La querella que presentó la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre contra el extesorero del PP Luis Bárcenas por falso testimonio ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, dirigido por Mónica Aguirre, que decidirá si admite ésta a trámite y practica diligencias o por el contrario archiva de plano.

La que fuera líder de los 'populares' madrileños anunció esta querella contra Bárcenas, después de que éste afirmara en su declaración como testigo en el caso 'Púnica' el pasado 24 de febrero, que entregó a Aguirre 60.000 euros procedentes del empresario Luis Gálvez para financiar su campaña electoral en 2007.

"Estas afirmaciones son rotundamente falsas y se han realizado en sede judicial sin ninguna prueba que las respalde", afirmó Aguirre en un comunicado remitido justo después de la comparecencia de Bárcenas.

Se da la circunstancia de que este empresario, dueño de la constructora Ploder, fue imputado también en el caso 'Púnica' a raíz de las afirmaciones del extesorero del PP, si bien el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó archivar la causa con respecto a él un día después de interrogarle.

EL EMPRESARIO NEGÓ LA ENTREGA DE COMISIONES AL PP

Gálvez negó haber entregado comisiones al PP o que realizara donaciones a partidos políticos o fundaciones de formaciones. Por tanto, el juez instructor entendió, coincidiendo con el criterio de la Fiscalía, que se enfrentaba a "dos versiones radicalmente distintas de los hechos", a lo que añadió que de las actuaciones practicadas hasta la fecha "no se desprende la existencia de indicios racionales de la participación del investigado en los hechos".

Según ha informado 'La Información' y han confirmado fuentes jurídicas, la magistrada que estudiará la querella de Aguirre contra Bárcenas será la titular del Juzgado de Instrucción número 53, Mónica Aguirre, quien en junio de 2020 rechazó investigar al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, por los presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia.

La magistrada inadmitió la querella presentada por la Asociación de Usuarios y Consumidores José María Mena --que se personó como acusación popular en el conocido como 'caso 8-M', en el que se investigó al hasta ahora delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco-- contra Simón y contra otros cargos de Sanidad porque los querellantes no identificaron a los "afectados" de la gestión que hicieron los responsables del CCAES de la pandemia del coronavirus.

Recientemente, la juez Aguirre ha tenido entre sus manos otro asunto mediático como la reapertura de la investigación sobre la muerte de Cristina Ortiz, conocida como 'La Veneno'. El pasado mes de febrero, la juez acordó rechazar el recurso de la familia de la vedette para investigar este suceso conforme al informe de la Fiscalía que se opuso a reabrir la causa.

El Ministerio Público recordó que tanto el informe de la autopsia como la investigación policial "ya descartaron la existencia de un presunto delito de homicidio".

OTROS ASUNTOS EN MANOS DE LA JUEZ DE MADRID

Otra de las causas cuyas instrucciones ha llevado esta juez fue la relacionada con la trágica muerte del acróbata Pedro Aunión en el festival Mad Cool en julio de 2017. La titular del Juzgado de Instrucción 53 se encontraba de guardia cuando sucedieron los hechos.

Asimismo, en 2105 la juez acordó la diligencias previas y pidió a la Fiscalía que informara sobre si era competente para estudiar la querella presentada por Manos Limpias contra el marido de Manuela Carmena, Eduardo Leira, por presuntos delitos, entre otros, de alzamiento de bienes y contra los trabajadores, a raíz de un procedimiento para la declaración de insolvencia de una estudio de arquitectura del esposo de la exalcaldesa de Madrid.

La magistrada instructora finalmente se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción número 15, que entonces estaba ocupado por el actual juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama Teixeira, porque éste ya había analizado anteriormente un asunto similar y quien volvió a archivar la causa contra el marido de Carmena.

El Real Monasterio de San Jerónimo ha acogido en Granada este Martes Santo un acto con medidas de seguridad contra el coronavirus en que la hermandad de la Soledad, conocida popularmente como la de Las Chías, ha recuperado la tradición, suspendida en 2020 por la pandemia, de liberar a un preso en Semana Santa, este año sin procesiones.

En declaraciones el hermano mayor de la Soledad y Descendimiento, Enrique Crespo, ha señalado que el acto se ha trasladado a este martes en vez de celebrarlo en Viernes Santo, cuando tradicionalmente procesiona la hermandad, para ese día poder centrarse en la recepción de los devotos que están llenando los templos de Granada, en el acompañamiento a las hermanas jerónimas en los Santos Oficios, y en los cultos ante el altar.

El preso común liberado, que ya tenía el tercer grado, y ha mostrado su alegría por poder empezar "una vida nueva", ya reinsertado con su familia y su trabajo, ha estado sentado en primera fila junto con funcionarios del Centro de Inserción Social, como es tradicional, en un acto que ha contado con la asistencia, entre otras autoridades, del alcalde de Granada, Luis Salvador, la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, y el presidente de la Audiencia Provincial, José Luis López Fuentes.

La Soledad de San Jerónimo ha recuperado esta tradición después de que el Gobierno le concediera, en el Consejo de Ministros el pasado martes, el indulto a un condenado por la Audiencia Provincial de Granada a solicitud de esta hermandad granadina, y que fue publicado en un real decreto firmado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Según ha detallado Enrique Crespo, en el acto se ha procedido a la firma simbólica del pergamino con el indulto, con lazo negro al principio --en señal de que el reo sigue preso-- y blanco después, ya "libre", en virtud de las propuestas presentadas por la hermandad el año pasado.

La hermandad, según ha recordado Crespo, está pendiente de celebrar el reconocimiento de la coronación canónica de la Virgen de la Soledad, a expensas de la evolución de la pandemia de covid-19 y las medidas de las autoridades sanitarias para frenarla, y no descarta que pueda liberar otro preso con este motivo en 2021.

El BOE, especifica que el ahora indultado fue condenado por la Sección Segunda de la Audiencia de Granada como autor de un delito contra la salud pública a tres años y dos meses de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 5.000 euros.

"Atendiendo a las circunstancias del condenado" consideradas en los pertinentes informes de la Audiencia y la Fiscalía, "concurren razones de justicia y equidad", que, previa deliberación del Consejo de Ministros de este pasado martes, conducen al indulto "pendiente de cumplimiento a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto".

La hermandad no procesionó el Viernes Santo de 2020, como el resto de cofradías, por las restricciones derivadas de la declaración del primer estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus, en un año que, además, fue el primero en una década en que el Gobierno no concedió el indulto a un preso común.

Este año no procesionará tampoco, en el marco de las restricciones articuladas por las autoridades sanitarias contra la pandemia, pero sí ha podido recuperar la tradición de liberar a un reo de su condena. También en Andalucía, en Málaga, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Teófilo Ruiz, anunció la semana pasadael indulto de tres presos por parte del Consejo de Ministros que serán liberados por la cofradía de Jesús El Rico de la capital malagueña, para cumplir la tradición, por la que normalmente se libera a un solo interno, después de que en 2020 "todo quedó en suspenso" por la pandemia de covid-19.

JUSTICIA Y EQUIDAD

Tradicionalmente, las cofradías solicitan esta medida de gracia para aquellos reos del ámbito de su provincia que cumplen los requisitos de cualquier indulto ordinario, en los que concurren razones de justicia, equidad o utilidad pública.

La Virgen de la Soledad celebró en 2019 el reconocimiento diocesano de la Curia por la devoción de Granada a esta talla mariana, que llevaba casi 400 años procesionando en Viernes Santo de forma prácticamente ininterumpida, y recuperó sobriedad en su estación penitencial en la calle.

Así, la dolorosa, obra de Pedro Mena en el XVII, fue ataviada al modo del principios del siglo pasado, también en conmemoración de la distinción de la Curia, por la que salió en rosario vespertino en otoño de 2018.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, no se plantea un "no" por respuesta a la posibilidad de que la comunidad internacional pueda no cumplir el objetivo fijado en el Acuerdo del Clima de París, porque en su opinión se trata de un "asunto existencial" y un reto que hay que gestionar para conseguir limitar el incremento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados.

Durante su participación en el evento 'Financial Times Climate Summit', junto a sus homólogos de Singapur y Dinamarca, la vicepresidenta ha defendido que España está trabajando para preparar su posición en la Cumbre del Clima de Glasgow (COP26) que se celebrará a final de año en la ciudad escocesa (Reino Unido), dentro del marco de la Unión Europea.

El objetivo es, según ha destacado que la postura de la UE sea "ambiciosa" y "tan creíble como sea posible", de manera que se fije una senda de descarbonización a medio y largo plazo congruente que además de facilitar la transformación necesaria no deje de prestar atención a las necesidades sociales.

En el foro ha defendido que la ley de cambio climático que está "a punto" de aprobar el Parlamento español supondrá un "cambio significativo" del sistema energético pero además ha defendido que el Gobierno está acometiendo otras reformas importantes en materia del uso de la tierra, la biodiversidad y las políticas sociales.

De cara a la COP26, Ribera ha dicho que su expectativa es poder completar la implantación operativa completa del Acuerdo de Paris, pero sobre todo hacerlo con sendas de descarbonización a medio y largo plazo "creíbles" de los países para que los Gobiernos puedan demostrar que están "comprometidos" con el camino de la descarbonización.

En ese contexto, ha confiado en que la respuesta "consistente" deberá proceder de agendas formales de los Gobiernos, que han de dar "señales fuertes de cambio" a todos los actores para lograr precisamente esas sendas de largo plazo y, para ello, ha insistido en que se requieren de manera urgente compromisos de medio plazo, a 2030, consistentes en materia de descarbonización y procedentes de todos los países.

Para la ministra hay "un nuevo aire" dentro del escenario de la negociación climática, pues a pesar de ser un año difícil, también hay "buenas noticias" que deberían ayudar a facilitar la aceleración de los compromisos de todos los países.

"En términos generales, esperamos ser creíbles pero al mismo tiempo, en un contexto de pandemia, estamos todos tratando de ver como reactivamos la actividad económica y como podemos invertir mejor en el contexto de los paquetes de estímulo", ha reflexionado la vicepresidenta cuarta, que ha reclamado trabajar "con consistencia climática tanto en mitigación como adaptación" porque confía en que la carrera para lograr cero emisiones "puede acelerarse".

No obstante, ha admitido que en este momento la comunidad internacional está "muy lejos" de lo necesario por lo que celebra que la Presidencia de la COP26 está "tratando de mover las distintas alas de los países para lograr un alto nivel de ambición.

Pese a que el sector de la energía se está moviendo "muy fuerte" y la movilidad de manera "dramática", para Ribera aún quedan "otros muchos aspectos" que dan margen para ser más ambiciosos en la comunicación de los compromisos nacionales de contribución. En ese sentido, opina que importante contar con una ambición suficiente y creíble por parte de Estados Unidos para facilitar a "todos" a avanzar.

Por otro lado, ha defendido que parte de la "responsabilidad" de los Gobiernos es crear las condiciones para acelerar esta acción y ha puesto de ejemplo los objetivos "ambiciosos" planteados por España en su ley de cambio climático y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para 2030 de los que ha dicho que "al principio" la gente decía que eran "demasiado ambiciosos" y ahora les piden "más.

Por último, respecto a la necesidad de lograr la responsabilidad individual en este reto, opina que la pandemia debería suponer un cambio de comportamiento tras observar en este año los vínculos del cambio climático con la salud. "Esto es muy importante y es una buena forma de introducir esto en la agenda: los vínculos del cambio climático con biodiversidad, con la calidad del aire", ha concluido la ministra, que cree que estos argumentos deben ser utilizados para explicar tanto la mitigación como la adaptación.

La Audiencia Nacional ha ordenado suspender la extradición a Venezuela del opositor Ernesto Quintero, acusado de estafar 40 millones de dólares por el Gobierno de Nicolás Maduro, debido a una nueva petición de asilo presentada por la defensa, junto a una batería de medidas, para intentar frenar lo que parecía una entrega inminente al país caribeño hace apenas unos meses.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha acordado en una providencia, "suspender la entrega a las autoridades reclamantes y ponerlo en conocimiento de Interpol por encontrarse a su disposición".

Así lo ha decidido tras conocer que Quintero ha presentado una nueva solicitud de protección a la Oficina de Asilo y Refugio, al tiempo que ha reclamado a este organismo que de manera "urgente" informe al tribunal sobre el estado en el que se encuentra dicha petición.

Quintero, que actualmente está en la cárcel de Soto del Real, en Madrid, fue detenido el pasado 10 de febrero después de que tanto el Gobierno como la Audiencia Nacional autorizaran su extradición a petición de las autoridades venezolanas.

El fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, acusa a Quintero de ser miembro de la cúpula directiva de una agencia de cambio de divisas que habría estafado 40 millones de dólares. Sin embargo, el opositor sostiene que él era un mero empleado y que nada tiene que ver con los delitos que se hubieran podido cometer.

MANIOBRA 'IN EXTREMIS'

Tras el arresto de Quintero, su nueva defensa --a cargo del despacho Oliver Abogados-- presentó otra demanda de asilo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional con "documentos novedosos" para que le reconociera la protección internacional, entre ellos un informe de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, alegando además que España no reconoce como legítimo al Gobierno de Maduro ni a los órganos emisores de la orden de captura, por lo que no debería entregarlo.

Los abogados de Quintero se dirigieron en un segundo escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para solicitar la suspensión cautelar de su regreso a Caracas, aduciendo que no se debía proceder a la entrega hasta que se resolviera la nueva demanda de asilo, y reiterando que "el Gobierno de Venezuela no tiene potestad para solicitar la extradición, dado que no ha sido reconocido por la UE por ser dictatorial y por vulnerar reiteradamente los Derechos Humanos".

En tercer lugar, la defensa de Quintero avanzó que también presentaría un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el auto del 6 de octubre en el que la Audiencia Nacional acordó la extradición a Venezuela.

PRINCIPIO DE UNIDAD FAMILIAR

El opositor venezolano ya había presentado una petición de asilo en España que le fue denegada por tener antecedentes penales, precisamente, debido a esta acusación de estafa. En cambio, su mujer y la hija del matrimonio, de 7 años, sí lo consiguieron.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) emitió el 4 de febrero --a petición de la defensa-- un pronunciamiento en el que instó a las autoridades españolas a "valorar el no retorno del señor Quintero a Venezuela", pidiendo tener en cuenta "los principios de unidad familiar".

ACNUR también emplazó a valorar "la situación humanitaria y de seguridad de Venezuela", recordando que "cuando el Gobierno (de Maduro) quiere intimidar o amenazar a alguien, abre una investigación penal y acusa a la persona", que "el país carece de un sistema judicial imparcial, transparente y funcional, y los tribunales están politizados.

La mujer de Quintero, Cismary Marcano, imploró al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que frenara la extradición de su marido, asegurando que es "inocente" y advirtiendo de que, si vuelve a Venezuela, podría ser "asesinado". "Lo que me dicen es que, en el primer vuelo que salga a Caracas, allí van a enviar a mi esposo", alertó Marcano en declaraciones a la prensa durante un acto de protesta realizado el pasado 12 de febrero en los alrededores de la Audiencia Nacional.

La Comisión de Derechos Sociales del Senado ha aprobado este martes una moción del PSOE por la que insta al Gobierno a reforzar el Plan Concertado de prestaciones básicas de Servicios Sociales con personal suficiente, que permita intensificar las actuaciones dirigidas a mejorar la situación de las personas mayores que se encuentran en situación de desamparo y vulnerabilidad.

La moción ha sido aprobada por la Comisión de Derechos Sociales del Senado con los votos a favor de PSOE, PP y Ciudadanos y la abstención de ERC, PNV y Junts per Catalunya.

En defensa de la moción, la senadora del PSOE María del Mar Arnáiz ha puesto de manifiesto que "todos los días se conocen noticias de mayores a los que se ha encontrado fallecidos en sus domicilios" y ha subrayado que desde las administraciones no pueden quedarse "cruzados de brazos".

Por ello, ha explicado que esta moción va en el sentido de "ser proactivos" desde lo público para "detectar esas situaciones de auténtica vulnerabilidad y ponerles solución".

Según ha precisado, en España hay más de 9 millones de mayores de 65 años y 2,8 millones tienen más de 80. Además, ha indicado que muchos sufren "la pandemia de la soledad" y también se enfrentan a la enfermedad y al deterioro cognitivo, por lo que aumenta su "fragilidad". Por ello, ha llamado a la "responsabilidad" comunitaria y de las administraciones para garantizarles una vida "digna".

La senadora del PP María Pilar Alía ha apoyado el contenido de la moción porque cree que hay que mejorar la situación de los mayores pero ha criticado la gestión de los gobiernos socialistas y del actual gobierno de coalición. "En 2006 les apoyamos para aprobar la ley de dependencia y ¿qué nos dejaron? Todo un desastre cuando llegamos en 2011 al Gobierno, el sistema colapsado", ha afeado, reprochando también el trabajo del actual Ejecutivo durante la pandemia.

La senadora socialista ha contestado a Alía asegurando que fueron en 2012 "los recortes brutales del Gobierno de Rajoy" los que "desmantelaron los servicios públicos en el país", y ha puesto en valor la inyección de 600 millones de euros en dependencia para 2021.

Por su parte, la senadora de Ciudadanos Ruth Goñi también ha anunciado su voto a favor, aunque considera que esta moción se queda "en publicidad", y ha puesto en duda que Unidas Podemos vaya a apoyar un Plan "Concertado". También ha invitado a la nueva ministra de Derechos Sociales a "empezar por visitar una residencia porque de Iglesias allí no queda ni el recuerdo".

La senadora de Junts per Catalunya María Teresa Rivero se ha mostrado asimismo de acuerdo con el objeto de la moción y con la necesidad de "implementar la ley de dependencia" pero ha precisado que hay "una invasión competencial".

El mismo motivo ha alegado la senadora del PNV Nerea Ahedo, quien ha puntualizado que todo lo que tiene que ver con mayores y asistencia social "es competencia exclusiva de los territorios históricos que componen Euskadi". Además, considera que esta moción parece "para llenar el cupo".

Por parte de Esquerra Republicana, la senadora Adelina Escandell ha insistido en la invasión de competencias y ha denunciado que el Estado tiene una "deuda acumulada de casi 4.000 millones de euros" con la ley de dependencia pues "no ha aportado todo lo que le tocaba".

El candidato a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), ha afirmado este martes que no ve "motivos suficientes" para que Junts se abstenga en la segunda votación de su investidura y le ha pedido no posponer su elección como presidente de manera indefinida.

"Que no lo mantengan por un tiempo indefinido, den certezas a la ciudadanía", ha reclamado en el turno de réplica durante la segunda vuelta de su pleno de investidura, que en esta ocasión ha optado por responder conjuntamente a los grupos y no uno por uno como el viernes.

Aragonès ha insistido en que "el país no puede aceptar más demoras" ni seguir con un Govern en funciones, por lo que ha invitado a Junts a cambiar su abstención.

Tras subrayar los elementos que comparte del discurso de la portavoz de Junts, Gemma Geis, el candidato republicano ha reprochado que haya recelado de algunas de las propuestas económicas y sociales que incluye el acuerdo entre ERC y la CUP: "No he visto ninguna que fuera un obstáculo", sino que cree que hay matices que se pueden resolver rápidamente.

"No he sabido ver ningún obstáculo que impida que hoy no puedan votar mi investidura", y ha vaticinado de que cuando llegue el momento en que Junts avale su elección como presidente se darán cuenta de que este martes no había motivos suficientes para abstenerse, según él.

Aragonès ha sostenido que ERC desde el primer momento ha apostado por abordar en las negociaciones el programa del Govern, su estructura y el reparto de responsabilidades, pero que Junts "legítimamente ha querido situar otros elementos", en alusión velada al debate sobre el papel del Consell per la República.

Así, ha emplazado a Junts a abordar estas cuestiones en los próximos días y semanas para cerrar un acuerdo y ha dicho que hasta que sea investido ejercerá sus funciones plenamente "hasta el límite que permite la ley", pese a la situación de interinidad del actual Govern.

RÉPLICA AL RESTO DE GRUPOS

Según Aragonès, el presidente del PSC en el Parlament, Salvador Illa, no ha escuchado su intervención y tampoco lo que desprendió el resultado del 14 de febrero, al advertirle de que en este pleno tendrá más votos de los que podría conseguir el líder socialista, según él: "Lo importantes es la capacidad de buscar alianzas. Ustedes sólo hablan de pasar pagina, como si no hubiera represión y el 1-O. Y lo que haremos nosotros es escribir nuevas páginas".

Al líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, Aragonès ha exigido que nadie patrimonialice los orígenes de una parte muy importante de catalanes, y ha lamentado que haya quien quiera un discurso de 'las dos Cataluñas': "Me siento muy orgulloso de que el nieto del Antonio y la Juana de Palomares pueda ser el nuevo presidente de ERC de la Generalitat de Cataluña".

También ha reiterado su agradecimiento a la CUP, dejando claro que su apoyo es un punto de partida que se compromete a ampliar, y ha añadido que en esta legislatura se "debe pasar de la acumulación de agravios a la acumulación de fuerzas".

En respuesta a la líder de los comuns, Jéssica Albiach, Aragonès ha insistido en que den un paso adelante porque sus planteamientos pueden ser "un elemento más de la suma del Govern de vía amplia" que el candidato republicano defiende.

Sobre la intervención del líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, Aragonès le ha avisado de que les ha salido competencia "muy a la derecha en el radicalismo verbal", en alusión a Vox, y ha reiterado que parten de una idea de Cataluña que no comparten.

En respuesta al discurso del presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, el candidato republicano le ha replicado que lleva muchos años defendiendo sin complejos la independencia de Catalunya y que los que lo acusan de 'botifler' hace años les "dejaban solos en la defensa de la independencia".

El director general de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad de la Junta de Andalucía, Ángel Mora, ha anunciado este martes que el Ejecutivo autonómico se personará como acusación particular en todos los delitos de odio del artículo 510 del Código Penal, entre los que se encuentran, ha indicado, los de orientación sexual e identidad de género.

En rueda de prensa en Marbella (Málaga), para presentar junto a la presidenta de la Asociación de Familias de Menores Transexuales de Andalucía Chrysallis, María José Márquez, el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se celebra este miércoles por primera vez, Mora ha señalado que la medida la ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno de la Junta.

"La administración tiene que estar siempre al lado de la víctima y señalando al agresor. En una sociedad sana, del siglo XXI, la administración siempre tiene que estar al lado de las personas más vulnerables", ha apuntado.

Ha señalado que los delitos de odio se han incrementado en los últimos años en Andalucía y en el resto de España, apuntando que los realizados contra las personas LGTBI "se han incrementado un 6,8 por ciento". "Vamos para atrás. Si no paramos esta situación, y aquí la administración tiene mucho que decir, no sabemos dónde vamos a llegar", ha agregado.

Mora ha destacado que este martes es un "día histórico" para Andalucía porque la Junta visibilizará este miércoles por primera vez de forma institucional al colectivo transexual y porque el Gobierno regional se personará en los delitos de odio que se produzcan en la comunidad. "Son hitos que, por suerte, van a ir unidos y nunca vamos a olvidar", ha apuntado.

En concreto, el Consejo de Gobierno ha acordado instar a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a adoptar las medidas necesarias para que la Junta de Andalucía pueda personarse de oficio en los procedimientos sobre delitos de odio.

El Ejecutivo andaluz considera necesario incorporar con carácter inmediato un instrumento de protección a las víctimas de estas conductas ante el incremento de los delitos y discursos de odio basados en la intolerancia hacia diversos colectivos por razón de ideología, religión, origen, etnia, género, orientación sexual o discapacidad.

La Junta de Andalucía entiende que es "inaplazable" incorporar medidas que contribuyan a la persecución de estas vulneraciones y a la protección de las víctimas, con el fin último de prevenir el incremento de estas acciones delictivas y su erradicación.

Por este motivo, estima pertinente que la Consejería de Igualdad pueda personarse de oficio en aquellos procedimientos a los que se refiere el artículo 510 y 510 bis del Código Penal.

La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) considera que los delitos de odio no solo vulneran los derechos humanos, sino que también pueden desembocar en conflictos y violencia a mayor escala.

No obstante, y a pesar de los avances normativos y sociales en la prevención, registro e investigación, estas infracciones aumentaron en España un 6,8 por ciento en 2019 respecto al año 2018, tal y como constata un informe del Ministerio de Interior sobre la evolución de los delitos de odio.

Los delitos motivados por racismo y xenofobia fueron los que más se incrementaron, un 20,9 por ciento con respecto a 2018, seguidos de aquellos motivados por razón de orientación sexual e identidad de género (un 8,6 por ciento más).

El informe llamaba además la atención sobre el significativo incremento de las amenazas, injurias y discriminación a través de internet y las redes sociales, vías que intensifican de forma exponencial el daño producido a las víctimas.

En este sentido, diversos organismos y entidades internacionales y nacionales han detectado durante la crisis sanitaria originada por el coronavirus un incremento de los mensajes, expresiones y acciones que promueven o justifican la discriminación y el odio basado en la intolerancia hacia determinados colectivos por razón de su ideología, religión o creencias, origen, etnia, raza o nación, sexo, género, situación familiar, orientación e identidad sexual, enfermedad o discapacidad, y que suponen un avance muy reprobable en los discursos y delitos de odio.

PLATAFORMAS DE INTERCAMBIO DE VÍDEOS Y REDES SOCIALES

En Andalucía, el Consejo Audiovisual ha alertado recientemente de esta situación en su 'Informe sobre la difusión online de contenidos audiovisuales que albergan elementos compatibles con el discurso de odio, en el contexto de la pandemia de la COVID-19', en el que avisa ya de la presencia y la gran capacidad de propagación del discurso de odio en las plataformas de intercambio de vídeos y en las redes sociales.

El documento constata que se trata de mensajes tendentes a presentar informaciones sesgadas, estereotipadas en identificaciones entre colectivos desfavorecidos o etnias y la propagación de los contagios.

Los expertos los vinculan con "el preocupante contexto económico que está dejando la crisis del coronavirus y, por otro, la potencia que han adquirido los discursos del odio desde hace algunos años".

Por otra parte, este informe indica que "la propagación del discurso de odio en las redes, sus posibilidades de multiplicación, expansión y diseminación, así como la transnacionalidad de este fenómeno, dibujan un panorama donde resulta difícil legislar y establecer un control", especialmente dada la sensación de impunidad y exención de responsabilidades que favorece el entorno virtual al contribuir a su propagación.

Los expertos llaman además la atención acerca de que los menores de edad constituyeron el 6,7 por ciento del conjunto de las víctimas de delitos de odio en 2019, según los datos de Interior.

Los hechos relativos a las victimizaciones en ese tramo de edad se producen sobre todo por racismo y/o xenofobia y orientación sexual e identidad de género.

En la misma línea, el informe del Consejo Audiovisual de Andalucía ha alertado sobre los mensajes contenidos en documentos audiovisuales y textos descriptivos, así como en hilos escritos, que tienen como protagonistas a los menores extranjeros no acompañados (Menas).

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA VISIBILIDAD TRANS

Por otro lado, ha subrayado que la celebración del Día Internacional de la Visibilidad Trans es la primera campaña que conmemora uno de los días más significativos del colectivo LGTBI de Andalucía y que la comunidad autónoma fue pionera al aprobar en 2014 la primera ley trans en defensa de los derechos de todas las personas trans.

"Hemos sido los pioneros. Algo que ahora se discute a nivel nacional, hace siete años que lo tenemos muy superado en nuestra comunidad autónoma", ha apuntado Mora, al tiempo que ha destacado que Andalucía cuenta con una de las primeras leyes, aprobada en 2017, en defensa de los derechos del colectivo LGTBI y sus familiares.

"En Andalucía tenemos varios récord de los que estar orgullosos, sobre todo en estos momentos de peleas de reivindicar unos derechos que tenemos todos al nacer y que, ahora mismo, hay grupos que los cuestionan", ha añadido.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Familias de Menores Transexuales de Andalucía Chrysallis, María José Márquez, ha señalado que "es emocionante que, a nivel institucional, se dé visibilidad a la bandera trans y a este Día Internacional porque lo que no se conoce no existe".

"Antes de conocer esta realidad, se pensaba que las personas trans existen antes de los 18 años. Pero la identidad sexual surge mucho antes. Nuestros menores tienen que manifestarlo al mundo y donde primero lo tienen que decir es en sus casas, en sus familias. Ahí tenemos que empezar a acompañarles en su camino", ha apuntado.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha responsabilizado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, del crecimiento de la cuarta ola de la pandemia en la Comunidad por su "mala gestión", además de haber hecho un "efecto llamada" al llamado 'turismo de borrachera'.

En un encuentro virtual con alcaldes socialistas, Gabilondo ha lamentado que el virus esté avanzando en la región y piensa que hay que tomar medidas efectivas para que esto no ocurra. "La libertad no es este desmadre y el virus está fuera de control. Mientras los sanitarios trabajan sin descanso Ayuso ha hecho un efecto llamada. Ayuso es la responsable del efecto llamada en Madrid", ha lanzado.

Así, ha insistido a la presidenta en que "asuma su responsabilidad" cuando hay familias que están sufriendo esta situación. Considera que el virus "está fuera de control" y que va a seguir subiendo el número de casos "por la mala gestión del Gobierno de la Comunidad".

Por ello, le ha pedido de nuevo que convoque un Consejo de Gobierno extraordinario para inyectar 80 millones directos a la hostelería y acompañarles en las restricciones que son necesarias. "La responsable del crecimiento de la cuarta ola es lisa y llanamente Ayuso. La pandemia amenaza si Ayuso no reacciona", ha alarmado el candidato del PSOE.

En este punto, ha apelado a "parar al gobierno de la Plaza de Colón" para lograr el cambio y que llegue a las instituciones un "gobierno en serio".

Gabilondo propone medidas para contener el virus como adelantar a las 22 horas el toque de queda en aquellos municipios que tengan una incidencia acumulada mayor de 300 casos en últimos 14 días y destinar ayudas directas de 1.300 millones a la hostelería.

Para llevar a cabo estas y otras medidas cree que es muy necesaria la presencia de los ayuntamientos y el poder de participación de la ciudadanía. "Hay que trabajar unidos y estamos preparados para gobernar Madrid. Nos necesitamos mucho y debemos tener estas líneas de colaboración. Gobernar a espaldas de los ayuntamientos es gobernar a espaldas del pueblo", ha lanzado.

Por último, Gabilondo ha parafraseado al exalcalde socialista Enrique Tierno Galván: "Quien habla de la libertad pero no procura practicarla o lucar por la misma no es un participante de la libertad, es un cliente de la libertad".

El candidato socialista considera que los madrileños están ya cansados de "los clientes de la libertad" porque son los que "están en el Gobierno de Madrid y son una amenaza para la justicia social". "La libertad no es este desmadre. Ni se compra ni se vende; o se comparte o no es libertad", ha zanjado el líder del PSOE.

"SUFRIMOS UN ABANDONO CONTINUO", DENUNCIAN ALCALDES DEL PSOE

Alcaldes y concejales del PSOE han firmado un manifiesto mediante el que denuncian el "abandono injustificable" al que se están viendo sometidos sus ayuntamientos por parte del Ejecutivo autonómico en medio de la "peor emergencia sanitaria".

Durante el acto telemático de hoy, la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Rivas y 'número 6' en la lista de Gabilondo, Mónica Carazo, ha resaltado que el PSOE y municipalismo van "de la mano" porque no entienden "uno sin el otro, y que sin "los ayuntamientos nada funciona".

A su parecer, Ayuso lo "único" que está haciendo por los ayuntamientos es provocar "confrontación" pero ha aportado "cero soluciones a sus problemas" y les ha dejado "a su suerte" durante la gestión de la crisis sanitaria.

Por su parte, la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha asegurado que los municipios, las ciudades y los pueblos de la región "van a estar muchísimo mejor" si hay un Gobierno socialista como el de Ángel Gabilondo.

A su juicio, el candidato a la Presidencia va a ser el que ejecute medidas en educación, vivienda y el problema de la pandemia. Además, ha lanzado un mensaje a la presidenta regional: "Más allá de la M-30 hay vida. Somos mucho los municipios que estamos sufriendo el abandono continuo, el desprecio, el sectarismo y la improvisación de la Comunidad", ha lanzado.

La Policía Nacional ha detenido en las islas de Gran Canaria y Lanzarote a 14 migrantes como presuntos autores de delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, tres de ellos además por pertenencia a organización criminal, mientras que otros cuatro por homicidio imprudente al considerar que eran los patrones de siete pateras y cayucos en las que murieron cuatro personas.

Los detenidos han sido identificados por los inmigrantes como los responsables del manejo y navegación de las embarcaciones que arribaron entre el 27 de diciembre de 2020 y el 25 de marzo de este año a las costas de Arguineguín (Gran Canaria), Órzola y Arrecife (Lanzarote), según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

En total, viajaban en estas embarcaciones 249 personas, de las que 55 eran menores de edad, y habían realizado la travesía sin ningún tipo de medida de seguridad, chalecos salvavidas, comida o bebida.

Además la embarcación que alcanzó la isla de Gran Canaria, en la que fallecieron cuatro personas y una más tras ingresar en un hospital de Las Palmas de Gran Canaria y en la que viajaban 52 personas, realizó una travesía de seis días hasta ser rescatado por Salvamento Marítimo cuando se encontraban a más de 130 millas al sur de la isla.

Estas personas al tercer día de la travesía se habían quedado sin agua, lo que motivó que tuvieran que beber agua del mar, implicando esto un empeoramiento de su estado. Asimismo, tras ser atendidos por miembros de Cruz Roja a su llegada al muelle de Arguineguín algunos de los migrantes fueron ingresados en centros hospitalarios de Gran Canaria debido a su comprometido estado de salud.

Ante estos hechos, los agentes de la Policía Nacional iniciaron una investigación que permitió identificar a 14 de los integrantes de las embarcaciones como los responsables del manejo y navegación de las mismas.

En este sentido, las pesquisas policiales culminaron con la detención de todos ellos como presuntos autores de delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, tres de ellos además por pertenencia a organización criminal, y otros cuatro por delito de homicidio imprudente.

Asimismo, los agentes pudieron comprobar que dos de los patrones arrestados en Arrecife, de 53 y 55 años, y de nacionalidad marroquí, cuentan con numerosos antecedentes policiales, ya que habían sido expulsados de España, sin embargo volvieron a entrar en España a través de embarcaciones irregulares y a pesar de tener en vigor la prohibición de entrar en territorio español.

Finalmente, instruidos los correspondientes atestados policiales, todos los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes, quienes ordenaron el ingreso en prisión de ocho de ellos, quedando a la espera de la situación de otros seis que han pasado en el día de hoy a disposición judicial.

La Rioja continúa este martes sumando casos activos, siete más, hasta alcanzar los 326, mientras que la incidencia registrada a 14 días sigue también al alza, llegando a 126,2 (algo más de dos puntos por encima de ayer), de acuerdo con los últimos datos actualizados por el Gobierno de La Rioja.

Todo ello, en una jornada en la que no se registran fallecidos por coronavirus en la comunidad, pero en la que repunta levemente también la presión sanitaria, con 46 personas ingresadas, frente a las 43 que se registraban este lunes.

De acuerdo con estos datos, desde el inicio de la pandemia han fallecido 744 personas en nuestra región por coronavirus. Un total de 300 de ellas residían en centros de mayores.

Con respecto a la presión asistencial, el hospital San Pedro de Logroño cuenta con 20 personas en camas de hospitalización ocupadas por pacientes Covid-19 (una más que ayer). Ha habido dos ingresos y un alta en las últimas 24 horas. En la UCI, además, hay 17 pacientes Covid (igual que ayer).

En la actualidad, y ante la evolución del virus en la región, el Gobierno riojano cuenta en el San Pedro con 43 camas UCI. De este modo, sumando a los ingresados por patologías No-Covid (8 a día de hoy, tres más), la UCI riojana tiene un total de 25 pacientes y se encuentra al 58,13 por ciento (siete puntos más que este lunes).

Por su parte, la Fundación Hospital de Calahorra tiene nueve personas en planta con Covid-19, lo que supone dos pacientes más que los ingresados ayer por coronavirus en este centro hospitalario. Se han registrado, de este modo, cuatro ingresos y dos altas en estas últimas 24 horas.

En relación a la incidencia acumulada en los últimos catorce días en La Rioja, continúa en ascenso, y se fija este martes en 126,2, por los 123,96 de ayer. Una tendencia que también se refleja en la incidencia a siete días, que se coloca en un 81,47 por el 80,51 de este lunes. La positividad, igualmente, se incrementa al 5,47, frente al 5,21 de ayer.

Además, a día de hoy se encuentran 4.623 personas en cuarentena frente a los 4.549 del viernes. Finalmente, las residencias riojanas continúan un día más sin positivos en ninguno de los 33 centros de mayores de la comunidad.