El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha señalado a la «confrontación política» como causa que genera una «gran tensión» haga lo que haga el Gobierno de coalición.

«La confrontación política no hace fácil el tomar las decisiones porque hay que pasarlas por el tamiz de lo que la gente va a apreciar de ello, por tanto hay que dar muy buena información, y existen una serie de personas que permanentemente pretenden sacar solo lo negativo de las cosas que se hacen», ha asegurado este domingo en una entrevista para RNE.

En este sentido, Duque ha indicado que aunque esta confrontación política no es nueva, sí que es ahora «especialmente aguda», lo que provoca dificultades a la hora de tomar decisiones «a la luz de que va a haber una gran tensión con cualquier cosa que hagas».

Así, afirma que ha echado en falta «un modo de actuación» parecido al que ha reinado en otros países, que «han aparcado la mayor parte de las disputas» y donde, por tanto, «no se ha visto esta enrome polarización que se ha visto en España».

Durante la entrevista, el ministro también ha hablado sobre el proceso de vacunación en España, volviendo a dejar claro que las previsiones de la UE de tener vacunadas a un 70% de la población para finales de verano son factibles.

«Por las cuentas que yo veo, que son de la UE, es perfectamente alcanzable, nunca se sabe cuando a una fábrica le va a pasar algo, pero si nos sirven todas las vacunas que nos tienen que servir, tenemos incluso un margen importante, y seguramente llegaríamos antes», ha manifestado.

El hecho de que España haya vacunado a algo más de un 7% de la población, a falta de seis meses de llegar a las previsiones europeas, es que al principio del proceso de la vacunación venían muy pocas vacunas porque las fábricas estaban todavía poniéndose en marcha. «Pero cada vez van a tener más que el mes anterior», ha tranquilizado Duque.

Por otro lado, el responsable de la cartera de Ciencia e Innovación ha lamentado la existencia de negacionistas del COVID-19 y de las vacunas, personas que, según ha dicho, «tienen un círculo de información muy estrecho», pero ha puesto el foco en aquellos que lanzan mensajes negacionistas y que además se lucran del engaño. «No están actuando éticamente», considera el ministro, que ha pedido ayuda a los medios de comunicación para «informar de lo que se sabe de verdad y llegar al máximo de gente posible.

Por último, Duque ha acabado la entrevista elogiando el talento y la labor de la ciencia española y sus científicos. La gente tiene que saber que cuando España se pone, España puede, y los españoles podemos llegar a las mismas cotas que los demás», ha advertido el ministro.

Y es que, en su opinión, «uno de los grandes esfuerzos del país» tendría que ser no pensar continuamente que «no podemos llegar» y que todo lo que sucede en el país es «un problema de España». «Tendríamos que tener muchísima más autoestima», ha añadido Duque, que ha zanjado la entrevista pidiendo a los ciudadanos centrarse más en lo «positivo».

Dos agentes de Policía Nacional del distrito de Puente de Vallecas, en Madrid, salvaron este sábado la vida de un vecino que se encontraba autolesionándose en la vía pública.

Los hechos sucedieron en torno a las 20 horas y fueron los gritos y la agitación de un individuo que se estaba realizando cortes con un arma blanca lo que alertaron a los viandantes que llamaron a la Policía, según ha informado en un comunicado la asociación ‘Vive Entrevías’.

Tras apenas tres minutos desde haber recibido la llamada, los agentes llegaron a la Avenida de Palomeras Bajas y encontraron a un varón de 90 años con un cuchillo de grandes dimensiones colocado en su cuello, con la intención de acabar con su vida, y en un «gran estado de agitación» mientras gritaba que no quería seguir viviendo.

Además, comprobaron que el varón se había provocado «diversas lesiones en ambas manos» incluso llegándose a observar el hueso en una de ellas. De igual modo, observaron que había comenzado a autolesionarse en la parte izquierda del cuello, a la altura de la carótida, por donde perdía «gran cantidad de sangre».

«La profesionalidad de ambos funcionarios, veteranos en el distrito y con grandes conocimientos psicológicos, hicieron mantener un dialogo con el vecino, para poder acercarse de una manera rápida y eficaz por la gravedad de los hechos, protegiendo la integridad física tanto de los agentes, como del varón», ha explicado la asociación.

La organización también ha recogido las palabras de algunos sanitarios del Hospital Universitario Infanta Leonor, donde fue trasladado el herido, que han reconocido labor de los agentes para preservar la vida del vecino de Puente de Vallecas.

Así, una vez le retiraron el arma, los agentes procedieron a taponar las heridas, una actuación que salvó la vida del hombre, tal y como reconocen sanitarios del Hospital Universitario Infanta Leonor, donde fue trasladado.

El Grupo Municipal Popular exige que, de forma inmediata, se retire la moción de censura presentada por PSOE, Ciudadanos y Podemos en el Ayuntamiento de Murcia. También insta al líder regional de los socialistas murcianos, Diego Conesa, a que presente su dimisión «por armar un plan basado en bulos y mentiras para asaltar el Consistorio».

El PP ha denunciado que el PSOE, con el apoyo incondicional de Ciudadanos, «promueve un juego sucio que desprestigia el buen nombre de Murcia y desvirtúa la voluntad que los murcianos expresaron libremente en las urnas».

«Esta deriva marcada por la izquierda debe cesar de inmediato. La moción de censura se tiene que retirar y Conesa debe asumir sus responsabilidades políticas», han subrayado.

Y es que, según explican, el Ayuntamiento de Murcia no tiene ninguna causa judicial abierta «mientras que Conesa, investigado por presunta prevaricación, urde en plena pandemia un plan basado en bulos y mentiras para saciar su afán de poder».

La gestión municipal siempre se ha realizado aplicando la transparencia en la tramitación de todos los expedientes y proyectos, indican, cuestión avalada en los numerosos informes elaborados por los distintos servicios encargados de velar por el cumplimiento de los procedimientos recogidos por la ley.

Sin embargo, apuntan, «el PSOE y Ciudadanos recurren a las artimañas más ruines para desbancar al PP de las instituciones y tratan de ejecutar en Murcia las maniobras que Pedro Sánchez diseña desde Madrid con el único objetivo de alcanzar el poder y dañar al PP, dejando de lado, una vez más, a los murcianos».

En su opinión, los socialistas han usado Murcia «como laboratorio de ensayo para ejecutar sus estrategias políticas. Nuestro Ayuntamiento se merece estar dirigido por políticos fiables y que actúen con honestidad y que aspiren a algo más que ocupar el trono recurriendo a fórmulas sucias y oscuras».

Frente a ello, el PP se opone a esta forma de proceder «que atenta contra las más elementales normas democráticas y exige que se restituya el buen nombre del Ayuntamiento y de Murcia, ambos gravemente dañados por PSOE y Ciudadanos en las últimas jornadas».

Para los ‘populares’, resulta evidente que Mario Gómez «ha urdido con su socio Diego Conesa un plan tejido exclusivamente para desbancar al PP, aunque con ello mancille al Ayuntamiento, que es la institución que representa a todos los murcianos, en un alarde preocupante de falta de escrúpulos».

El portavoz de Ciudadanos, continúan, «en su objetivo de desplazar al PP, ha ensuciado el nombre de su propio partido, creando un escenario de supuestas irregularidades que no se sostienen y que solo sirven para dañar la institución que aspira a dirigir como sea».

Una estrategia que, para el Grupo Municipal Popular, «está ensuciando el buen nombre de Murcia, de los murcianos, del ayuntamiento y de sus funcionarios», todo ello, «con acusaciones falsas e infundadas con el único fin de tapar los actos criminales de Mario Gómez, como son el presunto delito de infidelidad en la custodia documento público que pudiera haber cometido, el supuesto aprovechamiento de su cargo para obtener una plaza robándosela a otro ciudadano, el pago de su campaña electoral con dinero público de la Asamblea Regional, la denuncia por acoso que recibió de un funcionario y los delitos contra la seguridad ciudadana que realizó por tener parado sin motivo el camión de las vacunas en plena pandemia. Lo mismo hizo con más de 120 coches de la Policía Local y los Bomberos».

«Esto es una guerra de poder urdida en los oscuros despachos de Madrid entre Ciudadanos y PSOE para conseguir el sillón de presidenta de la Comunidad Autónoma para Ana Martínez Vidal, de Ciudadanos, y el de alcalde para José Antonio Serrano, del PSOE», añaden.

El PP en La Glorieta defiende que el Ayuntamiento de Murcia «es una institución honorable, con funcionarios intachables, con un alcalde honesto y se ha visto a las claras quienes no lo son y cuáles son sus estrategias para asaltar el poder».

Por ello, piden a Diego Conesa, Mario Gómez y «su convidado de piedra José Antonio Serrano» que dimitan «para intentar restituir el daño infligido a Murcia y los murcianos. Han perdido con su comportamiento toda la legitimidad y el honor político».

«Gómez es el protagonista de una película que se ha llevado a Ciudadanos por delante. Es patente que el PSOE y Mario Gómez han urdido un plan maquiavélico, basado en bulos y difamaciones, para hacerse con el poder en el Ayuntamiento de Murcia con el apoyo de los comunistas de Podemos y la ultraizquierda», han concluido.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha asegurado que la moción de censura presentada junto con Cs en Murcia fue un «intento de acabar con la corrupción» que, a juicio de la socialista, «ya no salpica al PP sino que lo inunda». «Y la respuesta de Pablo Casado ha sido exactamente la misma de quienes le precedieron en el puesto, tapando la corrupción con más corrupción, intentando corromper las instituciones de todos, incluso venderlas al mejor postor para tapar la corrupción de su propio partido».

Así lo ha afirmado este domingo en un encuentro con jóvenes en el que también ha estado presente el secretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid y delegado del Gobierno en la región, José Manuel Franco; y el diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo.

Para Lastra, el PP es el partido que «ha cambiado de cara pero sigue siendo la de siempre», esto es, «la derecha de la Gürtel, de la Púnica, de Brugal, de Correa, de Rato, Mato…», ha enumerado en referencia a los casos de corrupción en lo que está implicado el PP. «La derecha que corrompió la política y las instituciones, con el ‘tamayazo’ de Aguirre y vuelve a hacerlo con el de Casado», añade.

La portavoz socialista recuerda que este sábado el presidente de la Junta de Andalucía, el ‘popular’ Juan Manuel Moreno Bonilla, celebraba el «transfuguismo», afirmando que tanto el presidente del PP, Pablo Casado, como el secretario general del partido, Teodoro García Egea, eran «capaces» de eso.

«Y es verdad», ha indicado Lastra, pues «los dirigentes de un partido de Gobierno deberían ser ejemplo de la mejor política y no de la peor política ni de la antipolítica, como el PP, que corrompe la política con tránsfugas y pactando con la extrema derecha; un líder que aspira a gobernar debería expresar lo mejor de un país y de una sociedad, no lo peor», agrega.

En este sentido, Lastra recuerda que con la anterior crisis económica, desde el PP se pedía a los ciudadanos «apretarse el cinturón» mientras «se llenaban los bolsillos con sobresueldos». «Y ahora el mismo PP de la ‘Caja B’, procesado y condenado por corrupción sigue vendiendo cargos y gobiernos al mejor postor para tapar su corrupción», ha insistido.

Y ha vuelto a cargar contra el presidente de los ‘populares’. «El señor Casado no está haciendo nada nuevo, ese es el problema, hace exactamente lo que aprendió en el PP de Madrid», considera la portavoz socialista, que califica al partido en la región como «el kilómetro 0 de todos los chanchullos y corrupciones» de la derecha.

Por ello, ha apostado por una «política honesta en Madrid, una política que no sea un mercado persa, que no sea la subasta de voluntades y el tráfico de sobres de la derecha».

LA LIBERTAD DEL PP: «LA COARTADA DEL PRIVILEGIO»

Durante el acto, Lastra también ha lamentado cómo «está en juego» el futuro de los jóvenes en el presente, ya que es el «capital» de este colectivo que está siendo, sin embargo, «destrozado» por la derecha, como también está haciendo, a criterio de la socialista, con el sistema de salud o el crecimiento sostenible.

«Quiere que no miréis al presente, habla mucho del pasado, incluso del lejano, les gusta hablar de imperios y linajes muy antiguos, pero hay una herencia de la que el PP no habla nunca», ha proseguido Lastra, que se ha referido así a aquella «herencia» de la que tan «orgulloso» está el PSOE, la de los trabajadores, la de las mujeres o la de un país que supo ser «solidario».

En este sentido, asegura que «la derecha lleva uno, dos y tres siglos intentando hacer creer a la gente que la libertad es lo contrario a la igualdad, y esto no es verdad», ha dicho la portavoz del PSOE en el Congreso, que en cambio sí cree que, la Ley de Dependencia, el Ingreso Mínimo Vital o la educación y sanidad públicas si hacen a los ciudadanos «más libres.

Y es que, «cada vez que la derecha habla de la palabra libertad, se olvida de otras palabras que la acompañan y la hacen realidad, palabras como solidaridad, igualdad, justicia social», según ha comentado Lastra, que considera que «la igualdad sin libertad es la máscara del nepotismo» y que «la libertad que defiende la derecha no es más que la coartada del privilegio». «Dejen de llamar libertad al privilegio de unos pocos», ha instado al PP.

Precisamente, en la «libertad, igualdad y justicia social», descansa el proyecto del PSOE, valores que, tal y como ha defendido Lastra, hay que «reafirmar» en las próximas elecciones, y recordando también cómo en las pasadas elecciones regionales salió ganador el socialista Ángel Gabilondo.

«Hoy más que nunca, ante esta derecha que tiene una moral de saldo, que compra cargos, que degrada las instituciones y corrompe la política, que habla de patria pero que solo se preocupa de su patrimonio privado, es necesario decir que es posible una política limpia», ha defendido.

Y ha apostado por el voto a Gabilondo, ya que «representa» los valores que deberían gobernar la Comunidad de Madrid. «Pido que por encima seamos ejemplares, de conducta moral, de honestidad y ejemplaridad», ha zanjado.

El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y líder de Ciudadanos en la región, Ignacio Aguado, ha criticado a los que «controlan medios de comunicación, ponen y quitan tertulianos y alteran las encuestas para condicionar el estado de ánimo de la opinión pública».

«Son muy poderosos, no hay duda. Pero nunca podrán quitarte la capacidad de pensar por ti mismo, de ser crítico y libre», ha señalado este domingo en su perfil personal de Twitter.

Además, posteriormente, ha escrito un post de Facebook, en el que también ha criticado a los que buscan «borrar del mapa el centro político» para volver a instaurar «la España de los bandos».

«Desde hace cuatro días compruebo con una tristeza inmensa cómo políticos irresponsables están llevando a los españoles a una nueva espiral de destrucción. Extremistas de uno y otro lado, con la colaboración consciente del bipartidismo y de sus medios, están convirtiendo nuestro país en un lodazal irrespirable en el que lo único que vale es el ‘conmigo o contra mí'», ha manifestado.

Para el que fuera vicepresidente, hay a quienes «no les interesan los miles de compatriotas muertos por el Covid ni los millones de empleos que se llevará por delante la terrible crisis económica que ya asoma los dientes».

«Les da igual que nos encontremos en una encrucijada histórica o que tengamos una oportunidad irrepetible de progreso y bienestar gracias a los fondos de recuperación europeos. Les da lo mismo, han decidido matarse políticamente entre ellos y pretenden arrastrarnos a todos detrás», ha remarcado a continuación.

Frente a esto, ha reivindicado que algunos no se van a «cruzar de brazos» porque nadie va a callarles ni a censurar sus opiniones mientras les empujan «a las trincheras para que media España vuelva a enfrentarse a garrotazos a la otra mitad».

«Sabemos que han puesto su objetivo en Ciudadanos. Quieren borrar del mapa el centro político (en el que declaran estar más de la mitad de los españoles) para manejarnos a su antojo y reinstaurar la España de los bandos, pero no se lo vamos a consentir», ha apuntado.

Según Aguado, si dejo su trabajo en la empresa privada fue proque cree «en una España» donde cada uno debe ser «la mejor versión». «Si me uní a Ciudadanos es porque defiendo que la política puede hacerse mirando hacia adelante, tendiendo puentes entre españoles, en lugar de dinamitándolos», ha apuntado.

Así, ha hecho hincapié en que siempre ha huido «de los cenizos», de los que le decían «no se puede» o que no lo intentase. De haberlos escuchado, Aguado dice que jamás se habría unido a Ciudadanos y jamás habría tenido en sus manos «la posibilidad de mejorar las cosas», como dicen han hecho desde el Gobierno de la Comunidad.

«Hoy, ahora, tenemos la oportunidad de continuar esa tarea, de construir en lugar de destruir, de hacer de España un país innovador, el mejor para estudiar, emprender y formar una familia. Tenemos los mimbres y las ganas. Sigamos peleando por construir el país que nos merecemos», ha manifestado.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha criticado este domingo que «el protagonismo» sea el único objetivo político de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y que ponga «el poder» al servicio de intereses particulares y no al servicio de lo común.

«No se han hecho reformas, no se han hecho transformaciones, no se han hecho regeneraciones pero lo que sí ha habido es mucha distracción en la figura de la presidenta», ha remarcado a continuación en un encuentro telemático organizado por las Juventudes Socialistas de Madrid.

Frente a esto, ha reivindicado el «respeto a la tolerancia, al diferente», al que no piensa de la misma manera. «Respetar a los que no están afiliados, a los que son de otros partidos, a los que viven una vida quizás de pura supervivencia. Respetemos, busquémosles, tratemos de incorporarlos al proyecto de su propia libertad. Me parece que ese Madrid está todavía como un Madrid inexplorado», ha declarado.

Para Gabilondo, «en una comunidad con tanta desigualdad» hay impulsar políticas públicas, sociales, de igualdad. Así, se ha referido a unas declaraciones de la presidenta, en un programa en ‘Telecinco’, en las que afirmó que los hombres sufren «incluso más agresiones» que los mujeres.

«Últimamente ha habido unas declaraciones que van en la dirección de que todo es violencia, de que hay muchas violencia. Sí, muy bien, de acuerdo, estamos en contra de todas la violencia, de muchas violencias, pero estamos específicamente identificando la violencia de género, machista, contra la mujer. Esto ha de quedar explícitamente claro», ha recalcado.

En este punto se ha preguntado si la presidenta está incluyendo en los Presupuestos una partida específica para luchar contra la violencia de género y si lo va a hacer con Vox. Y es que Gabilondo ha apuntado que se temen que cualquier acuerdo que vaya en la dirección de alinear a Vox con el PP, no hará de esto «una prioridad».

Por otro lado, ha criticado que se convoquen elecciones en medio de una pandemia. «Pero sí se convocan que se sepa que nosotros vamos a ir con toda la determinación a defender la voluntad de los ciudadanos», ha manifestado.

FRANCO LLAMA A LA MOVILIZACIÓN

Por su parte, en su intervención, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha asegurado que «por una vía u otra» (elecciones o moción) se conseguirá que Gabilondo sea el presidente de la Comunidad de Madrid, como ya le «correspondía» al ganar las elecciones de 2019 tras más de treinta años.

«Los socialistas no le tenemos miedo a las elecciones, nunca le hemos tenido miedo a las elecciones. Los que seguramente le tienen miedo son los que cuando no le gusta el resultado son los herederos de los que incluso rompían las urnas», ha declarado.

Según Franco, estos herederos si no hay una «gran» movilización «pueden llegar a gobernar en la Comunidad de Madrid». Para el socialista, deben salir «con la cabeza muy alta» porque hay un «Gobierno en España que sabe gobernar para todas y para todos» frente al «caos y la dejadez más absoluta» del actual Ejecutivo regional.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a casi 28.000 entidades sociales, ha destacado el «sobresfuerzo» que han hecho y siguen haciendo las entidades sociales para atender el «aumento exponencial» de la pobreza y la exclusión social que está viviendo España debido a la pandemia de la COVID-19.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha recordado el papel que están jugando las ONG en la lucha contra el virus, ya que «son ellas las que están contribuyendo con sus estructuras y redes al sostenimiento de las necesidades de las personas más vulnerables para que de verdad nadie quede atrás».

Cuando se cumple un año de la declaración del Estado de Alarma, la Plataforma recuerda que, desde el primer momento de la emergencia sanitaria, las entidades del Tercer Sector de Acción Social movilizaron sus propios recursos para atender las nuevas demandas que surgían cuando los servicios sociales se encontraban «totalmente desbordados».

Un año después, siguen reclamando que «las voces y las necesidades de las ONG de Acción Social sean escuchadas», ya que «son éstas las que conocen de primera mano la verdadera realidad social» y defienden que «el diálogo civil es parte imprescindible de la nueva gobernanza y de una democracia avanzada y participativa».

Además, piden que el Tercer Sector sea dotado de recursos suficientes y cuente con una financiación estable y duradera. En este sentido, han pedido participar en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de cara a colaborar en las estrategias y la ejecución de planes de trabajo con el fin de «reducir las desigualdades, frenar la brecha digital y recuperar derechos sociales».

La Plataforma del Tercer Sector fue fundada en enero de 2012 por siete organizaciones representativas del ámbito de lo social en España (Plataforma del Voluntariado, la Plataforma de ONG de Acción Social, EAPN, CERMI, Cruz Roja, Cáritas y ONCE). Posteriormente, se sumaron la Coordinadora de ONGD de España y la Plataforma de Infancia.

A lo largo de esta semana, y con motivo del primer año de pandemia, distintas ONG han presentado su balance en los que se refleja un incremento en el número de personas atendidas.

MEDIO MILLÓN DE PERSONAS PIDIERON AYUDA POR PRIMERA VEZ

Así, Cáritas informaba de que en torno a medio millón de personas han acudido por primera vez o después de mucho tiempo a pedir ayuda, debido a la pandemia de la Covid-19.

Según el informe de la labor social de la Iglesia, presentado el pasado martes, una de cada tres personas (33%) de las que han acudido a Cáritas durante este año de pandemia, es nueva o hacía más de un año que no acudía buscando ayuda.

La secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, ha explicado que solo en los primeros meses de la pandemia las demandas de ayuda que recibieron en toda España las Cáritas se incrementaron un 57% y hubo periodos y determinados espacios territoriales en los que muchas Cáritas vieron cómo «se triplicaban las solicitudes de ayuda».

Sobre las denominadas ‘colas del hambre’, desde Cáritas han advertido de que estas no han desaparecido pero han precisado que estas filas de personas esperando una bolsa de comida, «no son un fenómeno nuevo» que haya traído la pandemia.

Por su parte, Cruz Roja ha mostrado cuál es el nuevo perfil de la persona que acude a pedir ayuda en la pandemia: mujer de 44 años, en situación de desempleo y con hijos a cargo. Así se desprende de su Boletín sobre Vulnerabilidad Social.

«El nuevo rostro es femenino, tiene cara de mujer, ha sufrido un impacto muy acusado tanto en la parte del empleo como del estado de salud y en el tema de cuidados», ha destacado esta semana el técnico del Departamento de Estudios e Innovación Social en Cruz Roja Española, Pedro Luis Benavente.

Además, el estudio revela que la mitad (50,2%) de las familias nuevas que han acudido a pedir ayuda a Cruz Roja debido a la pandemia son hogares donde vive algún menor de 16 años, con una tasa de pobreza infantil del 95,6% y mayores tasas de riesgo de pobreza y exclusión (95,2%) y desempleo (30,5%).

UNO DE CADA TRES NIÑOS VIVEN EN HOGARES EN PARO

La infancia es precisamente uno de los grupos más afectados por las consecuencias económicas de la pandemia. Según el informe de Save The Children ‘Aniversario Covid-19: ¿Qué nos cuentan las familias?’, uno de cada tres niños vulnerables vive en familias que actualmente tienen a todos sus miembros en paro, como consecuencia de la pandemia.

El estudio, presentado el pasado miércoles y basado en entrevistas a 1.290 familias vulnerables a las que la ONG apoya en diferentes comunidades autónomas, revela que el 46% de los padres y madres a los que atiende la organización ha perdido el empleo por la crisis económica.

Además, de los datos se desprende que un 12,2% de las familias no tiene ningún ingreso frente al 7,5% de hace un año. «El informe muestra una realidad marcada por la pérdida del empleo, la caída drástica de los ingresos familiares, y por una situación de privación material muy grave», ha alertado el director general de Save the Children, Andrés Conde.

IMPACTO GLOBAL: HAMBRE, POBREZA Y ABUSOS

A nivel global, los datos de UNICEF descubren «una nueva normalidad devastadora y distorsionada para los niños del mundo», con un retroceso «en prácticamente todos los indicadores claves sobre la infancia».

«El número de niños que pasan hambre, están aislados, son víctimas de abuso, sufren ansiedad, viven en la pobreza y se ven obligados a contraer matrimonio ha aumentado. Al mismo tiempo, su acceso a la educación, la socialización y algunos servicios esenciales como la salud, la nutrición y la protección ha disminuido. Las señales de que los niños sufrirán las peores consecuencias de la pandemia durante años son inconfundibles», ha afirmado la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore.

Manos Unidas también destaca el «impacto brutal» de la pandemia en los países en vías de desarrollo, donde ha se ha acentuado la vulnerabilidad de los que ya eran vulnerables antes de la Covid-19.

«La pandemia del coronavirus está teniendo un impacto brutal, del que les va a ser muy difícil recuperarse en mucho tiempo. Se habla ya de décadas de retroceso en los planes de desarrollo. ¿Cuántas de estas personas no han tenido que plantearse durante estos meses la disyuntiva de morir de hambre o de Covid? Una elección que nunca debería plantearse un ser humano», indicó la presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo.

El PSOE quiere que el Congreso manifieste la «urgente» necesidad de renovar los órganos constitucionales, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caducado desde hace más de dos años, y censure al PP, al que considera culpable del actual bloqueo.

El PSOE y PP cerraron ya un acuerdo para renovar el Consejo de RTVE y estaban hasta hace unos días ultimando los nombres para hacer lo propio con el órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, el veto del PP al juez de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, parece haber ‘congelado’ las negociaciones.

Así las cosas, el PSOE registró una proposición no de ley con la que busca que el Congreso se pronuncie sobre la necesidad de actualizar los órganos constitucionales pendientes y rechace «cualquier intento de vulnerar los plazos recogidos en la Constitución Española a través del bloqueo de dicha renovación».

EL PP, A LA DERIVA

Con esta iniciativa, el PSOE pretende que la Cámara señale directamente a los ‘populares’ como los culpables de esta situación. En concreto, en su texto, denuncia que el acuerdo que para renovar los órganos constitucionales venían dándose hasta el año 2018 se ha visto quebrado «por un PP a la deriva, incapaz de definir su espacio ideológico, presumiendo hoy de centrismo y moderación y alineado mañana con la extrema derecha».

«La peor de las políticas se instala en nuestra organización colectiva cuando el rédito electoral se impone al interés general, cuando la búsqueda de la inestabilidad de la democracia se convierte en el arma elegida», señalan los socialistas en su iniciativa.

Los socialistas inciden en que la estrategia general de bloqueo que, a su juicio, practica el PP resulta «especialmente obscena» cuando España atraviesa «una de sus más duras etapas desde el inicio del periodo democrático» como consecuencia de la pandemia del Covid.

Actualmente entre los órganos pendientes de renovar se encuentra el CGPJ y el TC, cuyos integrantes deben contar con el apoyo de tres quintos del Congreso (210 diputados), por lo que los socialistas y la formación morada deben sumar al menos 55 votos a los 155 que suman entre ambos en el Congreso.

El CGPJ lo componen 20 vocales, de los que doce son magistrados y jueces y los otros ocho son juristas de reconocida trayectoria propuestos por los partidos, y entre ellos eligen al presidente, un magistrado que a la vez presidirá el Tribunal Supremo. La mitad de los 20 vocales se votan en el Congreso y la otra mitad en el Senado, a razón de seis jueces y cuatro juristas en cada Cámara.

EL TC CADUCÓ EN NOVIEMBRE DE 2019

También está pendiente la renovación de los cuatro miembros de los 12 que conforman el Tribunal Constitucional que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019.

La Constitución establece que de los doce miembros que integran el Alto Tribunal cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, que son los que ahora deben actualizarse; cuatro, por parte del Senado; dos, por el Gobierno; y otros dos por el CGPJ. Todos ellos son designados por un periodo de nueve años.

Y EL DEFENSOR EN JULIO DE 2017

Otro de los organismos a renovar es el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017 y para el que se necesita que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y que tres quintas partes del Congreso le dé su apoyo. Un resultado que debe ratificar el Senado en un plazo máximo de 20 días.

Para este puesto sonaba con fuerza el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, pero ahora ha sido reelegido candidato para las elecciones que la Comunidad de Madrid celebrará previsiblemente el próximo 4 de mayo.

Desde julio de 2019 está pendiente de renovar también la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y su adjunto, que serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos. El mandato de ambos puestos es de cinco años y puede ser renovado para otro período de igual duración.

Y EL TRIBUNAL DE CUENTAS CADUCARÁ EN POCOS MESES

Entre las instituciones que culminarán si mandato próximamente está el Tribunal de Cuentas, que lo hará el próximo mes de julio. La legislación establece que los 12 consejeros que lo conforman los eligen el Congreso y el Senado por una mayoría de tres quintos (210 votos). Su mandato tiene una duración de nueve años y los elegidos designan a su vez al presidente a los responsables de las dos secciones.

La presidencia del órgano fiscalizador se va renovando cada tres años entre los consejeros. Por eso, este mandato de 2012 comenzó con Ramón Álvarez de Miranda al frente de la institución y ahora el puesto lo ocupa María José de la Fuente.

El Gobierno ha suscrito un contrato de 18.000 euros con la Universidad de Barcelona para la recopilación de información sobre las personas que siguen enterradas en la cripta del Valle de los Caídos cuyos familiares quieren recuperar sus restos.

Se trata de un proceso previo a la futura exhumación de los cuerpos que sea posible recuperar y que servirá para dar una primera respuesta a las peticiones recibidas por parte de los familiares de los que yacen allí enterrados.

El objetivo es recabar y compilar de forma pormenoriazada toda la información existente sobre cada una de las víctimas de las que se haya recibido una solicitud de exhumación. La idea es hacer fichas que incluyan su perfil biográfico, su registro penal o represivo si existiera, el proceso técnico y administrativo de traslado al Valle de los Caídos y la documentación relativa al registro de entrada en el monumento.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática entregará estas biografías a los familiares, que adoptará la forma de dosier personalizado con respecto a cada una de las víctimas, como parte del proceso de reparación, según detalla el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a varios diputados de Vox, que pidieron cuentas por el contrato menor de 18.000 euros suscrito con este fin con la Universidad de Barcelona.

UNA EXPERTA EN LA MATERIA

En su escrito, Moncloa explica que se ha elegido a esta universidad porque allí ejerce la doctora Queralt Solé, Profesora Agregada de Historia Contemporánea, que es «una de las principales y más experimentadas especialistas en España sobre el Valle de los Caídos».

Los trabajos de Solé, señala el Gobierno, se han centrado de manera específica en el proceso de traslado de cuerpos de víctimas de la Guerra Civil hasta sus criptas, temática en la que sus investigaciones son pioneras, «lo que la configura como la investigadora más adecuada para llevar a cabo este encargo, atendiendo a su alto grado de especialización y conocimiento del Valle de los Caídos».

Solé publicó en 2008 ‘Els morts clandestins’ (Los muertos clandestinos), el primer estudio integral sobre fosas comunes de la Guerra Civil en Cataluña, donde se hacía una síntesis exhaustiva del proceso social, político y administrativo de los traslados de cuerpos de víctimas de la Guerra Civil al Valle de Cuelgamuros desde Cataluña.

Además, esta historiadora ha formado parte del equipo de investigación de varios proyectos del Plan Nacional de I+D+i, todos ellos dedicados al análisis científico del proceso de exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil, en una perspectiva interdisciplinar, transnacional y comparada.

Asimismo, el Gobierno subraya que Solé, «por su formación historiográfica y por su trayectoria de investigación, dispone de un profundo conocimiento de los fondos documentales existentes sobre esta materia, así como de las herramientas metodológicas necesarias para manejar con solvencia las fuentes archivísticas disponibles».

NIEGA INCOMPATIBILIDAD

Por otra parte, el Gobierno ha negado que el antropológo forense especialista en exhumaciones Francisco Etxebarria Gabilondo, contratado como asesor en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, haya incurrido en incompatibilidad, como apuntaba Vox en otra de sus preguntas.

Según explica el Ejecutivo, Etxebarria cesó el 31 de julio de 2017, como presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, así como del Instituto Aranzadi para el Desarrollo de Proyectos, Sociedad Limitada Unipersonal (del que es socio único la Sociedad de Ciencias Aranzadi). Esta entidad se ocupa, entre otras cosas, de labores de exploración de fosas.

Dicho instituto, señala Moncloa, elevó a público el acuerdo del Consejo de Administración relativo a dicho cese, revocación de poderes e inscripción en el registro mercantil, pero la sociedad no lo realizó hasta diciembre de 2020 por «razones ajenas al asesor».

El presidente del Gipuzko Buru Batzar (GBB) y portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha asegurado que los pactos entre nacionalistas en Euskadi «han entrado en vía muerta» porque EH Bildu «lo único que está persiguiendo es la mayoría numérica para desplazar al PNV como sea y con quien sea».

En una entrevista que este domingo publica Deia, Egibar se ha referido al cumplimiento de un año de pandemia y se ha mostrado convencido de que «las instituciones vascas, con Osakidetza en primera línea, ha respondido con solvencia, señal inequívoca de que es una institución sólida».

«Si no fuera sólida no hubiera sido capaz de responder. El sistema sociosanitario ha respondido y el conjunto de las instituciones también, desde ese concepto que no es nuevo en Euskadi, como es el de la corresponsabilidad institucional», ha asegurado.

En este contexto, cree que la oposición «tiene como misión controlar al Ejecutivo pero, por ejemplo, la primera fuerza de la oposición desgraciadamente no ha querido unirse a esa corresponsabilidad». «Y digo desgraciadamente porque estoy convencido que los acuerdos tienen un efecto multiplicador», ha indicado.

Egibar ha señalado que «en vez de detectar al virus como objetivo, y combatirlo una vez detectado», EH Bildu «ha cambiado de objetivo y ha combatido y siguen combatiendo al entramado institucional, y en concreto al PNV y al lehendakari».

«Creo que eso es un error y ellos han decidido actuar de esa manera pensando que la pandemia o la proyección en el tiempo de la pandemia puede suponer un desgaste tal que el PNV se resentirá y perderá el voto popular», ha dicho.

A su juicio, esta postura «es una equivocación» pero «siguen actuando de la misma manera». «Yo creo que falta un poco de madurez política en la izquierda abertzale para que entren en parámetros de corresponsabilidad. La defensa del bien común exige corresponsabilidad política y no estrategias destructivas», ha indicado.

Por otra parte, ha asegurado que «hay una cuestión de fondo que Bildu siempre soslaya». «Nosotros hacemos un planteamiento a Bildu que no le gusta: la construcción nacional y la construcción social son dos caras de la misma moneda. Bildu no admite eso, no lo hace por su historia y por su fracaso estratégico. Le produce auténtico vértigo entrar a acordar con el PNV en escenarios socioeconómicos o en temas presupuestarios», ha añadido.

A su juicio, «lo único que está persiguiendo» la coalición soberanista «es la mayoría numérica para desplazar al PNV». Los acuerdos entre abertzales han entrado en vía muerta porque Bildu busca desplazar al PNV como sea y con quien sea», ha apuntado.

Joseba Egibar ha señalado que, en política «hay que proponer temas y proyectos que precisen la concurrencia, y la corresponsabilidad y a Bildu no hay que dejarle escapar de los acuerdos. Y huye de los acuerdos. No quiere la corresponsabilidad».

Según ha lamentado, en la crisis generada por la covid, la estrategia de EH Bildu «ha sido inconsistente». «Esto de cuestionar todo, pontificando y sin corresponsabilidad… En situaciones de emergencia y calamidad la oposición tiene que ayudar y colaborar con el Gobierno, sin pretender suplir a Osakidetza», ha advertido.

Por otra parte, cree que en la relación existente entre la coalición soberanista en Navarra y en Madrid «hay un estado de necesidad». «El PSOE tiene en Nafarroa una necesidad y en el Congreso de los Diputados otra. Y el PSOE sabe que Bildu tiene un estado de necesidad, que son los presos. Si el PSOE tiene un estado de necesidad Bildu ahí estará», ha explicado.

CATALUÑA

Preguntado por si el acuerdo en la Mesa del Parlamento en Cataluña entre las fuerzas soberanistas puede llevar a un pacto en el Gobierno de la Generalitat, ha afirmado que «es el primer paso para proyectar una mayoría absoluta en la acción de gobierno para los temas relacionados con la crisis socioeconómica».

«Pero también, como algo más de fondo, para lo que deviene de la relación entre Cataluña y el Estado español o, en su caso, la de Euskadi con el Estado español. Creo que ahí tenemos una materia común en torno al modelo de Estado, y que sería bueno que, de manera coordinada, catalanes y vascos pudiéramos presentar una reflexión compartida en torno al modelo de Estado para que el PSOE y Podemos entren a ese debate», ha apuntado.

Egibar cree que, pese a que «el PSOE y Sánchez estaban en el 155» y «no han dejado de estar», han visto «un problema político de fondo al que le tienen que aportar alguna solución desde el diálogo y la negociación política». «En ese voto independentista late una exigencia de arreglo, acordado y no impuesto, y eso es lo que va a permanecer», ha manifestado.

También cree que, al «existir el problema político de fondo» y una «judicialización del problema», desactivar «toda esa maquinaria judicial que actuó a la par que la estrategia política va a costar». «En política la paciencia democrática aplicada a un objetivo claro creo que es una cuestión clave. Al objetivo claro hay que aplicar las mayorías y la paciencia democrática, y el Estado en algún momento tendrá que adentrarse en ese debate para encontrar una solución», ha apuntado.

TRANSFERENCIAS

Joseba Egibar se ha referido también a la negociación de las transferencias, para destacar que el cronograma pactado a finales de la legislatura anterior «ha tenido un nuevo retraso, va teniendo retrasos puntuales que suman meses». «Veremos si se convierte en realidad», ha dicho.

Según ha defendido, el Estatuto completo «tendría que ser saneado», porque «la afección que ha tenido con todas las sentencias del Constitucional va a requerir de esa restauración, además de sentar las bases o principios para un nuevo estatus».

«Si algo demuestra el tiempo transcurrido, desde el 79, es que el Estatuto sí tuvo y tiene base política y tiene anclajes suficientes como para proyectarse en el futuro, pero el hecho mismo de que hayan pasado más de cuatro décadas significa que ese edificio estatutario tiene unas debilidades o una fatiga estructural, porque no ha sido cumplido. El estatus de relación entre Euskadi y el Estado español precisa de una renovación», ha explicado.

La renovación debe darse, según el presidente del PNV de Guipúzcoa, «desde el reconocimiento del sujeto político y jurídico», de forma que, «sobre el anclaje de los derechos históricos y la voluntad libre y democráticamente expresada de la ciudadanía vasca, se pueda abrir una negociación para que pactando un fondo de poder se preserve no solo la singularidad sino el derecho del pueblo vasco a definir su futuro».

«Ese es el debate. Euskadi y Cataluña, desde el derecho a decidir de nuestros pueblos, deberíamos proponer al Estado un nuevo modelo de relación y convivencia política», ha dicho.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que le parece una «gilipollez» escuchar hablar del supuesto ‘milagro extremeño’, tras pasar en un mes de ser la comunidad con mayor incidencia de casos de Covid-19 a la que menos, y atribuye esa reducción «a un ejercicio de responsabilidad» de toda la sociedad extremeña.

«De milagro nada», ha señalado Vara, quien ha afirmado que no cree en «titulares» llamativos como este, al tiempo que ha lamentado que la expresión corriera de un medio de comunicación a otro, porque «los ciudadanos tienen memoria y saben lo que hay», en alusión a que «los malos y buenos momentos se van intercambiando».

«Un esfuerzo que no tiene nada de milagroso», ha insistido Vara, quien ha remarcado que los extremeños «no somos mejores que nadie», y que todas las comunidades han actuado «en función de lo que creía mejor» para sus ciudadanos.

En este sentido, ha señalado que le resulta «obsceno» ver en este escenario a «algunos presidentes salir a presumir. «Me produce pudor, que nadie presuma de nada en este escenario», porque en esta situación «nadie puede permitirse el lujo de presumir de nada».

Por otro lado, en una entrevista en la Cadena Cope, ha dicho que ya se está trabajando con el fin de que las anunciadas ayudas a las empresas pueda tramitarse lo antes posible.

Según ha dicho, en el último Consejo de Gobierno del pasado viernes se abordó la forma en la que se deben ir canalizando estas ayudas, tanto las de la propia comunidad, que ha puesto sobre la mesa 60 millones de euros, como la parte que le corresponda de los 7.000 millones anunciados por el presidente Pedro Sánchez para el comercio, la hosteleria y la turismo.

Al respecto, ha señalado que ha pedido a sus consejeros que hay que hacer llegar estas ayudas «al bolsillo de los empresarios cuanto antes», y para ello habrá que «simplificar los procedimientos» en la medida de lo posible.

Unas cuantías que supondrán una «ayudita» con la que empresarios y autónomos puedan hacer frente a «estos meses tan complicados, en los que ha estado la caja de los gastos abierta y la de los ingresos cerrada», a pesar, ha reconocido una vez más, de que no son causa de los contagios, sino la movilidad que generan sus actividades, y cuyas reivindicaciones comprende.

Y es que, según ha señalado, «el principio del fin» de la crisis sanitaria, social y económica no llegará con la desaparición del virus, sino la «desaparición de las consecuencia que el virus ha producido».

Fernández Vara ha repasado la actuación de su ejecutivo al cumplirse un año de la declaración del estado de alarma, que ha sido «la historia de cerrar y aflojar, cerrar y aflojar…, porque si no hay salud no hay economía, y sin economía no se puede pagar el sistema sanitario, y combatir la pandemia y las consecuencias no sanitarias del virus».

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha señalado que el Ejecutivo «no funciona a golpe de advertencia de Ortuzar» ni «desfila al son de sus puñetazos en la mesa». Asimismo, recuerda que «el compromiso» es que en 2022 esté completado el Estatuto de Gernika, cuestión que da por seguro ya que «se está trabajando para que eso sea una realidad».

En una entrevista concedida a El Correo, Itxaso afirma además que, en el caso de la transferencia de prisiones, el Gobierno vasco va a recibir una gestión «absolutamente alineada» con una política penitenciaria reinsertadora y resocializadora.

Por otro lado, sostiene que «con la vacunación en marcha y con los fondos europeos en puertas», nada indica que la legislatura en el Estado vaya a ser breve.

Tras asegurar que el Gobierno central «no funciona a golpe de advertencia de Ortuzar», afirma que el presidente del EBB le recuerda a «aquel gallo que pensaba que el sol salía todas las mañanas para saludarle».

«Quiere hacer ver que el Gobierno desfila al son de sus puñetazos en la mesa y eso no es así. El Gobierno funciona al ritmo de reuniones leales y de colaboración como la que se produjo el 25 de enero en Moncloa con el lehendakari, de la que luego se han derivado una serie de citas institucionales», justifica.

Asimismo, afirma que no le arrienda la ganancia a Ortuzar si quiere buscar la estabilidad que «por lo visto no encuentra en el Gobierno de coalición en un PP que está en fase de extinción en Cataluña y en Euskadi y en mudanza hacia lo desconocido en el resto de España».

CALENDARIO DE NEGOCIACIONES

Según defiende, el Gobierno tiene plena voluntad de cumplir los compromisos adquiridos respecto al cumplimiento del Estatuto y recuerda que «hay un calendario de negociaciones, que no de traspasos».

«El Gobierno vasco sabe que a veces no basta con la mera voluntad. Hace falta entrar en el detalle y la letra pequeña. El primer bloque está muy avanzado y pronto tendremos noticias al respecto», expresa.

Asimismo, recuerda que «el compromiso» es que en 2022 esté completado el Estatuto, cuestión que da por seguro ya que «se está trabajando para que eso sea una realidad».

Cuestionado si la transferencia de prisiones implicará que en Euskadi pase algo similar con los presos de ETA a lo que pasa en Cataluña con los del procés, Itxaso dice que «en absoluto».

«Hay que hacer un reconocimiento sincero a los funcionarios de prisiones y a su tarea por la resocialización y la reinserción. Me parece importante que el nuevo titular, el Gobierno vasco, sea capaz de aprender de la experiencia acumulada de esos funcionarios. Sería injusto pensar que hay una mirada adanista y que la tarea de reinserción vaya a empezar ahora», expresa.

A su entender, el Gobierno vasco va a recibir una gestión «absolutamente alineada» con una política penitenciaria reinsertadora y resocializadora.

«Si el lehendakari ha anunciado la propuesta para que expresos arrepentidos puedan dar testimonio pedagógico y reparador en las aulas, es gracias a que el sistema penitenciario ha facilitado que esas personas hagan una reflexión autocrítica y un tránsito personal de reconocimiento del daño causado», expresa.

Por otro lado, rechaza que el Gobierno se equivocase al organizar el acto de destrucción de las armas de ETA y cree por contra que «era una fotografía muy necesaria para desmontar los intentos burdos de ETA de presentar el abandono de las armas como una concesión graciosa a la sociedad».

VACUNACIÓN

Por otro lado, destaca que «parece que hay una modulación de la estrategia de almacenamiento que llevaba a cabo el Gobierno vasco» con la vacunas y también se han abierto a la posibilidad de vacunar en grandes espacios, lo que es «bueno».

De este modo, afirma que las dosis a Euskadi han llegado al mismo ritmo que en el resto de comunidades autónomas y «sin embargo íbamos los últimos».

Por último, afirma que la mejor manera de celebrar el resultado que se dé en la final de Copa entre Athletic y Real Sociedad será «en casa con un bocata y delante de la tele». «Tenemos que ser muy prudentes, porque nos estamos jugando muchas cosas que no pesan sobre la conciencia, pesan sobre el alma», al tiempo que considera «coherente» que el lehendakari no acuda a Sevilla a ver el encuentro.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha denunciado que el Partido Popular «tiene en marcha una nueva trama de corrupción» y está teniendo «comportamientos mafiosos» al querer «comprar» a gente de Ciudadanos.

Sin embargo Bal ha asegurado que la formación que lidera Inés Arrimadas no se va a vender: «Tenemos dignidad y creemos en la regeneración, la libertad y la limpieza de lo público».

«Esos comportamientos mafiosos que hemos visto en Murcia quieren extenderlo a toda España. Hemos cometido errores pero no hemos cometido delitos», ha reconocido este domingo Bal en declaraciones desde la sede de Ciudadanos.

El portavoz de la formación naranja ha alertado de que el PP «quiere comprar voluntades, quiere comprar personas, han abierto su caja B y están dispuesto a pagar lo que haga falta para comprar a gente de Ciudadanos», ha afirmado.

Frente a ello, ha destacado que Ciudadanos no se ha comportado «de forma inmoral» y que «nunca» se han comportado «de manera mafiosa», ya que es un partido «honesto» que «no recibe sobres, no roba vacunas, no roba dinero, no compra voluntades». «Por eso somos tan molestos, no lo vamos a consentir, no nos vamos a rendir, no vamos a bajar los brazos», ha sentenciado.

En su opinión, es una noticia «triste, lamentable, indignante» que en lugar de pelear contra la corrupción, el PP «quiera corromper España» y que, en lugar de combatir los problemas de los españoles, «quiere combatir y destruir a Cs».

Durante su intervención Bal ha cargado durantemente contra el PP y ha dicho que es el partido «de los privilegios», el que se cree que los cargos públicos «no son ciudadanos normales» y el de «la caja B que tiene una caja fuerte en el despacho de su tesorero llena de billetes y de sobres».

Durante su intervención, el de la formación naranja ha insistido en que durante las próximas semanas se llevará a cabo «esta operación del PP en toda España para comprar a gente de Cs», personas que se metieron en política, en su opinión, «no para defender la honradez y la limpieza, porque se van al partido de Bárcenas, al partido de los sobres que tiene que dejar su sede porque está sucia».

«Dicen que tienen sus puertas abiertas para recoger tránsfugas, nosotros tenemos las puertas cerradas para la corrupción. Tenemos las puertas abiertas para los españoles decentes, honrados, que quieren pelear contra la corrupción que nos ha traído el bipartidismo», ha asegurado.

En este sentido, Bal se ha dirigido a todas esas personas «honestas, honradas, que tienen dignidad» y que creen en el proyecto de centro de Ciudadanos: «No nos vamos a vender, tenemos dignidad, creemos en la regeneración, en la limpieza de lo público, en la libertad».

Igualmente, ha añadido que hay muchas personas en Ciudadanos «valientes, honradas», que van a «seguir teniendo su casa» en una sede de las que no se tienen que ir porque «es una sede limpia». «Yo nunca me voy a vender, nunca me voy a ir de aquí, solamente tengo este partido, solo tengo Cs. Nunca nos venderemos», ha apostillado.

El portavoz de Ciudadanos ha recordado que este domingo hace exactamente un año que se declaró el estado de alarma y comenzó el confinamiento para frenar la transmisión del coronaviurs. Así, ha lamentado que ha sido «el peor año» de la vida de los españoles, con «mucho miedo, inseguridad, empresas cerradas, desempleo, muerte, hospitales y contagios».

No obstante, ha defendido que Ciudadanos «ha estado ahí» durante este año, «con sentido de Estado, haciendo política útil, siendo responsables, a la altura del momento de la historia» que ha tocado vivir, «con soluciones» y «al lado de los españoles».

«Sólo pensando en ellos, nunca pensando en el rédito político como hacían otros, porque somos un partido honesto lleno de gente honrada, un partido limpio. Para defender a los españoles tuvimos que escoger el camino más difícil, hemos querido construir puentes en la política para ofrecer soluciones desde el centro», ha explicado Bal.

El PSOE defenderá este martes en la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso una iniciativa con la que busca que el Gobierno promueva una campaña contra la LGTBIfobia en el deporte en general y, especialmente, en el fútbol, y a tal fin plantea que se interrumpan durante cinco minutos los partidos o eventos deportivos cuando se registren gritos o actitudes homófobas.

Los socialistas justifican la presentación de esta proposición no de ley ante la «gran hostilidad» que aseguran que existe en el deporte en general, particularmente en el fútbol, hacia la presencia personas LGTBI visibles entre la afición, los equipos técnicos, directivos y deportivos.

En concreto, reseñan que los estudios sobre la población LGTBI revelan que al menos el 6% de la población europea se considera miembro de este colectivo, lo que, según sus cálculos, supondría que «en España alrededor de 1,3 millones de personas LGTBI practicarían deporte y 270 de los 4.453 deportistas de alto nivel que tenía catalogados el Consejo Superior de Deportes en 2017 pertenecerían a este colectivo».

«MUY POCOS» PROFESIONALES RECONOCEN SU HOMOSEXUALIDAD

Y, por disciplinas, calculan que habría «algo más de 42.000 futbolistas LGTBI federados», según los datos oficiales de 2016, entre los cuales 142 lo harían como profesionales. Sin embargo, lamentan que «muy pocos» deportistas han reconocido pertenecer a este colectivo.

Por ello, con su propuesta, el PSOE pretende que el Consejo de Superior de Deportes impulse una campaña de sensibilización, formación y de lucha contra la LGTBIfobia, que podría incluir también la lucha contra el racismo, la xenofobia y la violencia por razones de odio, y que iría destinada a los deportistas, la afición, los directivos, los técnicos, los medios especializados y la sociedad en general.

En concreto, sugiere modificar el Protocolo de actuación para el restablecimiento de la normalidad en competiciones, pruebas o espectáculos deportivos al que se refiere el artículo 15.2 de la Ley contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Y TAMBIÉN LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Ese artículo señala que el árbitro o juez deportivo podrá suspender provisionalmente el evento deportivo cuando existan conductas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes, y los socialistas quieren que también se incluya en esa relación actos conductas «intolerantes» contra la comunidad LGTBI o la violencia contra las mujeres».

La proposición del PSOE también emplaza al Gobierno a fomentar, en el marco de sus competencias, cursos hacia personal directivo, técnico y deportivo, de respeto a la diversidad y, en general y a la realidad de las personas LGTBI en particular, al modo de los que imparte la asociación Deporte y Diversidad en la Comunidad de Madrid.

Seis de cada diez estudiantes universitarios españoles creen que no están preparados a nivel profesional cuando salen de la universidad, según los datos de la encuesta de Fundación Universidad-Empresa (FUE).

El estudio indica que un 90% de los estudiantes opina que es necesaria una formación adicional para adecuar su perfil a lo que demandan las empresas, y un 22,5% asegura dedicarle más de 4 horas a la semana a la formación complementaria.

Según la directora de Operaciones de Fundación Universidad-Empresa (FUE), Carmen Palomino, «el objetivo de esta encuesta es escuchar a los jóvenes, conocer su opinión sobre la realidad actual, cómo les está afectando en el campo de la universidad y, sobre todo, cómo creen que la situación está afectando al mundo profesional y, por lo tanto, a su futuro».

Respecto a la salida de talento joven del país, el 73,1% de los universitarios españoles apuesta por desarrollar su carrera profesional en España frente al 26,9% que preferiría trabajar en el extranjero.

Asimismo, casi un 30% de los encuestados estudiaría un FP en lugar de una carrera en la universidad si pudieran elegir de nuevo. En lo relacionado con la inserción laboral, un 60% cree que la universidad no es la mejor vía para llegar al mundo laboral y que, según el 74% de los participantes, habría que incluir más prácticas en las carreras para mejorar esta situación.

Para Palomino, estos datos «son un claro reflejo de la apuesta que se está haciendo en los últimos tiempos desde el mundo empresarial por la FP». En ese sentido, ha dicho que la Formación Profesional «permite al alumno adquirir en tan solo 2 años unas competencias 100% adaptadas a las necesidades de las empresas y con una formación muy práctica». «Es algo que se está poniendo en valor y los jóvenes son conscientes de ello», añade.

En materia de planes de estudio, el 70% de los encuestados opina que la universidad no cuenta con opciones ágiles y flexibles. «Esta adaptación de las necesidades del mundo empresarial a sus planes formativos no es posible a corto plazo por cuestiones burocráticas, pero esto no tiene por qué significar que la universidad no esté trabajando en ello», precisa Palomino.

«Nosotros desde FUE queremos poner en valor nuestro conocimiento para ejercer de puente entre la universidad y la empresa y seguir mejorando la empleabilidad de los universitarios», indica la directora de Operaciones de FUE.

«Todos nuestros programas formativos están desarrollados junto a universidades de renombre, como la Universidad de Alcalá o la Universidad Autónoma de Madrid, con el fin de mejorar la empleabilidad de los jóvenes», asegura Palomino, que recuerda que los programas de prácticas de Fundación Universidad-Empresa ofrecen becas a una media de 6.000 estudiantes cada año.

PRÁCTICAS PROFESIONALES

En relación con las prácticas, un 95,1% asegura que son necesarias antes de acabar la carrera. Los encuestados aseguran encontrar estas plazas de prácticas a través de los portales de empleo o prácticas (82,4%), por delante de la propia universidad (68,9%) y de amigos y conocidos (39,2%).

Preguntados sobre si harían unas prácticas 100% online, el 67,3% responde que no, fundamentalmente porque aseguran estudiar carreras que no se pueden desarrollar de forma online. Del 32,7% de encuestados que apuestan por esta modalidad de prácticas, el 76,6% explica que prefieren las prácticas online frente a las presenciales por su flexibilidad y un 67,4% por la facilidad de compatibilizarlas con sus estudios.

En este punto, la directora de Operaciones de la FUE asegura que estos datos representan la realidad, ya que las prácticas continúan siendo «una de las principales fuentes de formación para el talento joven». «Mejoran sus capacidades y conocimientos, además de facilitar su inserción en el mundo laboral, algo que, precisamente en las circunstancias que vivimos desde hace unos meses, hay que reforzar más que nunca», asegura.

Sobre qué creen que valoran las empresas en un perfil profesional, el trabajo en equipo lidera la lista con un 65,4%, seguido de la experiencia (64%) y la adaptabilidad (54,1%). Todas estas opciones son conocidas como competencias transversales, en las que casi un 98% de los encuestados creen.

Finalmente, a la hora de elegir una empresa, el salario, el plan de carrera y la innovación son las opciones más valoradas por los jóvenes, que ven a la empresa como un espacio donde aprender (73,3%) y aportar ideas (68,2%).

Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la emplaza al Gobierno a reformar la conocida como Ley de Transparencia para regular la obligación dar publicidad periódica sobre los currículos y el desempeño concreto de todos los asesores y personal eventual del Ejecutivo.

Los de Santiago Abascal justifican la presentación de esta iniciativa, en el crecimiento «exponencial» del personal eventual que ha supuesto el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias respecto de anteriores legislaturas.

A su juicio, este crecimiento «inadecuado y excesivo» de asesores no se ciñe únicamente a una cuestión presupuestaria, sino que también supone un «despilfarro» de los recursos públicos «en materia de talento, mérito, rendimiento», al no ser utilizados, según Vox, para realizar las funciones que desempeña el personal eventual.

PARA DEVOLVER FAVORES O REPARTIR PUESTOS CODICIADOS

«La sociedad española observa con lógica sospecha esta clase de nombramientos legítimos y ajustados a la ley, pero frecuentemente empleados con fines espurios», señala Vox en su propuesta, donde añade que la «discrecionalidad» no puede utilizar como instrumento «para devolver favores o catapultar a puestos codiciados con poca o nula trayectoria y experiencia profesionales».

Por ello, Vox sostiene que los españoles tienen derecho a conocer quiénes son esos cargos de confianza, así como los datos de interés públicos relacionados con ellos, como trayectoria profesional, retribución exacta, funciones asignadas o dependencia jerárquica, con el fin de mejorar la cultura de transparencia, rendición de cuentas de los poderes públicos y calidad de las instituciones españolas.

«Los representantes públicos deben corresponder a la creciente demanda social y establecer como objetivo general la implantación de una política de transparencia en materia de persona — y en particular, del eventual– más responsable y clara, que rinda cuentas y se someta al saludable escrutinio público».

Y FOMENTAR LA CULTURA DE TRANSPARENCIA

Así, el partido que capitanea Abascal insta al Ejecutivo a modificar la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que data de 2013, para añadir una disposición que obligue a la publicidad activa y periódica actualización de la información relacionada con el personal eventual: identificación, departamento u órgano para que el desempeñan sus servicios, currículum, funciones asignadas y justificación de su adecuación al puesto, nombramiento, retribución y agenda.

Y, en este sentido, llama a fomentar entre el personal eventual al servicio de los organismos y entidades dependientes o adscritas a la Administración General del Estado una cultura de transparencia y gobierno abierto «proactiva» consistente, entre otras medidas, en la publicidad, sin solicitud previa, de información de interés público.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 27 años de prisión para la dirigente de ETA Soledad Iparraguirre Genetxea, ‘Anboto’ por un delito contra la Corona finalidad terrorista y otro de depósito de armas de guerra relacionados con el intento de asesinato de Juan Carlos I con ocasión de su asistencia a la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao el 18 de octubre de 1997. Los hechos serán juzgados el próximo miércoles en la Audiencia Nacional.

Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, entre 1993 y hasta, al menos, diciembre de 1997, Iparraguirre asumió la dirección y coordinación de los comandos «legales» de la banda terrorista, es decir de aquéllos integrados por personas no identificadas policialmente.

En el año 1996 se conformó el comando «Katu», integrado por los ya condenados por estos hechos Eneko Gogeaskoetxea Arronategui y Kepa Arronategi Azurmendi, los cuales recibieron el pertinente adiestramiento en el uso de armas y explosivos y en la fabricación de los mismos. Anboto, según la acusación fiscal, ordenó a Eneko Gogeaskoetxea Arronategui y Kepa Arronategi Azurmendi que mataran al Rey de España con ocasión de su asistencia a la inauguración del MuseoGuggenheim de Bilbao.

DESTRUIR CON GRANADAS

El asesinato debía cometerse «siempre y cuando ello no implicara el riesgo de afectar a personas ajenas al aparato del Estado, en cuyo caso se limitarían a atacar el museo con la finalidad de destruirlo por medio del lanzamiento de granadas».

Para la ejecución de la orden dada por la acusada, en fecha no concretada pero aproximada al mes de septiembre de 1997, ésta proporcionó a los citados integrantes del comando «Katu», 12 granadas autopropulsadas Mecar de calibre 83 (10 anticarro y dos antipersona), cuya carga inflamadora estaba constituida por pólvora negra.

Dada las características de estas granadas, habrían perforado las paredes del museo, accediendo a su interior y provocando su destrucción y la muerte de cuantas personas se encontraran en su interior o aledaños.

El día 13 de octubre, «en ejecución de las instrucciones dadas por la acusada, los ya condenados por estos hechos, cargaron las granadas ocultas en unas jardineras en una furgoneta a la que, para evitar su identificación, sustituyeron sus placas de matrícula y se dirigieron hasta las inmediaciones del museo.

Tras descargar una de las jardineras, fueron sorprendidos por dos agentes de la Ertzaintza por lo que huyeron, no sin antes disparar contra uno de los agentes y causarle la muerte.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el mandatario francés, Emmanuel Macron, mantendrán este lunes su primera cumbre bilateral en un contexto marcado por la pandemia y con un fuerte carácter simbólico por el marco elegido para su celebración, la localidad de Montauban, donde está enterrado Manuel Azaña.

Esta localidad de la región de Occitania (sur) ha sido el escenario elegido por ambos para la XXVI cumbre hispanofrancesa, la primera entre ambos países desde la celebrada en Málaga 2017 y que reunió entonces a Mariano Rajoy y François Hollande.

No obstante, Sánchez y Macron han mantenido otros encuentros previos en distintos marcos, el último de ellos el pasado diciembre cuando el presidente del Gobierno viajó a París con motivo del 60 aniversario de la OCDE y luego tuvo que guardar cuarentena después de que el mandatario galo diera positivo por COVID-19.

En Moncloa resaltan el hecho de que se celebre la cumbre, en la que solo estarán de manera presencial los dos presidentes mientras los ministros participarán por vía telemática, ya que Francia no ha celebrado encuentros de este tipo en las últimas semanas por la situación sanitaria.

De hecho, la COVID-19 y la respuesta frente a ella será uno de los platos fuertes de la agenda. Pese a la gran sintonía que han venido mostrando Sánchez y Macron en muchos temas europeos, el presidente francés es de los más reticentes en lo que se refiere a la creación de un ‘pasaporte’ de vacunación en el seno de la UE para facilitar la movilidad.

Esta es, sin embargo, una de las grandes apuestas del Gobierno español para recuperar el turismo de cara al verano, de ahí el que además de ser uno de los países que más está empujando en este sentido dentro de la UE también está promoviendo una iniciativa que va en la misma línea en la OCDE. Así, pues, según las fuentes, Sánchez defenderá su postura ante Macron.

En la agenda del encuentro también estará muy presente la recuperación económica tras la pandemia y en este apartado, según fuentes gubernamentales, Sánchez incidirá en la importancia de las interconexiones eléctricas y ferroviarias, muy relacionadas con la lucha contra el cambio climático y con la transición verde por la que se apuesta desde el Gobierno.

Los dos mandatarios también tendrán ocasión de abordar otros asuntos de ámbito europeo y bilateral, como la necesidad de avanzar en el pacto europeo de migración y asilo o en la importancia de que haya un correcto funcionamiento del espacio Schengen, han precisado las fuentes.

AMPLIA PARTICIPACIÓN DE MINISTROS, AUNQUE TELEMÁTICA

El formato de la cumbre prevé un encuentro entre Sánchez y Macron seguido de un almuerzo de trabajo, que se celebrará en la sede de la prefectura de Tarn-et-Garonne, el departamento del que es capital Montauban. A continuación, tendrá lugar la sesión plenaria, en la que participarán las delegaciones de ambos Gobiernos.

En la cumbre, según Moncloa, se prevé la participación de los cuatro vicepresidentes del Gobierno, así como los ministros de Exteriores, Interior, Defensa, Justicia, Transportes, Trabajo, Educación y Universidades. Todos ellos mantendrán encuentros bilaterales previos con sus contrapartes franceses.

Tras la rueda de prensa de rigor de los dos presidentes, ambos tienen previsto trasladarse al cementerio de Montauban, donde está enterrado Azaña, para depositar una corona de flores.

Según han explicado fuentes gubernamentales, la elección de Montauban para albergar la cumbre se ha hecho con vistas a rendir homenaje no solo a Azaña, de cuya muerte se cumplieron 80 años en 2020, sino también a los republicanos españoles que se exiliaron en el país vecino, muchos de los cuales lucharon luego contra el nazismo y murieron en campos de concentración.

Además, uno de los principales puntos de la cita será la firma de un convenio de doble nacionalidad entre los dos países, algo «excepcional» según Moncloa, ya que este tipo de acuerdos solo los hay con contados países y hasta ahora no había ninguno europeo.

También este paso tiene que ver con el reconocimiento a aquellos españoles que se exiliaron en Francia y a las generaciones que les siguieron, algunos de cuyos miembros desempeñan actualmente papeles destacados en la vida política y social del país vecino, han resaltado las fuentes.

Por último, según ha informado el Elíseo, está previsto que Sánchez y Macron también hagan un homenaje a las víctimas del atentado registrado el 15 de marzo de 2012 en esta localidad francesa. Aquí, Mohamed Merah, un francés de origen argelino, mató a dos soldados, pero en los días previos y posteriores el terrorista se cobró la vida de otras cinco personas antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad en Toulousse.

La cooperación antiterrorista entre España y Francia es muy estrecha y también estará en el menú de esta cumbre, aunque con el foco puesto en el Sahel, región por la que ambos países sienten una especial preocupación y en la que están particularmente comprometidos ante el auge del terrorismo yihadista.

Así, Francia tiene desplegada en el Sahel su operación ‘Barkhane’, con más de 5.000 efectivos y centrada en la lucha antiterrorista, mientras que España es el país con el mayor contingente en la misión EUTM Malí para entrenar a las fuerzas malienses. Además, España ofrece apoyo logístico tanto a ‘Barkhane’ como a la Misión de la ONU en Malí (MINUSMA).

Por otra parte, coincidiendo con la cumbre hispano-francesa, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tiene prevista una reunión telemática con el presidente de la Asamblea Nacional francesa, Richard Ferrand, con vistas a reforzar las relaciones parlamentarias e impulsar la colaboración institucional.