Las vacunas del Covid ya están entre nosotros y empieza a haber una buena parte de la población que está siendo vacunada. En un principio el gobierno afirmó que ponerse la inyección sería voluntario para todo el que quisiera. Pero parece que las cosas han cambiado. La carrera para encontrar una solución al coronavirus ha durado un año y cada vez están llegando más vacunas de otras empresas. Hay algunas recomendadas para más jóvenes y otras para más mayores. Pero el periodo no ha sido suficiente.
Entre distintos bulos y pseudo expertos científicos se ha lanzado el rumor de que las vacunas del Covid no son seguras. Es cierto que el periodo de investigación ha sido demasiado corto. Esto no ha permitido estudiar a fondo los efectos secundarios que la dosis puede tener en el cuerpo humano. Así que se intenta recabar la máxima información posible con los nuevos vacunados. En Madrid ya están empezando a llegar las dosis y los mayores de 80 años y algunos profesionales ya están siendo avisados para que pasen por su centro de salud a vacunarse. Pero pueden negarse. La pregunta ahora es si la comunidad o el gobierno puede sancionarles por no vacunarse contra el Covid.
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El Gobierno no se moja
Aunque el gobierno de España es el que se encarga de la adquisición y reparto de vacunas, no tiene ningún tipo de interés en redactar un plan de vacunación para el global del territorio español. Eso queda a expensas de cada comunidad autónoma.
Por eso mismo, a día de hoy ya hay territorios en el que la población vacunada supera a la infectada y otros en donde apenas un porcentaje ínfimo de personas ha recibido su dosis de la vacuna contra el Covid.
El gobierno afirmó hace unos meses que la vacunación va a ser voluntaria. Esto significa que los que no quieran recibir su dosis no recibirán ningún tipo de sanción. Pero sí que puede crear un registro de personas ya inmunizadas y personas que todavía no han recibido su dosis.
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Se puede modificar la ordenanza
A día de hoy la vacunación contra el Covid es voluntaria en España. Al contrario que en otros países de la Unión Europea o de otros continentes, aquí se puede decidir si ir o no ir a recibir la dosis correspondiente. En otros países es obligatorio y no hay opción a negarse.
Pero esta decisión no es fija e inamovible. Cabe la posibilidad de que el mismo gobierno pueda modificar la Ley. Esto es debido a que estamos en crisis sanitarias o epidemias y le deja manos libres para legislar.
Esta posibilidad se contempla en la Ley Orgánica del 4/1986 titulada Medidas especiales en Materia de Salud Pública. En el segundo artículo se puede leer: “Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad”.
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Hay precedentes de ello
Esto de las vacunaciones voluntarias u obligatorias no es nuevo del Covid, ya en la ley se establece que hay algunas vacunas que pasaban de ser voluntarias a tener que ponerse por ley. Ese era el caso de la vacuna contra la viruela y contra la difteria en caso de que fuera necesario.
Así lo estipula la Ley 22/1980: “Las vacunas contra la viruela y la difteria y contra las infecciones tíficas y paratíficas, podrán ser declaradas obligatorias por el Gobierno cuando […] se juzgue conveniente. En todas las demás infecciones en que existan medios de vacunación de reconocida eficacia total o parcial y en que esta no constituya peligro alguno, podrán ser recomendados, y en su caso, impuestos por las autoridades sanitarias”.
Tras un brote de sarampión en un colegio de Andalucía en el año 2010, se decretó por ley la vacunación de ese centro educativo. Además, había que vacunar a los miembros familiares de los afectados para poder parar la epidemia surgida. Así que el gobierno puede legislar la obligatoriedad de vacunarse contra la Covid si lo estima necesario.
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Colisión con derechos fundamentales
Según el abogado José Enrique Pérez, si el gobierno legisla la obligatoriedad de la vacuna del Covid a toda la población, pueden vulnerarse dos derechos fundamentales. Uno es el de la protección de la salud y el otro el de la privacidad y la intimidad.
En el segundo caso, según recoge la ley, un paciente puede negarse y tiene derecho a recibir un tratamiento. Sin embargo, aquí ya podría estar lindando con un riesgo de la salud pública. Es decir, un infectado deberá vacunarse sí o sí, aunque se niegue, para que no transmita el virus.
En caso de que el gobierno decida legislar acerca de la obligatoriedad de la vacuna contra el Covid, lo puede hacer tanto con nuevos artículos en el Código Penal como a través de una Ley orgánica o modificación de la Ley general de Salud Pública.
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Galicia y las multas
Desde un principio tanto el gobierno como el Ministerio de Sanidad han expresado su inconveniencia a imponer la obligatoriedad a la vacunación por Covid en el territorio español. Pero también ha dejado abierta la posibilidad. Y como hemos visto, realmente pueden hacerlo si modifican las leyes.
Así lo expresaba ex ministro Salvador Illa: “Si fuera necesario y la epidemia lo exigiera, habría herramientas para obligar a la población a vacunarse”. El gobierno autonómico gallego si que ha querido apostar por esta vacunación obligatoria.
Y para poder llevarla a cabo, iba a imponer sanciones leves a todo aquel que no quisiera acudir al centro de salud a recibir su dosis de la vacuna contra el Covid. Por ello, Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia, ha propuesto una reforma de la Ley Orgánica de Salud para poder actuar en este sentido.
El PP de Galicia cree que la vacuna debe ser obligatoria y que no debe llegarse a la judicialización del tema, si no que se modifique a través de una ley orgánica. Así que a día de hoy no te pueden sancionar si te niegas, pero en un futuro, ya veremos. Ellos tienen la llave para cambiarlo.
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