El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha apelado este jueves a conquistar una «triple mayoría» en las elecciones del 14 de febrero que pase por lograr una mayoría absoluta de las fuerzas independentistas, por superar el 50% de los votos y por situar a Junts al frente para garantizar que hay un Govern que avance hacia la república catalana.

Así lo ha manifestado en un mitin presencial y telemático en Badalona (Barcelona) acompañado de la candidata del partido, Laura Borràs, del número tres, Joan Canadell, y de otros miembros de la candidatura como Aurora Madaula.

«Sólo la mayoría de Junts es garantía de un Govern nítidamente independentista y de que el conjunto del independentismo garantizará el apoyo parlamentario para construir una república catalana», ha subrayado el también cabeza de lista de la formación, pese a no ser el presidenciable efectivo.

Según Puigdemont, sólo los estados pequeños y medianos pueden garantizar un mejor progreso, bienestar y felicidad a sus ciudadanos, lo que ha confrontado con la actitud de un Estado «en el que no se garantizan derechos, no hay percepción de independencia judicial y no gestiona bien los recursos económicos que vienen de Europa.

«Catalunya tiene recursos para poder estar arriba en todos estos indicadores», ha reivindicado el expresidente catalán, que ha pedido movilizar a los que no saben si ir a votar y también a los indecisos para conseguir estos objetivos.

EXTREMA DERECHA

Posteriormente, Borràs ha aprovechado su intervención para erigir al partido como el «voto útil» para impedir un Govern de PSC y comuns tras el 14 de febrero, a los que ha acusado blanquear a la extrema derecha.

Todo ello después de que el Gobierno de PSOE y Podemos haya votado en contra de una enmienda de Junts en el Congreso para blindar el sistema de emergencias catalán, junto con PP, Cs y Vox: «Éste debe ser el sentido de Estado que Pedro Sánchez le reconocía hace unos días a Santiago Abascal», ha apuntado.

Además, ha recordado que recientemente el Gobierno tuvo la abstención de Vox en la votación sobre la gestión de los fondos europeos, lo que no ve una casualidad porque «cuando se trata de la unidad de España, PSOE y Podemos blanquean a la extrema derecha con el peligro y la banalización que representa», ha advertido.

Por ello, ha llamado a impedir que esto pase en Catalunya, y ha lamentado que a Sánchez y al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ya no les dé «tanto miedo hacer cosas juntos» con Vox.

Hay gente que ve ‘trumpistas’ y xenófobos en todas partes, pero los ve menos cuando vota con ellos. ¿Dónde está el cordón sanitario que deberíamos hacer a la extrema derecha? Está a las puertas del Parlament, y ya sabemos qué representa en Madrid», ha zanjado.

La juez de Vigilancia Penitenciaria María del Prado Torrecilla Collada ha concedido a los seis hermanos Ruiz-Mateos la semilibertad bajo control telemático al progresarlos al tercer grado con aplicación del artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, una decisión que adopta en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias y de la Fiscalía, que se pronunciaron a favor de que siguieran clasificados en segundo grado.

Los seis hermanos (Zoilo, José María, Alfonso, Pablo, Francisco Javier y Álvaro) están condenados a dos años y medio de prisión por delito de estafa agravada, con inhabilitación especial para el ejercicio de actividades mercantiles y de comercio, y administración de sociedades mercantiles, durante el tiempo de la condena, y multa a cada uno de 24.000 euros, en relación a la compra de dos hoteles, uno en Mallorca y otro en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Los hijos del fallecido José María Ruiz-Mateos, que fueron condenados por la Audiencia de Palma de Mallorca en julio de 2017 en un fallo que fue luego rebajado parcialmente por el Tribunal Supremo, quedarán ahora en semilibertad tras la decisión de la juez –con fecha de 3 de enero– de progresarles al tercer grado e imponerles un control telemático, según han informado fuentes jurídicas.

Instituciones Penitenciarias rechazó el 18 de diciembre de 2020 el tercer grado que había propuesto la junta de tratamiento al no apreciar una «evolución suficientemente favorable», y valorando las circunstancias procesales o penitenciarias, la gravedad de la planificación de la actividad delictiva, los procedimientos pendientes y el «escaso importe de la responsabilidad civil abonada».

EVOLUCIÓN FAVORABLE

La juez, sin embargo, tiene en cuenta la evolución y comportamiento de los internos, en prisión desde abril de 2019, subrayando que los hechos delictivos se remontan a 2008 y que no fueron sentenciados por delitos graves, al tener penas inferiores a los cinco años.

Tras recordar que han pasado otros periodos en prisión con anterioridad y que han hecho uso de los permisos de salida sin incidentes, rebate al Ministerio Fiscal sobre la lejanía de las fechas de cumplimiento, ya que alcanzan las tres cuartas partes en abril y liquidan la condena en diciembre de este año.

La titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid se basa en la valoración de la junta de tratamiento de la prisión de Aranjuez para aprobar el tercer grado con el 86.4 debido a los «múltiples factores positivos que concurren», citando el ingreso voluntario en prisión, el cumplimiento de la mitad de la condena, que disponen de oferta de empleo o que muestran una voluntad manifiesta de abonar la responsabilidad civil impuesta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Sobre la responsabilidad civil, la juez alude en su escrito a que se han declarado insolventes, como es el caso de Zoilo Ruiz-Mateos, aunque añade que no consta que la Fiscalía haya recurrido esta cuestión. No obstante, recuerda que se ha comprometido a derivar parte de su sueldo al pago de la responsabilidad civil y que en los medios de comunicación consta que tiene puesto a la venta varios inmuebles para compensar a los afectados de la estafa.

«En situación de tercer grado», alega la juez, «es más fácil que el penado pueda hacer frente de una manera más efectiva al pago de la responsabilidad civil, pues difícilmente puede ser atendido estando en prisión en régimen ordinario». El Supremo confirmó la condena por la que tenían que indemnizar conjunta y solidariamente a 16 afectados por la operación en más de 46 millones de euros.

Las actividades realizadas en prisión y la situación socio-familiar favorable, así como la adecuación académica y laboral para la vida en libertad son otros factores clave para aprobar la semilibertad de los hijos de Ruiz-Mateos, que presentaban como único factor de inadaptación los procedimientos penales que aún tienen por delante. La juez resuelve, no obstante, que prevalece la presunción de inocencia sin que se haya dictado por ningún tribunal una nueva orden de prisión preventiva.

La juez también observa que la falta de motivación de Instituciones Penitenciarias para rechazar el tercer grado propuesto por la junta de tratamiento de Aranjuez puede haberle llevado a incurrir en nulidad administrativa, reprochando el uso de «expresiones genéricas».

El artículo 86.4 establece que el interno con «dispositivos telemáticos adecuados» pueda permanecer en el establecimiento penitenciario –un centro de inserción social– sólo durante el tiempo fijado en su programa de tratamiento, con vistas a realizar las actividades que se fijen, así como entrevistas y controles presenciales.

La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha subrayado que el acuerdo de presupuestos con el PSOE pautaba que la Vicepresidencia de Derechos Sociales, que dirige Unidas Podemos, sería coproponente de la nueva Ley de Vivienda y fijaba llevarla al Consejo de Ministros en tres meses. Por tanto, no se justifican «ni retrasos ni deslealtades al acuerdo de gobierno».

Así lo ha indicado en Twitter en referencia a la declaraciones del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que esta tarde dijo que su departamento «es el proponente» y desvinculaba el retraso de la normativa a las elecciones catalanas del 14 de febrero. «Es normal que no nos reunamos hasta que tengamos una posición común dentro del Ministerio», ha dicho.

Al respecto, la también dirigente de Podemos ha dicho que en la negociación de los Presupuestos Generales se acordó con su socio de gobierno que serían coproponentes en la Ley de Vivienda y, también, «tenerla lista» para ser presentada en el Consejo de Ministros en un plazo de tres meses.

«No se justifican en esta situación ni retrasos, ni deslealtades al acuerdo de Gobierno», ha enfatizado para enfatizar que España «vive una emergencia habitacional que afecta a millones de personas que cada mes se ven en dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca».

Por tanto, la secretaria de Estado ha insistido en que el país requiere con urgencia de una nueva ley que «ayude a bajar los precios del alquiler y frenar los desahucios».

SOSPECHAN QUE HAY «FALTA DE AMBICIÓN» EN EL PSOE

Hasta la fecha se han celebrado dos reuniones con posiciones alejadas entre los socios de coalición. Un nuevo encuentro estaba previsto ayer pero fue aplazado a este jueves, aunque finalmente la cita se ha desconvocado hasta el final de los comicios catalanes.

La paralización de los contactos ha sido criticada por Unidas Podemos, que ha expresado su desacuerdo con el retraso de la negociación hasta después del 14F sobre una ley como la de vivienda, que reviste «enorme urgencia».

Además, fuentes de la formación han criticado que la postura del Ministerio de Transportes de negarse a compartir el borrador completo del texto legislativo hasta después de los comicios catalanes y entienden que ello se debe «presumiblemente» a la «falta de ambición» del texto.

PODEMOS: RETRASO PARA NO PERJUDICAR A ILLA

Desde la formación morada han deslizado «motivos políticos» en la decisión del PSOE de congelar la negociación hasta que pase el 14F. En este sentido, las mismas fuentes han incidido en que es conocido que las leyes catalanes en materia de vivienda son de las «más avanzadas del Estado», por lo que un texto con medidas «poco ambiciosas», como las que se han planteado hasta el momento en la mesa de negociación, «podría serle perjudicial» al candidato del PSC, Salvador Illa.

En cuanto al estado de la negociación hasta el momento, reprochan que los socialistas siguen «negándose o ignorando» la gran mayoría de las propuestas que Unidas Podemos ha planteado a través de la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra.

Los socios de coalición mantienen «discrepancias sustanciales» sobre el contenido de esta normativa, que están negociando el Ministerio de Transportes y la Vicepresidencia de Derechos Sociales.

El calendario que manejaba el Ministerio de Transportes es seguir perfilando la nueva ley de Vivienda hasta mediados de febrero, y a partir de ahí, llevarla al Consejo de Ministros, según trasladaron en fuentes de este departamento, con lo que ya se retrasaba el calendario inicial que pactaron ambas formaciones.

En Unidas Podemos confesaron que existía «preocupación» por la dinámica que atraviesa la negociación sobre la normativa, al apreciar que el PSOE sigue «negándose o ignora» la gran mayoría de las propuestas que han planteado desde el ala morada del Ejecutivo.

Los principales desencuentros radican en las propuestas de obligar a los grandes tenedores a que dediquen el 30% de sus viviendas al alquiler social, hacer permanente la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables y desplegar medidas «efectivas» que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler, todas ellas puntos esenciales para los morados.

En cuanto a la regulación de precios del alquiler, recogida en el acuerdo de Gobierno y detallada en el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado, Unidas Podemos presentó una propuesta al PSOE hace cuatro meses y lamentan que aún no ha recibido respuesta.

El martes, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, rechazó que la prohibición de desahucios a población vulnerable recogida para el estado de alarma se incluya en la nueva Ley de vivienda, frente a lo que demanda Podemos, dado que es una medida de carácter temporal.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha respondido este jueves al PP, ante las dudas que le había planteado el partido de Pablo Casado, que el hecho de que el Gobierno no remitiera al Congreso el informe del Consejo de Estado sobre el decreto ley de los fondos europeos no anula en absoluto esta norma y que, además, el Ejecutivo no tenía ninguna obligación de mandar ese documento a la Cámara.

Batet responde así, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, a los requerimientos que le había hecho la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, quien le pidió que se dirigiera al Gobierno para reclamar ese dictamen.

Gamarra también planteó a Batet que reuniera de urgencia a la Mesa del Congreso para que los servicios jurídicos de la institución hicieran un informe sobre las «consecuencias jurídicas» que la falta de ese dictamen comporta sobre la validez del procedimiento, y específicamente, si tal hecho podía ser «causa de nulidad de todo lo actuado por estos graves vicios de procedimiento».

BASTA CON QUE ESTÉ EN EL BOE

Batet ha respondido a la portavoz ‘popular’ que «los servicios de la Cámara confirman» que para la convalidación de los decretos leyes es «requisito suficiente» que éstos «hayan sido publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) «no siendo en modo alguno preceptiva, ni condición para la validez del procedimiento, la remisión por el Gobierno de otros documentos o informes que hayan podido ser recabados con ocasión de su aprobación».

Asimismo, la presidenta del Congreso recuerda a Gamarra que cualquier diputado puede recabar de las Administraciones Públicas los informes o documentos que obren en su poder. Si se cursa esa solicitud, le explica, sería tramitada por la Mesa de la Cámara, sin necesidad de que ésta se reúna en una sesión extraordinaria.

En cualquier caso, tras recibir la respuesta de Batet, desde el PP han anunciado que remitirán un nuevo escrito a la presidenta solicitándole que la Mesa analice a fondo esta cuestión y reclamando que los expedientes de los reales decretos-leyes sean enviados al Congreso «con toda la documentación utilizada para tramitarlos».

Fuentes ‘populares’ argumentan a Europa Pres que, al ser los decretos leyes disposiciones legislativas provisionales que el Gobierno puede dictar en caso de extraordinaria y urgente necesidad y que las Cortes pueden tramitar como proyectos de ley, éstos deben ir acompañados de la misma o similar documentación que los proyectos de ley.

DEJEN DE BLOQUEAR SUS PETICIONES

En opinión del PP esto es necesario para «garantizar que la función legislativa se ejerce con las mismas garantías», máxime teniendo en cuenta que, según denuncia, «ahora los reales decreto leyes se han convertido en la técnica legislativa habitual del Gobierno».

Además, el PP pedirá a la Mesa del Congreso que ejerza su función en defensa de «los derechos de los diputados», en lugar de permitir que PSOE y Unidas Podemos, haciendo uso de la mayoría que suman en el órgano de gobierno de la Cámara, «bloqueen las iniciativas» que registran los ‘populares’.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido este jueves concentrar el voto en ERC para frenar a Vox, ya que alerta de que, según él, el PSC está dispuesto a aceptar los votos de Vox para la investidura: «El único partido que puede detener al fascismo es ERC».

En un mitin en el pabellón de los Magraners de Lleida ante unas 100 personas, ha afirmado que en estas elecciones puede entrar en el Parlament por primera vez un partido «explícitamente fascista», como se ha referido a Vox, pero cree que hay una amenaza más grande, que es que el PSC acepte sus votos para lograr la Presidencia de la Generalitat.

«Hay otro partido que encabeza en estos momentos el bloque del 155, que encabeza la amenaza más grande para Catalunya: pactar con un partido fascista», ha advertido, y ha reivindicado a ERC como el único partido capaz de impedirlo.

Junqueras ha recriminado que el PSC «ya ha pactado con casi todo el mundo en contra» de ERC, y ha recordado que socialistas y comuns aceptaron el voto de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona y el PSC y Cs pactaron en Lleida.

«Es imprescindible que el voto de todos aquellos que comparten valores republicanos, que sienten que encarnan valores de izquierdas, que están comprometidos en la defensa de la diversidad y la pluralidad de nuestro país, se movilice para votar el 14 de febrero y concentre sus esfuerzos y su fuerza en el principal partido y el único partido que puede detener al fascismo, que es ERC», ha aseverado.

El dirigente republicano también ha reivindicado que a lo largo de su historia, ERC se ha enfrontado al fascismo «en muchas ocasiones», como en los años 30 y durante la dictadura franquista, y ha avisado de que este 14 de febrero los catalanes están llamados a las urnas para volver a defender la democracia, en sus palabras.

PERE ARAGONÈS

El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC, Pere Aragonès, ha apelado al resto de partidos independentistas a no equivocarse de adversario: «Nuestro adversario nunca será el independentista que tenemos al lado, pese a que piense un poco diferente y pese a que diferimos en políticas sociales».

«Nuestro adversario es el 155, los que quieren a este país sometido, a este país dividido y a aquellos que están dispuestos a aceptar los votos de la extrema derecha para gobernar este país», de manera que ha pedido no entrar en una espiral de reproches, en una alusión velada a Junts.

Aragonès también ha hecho un llamamiento a «concentrar el voto independentista en el voto más útil contra la extrema derecha, por la justicia social y para avanzar y construir la vía amplia y estar al lado de la gente.

«Independentistas, gente progresista y republicanos de este país, concentremos el voto en ERC el próximo 14 de febrero y hagamos que sea un nuevo 14 de abril», ha sentenciado el candidato de ERC.

Asimismo, ha acusado a los socialistas de blanquear a la extrema derecha, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera que el líder de Vox, Santiago Abascal, tiene sentido de estado por abstenerse en la tramitación del decreto de los fondos europeos: «Blanquear la extrema derecha es el primer paso para contar con sus votos».

En este sentido, Aragonès ha preguntado cuál es el precio a pagar para aceptar los votos de Vox y ha reprochado al candidato del PSC, Salvador Illa, que dijera que quiere construir Catalunya desde Madrid, en referencia a que quiere acudir asiduamente a Moncloa para negociar demandas para los catalanes: «Le tenemos que agradecer que haya sido tan claro. Gracias por ser tan franco. Nos ha dejado bien claro que quiere una Catalunya subordinada».

El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha acusado este jueves al Govern de tener una visión «estrecha y autárquica» ante la lucha contra el cambio climático, algo que él quiere revertir si es presidente de la Generalitat.

Lo ha dicho en el acto telemático ‘Transición ecológica y energética, una oportunidad única’ junto a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; el número 13 de la candidatura por Barcelona, Jordi Terrades, y la número tres de la candidatura por Lleida, Silvia Romero.

Illa considera que la lucha contra el cambio climático requiere de solidaridad y de cooperación entre países y entre el sector público y el privado, y que «no entiende de fronteras» ni de visiones cerradas, que ha atribuido a los independentistas, a quienes ha acusado de perder subvenciones europeas y recursos excepcionales.

SUS PROPUESTAS ECOLÓGICAS

Entre sus propuestas, ha destacado un pacto para el desarrollo rural contra la despoblación, medidas de desarrollo sostenible para el sector agroalimentario, la defensa de la política agraria común, los cuidados de las costas –en especial la del Delta de l’Ebre (Tarragona)– y modernizar la agricultura aprovechando los fondos europeos.

También ha propuesto una ley de territorio y urbanismo para lograr una movilidad sostenible y, en ese sentido, ha prometido dar un nuevo impulso a la automoción mediante la promoción de vehículos eléctricos y mejorar el transporte público y conseguir su electrificación.

Estas propuestas se suman a las ya anunciadas este mismo jueves durante un diálogo telemático con Ribera sobre transición ecológica, como un nuevo acuerdo verde con un horizonte 2030, un plan nacional para la transición ecológica justa y un plan masivo de rehabilitación de viviendas.

El candidato socialista ve la transición ecológica como una oportunidad para crear empleo, para diseñar una nueva economía, y cree que es una transformación que «se tiene que poder palpar en todos los barrios y rincones de Cataluña.

ROMERO Y TERRADES

Romero ve imprescindible que Cataluña esté cohesionada territorialmente y equilibrada demográficamente y, para conseguirlo, ha pedido tener una mirada rural que tenga en cuenta todas acciones que se lleven a cabo, y ha celebrado el propósito de Illa de aprobar un pacto por el desarrollo rural contra la despoblación.

Por su parte, Terrades ha reprochado al Govern no haber desarrollado la ley del cambio climático, aprobada en 2017, y ha asegurado que el compromiso de los socialistas es activarla, dotarla de contenidos y competencias, y realizar debates anuales en el Parlament para abordar políticas concretas y avanzar en materia de transición ecológica.

La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado una batería de denuncias del PP contra actos del presidente Pedro Sánchez y del exministro Salvador Illa en los primeros días de la campaña de las elecciones catalanas del 14 de febrero. Tampoco acepta otra denuncia contra el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, elogiando al candidato socialista desde el Twitter del Ministerio, pero en su caso le perdona la sanción porque rectificó de inmediato y retiró el mensaje.

En una resolución, la JEC analiza la denuncia del PP contra unas declaraciones de Sánchez elogiando a Illa en una visita institucional realizada a la Agencia Española del Medicamento el pasado 25 de enero. El organismo arbitral, tras recibir las alegaciones de Moncloa y una vez examinado el vídeo, concluye que el presidente sólo dedicó a Illa «palabras de agradecimiento», dado que iba a dejar de ser ministro, pero no aprecia «connotación electoralista».

También archiva otra denuncia del PP por una entrevista de TVE a Illa en sus últimas horas como ministro de Sanidad, algo que el PP calificó de «espacio de publicidad electoral». La JEC considera que el reportaje «se ajustó a lo que pretendía, recoger las impresiones del ministro el último día en el cargo», pero sin que tampoco se aprecien connotaciones electoralistas.

MARLASKA SÍ VULNERÓ LA NEUTRALIDAD

Otra cosa es el mensaje que el ministro Marlaska publicó en Twitter desde la cuenta oficial de Interior asegurando que Illa tiene cualidades que le hacen «idóneo para liderar el cambio que necesita Cataluña». Ahí la Junta Electoral coincide con el PP en que ese mensaje «conculcaba el principio de neutralidad política de los poderes públicos durante los procesos electorales».

Pero Interior también se dio cuenta y, 50 minutos después de publicar el tuit, procedió a su supresión e incluso pidió disculpas: «La propia autoridad denunciada reconoce, tanto en el mensaje publicado en la cuenta oficial del Ministerio como en las alegaciones presentadas, que el mensaje inicialmente publicado era contrario al ordenamiento electoral», subraya la resolución.

Por ello, y aunque recuerda a Marlaska que vulneró el principio de neutralidad política y que no puede reiterar esa conducta, la JEC opta por dar el tema por zanjado. «Se trató de un acto consciente y voluntario que, no obstante, dio lugar a una inmediata rectificación. Esta circunstancia hace que, conforme a los reiterados precedentes seguidos por esta Junta en ocasiones similares, su resolución se limite a declarar el incumplimiento de la normativa electoral y a instar que no se repita en el futuro, pero sin acordar la apertura de expediente sancionador», resuelve.

DESESTIMA LA DENUNCIA POR EL AVE A ELCHE

Por otro lado, el organismo arbitral desestima una reclamación del PP contra el acto de inauguración de la línea de AVE entre Madrid, Elche y Orihuela, al que iba a asistir el presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Y es que el PP impugnó el acto antes de que se celebrara y la JEC recuerda que no le corresponde «resolver sobre hechos jurídicos futuros hasta tanto estos no se hayan producido». Por tanto, se limita a reiterar que al Gobierno «un recordatorio y advertencia del deber de mantener una estricta neutralidad» en sus actos públicos mientras esté abierto el periodo electoral.

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha defendido que su partido es «la única alternativa limpia» este 14F y que si llega al Govern desvincularán a Cataluña de la palabra corrupción y reactivarán el sector turístico, según sus palabras.

En un encuentro telemático este jueves en Barcelona, Arrimadas ha dicho que los catalanes están «hartos del 3%, de la corrupción de los Pujol, de que se repartan contratos y se enchufe a amiguetes y de que ERC se gaste el dinero en el ‘procés'».

Ha destacado que el 14F es una oportunidad para hacer un cambio en el Govern con el candidato de Cs, Carlos Carrizosa, y para que «hablar de ‘procés’, del 3% y de la turismofobia sea cosa del pasado».

«Estamos hartos de que nos digan que no hay dinero. No, claro que hay dinero, lo que pasa es que se os va de las manos con la corrupción que tenéis», ha replicado Arrimadas a los partidos independentistas.

La líder de Cs también ha reivindicado que un Govern de Cs daría ayudas al sector turístico tras la bajada de actividad por la pandemia, y entre las medidas proponen un bono turístico de 500 euros a las familias catalanas, una herramienta que ya funciona «en otros países y comunidades autónomas y que es muy buena para reactivar el sector».

También Cs propone un plan estratégico del turismo de cara al 2030 para modernizar, diversificar y digitalizar el turismo catalán; y eliminar la tasa turística durante los meses de la pandemia –«que es todo lo contrario de lo que ha venido haciendo el independentismo y de lo que hace el tripartito en Barcelona»–.

«Cataluña es una gran potencia de turismo, lo tenemos todo para volver a ser una gran referencia. Pero es verdad que después de tantos años de ‘procés’, del gobierno populista en Barcelona y de la pandemia, ha quedado muy golpeado», ha zanjado.

GRAU Y GUILARTE

En el acto también ha participado la número 2 de Cs para el 14F, Anna Grau, ha garantizado que un Govern de Cs dará ayudas al sector turístico del que viven muchas familias y del que, a su juicio, Cataluña debe sentirse orgullosa: «Se han cargado la marca Cataluña, tenemos que ponernos las pilas para la recuperación del turismo».

Se ha mostrado escéptica sobre si con otro Govern y otro Ayuntamiento de Barcelona se habría salvado la celebración del Mobile World Congress de 2020, que se canceló por la pandemia: «Quizás no se podría haber evitado o no estábamos a tiempo, pero siempre he pensado que si el Mobile fuera en otra ciudad, administrada por otra gente, se lo habrían pensado dos veces».

Por su parte, la concejal de Cs en Barcelona María Luz Guilarte ha señalado que un tripartito en el Govern vendría a repetir el tripartito que ya hay en el Ayuntamiento de Barcelona, al que ha acusado de ejercer la «turismofobia», con el aumento de la tasa turística o de la tasa de terrazas a restauradores durante la pandemia.

Ha urgido a no añadir más sufrimiento a este sector y a apoyar al turismo con un Govern tras el 14F que hable –en sus palabras– de oportunidades, de desarrollo, de empleo, que refuerce la marca Cataluña y que haga gestión: «El 14F necesitamos aprovechar y expulsar al separatismo y al populismo».

Los representantes de la candidatura ‘La Izquierda Necesaria, crítica con el actual coordinador de IU Alberto Garzón, ha registrado un escrito de impugnación contra el rechazo de la dirección a su solicitud de aplazamiento de la Asamblea Federal ante la situación de la pandemia del coronavirus, para lo cual pide que la cita se posponga de forma cautelar.

En el texto remitido este jueves a la Coordinadora Federal de IU, solicitan que se revise el acuerdo de la dirección de IU negando esta demanda de aplazamiento de dicha asamblea, cuya finalización está prevista a finales de marzo.

Los representantes de la candidatura que lidera José Antonio García Rubio, antiguo responsable económico de IU durante la etapa del excoordinador Cayo Lara, piden que se adopten medidas cauterales a tenor de los plazos y condiciones establecidos para la revisión del acuerdo de la dirección «pueden impedir la eficacia de este recurso, con un daño irreparable a los derechos de participación y debate de la afiliación de IU y a las garantías democráticas del proceso» asambleario.

Al respecto, argumentan que los estatutos del partido detallan que la Asamblea Federal es el instrumento que garantiza la «participación más directa» de las personas vinculadas a IU, dado que es el órgano que decide la estrategia política y la dirección de la formación para los próximos cuatro años.

«Precisamente, la participación más directa de los afiliados y de los simpatizantes, es la participación presencial y no la telemática», ahondan en el recurso para insistir en que la alternativa adecuada es el «aplazamiento temporal» y programar la Asamblea Federal cuando terminen las restricciones por la pandemia.

Para la candidatura alternativa, el procedimiento telemático implica una «disminución notable» del debate y participación de la afiliación. Además, creen que «hace imposible» el voto secreto para elegir las delegaciones y sostienen que las nuevas tecnologías son una herramienta «de apoyo, nunca como un sustitutivo del debate presencial».

«En un contexto, además, de toque de queda y severas restricciones a la movilidad, que incluye confinamientos por zonas sanitarias y perimetrales, con una incidencia acumulada rozando los 900 casos, con decenas de miles de positivos diarios como consecuencia de la pandemia, continuar este proceso agrava los riesgos sanitarios y hace incluso inviables las meras votaciones presenciales», razona el recurso para insistir en la necesidad de posponer de nuevo la Asamblea Federal.

LA DIRECCIÓN QUIERE HACERLA EN MARZO

Por su parte, la dirección de IU no contempla «en absoluto» aplazar otra vez la Asamblea Federal de la formación y asegura que los medios telemáticos alternativos desplegados garantizan el debate entre la afiliación.

La portavoz de la dirección federal de IU y eurodiputada, Sira Rego, explicó el lunes que la asamblea ya se ha pospuesto en dos ocasiones, lo que ha conllevado también más tiempo para analizar y debatir los documentos. A su juicio, la organización requiere asumir ya esta etapa para elegir a la nueva dirección y afrontar así los debates y decisiones de fondo que requiere el actual momento político.

CALENDARIO ACTUAL

La Coordinadora Federal de IU ratificó a finales de noviembre, con el 84,5% de los votos a favor, el nuevo calendario de la XII Asamblea Federal propuesto por la Comisión Colegiada, y que pauta su culminación los días 26 y 27 de marzo.

El calendario marca el 7 de marzo será la fecha límite para debatir los documentos en las asambleas de base, en las asambleas provinciales (o en su defecto, comarcales o insulares) y en las federaciones de IU.

Desde el 15 hasta el 21 de marzo se procederá a la votación por sufragio universal entre toda la militancia del informe de gestión, los documentos y las candidaturas a los órganos de IU federal. Finalmente, la celebración de la XII Asamblea Federal será del 26 al 27 de marzo.

YA FUE APLAZADA POR EL COVID

La Asamblea Federal, que debe elegir la nueva dirección y la estrategia del partido para los próximos años, ya fue aplazada de julio a enero en una decisión que se adoptó en el pasado mes de abril, en pleno confinamiento domiciliario por la primera ola de coronavirus.

La propuesta estratégica de la dirección, consensuada con el Partido Comunista de España (PCE), defiende «fortalecer» la coalición con Podemos, bajo la marca Unidas Podemos, y apostará para ello por «democratizar» este espacio de convergencia, de cara a asentar su «base popular y territorial».

Frente a ello, el documento crítico denominado ‘La Izquierda Necesaria’, confronta con esa visión, pues se opone a la integración con Podemos, una vía que tilda de «fracasada» y reivindica la «soberanía» de la formación.

La Inspección Fiscal ha archivado la información previa que abrió el pasado mes de a la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal por el contenido de un artículo muy crítico con la gestión de la pandemia por el Gobierno que publicó en el diario El Mundo el pasado 3 de mayo, han confirmado fuentes fiscales.

La denuncia fue presentada por la letrada Elena Vázquez Núñez en representación del Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda en mayo del pasado año. Los letrados consideraban que el contenido del artículo debía ser merecedor de sanción disciplinaria, pues contenía una censura al Gobierno de España que prohíbe expresamente el artículo 59 del Estatuto Fiscal.

En sus alegaciones a raíz de la apertura de este expediente, Madrigal expuso que redactó este artículo, de opinión, en el ejercicio de su libertad de expresión protegida por la Constitución.

Añadía que el texto, referido a las medidas restrictivas del estado de alarma decretado a mitad de marzo, debía analizarse a la luz de los antecedentes jurisprudenciales que citaba, subrayando el interés del asunto para la opinión pública, y concluía que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) recomendaba una aplicación restrictiva del artículo del Estatuto referido a las censuras al Gobierno.

El decreto firmado por el jefe de la Inspección Fiscal, Fausto Cartagena, archiva la investigación «por carecer los hechos denunciados de entidad disciplinaria».

En los fundamentos del documento, que tiene fecha de este jueves, se alude al derecho a la libertad de expresión recogido tanto en la Constitución como en la jurisprudencia del Tribunal de Constitucional y se señala que, en relación con los jueces y fiscales, ésta se haya sometida a determinadas restricciones dimanantes de las obligaciones que impone la «necesaria imagen de imparcialidad que deben transmitir a la sociedad».

Añade Cartagena que «prudencia, serenidad y respeto» al propio oficio resultan necesarios para cumplir los cometidos que legalmente corresponden a los fiscales, si bien puntualiza que en caso del artículo de Madrigal hay que tener en cuenta que se trata de un miembro relevante de la Carrera, puesto que fue incluso fiscal general del Estado, y que en su texto vertió opiniones «jurídicas y no jurídicas» si bien no dirigió sus reproches directamente al Gobierno.

Esta ausencia de destinatario concreto de las críticas, y el hecho de que Madrigal publicara su artículo como ciudadana, y no en calidad de fiscal «al margen lógicamente de serlo», permiten concluir a la Inspección Fiscal que no hay en este caso conducta alguna que merezca reproche disciplinario.

«Las referencias a la política -añade el decreto-, no deben tampoco ofender o perturbar a quienes tan digna y necesaria función ejercen, siendo relevante la falta de denuncias de hipotéticos ofendidos». Otras frases que concreta la denuncia de los abogados, concluye Cartagena, «no son de reprobación, sin perjuicio de la medida de mesura que no debe traspasar al ejercer la libertad de expresión».

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado luz verde para que se remita el sumario sobre la ‘operación Kitchen’ al juez que investiga los denominados ‘papeles de Bárcenas’ para que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional pueda continuar indagando en la «relación directa» que posiblemente exista entre ambos causas.

Según han informado fuentes jurídicas, el Juzgado Central de Instrucción número 6 ha comenzado a trasladar el sumario judicial sobre el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas al Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que se investigan las presuntas donaciones finalistas a los ‘populares’.

El juez Santiago Pedraz solicitó el pasado 27 de enero a su compañero de la Audiencia Nacional aquellos documentos que haya obtenido y que estén relacionados con la sustracción de material documental a Bárcenas en el marco de la denominada ‘operación Kitchen’, que se investiga dentro de la macrocausa ‘Tándem’.

Así, el magistrado hacía efectiva una reclamación realizada el pasado mes de noviembre por la unidad policial para poder apuntalar la posible relación que pueda existir entre la investigación relacionada con las anotaciones que hacía el extesorero del PP sobre las donaciones de empresarios con el operativo parapolicial montado en 2013 para presuntamente sustraer la información sensible que éste guardaba del PP.

En dicho informe, la UDEF afirma que hay indicios de la conexión entre «una operación desplegada por el Ministerio del Interior en el año 2013 con efectos hasta 2015» centrada en la «localización de documentos» en poder del extesorero del PP «con el fin de apoderase de los mismos y sustraerlos a la investigación judicial en curso» sobre la presunta caja ‘b’ de los ‘populares’.

Por ello, reclamó al Juzgado de Instrucción número 5 que éste requiriera al juzgado donde se investiga la ‘operación Kitchen’ una serie de documentos para poder seguir indagando en esta posible «relación directa» entre ambas causas.

DOCUMENTOS RECLAMADOS

En concreto, Pedraz ha solicitado los fragmentos de declaraciones en sede judicial de varios investigados en la pieza 7 del caso ‘Tándem’: las del ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño; las del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, y las comparecencias del que fuera chófer de los Bárcenas y confidente del operativo Sergio Ríos Esgueva.

Pero acota la solicitud a aquellas manifestaciones en las que refieran a la existencia de documentos que guardaba o tuviera a su disposición Luis Bárcenas directamente o a través de terceros. Al hilo, el magistrado también quiere el contenido del volcado de los dos teléfonos iphone y del ipad de los que era usuario el extesorero ‘popular’, y que el chófer entregó a García Castaño.

Pedraz también quiere tener las dos actas notariales que el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez –también imputado– levantó sobre los mensajes relativos a la ‘Kitchen’ que se intercambió supuestamente con el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, otros de los investigados en este caso.

Por otro lado, reclama también de los documentos intervenidos en el registro efectuado en el domicilio de Villarejo, los fragmentos de las grabaciones entre el comisario y el empresario Adrián de la Joya, y entre Villarejo y García Castaño, en los que se revele la existencia de los documentos que guardaba o que tenía a su disposición el extesorero.

EL REGISTRO DE FRANCISCO MARTÍNEZ

El magistrado también demanda poder disponer para su investigación los informes o expedientes que tuviera Villarejo de las empresas Constructora Hispánica S.A. y Licuas S.A., con información mercantil y de vinculaciones, cuyos presidentes eran Alfonso García Pozuelo y Joaquín Molpeceres. Y pide además las notas informativas elaboradas por el comisario que pudieran revelar la existencia de documentos que guardaba, o tenía a su disposición Luis Bárcenas.

Entre la batería de documentos, también está lo intervenido en el domicilio de Martínez y que haga referencia al extesorero del PP o que contengan información que «ayude a su localización». Y acota que no quiere los que se refieran a la operación Kitchen.

Por último, solicita lo requisado en el domicilio de Ríos Esgueva y que sea perteneciente a Bárcenas (o lleve a localizar esos documentos) y toda aquella documentación que resultara de la ejecución del operativo por cualquiera de sus actores, como agendas o documentos tanto en papel como digitales, que sean de Luis Bárcenas, aunque estén en forma de copia y no original.

DONACIONES A CAMBIO DE FACILITAR CONTRATOS PÚBLICOS

Para justificar toda esta batería de peticiones, el juez Pedraz recuerda que en la causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5 se analiza si Bárcenas y el anterior tesorero del PP Álvaro Lapuerta, junto al líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, «definieron e implementaron un sistema para obtener fondos ilícitamente para el Partido Popular y para ellos mismos, a cambio de movilizar influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores de tales fondos».

Precisamente este miércoles se ha dado a conocer un escrito remitido por Bárcenas a la Fiscalía Anticorrupción, en el que afirma que el PP tenía una contabilidad paralela que se nutría de donaciones de empresarios, cuyo objetivo, en muchas ocasiones, era obtener adjudicaciones públicas. Una ‘confesión’ que sale a la luz pocos días antes de que comience a juzgarse en la Audiencia Nacional el presunto pago con dinero de la caja ‘b’ de la reforma de la sede nacional del PP.

En ese escrito, Bárcenas alude a esta ‘operación Kitchen’ y subraya que «gran parte» de toda esta documentación sobre la caja b «ha sido sustraída» del estudio de su mujer, cuando entraron a robar en el mismo». «Desaparecieron pendrives y diversos papeles que eran comprometedores a esta pieza (caja ‘b’) y otras que están siendo investigadas en otras piezas», destaca.

Los obispos españoles han asegurado su «compromiso para la protección de los menores» frente a los abusos sexuales y, para ello, han indicado que siguen «dando pasos» desde sus oficinas diocesanas especializadas en la atención y acompañamiento a víctimas de abusos, mientras que la asociación de víctimas Infancia Robada duda de la «función» que cumplen estas oficinas y piden a los obispos que investiguen los casos del pasado.

En cumplimiento con lo dictado por la Santa Sede, todas las diócesis españolas tienen establecidos, desde antes del 1 de junio de 2020, protocolos y oficinas para la protección de menores y presentación de denuncias por abusos cometidos, según informa la Conferencia Episcopal Española (CEE).

En algunas diócesis, según indica la CEE, se han implementado procesos comunes para la protección de menores, protocolos para los centros educativos y formación para profesores y alumnos para la detección y prevención de abusos a menores.

En la Asamblea Plenaria de noviembre, los obispos hicieron balance del trabajo de estas oficinas de atención a las víctimas de abusos unos meses después de que se cerrara el plazo para su apertura en todas la diócesis españolas.

El secretario general y portavoz de la CEE, Luis Argüello, aseguró que los casos que habían llegado a estas oficinas en sus primeros seis meses de funcionamiento eran mínimos. «El número de denuncias ha sido cero o muy pocas», afirmó.

Por su parte, la Asociación de víctimas Infancia Robada duda de la «función» de estas oficinas y pide a los obispos «transparencia», que «investigue los crímenes del pasado» y que indemnicen a las víctimas.

«El principal problema que le vemos a la respuesta de la Conferencia Episcopal Española es, por una parte, la falta de transparencia porque se han negado a investigar los crímenes del pasado a diferencia de otras conferencias episcopales», ha indicado el portavoz de Infancia Robada, Miguel Hurtado.

Hurtado pide a la Iglesia española que diga «cuántos pederastas» ha habido, «en qué décadas» y «cuántas víctimas hay». Además, reclama «mecanismos de reparación efectiva» para las víctimas con indemnizaciones, como hace la Conferencia Episcopal Alemana.

«Desde las oficinas de atención a las víctimas, si no son transparentes, no dan datos, no dicen quiénes son los agresores, tampoco indemnizan a las víctimas, no se sabe muy bien qué función están haciendo», ha precisado Hurtado, añadiendo que son «más bien un lavado de imagen».

Asimismo, sobre los números de denuncias que han recibido estas oficinas, según los datos ofrecidos en noviembre por la CEE –«muy pocas o cero»–, Hurtado lo achaca a que «las víctimas no confían en los obispos y por este motivo no van a las oficinas de atención».

La exportavoz del Grupo Popular en el Congreso y diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, y el expresidente del PP catalán Alejo Vidal Quadras apoyarán este viernes al candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández.

El acto, que tendrá lugar a las 12:30 horas en la ciudad de Barcelona, es el único que tiene previsto en este momento la exportavoz parlamentaria del PP, que en agosto pasado fue destituida de su cargo por Pablo Casado.

Álvarez de Toledo, que encabezó la lista del PP por Barcelona en las dos últimas elecciones generales, se estrenará casi en pleno ecuador de la campaña con un acto al que acudirá de forma presencial. En el caso de Vidal-Quadras está previsto que participe de forma telemática, según han precisado fuentes ‘populares’.

Vidal-Quadras, que fue presidente del PP catalán entre 1991 y 1996, dejó esa formación en enero de 2014 tras 30 años de militancia alegando diferencias con la dirección del PP que lideraba Mariano Rajoy. Poco después pasó a Vox, partido con el que encabezaría la lista a las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014, si bien también se dio de baja un año después tras ser desautorizado por buscar un acercamiento de Vox a Ciudadanos y a UPyD.

INQUIETUD EN EL PP POR VOX

El apoyo de Álvarez de Toledo y Vidal-Quadras al PP catalán se produce en un momento en el que ha crecido la inquietud en las filas ‘populares’ por la posible entrada con fuerza de Vox en el Parlamento catalán que ya recogen numerosas encuestas.

En algunos de esos sondeos incluso se confirma un adelanto del partido de Santiago Abascal. Es el caso de la encuesta ‘flash’ del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada este jueves, que apunta a ese ‘sorpasso’ de Vox al PP con el 6,9% frente al 5,8% de los votos.

En ‘Génova’ descartan que pueda producirse ese ‘sorpasso’ de Vox al PP, pero son conscientes de que los comicios del 14F tendrán una lectura en clave nacional, avalando o no el éxito de la estrategia que desplegó Casado en la moción de censura de romper y distanciarse de los de Abascal.

ILLA Y LA «MUTACIÓN CONSTITUCIONAL»

Álvarez de Toledo, que apostó por la abstención en la moción de censura de Vox aunque luego acató la disciplina de partido votando ‘no’, ha puesto en el foco de sus críticas al candidato socialista, Salvador Illa.

La pasada semana, en una entrevista en TVE, aseguró que el candidato a la Generalitat de Cataluña por el PSC se presenta a las urnas para «blanquear y culminar el proceso separatista de mutación constitucional» y, en este contexto, subrayó que no votarán a favor para apoyar un posible Gobierno liderado por Illa.

Según Álvarez de Toledo, el PSC «siempre ha sido la retaguardia del separatismo» y una «especie de eufemismo de nacionalismo». A su entender, Illa es una «candidatura humillante para muchos catalanes» ya que, a su juicio, España «está acosada» por dos frentes que «convergen» en el exministro de Sanidad: la pandemia y el proceso separatista.