El embajador británico en Madrid, Hugh Elliott y la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, han enviado un mensaje conjunto de tranquilidad a los británicos que residen en España ante la salida definitiva de Reino Unido de la UE el próximo 31 de diciembre, cuando expira el periodo de transición.

En el vídeo conjunto, Jalloul ha dejado claro que quienes estén residiendo de forma legal antes del próximo 31 de diciembre tendrán sus derechos protegidos y reconocidos. «Sé que muchos habéis construido vuestro hogar aquí y queremos que os quedéis. Formáis parte de la familia española. Sois parte de nosotros», ha señalado la secretaria de Estado.

«Mi mensaje clave es que siempre que vivas legalmente aquí antes del 31 de diciembre tus derechos estarán protegidos y reconocidos en España», ha recalcado, según ha informado la Embajada británica en un comunicado.

Asimismo, Jalloul se ha referido a la nueva Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), que ya han solicitado desde el pasado mes de julio más de 50.000 ciudadanos británicos.

«El Gobierno español quiere seguir animando a los ciudadanos británicos a cambiar su documento de residencia verde por la nueva tarjeta biométrica TIE, ya que puede acelerar los procesos administrativos y, especialmente en la situación actual de los pasos fronterizos», ha indicado, subrayando que «tener la nueva TIE no es obligatorio pero te facilitará la vida aquí en España».

No obstante, Elliott ha recordado que el certificado verde aún sigue siendo válido. «Es importante ser muy claro: si ya tienes un certificado de residencia verde, este documento sigue siendo una prueba válida de tu residencia y de tus derechos en virtud del Acuerdo de Retirada. No es obligatorio canjearlo. Tampoco hay una fecha límite estricta para cambiarlo», ha precisado.

El embajador y la secretaria de Estado han llamado también la atención sobre un documento que elaborará el Gobierno español para ayudar a los ciudadanos de Reino Unido que vivan en España antes del 31 de diciembre de 2020 y que compartirán con las autoridades pertinentes.

Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado un documento tanto en inglés como en español con respuestas a las preguntas que los ciudadanos de Reino Unido puedan tener sobre su estado de residencia y el nuevo proceso.

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella criminal presentada por Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), a través de su Asociación Profesional de Cuadros de Alcoa (CCP-APC), el pasado mes de octubre, contra Alcoa, Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo, al considerar que puede existir un delito de estafa agravada, insolvencia punible y apropiación indebida que ha atentado contra la seguridad de los más de 600 trabajadores de estas dos fábricas.

A partir de este momento se inicia una investigación judicial en la que CCP-APC actúa como acusación particular contra un total de 10 personas físicas y 9 jurídicas a las que se les acusa de haber defraudado y maquinado para alterar el precio de las cosas con la grave repercusión para el mantenimiento de los puestos de trabajo, según informa la CCP.

En la querella se acusa a estas empresas de urdir un plan para hacerse con el control de las dos fábricas de Avilés y A Coruña mientras se estaba negociando una solución para evitar un Expediente de Regulación de Empleo comunicado por la dirección de Alcoa, en octubre de 2018, y que afectaba a 688 trabajadores de las dos plantas y que, a juicio de la CCP, ha resultado ser «un presunto fraude».

En este sentido, CCP-APC denuncia que fueron objeto de engaño en el transcurso de estas negociaciones, ya que las actuaciones llevadas a cabo por los querellados han hecho que las dos factorías terminen en ‘empresas pantalla’ sin capacidad para llevar a cabo el Plan de Negocios anunciado, ni el pago de los salarios de los trabajadores, ni la posibilidad de conservar sus puestos de trabajo.

En las actuaciones judiciales que ahora se inician se investigará también a los responsables del fondo de inversión suizo Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo a través de las sociedades instrumentales Blue Motion Technologies Holding AG, y la actual propietaria de las fábricas System Capital Management.

Los hechos investigados se remontan a julio de 2019, cuando Alcoa anunció la venta de las dos plantas a Parter Capital Group, que se comprometió a mantener los puestos de trabajo de todos los empleados, al menos, durante dos años. Sin embargo este fondo de inversión suizo inició una negociación para su venta a los pocos meses, incumpliendo lo acordado con Alcoa.

Con carácter previo a la compra, Parter Capital Group y su fondo Blue Motion Technologies Holding AG habían constituido dos sociedades unipersonales de cartera y tenencia de activos: Alu Holding AC Spain y Alu Holding AVL 2019 Spain, con un capital social de 3.000 euros cada una como ‘sociedades pantalla’ que protegiesen al comprador de eventuales responsabilidades patrimoniales, convirtiéndose en titular de Alu Ibérica AC (la antigua fábrica de Alcoa en A Coruña) y Alu Ibérica AVL (la fábrica de Alcoa en Avilés), con un capital social de 3 millones de euros cada una de ellas.

CCP-APC manifiesta su satisfacción por haber conseguido que se investiguen unos hechos que han provocado la insolvencia de las dos fábricas de Avilés y A Coruña con el objetivo de lucrarse por parte de los querellados mientras que han puesto en grave riesgo el futuro de las empresas y el de los trabajadores.

CCOO y UGT han celebrado la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce al personal docente e investigador laboral temporal de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid el derecho a solicitar la evaluación de méritos docentes en los mismos términos que el personal laboral permanente, al confirmar y declarar la firmeza de la sentencia dictada el 8 de octubre de 2018 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En sentencia fechada a 10 de diciembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación interpuestos por la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, y Universidad de Alcalá contra dicha sentencia.

La Federación Regional de Enseñanza de CC.OO. de Madrid y de FeSP-UGT de Madrid presentaron demandas de conflicto colectivo de las que conoció la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde solicitaban sentencia por la que se declarase el derecho del personaldocente e investigador laboral no permanente a poder someter a evaluación su actividad docente cada cinco años a efectos de consolidación y abono del complemento por méritos docentes (quinquenios).

CCOO ha destacado que culmina así un «largo proceso de casi seis años» que se intentó resolver inicialmente por vía de negociación, «viéndose finalmente en la necesidad de acudir a la vía judicial para conseguir el reconocimiento de un derecho» que ha calificado de «básico para todo el personal docente e investigador», en alusión a «la evaluación de la actividad docente desarrollada, con independencia de que la relación laboral sea temporal o permanente, a tiempo completo o parcial».

A juicio de CCOO, el Tribunal Supremo «establece de forma clara e inequívoca que la temporalidad no puede ser el criterio para negar el derecho a la evaluación de la actividad docente (quinquenio)».

«De esta forma, la evaluación de la actividad docente ya es un derecho de todo el profesorado universitario que pueda acreditar dicha docencia y el tiempo exigido en la convocatoria, independientemente del tipo de contrato que haya suscrito, ya sea a tiempo completo o parcial ya sea indefinido o temporal», ha señalado.

Así, según la organización sindical, numerosos profesores con contratos de Profesores Ayudantes Doctores, Visitantes, Ayudantes y Asociados, tendrán acceso a la evaluación de su actividad docente si acreditan el requisito temporal (cinco años) exigido en la normativa que regula el complemento de actividad docente.

Hasta esta sentencia, este personal estaba excluido de la evaluación docente «sin causa justificada», ha señalado CCOO, por lo que, en palabras de la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, celebran esta decisión judicial «porque acaba con una discriminación entre profesorado de las universidades en base a su modelo de contratación, pero también porque garantiza un derecho básico para todos».

Dentro de este marco de actuación de defensa de los derechos del personal docente e investigador, CCOO también está a la espera de que el Supremo resuelva sobre dos demandas presentadas por este sindicato y estimadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero que han sido recurridas por las universidades públicas.

Por su parte, UGT ha destacado que las universidades han perdido su recurso de casación.

Ante la reiterada negativa de las universidades, han tenido que ser los Tribunales los que han puesto orden en este asunto, dando la razón a la reclamación de las Organizaciones Sindicales», ha constatado UGT en un comunicado.

Así, esta organización sindical ha lamentado la postura de las universidades que «por un lado no hacen más que quejarse de que la Comunidad de Madrid recurre todas aquellas sentencias que les dan la razón, pero por otro no dudan en hacer lo mismo cuando, como en este caso, los tribunales, en 2018, dieron la razón a los trabajadores».

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha lamentado que el plan de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio, que fue aprobado este martes por el Consejo de Ministros, no se ajuste a la «dura realidad» que está atravesando el sector alojativo y ha reclamado un plan de rescate «específico y urgente».

Los hoteleros han criticado que han estado «mucho tiempo» esperando un paquete de medidas específicas y no se sienten «representados ni satisfechos» con las propuestas del Ejecutivo puesto que contemplan iniciativas de apoyo y no un plan de rescate, que es lo que necesitan en estos momentos los hoteles y alojamientos turísticos. Por ello, han solicitado una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que conozca de primera mano la realidad del sector e intentar que la situación se corrija.

Cehat ha destacado que hay medidas que ya estaban funcionando, como los ERTE, los créditos ICO y las carencias hipotecarias, gracias a las que se han podido salvar a muchas empresas del cierre definitivo. Sin embargo, desde la Confederación se manifiesta que se deben poner en marcha medidas complementarias con carácter inmediato para evitar la destrucción masiva de empleo, aumentando la flexibilidad.

«El sector alojativo se desangra. Muchos establecimientos llevan más de 9 meses cerrados, con cero ingresos y haciendo frente a gastos que no tienen sentido en un contexto de parón total de la actividad alojativa. Necesitamos un plan de recuperación específico e inmediato; no son necesarios muchos cambios estructurales, pero sí la adopción de medidas coyunturales que permitan volver a renacer cuando la situación se normalice», ha señalado el presidente de la Confederación, Jorge Marichal.

Dentro del plan específico para el sector alojativo, los hoteleros ha demandado, en primer lugar, medidas a nivel laboral que protejan a los trabajadores del sector. Así, se reivindica la extensión de los ERTE de manera inmediata durante todo 2021 y la extensión de la bonificación de la Seguridad Social a cargo de la empresa para los trabajadores afectados.

Respecto a medidas fiscales, Cehat demanda la suspensión y exoneración de impuestos cuando no haya actividad, como el IAE, la Tasa Residuos Urbanos de Actividades, la Tasa de Paso de Vehículos, la Tasa de Ocupación de Vía Pública o el IBI, para lo que el sector solicita la modificación de la legislación nacional que impide a los ayuntamientos la exoneración de cuotas del IBI.

En cuanto a las medidas de carácter económico y financiero, Cehat solicita la suspensión de los costes fijos de contratación de potencia eléctrica, la ampliación del plazo de la moratoria en el pago de la devolución del principal en los créditos hipotecarios, con la ampliación de este mecanismo a otros productos de financiación a medio y largo plazo, y la aplicación de tipos de interés bajos o nulos para los préstamos ICO.

Estas medidas a corto plazo deberán venir acompañadas de otras iniciativas a futuro cuando se reactive la demanda, como son la habilitación de un programa de bonos turísticos y de un pasaporte sanitario digital para facilitar que puedan viajar aquellas personas que estén vacunadas o testadas o la reducción del IVA y demás impuestos indirectos al sector para el año 2021 como un elemento de incentivación de la demanda, entre otras.

El Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Segura se ha reunido telemáticamente y entre los temas más relevantes se ha informado sobre las propuestas, observaciones y sugerencias al Esquema de Temas importantes en el proceso de participación pública del plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura 2021/2027.

Se ha procedido al examen de la documentación aportada por la Oficina de Planificación, en concreto el Esquema de Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica del Segura, el informe del organismo de cuenca sobre las propuestas, observaciones y sugerencias presentadas al Esquema Provisional de Temas Importantes en el proceso de participación pública, y por último el informe de las aportaciones presentadas al Esquema Provisional de Temas Importantes del proceso de participación pública de la Demarcación Hidrográfica del Segura, ha informado la CHS en nota de prensa.

En el Consejo se ha verificado que el documento aportado como Esquema de Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica del Segura, contiene la descripción y valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el agua.

En el mismo también se recogen las posibles alternativas de actuación conforme a lo expuesto en el artículo 79 del RD 907/2007 de 6 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica.De acuerdo con dicho documento los temas importantes de la demarcación relativos a la gestión de las aguas continentales, costeras y de transición son dieciséis.

Entre ellos destacan, los relacionados con la mejora del estado del mar Menor y la gestión de la cuenca vertiente intracomunitaria de la región de Murcia, contaminación difusa por nitratos, la sobre explotación de acuíferos en el Sureste de Albacete, Altiplano y Noroeste de la Región de Murcia, sostenibilidad de los regadíos del Trasvase Tajo-Segura, gestión del riesgo de inundación, recuperación de costes o importancia económica del regadío.

En el documento se han concretado para cada uno de los principales problemas relacionados con el agua, la alternativa seleccionada entre las posibles alternativas de actuación.

Se han definido también las principales presiones e impactos en las aguas continentales, costeras y de transición que deben ser tratados en el plan hidrológico, incluyendo sectores y actividades que pueden suponer un riesgo para alcanzar los objetivos ambientales.

Por todo ello, se considera que tras el debate producido en el seno del Consejo del Agua ha quedado de manifiesto la dificultad de encontrar un equilibrio entre los objetivos medioambientales y la satisfacción de la demanda.

Ese equilibrio ha dado como resultado un número similar de conformidad y no conformidad, lo que obligará a un esfuerzo adicional en la redacción del borrador del proyecto de Plan Hidrológico que deberá estar en consulta pública el próximo mes de marzo de 2021.

Una vez finalizada su redacción se procederá a la fase de participación pública remitiendo el documento a las partes interesadas y poniéndolo a disposición del público en la web de la CHS.

Cuando concluya dicha fase de información pública, el Organismo de cuenca deberá realizar un informe sobre las propuestas, observaciones y sugerencias que se presenten e incorporara las que en su caso consideren adecuadas al Proyecto de Plan Hidrológico para nuevo informe de este Consejo del Agua de la Demarcación.

PP, Cs y Vox han tumbado la propuesta de Más Madrid, apoyada por el PSOE, que pasaba por ofrecer al Estado, con carácter de urgencia, el Palacio Valdés, en Tres Cantos pero de titularidad municipal, para acoger a un centenar de migrantes llegados de Canarias.

En la legislatura pasada, con Ahora Madrid en el gobierno, el Consistorio ofreció a la Comunidad el Palacio Valdés para acoger a menores extranjeros no acompañados del «sobreocupado» Centro de Primera Acogida de Hortaleza. Sol lo rechazó al no contar estas dependencias con las con las condiciones adecuadas, entre ellas carecer de calefacción.

El concejal de Más Madrid Javier Barbero ha propuesto en el Palacio de Cibeles ofrecer el Palacio Valdés para «la primera acogida de cien personas migrantes que hayan llegado recientemente al archipiélago canario y que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, en mayor riesgo de exclusión o en colectivos susceptibles de protección internacional.

Barbero ha recordado que son miles las personas que han llegado al muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán (Gran Canaria), desde que el 20 de agosto se decidió retener allí al primer grupo que llegó, en plena pandemia.

«¿Un Ayuntamiento que ha votado los 5.000 millones del presupuesto no tiene capacidad de mandar un mensaje de que podemos acoger a cien personas? Las ciudades tenemos que corresponsabilizarnos con ello», ha subrayado, antes de terminar deseando una feliz Navidad «a las personas que esperan en las islas y a las de la Cañada, que van a pasar mucho frío».

«MADRID ES LA CIUDAD QUE MÁS ACOGE»

El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha sostenido que Madrid «es la ciudad que más acoge en España». Así, en 2019 se registraron 118.000 personas demandantes de asilo, de las que 55.000 llegaron a la Comunidad. Este año, en plena pandemia, lo han hecho 33.000.

Tras recordar que la competencia es del Estado, Aniorte ha recordado que se ofreció al Estado siete ubicaciones y que finalmente sólo se aceptó una, la de Cercedilla. También ha recordado el centro de Las Caracolas, por el que han pasado ya 2.600 personas.

«Con esta iniciativa, Más Madrid quiere volver a poner el cartel de ‘Welcome Refugees’. En el Ayuntamiento ya hemos dejado de poner pancartas y lo que hacemos es creer en políticas de hechos», ha lanzado a las bancadas de la izquierda.

«LAS MARCHAS FEMINISTAS PROPAGARON LA MUERTE»

«Las marchas feministas del 8M propagaron la muerte y la ruina económica a lo largo de España en forma de Covid», ha lanzado el concejal de Vox Pedro Fernández, que ha añadido que «esa misma izquierda, no contenta con su obra, quiere completarla con inmigrantes ilegales para que sean acogidos en Madrid».

Para el edil de Vox, la inmigración ilegal «sólo traerá la tercera, la cuarta ola, con toda Europa cerrada menos la izquierda, que quiere abrir el país de par en par. «Miren los datos de Covid en África. ¿Qué le hemos hecho los españoles a la izquierda para que nos deseen tanto mal?», ha preguntado a Más Madrid y PSOE. Además ha propuesto que, en lugar del Palacio Valdés, los migrantes sean realojados «en el Palacio de la Moncloa, que estarán más a gusto».

La concejala socialista Maite Pacheco ha matizado que el Gobierno pide «PCR a todas las personas que entran». En su intervención, la edil ha reccordado que las personas migrantes «asumieron gran parte de los trabajos esenciales» en el confinamiento. «Cuando usted (a Fernández) estaba en casa cuidando de los suyos y de su salud, esas personas salían a las calles», ha lanzado. «Hacemos falta todas», ha asegurado.

El abogado Joaquín Ruiz de Infante ha renunciado a la defensa del extesorero del PP Luis Bárcenas tanto en la causa que le queda aún pendiente de juzgar en la Audiencia Nacional, la relacionada con la presunta ‘caja B’ de los ‘populares’, como en la investigación de la denominada ‘operación Kitchen’ en la que está personado como perjudicado.

Fuentes jurídicas han informado a Europa Press de que el letrado, que ejerce la defensa desde 2015, ha tomado esta decisión después de que la Audiencia Nacional denegara liberar fondos del extesorero para el pago de sus honorarios.

El abogado alegó que el impago suponía una vulneración del derecho de defensa, si bien, en la sentencia dictada en mayo de 2018 por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), los magistrados rechazaron esta queja. Según señalaron, este argumento es «incompatible» porque no se podía negar «la dedicación que, en tiempo y argumentos», dedicaron los abogados de Bárcenas a su defensa, siendo «posiblemente la más abnegada de cuantas han participado en este juicio».

Ruiz de Infante se incorporó en marzo de ese año al equipo de abogados que llevan la defensa del extesorero ‘popular’ y su mujer, Rosalía Iglesias. El cambio llega dos meses después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional, rebajando de 33 años y cuatro meses a 29 años y un mes la condena a prisión para Bárcenas.

No obstante, el extesorero del PP se enfrenta a partir del próximo 8 de febrero a otro juicio, por el que la Fiscalía Anticorrupción le pide otros cinco años de cárcel, el relativo al pago de las obras de la sede nacional del partido con dinero procedente de la presunta caja ‘B’.

Además, la Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación de la presunta contabilidad paralela de la formación política, cuyos detalles habrían sido anotados en los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’.

A todo ello se une que Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias –también en prisión cumpliendo la condena de 12 años y 11 meses por los primeros años de actividades de la ‘Gürtel’– y, recientemente su hijo Guillermo, están personados como perjudicados en la pieza 7 del caso ‘Tándem’, que investiga el operativo parapolicial montado en 2013 para espiar en el entorno personal y familiar del extesorero con el fin de arrebatarle la posible documentación sensible del PP que pudiera tener en su poder.

Es la tercera vez que Bárcenas se ve obligado a cambiar de abogado, pues en 2013 fueron Miguel Bajo y Alfonso Trallero los que renunciaron por pérdida de confianza y discrepancias sobre a la estrategia de defensa a desarrollar en el marco del caso Gürtel. El sustituto fue el exjuez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, quien llevó la defensa durante tan solo dos años.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la condena a once años de cárcel impuesta por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra a un hombre, vecino de Mondariz, por abusar sexualmente de una menor que su pareja tenía en acogida.

La condena contra este hombre, de 59 años de edad, fue emitida el pasado mes de julio y ahora recibe la confirmación por parte del Alto Tribunal gallego, que desestima el recurso presentado por la defensa ante la sentencia que impone nueve años de libertad vigilada, así como la prohibición a aproximarse a menos de 500 metros de la víctima por un período superior en nueve años a la duración de la pena de prisión.

De este modo, los magistrados ratifican las conclusiones de la Audiencia Provincial y, así, consideran probado que el acusado tenía «pleno conocimiento» de que la menor, con quien mantenía una «relación familiar» y que presentaba un retraso madurativo equivalente a una discapacidad del 35%, tenía 14 años.

Asimismo, sentencian que el acusado «invadió la esfera personal» de la menor «con mensajes explícitos y también con fotografías sumamente explícitas», de lo que se valía para llevar a la víctima «a un terreno de relaciones sexuales completas».

Así las cosas, los jueces del TSXG tumban los argumentos de la defensa en su recurso, que ponía el foco en la veracidad del testimonio de la propia víctima.

En este sentido, dan por válida su versión ofrecida en la declaración que, para los magistrados, constituyó un relato «persistente».

Algunos de los cocineros más prestigiosos de Galicia como Javier Olleros, chef de Culler de Pau –recientemente galardonado con su segunda estrella Michelin–, Lucía Freitas, de A Tafona, o Juan Crujeiras, del restuarante Bido, elaborarán más de 7.700 solidarios que se distribuirán en comedores sociales el 24 de diciembre.

La iniciativa parte del Parlamento y de la Xunta de Galicia, en colaboración con la ONG World Central Kitchen –dirigida por el chef José Andrés–, que se encargará de la distribución, y otras entidades sin ánimo de lucro –cocinas económicas y comedores sociales–. El acuerdo está dotado con un presupuesto de 65.000 euros.

Los platos se elaborarán a partir de los productos gallegos cuyos proveedores se integren en ‘Mercaproximidade’, el canal de comercialización de agroalimentación impulsado por la Xunta a raíz de la crisis de la covid-19, que dejó a muchos proveedores sin mercados en los que vender sus productos.

En concreto, los cocineros gallegos están elaborando, en las instalaciones del Centro Superior de Hostelería de Galicia, un menú que se compone de estofado de ternera gallega con habas y grelos y, de postre, yogur gallego con miel de IGP Mel de Galicia.

De la distribución de los menús en comedores sociales, cocinas económicas y demás asociaciones se encargará la ONG World Central Kitchen –dirigida por el chef José Andrés– en colaboración con diferentes entidades solidarias de las cuatro provincias como la Cocina Económica de Santiago, Convento San Francisco en Pontevedra, la Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso o la Asociacón Bando de Alimentos Rías Altas, entre otras.

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA

Por otra parte, la Fundación Amigos de Galicia proporciona la cena de Nochebuena a 91 familias en situación de riesgo o exclusión social con menores a cargo que tienen dificultades para preparar los alimentos en casa y que la entidad atiende en Santiago de Compostela.

El menú está compuesto por productos gallegos y será elaborado por Coren. El postre consiste en una tarta de Santiago y una caja de Pedras de Santiago aportadas por Sancosa S.L.

La Fundación Amigos de Galicia atiende en Compostela a 150 familias mensualmente, de las cuales 91 no disponen de los recursos para poder preparar la cena de Nochebuena en casa. El resto de las familias que la entidad atiende en la capital ya están recibiendo paquetes con productos especialmente pensados para estas fechas.

La entrega se realizará en el Estadio Verónica Boquete San Lázaro, a partir de las 13,00 horas. Esta iniciativa, que también se lleva a cabo en las ciudades de Pontevedra y Vigo, se repetirá en Fin de Año en Lugo y Ourense.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reclamado una «autoridad independiente» y una «gestión objetiva» de los fondos de reconstrucción y resilencia europeos para evitar «clientelismo» y que cuenten con la participación de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y el Parlamento.

«Estos fondos no so para el Gobierno, son para los españoles que peor lo están pasando y por eso pedimos una autoridad independiente y una gestión objetiva con todas las partes implicadas», ha incidido durante una visita a la empresa palentina Prosol, en la que ha estado acompañado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al consejero de Economía y Haciendo, Carlos Fernández Carriedo, y a la presidenta de Empresa Familiar Castilla y León y de Prosol, Rocío Hervella.

El líder de los ‘populares’ ha valorado, como hizo en Andalucía, Madrid, Murcia y Galicia, los 400 proyectos que Castilla y León ha presentado para concurrir a estos fondos. Unos proyectos que cuentan con todo el «apoyo» del PP nacional porque buscan crear empelo pero también cuestiones «fundamentales» para esta comunidad como la fijación de población a través de la extensión de la digitalización a los pueblos, el apoyo a la industria, el apoyo a la competitividad, la sostenibilidad y el sector primario. «Proyectos esenciales para salir de este bache», ha continuado.

«Es muy importante recordar, una vez que el Gobierno ha aprobado el Real Decreto sin consenso ni debate con el resto de fuerzas políticas, que los fondos europeos se tienen conceder y gestionar de forma objetiva sin clientelismo y con la participación de las Comunidades autónomas, las entidades locales y el Parlamento como pasa en otros países y recomiendan las instituciones europeas», ha reclamado, para insistir en que estos fondos nos son para el Gobierno, «son para los españoles que peor lo están pasando».

Durante su visita a la empresa palentina, Casado ha querido reivindicar el papel del sector agroindustrial, «uno de los que más fija población». «Este doce por ciento que aporta al PIB el sector agroindustrial necesita del apoyo de las administraciones y más aún cuando el cierre de la hostelería y el turismo está afectando tanto a esta industria que en total representa a casi tres millones de trabajadores si contamos el sector primario que tan importante es para Castilla y León», ha argumentado.

En este sentido, ha dado las «gracias» al presidente de la Junta por las «ayudas» al sector y el «impulso» en la defensa de la PAC que también lucha contra la despoblación que «sufren» los pueblos.

En su intervención también ha reivindicado al sector de la automoción en una tierra «como Palencia». El ‘popular’ ha recordado que supone el 60 por ciento de la industria española, el diez por ciento del empleo y el diez por ciento del PIB. «Lo ha pasado muy mal y no entendemos que la única solución que propone el Gobierno sea subir el impuesto de matriculación cuando caen las ventas un 35 por ciento y cuando ha caído la fabricación un 20 por ciento también aquí en las plantas de Valladolid y Villamuriel de Renault y de Nissan en Ávila», ha lamentado.

PGE.

El presidente del PP también ha hecho mención a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, un «momento difícil para todos», ha incidido, ya que a su juicio traen «malas noticias». «9.000 millones de euros más en impuestos para las clases medias trabajadoras frente a lo que planteábamos en el PP que es bajar los impuestos como en otros países de nuestros entornos para salir de la crisis y que se está haciendo aquí en CyL con 400 millones en bonificaciones fiscales cumpliendo el programa electoral», ha criticado.

Por último, se ha referido también a la Ley Celaá, que ha tachado mala para la «calidad», la «vertebración» y la «libertad educativa». «En las CCAA que gobierna el PP, como Castilla y León, se va a seguir defendiendo la libertad de los padres para elegir colegio. De hecho aquí se ha adelantado la inscripción. Se va a seguir defendiendo la libertad a través de los conciertos educativos, y su calidad, sin pasar de curso sin asignaturas suspensas y con evaluaciones para que los profesores y padres sepan como van sus hijos», ha apostillado.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acordado la inadmisión de las denuncias y querellas presentadas contra el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, por la gestión de la pandemia de Covid-19, al no apreciar indicios de delito en la actuación de ambos aforados.

El alto tribunal valenciano ha adoptado esta decisión en dos autos, en el marco de los dos procedimientos en los que se habían acumulado estas acciones penales, según ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

El primero de los procedimientos está relacionado con la celebración de la manifestación del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo y diversos actos falleros, festivos y culturales previos a la declaración del estado de alarma. El segundo se centra en la falta de medidas de protección para los profesionales sanitarios.

En ambos casos, la Sala aplica el criterio establecido por el Tribunal Supremo en su auto del pasado 18 de diciembre respecto de las denuncias y querellas interpuestas contra miembros del Gobierno de España.

Así, en la primera de las causas, derivada de tres denuncias y/o querellas por la autorización de actos multitudinarios antes de la declaración del estado de alarma, el auto del TSJCV, que archiva las actuaciones, señala que los hechos atribuidos a las personas aforadas «resultan insuficientes presentando un alto grado de generalidad» y carecen «de la necesaria concreción para la integración en los tipos penales» denunciados.

De este modo, aunque los denunciantes y querellantes «puedan discrepar de las acciones y, fundamentalmente, de las omisiones que atribuyen a las autoridades querelladas en la gestión e incidencias derivadas de la pandemia» o bien puedan reclamar una mayor agilidad en la adopción de medidas, los hechos «no son constitutivos de los delitos mencionados», añade la resolución.

AUTO POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN

El segundo de los autos, dictado en la causa donde se acumulan dos querellas –una del sindicato CESM y otra de la viuda de un médico fallecido por Covid– y la exposición razonada de un juzgado de Castellón por la falta de equipos de protección para los sanitarios, establece igualmente la ausencia de indicios de delito que permitan incoar un procedimiento penal contra la consellera de Sanidad.

En este caso, los magistrados admiten que la narración de la querella interpuesta por la esposa del facultativo fallecido «sin duda sobrecoge», aunque no determina «las conductas presuntamente delictivas que se atribuyen a la persona aforada».

«Ni la prevalente posición de la aforada en la estructura jerárquica de la Administración autonómica, ni la objetiva constatación de la infracción de un deber legal, pueden ser suficientes para precipitar la incoación de un proceso penal ante esta Sala», puntualiza.

En esta segunda causa, el alto tribunal valenciano acuerda no admitir a trámite las querellas, en tanto que declara su falta de competencia para enjuiciar los hechos relatados en la exposición razonada del juzgado de Castellón.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la concesión de una subvención de 125.000 euros a la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico para financiar la puesta en marcha, ejecución y desarrollo del programa de educación patrimonial y difusión de los sitios romanos en Castilla y León.

Los programas y proyectos que habitualmente lleva a cabo la Fundación cuentan con actividades dirigidas a la educación patrimonial con el objetivo de hacer efectiva la puesta en valor del patrimonio.

En este sentido, el programa de educación patrimonial y difusión de los sitios romanos en Castilla y León presenta un elevado potencial como herramienta educativa y de divulgación de la historia y cultura romana en la Comunidad.

El diseño de las acciones de dicho programa tendrá en cuenta los diferentes tipos de público objetivo, así como el conocimiento y contribución que puedan hacer los agentes clave de los sitios romanos, estableciendo los pilares fundamentales para una colaboración público-privada que garantice el éxito del programa.

Entre las actuaciones para la puesta en marcha, ejecución y desarrollo del programa de educación patrimonial y difusión de los sitios romanos en Castilla y León destacan, entre otras, las relativas a la creación de espacios divulgativos online y diseño de perfiles en redes sociales, acciones de comunicación, realización de talleres, elaboración y distribución de unidades didácticas, realización de concursos escolares, actividades creativas (gráficas, literarias o musicales), así como visitas teatralizadas, formación a profesionales de otros sectores y website.

Así, se pretende favorecer la colaboración de agentes y gestores del patrimonio cultural con agentes de otros sectores, con el fin de crear sinergias, así como atraer nuevos públicos y diversificar las actividades realizadas en los enclaves seleccionados. Finalmente, se pretende impulsar y potenciar el papel del patrimonio cultural como recurso educativo clave para la cohesión social y de sentido de pertenencia.

COLABORACIÓN

La Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico pretende, asimismo, favorecer la colaboración de agentes y gestores del patrimonio cultural con agentes de otros sectores con el fin de crear sinergias, así como atraer nuevos públicos y diversificar las actividades realizadas en los enclaves seleccionados. Finalmente, se pretende impulsar y potenciar el papel del patrimonio cultural como recurso educativo clave para la cohesión social y de sentido de pertenencia.

En su conjunto, todas estas actuaciones contribuirán a remarcar la trascendencia del patrimonio material e inmaterial que forma parte de las características más singulares de la zona, constituyendo actualmente un recurso cultural y económico de primer nivel.

Se espera que todo ello revierta en un aumento del número de visitantes de las zonas en las que se lleven a cabo las actuaciones, así como en aquellas en las que se materialice la ejecución de dichos programas, lo que se espera conlleve un impulso como motor económico de gran relevancia en toda la zona.

El Gobierno español ha retirado un recurso que presentó en 2019 ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) para impugnar una decisión de la Comisión Europea que avalaba 160 acuerdos fiscales de Gibraltar con distintas compañías.

Así lo ha anunciado el Gobierno de Gibraltar en un comunicado y puede comprobarse en la web del TUE. España informó al Tribunal de que desistía de su recurso el pasado 6 de noviembre. El caso fue archivado el 15 de diciembre y España ha sido condenada en costas, aunque Reino Unido, que apoyaba a la Comisión, asumirá las suyas.

El litigio se remonta a un régimen fiscal de 2010 que España denunció ante la Comisión Europea en 2012 por considerar que no era compatible con el sistema comunitario de ayudas de Estado.

La investigación de Bruselas se amplió en 2014 para incluir estos acuerdos fiscales (‘tax rulings’), ante la sospecha de fueran selectivos, y se cerró en 2018 con la conclusión de que solo cinco de ellos eran ilegales y que el Peñón debía recuperar de las empresas beneficiarias unos 100 millones de euros.

El Gobierno español recurrió ante el TUE la decisión para que se volviesen a examinar los acuerdos avalados. En su recurso, España argumentó que el volumen de ayudas ilegales podía ser mucho mayor, y que si la Comisión no lo había detectado es porque no aplicó el criterio de «selectividad territorial» y eso la llevó a «conclusiones erróneas». En palabras del Gobierno de Gibraltar, lo que España pretendía era que el Peñón operase «a todos los efectos un sistema de tributación corporativa similar al del Reino Unido». Eso tendría efectos devastadores para nuestra economía«, dice el comunicado del Gobierno de Fabian Picardo.

Al retirar el recurso, España permite que se mantenga la decisión de la Comisión de avalar esos acuerdos fiscales y reclamar la recuperación de las ayudas derivadas solo de cinco de ellos (unos 100 millones).

GIBRALTAR TEMÍA EFECTOS RETROACTIVOS

Picardo se ha mostrado «muy contento» por la decisión española, porque descarta los posibles «efectos retroactivos de una decisión desfavorable». Eso sí, ha señalado también que «ahora que la legislación comunitaria deja de aplicar a Gibraltar a partir del 1 de enero de 2021, la importancia de este caso ha disminuido».

A su juicio, lo más importante ahora es que el Peñón deja la UE con la seguridad de que en lo relativo a los poderes independientes de Gibraltar en materia de fiscalidad «nunca llegó a existir el requisito de que Gibraltar deba tratarse como parte del territorio fiscal del Reino Unido».

«Esta era la posición de la Comisión Europea, el Reino Unido y Gibraltar. Por tanto, recibimos con agrado la retirada del caso», ha subrayado Picardo que, en cualquier caso, se ha mostrado convencido de que el recurso «tenía pocas probabilidades de prosperar».

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha distribuido este miércoles un total de 4.000 raciones de comida a las despensas vecinales de alimentos y redes de apoyo mutuo de los barrios destinadas a familias en situación de vulnerabilidad.

Según un comunicado emitido por la asociación, se trata de menús de cocido madrileño completo que se han entregado con el fin de «aliviar una de las comidas de estas fechas», algo que han apuntado no es más que «un pequeño gesto de solidaridad entre vecinos que se unirá a otros muchos» que se darán durante las fechas de Navidad.

De este modo, han sido diecinueve las asociaciones y redes vecinales las que han recibido estos menús en paquetes envasados al vacío. Estas se encuentran repartidas por los distritos de Usera, Puente de Vallecas, Arganzuela, Centro, Ciudad Lineal, Latina, Moratalaz, Fuencarral-El Pardo, Carabanchel, Tetúan y San Blas Canillejas, que a partir de este jueves comenzarán a repartirlos entre las familias.

Por otro lado, la FRAVM ha continuado con la distribución de las 600.000 mascarillas quirúrgicas procedentes de una donación de las empresas Red Pop y Aikon Logist, compañías de distribución de material individual y de logística y transporte, respectivamente.

«La entidad ciudadana recibió el pasado 20 de octubre el primer lote de esta importante aportación solidaria y desde entonces lo ha repartido entre decenas de asociaciones y redes vecinales de toda la comunidad autónoma, que a su vez se lo han hecho llegar a sus familias más necesitadas», han señalado.

Por otro lado, han recordado y puesto como ejemplo de solidaridad que el pasado martes la Despensa Solidaria y Red de Apoyo Mutuo de San Fernando de Henares retomó sus repartos de alimentos y productos de primera necesidad para hogares vulnerables del municipio, y en sus cestas incluyó 4.000 mascarillas de la donación de la FRAVM.

Así, «con estas modestas acciones», la federación continúa dando «cobertura y apoyo» al movimiento de solidaridad que se puso en marcha en los barrios de la región durante el primer confinamiento de la pandemia del Covid-19, y que ha ayudado y continúa haciéndolo a decenas de miles de familias madrileñas «con el fin de que ninguna de ellas se quede atrás en la actual crisis».

Un equipo interdisciplinar de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) ha publicado en la revista ‘Sustainable Cities and Society’ una nueva metodología para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del transporte y su aplicación en la ciudad de València. Se trata de una de las publicaciones internacionales más consultadas entre la comunidad científica en su área, recalca la institución académica.

Miguel Ángel Mateo, profesor de la UPV y uno de sus coautores, señala que «esta metodología aporta información detallada sobre cuánto, cuándo y dónde se producen esas emisiones». «La respuesta a estas preguntas facilitará enormemente la tarea de los técnicos municipales, que podrán diagnosticar cuál es el impacto real de sus decisiones», explica, en un comunicado, otro de sus autores, el catedrático de Física Aplicada, Javier F. Urchueguía.

Por ejemplo, los técnicos municipales podrían ajustar sus intervenciones en función de las condiciones atmosféricas o de la disponibilidad de infraestructuras de circulación y, sobre todo, podrían afinar de forma más efectiva los recursos disponibles sobre las zonas más emisoras.

La aplicación de esta metodología en la ciudad de València ha supuesto la creación de herramientas innovadoras para adquirir y filtrar los datos, una información que, en su comparación estadística, muestra un descenso continuado de las emisiones de GEI en cuatro años consecutivos, del 2016 al 2019.

El procesamiento de los datos obtenidos del transporte genera, además, un formato comprensible que permite visibilizar la información desglosada sobre las emisiones. Esto, según Mateo, «democratiza las políticas de mitigación del cambio climático, legitima las acciones de los agentes de decisión local y permite una gobernanza más participativa».

LIDERAZGO EUROPEO

Los 28 miembros de la Unión Europea ampliaron, a principios de este mes, el objetivo de descarbonización de su economía de un 40% a un 55% para el 2030. De esta manera, la UE aceleró su transición para convertirse en la primera región global neutra en emisiones de carbono en 2050, de manera que el nivel de emisiones de carbono sea lo suficientemente bajo para que sumideros, como los bosques, las puedan absorber.

En su agenda, marcada por la emergencia climática, la Comisión Europea promueve la descentralización de las políticas de mitigación climáticas. Sin embargo, «las metodologías utilizadas actualmente no están concebidas para la movilidad local y sí, en cambio, para la cuantificación nacional. Esto hace muy complicado atribuir las emisiones a los límites geográficos de la localidad», señala el investigador de la UPV Edgar Lorenzo, otro de los autores del artículo.

La metodología desarrollada se integra en el Sistema de Información Territorial de Emisiones (SITE), diseñado por el equipo de investigadores de la UPV, y aprovecha la información de los sistemas urbanos de control de tráfico y de los sistemas de monitorización.

MAPA POR BARRIOS Y FRANJAS HORARIAS

La prueba piloto llevada a cabo en la ciudad de València, gracias a la colaboración de la Oficina de la Ciudad Inteligente y de la Unidad de Movilidad Sostenible, del Ayuntamiento de València, muestra un mapa detallado de la localización de esas emisiones por barrios y franjas horarias diarias y estacionales. Esto permite a los técnicos municipales mejorar su comprensión de las dinámicas de su transporte y, en consecuencia, poner en marcha las medidas adecuadas.

Ciudades como Barcelona ya utilizan sistemas de monitorización muy desarrollados, que logran incluso identificar los tipos de vehículos. Pero tienen un coste elevado y, por tanto, deben ubicarse estratégicamente para optimizar al máximo la utilidad de la información generada.

La aplicación de las herramientas desarrolladas en la UPV identifica puntos estratégicos en la ciudad, para obtener información representativa y mejorar aún más los cálculos de emisiones de GEI, incluso de otros contaminantes que afectan a la calidad del aire.

«Esto hace mucho más efectiva no sólo la planificación de la descarbonización del transporte, sino también la aplicación de protocolos ante episodios de altas emisiones o mala calidad del aire. Se ahorrará en tiempo de reacción y en recursos, se propondrán medidas ajustadas a las zonas afectadas y se reducirá el coste de todo ello», puntualiza Lorenzo.

La ‘nueva normalidad’ recuerda el valor de los datos en las tomas de decisiones. Urchueguía valora: «Si algo hemos aprendido en la pandemia, es que no podemos tomar medidas a ciegas, sin datos. Conocer su naturaleza y su función es fundamental para controlar las emisiones de GEI. Rigurosidad, innovación y liderazgo son fundamentales en esta era de emergencia climática».