El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha presentado este lunes una solicitud en el Congreso para desclasificar la hoja de servicios y retirar las condecoraciones de Enrique Rodríguez Galindo, exgeneral de la Guardia Civil condenado por los GAL que falleció este fin de semana tras contagiarse de Covid-19.

Iñarritu pregunta si se ha denunciado por enaltecimiento del terrorismo a los que han ensalzado al exalto mando del Instituto Armado y pide al Gobierno que actúe igual que con Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño’.

«Queremos acceder a todos y cada uno de los informes y expedientes que se realizaron para premiar a este miembro del terrorismo del Estado», ha destacado Iñarritu, que asegura que «es hora de pasar de las palabras a los hechos». «Es hora de quitar las medallas a los agentes policiales que han conculcado los derechos humanos; a todos, sin excepciones», ha enfatizado.

El diputado de EH Bildu compara a Rodríguez Galindo con el caso de Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño’. Tras la muerte el pasado año de este expolicía acusado de torturas durante el franquismo, el Gobierno anunció la retirada de todas sus medallas a título póstumo, de ahí que Iñarritu pida que se adopte la misma medida con el mando de la Guardia Civil al frente del cuartel de Intxaurrondo en los años 80, cuando se produjo el secuestro y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

En febrero, meses antes de la muerte de ‘Billy el Niño’, EH Bildu ya pidió la retirada de estas condecoraciones, haciéndolo extensible a otros mandos que lucharon contra ETA e incluso para los que han participado en dispositivos por el referéndum independentista del 1-O en Cataluña. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidió apoyo para reformar la Ley de Memoria Histórica para poder retirar las medallas al policía acusado de torturas durante el franquismo

EXPEDIENTE CON HASTA 14 CONDECORACIONES

El diputado de EH Bildu ha pedido a la Administración Pública que le remita «cada uno de los expedientes con las medallas y condecoraciones de Rodríguez Galindo», citando 14 de estos premios, entre ellos la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo de 1984, la cruz de oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil o la placa y cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

En las preguntas registradas este 15 de febrero, también se refiere a los «mensajes y artículos de enaltecimiento» de Rodríguez Galindo tras conocerse su fallecimiento el pasado sábado, citando a «numerosos ciudadanos, asociaciones y medios ultraderechistas que pusieron en valor al conocido terrorista de Estado».

«¿Cuántas personas han sido detenidas por enaltecimiento del terrorismo en relación a estos hechos?», se pregunta Iñarritu, que también se interesa por las denuncias tramitadas o investigaciones abiertas en relación con mensajes que pueden ser constitutivos de un delito previsto en el artículo 578 del Código Penal, el mismo que el Gobierno plantea despenalizar, tras la condena del rapero Pablo Hasel.

Podemos ha destacado que el resultado de las elecciones catalanas ha recompensado su papel dentro del Gobierno de coalición y les permite salir fortalecidos del 14F, al revertir la tendencia a la baja que habían supuesto los comicios vascos y gallegos.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación la portavoz de la formación morada, Isa Serra, para manifestar su satisfacción por los resultados electorales en Cataluña, que les confiere un papel «determinante» ante la posibilidad de gestar un ejecutivo de izquierdas en esta autonomía.

Por todo ello, ha apelado directamente a ERC para que explore esa vía y deseche la reedición de un gobierno con Junts. En consecuencia, los comunes van a trabajar para convencer al resto de fuerzas progresista, especialmente a ERC y PSC, para que pueda surgir un gobierno de izquierdas, que es lo que necesita Cataluña.

Precisamente este lunes la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado que los republicanos quieren formar un gobierno «cuanto antes mejor» y por eso pretenden iniciar de forma inminente las negociaciones para hacer posible su propuesta de un Govern amplio que incluya a Junts y CUP, pero también a los comuns, que ya han mostrados su negativa a sumar con el partido de Carles Puigdemont.

En su análisis electoral, Podemos ha subrayado que el 14F ha supuesto el refuerzo del bloque de izquierdas tanto en Cataluña, con un aumento relevante de los partidos de este espectro político, como del que da sustento al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos a nivel estatal. Todo ello les otorga fuerza para avanzar en las medidas que den cumplimiento al acuerdo de coalición.

RECONOCE QUE EL INDEPENDENTISMO SIGUE CON FUERZA

Dicha dinámica ha ido en detrimento de la derecha, pues estos comicios han dejado claro, en su opinión, que el proyecto político de PP, Ciudadanos y Vox en Cataluña es «marginal».

Sin embargo, ha reconocido que el independentismo sigue teniendo una «fuerza importante», lo que revela que una fuerza política como Unidas Podemos, que apuesta por el diálogo, «tiene especial importancia» para tratar de muñir el cambio político que defienden.

Serra también ha felicitado a la candidata de En Comú Podem, Jéssica Albiach, por su campaña electoral que ha contribuido a retener sus ocho escaños en la región. A su juicio, tienen que ver con el papel de Unidas Podemos dentro del Gobierno de coalición a nivel nacional, consistente en «decir las verdades» pero también defender los intereses de la ciudadanía por encima de cualquier otra cosa.

Con ello, la portavoz de Podemos respaldaba la línea emprendida por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que en el tramo final de campaña se centró en poner de relieve diversas situaciones que impedían hablar de plena normalidad democrática en España y sus presiones para hacer cumplir el pacto de coalición suscrito con el PSOE.

Además, ha detectado que su espacio político ha salido ha invertido la mala tendencia que habían dejado las elecciones en Galicia y País Vasco del pasado mes de julio. Por ello, ha asegurado que «salen más fuertes» de cara a afrontar los próximos comicios autonómicos y municipales de 2023. «A pesar de «todos los intentos para acabar con Podemos, hemos demostrado que estamos muy fuertes y muy vivos», ha enfatizado Serra.

La candidata de los comuns a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha replicado este lunes al candidato de ERC, Pere Aragonès, que En Comú Podem no pactará un Govern con los republicanos y con Junts, y ha insistido en acercar posturas entre fuerzas progresistas para lograr gobierno de izquierdas en Cataluña.

«No votaremos a Junts de ninguna de las formas. Que haya repetición electoral o no, no depende de nosotros, sino del resto de las fuerzas», ha mantenido en una rueda de prensa telemática para valorar los resultados de las elecciones, en las que han logrado mantener sus ocho escaños.

En cambio, ha sostenido que con la CUP coinciden en asuntos sociales y económicos, pero no en cuanto a cómo abordar el diálogo en Cataluña: «No es que nosotros descartemos a la CUP, pero quiero decir que hasta ahora son ellos quienes se han querido poner en otro lado».

Albiach ha insistido en que la apuesta de los comuns es llegar a acuerdos entre las fuerzas progresistas, aunque ha puntualizado que ella no ha hablado de tripartito: «Las fórmulas pueden ser muchas, ahí nos tenemos que encontrar».

A su entender, esa es una alternativa a fórmulas que «no han funcionado» y que llevarían a repetir errores del pasado, y ha lamentado que Aragonès insista en la suma de ERC, CUP, comuns y Junts cuando los comuns ha descartado en de forma reiterada pactar con este último.

LA LLAMADA A ILLA Y A ARAGONÈS

Tras anunciar este domingo que llamaría al candidato socialista, Salvador Illa, y a Aragonès para emplazarles a negociar, Albiach ha explicado que de momento solo han podido tener un «contacto de cortesía» con ellos, a la espera de abordar con mayor detalle posibles pactos durante la tarde de este lunes.

Ha defendido llevar esas conversaciones con discreción y responsabilidad para trasladar al Govern la mayoría a favor del diálogo que existe en el Parlament, según ella: «Si queremos que las cosas salgan bien, es mejor no hacer política de titulares y no negociar a través de los medios de comunicación.

Y ha dicho que un entendimiento entre los republicanos y los socialistas tampoco sería «ninguna novedad», puesto que estos partidos ya han llegado a acuerdos en el Gobierno central.

«No hay más alternativas», ha reiterado, preguntada por el hecho de que ERC haya decidido excluir de su ronda de contactos al PSC en vistas de negociar una investidura.

INVESTIDURA ‘FAKE’

Además, ha vuelto a pedir a los candidatos que no se presenten a una «investidura ‘fake'» –sin tener los apoyos necesarios–, para no perder el tiempo ni enzarzarse en trámites parlamentarios que no resuelven los problemas de la ciudadanía, ha destacado.

Preguntada por si con eso pide a Illa que no se presente, ha dicho: «Yo no soy nadie para decirle al señor Illa que se presente o no se presente, que además ha ganado las elecciones», pero ha reclamado que se haga en función de si es viable y tras llegar a acuerdos.

CORDÓN SANITARIO A VOX

Por otro lado, también ha instado a los grupos parlamentarios a acordar una «alianza estratégica antifascista» sobre cómo actuar para evitar que Vox ocupe cargos y tenga visibilidad en el Parlament –por ejemplo, ante los debates que proponga su grupo–.

«La estrategia que deberíamos tejer no es solo un posicionamiento individual de cada partido, sino que entre todos deberíamos ser capaces de sentarnos para hablar cómo le hacemos un cordón sanitario a la extrema derecha», ha concluido.

La representación legal de los Franco estudia ya el recurso ante el Tribunal Supremo contra el fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña que ratifica que el pazo de Meirás es propiedad del Estado, Luis Felipe Utrera-Molina.

Además, ha cifrado en un importe «sensiblemente superior a 800.000 euros» la indemnización que correspondería a sus clientes solo por «la reconstrucción» del inmueble, de no prosperar sus tesis sobre la propiedad del mismo, pero sí la que debe el Estado abonarles gastos.

Y es que, frente a la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, la de la Audiencia Provincial de A Coruña rechaza «mala fe» por parte de los herederos del dictador y les reconoce el derecho a una indemnización y ser resarcidos por los gastos en que los incurrieron desde 1975, lo que incluye tanto los de mejora como conservación.

Sobre la cuantía de esta indemnización, el letrado admite que es «difícil» hacer una estimación en estos momentos. «Pero teniendo en cuenta que la sentencia reconoce el derecho de mis clientes a ser indemnizados con los gastos necesarios y también con los útiles, no sólo habría que reembolsarles el coste de la reconstrucción que es sensiblemente superior a 800.000 euros».

«Sino también reembolsarles con todos los gastos útiles y necesarios desde 1975 hasta 2020, impuestos incluidos, lo que elevaría dicha cifra de forma muy considerable», apunta.

«CONTRADICCIONES» DEL FALLO

Con todo, recalca que sus clientes «siguen confiando en que finalmente la Justicia les dará la razón por lo que ese escenario sólo habrá que afrontarlo en el caso de que el actual pronunciamiento respecto a la propiedad del pazo deviniera firme».

Preguntado si recurrirán el fallo de la Audiencia de A Coruña, confirma que están estudiando el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. «La sentencia incurre en serias contradicciones en sus valoraciones jurídicas respecto a la usucapión, que consideramos nos abren la puerta de la casación», indica en referencia al término legal respecto al modo de adquirir la propiedad tras haber sido poseedor por un tiempo determinado.

No obstante, sobre la sentencia de la Audiencia Provincial destaca que «corrige de forma contundente gran parte de los errores gruesos de la sentencia de primera instancia, reconociendo por ejemplo que la intención de todos en el año 1938 era regalarle el pazo a Francisco Franco y no a la Jefatura del Estado».

«La expresión ‘El Estado no nació en Galicia, ni siquiera en sentido figurado’, en referencia al pergamino de la donación, es bastante significativa y constituye una enmienda a la totalidad a las tesis de la Abogacía del Estado y la Xunta, que la jueza Canales –dice sobre la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña– había acogido de forma sorprendente», argumenta el abogado.

«BUENA FE» DE SUS CLIENTES

Por otra parte, indica que «reconoce también que nuestro derecho admite la desafectación tácita, lo que ha sido negado hasta la saciedad por la Abogacía del Estado pese a la jurisprudencia existente sobre la materia».

«Y considera acreditado que mis clientes han poseído de forma pública, pacífica, ininterrumpida y de buena fe el pazo de Meirás desde que este dejase de estar afecto al servicio público». «Lo que resulta clave de cara al reconocimiento de la propiedad de mis representados sobre el inmueble», sostiene también en el análisis del fallo.

La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) ha instado al Gobierno a aplicar, «sin más dilaciones», la actual Ley General de la Comunicación Audiovisual a los ‘influencers’ que suben a las plataformas sus propias creaciones de vídeos, para «garantizar la protección al menor y acabar con los numerosos incumplimientos detectados en materia de publicidad».

Según han defendido este lunes las televisiones comerciales en abierto, la aplicación «íntegra» de la ley permitirá «reducir la creciente alarma social generada por su actividad, además de avanzar en la necesaria igualdad en derechos y obligaciones entre todos los prestadores de servicios audiovisuales, sea cual sea su tecnología y soporte de emisión».

En este sentido, UTECA ha argumentado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha constatado recientemente en un informe que «en una gran parte de los contenidos que emiten estos agentes en las plataformas de intercambio de vídeo existen comunicaciones comerciales no identificadas o contenidos audiovisuales que pueden ser perjudiciales o inapropiados para los menores».

En este sentido, hace hincapié en que, en los vídeos de YouTube y Twitch, la CNMC señala que «lo más relevante, por su presencia en más de la mitad de los vídeos visionados, es la existencia de contenidos que pudieran vulnerar la normativa sobre protección de los menores y de comunicaciones comerciales». En cuanto a Instagram TV, la CNMC alerta de que «también se ha apreciado una alta exposición de contenidos comerciales por parte de estos agentes sin la debida identificación de los mismos».

A juicio de las televisiones comerciales en abierto, el análisis realizado por la CNMC «confirma todas las alarmas sobre la ausencia de controles y el riesgo que supone para los menores, colectivo vulnerable de especial protección».

Por este motivo, considera que el Gobierno «debe actuar ya» y someter a esos ‘influencers’ a la misma ley que obliga a los operadores tradicionales. Así sucede en países de Europa como Austria, Noruega o Bélgica, según recuerda la propia CNMC. En Alemania, la autoridad de regulación y supervisión del audiovisual se ocupa también de estos nuevos agentes audiovisuales. Cualquier otro tratamiento es una discriminación injustificada que dificulta un entorno competitivo equilibrado, además de ser una amenaza real para la efectiva protección de los menores», ha argumentado.

Además, ha añadido que la aplicación de la ley actual a estos nuevos agentes audiovisuales está amparada en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 2015, que «consideró ‘programas’ a los videos cortos que crean y difunden, y por tanto, ‘servicios audiovisuales sujetos a regulación'».

«Solo es preciso delimitar aquellos vídeos y canales que tendrán esa consideración de ‘prestadores de servicios audiovisuales’ y estarán sometidos a la Ley General de la Comunicación Audiovisual, en función de un número mínimo de suscriptores, visualizaciones e ingresos económicos generados», ha zanjado la organización.

La Real Academia Española, en colaboración con la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), ha actualizado el Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES XXI), que incluye la incorporación de más de 4,5 millones de transcripciones de textos orales (programas de radio y televisión, entrevistas en medios de comunicación, YouTube).

En total, la más reciente versión de la herramienta, la 0.93, cuenta con más de 316.000 documentos, que suman algo más de 333 millones de formas ortográficas, procedentes de textos escritos y de transcripciones de textos orales. Con respecto a la versión anterior, publicada en mayo de 2020, supone un incremento de más de 21 millones de formas.

Algunos archivos ofrecen el sonido alineado correspondiente a la transcripción; en otros es posible la descarga del archivo de audio, además de la visualización del vídeo, de acuerdo con la procedencia del texto fuente.

Por lo que respecta al bloque de ficción (novelas, guiones de cine, relatos, obras de teatro), las formas de CORPES sobrepasan los 93 millones, mientras que las contenidas en textos de libros de no ficción y en publicaciones periódicas (ciencias sociales, salud, política, artes, tecnología) se acercan a los 238 millones.

Los textos procedentes de libros suponen casi 166 millones de formas; las publicaciones periódicas están representadas con unos 158 millones. Además, 6,5 millones más provienen de blogs, entrevistas digitales, redes sociales y miscelánea.

En cuanto a la distribución temporal, aumenta el número de textos producidos entre 2016 y 2020, con algo más de 42 millones de formas en esta versión. Por lustros, el mayor peso en esta versión, todavía provisional, recae en el segmento 2006-2010, con más de 107 millones de formas; más de 100 millones corresponden a formas producidas entre 2001 y 2005; y, de 2011 a 2015, alcanza casi 82 millones de formas.

El equilibrio previsto entre España y América (30%-70%) se mantiene: las formas correspondientes a textos generados en España suponen algo más del 30% y los de América superan los 217 millones de formas. Además, el CORPES contiene textos procedentes de Filipinas y Guinea Ecuatorial.

CONJUNTO DE TEXTOS

El Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES XXI) es, al igual que el CREA, un corpus de referencia. En lingüística, se llama corpus a un conjunto lo más extenso y ordenado posible de textos. Los corpus son empleados habitualmente para conocer el contexto y las propiedades de las palabras, expresiones y construcciones a partir de los usos reales registrados.

Dado el tamaño que poseen, los corpus tienen que estar en formato electrónico. Un corpus general (llamado de referencia) tiene como propósito básico el de servir para obtener las características globales que presenta una lengua en un momento determinado de su historia. En el caso del español actual, el corpus debe contener textos de todos los tipos y también de todos los países que constituyen el mundo hispánico.

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha distinguido en la 24 edición de los Premios Meridiana como «ejemplo de superación» a Gloria Bazán, de Universo Santi, promovido por la entidad sin ánimo de lucro Fundación Universo Accesible, primer restaurante del mundo de alta cocina atendido al 100 por 100 por personas con discapacidad y ubicado en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Los Premios Meridiana reconocen la labor desarrollada por personas, colectivos o instituciones en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombre, una edición en la que han resultado galardonadas en las siete modalidades que conforman estos premios un total de diez personas y/o entidades como la bailaora María Pagés, Laura Baena del Club de Malasmadres o la superviviente de la violencia de género Ana Bella Estévez.

Por su parte, Gloria Bazán ha dado las gracias a Antonio Vila, directivo de DKV y presidente de Universo Accesible, y al Restaurante Universo Santi por darle la oportunidad de «luchar por un proyecto en el que la inclusión social-laboral es lo más importante». Igualmente, ha mostrado su agradecimiento a Judit Mascó y a Inés Arrimadas por su apoyo en esta candidatura.

«Es para mí un orgullo que estas grandes personas crean en mi y me hayan dado tantas cosas buenas. Espero que en los años venideros podamos seguir haciendo grandes cosas en la Fundación Universo Accesible por todas aquellas personas y proyectos que necesiten nuestra ayuda», ha manifestado Gloria Bazán en sus redes sociales.

En cuanto a los Premios Meridiana, la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, subraya que estos galardones distinguen la labor de quienes con su trayectoria vital, personal o profesional han contribuido a introducir el principio de igualdad de género en los distintos ámbitos, como el educativo, empresarial, artístico, cultural o los medios de comunicación.

A su juicio, «las premiadas de esta 24 edición son un referente porque con su talento, trabajo, esfuerzo e inteligencia han hecho una Andalucía más igualitaria y justa y, en estos tiempos tan complicados y complejos, es más importante que nunca reconocer esta contribución, inspirar a las nuevas generaciones y concienciar sobre la necesidad de seguir avanzando hacia la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres».

Gloria Bazán, trabajadora social con parálisis cerebral, ha sido galardonada por la iniciativa a favor de la inclusión social o de cooperación al desarrollo, siendo reconocida como ejemplo de superación».

El jurado de la edición de 2021 ha estado conformado por la directora del IAM, Laura Fernández, como presidenta, y como vocales Desirée García-Escribano, directora adjunta de informativos de Radio Televisión de Andalucía (RTVA); Francisca Gago Aguilera, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales Sol Rural y Premio de honor ‘Carmen Olmedo’ en la 23 edición de los Premios Meridiana (2020); y Ana González Pinto, delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Sevilla.

La Policía Nacional y la Guardia Civil dispondrán este año de las primeras 450 pistolas eléctricas y 18.000 chalecos dentro del nuevo material de protección personal, según ha explicado el Gobierno en varias respuestas parlamentarias consultadas.

En respuesta al Grupo Popular en el Congreso, el Ejecutivo explica que a fecha de 14 de diciembre de 2020 se hizo entrega a la Dirección General de la Policía de los primeros 300 inmovilizadores eléctricos, junto con 150 cámaras asociadas a dichos equipos.

«En la actualidad», añaden sobre la Policía Nacional, «se encuentra adjudicado el expediente de suministros del contrato para la adquisición de un mínimo de 1.000 inmovilizadores eléctricos, a suministrar en un periodo de tres años».

En relación con el material adquirido a cargo de los presupuestos de la Dirección General de la Guardia Civil, el Gobierno señala que para el ejercicio 2021 está prevista la adquisición de otras 150 inmovilizadores eléctricos no letales, «con sus correspondientes fundas y cámaras de grabación».

COMPRA DE CHALECOS

También en contestación al PP, el Ejecutivo informa en otras respuestas por escrito sobre la dotación de chalecos. En el caso de la Policía, cuenta actualmente con 52.956 chalecos de protección, detallando que 9.081 se han adquirido durante 2020 –un 17,22% es femenino–. «Está previsto que durante 2021 se adquieran 7.882 chalecos más, de los que cuales un 12,04% serían femeninos», sostiene.

En el caso de la Guardia Civil, asegura que dispone ahora de 43.626 chalecos externos para hombres y 6.056 para mujeres, así como 5.604 chalecos internos para hombres y 492 para mujeres. En el ejercicio económico de 2021, asegura que está previsto adquirir más de 10.500 chalecos: 7.955 masculinos y 419 femeninos, además de 300 chalecos de alta protección balística, 800 porta placas o 1.000 chalecos internos –400 femeninos–.

En otra respuesta, en este caso al Grupo Parlamentario Vox, el Gobierno se refiere al expediente «recientemente» adjudicado para adquirir un mínimo de 24.000 chalecos antibalas para guardias civiles distribuidos en tres anualidades (2021, 2022 y 2023), «lo que supondría al fina de ese periodo completar la dotación individual de esta prenda de protección a todo el personal que preste servicio de protección ciudadana».

La alusión la incluye en una pregunta sobre medidas de protección de la Agrupación Rural de Seguridad de la Guardia Civil que menciona también los cascos balísticos, de los que dicen que la última compra fue de 150 unidades en 2019. Para el año 2020, añade, queda pendiente la entrega de 58 cascos antibala, «con cargo a los créditos del Ministerio de Defensa».

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha informado de otros detalles relacionados con la Policía Nacional y la Guardia Civil como los test para detectar Covid-19 que se han realizado a los agentes. En el caso de los policías, dice que se han realizado 58.872 pruebas desde el servicio sanitario durante el año 2020, mientras que en el caso de la Guardia Civil la cifra es de 88.521 pruebas hasta el 3 de diciembre.

El PP defenderá este martes en el Pleno del Congreso una proposición de ley contra la ‘okupación’ que incluye repescar penas de cárcel, prohibir que los ayuntamientos empadronen a quienes residan ilegalmente en inmuebles ajenos y proteger a los vecinos afectados por estas situaciones.

Se trata de una ley que el presidente del PP, Pablo Casado, anunció el pasado mes de julio para recuperar el delito de usurpación, con penas de uno a tres años de prisión, y facilitar a la Policía poder echar a los ‘okupas’ en un máximo de 48 horas «dando plena seguridad jurídica a los servidores públicas».

DE UNO A TRES AÑOS DE PRISIÓN EN LUGAR DE MULTAS

En su iniciativa, el PP recuerda que la defensa contra actos que perturben la posesión de un inmueble destinado a vivienda quedó garantizada «con resultados muy positivos» en la ley de 2018, acortando plazos y agilizando procedimientos. Y también considera protegida la vivienda a través de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

Pero entiende que «el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para permitir una protección efectiva de los titulares de derechos». «Y, además, ha de tener en cuenta un bien jurídico a proteger que hasta ahora no ha tenido debida consideración: la convivencia vecinal pacífica y respetuosa en aras de la seguridad de las personas y las cosas», añade.

Se centra, por tanto, en «situaciones muy comunes en que la ocupación de una vivienda de manera ilegal y en contra del titular de la misma se produce comportando una alteración de la convivencia vecinal» porque «provoca una inseguridad de los vecinos de la comunidad de propietarios en la que se han instalado los ocupantes ilegales».

A su juicio, «las duras consecuencias» que tiene la ‘okupación’ «aconsejan un refuerzo de las medidas actualmente existentes en el ordenamiento jurídico, tanto a nivel penal como administrativo y civil».

No cabe desconocer que estas consecuencias no solo se proyectan individualmente sobre los ciudadanos que han de sufrir estas situaciones indeseables y preocupantes, sino sobre la economía a mayor escala, pues la inseguridad que genera el fenómeno de la ocupación provoca también que haya determinadas zonas urbanas que empeoren su estatus», añade.

A tal fin, por un lado el PP introduce en el artículo 245 del Código Penal «el supuesto de que concurran dos o más autores, actuando en grupo organizado, de manera sistemática o concertada, y estos ocuparan dos o más cosas inmuebles o usurparen varios derechos reales inmobiliarios ajenos». «Se impondrán igualmente las penas superiores en grado a los ocupantes que actúen siguiendo instrucciones de un grupo organizado que actúe en los términos del artículo 570 bis del Código Penal», proponen.

INTERVENCIÓN JUDICIAL A INSTANCIAS DE LA COMUNIDAD DE VECINOS

Además, abre la puerta a que en los procesos intervengan las comunidades de propietarios, a las que se confieren medios de defensa jurídica. Pablo Casado argumentó que, «ante comportamientos violentos de los okupas», las comunidades de vecinos y los propietario que son personas jurídicas «deben poder actuar directamente ante los tribunales. «Esto no solo son fondos de inversión. Hay inmobiliarias, hay pequeños autónomos, que tienen pisos y los tienen registrados como personas jurídicas y hasta ahora no podían a actuar», manifestó.

La iniciativa también deslinda los conceptos de morada o domicilio de las situaciones de ilegalidad por ocupación: «La presente norma tiene como finalidad reforzar el concepto de domicilio, pero ligado al del legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho sobre la cosa inmueble, frente a quien ocupa sin título y sin tolerancia del primero», subraya.

Ello permite «prohibir que los ayuntamientos permitan empadronarse a los okupas», ya que, según dijo en su día Casado, «se empadronan para recibir ayudas sociales y para que los legítimos propietarios de la vivienda no les puedan desahuciar».

LOS DESAHUCIOS POR VULNERABILIDAD, AL MARGEN

Eso sí, el PP precisa que sus reformas «nada obstan a la debida protección de los más desfavorecidos», las «situaciones en precario» y la garantía de la vivienda que deriva de los principios rectores de la política social». «No deben, por tanto, confundirse las necesidades de vivienda y su cobertura con la lucha contra la delincuencia, las actividades incívicas y las conductas que pongan en riesgo la seguridad de las personas y las cosas», concluyen.

«El tema de desahucios hipotecarios por vulnerabilidad social no opera para esto. Todo lo contrario», subrayó Casado, remarcando que la ley del PP busca proteger a «clases medidas ahorradoras que no tienen por qué ver su casa ocupada y cada vez más con mafias y con redes de extorsión dedicados a ello».

El Tribunal Supremo ha avalado en una tercera sentencia que los solicitantes de asilo en España tienen derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional, incluyendo a aquellos que hagan el trámite en Ceuta o Melilla y quieran viajar a la Península.

La sentencia del Alto Tribunal, determina que «todo ciudadano extranjero que haya solicitado una protección internacional o asilo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tiene derecho a la libertad de movimiento», así como «a fijar su residencia en cualquier otra ciudad del territorio nacional».

En este sentido, señala que este derecho no puede limitarse desde la Administración «por su condición de solicitante de la protección internacional», aunque existe la obligación del solicitante de comunicar a la Administración el cambio de domicilio.

Se trata de un escrito de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (sección cuarta) del Tribunal Supremo que resuelve un recurso interpuesto por la Abogacía del Estado a una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre un recurso, a su vez, impulsado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

EXIGEN MEDIDAS A EXTRANJERÍA

Desde la ONG destacan que es la tercera vez que el Supremo dicta una sentencia en este sentido, reiterando la jurisprudencia establecida en anteriores sentencias que resolvían casos promovidos por el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Ceuta y por el propio SJM.

Tras esta sentencia, la entidad ha instado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras a reconocer plenamente el derecho fundamental a la libre circulación de las personas reconocidas como solicitantes de protección internacional en Melilla y en Ceuta.

Y, en este sentido, le llaman a impartir instrucciones escritas a todos los agentes de policía que presten servicio en los controles de documentación para que no impidan el embarque de quienes exhiben sus tarjetas rojas; y a agilizar la expedición de la tarjeta roja a quienes se les reconozca la condición de solicitantes de protección.

A su juicio, es «lamentable» cómo «la Policía sigue restringiendo el derecho fundamental a la libre circulación de solicitantes de protección internacional más allá de las restricciones que sufre toda la ciudadanía durante el estado de alarma justificado para prevenir la expansión de la Covid-19».

Desde SJM señalan que en Melilla hay «muchas personas solicitantes de protección que prolongan su estancia, también, porque no se les asigna plaza en el sistema de acogida de refugiados al que tienen derecho».

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este lunes aplazar los interrogatorios de los acusados en el juicio por el presunto pago con dinero de la caja ‘b’ del PP de la reforma de la sede nacional del partido hasta que uno de ellos, el exgerente de la formación política, Cristóbal Páez, se recupere totalmente del covid-19.

En su resolución y con el fin de determinar la fecha de reanudación, la Sala pide al médico forense de la Audiencia Nacional que a lo largo de esta semana examine al acusado y emita un informe acerca de su estado de salud y evolución.

Aunque Páez comunicó el pasado jueves que había empeorado su estado de salud y había sido ingresado por neumonía, el tribunal dejó la decisión para este lunes hasta conocer su evolución. Según informan fuentes jurídicas, el exgerente ‘popular’ continúa hospitalizado.

La Sala comenzó a juzgar al extesorero del PP Luis Bárcenas, Páez y a otras tres personas el pasado 8 de febrero. Las dos primeras sesiones se centraron en el trámite de cuestiones previas, que el exgerente del PP ya siguió por videoconferencia desde su domicilio, debido a que ya había dado positivo en coronavirus y se encontraba con fiebre.

En la resolución comunicada este lunes, la Sala atiende la petición del abogado de Páez y considera que la presencia del acusado es necesaria para la continuación del juicio, en el que durante la semana pasada se celebraron las cuestiones previas.

PERICIAL MÉDICA A PRESENTAR ESTA SEMANA

«A efectos de determinar la posible fecha de reanudación, teniendo en cuenta la previsto en el articulo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), se acuerda que por parte del médico forense, adscrito a la Audiencia Nacional, se proceda a examinar al señor Páez y recabar la información médica necesaria a fin de exponer a este Tribunal por medio de informe, que deberá presentar a lo largo de esta semana, cuál es la situación relativa a la salud del mismo, su evolución y la previsión de curación así como la posibilidad de comparecer a juicio sin riesgo para la salud pública», señala la Sala.

La Audiencia suspende, por tanto, el juicio oral y deja sin efecto los traslados de Luis Bárcenas desde el centro penitenciario, así como las citaciones de los acusados y testigos para los próximos 16, 17, 22, 23 y 24 de febrero.

En este procedimiento, en el que se analiza si se usó dinero de la presunta caja ‘b’ del PP para sufragar la remodelación de la sede la formación política y no las donaciones finalistas al partido –que aún siguen en instrucción–, la Fiscalía Anticorrupción pide para Bárcenas cinco años de prisión, que se acumularían a la condena de 29 años de cárcel y un mes que ya está cumpliendo por la primera época de la trama Gürtel. Las acusaciones populares solicitan penas más elevadas.

Por estos hechos también están acusados Cristóbal Páez, para quien Anticorrupción pide un año y medio de cárcel; los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, para quienes el Ministerio Público solicita tres años y 10 meses por falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

Asimismo, se sienta en el banquillo de los acusados la empleada de esta empresa Laura Montero, para quien Fiscalía interesa el sobreseimiento de la causa, en contra de la acusación que mantienen las acusaciones populares.

En cuanto al PP, vuelve a estar frente al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como ocurrió por la primera época de la trama Gürtel, donde fue condenado como partícipe a título lucrativo, pero esta vez como posible responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que los demás acusados habrían cometido.

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la expresidenta regional Cristina Cifuentes del delito de falsedad documental del que había sido acusada por la Fiscalía de Madrid por inducir la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso de postgrado que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en 2012. En su sentencia, los magistrados dan por acreditado que el curso del máster de Cifuentes «estuvo plagado de irregularidades».

Así consta en una sentencia, en la que los magistrados condenan a un año y seis meses de cárcel a la profesora de la URJC y directora del polémico máster Cecilia Rosado y a tres años de cárcel a la exasesora de Educación María Teresa Feito.

Respecto a Cecilia Rosado, que reconoció en el juicio el delito, el tribunal le aplica la atenuante de confesión y miedo insuperable y, subsidiariamente, una atenuante muy cualificada por su colaboración con la justicia.

Acompañada por su hijo, Cifuentes ha acudido esta mañana a la sede judicial de la calle Santiago de Compostela para conocer la sentencia, que ha sido notificada a los abogados de las partes y a las propias acusadas. A su salida, no ha querido comentar su absolución.

La defensa de Cifuentes, el letrado José Antonio Choclán, reclamó en el juicio la absolución de su patrocinada, defendiendo que la acusación de la fiscal fue «puramente selectiva» y «arbitraria» al no ser «objetiva».

Choclán aludió a las «irregularidades» detectadas en «todos los alumnos investigados» que cursaron ese máster, un hecho que quedó patente en la vista oral y que en la instrucción se archivó. «Todo se cocinó en la universidad», manifestó.

«NO HAY PRUEBA SUFICIENTE»

En la sentencia, los magistrados determinan que de lo actuado no ha resultado probada «ninguna intervención» de Cifuentes en el delito del que había sido acusada. «Las sospechas legítimas que pudieran existir, no se ha convertido en prueba suficiente para justificar la responsabilidad de Cristina Cifuentes», afirman.

La fiscal Pilar Santos solicitó en el juicio una condena tres años y tres meses de cárcel para la exlíder madrileña al quedar acreditado que indujo la falsedad del documento objeto del juicio, dado que la exdirigente popular era «la única, la primera y la última beneficiaria» de esa falsificación.

También pidió la misma pena para Feito, mientras reclamó 21 meses para Rosado y de forma subsidiaria que se apreciaran las atenuantes de confesión y miedo insuperable por las presiones que habría recibido del director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, fallecido en abril de 2019.

Cifuentes afirmó en el juicio que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el tribunal, algo que hicieron otros alumnos. «Actué de buena fe», afirmó.

Cifuentes dimitió el 25 de abril de ese año después de que a esta polémica se sumara la difusión de un vídeo en el que aparecía supuestamente robando unas cremas.

CONTRA EL «DERECHO PENAL MODERNO»

Sobre la participación de Cifuentes, los magistrados exponen que ni Rosado ni Feito señalaron haber mantenido contacto alguno con la expresidenta, «tampoco con su oficina o gabinete».

Tampoco ninguno de los intervinientes en la reunión que se celebró en el Rectorado el 21 de marzo de 2018, cuando ‘eldiario.es’ destapó el caso, «ha hecho nunca referencia a Cifuentes».

«Sin obviar el interés de ésta en tener toda la documentación que justificara la regularidad en la obtención de su máster, nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento en cuestión», recalca la Sala, que incide en que «el hecho de exhibir públicamente la copia del documento que recibió el rector Javier Ramos no es más que un indicio, no corroborado por otros».

También alude el fallo a las referencias de la fiscal acerca de que hubo presión del «entorno» de Cifuentes, a lo que señala que han de rechazar «esas alusiones genéricas», que atribuyen «la condición de sujeto activo del delito a un colectivo difuso e indeterminado, sin personalidad propia, contradiciendo las bases del Derecho Penal moderno y yendo en contra de la doctrina que exige la determinación individual del sujeto activo del delito, sea persona física o jurídica».

La representante del Ministerio Público habló de presiones en su informe de conclusiones haciendo referencia a las llamadas «reiteradas» que hizo el exconsejero de Educación Rafael Van Griken al rector para obtener información sobre lo sucedido, así como a las llamadas de Feito a Rosado para que se «solucionara» el problema.

Como alumna, la Sala expone que Cifuentes «ha revelado un conjunto de incongruencias, relevantes e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de postgrado, recordando por ejemplo que reconoció que no fue a clase ni mantuvo contacto con ningún profesor».

No entra el tribunal, por no se competente, si se produjo o no esa defensa del TFM, incluso de haberse producido, «hubiera sido un extremo inexplicable, pues en el año 2012, la citada alumna, figuraba como no presentada en la asignatura, que impartía el profesor Chico de la Cámara, calificación que fue corregida de forma irregular en el año 2014.

UN CURSO, «PLAGADO DE IRREGULARIDADES»

Los magistrados dan por acreditado que el curso del máster de Cifuentes «estuvo plagado de irregularidades» y que se han detectado deficiencias en las actas de diversas asignaturas.

Respecto a Feito, el tribunal apunta que es responsable de la falsedad documental en concepto de inductora, ya que su participación queda probada «por la actuación relevante, tanto en la necesidad de crear el acta, a sabiendas de que no existía, como en la presión ejercida sobre Cecilia Rosado».

Al tribunal le queda acreditada esta presión «no solo de la declaración de Rosado sino «del conjunto de llamadas efectuadas» el día que se hizo público el caso.

De Cecilia Rosado señalan los magistrados que resulta pertinente la aplicación de las atenuantes de confesión ante «la asunción de la responsabilidad» en los hechos tanto en la instrucción como en la propia vista oral.

Esgrimen que Cecilia Rosado «temía por el desarrollo de su carrera profesional» y señalan que su «precariedad laboral» era palmaria en el año 2012. «No lo era en 2018, cuando ya tenía un contrato fijo desde 2015», indican los magistrados.

Teresa Rodríguez y los diez diputados expulsados del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, e integrantes del Parlamento de Andalucía como no adscritos, han anunciado este lunes que instarán a la Asamblea Legislativa andaluza a la aprobación de una declaración institucional que condene la violencia policial en los últimos días en Linares (Jaén).

«En la Declaración Institucional se mostrará solidaridad con todo el pueblo de Linares en su justa lucha por el futuro y en su reacción de autodefensa ante los abusos policiales», ha sostenido Rodríguez y el resto de parlamentarios no adscritos en una nota.

A su modo de ver, «la situación de la comarca de Linares y de la provincia de Jaén no es nueva y es fruto de años de olvido por parte de todas las administraciones».

Teresa Rodríguez y el resto de parlamentarios alegan que «la ciudad de Linares lleva décadas en lucha, desde el cierre de la última mina, la lucha de Santana Motor, hasta las últimas movilizaciones ante el abandono de las administraciones, Linares ha estado movilizándose por su futuro y el de su comarca».

«Han sido décadas de parches, de promesas incumplidas y de un crecimiento descontrolado del desempleo en la ciudad, con pérdida de población, con el abandono por parte de grandes empresas que a pesar de tener beneficios dejan a la ciudad en la estacada», argumentan Rodríguez y los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía, para concluir que estos hehcos encadenados «han generado un malestar social que se traduce en lo sucedido en los últimos días».

Rodríguez sostiene que «en este contexto, la brutal agresión de dos policías fuera de servicio a un hombre y su hija menor de edad el pasado sábado supone un acto de humillación para un pueblo que lo está pasando muy mal».

«La respuesta popular de hartazgo es una consecuencia lógica», concluye sobre los enfentramientos entre la ciudadanía y la policía.

«Los y las diputadas exigen que desde el Parlamento se condenen los hechos para que el pueblo de Linares vea que las instituciones están a la altura de la grave situación social y económica de la comarca», han afirmado los parlamentarios no adscrito.

Teresa Rodríguez y los diputados han reclamado «una investigación sobre lo sucedido, ante las denuncias de presunto uso de fuego real que ha herido a dos manifestantes», a lo que ha sumado la petición de «la puesta en marcha de un plan de desarrollo social y económico de la comarca por parte de todas las administraciones».

Rodríguez ha anunciado que la senadora de Adelante Andalucía Pilar González exigirá al Ministro de Interior que comparezca en la Cámara baja para dar explicaciones sobre la actuación policial.

«El silencio del ministro ante esta situación le hace cómplice de lo sucedido y no es propio de un Gobierno que se dice a sí mismo progresista», ha indicado Teresa Rodríguez y los diputados no adscritos en la nota.

APOYO DE PODEMOS A LA CIUDAD DE LINARES

La coportavoz de Podemos Andalucía, Susana Serrano, ha expresado este lunes, al inicio de una rueda de prensa, su «solidaridad con las víctimas de la agresión de Linares», a mano de dos policías nacionales fuera de servicio, así como su apoyo a «toda la ciudad linarense que salió este fin de semana a la calle en repulsa ante esta intolerable agresión».

Además, según ha indicado, desde Podemos Andalucía no olvidan que «este hecho, unido a la gran tasa de paro que sufre Linares, viene a sumar más crispación» entre la población.

Para Podemos Andalucía, «el abuso de poder es algo que hay que combatir siempre, con contundencia» y creen que «las imágenes de la agresión en Linares degradan la democracia».

También ha pedido que «caiga todo el peso de la ley sobre quienes acercan nuestro país hacia la anormalidad democrática con hechos como estos».

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este lunes el «buen periodismo», más «necesario que nunca», especialmente en unos momentos de pandemia en los que proliferan los «bulos» y las «mentiras interesadas» a través de redes sociales.

Moreno se ha pronunciado así durante su intervención en el acto de entrega de los Premios Andalucía de Periodismo, que se ha desarrollado en el Palacio de San Telmo de Sevilla, con un aforo limitado debido a la pandemia del coronavirus. La entrega de los galardones ha sido realizada por Moreno; por el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración local, Juan Marín, y por el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo.

El presidente ha señalado que estos premios son un reconocimiento a algo muy especial, que es intrínseco a nuestra tierra y sin el cual no podríamos avanzar, el talento, «el talento de unos premiados que han sido capaces de captar, de una forma brillante y sensible en un texto periodístico, en una fotografía o en un reportaje audiovisual una parte de lo que Andalucía siente y de lo que representa para todos nosotros y para el conjunto del mundo».

Ha agregado que son también un reconocimiento al talento de todos los periodistas, fotógrafos y técnicos audiovisuales de Andalucía, unos profesionales que cada día son capaces de superar las dificultades que atravesamos, y que sufre especialmente su profesión, para contar esta realidad inédita de la pandemia del coronavirus. Por ello, ha expresado que le gustaría que este acto se convierta en un reconocimiento a todos y cada uno de los miembros de esta «gran profesión».

Para el presidente, a lo largo de este año de pandemia, los periodistas andaluces han ofrecido un notable ejemplo de responsabilidad y de contención. Según ha añadido, vivimos en un mundo que se mueve a gran velocidad, donde las redes sociales han hecho de la comunicación un escenario un tanto un tanto inestable, en el que ya no basta con informar según los principios básicos del periodismo, como el rigor, la independencia o el uso de varias fuentes.

Ha añadido que además es imprescindible salir constantemente en defensa de la verdad frente a la proliferación de bulos y falsedades que a diario se vierten en esos canales y que se originan en espacios que nada tienen que ver con el periodismo.

«Yo diría que las redes sociales son a un mismo tiempo el mejor aliado, pero también el mayor enemigo de un periodista. El mejor portavoz de la verdad cuando se utilizan con conciencia y con responsabilidad y el más eficaz propagandista de la mentira cuando se hace con voluntad perversa», según ha expresado el presidente.

Frente a ella, según ha indicado Moreno, sólo tenemos las «armas del periodismo riguroso, el celo profesional y la búsqueda de la verdad». «Frente a la conducta falsaria y quienes maquillan las mentiras con una simple apariencia de noticia, yo reivindico la capacidad de análisis, de crítica y de descripción de la realidad que nos aporta el periodismo serio, responsable y digno», según ha expresado el presidente.

Para Moreno, sin duda, esta «maldita pandemia es el hábitat idóneo para la proliferación de mentiras interesadas» y, por ese motivo, el «buen periodismo hoy es más necesario que nunca» e imprescindible para mantener en pie los pilares de nuestra sociedad y de nuestra democracia.

Según el presidente, en los trabajos premiados se observa una incansable voluntad de la búsqueda de los hechos ciertos. «Son artículos, reportajes y fotografías que revelan la honradez profesional de cada uno de sus autores y que denotan una extraordinaria sensibilidad hacia Andalucía y los andaluces», según el presidente de la Junta.

Asimismo, ha querido destacar el «sacrificio» de todos los profesionales de medios de comunicación que, en los momentos más difíciles de esta pandemia, han salido a las calles para mostrarnos la «trágica realidad» que nos estaba tocando vivir. En su opinión, no se ha destacado de «manera suficiente» ese sacrificio de los periodistas en los momentos más duros de la pandemia, realizando una «labor imprescindible» de información veraz a la sociedad. PREMIOS DE PERIODISMO

En la modalidad de Prensa, el premio se ha otorgado a Manuel Moguer, del diario ABC de Sevilla, por la serie de reportajes titulada ‘Los papeles de la CIA: Espías de EEUU informaban a Washington de todo lo que ocurría en Andalucía’, publicada en tres jornadas consecutivas en la sección de Andalucía del citado periódico.

En el apartado de Radio, se ha concedido al equipo de trabajo responsable del especial Magallanes-Elcano, emitido en La Noche de Adolfo Arjona de la cadena COPE, un programa de ámbito nacional hecho desde Andalucía.

En la modalidad de Fotografía, el premio ha recaído en Cristina Díez de la Cortina Quicler, por su fotografía ‘Rocío Chico, traslado de la Virgen del Rocío’, publicada en el diario El País. La instantánea refleja una escena envuelta en magia de un acontecimiento que se repite solo una vez cada siete años, cuando la Virgen del Rocío viaja de noche desde su ermita de El Rocío hasta el pueblo de Almonte, rodeada de sus fieles.

En el apartado de Televisión, el premio ha recaído en el programa ‘Marta, la niña de Sevilla’, de Documentos TV de Televisión Española, realizado por el periodista Jenaro Castro al cumplirse diez años del asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo. En el acto de entrega de los premios han estado presentes los padres de Marta del Castillo.

Se ha valorado la calidad del documental y su enfoque original, en un tema ampliamente tratado por los medios de comunicación a lo largo de los años. Un trabajo que ha sabido reflejar el caudal solidario de la sociedad andaluza y española, difundiendo los valores de la verdad, la amistad, la cultura, el amor y la familia con arraigo en la comunidad de Andalucía.

En la modalidad de Internet, el premio se ha concedido a la serie documental del periodista Paco Robles titulada ‘Joaquín Romero Murube, el poeta de Sevilla’, producida por Metrosoneto Producciones SL y difundida en Abc.es coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del articulista y poeta. Con esta serie, Paco Robles nos acerca a uno de los articulistas más célebres de la Generación del 27, figura clave de la Literatura Española.

Se ha valorado la importante labor de documentación realizada para la elaboración de los ocho capítulos de la serie, con imágenes inéditas filmadas por el propio poeta y cedidas por su familia para su emisión.