de la Guardia Civil UCE-1, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y la Policía Autonómica Vasca envíen informes sobre los actos convocados.

También plantea "aquellas otras diligencias que, bien de oficio o bien derivadas del resultado de la práctica de las anteriores, resulten útiles y pertinentes para la prohibición de dichos actos".

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha calificado de "inadmisibles" las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y del ministro de Consumo, Alberto Garzón, contra la monarquía y ha instado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a "desautorizarlas" y salir en defensa del Rey Felipe VI.

"Lo que daña verdaderamente a la democracia son estos ataques del populismo a las instituciones que son de todos. Unas palabras inadmisibles e impropias de miembros del Gobierno de España. Sánchez debe desautorizarlas de inmediato y defender al Jefe del Estado. Yo, con el Rey", ha escrito Arrimadas en un mensaje en su cuenta de Twitter.

En la misma red social, el ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida había dicho que ve "insostenible" la posición de "una monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido". Poco después, el secretario general de Podemos ha apoyado a Garzón al señalar que "respeto institucional significa", entre otras cosas, "neutralidad política de la jefatura del Estado".

El vicepresidente segundo del Gobierno y el ministro se han pronunciado de esta manera a raíz de la polémica ausencia del Rey Felipe VI en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces celebrado este viernes en Barcelona, sobre la cual el Gobierno no ha aclarado los motivos.

El propio monarca ha telefoneado al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para comunicarle que le habría gustado acompañarle en el acto.

MESQUIDA PIDE QUE SE INHABILITE A GARZÓN

Tras ver los mensajes de Garzón e Iglesias, distintos dirigentes y cargos públicos de Ciudadanos han expresado su rechazo. El vicesecretario segundo del partido, Joan Mesquida, ha advertido de que no se puede "dejar pasar ni un solo ataque del populismo a la jefatura del Estado" porque "está en juego la estabilidad" del modelo constitucional.

Además, ha afirmado que el ministro de Consumo debería ser "inhabilitado por no ajustar su fórmula de toma de posesión a sus actos" --ya que prometió su cargo "con lealtad al Rey"-- y ha indicado que "en un país normal, la Fiscalía General del Estado actuaría de oficio".

Respondiendo también a Garzón, el líder de Cs en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha indicado que lo "insostenible" es "la posición de un ministro del Gobierno de España que ataca la más alta magistratura del Estado y que, siguiendo el modelo de su confesado ídolo Lenin (cuanto peor, mejor) aprovecha el peor momento en 40 años para llevar a cabo su revolución desde el Gobierno".

Para Marta Martín, diputada en el Congreso por Alicante, también es "insostenible" que un ministro escriba un tuit como ese, mientras que la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera, ha llamado "irresponsable" a Garzón.

"No conoce la Constitución ni el papel del Rey. Deje el Gobierno y vuelva a su anterior trabajo. Que, por cierto, no tengo ni idea de cuál es...", ha añadido Rivera. Su compañero en la Ejecutiva nacional de Ciudadanos y portavoz en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, ha afirmado que "este personajillo" (el líder de IU) "no está a la altura de lo que debe ser un ministro de España".

SÁNCHEZ "AVALA" QUE IGLESIAS "DESACREDITE" AL REY

Otro cargo de la formación naranja que ha manifestado su malestar es el eurodiputado Jordi Cañas, que directamente ha exigido a Sánchez el "cese de Garzón ya" y ha afirmado que "no hay un solo gobierno democrático en Europa donde un ministro difame al jefe del Estado sin consecuencias.

Sobre Iglesias, Cañas ha afirmado que "sigue su campaña" para "desacreditar y atacar a la Jefatura del Estado" desde el Ejecutivo, una estrategia que, en su opinión, está "avalada" por Sánchez. "Destruirán todas las instituciones. Podemos, para construir un Estado neocomunista, y en el caso de Pedro Sánchez, para mantenerse en el poder a cualquier precio", ha augurado.

Los consumidores se están pronunciando y demandando a las marcas embalajes más sostenibles a la hora de comprar moda y complementos a través de Internet.

Según se desprende de una nueva encuesta realizada por Smurfit Kappa, el 41 % de los compradores 'online' de moda y complementos ha adoptado hábitos más sostenibles al comprar las últimas tendencias desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

Entre los datos más destacados del estudio resalta que casi la mitad de los consumidores compra artículos de moda y complementos una vez al mes o más y que esta es una tendencia creciente tanto en mujeres (44%) como en hombres (43%).

El estudio demuestra que el 25 % de los consumidores de moda y complementos ha investigado a una marca 'online' para valorar su nivel de sostenibilidad y que un 23% de los encuestados ha vuelto a comprar una marca de ropa basándose en sus credenciales de sostenibilidad.

Además, el 35% de los consumidores de moda y complementos declaró que no compraría 'online' a una empresa de moda si supiera que su embalaje no es sostenible.

"Los consumidores quieren que las marcas online de moda y complementos actúen con responsabilidad y tengan en cuenta el impacto social y medioambiental de su actividad", remarca el vicepresidete de Innovación y Desarrollo de Smurfit Kappa, Arco Berkenbosch.

Berkenbosch explica que las marcas de moda (y en realidad todas las marcas) tienen que adaptarse a las demandas de los consumidores en materia de sostenibilidad, pues se arriesgan a perder clientes si no lo hacen.

"La opinión y la inclinación de los clientes hacia la sostenibilidad son similares en los cuatro mercados encuestados, lo cual destaca el deseo creciente de los consumidores europeos de que las empresas sigan priorizando y comprometiéndose a mejorar sus prácticas en sostenibilidad incluso durante la actual crisis económica", apostilla.

El análisis también refleja que los compradores 'online' de moda y complementos encuentran varios obstáculos al intentar tomar decisiones sostenible, de modo que la falta de información accesible (34 %), la falta de opciones sostenibles (32 %) y el coste (30 %) son los principales impedimentos para que los consumidores adopten hábitos más responsables con el medioambiente al comprar 'online'.

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado tras la polémica por la conversación del Rey Felipe VI con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que "el respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado", junto a la "renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma".

Así lo ha indicado en redes sociales tras conocer que el propio monarca ha telefoneado Lesmes para comunicarle que le "hubiese gustado" acompañarle al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se ha celebrado en Barcelona.

Unas palabras que se producen después de que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, haya tildado de "insostenible" la posición de la monarquía, a la que recrimina incumplir el principio de neutralidad que marca la Constitución y maniobrar "contra el Gobierno democráticamente elegido".

Previamente, el presidente del CGPJ había manifestado su "enorme pesar" por la ausencia de Felipe VI y subrayó que la justicia se imparte en nombre del rey, "símbolo de unidad y permanencia" del Estado.

Respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado, renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma, actuaciones de la fuerza pública proporcionales", ha señalado Iglesias en Twitter, donde también ha hecho referencia al bloqueo de la renovación del Poder Judicial y las cargas policiales tras una protesta en Vallecas contra las restricciones decretadas por la Comunidad de Madrid.

Además, el vicepresidente en su comentario en redes ha recordado el artículo 1.2 de la Constitución Española: "La soberanía reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado".

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, también ha abordado la polémica. "El Rey (no le ha votado nadie) llama a Lesmes (mandato caducado hace dos años) para quejarse juntos del gobierno de coalición (fruto de la mayoría parlamentaria tras elecciones generales)", ha asegurado.

También se ha pronunciado el portavoz de Galicia en Común en el Congreso, Antón Gómez-Reino, quien ha considerado "gravísimo" lo acontecido este viernes. Además, ha asegurado que un "rey aconstitucional" indica el camino hacia una república "necesaria".

Fridays For Future (FFF), Extinction Rebellion València y la campaña Macrogranjas No han participado en el Global Action Day que se celebra el 25 de septiembre con un despliegue de pancartas que reclaman "justicia climática".

Este 25 de septiembre, en el que se ha denominado en todo el mundo el Global Action Day o Día Internacional de Acción Climática, los colectivos han colgado pancartas en áreas institucionales clave de la ciudad con diversos eslóganes que ponen de manifiesto la necesidad de "volver a situar en el centro de las conversaciones políticas la emergencia climática, demandando una transición justa", han explicado en un comunicado conjunto.

'La nueva normalidad, verde, justa', 'Transició ecològica per a una transició justa' o 'Justícia climàtica per a eixir de totes les crisis', son algunos de los mensajes que han aparecido en zonas como Universidades, avenida Blasco Ibáñez o el casco histórico, incluyendo el Puente de los Serranos.

También se ha incluido el mensaje 'Macrogranja Vall d'Uixó No' como denuncia ante "la proliferación de macroproyectos de granjas industriales en el territorio valenciano, destacando la reciente aprobación de una nueva macrogranja de 150.000 aves en el municipio castellonense".

Para este día de acciones, los colectivos su discurso en el trabajo como uno de los principales ejes estructurales que es necesario transformar para llevar a cabo una transición ecológica justa, incluyendo la industria, los cuidados, el sector primario, el turismo y el sector público.

Proponen así un nuevo modelo en el que avanzar en el proceso de descarbonización de la economía signifique a su vez medidas de transición para las personas trabajadoras "basado en procesos sostenibles y en una distribución equitativa de la riqueza con una fiscalidad justa.

Sin embargo, en continuidad con las movilizaciones que tendrán lugar en todo el mundo de forma presencial y virtual, los activistas han llevado a cabo una acción visual y simbólica de composición de carteles con famosos lemas de la lucha climática en la Plaza del Ayuntamiento.

ALEGACIONES A LA LEY VALENCIANA DE CAMBIO CLIMÁTICO

El Día de Acción Global también coincide con el último día para presentar alegaciones al anteproyecto de "Ley Valenciana de Cambio Climático y Transición Ecológica", para la que FFF ha hecho efectivo el registro de un total de ocho alegaciones han "básicas para hacer frente a la crisis climática a la que nos enfrentamos".

Solicitan el cambio de nombre de la ley de cambio climático por la de "emergencia climática y transición ecológica" dada la urgencia y emergencia de la crisis climática y la especial vulnerabilidad del territorio valenciano a sus impactos.

También piden equiparar los objetivos climáticos de reducción de emisiones como mínimo a los anunciados por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, a la normativa valenciana, reduciendo en un 55% los gases contaminantes para 2030.

Instan al Consell a adaptar los currículums vinculados a la Formación Profesional a la transición ecológica y pide que desarrolle normativamente en un alto grado de concreción el impuesto sobre la actividad de grandes buques de mercancías en los puertos de la Comunidad Valenciana, entre otras propuestas.

La Consejería de Sanidad, a través de la Delegación Provincial de Sanidad en Ciudad Real, ha decretado medidas especiales de nivel 2 en las localidades de Valdepeñas, Viso del Marqués y Santa Cruz de Mudela.

Entre las medidas a adoptar figura el cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales. La supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente, ha informado la Junta en nota de prensa.

Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.

Respecto a los Centros Socio-Sanitarios, se procede a la suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y a la supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios en los que residan personas consideradas vulnerables. La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.

No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (asistencia sanitaria o deber inexcusable de carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta. Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con IgG positiva previa, o que hayan superado la Covid-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.

A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.

Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las medidas de distanciamiento interpersonal.

Se restringe el número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10) y el número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).

Como medidas complementarias, se procede a la suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas

Se procede a la suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, *) y a la suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por particulares.

También se llevará a cabo el cierre cautelar de cines, teatros y auditorios, bibliotecas y museos; y los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su aforo al 50%.

Se decreta el cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas de este tipo de uso público independientemente de su titularidad. Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad y se suspenden espectáculos deportivos con asistencia de público y supresión de espectáculos taurinos

Se procede a la suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Se exceptúan aquellos casos en los que se dependa en la localidad de este tipo de comercio para el abastecimiento de productos de primera necesidad, limitando en ese caso su apertura a los puestos dedicados a la comercialización de este tipo de productos.

Se procede al cierre cautelar de parques y jardines, y en las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento.

Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene previstas para el pequeño comercio.

Se recomienda a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable y que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo convivientes.

Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días a partir de su publicación pudiendo prorrogarse hasta 28 días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.

Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.

La Consejería de Sanidad, a través de la Delegación Provincial de Sanidad en Cuenca, ha decretado medidas especiales en la localidad de Quintanar del Rey.

Durante las semanas 37 y 38 se han declarado 27 casos por COVID-19 en la localidad de Quintanar del Rey. Por lo tanto, se decreta el cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales, ha informado la Junta en nota de prensa.

Se decreta la supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente.

Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.

Se procede a la suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y a la supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios en los que residan personas consideradas vulnerables. La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.

No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (asistencia sanitaria o deber inexcusable de carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta.

Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con IgG positiva previa, o que hayan superado la Covid-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.

A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19

Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las medidas de distanciamiento interpersonal.

Se procede a la restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10) y a la r estricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).

Como medidas complementarias se propone la suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas y la suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, *).

También la suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por particulares. Además el cierre cautelar de cines, teatros y auditorios y de bibliotecas y museos.

Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su aforo al 50%. Se procede a la suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público y a la supresión de espectáculos taurinos.

Se decreta la suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Se exceptúan aquellos casos en los que se dependa en la localidad de este tipo de comercio para el abastecimiento de productos de primera necesidad, limitando en ese caso su apertura a los puestos dedicados a la comercialización de este tipo de productos; y el cierre cautelar de parques y jardines.

En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento.

Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene previstas para el pequeño comercio.

Se recomienda a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable y que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo convivientes.

Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días a partir de su publicación pudiendo prorrogarse hasta 28 días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha respondido este viernes a las críticas del Partido Popular Europeo (PPE) asegurando que la UE no va a "negociar, ni mediar" con el presidente, Nicolás Maduro, y que está "lejos" de poder enviar una misión de observación electoral a Venezuela.

Tras las críticas recibidas del PPE, que en una carta alertó de que la misión enviada por la UE a Venezuela era un "error estratégico" que "blanqueaba un régimen tiránico", el jefe de la diplomacia comunitaria ha contestado que la UE considera la opción de contactar con el "regimen" de Maduro con el objetivo de aliviar la crisis en el país, recordando que atraviesa una situación humanitaria crítica.

"Incluso si no le reconocemos como presidente legítimo, esto puede ayudar a mejorar las condiciones democráticas en las que se produzcan las elecciones y puede poner la primera piedra para una transición democrática en el país", ha defendido Borrell en una misiva a la que ha tenido acceso Europa Press, subrayando que la UE tiene que mantener el diálogo con todas los actores relevantes en Venezuela.

Eso sí, Borrell ha señalado que la misión diplomática desplegada estos días "no se encuentra en Venezuela para negociar, ni mucho menos mediar". Según ha explicado, ha enviado a los diplomáticos españoles Enrique Mora y Javier Niño Pérez para "dejar claro lo que la UE puede y no puede hacer para mejorar las condiciones electorales".

El Alto Representante ha insistido en que solo una solución pacífica permitirá a los venezolanos superar su crisis y por ello la diplomacia debe promover el diálogo. "Eso es lo que hace la misión del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)", ha resumido.

Y acaba la carta con un mensaje de tranquilidad para los eurodiputados 'populares', después de que varios expresaran su alarma por las implicaciones del viaje. "No se tienen que preocupar, una misión de observación electoral solo se desplegará si se dan las condiciones necesarias. No podrá ser de otra forma", ha explicado.

"Antes de aprobarla se tiene que mandar una misión oficial exploratoria que determine si se producen dichas condiciones. Estamos lejos de eso ahora mismo", ha zanjado Borrell.

VISTO BUENO DE LOS 27 Y DEL GRUPO DE CONTACTO

Sobre el apoyo con el que cuenta para mandar la misión diplomática, Borrell ha insitido en que recibió el respaldo político "claro y unido" de los ministros de Exteriores de la UE en el Consejo de Asuntos Exteriores y del Grupo Internacional de Contacto para proceder con esta gestión.

"A la vista de ello decidí mandar una misión pequeña de funcionarios del SEAE a Caracas en mi competencia como Alto Representante para Política Exterior", ha asegurado, añadiendo que el viaje no es "secreto" ni algo "extraordinario". "Es una práctica diplomática común. En 2019 solo se enviaron tres misiones del Grupo de Contacto en distintos formatos y con el mismo objetivo", ha recordado, para asegurar que el Gobierno noruego envió una misión durante este verano para desencallar la crisis política.

APLAZAMIENTO ELECTORAL

El Alto Representante viene defendiendo que existe una "ventana de oportunidad" en Venezuela tras las gestiones del opositor Henrique Capriles con el Gobierno. Sus negociaciones permitieron la excarcelación de presos políticos y promovió el retraso de los comicios, lo que permitiría que la UE pueda enviar observadores electorales por primera vez en 14 años.

En Bruselas entienden que si las elecciones legislativas fueran el 6 de diciembre carecerían de legitimidad, por lo que solo ahondarían la brecha de Venezuela con la comunidad internacional.

Además, la diplomacia de la UE defiende que la mediación europea en Venezuela surgió a petición del líder opositor Juan Guaidó y es fruto del compromiso de Borrell de hacer suyas las exigencias de los partidos opositores venezolanos para las elecciones. Pero esta misión, en concreto, busca dar continuidad al trabajo de Capriles, único opositor que tiene contacto directo con el Ejecutivo de Maduro.

Avícola de Galicia (Avigal), la empresa de Cambados (Pontevedra) en la que se ha detectado un brote de COVID-19 que afecta a 52 trabajadores --los casos se elevan a 96 con el resto de positivos relacionados--, ha acordado con la Consellería de Sanidade parar la planta durante 48 horas para "intensificar la desinfección" de las instalaciones.

A través de un comunicado de prensa, la compañía señala que se trata de una decisión adoptada tras reunirse con la Administración gallega y que busca "poder intensificar las tareas de desinfección en todos los espacios internos y externos" durante este fin de semana.

Avigal ruega a todos los profesionales de la planta afectados por el brote de COVID "que hagan una cuarentena estricta hasta que no tengan el alta médica". Además, destaca la "estrecha colaboración" mantenida tanto con la Consellería de Sanidade como con el Ayuntamiento de Cambados.

La empresa ya comunicó esta semana que mantenía su actividad, si bien con la producción reducida al 40 por ciento. Así, justificaron que habían optado por "rebajar la operativa de la planta de una forma drástica, aunque ello acarree pérdidas durante estas semanas, para poder garantizar la distancia social entre los trabajadores y que esta situación se solucione lo antes posible".

En la actualidad en la factoría avícola de Cambados trabajaban 160 empleados. "En este momento, en cada uno de los dos turnos tenemos solo 30", han confirmado por parte de la empresa avícola.

BROTE DE 96 CASOS

La firma admite que en los test realizados a su plantilla se han saldado con 52 los trabajadores con positivo por COVID-19. No obstante, las autoridades sanitarias elevan el brote a 96 casos tras la realización de 173 pruebas. Un portavoz de Avigal considera que "ese incremento se ha debido a una cadena de transmisión externa, a contactos de familias y amigos".

El principal objetivo en este momento, añade la empresa, es "romper cualquier posible cadena de transmisión entre los profesionales de la planta", por lo que justifica la reducción de su actividad en un 60% para "poder incrementar el distanciamiento social dentro la planta que tiene en el municipio" de Cambados, que, incide, "estaba en funcionamiento desde el día 17 de agosto y, ya entonces, se hicieron tests masivos a todo el personal".

Este viernes, Avigal y la Consellería de Sanidade han acordado parar la producción en la planta durante el fin de semana para "intensificar" la desinfección.

Por otra parte, Avigal ha destacado que la operativa en la planta que Avícola de Galicia tiene en Campañó, en Pontevedra, "es de total normalidad" y, actualmente, subraya, "no se ha detectado ningún brote de COVID-19" en ella.

Organizaciones que trabajan con migrantes han censurado y lamentado la decisión del Gobierno de reabrir los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que se cerraron en abril por el Covid19, y advierten, en este sentido, que las instalaciones no permiten cumplir con las condiciones sanitarias contra el coronavirus.

Para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) esto es una "nueva decepción" y creen que el Gobierno ha pedido una buena oportunidad para mantener los centros cerrados tras la pandemia.

CEAR recuerda al Ejecutivo que este sistema "semipenitenciario" ha demostrado "ser inútil para los fines que pretende" y que son muchas las organizaciones e instituciones, como el Defensor del Pueblo o la ONU, que también abogan por su cierre.

La organización lamenta que Interior decida la reapertura "justo en una segunda ola de rebrotes", ya que las estancias de los CIE no están, a su juicio, preparadas para evitar contagios. CEAR ha señalado a Europa Press que los migrantes están hacinados en espacios son condiciones adecudas, por lo que, se puede intuir que habrá brotes y contagios que, advierte, será "responsabilidad del Estado" porque no se ha atendido a las necesidades de los internos de forma adecuada.

CRITICAN LAS "PRIORIDADES" DEL GOBIERNO

Desde SOS Racismo condena también la decisión. "Ya en marzo exigimos el cierre definitivo", explica la organización que cree que la crisis del Covid19 ha demostrado "la crueldad del trato y las constantes violaciones de los derechos sanitarios y humanos que sufren las personas migrantes encerradas" allí.

"Esta política migratoria confirma una creciente tendenciaracista y contraria a los derechos humanos en España y Europa", apunta, antes de señalar que esta medida se pone en marcha un día después del Nuevo pacto Migratorio de la UE y dos días después de que el Congreso rechazara una proposición no de ley para pedir al Gobierno una regularización masiva de extranjeros.

Tampoco aprueban que la reapertura de centros se realice "durante el pico de contagios de la segunda ola de la pandemia" con la "insalubridad característica de éstos centros" y "contraviniendo las medidas de seguridad contra el Covid". "Deja claro qué prioridad tiene el Ministerio del Interior", ha indicado.

"Nos oponemos frontalmente al reinicio de las detenciones en estos espacios de vulneración de derechos y sufrimiento", manifiesta Servicio Jesuita a Migrantes en España (SJM-E), uniéndose al resto de organizaciones.

ESPACIOS OPACOS

La organización lamenta que la "tregua" que el coronavirus dio en este tema haya acabado y advierte que los centros españolas "incumplen" la normativa y diferentes disposiciones judiciales que, además, imposibilitan el cumplimiento de las medidas sanitarias adecuadas a la situación de emergencia en la que se encuentra el país.

"Los CIE son espacios de gestión policial opaca, llena de irregularidades y que deja desamparadas a las personas que son encerradas detrás de sus muros", denuncian.

A su juicio, Interior tiene una "estrategia clara", que "persigue internar a personas recién llegadas en pateras de nacionalidad argelina y marroquí o que llegan de Mauritania" y que muestra "el uso de los CIE como una herramienta de la gestión migratoria", utilizando "el internamiento para la deportación allí donde es crucial la correcta identificación de personas con necesidades especiales de protección".

"Apelamos a la responsabilidad de las autoridades competentes para que tomen medidas adecuadas para garantizar todos los derechos de las personas migrantes en España con independencia de su situación administrativa", declaran.

VULNERAN DERECHOS A LA SALUD

Del forma similar se expresa Médicos del Mundo. Su portavoz en esta materia, Ana Pérez, ha explicado que su rechazo a la apertura de estos centros tiene también que ver con que no cumplen con el derecho a la salud. Durante la pandemia, ha insistido Pérez, "no han hecho falta" los CIE.

Desde Médicos del Mundo no quieren esta reapertura y que el Ejecutivo "vuelva a utilizar sus políticas de control migratorio", como "las expulsiones express". Además, exige al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska que mejore las condiciones de los Centros de acogida temporal (CETI) para garantizar las medidas de protección y aislamiento ante casos positivos de Covid19.

La Marea de Residencias está animando a los madrileños a participar mañana sábado a las 12 horas en una manifestación estatal que se celebrará en la capital para solicitar, entre otros puntos, una ley de residencias "justa, digna y consensuada por todas las partes en cuestión".

La manifestación saldrá a esa hora desde la Puerta del Sol, Presidencia de la Comunidad de Madrid, pasando por el Congreso de los Diputados para terminar en la sede del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en el paseo del Prado. La protesta cumplirá escrupulosamente con las medidas de seguridad estipuladas por las autoridades sanitarias (amplía distancia de seguridad entre los participantes, mascarillas, y garantizando servicio propio de orden).

Mañana también realizarán simultáneamente concentraciones o manifestaciones en diversas localidades españolas. En la Comunidad de Madrid también habrá una concentración en la plaza de Cervantes de Alcalá de Henares y en la plaza del Ayuntamiento de Aranjuez.

Marea de Residencias critica la "inexistencia" de un marco legal claro, de carácter autonómico o estatal y la ausencia de una ley de residencias "justa, digna y que renuncie a la iniciativa privada y apuesten por la gestión pública". "Las políticas de recortes y privatizaciones efectuadas durante tantos años, y la venta de los derechos sociales al sector empresarial, nos han abocado a la tragedia humana ya conocida por todos, tragedia instaurada que aún continúa", ha indicado.

Los convocantes de la manifestación también han reprochado a la Administración la "pésima gestión" de la crisis del coronavirus y han acusado a la gran mayoría de empresas que gestionan el sector de instalarse en "una política ignominiosa, basada en el abandono impune de unos básicos hábitos de vida y compañía, que no garantizan otra cosa que la muerte en vida".

Así, la Marea denuncia una mayor precarización laboral, "con desprecio a la salud de trabajadores y usuarios", una "absoluta falta de información" a los familiares, que tras más de seis meses sin poder ver a sus seres queridos, han recuperado una "falsa nueva anormalidad sin derechos, con visitas recortadas, contadas y cronometradas.

También lamentan la existencia de un "marco ausente de humanidad, de libertad, restringido y bajo el ojo del gestor, que vigila a las familias, usuarios y trabajadores, cuando debía ser a la inversa". "La injusticia, indignidad, el abandono y hasta la falta de escrúpulos en la actuación pasada y presente, sigue siendo el epicentro del problema", concluyen los promotores de la protesta de mañana.

El vicesecretario de Territorial del Partido Popular, Antonio González Terol, ha criticado este viernes que el Gobierno que lidera Pedro Sánchez "persevere en el error" de querer ligar las ayudas que necesitan los Ayuntamientos y Diputaciones a que entreguen sus ahorros".

Así se ha pronunciado tras la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), criticando que los representantes del PSOE se hayan negado a instar al Gobierno a abrir una mesa de negociación para debatir el nuevo borrador de real decreto de medidas financieras para municipios y provincias.

El dirigente del PP ha calificado de "cacicada" que el presidente de la Comisión de Diputaciones, del PSOE, Francisco Reyes, haya "aplicado el rodillo" en una comisión de carácter informativo aprobando un acuerdo que ha contado con el rechazo del PP, Cs, JxCAT y ERC.

YA SUFRIÓ UN "DURO VARAPALO" EN EL CONGRESO

Ese acuerdo, según Terol, va en la línea de pedir que el fondo extraordinario de ayudas a las entidades locales "esté condicionado a la entrega de los remanentes". "Si la intención del Ejecutivo es perseverar en esta línea, será un error y lo pagarán caro en el Congreso de los Diputados", ha avisado.

Así, ha recordado que el Ejecutivo de coalición ya sufrió "un duro varapalo" en el Congreso tras ver cómo todo el arco parlamentario rechazó el decreto, que recogía "el mal acuerdo entre la FEMP y el ministerio de Hacienda, para establecer ayudas a las Entidades Locales contra los efectos del Covid-19".

Según ha subrayado, ese decreto no se convalidó en la Cámara Baja "por ser injusto y vulnerar el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos al excluir a los ayuntamientos que no disponen de remanentes del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado".

De esta forma, Terol ha compartido las reivindicaciones de los 29 alcaldes, de 13 formaciones políticas que el pasado martes reclamaron al Ministerio de Hacienda que arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos y diputaciones que permitan hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus, con especial atención al fondo incondicionado de 5.000 millones y al de 1.000 millones destinado específicamente al transporte público.

En un comunicado, el responsable de Política Territorial del PP ha indicado que su partido tiene intención de "tender la mano de nuevo a todas las fuerzas políticas para abrir una mesa de diálogo en la que alcanzar acuerdos que permitan a las entidades locales atender las necesidades de sus vecinos, dinamizando la economía y generando empleo".

La Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha aprobado respaldar la inclusión del fondo extraordinario de 5.000 millones de euros en el nuevo real decreto que el Gobierno prepara sobre financiación de las entidades locales y que "una parte se destine a la posibilidad de utilizar los remanentes de tesorería".

Además, ha reclamado que el dinero que se reparta no tenga en cuenta únicamente el criterio poblacional, ya que iría en detrimento de los pequeños y medianos municipios, de modo que ha abogado por introducir "medidas correctoras" que eviten que salgan "perjudicados". Igualmente, ha defendido que "las diputaciones puedan participar también de esos fondos".

Así lo ha indicado a Europa Press el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, tras la reunión que el citado organismo de la FEMP, del que también es presidente, ha celebrado este viernes por vía telemática. En ella se ha analizado la financiación de las entidades locales después de que el 10 de septiembre el Congreso tumbara el decreto planteado por el Ejecutivo central tras el acuerdo que había alcanzado con la FEMP.

Han analizado cuestiones como el uso del superávit, la gestión de fondos europeos por parte de las entidades locales, la reforma local en cuanto a competencias, la necesidad de abordar de forma paralela la financiación local y autonómica, mantener 400 millones de euros para el fondo de transporte o el citado fondo extraordinario.

Este último asunto, según ha dicho, ha centrado el debate. Ha apuntado que "se pide al Ministerio que también se incluya en el decreto" y ha aludido a la propuesta de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, "de que un 60 por ciento se repartiera entre los ayuntamientos y el 40 por ciento se repartiera de acuerdo con los remanentes", con "3.000 millones para su distribución y 2.000 que vayan condicionados a los remanentes".

"Es tan importante o más para algunos ayuntamientos el que le autorice a usar los remanentes que lo que pueda tocar del fondo extraordinario. Porque, si los 3.000 millones que dijo la ministra se repartieran solo con un criterio de población son 63 euros por habitante, un municipio con mil habitantes recibiría 63.000 euros. Pero ese municipio posiblemente tenga 300.000 o 400.000 euros de remanentes", ha comentado Reyes, que ha defendido la propuesta del Grupo Socialista en esta línea.

La segunda propuesta, "planteada por el PP y algún otro partido más", apostaba por que "los 5.000 millones se repartan sin estar condicionados por los remanentes". Finalmente, se ha votado "y por 29 votos a favor y unos 15 en contra ha salido adelante" la primera opción, para que el fondo extraordinario esté condicionado a los remanentes.

"El ayuntamiento que se sume, por ejemplo, uno que tenga 200.000 euros, tendría un 30 por ciento de este dinero automáticamente ingresado en cuenta de manera extraordinaria. Y a parte de eso, a partir del año que viene empezaría a recibir un porcentaje del fondo que ha ingresado en el Estado", ha dicho Reyes.

El presidente de la Comisión ha valorado, asimismo, la petición para que la distribución de esos recursos "no se base únicamente en criterios de población, sino que se establezcan medidas correctoras para que no salgan perjudicados los pequeños y medianos municipios".

DISCRIMINACIÓN POSITIVA

"Si no se tiene esa discriminación positiva y unas medidas correctoras, a los pequeños y medianos municipios les va a llegar prácticamente nada", ha incidido no sin poner de relieve que ello iría también "en línea con la lucha contra la despoblación y el reto demográfico" que tiene España.

Al hilo, ha rechazado que se desvincule el fondo extraordinario del uso de los remanentes, "como han venido pidiendo el grupo de los 30 alcaldes". "Los que se han erigido en representantes del municipalismo, 31 grandes ciudades, no han hablado en ningún momento del mundo rural, de los pequeños municipios ni de las diputaciones. Sí lo ha hecho la FEMP; la FEMP sí es la representación del municipalismo", ha apostillado.

Finalmente, el presidente de la Diputación jiennense ha pedido que el nuevo real decreto "se agilice todo lo posible para poder utilizarlo en este 2020", especialmente, por "cuestiones tan relevantes como el uso de los superávit" de los dos años anteriores.

La segunda sede en València del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) tendrá una oferta dedicada al arte "más contemporáneo", "transgeneracional" y con proyectos específicos, así como un programa de mediación que tendrá en cuenta el entorno.

Así lo ha avanzado la directora del IVAM, Nuria Enguita, en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha desgranado algunos de sus planes al frente de la institución cultural, a la que llega tras haber sido seleccionada en un concurso público.

Enguita contará para desplegar la programación con un nuevo espacio, el segundo en València tras el histórico Centre Julio González ubicado en la calle Guillén de Castro. Cabe recordar que el museo ha puesto en marcha, además, una subsede en Alcoy (Alicante).

Para este segundo espacio en la capital valenciana se estudia una de las naves de Demetrio Ribes recuperada en el Parque Central. Es una posibilidad aún no cerrada al cien por cien, ya que está a expensas del acuerdo y la tramitación necesaria entre la Conselleria de Cultura y el Ayuntamiento del 'cap i casal', según han informado a Europa Press fuentes conocedoras.

En todo caso, Enguita comenta que en el proyecto que presentó al proceso de selección para la dirección del IVAM se piensa en un espacio de características similares. La idea, ha aseverado, es que las futuras instalaciones alberguen propuestas para "el arte más contemporáneo" de autores reconocidos nacional e internacionalmente.

A la responsable del IVAM le interesa especialmente que sea un lugar "transgeneracional", es decir, que acoja a creadores con mayor reconocimiento, a otros de media carrera y un programa de artistas "muy jóvenes que puedan establecer contacto con profesionales de otras generaciones".

También se subrayará la presencia de artistas "locales-nacionales", ya que los autores valencianos "están día sí día también en Madrid y Barcelona y viceversa", ha recalcado. Asimismo, la idea es que los trabajos que allí se presenten tengan "una especificidad muy clara", ha explicado.

PROGRAMA DE MEDIACIÓN

Igualmente, se lanzará un programa de mediación "específico para el lugar donde se instale la sede". La nave del Parque Central se encuentra rodeada de los barrios de Russafa y Malilla, un contexto diferente al de Ciutat Vella, donde se alza el Centre Julio González.

El conseller de Cultura, Vicent Marzà, había asegurado este jueves --cuando acompañó a Enguita en la presentación a los medios de su proyecto-- que la nueva sede del IVAM en València se presentará "en breve", al tiempo que garantizó que "habrá consignación presupuestaria para realizar la adecuación" que necesite según las necesidades del proyecto de Enguita.

Los distintos movimientos y organizaciones de 'Juventud por el clima-Fridays For Future, Rebelión por el Clima y Alianza por el Clima' están celebrando este viernes huelgas climáticas y distintos eventos de protesta, unos 3.000 presenciales pero sobre todo virtuales, en 150 países --entre ellos España-- para exigir con urgencia mayor acción mundial contra el cambio climático porque "la emergencia no ha desaparecido".

Desde Suecia, la joven activista sueca Greta Thunberg, inspiradora del movimiento de jóvenes climáticos mundial ha defendido que Fridays for Future y el movimiento juvenil del clima "están atacando nuevamente en todo el mundo, de una manera segura y siguiendo las pautas de Covid-19, para exigir que los que están en el poder traten esto como la crisis urgente que es".

El año pasado, esta mismo viernes millones de personas salieron a las calles en todo el mundo para exigir acción climática, coincidiendo con la Semana Climática y la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

Desde la organización, recuerdan que entonces los líderes mundiales felicitaron a los jóvenes a los que retrataron como "faros de esperanza", pero ahora denuncian la "inacción de esos mismos gobiernos".

Así, denuncian que para los jóvenes de las zonas más afectadas por la crisis climáticas 2019 fue una lucha en la que millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares y fue uno de los años más calurosos registrados.

A medida que los fenómenos meteorológicos extremos, los incendios y las inundaciones provocados por las crisis climáticas se aceleran en todo el mundo, las huelgas son un recordatorio para quienes están en el poder de que la crisis climática no ha desaparecido.

"La crisis climática ya está teniendo un gran impacto en comunidades como la mía en África. Las fuertes lluvias sin precedentes y las inundaciones récord en África occidental, central y oriental han afectado a millones de personas en las últimas semanas, con más de 200 muertos y cientos de miles sin hogar. En los Estados Unidos hay incendios forestales devastadores, el colapso climático no es algo que sucederá en el futuro, está aquí y ahora", ha manifestado el joven activista de Kenia Kevin Mtai.

Las marchas y huelgas coinciden con el quinto aniversario del Acuerdo del Clima de París y del Acuerdo internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, en las que confiaban los jóvenes para poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y abordar la crisis climática.

Cinco años después, desde la organización lamentan que "la entrega estado a la altura de esa ambición con el empeoramiento de los impactos de la crisis climática".

"La crisis climática requiere un rápido cambio de marcha en todas las áreas para romper con las tecnologías contaminantes y las industrias intensivas en carbono. Necesitamos que nuestros gobiernos rescaten a las personas y al planeta, apoyando las soluciones que necesitamos para una recuperación justa que evite el colapso climático, cree buenos empleos, promueva la justicia ambiental y apoye a las comunidades habitables", ha reclamado la directora ejecutiva de 350.org, May Boeve.

Desde la organización insisten en que las marchas y movilizaciones que se han celebrado de manera presencial han cumplido las medidas de prevención para frenar la pandemia del coronavirus.

La diputada de Vox Mireia Borrás es una de las 14 participantes de 'La Isla', un 'reality show' de supervivencia protagonizado solo por mujeres que La Sexta comenzará a emitir el próximo jueves por la noche.

Producida por Atresmedia TV en colaboración con Shine Iberia, el programa, conducido por Pedro García Agudo, se grabó antes de que Borrás entrara en al política de la mano de Vox y consiguiera un escaño por Madrid en las elecciones generales del pasado 20 de noviembre.

Desde que desembarcara en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, son diversas las ocasiones en las que Borràs ha tomado la palabra en el Pleno de Congreso, principalmente para dirigir preguntas de control al Gobierno.

Con doble licenciatura en Periodismo y Economía, esta diputada ejerce como portavoz de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico y se presenta como "consultora y emprendedora" en el currículum publicado en la página institucional del Congreso.

"CON MADERA DE LÍDER"

Según el perfil que el nuevo programa hace de ella, Borrás, de 33 años y "con madera de líder", decidió participar en 'La Isla' porque "no terminaba de ser feliz en su trabajo como consultora financiera en Londres". De ahí que decidiera dejarlo todo para aventurarse en este reto.

"¿Se defenderá tan bien en 'La Isla' como lo hace en la política?", plantea el programa a modo de 'gancho'. Y es que la aventura que a partir del jueves se podrá ver en 'La Sexta' 14 mujeres que no se conocen entre sí deberán demostrar su dotes de supervivencia en un entorno extremo y hostil en mitad del Océano Pacífico. En concreto, en el archipiélago de Las Perlas, en el Golfo de Panamá.

Serán ellas mismas las encargadas de grabar el programa con testimonios en primera persona, sin ningún tipo de intermediario, en una isla que no han pisado nunca y en la que aterrizarán con la ropa que llevan puesta y algunas herramientas básicas.

Asociaciones, instituciones y empresas se han sumado este viernes al quinto aniversario e la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, aunque a lo largo de esta semana y durante todo el mes de septiembre se están realizando actos al respecto.

Una de estas iniciativas es la campaña #ApoyamoslosODS que impulsa la Red Española del Pacto Mundial y que se articula como una alianza con sus entidades socias y firmantes por la difusión de los ODS. Más de 300 organizaciones han descargado los materiales para difundir su compromiso con los ODS entre el 17 y el 30 de septiembre.

Además, empresas como BBVA han iluminado el edificio central de su sede corporativa en Madrid, La Vela, para conmemorar este quinto aniversario. La entidad ha elegido el color azul de Naciones Unidas para recordar una fecha en la que 193 países aprobaron la Agenda 2030 en la sede de la ONU en Nueva York.

Por otro lado, precisamente esta semana, el Consejo de Ministros ha aprobado la declaración institucional con motivo del quinto aniversario de la Agenda 2030 en la que defiende que, tanto la Agenda 2030 y los ODS, son "el camino indispensable para la reconstrucción" del país, así como un logro de un mundo y una sociedad más justa, respetuosa con todos y con el planeta.

En la misma línea, la directora de Fundación SERES, Ana Sainz, subraya a Europa Press que "una buena forma de canalizar ese impacto social en el que trabaja SERES (movimiento transformador que busca que las empresas implementen el impacto social en su estrategia) son los ODS, ya que el 84% de las compañías españolas los incluye dentro de la estrategia de negocio, según la VI edición del Informe del impacto social de las empresas SERES-Deloitte.

"Generar valor social es posible y se vislumbra como una oportunidad para obtener resultados económicos, así como un impacto social positivo. Las empresas quieren avanzar, crear oportunidades de colaboración real ante los retos sociales, implementación de nuevos procesos de trabajo, mayor eficacia y sostenibilidad en los resultados, pero no es una tarea fácil", prosigue.

"Por ese motivo nos esforzamos en crear una espiral de excelencia positiva, tender puentes (importantísima la función de las alianzas y el trabajo en colaboración) que entre unos y otros consigamos aprender, explorar tendencias, descubrir nuevas maneras de hacer las cosas, y sobre todo mostrar casos de estrategia de valor compartido que originen valor tangible e impacto positivo para las empresas. Respondemos al desafío de sentar en la misma mesa sociedad y empresa para crear y compartir valor", afirma.

A su juicio, "un sector privado responsable es indispensable para el crecimiento, la productividad, la innovación y la creación de empleo, todos ellos generadores de desarrollo y oportunidades". Según Sainz, "la emergencia sanitaria ha evidenciado aún más la necesidad de aplicar una visión a largo plazo, un liderazgo responsable y entenderlo como factores estratégicos en las compañías. Estamos hablando de que llegó el momento de las compañías socialmente comprometidas. Una transformación silenciosa hacia una sociedad más sana con empresas más fuertes en cooperación con los demás agentes".

Por ello, defiende que "la agenda 2030 es un faro para lograr todos estos objetivos" y ve "urgente dar prioridad a objetivos como el 4 y 8 en un país como España para que gracias a la educación de calidad y a un trabajo digno podamos reconstruir el futuro con propósito y de manera responsable".

"Además de nuestro trabajo como parte del grupo asesor en los inicios de la declaración de los 17 ODS, tenemos un compromiso firme con la Agenda 2030 y hemos desarrollado líneas de trabajo específicas como los laboratorios sobre ODS. Hemos diseñado grupos de trabajo en los que las empresas se reúnen, reflexionan y comparten mejores prácticas sobre temas de gran calado social. Son temas que impactan en la sociedad y en la empresa", concluye.

En cualquier caso, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de septiembre, el 70,4% de los españoles no ha oído hablar de la Agenda Horizonte 2030, el Plan estratégico para favorecer en España el desarrollo sostenible e igualitario.

Para luchar contra ello, Impact Hub Madrid --colaborador en España de los Global Goals Jam, iniciativa internacional promovida por Naciones Unidas y la Digital Society School para involucrar a la juventud en los desafíos de la Agenda 2030-- ha dado a conocer esta semana los dos proyectos ganadores de esta 4ª edición.

Se trata del 'Programa de protección de científicas', cuyo objetivo será promover las habilidades STEM entre las adolescentes, y 'El bus del cambio', que promoverá la creación de ciudades sostenibles. Ambos contarán con el apoyo de la farmacéutica Pfizer y la promotora Distrito Castellana Norte, respectivamente.

OBJETIVOS A 15 AÑOS

Los ODS --que sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)-- se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.

Se trata de 17 ODS que están integrados ya que reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, económica y social. Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los países se han comprometido a acelerar el progreso para aquellos más atrasados.

En este contexto, diferentes expertos reunidos esta semana en unas jornadas organizadas por Quiero junto a Impact Hub han defendido el valor de las Humanidades y la Cultura para el futuro de la sociedad y el desarrollo sostenible en un llamamiento a recuperar el valor de ambas disciplinas frente a la popularidad de las asignaturas STEM, con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y avanzar en la Agenda 2030.

Los centros de día y los hogares de Aragón pueden abrir sus puertas para atender a los aragoneses que hacían uso de ellos y que vieron como este recurso tenía que volver a cerrarse debido a la situación epidemiológica en la Comunidad Autónoma.

En estos momentos, con toda la cautela y sabiendo que la situación puede revertirse si cambian los datos de contagio, estos centros dedicados a la atención de los mayores volverán a estar operativos, partiendo de las premias de "la prevención, la necesidad y proporcionalidad".

"Para el Departamento de Ciudadanía esta era una prioridad y una preocupación, porque somos conscientes de lo necesarios que son para recibir determinados tratamientos y para que las familias concilien, en el caso de los centros de día, y para convivir, en el caso de los hogares", ha señalado María Victoria Broto.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales ha hecho este anuncio en el marco de una rueda de prensa donde se han analizado todos los pormenores de estas aperturas, en las que se llevan semanas trabajando, así como las novedades en las residencias de mayores, que van a permitir de nuevo los paseos de los residentes, pero con acotaciones encaminadas a garantizar al máximo la protección de la población más vulnerable ante el coronavirus.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, María Victoria Broto ha estado acompañada por el secretario general técnico del Departamento, José Antonio Jiménez, y el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquin Santos, que han detallado estas modificaciones, que se publican en el Boletín Oficial de Aragón.

En las residencias de mayores y de personas con discapacidad, e reduce la duración mínima de las salidas voluntarias y temporales de los residentes, que hasta ahora eran de un mes, y pasa a ser de diez días, siempre, claro está, que el residente no tenga síntomas, no haya estado en contacto con ninguna persona enferma, y en caso de haber pasado la enfermedad, tenga una prueba serológica negativa.

El retorno a la residencia podrá realizarse siempre que la persona que vaya a ingresar no presente cuadro compatible con la enfermedad y el centro no tenga más de dos casos sospechosos o uno confirmado. A su regreso, el residente deberá acreditar su prueba diagnóstica negativa y una declaración responsable donde quede constancia de que no ha estado con ninguna persona positiva o con síntomas.

En cuanto a los nuevos ingresos, al igual que con los retornos, el centro no debe tener más de dos casos sospechosos ni uno confirmado; del mismo modo, la persona que ingrese debe acreditar prueba diagnóstica negativa y declarar que no ha estado con sospechosos o contagiados.

Se reducen los plazos de "blindaje" de los centros. La nueva orden recoge que los centros podrán acoger a nuevos residentes o permitir la vuelta de aquellos que han salido voluntariamente, diez días después del inicio de síntomas del último caso notificado, siempre que el centro tenga buena capacidad de sectorización y la debida formación del personal, entre otras medidas exigidas.

En el capítulo de visitas se permite la entrada de un solo familiar, allegado o persona de referencia. El encuentro puede durar como máximo una hora y debe concertarse con cita previa. Las personas que acaban de ingresar en la residencia, aunque estén aisladas por este motivo, también pueden recibir visitas.

Los residentes pueden realizar un paseo diario, de una hora máxima de duración y alrededor de un kilómetro de distancia del domicilio de la residencia y también pueden realizarlo acompañado de un familiar, siempre respetando el uso de mascarillas, las distancias y las medidas de higiene. Estas salidas también se concertarán con el centro y no deben realizarse en franjas horarias de afluencia o a espacios concurridos.

HOGARES DE MAYORES

En Aragón hay 33 hogares de mayores y antes de la pandemia contaban con 120.000 socios. Durante el tiempo que han estado cerrados han atendido a sus usuarios por teléfonos, han servido comidas y han ofrecido servicios básicos.

Ahora estos centros se abren con las pertinentes medidas de seguridad y con los protocolos adecuados para que los hogares sepan cómo actuar en caso de que se declare un caso. Si las autoridades competentes lo vieran necesario se suspendería la actividad.

CENTROS DE DÍA

Podrán empezar a prestar servicios asegurando distancias y protocolos de seguridad aquellos centros de día que estaban cerrados en algunas zonas de Aragón, también pueden abrirse los que están adscritos a un centro residencial para estancias diurnas. En este último caso, diferenciando las entradas de los usuarios de estos centros y de la residencia en la que se ubican, debe haber una separación física y no se puede compartir personal (salvo en el caso de determinados especialistas).

El director gerente del IASS ha puesto el acento en la importancia de poner en marcha estos centros por las implicaciones positivas que tienen para los usuarios y también para las familias. "No podemos olvidar que hay miles de aragoneses que recibían estos servicios que durante meses han visto limitados tratamientos y rutinas, se ha hecho por su seguridad, pero retomarlos, con toda la prudencia, es motivo de alegría", ha dicho Joaquín Santos.

Por su parte, el secretario general técnico del departamento ha recordado, respecto a las residencias que las medidas que recoge la orden y que flexibilizan la actual situación pueden adoptarse gracias a la situación epidemiológica y a la aplicación y control de los planes de contingencia, que están permitiendo una actuación más rápida y eficaz en caso de detectarse un caso.

RESIDENCIAS BLINDADAS DURANTE EL PUENTE DEL PILAR

El texto que se ha publicado este viernes en el BOA recoge también una medida temporal que estará en vigor entre el 10 y el 18 de octubre (ambos inclusive) y pasa por blindar las residencias de Zaragoza capital durante el puente del Pilar, suspendiendo en esas fechas visitas y paseos, para evitar que en el hipotético caso de que se produjera un aumento de contagios durante esos días, esa situación pudiera llegar a las residencias.

"Es, de nuevo, una situación dura, que no nos gusta, pero necesaria. Nuestra principal obligación es defender la vida y en eso seguimos trabajando", ha subrayado la consejera Broto.

Con carácter general todas las novedades anunciadas en la orden se acompañan de dos medidas: el seguimiento por parte de los centros de las entradas y salidas de familiares u otros visitantes; así como de la obligación de firmar declaraciones responsables sobre el estado de salud y el conocimiento de la situación epidemiológica y las medidas que ésta implica.

La escuela infantil de Punta Umbría (Huelva), --donde se detectaron seis casos de coronavirus entre cuatro menores y dos profesionales de la misma clase--, se ha cerrado por mandato de la autoridad sanitaria, aspecto que no comprenden desde la dirección de la guardería, que ha pedido explicaciones a la Junta de Andalucía por la forma de proceder con el centro.

Tras detectarse esos casos en el centro, en un primer momento, se determinó el cierre de ese aula con la cuarentena establecida pero el resto continuaron funcionando, pero ahora han determinado el cierre del centro al completo.

En un comunicado del centro escolar, remarcan que han pedido a Epidemiología, al centro de salud y a la delegación de Educación, pruebas para todo el personal del centro, pero que les comunican que no eran contacto estrecho. Ante esa respuesta, deciden hacerse las pruebas de manera privada, dando el resto de profesionales negativo.

Así, han abierto miércoles 23 y jueves 24 "con total normalidad porque no teníamos instrucción de lo contrario" y este jueves recibieron un correo electrónico con una resolución por parte de la Delegación Territorial de Salud de Huelva que les informa del cierre total de la actividad docente en nuestro centro hasta el día 5 de octubre.

Tras informar a las familias, han realizado las gestiones convenientes para pedir las explicaciones oportunas a la enfermera de enlace, a Epidemiología, a la Inspección de Educación y a la Delegación de Salud de Huelva.

Así, la dirección asegura que desde el epidemiólogo les confirma que en su informe aconsejó a la Delegación de Sanidad el cierre únicamente de ese aula y no del centro, porque el aula es un grupo de convivencia escolar "perfectamente aislado". Por su parte, la gestión de la enfermera de enlace provoca la llamada de la Delegación de Salud, que les informa de que con "más de tres casos se considera un brote, aunque sea del mismo aula y que lo mejor para prevenir es cerrar el centro".

Finalmente, lamentan que la administración "haya tardado dos días en enviarles el comunicado", dejando claro que no han aparecido nuevos positivos en el centro y han actuado siguiendo "estrictamente" el protocolo. "Nos sentimos impotentes", han concluido, incidiendo en que el único alivio es "el apoyo de las familias y entidades municipales".

APOYO MUNICIPAL

La alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Aguedo, ha solicitado mayor información a la Delegación de Salud sobre los casos positivos de Covid-19 en la localidad, tras "los errores y tardanza en la aplicación de los protocolos ha tenido la Junta de Andalucía con la Escuela Infantil La Cabrita".

Aurora Águedo ha calificado en una nota de prensa de "inadmisible la falta de coordinación de las autoridades sanitarias y educativas y la mala gestión que se ha tenido con la Escuela Infantil La Cabrita".

Según la alcaldesa "este centro está haciendo un trabajo ejemplar y se ha guiado en todo momento por las indicaciones contradictorias de la Junta de Andalucía". A su juicio, "no se puede aceptar la ineficacia y tardanza de la administración en la aplicación de los protocolos en Punta Umbría".

Además, la alcaldesa puntaumbrieña ha querido mandar un mensaje de apoyo a toda la comunidad educativa de la escuela infantil. También ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y ha pedido la máxima prudencia en la aplicación de las medidas contra la Covid-19.

PROTESTAS EN EL IES SALTÉS

De otro lado, el AMPA 'Mar de Leva' del IES Saltés de Punta Umbría ha indicado este viernes que seguirán con las movilizaciones, como la cacerolada que ha tenido lugar este viernes y con la que continuarán la semana que viene, hasta tener "hechos concretos" por parte de la Delegación de Educación, que se ha puesto en contacto con la dirección del centro para conocer cuáles son sus necesidades.

Así lo han indicado a Europa Press la portavoz del AMPA, Mariló Duque, que ha pedido que la Delegación diga "si van a dotar al centro de los medios. En este punto, ha señalado que les han preguntado "cuáles son las medidas de las aulas y qué alumnado hay", pero que, de momento, "no ha habido ninguna reunión" y el AMPA ha mandado este viernes un nuevo escrito, "reiterando lo que ya ha solicitado también el propio centro".

Así las cosas, Duque ha señalado que los alumnos "no pueden asistir a clase porque la Junta no dota al centro", al tiempo que ha censurado que desde la administración "no nos den una respuestas ni nos digan qué van a hacer para solucionar la situación".

Por su parte, la alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, se ha unido este viernes a las protestas de AMPA mostrando su "respaldo", al tiempo que ha reivindicado "la calidad de una educación pública y segura, porque en estos momentos Educación y Sanidad deben ir de la mano".

Además, Águedo ha calificado de "irresponsabilidad" por parte de la Junta de Andalucía haber dejado "en manos de los docentes la elaboración de los planes de contingencia en los centros educativos frente al Covid-19", algo que, a su juicio "tenía que haber realizado la Consejería de Salud".

Las asociaciones de familiares de usuarios de residencias de personas mayores, Babestu de Álava y Bizkaia, Gipuzkuako Senideak, Irauli zaintza y familiares de usuarios de residencias y centros de día de Álava, y el Movimiento de Pensionistas de Euskadi, reunidos este viernes en Vitoria, han reiterado su preocupación porque los centros residenciales de atención a la dependencia "siguen sin ser sitios seguros para las personas usuarias y trabajadoras".

En un comunicado, han considerado "incomprensible" que ni el Lehendakari, Iñigo Urkullu, "en su función de director del Comité de Emergencia Sanitaria", ni los diputados generales, les den "una explicación pública" sobre el fallecimiento en agosto y septiembre de "más de 50 personas en las residencias" y del contagio de COVID-19 de "cientos de personas usuarias y trabajadoras".

"Se lo hemos pedido de manera reiterada y lo seguiremos haciendo porque tenemos derecho a saber, y es imprescindible conocer lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal, para poder mejorar", han advertido, para asegurar que ellos son "las personas más interesadas en conocer y participar" en las decisiones que afectan a sus condiciones de vida, como personas mayores y familiares.

Las asociaciones han denunciado que "el déficit de atención personal hacia las personas ingresadas se ha agudizado tras la crisis por la falta de personal, lo que aumenta las cargas de trabajo y la sensación de impotencia de los trabajadores".

Así mismo, han reprochado que "el incremento de los contagios y fallecimientos que derivan en aislamiento y eliminación de visitas de familiares, aumentan la sensación de soledad y abandono en las personas residentes". En muchos centros, han asegurado, "no se realiza un seguimiento eficaz del estado de salud de las personas, ni se están adoptando las medidas de prevención y detección necesarias para las personas que se incorporan a su trabajo.

Tras criticar que "se siguen sin gestionar los espacios y la movilidad de manera adecuada", han asegurado que la inspección "está siendo ineficaz". "Estamos pagando por segunda vez la falta de un plan de choque que dote a los centros de los recursos de prevención y de personal necesarios para evitar la pandemia", han alertado.

Según han advertido, van a seguir "peleando" hasta conseguir que las residencias sean "centros seguros y dignos, en los que las personas usuarias dispongan de la atención, que en todos los aspectos, necesitan", así como para "dignificar el trabajo de las personas cuidadoras y mejorar los ratios de personal y las condiciones de trabajo".

Su objetivo, han subrayado, es "cambiar el actual modelo de atención a la dependencia, construyendo una red de servicios socio sanitarios públicos universales, que garantice el derecho de las personas dependientes a una vida digna".

En ese sentido, han advertido de que, "si no se abordan con decisión las carencias y deficiencias denunciadas", en octubre volverán a salir a la calle y pedirán la colaboración de otros movimientos sociales, especialmente de mujeres y jóvenes, y organizaciones sindicales, para conseguir sus objetivos.

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha expresado su "indignación, decepción y enfado" por las declaraciones del director general de Tráfico, Pere Navarro, que "no ha aportado soluciones al problema de la falta de examinadores" y "ha arremetido contra los profesionales de la formación vial".

"El director de la DGT ha insinuado que los alumnos no están bien formados", ha lamentado el presidente de la patronal de las autoescuelas, Enrique Lorca, tras escuchar este jueves a Pere Navarro ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso.

Asimismo, ha criticado que Navarro "ha señalado el aumento en los exámenes prácticos de este verano con respecto al año anterior, pero ha omitido que durante el estado de alarma se dejaron de realizar 268.000". "Es evidente que el problema aumenta y no se le da solución", ha lamentado.

Además, ante la advertencia de Pere Navarro, quien se ha negado a "bajar la exigencia" de los exámenes teórico y práctico de tráfico para facilitar la gestión de los mismos durante los meses de pandemia, Lorca ha aclarado que "en ningún momento" las autoescuelas han pedido tal cosa, ni lo harán. "La formación y el examen son piezas fundamentales para garantizar la seguridad vial", ha subrayado.

CNAE ha afirmado que "el único interés" que tienen las autoescuelas es "realizar su trabajo de manera transparente y profesional". "Llevamos más de 17 años con el problema de la falta de examinadores, ahora se ha agravado con la pandemia, pero como hemos señalado en muchas ocasiones, es algo estructural que hay que atajar de manera definitiva", ha añadido.

En la actualidad, hay cerca de 300.000 alumnos con el examen teórico aprobado, que no pueden obtener el permiso de conducir por falta de examinadores, y muchos de estos alumnos lo necesitan para trabajar o para presentarse a una oposición, según avisa CNAE.

"El sector está muy cansado de escuchar siempre, año tras año, excusas, promesas, pero la solución definitiva nunca llega", ha zanjado.