La reforma ‘exprés’ para modificar la ley actual de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se plantea con la proposición de ley anunciada este martes por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, ha sido recibida con críticas tanto en el seno del órgano de gobierno de los jueces como en la mayoría de las asociaciones -que lo califican de «inconstitucional»- a excepción de Juezas y Jueces por la Democracia que lo ven como alternativa al bloqueo actual.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -mayoritaria- se muestra contraria a esta reforma, y su portavoz Manuel Almenar ha señalado en declaraciones a Europa Press que es una modificación «abiertamente inconstitucional» porque infringe lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución que fija las mayorías cualificadas necesarias en las cortes.

Además, añade que la vía de la proposición de ley también «plantea serias dudas de inconstitucionalidad» porque al evitar el cauce del proyecto de ley se eluden trámites preceptivos como son los informes del CGPJ, de la Fiscalía General del Estado o del Consejo de Estado, «algo básico en la cuestión».

Almenar ha explicado por otro lado que no se puede plantear una reforma del sistema de nombramientos y que ésta tenga carácter retroactivo. En este sentido, ha recordado al Gobierno que el proceso de renovación del órgano se inició hace dos años, y las reformas son a futuro, no sobre procesos iniciados.

«Tenemos la certeza de que es inconstitucional y mostramos nuestro absoluto rechazo», ha apuntado, para luego vaticinar que generará una reacción por parte de organismos europeos. «Una infracción de los valores que inspiran la Unión Europea tiene sus consecuencias, y ha llevado a avisos de expulsión a países como Polonia o Hungría», ha añadido.

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), su portavoz Jorge Fernández Vaquero ha sido tajante también al apuntar que la reforma de esta ley orgánica es un «despropósito» y va «en sentido contrario a las recomendaciones que se hacen desde Europa para fortalecer el Estado de Derecho.

En junio de este año el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, advirtió de la falta de independencia judicial si no se modificaba el sistema de elección de vocales actual. Por eso desde el Foro Judicial Independiente (FJI) insisten en que lo que se debe hacer es cumplir con esas recomendaciones y volver al sistema mixto de designación, en el que parte de los vocales sean elegidos en el seno del Poder Judicial.

UN PLAN ALTERNATIVO

Desde JJpD han defendido sin embargo que si bien lo más adecuado es renovar el CGPJ con la ley actual, ven «lógico» que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tenga un plan alternativo para desbloquear la situación en caso de que no haya acuerdo entre PSOE y PP.

Así, lo ha señalado su portavoz, Ascensión Martín, quien ha insistido en que ambos grupos políticos deberían ponerse de acuerdo antes de acometer la reforma, pero ve normal que se prepare un plan alternativo dado que el órgano lleva en funciones casi dos años.

«No es deseable que haya ninguna reforma legal porque el país debe emplearse en la pandemia, pero si llega enero y se niegan a renovar, deberá actuar», ha apuntado, añadiendo que desde su asociación ven adecuado que la ley se mejore pero tras el acuerdo.

CONTRA EL ESPÍRITU DE LA CONSTITUCIÓN

La propuesta tampoco ha caído en gracia en sectores del Tribunal Supremo, cuyos miembros son designados precisamente por el CGPJ, y que recuerdan que no tiene sentido que la Constitución imponga mayoría de tres quintos para que las cortes puedan elegir a los ocho vocales no judiciales y que sea otra mayoría la que necesiten las cortes para nombrar a los doce vocales judiciales.

La Constitución no establece la mayoría precisa para nombrar a los 12 vocales judiciales, porque lo que se representaba, «con una imprecisión en la redacción de la que se han aprovechado los políticos», según las fuentes consultadas, es que los doce vocales judiciales fueran nombrados por los jueces y que las cortes solo nombraran a ocho vocales con mayoría reforzada

«Pero si se aprovecha la mala redacción de la Constitución, porque no dice expresamente que los 12 vocales judiciales los nombren los jueces, y se optó en 1985 porque todos los vocales sean nombrados por las Cortes, lo que no tiene explicación constitucional es que para nombrar a los ocho vocales no judiciales la Constitución exija a las Cortes mayoría de tres quintos, pero para los judiciales, que son la mayor parte del órgano, se exija un apoyo inferior», añaden

Así, las fuentes consultadas inciden en que la mayoría reforzada viene exigida «como precaución para que el Poder Judicial no se nombre por la misma mayoría parlamentaria que nombra al Ejecutivo, y es así precisamente para que la mayoría parlamentaria no puedaconvertir al consejo general del poder judicial en un organismo que sea correa de transmisión de un partido».

El sistema que se sugiere con la reforma, anunciada además por un vía distinta a la presentación de un Anteproyecto, destroza políticamente la credibilidad de independencia. «Si ya se criticaba la imparcialidad política del CGPJ, porque lo nombraba todo el espectro político puesto de acuerdo, así sería ya intolerable, porque lo nombraría la mayoría ideológica que surge después de cada proceso electoral», dicen los magistrados consultados. «No hay ningún país democrático que lo practique. Ninguno», agregan.

«LA VÍA POLACA»

El anuncio ha suscitado fuertes críticas en el sector más conservador del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y así lo ha señala a Europa Press el vocal José María Macías quien ha criticado en recientes artículos lo que denomina «la vía polaca» de Podemos, el sector del Gobierno al que atribuye la idea de esta reforma.

A su juicio, lo ocurrido este martes no supone más que «copiar paso por paso» lo que ha ocurrido en el Poder Judicial polaco, donde también se eludieron informes para implementar una reforma que ha sido duramente respondida por la UE, hasta el punto de peligrar los fondos que el citado país puede recibir para su lucha contra la pandemia.

El Tratado de la UE, según explica Macías, exige a los jueces que vayan a aplicar el derecho de la Unión que reúnan una serie de requisitos, entre los que se encuentran la neutralidad política del órgano que los nombra. «Pero s que en España todos los jueces aplican derecho de la UE y por tanto las exigencias de neutralidad políticadel órgano que nombra los jueces deben estar presentes en nuestra legislacion», insiste el vocal, nombrado a propuesta del PP

Añade que también el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción* (GRECO) señala que deberían ser los propios jueces los que designen a los doce vocales de origen judicial. «Y ahora la propuesta es emperorarlo -lamenta-. Pareciera que los aforados quieren un órgano que nombre según sus intereses a los jueces que en el futuro pueden entender de causas que les afecten».

UN PACTO PARA LA REFORMA

Por su parte, el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, ha considerado que «han sido ya demasiadas las reformas sobre el modo de elección de los vocales del CGPJ», indicando que «estar reformando constantemente esto no es bueno para nadie» porque genera incertidumbre.

Estévez ha abogado por una modificación que tenga «pleno consenso de todos los partidos o al menos de los partidos mayoritarios», ya que «todo lo que no pase por ahí (…) va a dar lugar casi con toda seguridad a una contrarreforma». Así, ha reclamado un «gran pacto» que dé «estabilidad» a lo acordado, de modo que «tenga vocación de durar mucho».

PSOE y Unidas Podemos estiman que la reforma de la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que impulsan podría entrar en vigor a los dos meses de tomarse en consideración y ha recordado que no se requiere un informe previo del Consejo de Estado al no ser un proyecto que emana del Gobierno.

De hecho, PSOE y Unidas Podemos están convencidos de que saldrá adelante en el Congreso y ha recordado que formaciones que congregan 188 diputados ya emitieron un comunicado conjunto exigiendo que se superara el bloqueo en el CGPJ.

Además, su propuesta pauta la activación de la designación de 12 vocales de este órgano que corresponden a las cortes generales por mayoría absoluta en un plazo de 48 horas en caso de que fracasara la designación por mayoría cualificada.

Así lo han indicado en rueda de prensa conjunta los portavoces de PSOE y Unidas Podemos, Adriana Lastra y Pablo Echenique, respectivamente, después de haber registrado esta iniciativa en la Cámara Baja sobre las 12.30 horas.

Lastra ha explicado que esta reforma trata de evitar que el CGPJ vea bloqueada su actividad por parte del PP, a quien ha acusado de romper el consenso respecto a la renovación de la institución de gobierno de los jueces hasta en dos ocasiones.

La portavoz socialista ha puesto énfasis en que el propio presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha reclamado en diversas ocasiones a los grupos que se activara dicha renovación y que la propia Comisión Europea ha instado a ello.

En consecuencia, las dos formaciones impulsan esta reforma que preserva el cumplimiento del mandato constitucional de renovación con una propuesta que introduce dos novedades principales: rebajar a mayoría absoluta la renovación de 12 vocales en caso de no ser posible por tres quintos de las cámaras y «cubrir el vació legal» en las atribuciones del CGPJ con un mandato ya expirado, imposibilitando en este supuesto la designación de puestos claves en la esfera judicial.

Todos los partidos políticos de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, salvo el PNV, han mostrado explícitamente su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por el Sindicato de Enfermería (Satse), que tiene como objetivo «garantizar la seguridad en la atención sanitaria y cuidados a través de una asignación máxima de pacientes por cada enfermero».

Según esta norma, se asignarían, como regla general, un máximo de 6 pacientes por enfermera en unidades de hospitalización, que se reducen a 2 en áreas de cuidados intensivos o críticos y a 3 en áreas quirúrgicas; en atención primaria, no se podrían superar los 1.500 habitantes por enfermera.

No obstante, el texto establece que los criterios de estas ratios dependerían «de factores asociados a las características de los pacientes, tales como el proceso de enfermedad y la complejidad de los cuidados». Igualmente, el texto emplazaría al Ejecutivo a la revisión periódica de las ratios y a la creación de una Comisión Interterritorial de Ratios Enfermeras.

El presidente de Satse, Manuel Cascos, ha intervenido este martes ante la Comisión para pedir el apoyo de todos los grupos políticos a esta norma. Su intervención es el paso previo para que se pueda tomar en consideración en próximas fechas en el Pleno del Congreso, una vez que se lograron el pasado año las más de 660.000 firmas de ciudadanos y profesionales que permitieron que entrase en la Cámara Baja como Iniciativa Legislativa Popular.

En su discurso, Cascos ha subrayado que esta norma persigue garantizar la seguridad del paciente con independencia del lugar donde se viva, centro sanitario o sociosanitario donde se reciba la atención y cuidados y al margen de si eso ocurre en la sanidad pública o privada. Asimismo, ha recalcado que la norma «es más necesaria que nunca» una vez que la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 ha dejado al descubierto que el déficit existente de enfermeros en España es el «talón de Aquiles» del sistema sanitario.

«Somos el sexto país del mundo con menos enfermeros en relación a su población, disponiendo solo de cinco profesionales para atender y cuidar a 1.000 personas, mientras la media europea es de casi nueve y hay países con más de 15 y 16 enfermeros por ciudadano», ha argumentado en este sentido.

El presidente de Satse ha recordado que esta falta «estructural e histórica» de enfermeros supone que en muchos de los hospitales haya entre 15 y 20 pacientes por cada enfermero, cuando la ratio segura está en 6-8 pacientes por cada profesional; y que en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no se respete habitualmente la ratio segura de un máximo de dos pacientes asignados a una enfermero, superando con frecuencia los tres y hasta cinco pacientes por enfermero.

En lo que respecta a los centros de salud, la asignación de pacientes por enfermero es de entre 1.600 y 1.800 personas, cuando, según Satse, no debería superar, de acuerdo con los criterios del Ministerio de Sanidad, los 1.000 ciudadanos; mientras que en los centros sociosanitarios, como las residencias de mayores, un solo enfermero, en caso de que el centro disponga de estos profesionales, ha de prestar atención sanitaria y cuidados hasta a 100, 150 e incluso 200 residentes.

Al respecto, Cascos ha aludido a la revisión sistemática realizada de más 100 estudios científicos que concluyen que la falta de enfermeros en los centros sanitarios incrementa el riesgo de muerte hasta en un 13 por ciento y conlleva un aumento sustancial de las infecciones en los pacientes y de la probabilidad de reingreso hospitalario, así como un incremento sustancial de los costes sanitarios, el alargamiento de las estancias y la inevitable deshumanización de la atención y cuidados.

«Tenemos el apoyo de la sociedad y hoy pedimos el acuerdo de todos los grupos para posibilitar la tramitación y aprobación del proyecto de Ley de Seguridad del Paciente y, de esta forma, garantizar y ofrecer una asistencia sanitaria y cuidados en óptimas condiciones de calidad, igualdad y seguridad para satisfacer el derecho constitucional a la salud de cualquier persona recogido en nuestra Carta Magna», ha apostillado.

Una vez debatida y aprobada su toma en consideración, la proposición de ley seguirá el procedimiento legislativo ordinario, con la apertura del plazo para la presentación de enmiendas de totalidad y al articulado. Si se registra alguna enmienda de texto alternativo se votará en el Pleno de la Cámara. En caso contrario, pasará a debatirse en la Comisión correspondiente, donde se analizarán y votarán las enmiendas al articulado para elaborar un dictamen que será remitido al Senado para continuar su tramitación.

LOS PARTIDOS, A FAVOR

La diputada socialista Josefa Andrés Barea ha dado su «apoyo» a la iniciativa de Satse: «Hay un déficit en nuestro sistema sanitario importante, que ha culminado con el COVID-19, y que ha hecho un daño en el tendón de Aquiles del sistema que lo ha debilitado profundamente». Sin embargo, ha precisado que, debido al carácter autonómico de la propuesta, la ILP debe también ser valorada en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, ya que son las CCAA las que «tienen que establecer el presupuesto».

La diputada ‘popular’ Elvira Velasco también ha apoyado, «por supuesto», esta ILP. «Establecer unos ratios mínimos dota de mayor efectividad los derechos de los ciudadanos con respecto a las prestaciones en materia sanitaria. Los ratios deben estar vinculados a factores asociados a características de los pacientes. Establecer estos ratios también está ligado a cambios organizativos en el sistema sanitario», ha comentado.

La diputada de Unidas Podemos Rosa Medel ha señalado que existe una «clara falta de personal de Enfermería, ya antes de la pandemia». «Estamos totalmente de acuerdo con su iniciativa, es necesario fijar ratios. Deben ser fijados de igual manera tanto para la sanidad pública como en la privada, porque lo que se debe garantizar son los resultados en salud. Los pacientes no pueden correr riesgos, de eso se trata en realidad», ha añadido.

Misma opinión ha compartido el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz, quien ha advertido igualmente sobre la falta de enfermeros en España, tal y como ha puesto de manifiesto Cascos. «Es paradójico que uno de los países con la Enfermería mejor formada del mundo no aproveche ese gran capital que tenemos. A ver si conseguimos entre todos aumentar los ratios. La evidencia científica le avala sobre lo que supone la carencia de enfermeros en cuestiones muy serias», ha sostenido.

Por parte de VOX, Juan Luis Steegmann ha resaltado la necesidad de que se aumente el número de enfermeros. «Tenemos 8.000 fuera que son muy considerados, que se las rifan. Nosotros queremos que el sistema sanitario sea bueno, pero no a costa de los sanitarios. Desde el celador hasta el jefe de Servicio, tienen que estar bien pagados y bien considerados», ha defendido.

La única diputada que se ha mostrado reticente ha sido Josune Gorospe, del PNV. Pese a que ha afirmado que el partido vasco atenderá y estudiará la propuesta, ha indicado que es difícil aumentar el ratio de los enfermeros en Euskadi. Según Gorospe, serían necesarios hasta 2.400 enfermeros para aumentar las tasas hasta nivel europeo, a pesar de que País Vasco es una de las autonomías con mejor tasa en toda España, debido a las jubilaciones que se van a producir en los próximos años y el número de enfermeros que se están formando en estos momentos.

El Pleno del Congreso debatirá el próximo martes por la tarde la suspensión de los objetivos de déficit por la crisis del coronavirus y dedicará el miércoles y el jueves a la moción de censura presentada por Vox contra el Gobierno de PSOE y Podemos.

Así se ha decidido este martes, a propuesta de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en la Junta de Portavoces del Congreso, que es la encargada de diseñar el orden del día de las sesiones plenarias.

En concreto, la tarde del próximo martes 20 de octubre se dedicará a debatir la decisión del Gobierno de suspender las reglas fiscales para este año y el siguiente por la situación de crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

MAYORÍA ABSOLUTA PARA JUSTIFICAR LA SUSPENSIÓN

Conforme a los artículos 135.4 de la Constitución y en el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Congreso deberá votar ese martes si aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifique la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y, para lograr el aval de la Cámara, el Gobierno necesita mayoría absoluta.

Esos artículos recogen la posibilidad de exceder los límites de déficit estructural y de deuda en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria «que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado». Eso sí, esas excepciones deben ser «apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados».

La suspensión, aprobada por el Consejo de Ministros tras la aplicación de la cláusula de salvaguarda por parte de la Comisión Europea, deja sin efecto los objetivos de déficit, deuda y gasto público para este año y 2021, si bien el Gobierno ha trasladado a las comunidades autónomas un déficit recomendado del 2,2% del PIB para 2021.

¿QUIÉN DEL GOBIERNO REPLICARÁ A GARRIGA Y ABASCAL?

El Pleno se reanudará a las nueve de la mañana del miércoles 21 de octubre con el debate de la moción de censura de Vox. Arrancará con las intervenciones de Ignacio Garriga, que será quien presente la iniciativa al Congreso, y del candidato a presidente del Gobierno, Santiago Abascal, líder de Vox.

El Gobierno podrá intervenir en cualquier momento y será Moncloa quien decida cuál de sus integrantes, si el presidente o alguno de sus ministros, debate con los representantes de Vox.

Tras una pausa para comer, la sesión se reanudará por la tarde con la intervención de los distintos grupos parlamentarios, que dispondrán de dos turnos de 30 y 10 minutos para debatir con el candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno. Eso sí, no es obligatorio agotar los tiempos y los grupos decidirán quién interviene y por cuanto tiempo.

En todo caso, los debates no acabarán hasta el jueves, 22 de octubre, que será cuando se vote la moción de censura en votación pública y por llamamiento, con los diputados presentes puestos en pie anunciando su voto. En el caso de quienes voten telemáticamente, su voto se anunciará desde la Presidencia.

Para prosperar, la moción de censura necesitará mayoría abso0luta, 176 votos, un umbral muy lejano habida cuenta de que ni siquiera el PP piensa apoyarla y el resto de grupos ha anunciado el voto en contra. Con sólo los 52 votos de Vox, todo apunta a que será la moción de censura menos apoyada desde la restauración de la democracia.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, norma con la que espera recaudar 800 millones de euros al año y que incluye la prohibición de las amnistías fiscales, la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo para determinadas actividades económicas entre profesionales y empresas, o un mayor control sobre el uso de nuevas tecnologías, como las criptomonedas o la prohibición del software de doble uso.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado que la lucha contra el fraude fiscal es una «prioridad» del Ejecutivo porque «no hay justicia social ni tributaria si algunos pretenden eludir sus compromisos y obligaciones que tienen el resto».

Montero ha destacado que con el proyecto de la ley, remitido ya al Congreso, se pretende luchar contra el fraude fiscal, una actividad que genera «competitividad desleal» entre áreas de actividad económica y el deterioro de la recaudación para blindar los servicios públicos, e instaurar la «tolerancia cero» contra cualquier práctica fraudulenta, especialmente en el actual momento de crisis, ya que las prácticas irregulares suponen un «agravio» para los contribuyentes cumplidores y restan recursos al Estado de bienestar.

Así, ha explicado que la norma incluye medidas de «gran calado» que refuerzan las herramientas que previenen y combaten la evasión fiscal y ponen el foco en las fórmulas de fraude «más avanzadas y complejas», que requieren de ingeniería, lo que a su vez precisa de una especialización en la Agencia Tributaria, especialmente en la unidad de grandes contribuyentes y grandes patrimonios.

La nueva norma, ha resaltado, intensifica la labor de la AEAT que el año pasado recaudó 15.715 millones en lucha contra el fraude fiscal, un 4,1%, e incluye medidas como la prohibición del denominado software de doble uso utilizado por grandes compañías para hacer una doble contabilidad con programas informáticos que permiten su manipulación.

También incluye la prevención del fraude y el control de las criptomonedas y la limitación del pago en efectivo para determinadas actividades económicas, reduciéndose de los 2.500 euros actuales a los 1.000 euros entre profesionales y empresarios, mientras que permanece en 2.500 euros para particulares, aunque el objetivo es «ir disminuyendo cuantías» para combatir la economía sumergida.

A su vez, se reduce de 15.000 euros a 10.000 euros el límite para particulares con domicilio fiscal en el exterior.

Igualmente, se recoge la prohibición de las amnistías fiscales, en línea con el acuerdo programático para eliminar el «beneficio» a incumplidores «como hicieron gobiernos pasados», y se amplía la lista de deudores tributarios disminuyendo el umbral de un millón a 600.000 euros con el fin de agilizar el pago de la deuda.

Por último, también se transpone la directiva europea sobre lucha contra el fraude fiscal en el marco del programa BEPS para que introducir elementos de transparencia y garantizar que las empresas que trasladen sus activos desde España a otro país tributen aquí por plusvalías que se generen o se mantengan latentes.

El conjunto de medidas podría generar en torno a 800 millones de euros adicionales en un solo ejercicio contable, según ha estimado Montero.

El líder del PP, Pablo Casado, ha avisado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que su formación recurrirá al Tribunal Constitucional y a las instituciones y tribunales europeas si el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos «perpetra un atropello a la legalidad» para rebajar la mayoría parlamentaria y poder renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

«No lo permitiremos», ha afirmado Casado después de que los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos hayan registrado una proposición una ley orgánica para reformar el sistema de elección del CGPJ con el objetivo de sortear el «bloqueo» del que acusan al PP.

El PP ya anunció la pasada semana, por boca de su secretario de Justicia de Interior, Enrique López, que estaban dispuestos a ir al Tribunal Constitucional y a las instituciones europeas si el Gobierno de Pedro Sánchez forzaba esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para posibilitar la renovación del CGPJ con el propósito de rebajar la mayoría de tres quintos necesaria actualmente.

«PRETENDE LIQUIDAR LA SEPARACIÓN DE PODERES»

El presidente del PP ha confirmado esa línea de actuación de su formación a través de su cuenta oficial de Twitter, donde ha acusado al presidente del Gobierno de «pretender liquidar la separación de poderes en pleno ataque a la independencia judicial de su vicepresidente investigado», en alusión a Pablo Iglesias y el ‘caso Dina’, tras pedir el juez al Tribunal Supremo que lo investigue.

Casado ha dejado claro que su partido no permitirá que el Gobierno siga adelante con esa reforma legal para renovar el CGPJ. «Si perpetran este atropello a la legalidad, recurriremos al Tribunal Constitucional y a las Instituciones y Tribunales Europeos», ha confirmado.

La decisión de que sean el PSOE y Unidas Podemos los que impulsen en el Congreso la reforma para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de una proposición de ley evitará al Gobierno los informes de órganos consultivos que se exigen en los anteproyecto de ley que tramita el Consejo de Ministros.

Así, una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial por la vía del proyecto de ley obligaría al Gobierno de PSOE y Podemos tener que pedir informes al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal y al propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sin embargo, al tomar la iniciativa los grupos parlamentarios que forman parte del Gobierno y tramitarse la reforma vía proposición de ley, ya no son necesarios esos informes consultivos y, según los socialistas, podría estar aprobada en tres meses.

BASTA CON LA CONFORMIDAD DEL GOBIERNO

Tras su calificación por la Mesa del Congreso, la iniciativa de los grupos parlamentarios sólo necesitará la conformidad del Gobierno para su debate: en concreto, dispondrá de un máximo de 30 días para certificar que esa reforma no tiene efectos presupuestarios, único motivo para los vetos del Gobierno.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó el pasado martes que el Ministerio de Justicia y el Grupo Socialista ya estaban trabajando en la reforma, que se encontraban en la fase de «conversaciones discretas» con el resto de fuerzas y que, en todo caso, la harían sin prisa, y tomándose el tiempo que haga falta.

Es más, aseguró que no podía «ser fruto de un debate acalorado» sino que tenía que llegar «tras un estudio pausado, mucho debate y mucho diálogo, y con todo el consenso posible». «No queremos tomar decisiones precipitadas», afirmó.

No obstante, Montero no detalló entonces los plazos que manejaban, ni la fórmula por la que se decantarían que, finalmente, será la de la proposición de ley, registrada este mismo martes en el Congreso por los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos.

La exjefa de ETA Soledad Iparragirre ha negado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional haber usado en la organización terrorista el alias ‘Anboto’ y ha afirmado que en un momento dado sin saber por qué comienza a «aparecer» su nombre en el organigrama. Así, ha negado haber entregado material explosivo y dado instrucciones para cometer un atentado contra una comisaría de Policía en Oviedo en la «campaña de verano» de 1997.

Iparragirre ha respondido así a preguntas de su abogado en el segundo juicio que afronta en la Audiencia Nacional desde que fue entregada por Francia el año pasado tras cumplir allí casi 20 años de prisión y responder a los procedimientos judiciales que tiene pendientes en España. La defensa ha explicado la «cuestión clave» en el juicio que ha comenzado este martes es saber si la acusada «utilizó el sobrenombre de ‘Anboto’ en ETA».

«No, nunca», ha dicho Iparragirre, que a diferencia del primer juicio, que se celebró el pasado mes de julio, ha declarado frente al tribunal y no desde una sala blindada. Ha continuado su respuesta explicando que puede hacer «conjeturas» de por qué se le atribuye pero que no sabe por qué su nombre aparece en la cúpula de la banda terrorista: «Es en el tiempo en el que ETA era el centro mediático español y donde todo el tiempo el organigrama de la organización se sacaba y mi nombre empieza a aparecer. No sé ni cómo».

«Era el clima general de la época. Decían: ‘según fuente policiales’ y decías: ‘pues hostias, qué fuentes tienen estos’ y hacían un nuevo organigrama de ETA y me empezaron a poner», ha ironizado. La estrategia de defensa se basa en desvincular a Iparragirre con el comando ‘Katu’, que atentó en julio de 1997 contra la comisaría de Policía de Buenavista de Oviedo, sin ocasionar ninguna víctima mortal.

FISCALÍA PIDE 71 AÑOS

Según relata el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, ‘Anboto’, para quien pide 71 años de prisión, entregó en una fecha indeterminada de 1997 a los etarras Kepa Arronategi y Eneko Gogesascoechea -condenados por estos hechos-, integrantes del ‘comando Katu’, material explosivo, detonadores, temporizadores, granadas, dos pistolas y un subfusil «con indicación expresa de que las granadas fueran usadas de forma inmediata en la campaña de atentados» de ese verano.

No obstante, Iparragirre, que sólo ha contestado a las preguntas de su abogado, ha negado haber entregado este material y ser la responsable del citado comando ‘legal’ y ha señalado que no conoce a sus integrantes.

Asimismo, ha aprovechado su declaración para relatar cómo fue su primera detención en 1981, junto a su familia, y cómo ésta le llevó a «cruzar la frontera» debido a las «secuelas». Con todo ello, ha concluido que incluso en Francia la vida para los «refugiados vascos» era difícil porque «había dos maneras de desaparecer: o te mata el GAL o te coge el Gobierno francés y te pone en manos de la policía española», ha dicho.

LOS MIEMBROS DEL COMANDO ‘KATU’ DICEN QUE NO CONOCEN A ‘ANBOTO’

Por su parte, el fiscal ha intentando desmontar la versión de la acusada y para ello ha preguntado a los policías que han comparecido como testigo si tenían sospechas de que ‘Anboto’ pudiera ser otra persona, algo que han negado. Es más, han recordado que Arronategi y Gogesascoechea, en sus declaraciones tras sus detenciones, indicaron y reconocieron a Iparragirre como la responsable del comando ‘Katu’ y la persona que les entregó el material explosivo.

Sin embargo, los que fueran los integrantes del comando, que han comparecido en la vista oral también como testigos a través de videoconferencia, han asegurado que fueron «dos hombres» quienes les entregaron el material y que estos fueron su contacto con la banda terrorista. Han añadido que conocen a Iparragirre por la «prensa».

Kepa Arronategi ha llegado a decir ante el tribunal de la Audiencia Nacional que la declaración que se transcribe en el atestado policial de su detención es «falsa», ya que firmó lo que los agentes escribieron en él bajo «presión» y «chantaje».

CONDENADA A 122 AÑOS DE CÁRCEL Y UNA DECENA DE CAUSAS PENDIENTES

‘Anboto’ fue juzgada el pasado mes de julio por el asesinato del comandante del Ejército del Tierra Luciano Cortizo mediante la colocación de una bomba en su coche el 22 de diciembre de 1995 en León, por el que ha sido condenada a 122 años de prisión.

Entre la decena de causas que le quedan pendientes, está procesada por el crimen de dos agentes en Vitoria el 6 de agosto de 1987 o el del cartero Estanislao Galíndez en 1985. También se le relaciona con las instrucciones para atentar contra el Rey Juan Carlos en la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao o por facilitar armamento para una acción criminal contra la oficina del DNI de esta misma ciudad el 13 de enero de 1995, causando la muerte de una persona y dejando herida grave a otra.

En mayo de 2018, y mientras estaba presa en Francia, fue una de los dos terroristas que puso voz al vídeo en el que ETA anunció su disolución definitiva. El otro terrorista fue José Antonio Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, quien fue arrestado en Francia el año pasado y también está reclamado por la Audiencia Nacional.

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, pronostica un debate «salvaje» de la moción de censura de Vox y auguro «insultos» y expresiones «soeces». «Van a embarrar aún más el terreno de juego», se lamenta.

En rueda de prensa en el Congreso, Rufián ya anticipa que el debate de la moción de censura, previsto para la próxima semana en el Pleno del Congreso, «va a ser muy poco edificante» y su utilidad será nula: «La verdad es que, cuando pienso para qué servir, me surgen palabras poco elegantes», opina.

A su juicio, esa moción de censura de Vox «va más contra Pablo Casado que contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y al final provocará que el terreno de juego de la política se «embarrará aún más».

MANTIENE ABIERTA LA VÍA DEL DIÁLOGO CON EL GOBIERNO

En todo caso, Rufián se niega a cerrar la puerta al diálogo con el Gobierno de coalición con vistas a los Presupuestos: «Con la que está cayendo y caerá, es irresponsable no hablar, y eso no nos hace menos independentistas, sino más útiles».

Tampoco se cierra a reunir a la mesa de diálogo sobre Cataluña, aunque ve «imprudente» adelantar fechas porque «lo importante es preservar la idea» del diálogo, que es un «consenso general» entre la población.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha acusado este martes al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de no «no atreverse» a aplicar el estado de alarma en Cataluña y otras Comunidades Autónomas que tienen, a su juicio, «una situación mucho peor» que la que existe en Madrid.

Así se ha expresado Maroto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Senado, en la que ha defendido la evolución positiva de los datos del coronavirus en la Comunidad madrileña: «Las condiciones en Madrid no justifican el estado de alarma decretado por el Gobierno».

El portavoz ‘popular’ considera que el Gobierno está «obsesionado» con la «revancha política» contra Madrid. «Erre que erre con el estado de alarma en Madrid, aunque haya mejorado sus datos, y sin embargo vemos con asombro que no se aplican los mismos criterios para todo el mundo», ha subrayado.

Por último, ha cargado contra el Gobierno y contra el estado de alarma «del ministro de Illa» porque cree que las razones para aplicarlo solo se explican «desde la revancha y desde la ideología adversa» que tiene Sánchez contra el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha avisado este martes al Gobierno que su formación no va a participar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si Podemos forma parte de ese proceso, ya que, según ha dicho, el objetivo del partido morado es «erosionar las instituciones». Además ha indicado que el Ejecutivo tiene «la llave» para desbloquear el Consejo y pasa por «avanzar en la despolitización».

«Nosotros somos coherentes y muy claros. No vamos a renovar el Poder Judicial cuando en la ecuación entre Podemos. No lo vamos a hacer porque el único objetivo de Podemos hoy es erosionar las instituciones», ha declarado Montesinos en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press.

Precisamente este martes los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos van a registrar la proposición una ley orgánica para reformar el sistema de elección del CGPJ con el objetivo de sortear el «bloqueo» del que acusan al PP, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El PP ya anunció la pasada semana, por boca de su secretario de Justicia de Interior, Enrique López, que están dispuestos a ir al Tribunal Constitucional y a las instituciones europeas si el Gobierno de Pedro Sánchez fuerza esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para posibilitar la renovación del CGPJ con el propósito de rebajar la mayoría de tres quintos necesaria actualmente.

«ATACAR» A LAS INSTITUCIONES DESDE DENTRO DEL GOBIERNO

Al ser preguntado si Pablo Casado ha escuchado las voces de exministros como Alberto Ruiz Gallardón o Rafael Catalán recomendando sentarse a negociar para evitar esa reforma legal, Montesinos ha insistido en que el PP quiere «la despolitización de la Justicia» y ha añadido que ese objetivo es «absolutamente incompatible con Podemos».

Así, ha insistido en que el vicepresidente Pablo Iglesias y algunos de sus ministros se dedican a arremeter contra el Rey y las instituciones. De hecho, ha recalcado que cuando «ataca al jefe del Estado lo que está atacando es a la Constitución de 1978».

Montesinos ha destacado que este lunes miembros de Bildu, «socios» de Pedro Sánchez y «amigos» de Pablo Iglesias «tiraron una figura del jefe del Estado» en Pamplona. «¿Han escuchado la condena o la denuncia del vicepresidente Iglesias ante esos hechos?», se ha preguntado, para denunciar que Podemos se dedique a «erosionar» las instituciones desde dentro del Gobierno.

Al ser preguntado si ese bloqueo en la renovación del CGPJ, después de dos años con su mandato terminado, no supone también una erosión de las instituciones, Montesinos ha asegurado que «el Gobierno tiene la llave para desbloquearlo: avanzar en la despolitización de Poder Judicial».

En este sentido, ha señalado que el PP ya ha planteado su propuesta y pasa por que «los jueces elijan a los jueces». «Hemos dicho que queremos avanzar en la despolitización y que lo que no puede ocurrir es que en la ecuación entre un partido que está en el Gobierno que ataca sistemáticamente a la Justicia, a la Constitución y al jefe del Estado», ha abundado.

MOCIÓN PARA REPROBAR A PABLO IGLESIAS

En cuanto a la moción pidiendo reprobar a Pablo Iglesias por sus «ataques» a las instituciones y si el PP ha recabado apoyos de otros grupos en el Congreso, Montesinos ha indicado que en ese debate y votación las fuerzas políticas quedarán «retratadas».

Así, ha destacado que hay «muchos barones territoriales del PSOE que han censurado» las palabras de Iglesias y se ha preguntado qué harán ahora los diputados socialistas de esas circunscripciones, «si estarán de acuerdo con los presidentes de esas comunidades o estarán de acuerdo con la señora Lastra», portavoz del Grupo Socialista en el Congreso.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de «traficar con la vida de los madrileños para hacer política», pero no ha avanzado si su formación podría apoyar o no una eventual prórroga del estado de alarma en la región, aunque ha insistido en que este instrumento jurídico restringe derechos fundamentales.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Rufián ha explicado que antes de que el Gobierno decretara la alarma en Madrid el pasado viernes su grupo parlamentario fue informado «por cortesía» de que se iba a declarar por 15 días, pero no se le avanzó nada sobre una posible prórroga, lo que requeriría el aval del Congreso.

Rufián ha dado a entender que comparte los argumentos del Gobierno para decretar la alarma en Madrid ante la «enorme irresponsabilidad» de Ayuso que, a su juicio, «utiliza la vida de la gente para confrontar con el Gobierno» central.

BUSCAR OTRAS FÓRMULAS

El portavoz de ERC no ha querido descartar ni confirmar si, llegado el caso, sus 13 diputados respaldarían alargar el estado de alarma más allá de esos 15 días, pero sí ha aprovechado para recordar que durante la primera ola de la pandemia ERC acordó con el Ejecutivo de coalición que se intentaría aplicar otras fórmulas legales que «no fueran tan reaccionarias para derechos fundamentales como el estado de alarma»

«Esto habría que hablarlo», ha subrayado antes de incidir en que lo que le gustaría a su formación es que en el Gobierno madrileño de PP y Ciudadanos «imperara la responsabilidad» y no se «traficara con la vida de la gente«.

Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos van a registrar este martes la proposición una ley orgánica para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el objetivo de sortear el «bloqueo» del que acusan al PP, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avanzó hace semanas su intención de promover esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para posibilitar la renovación de este órgano y, posteriormente, el PSOE detalló que el objetivo sería rebajar la mayoría de tres quintos necesaria actualmente.

De este modo, la reforma planteará previsiblemente situar en la mayoría absoluta los votos necesarios para que las Cortes elijan a los 12 miembros del CGPJ que les corresponde.

Aunque el Ejecutivo considera que la mejor vía para renovar el órgano de gobierno de los jueces sería poder llegar a un acuerdo con el PP, han decidido poner en marcha esta reforma, al entender que no se pueden posponer más esta tarea.

BUSCAR APOYO DEL BLOQUE DE INVESTIDURA

Las citadas fuentes consideran que la reforma de la ley que rige el CGPJ tiene respaldo para salir adelante, dado que el denominado ‘bloque de investidura’ ha dado muestras favorables a asumir ese cambio.

Para ello, aluden al escrito firmado a finales de septiembre por PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya, PNV, Más País, Compromis, Teruel Existe y Nueva Canaria, exigiendo que se cumpliera el mandato legal de renovar el Poder Judicial. Todos los firmantes conforman una mayoría total de 187 escaños.

DEFINIR EL PERIODO EN FUNCIONES DEL CGPJ

A falta de conocer los detalles concretos, la proposición también incluirá, aparte de la rebaja de la mayoría parlamentaria requerida para la renovación de los vocales, directrices concretas para delimitar la actuación del CGPJ cuando caduque su mandato.

Con ello, se persigue definir la actuación que puede emprender el órgano de gobierno de los jueces ‘en funciones’, circunscribiendo su papel a actuaciones del trámite del día a día. Así, se evitarían que se emprendiera decisiones de calado como la designación de puestos clave en la cúpula judicial.

Los contactos entre ambas fuerzas parlamentarios, socios en el Gobierno de coalición, han fructificado en este texto legislativo que asume una de los aspectos principales de la agenda de Podemos, que ya contaba desde hace tiempo con un borrador de reforma legislativa.

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha pedido a los partidos independentistas que acuerden «qué hacer si superan el 50%» de los votos en las elecciones catalanas, y ha asegurado que él se dedicará a intentar conseguir este acuerdo.

«A lo que animo y a lo que me dedicaré es a encontrar un común denominador para decir a la ciudadanía qué haremos con ese 50%», ha sostenido el expresidente este martes en una entrevista en Cataluña Ràdio.

Ha defendido que dentro de este acuerdo no están los comuns, sino los tres partidos independentistas; ha pedido que el independentismo recupere la línea de acción, y ha descartado darse de alta en JxCat: «Mi carácter de independiente permite más maniobras, ponerme en contacto con diferentes partidos».

Torra ha asegurado que si no llegan al 50%, «el unionismo correrá a pedir responsabilidades políticas» al independentismo, pero ha añadido que si superan ese 50%, debe haber consecuencias políticas, en sus palabras.

Ha lamentado que los partidos independentistas no han sido capaces de hacer efectivo el mandato del 1-O y ha pedido revalidar ese mandato en las próximas elecciones: «Lo entenderemos revalidado si superamos ese 50%», ha concretado.

«Nosotros no pudimos hacer un referéndum con garantías. Ahora podemos revalidar el mandato, y eso debe tener consecuencias que son las de implantar la republica», y ha insistido en que los partidos independentistas deben hablar claro y comprometerse a llegar a un acuerdo común para decir qué harán si superan el 50% de votos.

Ha avisado de que si las formaciones independentistas pierden esta oportunidad «hay riesgo de que parte del independentismo pierda apoyos», y ha defendido que este acuerdo daría legitimidad interna y externamente.

«Cuando acepté ser presidente estaba dispuesto a hacer sacrificios. Yo pensaba que iría a la cárcel», ha apuntado Torra, que ha asegurado que para conseguir la independencia sabía que la única manera era la ruptura democrática y un proceso de desobediencia, por eso contaba con ir a la cárcel, en sus palabras.

MEDIDAS SANITARIAS EN MADRID

Sobre las medidas sanitarias tomadas en Madrid por el Gobierno, Torra ha afirmado que son lógicas porque la situación lo requiere, pero que llegan tarde, y ha criticado que no se haga una discusión en base a datos, «sino un partida habitual de ajedrez político».

Torra ha asegurado que ha conocido más al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la gestión de la pandemia, y ha sostenido que vio «un hombre que no priorizaba la vida y la salud de la gente», aunque ha reconocido que para él era más fácil tomar medidas porque no tenía al Ibex35 en la oreja, en sus palabras.

«Es un resistente de la política, tanto le da pactar con unos o con otros, porque lo que le importa es seguir gobernando», ha añadido el expresidente de la Generalitat, que también ha criticado que Sánchez aparezca y desaparezca de la política catalana cuando le interesa, según Torra.

«Apareció con la mesa de diálogo, cuando le convino rompió la mesa, después volvió a proponer la mesa, ahora parece que no les interesa», ha reprochado Torra, que ha defendido que el Govern solo puede ir a negociar si hay un orden del día.

Ha reclamado una ley de amnistía, porque considera que el Gobierno tiene «toda la mayoría del mundo para sacarla adelante», y se ha preguntado de qué sirven los indultos, tras lo que ha negado que sean para poner el contador del conflicto político a cero.

Preguntado por si debe ser el vicepresidente en funciones de presidente del Govern, Pere Aragonès, quien debe retomar la mesa de diálogo, Torra ha respondido que lo debe hacer «quien sea», y que el Estado solo negociará cuando vea un riesgo de perder, ha dicho textualmente.