La comisión del Congreso encargada de investigar el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción arranca este miércoles su fase de comparecencias precisamente con la de quien fue también gerente de los ‘populares’ entre 1990 y 2008.

Inicialmente el Congreso había citado a Bárcenas para el 11 de marzo, pero la comparecencia hubo de posponerse por coincidir con el juicio que tiene lugar en la Audiencia Nacional por la ‘caja b’ del PP, en concreto, la pieza relativa a la reforma de la sede nacional de la madrileña calle Génova.

Así, las cosas los comisionados podrán interrogar finalmente al extesorero el día 17, después de que Bárcenas haya ratificado ante el tribunal la existencia de esa contabilidad b y que «el PP de Mariano Rajoy» ordenó la operación policial para robarle las pruebas sobre la misma que aún tenía en su poder.

Bárcenas, que está citado para las cuatro de la tarde, no se desplazará hasta la Carrera de San Jerónimo, sino que declarará por videoconferencia desde la madrileña cárcel de Soto del Real y acompañado de su abogada, Marta Giménez. La comisión ha aceptado esta fórmula planteada por el extesorero para evitar posibles contagios por Covid y también el confinamiento que tendría que guardar posteriormente si salía de la prisión.

LOS ‘CAJEROS’

Tras Bárcenas comparecerá, ya de forma presencial, Miguel Ángel Bayo Herranz, el funcionario encargado de gestionar y trasladar de Interior a la Policía los fondos reservados.

Las comparecencias se retomarán al día siguiente, con estos fondos también como protagonistas, puesto que, para las cuatro de la tarde del jueves, está citado Felipe Eduardo Lacasa, colaborador en la Dirección Adjunta Operativa de su entonces máximo responsable, Eugenio Pino. Lacasa, que también hacía de ‘cajero’ de esos fondos llegó a reconocer ante el juez que el modo en que se repartía ese dinero le parecía un poco «extraño».

Y a las seis y media se espera al director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. José Antonio Rodríguez González, conocido como ‘comisario Lenin’, de quien depende ahora la distribución y justificación de los fondos reservados asignados al ministerio.

En todas las comparecencias, cada uno de los grupos parlamentarios dispondrá de 15 minutos para formular preguntas al compareciente en un formato de interrogatorio, sin intervención inicial. La Presidencia, que ocupa la socialista Isaura Leal, irá moderando la sesión y los tiempos.

PRÓRROGA HASTA JUNIO

Además, el jueves, el Pleno del Congreso tiene previsto aprobar una primera prórroga de tres meses para que la comisión de investigación pueda continuar trabajadno hasta junio. Después, si es necesario se pueden solicitar más ampliaciones.

El Pleno del Congreso aprobó crear esta comisión el pasado 1 de octubre, pero no se constituyó hasta el 22 de diciembre, con lo que ese primer plazo para sus trabajos vencía el 22 de marzo y ahora podrán seguir con su tarea hasta el 22 de junio.

Según el calendario acordado por los grupos, la comisión, que se reunirá los jueves con norma general, recibirá el 25 de marzo al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, quien durante siete años ejerció como director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y que se encargaba de comprobar la justificación del uso de los fondos reservados.

Ese mismo día, la comisión tomará testimonio a Manuel Morocho ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y principal investigador del ‘Gürtel’, quien explicó ante García Castellón cómo el director adjunto operativo, Eugenio Pino, le apartó de esa causa en 2015.

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón ha aconsejado redactar una ley común relativa a los órganos que considera auténticamente reguladores –el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)– para reforzar su independencia y preservar la «apariencia de imparcialidad» de sus miembros y de los que integran otros órganos constitucionales.

Así lo puso de manifiesto el magistrado emérito del TC durante su reciente comparecencia ante la Comisión de Calidad Democrática del Congreso, donde coincidió también en esta última idea con la profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia María Salvador y con el profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid Pablo Simón.

Respecto al Banco de España, la CNMC y la CNMV, Aragón aboga por delimitar muy bien las competencias de cada organismo, de manera que nadie pueda invadirlas y se asegure su ámbito de autonomía material. En el mismo sentido, defiende su independencia funcional, de modo que sólo estén sometidos al imperio de la ley, igual que jueces y tribunales, sin recibir órdenes o instrucciones de otros organismos publicos.

A su juicio, estos organismos pueden estar sometidos al control político en el plano de la rendición de cuentas, pero sólo deben poder ser sancionados por los tribunales.

INFORME DEL GOBIERNO SOBRE LOS CANDIDATOS

Según su esquema, debe mantenerse el modelo de que sea el Gobierno el que proponga a los candidatos para estar al frente de estos tres reguladores entre personas con acreditada solvencia en la materia que vayan a tratar. Su planteamiento es que el Ejecutivo plasme los méritos de cada uno de ellos un informe de carácter público, que los candidatos comparezcan en las Cortes y que después cada Cámara elija, por ejemplo, a seis miembros para el organismo que corresponda, preferentemente por una mayoría de tres quintos.

Respecto a la independencia personal de quienes componen estos organismos, Aragón sostiene que suelen ser independientes pero avisa de que el problema reside en la «apariencia de imparcialidad». «Suele ocurrir que, si las personas se designan entre personas con suficiente solvencia y currículos, sean independientes, pero una cosa es la independencia real y otra la apariencia de no imparcialidad», avisa, reclamando medidas para «eliminar cualquier factor que pueda contribuir a esa apariencia».

Asimismo, ha pedido establecer un régimen de incompatibilidades serio, vigilando los conflictos de intereses, que los cargos no puedan ser cesados antes de tiempo y que sólo lo sean a propuesta del órgano regulador (como ya ocurre en el Banco de España).

CUIDAR LA DEMOCRACIA: RESPETO INSTITUCIONAL

«El Derecho puede ayudar, pero no lo puede hacer todo. Hace falta una conducta activa de respeto institucional por parte de todos los actores que intervienen en el asunto», resume el exmagistrado, quien avisa de que la democracia «hay que cuidarla» no sólo haciendo «las mejores leyes», sino también «mediante la mejor ejemplaridad en el comportamiento institucional».

De la misma opinión es la profesora Navarro: «Para cuidar la democracia hay que cuidar mucho la imagen de las cosas», avisa, a la vez que, como Aragón, hace hincapié en que los miembros de los órganos que deben surgir del Parlamento han de ser fruto de un «verdadero consenso» y no de un «mero reparto» porque, de lo contrario, se traslada «la lucha política al interior de las instituciones y se ve frustrado el espíritu de la norma».

«La ley en esto no puede dar más de sí, aunque sí se podría entrar en el terreno de los Códigos éticos a impulsar también desde el Parlamento», plantea Navarro, también partidaria de fomentar la autorregulación. En cualquier caso, considera que la imagen de politización que se transmite en relación a estos órganos «es superior a la politización real». «Está sobredimensionada, pero influye en la desafección», alerta.

En opinión de Navarro, el diseño jurídico de los reguladores es bueno, si bien se podrían mejorar cosas como afinar más los requisitos para ser elegido o ampliar quizá los periodos de incompatibilidad. «Se pueden tocar cosas puntuales, pero no hay que echar abajo el sistema», argumenta.

COMISIÓN MIXTA DE NOMBRAMIENTOS

Tanto para Navarro como para el profesor Simón, el sistema ideal para los nombramientos es uno mixto en el que intervengan el Gobierno (al que luego se le puedan pedir cuentas) como el Parlamento. En este contexto, defienden la creación de una Comisión Mixta (Congreso-Senado) de nombramientos en la que también rindan cuentas los responsables de los reguladores.

Ambos defienden también, como otros de los comparecientes que han desfilado por la Comisión de Calidad Democrática, que los mandatos de los reguladores no coincidan con las legislaturas políticas (por ejemplo, ponerlos de cinco años), que se puedan renovar de forma escalonada y que, con carácter general, se prohíba la reelección.

También avisan de la necesidad de mantener la vigilancia sobre las incompatibilidades y las denominadas ‘puertas giratorias’ y, en concreto, Pablo Simón, desliza la conveniencia de «limitar» las «vinculaciones» con partidos políticos de los aspirantes a integrar los reguladores.

Vox y Ciudadanos someterán esta semana a votación del Pleno del Congreso sendas mociones para tratar de reprobar al Ministerio del Interior por su política de acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra.

Ambos escritos, son consecuencia de los debates que los dos partidos mantuvieron el pasado miércoles con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que recriminaron los acercamientos de presos de ETA que cada viernes desde hace meses anuncia su departamento.

En concreto, el pasado viernes la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias autorizó otros seis acercamientos de presos de ETA más, siendo ya 160 etarras trasladados de prisión por el Gobierno de Pedro Sánchez, es decir, el 81% de los 197 que cumplen condena por delitos de terrorismo.

En concreto, Vox planteará directamente «la reprobación» del ministro «por su incapacidad e incompetencia», así como por «su política de acercamientos y progresiones de grado y demás beneficios otorgados a presos de ETA», y por lo que consideran «permisividad con la celebración de actos de homenaje» a los etarras.

Los de Santiago Abascal también quieren que el Congreso obligue al Gobierno a mantener la política de dispersión de presos de ETA y a prohibir todos los homenajes a etarras, ya sean fallecidos o excarcelados.

Proponen asimismo una modificación de la Ley de Víctimas para incluir multas de 200 a 150.000 euros para todas las personas físicas o jurídicas que participen en actos de enaltecimiento o justificación de delitos terroristas y sus autores.

Por último, Vox quiere que se inste al Gobierno llevar a cabo «una deslegitimación del terrorismo» de ETA mediante la utilización de «un lenguaje claro y nítido que no deje la más mínima duda de una organización terrorista llamada ETA», que ha provocado 856 víctimas mortales, miles de heridos y miles de amenazados y desplazados.

BILDU, «HEREDERO DEL TERRORISMO»

Ciudadanos, por su parte, pretende que el Congreso «repruebe la política de acercamiento de presos etarras» y que el Gobierno se comprometa a no acercar a ningún preso que no acredite su arrepentimiento «de manera explícita e indubitada, más allá de cartas tipo y formularios estandarizados», y que no muestre su «total disposición» a colaborar con la Justicia.

Asimismo, el partido naranja exige al Gobierno dejar claro si esos traslados se llevan a cabo «a cambio de apoyos parlamentarios de Bildu», partido al que considera «heredero del terrorismo y que aún no ha condenado su violencia».

Y además del debate de estas dos mociones, Vox tiene previsto sacar el tema de los acercamientos de etarras con una pregunta el miércoles al ministro por parte del diputado Ignacio Gil Lázaro: «¿A quién pretende engañar cuando afirma que no existe un pacto de Gobierno con Bildu para el traslado de presos de ETA a las presiones vascas?», figura n el enunciado registrado.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha acusado al PNV de ser responsable de que en Euskadi no se produzcan «acuerdos entre abertzales» al no tener «ningún interés en pactar» con la coalición soberanista. «Ellos necesitan mantener el mantra de que no se puede pactar con EH Bildu», ha añadido.

En declaraciones a Radio Euskadi, Otegi ha rechazado que exista un acuerdo con el Gobierno central en torno a los presos de ETA, aunque le resulta «evidente que están pasando cosas». «Se están produciendo una serie de movimientos que convalidamos en términos positivos, pero que son absolutamente insuficientes», ha añadido.

Por otro lado, ha analizado el impacto de la pandemia y ha lamentado que la economía «no acaba de remontar». En este sentido, ha advertido de que EH Bildu apostó desde el inicio por tomar medidas drásticas para hacer frente al virus, aunque ha habido una decisión de «hacerlo de otra manera.

«¿Quién no recuerda la foto del lehendakari con el presidente de Cantabria abriendo las puertas? La mayoría de los habitantes de los tres territorios creen que la gestión no ha sido buena. Espero y deseo que la vacunación funcione, salgamos de esta pandemia y que todo el mundo sea consciente de que además de la pandemia sanitaria va a haber una pandemia social y económica», ha alertado.

Por otro lado, ha afirmado que las relaciones con el PNV existen, por lo que no se atrevería a decir que pasan «por uno de los peores momentos». No obstante, ha mostrado su preocupación por el hecho de que se pueda estar dando «una especie de deriva que busca el blanqueamiento del PP» por parte de la formación jeltzale.

«Vemos determinadas declaraciones del PNV que parece forman parte de una estrategia de desestabilización, entre comillas, del Gobierno actual en el Estado. Nos dicen que podría ser que el PSOE hiciera un recorrido en solitario la última parte de la legislatura», ha indicado, para añadir que, sin embargo, no aclaran sobre qué apoyos parlamentarios se apoyarían los socialistas, ya que solo habría una «una posibilidad, el PP».

A su juicio, detrás de estas declaraciones existe «cierto malestar y búsqueda de un espacio de confort y comodidad sobre el viejo régimen o el viejo bipartidismo».

«Cuando el PNV prefiere un escenario de gobierno en solitario del PSOE o sostenido sobre el PP, cuál es el beneficio que saca este país de eso. Ninguno», ha remarcado.

Asimismo, ha sostenido que en el pasado se decía en Euskadi que los pactos «entre abertzales» eran imposibles porque existía la «lucha armada» de ETA, pero ésta desapareció hace diez años y ahora «no existen porque el PNV permanentemente busca el pacto con el PSE».

A su entender, como esto «no se puede defender», el PNV busca «echar la culpa a alguien utilizando la «extrema habilidad» de sus «estrategas comunicativos». «La culpa siempre la tienen los demás. Si se derrumba un vertedero, la empresa; si hay dos golfos que se vacunan son casos aislados, y si no hay pacto entre abertzales es por culpa de EH Bildu, que es culpable mayor de todo lo que sucede en este país», ha ironizado.

Por todo ello, ha subrayado que si no hay pactos entre abertzales en Euskadi es «porque no quiere el PNV», al tiempo que ha recordado que ambas formaciones firmaron un acuerdo de bases con respecto al estatus político que el PNV «incumpliendo su palabra» lo hizo «después variar buscando la apuesta con PSE y Podemos».

«Decir que es EH Bildu la que rehuye –los pactos– es no decir la verdad. Autorizo al EBB a hacer público todas las propuestas que le ha hecho EH Bildu de manera privada y por escrito en los últimos tiempos», ha insistido.

De este modo, ha aseverado que la formación jeltzale «no tiene ningún interés en pactar» con EH Bildu. «Ellos necesitan mantener el mantra de que no se puede pactar con EH Bildu», ha sostenido, al tiempo que ha recordado que el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, gobierna gracias a su apoyo.

Tras afirmar así que si no existen «pactos entre abertzales» EH Bildu tiene la obligación de materializarlos con aquellas formaciones que considera que les permiten avanzar en materia nacional, social y penitencia, Otegi ha considerado además «insultante» que se les diga que están haciendo en Madrid lo que «ha hecho el PNV durante 40 años».

«Hay una diferencia sustancial. En 40 años el PNV han sostenido a gobiernos tanto del PP como del PSOE. Ahora es la primera vez desde la Segunda Republica que hay un gobierno en el Estado de coalición, con una formación que teóricamente está a la izquierda del PSOE», ha indicado en relación a Podemos.

En esta línea, ha recordado que los diputados de la coalición soberanista han apoyado los decretos sociales y la derogación íntegra de la reforma laboral, y lo han hecho no porque piensen que el Gobierno es «maravilloso», sino porque es un gobierno que «frena a la derechona y con el que se pueden conseguir conquistas parciales».

«En Euskadi esta legislatura se nos planteó un acuerdo presupuestario en el que lo tomas o lo dejas. ¿Por qué nosotros alcanzamos acuerdos con los gobiernos de Chivite y Sánchez y no con Urkullu? Porque aquí se nos plantea un trágala, un modelo de gobernanza que no nos gusta», ha rechazado.

PRESOS DE ETA

Por lo que respecta a los acercamientos de presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco durante los últimos meses, Otegi ha afirmado que EH Bildu no tiene «ningún tipo de acuerdo sustanciado en torno a este tema» con el Ejecutivo, aunque «es evidente que están pasando cosas».

«En la propia sesión de investidura dijimos a este Gobierno que no bastaba con aparentar y había que caminar en tres ámbitos: en el nacional, reconociendo que este es un estado plurinacional y las naciones tenemos derecho a decidir; en temas sociales, y en tercer lugar, aplicando una política penitenciaria de carácter ordinario, terminando con la excepcionalidad», ha recordado.

En este contexto, ha asegurado que se están produciendo «una serie de movimientos» que su formación «convalida en términos positivos pero que son absolutamente insuficientes». Asimismo, ha valorado que se vaya a producir la transferencia de prisiones: «Una de las partes de lo que nosotros esperamos de este gobierno».

Por último, ha denunciado que las torturas han sido «una práctica de Estado» y ha lamentado que no haya voluntad por investigarlas, ya que «esto trastoca el relato».

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado, en colaboración con la Policía Nacional de Colombia, una organización de traficantes que contaba, presuntamente, con una amplia red de pisos de seguridad en los que ocultaban grandes cantidades de cocaína para, posteriormente, traficar con ellas por todo el país. Se trata, según ha informado la Dirección General de la Policía, de la mayor red de distribución de cocaína de Madrid.

Durante la operación, que se ha llevado a cabo en las provincias de Badajoz, Guadalajara, Madrid, Málaga y Valencia, han sido detenidas doce personas y se han incautado 600 kilogramos de cocaína.

Las investigaciones comenzaron a principios del año 2020 sobre un núcleo de individuos asentados en Madrid y en la localidad malagueña de Marbella. Al frente de la organización se encontraba un hombre de origen marroquí, narcotraficante de gran relevancia internacional, y que mantenía contactos con las organizaciones de Marruecos y Sudamérica suministradoras del estupefaciente.

El modus operandi de la organización consistía en la compra de grandes plantaciones de marihuana a sus cultivadores a lo largo de toda la geografía nacional, con lo que sufragaban todos los costes que eran necesarios para posteriores operaciones de mayor envergadura, tanto de tráfico de cocaína como de hachís en grandes cantidades.

Una vez que las plantaciones eran recolectadas, se entregaba el producto a la organización, que procedía a envasar la sustancia vegetal en los garajes y naves habilitados al efecto para, acto seguido, enviarla mediante paquetes de unos 20 kilogramos al centro de Europa y a Países Bajos, países donde existe una fuerte demanda de esta sustancia estupefaciente.

El hombre de confianza o jefe de operaciones del líder de la organización era su propio hermano, encargado de controlar y supervisar las funciones que el resto de miembros del entramado desarrollaban. Era el nexo de unión entre la cúspide de la organización y las personas intermedias, asumiendo un rol principal en todas las actividades de campo y manteniendo siempre estrictas medidas de seguridad.

Asimismo, era el encargado de participar en las operaciones de tráfico de marihuana que realizaba la organización, viajando a Centroeuropa y a Países Bajos para entrevistarse con los destinatarios y distribuidores de dicha sustancia.

Dentro de la estructura de la organización aparecía otro de los hermanos del líder, quien era considerado por ambos como el perfecto testaferro, del cual se fiaban plenamente.

El avance de la investigación permitió identificar plenamente al resto de los miembros de la organización y el modus operandi que iban utilizando para importar las drogas que comercializaban por medio de su sofisticada red de distribución.

Entre esos integrantes destacaba un conocido abogado que, además de representar los intereses jurídicos de la organización investigada, era parte plena de la organización. Este «narcoabogado» realizaba labores de asistencia jurídica, asesoraba en cuestiones básicas de blanqueo de capitales e, incluso, habría sido responsable de realizar y ejecutar transacciones de cocaína.

Entre los diferentes niveles de la organización destacaban claramente los miembros encargados del almacenaje y de la distribución de la cocaína, no sólo por su capacidad para dar salida a ingentes cantidades de droga, sino porque, además, previamente a las labores del tráfico de drogas, desempeñaban funciones de seguridad con gran destreza.

Utilizaban tanto sus conocimientos como códigos o nombres en clave para referirse a terceras personas o a los pisos de seguridad e, incluso, hacían uso en sus desplazamientos de equipos de transmisión para desempeñar su cometido criminal con absoluta seguridad.

Las investigaciones policiales permitieron averiguar cuáles eran los inmuebles que utilizaban como pisos de seguridad. Muy pocos miembros de la organización accedían a dichos inmuebles, lo que demuestra la profesionalidad de la organización desarticulada y las medidas de seguridad que adoptaban sus integrantes.

Llamó la atención de los agentes que, para los desplazamientos que realizaban en los vehículos que componían la flota de la organización, siempre iban trajeados. Este dato demuestra que una de las máximas era pasar desapercibidos y aparentar ser verdaderos empresarios por si fueran identificados o detenidos en cualquier control policial.

Una vez que la cocaína había llegado a España a través de puertos como los de Valencia o Algeciras, la organización activaba una importante red de almacenamiento y distribución de la sustancia estupefaciente.

Los investigadores detectaron que la organización frecuentaba tres inmuebles de la provincia de Madrid, en los que almacenaba droga o dinero en efectivo de las transacciones realizadas. La profesionalidad de los investigados hacía que dividieran el riesgo separando el efectivo de la sustancia estupefaciente en dos inmuebles.

En el primero de ellos se intervino un total de 230.000 euros, que era el dinero obtenido de diversas transacciones de droga durante los días anteriores a su detención. El dinero fue localizado en un falso techo del baño.

En el segundo domicilio, conocido como «piso caleta», es decir, utilizado para ocultar los paquetes de cocaína que la organización habría traslado hasta Madrid, se intervino cerca de 150 kilogramos de cocaína.

En la tercera vivienda fueron hallados más de 200 kilogramos de la misma sustancia.

Hasta el momento, las transacciones de cocaína solían hacerse de kilo en kilo, pero este grupo había encontrado la posibilidad de poder ofrecerlas en porciones menores, es decir, cada kilo era distribuido en tres partes de unos 370 o 390 gramos cada una de ellas.

De este modo, habían encontrado una manera más comercial de darle salida a la droga que almacenaban al poder vender en cantidades menores los kilos que habían ocultado en dichos inmuebles. Así, cada una de estas pastillas era vendida a los distribuidores por un precio que solía oscilar alrededor de los 10.000 euros.

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero comparecerá este lunes como imputado ante el juez que investiga la presunta financiación irregular del partido ‘morado’, para dar cuenta de los más de 26.000 euros que cobró de la matriz mexicana de Neurona Comunidad mediante lo que la Policía ha descrito como una «factura falsa».

Monedero está citado a las 11.30 horas en el Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, inserto en los Juzgados de Plaza de Castilla, a los que deberá entrar por uno de sus accesos habituales, después de que la jueza decana, María Jesús del Barco, rechazara su petición de acceder por una entrada alternativa para salvaguardar su «integridad personal».

El instructor Juan José Escalonilla imputó a Monedero después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) indicara en un informe del pasado 3 de noviembre que el ex dirigente ‘morado’ cobró 26.200,31 euros de Neurona Consulting –la matriz mexicana de Neurona Comunidad– por supuestos servicios de consultoría política que no habría prestado. Los investigadores sostienen que la única justificación de este pago sería una «factura falsa».

Según la UDEF, el dinero se recibió el 25 de enero de 2019 pero el banco bloqueó provisionalmente la cuenta corriente de Monedero, a la espera de que justificara tal ingreso, para lo cual el cofundador de Podemos entregó una factura con fecha de 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares bajo el concepto de «300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia».

La UDEF cree que «habría sido elaborada ‘ad hoc'» porque «reúne suficientes indicios que hacen pensar que se trata de una factura falsa». Así, desgrana en su informe que las labores de consultoría son un concepto habitual en facturas falsas porque es un servicio difícil de comprobar; que solo figura como emisor Neurona Consulting cuando debería constar Monedero; y que se emite como ‘factura número 1’ el último día del año y en domingo.

El juez acogió los argumentos de la UDEF concluyendo que «dicho documento fue elaborado ‘ad hoc’ para justificar dicho ingreso en dicha cuenta bancaria». «Indiciariamente», dijo en un auto del 17 de noviembre, también cabe concluir que el cofundador de Podemos «tuvo relación con la posterior fundación o constitución de la sociedad mercantil Neurona Comunidad y con la presunta contratación a ésta por parte de la coalición electoral Unidas Podemos».

Tanto el informe de la UDEF como el auto figuran en el sumario de la pieza separada y secreta que Escalonilla decidió abrir en septiembre para evitar «interferencias o manipulaciones que puedan comprometer de forma grave el resultado de la investigación», sobre todo «en relación con las cuentas bancarias al poderse realizar nuevos movimientos de cara a desvirtuar la finalidad y trascendencia jurídica de movimientos previos».

‘EL COLIBRÍ’ Y LOS VÍDEOS

El 15 de marzo también declarará, aunque como testigo, Eric Alfredo Guerrero Márquez, alias ‘El Colibrí’, a quien la ex Responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona identificó como un trabajador del partido y un «amigo» de Monedero que se habría encargado de redactar los borradores de los contratos con Neurona y con ABD, otra consultora contratada para la campaña de 2019.

El lunes testificará igualmente José Miguel Almazán Domingo, el representante legal de Yugen Media, una empresa que –de acuerdo con el relato de Carmona–, prestaría servicios similares a Neurona, por lo que podría haberse producido una duplicidad en lo contratado por el partido con ambas mercantiles.

Escalonilla ha solicitado a la UDEF otro informe para determinar si algunos de los vídeos entregados por Podemos como obra de Neurona serían en realidad producto de Yugen Media, «principalmente en relación con los posteriormente publicitados a través de YouTube y otras redes sociales».

A lo largo de la investigación, Podemos ha aportado al Juzgado de Instrucción Número 42 una serie de documentos –archivos, fotografías o vídeos– que formarían parte del trabajo que habría realizado Neurona.

El juez ha pedido a la Policía que analice el material y ya ha recibido un informe de la Unidad de Ciberdelincuencia que establece que la mayoría de los archivos examinados –un total de 709 imágenes, 304 vídeos y 69 documentos– se crearon entre los meses de marzo y abril de 2019 y en un huso horario americano, algo que la propia Policía atribuye a la configuración horaria de los dispositivos con los que se crearon (ordenadores, cámaras, etc.).

‘NEURONA’ Y SUS RAMIFICACIONES

En estos momentos, las pesquisas judiciales se centran en el contrato firmado por Podemos y Neurona Comunidad por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, y que Escalonilla sospecha que pudo ser un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas ‘moradas’.

Desde diciembre de 2019, cuando el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente presentó la denuncia de la que partió el caso ‘Neurona’, el juez ha archivado varias líneas de investigación, como las relativas a las obras de la nueva sede de Podemos o a las donaciones de la Caja de Solidaridad del partido. Sin embargo, la Audiencia Provincial, en respuesta a un recurso de las acusaciones populares de Vox y Pro Lege, le ha ordenado seguir investigando la llamada ‘Caja B’.

Ahora, a raíz de un escrito presentado por la ex responsable de Cumplimiento Normativo, Escalonilla ha acordado abrir procedimientos independientes sobre los nuevos hechos denunciados por ésta, entre ellos el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra, Irene Montero.

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el presunto pago de la reforma de la sede del PP con dinero de la caja ‘b’ ha citado este lunes para que declare como testigo al ex secretario general de la formación política y exministro Ángel Acebes, así como a dos empresarios que aparecen en los apuntes de Bárcenas como donantes del partido.

Según el calendario previsto por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, la primera en comparecer ante el tribunal será Pilar Pulido, cuyo nombre salió a relucir en la declaración del ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

El ex dirigente ‘popular’ señaló que Pulido tenía «relación directa» con el también tesorero del partido, el fallecido Álvaro Lapuerta, y que está vinculada a una empresa dedicada al análisis geológico previa a la ejecución de una obra. La empresaria aparece en los apuntes manuscritos de Bárcenas como supuesta autora de una aportación de 12.000 euros en 2006 y otra de 36.000 euros en 2008.

El tribunal también ha citado a Adolfo Sánchez García, apoderado de dos constructoras, miembro de la Asociación Catalana de Constructores de Obras Públicas y presidente de la Fundación Española de la Tartamudez, quien, según Bárcenas, donó dinero al partido para que le ayudasen con medidas legales.

Los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’ reflejan un pago de 10.000 euros a ‘Adolfo S.’, a quien durante la instrucción no se pudo identificar, si bien se le relaciona con ocho aportaciones por un total de 98.000 euros.

Otro de los testigos convocados son Luis Manuel Fraga Egusquiaguirre, exsenador del Partido Popular por Cuenca y sobrino del fundador de la formación, Manuel Fraga; y a Emiliano Carpintero López.

TESTIGOS SOBRE LAS ACCIONES DE LIBERTAD DIGITAL

Tras estas declaraciones, el tribunal cambiará de tercio, pues tiene previsto escuchar las primeras testificales relacionadas con el presunto uso de dinero de la caja ‘b’ para comprar acciones de Libertad Digital. En este sentido, comparecerán el expresidente de la compañía Alberto Recarte; y María Ángeles Juan Pascual, a quien Francisco Yáñez vendió 814 acciones de Libertad Digital por 89.540 euros, que previamente había adquirido a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias.

También el que fuera secretario general del partido entre 2004 y 2008 Ángel Acebes. Su nombre ya salió en el escrito que Bárcenas remitió a Anticorrupción el pasado mes de enero junto al de otros altos cargos del PP que, según dice, recibieron ‘sobresueldos’ procedentes de la caja ‘b’.

Durante su declaración, el extesorero del PP ha repetido este punto concreto, pero también ha apuntado que el departamento que dirigía Acebes fue el que dio las instrucciones a Lapuerta para adquirir acciones del grupo de comunicación.

Sobre otro de los puntos que se están juzgando, la obra de la sede del partido, Bárcenas no ha sido tan claro sobre si el exsecretario general del partido sabía cómo se pagó. Ha dicho que Acebes sí conocía el proyecto pero que desconoce si Lapuerta le comentó que se los costes se abonarían en negro.

En cuanto a la sesión del martes, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha convocado a otras seis personas, entre ellas la jefa de la obra de la sede del PP, María Rey Salinero; y a una de las trabajadoras de Unifica, Esther D’opazo.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha insistido en la necesidad de abrir en Euskadi un debate sobre el modelo policial que lleve a otro tipo de Ertzaintza, porque la coalición que lidera no desea «un modelo de policía a la española, que golpee a la gente». «Estoy convencido de que hay una gran parte de la población del país que rechaza a la Ertzaintza y buena parte de la Ertzaintza que rechaza a buena parte de este país», ha manifestado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Otegi se ha mostrado convencido de que, en la actualidad, existe un debate sobre el modelo policial y debería hacerse «un esfuerzo por recuperar la policía para un modelo democrático euskaldun y al servicio de la gente».

«Independientemente de que haya actuaciones que nos gusten menos o nada, este país necesita hacer un debate sobre el modelo policial. Y el independentismo necesita abordar ese debate y decir a este país su modelo policial, educativo, sanitario y contra el cambio climático», ha defendido.

Preguntado por la campaña de Ernai, que anima a los jóvenes, con un juego de palabras –«Egin zaitez artzain, ez ertzain!»– a ser pastor y no policía, ha respondido: «Que la gente se haga pastor no me parece mal. Todos gozamos de sus grandes productos».

Arnaldo Otegi considera «normal» que una parte de la juventud vasca «esté especialmente dolida con un cuerpo policial al que ha visto, en muchas ocasiones, actuar de manera bastante brutal contra determinadas manifestaciones».

«Estoy convencido de que hay una gran parte de la población del país que rechaza a la Ertzaintza y buena parte de la Ertzaintza que rechaza a buena parte de este país. Esta es la conclusión de 40 años de historia», ha señalado.

A su juicio, «la solución puede ser seguir así» o bien se puede «hablar del modelo policial» porque EH Bildu no desea «un modelo de policía a la española que golpee a la gente».

Además, ha rechazado el emplazamiento que el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, le hizo para «parar» los incidentes que se originaron durante la celebración de botellones ilegales. «No tenemos que parar a nadie porque no hemos puesto en movimiento a nadie. Lo que les decimos es que cuando quieran hablamos del modelo policial y de las prácticas de la Ertzaintza, cuando quieran», ha señalado.

LARRION

El líder de EH Bildu se ha referido también a la investigación judicial a la que se encuentra sometida la exportavoz de EH Bildu en Vitoria Miren Larrion, para insistir en que «es absolutamente un asunto personal».

«Está incursa en una investigación judicial y penal en la que no tenemos nada que decir. Está afectada su vida personal no su vida como militante de EH Bildu», ha dicho.

Otegi ha recordado que la coalición soberanista «la hizo dimitir porque presuntamente ha cometido delitos tipificados en el Código Penal». «No tenemos nada que decir ahí. Tendríamos algo que decir si en la comisión de esos delitos estaría implicado dinero público, pero no hablamos de nada de eso», ha indicado.

Para Otegi, el asunto de Larrion es «personal en la medida en que ese presunto delito no está ligado a su actividad pública». Tras la dimisión deberá dirimir responsabilidades penales. Distinguiría los dos planes. Distinto sería si abre una cuenta con el dinero de EH Bildu que sí afectaría a la actividad política. La víctima es la compañera», ha explicado.

Según ha precisado, con la exportavoz de EH Bildu en Vitoria se ha comunicado a través de un whatsApp «pero no ha habido conversación porque me parece un tema lo suficientemente delicado como para no urgar en la herida».

«Cuando uno aduce problemas personales tampoco me corresponde a mí hacer muchas preguntas. Ella ha dicho que lo va a aclarar en el procedimiento penal y veremos lo que ocurre», ha añadido. Además, ha asegurado que EH Bidu tiene «cero casos de corrupción», algo que «otros no pueden decir».

El balance del Ministerio del Interior desde que se decretó el primer estado de alarma por el Covid-19 hace un año incluye la imposición por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de más de un millón de multas, así como otras actuaciones que van desde los 154.000 auxilios humanitarios a la interceptación de 67 incidencias en operadores críticos o el plan de seguridad para garantizar la cadena de suministro de la vacuna contra el coronavirus.

Los datos constan en un informe de balance del Ministerio del Interior, que recopila otras actuaciones como los casi 30.000 contactos en residencias y asociaciones de personas mayores, 336.000 de protección a víctimas de violencia de género o 20.500 en contacto con los centros médicos.

El Gobierno optó con el primer estado de alarma en marzo por dar cuenta del detalle de este despliegue a través de comparecencias diarias desde el Palacio de la Moncloa de los directores adjuntos operativos (DAO) de la Policía y la Guardia Civil, así como representantes de las Fuerzas Armadas y de técnicos del Ministerio de Sanidad.

BALANCE DE MULTAS TRAMITADAS

Uno de los datos diarios facilitados a la prensa era la imposición de multas en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida como ‘ley mordaza’, así como los detenidos por incumplir las restricciones de movilidad.

El balance final deja 1.142.127 multas impuestas en toda España en el primer estado de alarma –desde el 14 de marzo al 21 de junio– y 220.296 sanciones en el segundo estado de alarma –del 26 de octubre hasta ahora, ya que sigue en vigor–. Asimismo, en el primero de los estados de alarma se llevaron a cabo 9.173 detenciones, por 2.952 en el segundo.

El elevado número de multas fueron objeto de debate en comparecencias parlamentarias del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que defendió la necesidad de utilizar la ‘ley mordaza’, una norma que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos prometió derogar en el pacto de investidura firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

A esto hay que añadir que el Ejecutivo no ha ofrecido datos actualizados de cuántas de esas multas impuestas finalmente se han tramitado, en un proceso que depende de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

Uno de los datos oficiales se obtuvo por una respuesta parlamentaria por escrito de octubre de 2020: se habían finalizado 7.408 expedientes con resolución sancionadora o pago anticipado por parte del sancionado. Es decir, no llegaba ni al 1% del millón de multas tramitadas.

INFORME DEL 8M Y CESE DEL CORONEL

Con el primer estado de alarma hace ahora un año, el Ministerio del Interior se convirtió en autoridad competente delegada, coordinando la actuación de Policía Nacional, Guardia Civil, cuerpos autonómicos y policías locales, a las que se encomendó que vigilaran por el cumplimiento de las restricciones de movilidad en un confinamiento estricto para toda la población, salvo en casos de trabajadores esenciales o con justificación por razones médicas y otras necesidades.

El Ministerio de Fernando Grande-Marlaska asumió mucha visibilidad por las ruedas de prensa diarias de los mandos uniformados, lo que acarreó algunas críticas internas por el formato y la sobreexposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se acrecentaron por el cese de algunos responsables policiales.

El caso más sonado fue el del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, apartado de la Comandancia de Madrid cuando una unidad a su cargo investigaba la manifestación del 8M y su posible impacto en el inicio del contagio de coronavirus. Grande-Marlaska lo relacionó con una pérdida de confianza, pero fue criticado por pedir información relativa a diligencias de unos agentes que dependían de una juez de Madrid que, finalmente, archivó la causa.

REDES SOCIALES Y JEFE DE RIESGOS LABORALES CESADO

Otro caso que acarreó críticas de partidos de la oposición estuvo relacionado con el general José Manuel Santiago Marín –luego ascendido a la Jefatura del Estado Mayor de la Guardia Civil–, cuando en abril realizó unas declaraciones desde Moncloa, luego matizadas, en las que aseguró que la Guardia Civil trabajaba monitorizando redes sociales para «minimizar el clima contrario a la gestión de crisis del Gobierno» durante el estado de alarma.

Tanto el general como el Ministerio del Interior explicaron que se referían a «instituciones del Estado» y sin que afectara a la «crítica política o de ciudadanos amparados en sus derechos de libertad de expresión o de información».

En el caso de la Policía Nacional también hubo críticas internas por el relevo del jefe de Prevención de Riesgos Laborales, José Antonio Nieto González, quien el 24 de enero de 2020, dos meses antes del primer estado de alarma, había pedido en un documento interno mascarillas y guantes para los agentes que estaban a cargo de los controles de pasajeros en aeropuertos, debido a las informaciones relativas al Covid-19 en China y otros países.

Meses después, este exjefe de Prevención de Riesgos Laborales aseguró que la número dos del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, le explicó en una reunión el 27 de febrero que era mejor prescindir de las mascarillas para no alertar a la población. «Sanidad siempre decía que no quería alarma social», dijo en varias entrevistas en medios de comunicación.

Interior constituyó el Centro de Coordinación Operativa y ha tenido especial atención en la vigilancia de la ciberseguridad o, desde finales de 2020, para centralizar las diferentes órdenes de servicio tanto a Policía como Guardia Civil para garantizar la «cadena logística del proceso de vacunación», con instrucciones a Jefaturas y Zonas y en colaboración con Ertzaintza y Mossos d’Esquadra para la protección de los envíos que han tenido entrada por País Vasco y Cataluña.

El PSOE quiere que el Gobierno refuerce la relación con China, país con el que reconoce que hay diferencias en lo que se refiere a «valores fundamentales», pero al que considera clave en materia comercial y también en el marco de la apuesta por un multilateralismo reforzado que se hace desde Moncloa.

Por ello, los socialistas han presentado una proposición no de ley en este sentido en el Congreso de los Diputados para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores. En ella, sostienen que «China es un socio fundamental para España, y aunque hay grandes diferencias en nuestros sistemas políticos y valores fundamentales, las relaciones bilaterales han sido sólidas durante años».

Para ello, ponen como ejemplo el hecho de que en los dos últimos años el presidente chino, Xi Jinping, hizo una visita de Estado en noviembre de 2018, hubo consultas políticas a nivel de secretarios de Estado de Asuntos Exteriores en abril de 2019, y posteriormente el entonces titular de Exteriores, Josep Borrell, viajó a China para participar en II Foro BRI ese mismo año.

Ya con Arancha González Laya al frente de la cartera, esta ha mantenido varios contactos durante la pandemia con su homólogo chino, Wang Yi, y el pasado septiembre visitó Madrid Yang Jiechi, responsable de Exteriores dentro del Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh). También la secretaria de Estado de Exteriores, Cristina Gallach, habló con su homólogo chino, Qin Gang, en noviembre.

En opinión del PSOE, «todo lo anterior prueba la importancia que el Gobierno de España ha concedidos a la relación bilateral con China». Además, en su proposición no de ley, recuerdan que durante la visita de Xi se firmó una declaración conjunta en la que se apostaba precisamente por el fortalecimiento de las relaciones.

Por ello, quieren que desde el Congreso se inste al Gobierno a que potencie la implementación de dicha declaración conjunta «con el objetivo de fortalecer las relaciones en ámbitos de cooperación tradicional como la ingeniería energética o el sector del automóvil,así como de otros sectores de interés para el futuro como el financiero, la alimentación, el turismo, el comercio electrónico y los deportes».

MÁS FACILIDADES PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN CHINA

Asimismo, apuestan por que se refuerce la «cooperación comercial con el objetivo de que China dé mayores facilidades a nuestras empresas para el acceso al mercado chino, incluyendo mejoras en las condiciones de competencia justa y desarrollo sostenible».

El PSOE recuerda en este ámbito «las tensiones» comerciales de los últimos años por las disputas entre Estados Unidos y China y que, a su juicio, demuestran la necesidad de «seguir impulsando la mejora de la cooperación comercial».

Por último, los socialistas resaltan que una de las prioridades de la nueva Estrategia de Acción Exterior Española –que se encuentra a falta de ratificación en el Consejo de Ministros– es la consecución de un multilateralismo reformado y reforzado.

Para lograrlo, sostiene el PSOE, «China es un actor importante que puede aportar mucho en ámbitos fundamentales como la cooperación climática, así como los retos demográficos o migratorios».

Así pues, piden al Gobierno que refuerce «las acciones en defensa del multilateralismo identificando aquellos ámbitos donde haya espacio para la cooperación y el diálogo como la cooperación climática, las operaciones de mantenimiento de la paz, los Derechos Humanos o los acuerdos de no proliferación».

El porcentaje de mujeres que aspiran a acceder a las Fuerzas Armadas en España ha subido del 11 por ciento al 17 por ciento en los últimos cuatro años, según datos del Ministerio de Defensa.

Pese a este aumento de interés entre las mujeres por la carrera militar, la presencia femenina en los Ejércitos y la Armada es aún del 12,8 por ciento, una cifra que ha tenido pocas variaciones desde hace más de una década.

Por ello, Defensa cuenta con un plan orientado a potenciar la visibilización del papel de la mujer en las Fuerzas Armadas con el que pretende aumentar su reclutamiento y convertirse en una oferta laboral y de futuro atractiva para las jóvenes.

El Ejército español abrió sus puertas a las mujeres en el año 1988, aunque solo para algunos cuerpos y escalas y no sería hasta 1999 cuando se regulase el principio de igualdad «con todas sus consecuencias».

Más de tres décadas después, las mujeres representan el 12,8 por ciento del total de militares en España. De un total de 121.366 efectivos a 1 de enero de este año, 15.584 eran mujeres, según datos del Observatorio para la Igualdad del Ministerio de Defensa.

La ministra de Defensa subraya habitualmente los hitos en igualdad entre hombres y mujeres con los que cuentan las Fuerzas Armadas en España y destaca la importancia de la presencia de mujeres en el Ejército para algunos cometidos, sobre todo en las operaciones de mantenimiento de la paz.

Por ello, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar trabaja con un plan, encaminado a reforzar el reclutamiento de mujeres para incrementar su presencia en todas las escalas, así como en los puestos de mayor responsabilidad.

Actualmente, son las pioneras en las Fuerzas Armadas las que van alcanzando puestos de mayor responsabilidad y accediendo a los más altos empleos. El pasado año Patricia Ortega fue la primera mujer en alcanzar el empleo de general y este año han sido otras cuatro mujeres las que han completado el curso para ascender al escalafón más alto de la carrera militar.

El plan del Ministerio de Defensa subraya la plena integración «legal y real» de la mujer en las Fuerzas Armadas y señala a España como un país destacado entre sus socios de la OTAN, entre los que la presencia de mujeres es menor.

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS O FERIAS DE EMPLEO

En cualquier caso, para seguir avanzando en este camino, contempla una serie de líneas de actuación como son la realización de campañas publicitarias específicas en medios escritos y digitales, orientadas a poner en valor la contribución de la mujer a las Fuerzas Armadas o promover la participación de las alumnas de las escuelas militares en las ferias educativas y de empleo.

Otra manera de acercarse a las jóvenes es a través del concurso ‘Carta a un militar español’ que anualmente organiza el Ministerio en institutos de toda España. Y prevé aumentar la presencia de personal femenino en el Centro de Contacto de Reclutamiento, que se ocupa de informar de las diferentes modalidades de ingreso.

Defensa quiere además visibilizar la presencia de mujeres en los Ejércitos a través de su presencia en el material informativo (calendarios, folletos y fichas sobre la profesiónmilitar) o impulsando su participación en jornadas sobre cultura de defensa.

En los últimos cuatro años, el porcentaje de mujeres que han solicitado participar en los procesos selectivos ha pasado de ser el 11 por ciento del número total de aspirantes al 17 por ciento, mientras que el número final de mujeres ingresadas ha aumentado un 22 por cientos en términos relativos.