El presidente de CRUE Universidades Españolas y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, asegura que el tiempo ha dado la razón a los rectores en su apuesta por los exámenes presenciales en enero, en medio de una nueva ola de contagios de Covid-19 tras la Navidad y de los efectos provocados por el paso de la borrasca ‘Filomena’.

«Al final, el tiempo nos ha dado la razón. No ha habido problemas en los exámenes presenciales, no se han producido brotes (de Covid-19), las universidades hemos facilitado, para aquellos estudiantes que han tenido dificultades por situaciones personales de Covid o de cualquier otra cosa, que puedan examinarse y no pierdan la convocatoria. Ha funcionado todo como tenía que funcionar», reivindica Gómez Villamandos en una entrevista, con motivo de su reelección como presidente de la institución.

A finales del mes de enero, CRUE emitió un comunicado asegurando que las facultades son «espacios seguros» y censurando la misiva del ministro del ramo, Manuel Castells, en la que instaba a celebrar los exámenes de forma ‘online’ y no presencial, si no había garantías de que se pudiera proteger la salud de los estudiantes y demás personal universitario.

Preguntado por este desencuentro, Gómez Villamandos afirma que «lo único que pasó» es que los rectores expusieron su «posicionamiento» y añade que «no fue un tema de enfrentamientos». «Todo el mundo se pronunciaba. Se pronunciaban los estudiantes, se pronunciaba el Ministerio y los rectores nos pronunciamos. Yo creo que, en líneas generales, se está poco habituado a que los rectores nos pronunciemos con determinada contundencia y eso sorprendió», matiza, para después añadir que «no era cuestión de cabezonería. Era buscar lo mejor para el sistema, para los estudiantes y para el profesorado».

En este sentido, el presidente de CRUE insiste en que «fue simplemente manifestar cuál era la posición de las universidades españolas» y poner en valor «todo el trabajo que se había venido haciendo por todos los trabajadores de la universidad para hacer que fuera un espacio seguro, donde se podían hacer las cosas bien», y que los exámenes presenciales «garantizaban la equidad, cosa que no garantizaban los exámenes ‘online'».

«HABÍA DOS PROBLEMAS»

Además, señala que, en buena medida, la apuesta por la evaluación presencial por parte de CRUE tiene también que ver con la posibilidad de que los alumnos tienen más fácil copiar en las evaluaciones ‘online’. Según apunta, «había dos problemas».

«Por un lado, las oportunidades no son las mismas para todos estudiantes en un examen ‘online’. Eso es la realidad», manifiesta, para después añadir que los exámenes ‘online’ «evidentemente tienen unos riesgos, eso es indudable».

También preocupaba, según manifiesta, que «el profesorado, en un exceso de celo, llegara a unos extremos de dificultades en los exámenes que tuviera un efecto rebote». «Creíamos que lo más garantista para todos, para todos, tanto para el profesorado como para los estudiantes, eran los exámenes presenciales», remarca.

Por otro lado, el presidente de CRUE comenta que en universidades «que no han tenido más remedio, por situación sanitaria o por cuestión de espacio, que hacer exámenes online», se han producido las dos situaciones que temían, es decir, «o un exceso de aprobados o un exceso de suspensos».

«Se han producido los dos escenarios. Creo que se ha actuado con bastante sentido común, con bastante lógica y buscando lo mejor para todos. No era cuestión de cabezonería, era buscar lo mejor para el sistema, para los estudiantes y para el profesorado», concluye.

La Policía Nacional ha arrestado en el aeropuerto de Barajas a un hombre de nacionalidad rumana como presunto autor de un delito de trata de seres humanos porque pretendía viajar desde Italia a Costa Rica con un niño de tres años y no fue capaz de aportar una versión coherente sobre su viaje, ni sobre la procedencia de los 11.000 dólares en efectivo que portaba.

El menor, también de nacionalidad rumana, viajaba sin la autorización necesaria de ambos progenitores. Además, consultadas las bases de datos de su país de origen, los agentes descubrieron que le habían cambiado el apellido recientemente.

La investigación se inició cuando en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas comunicaron desde el filtro de entrada que había un individuo, en compañía de un menor, que podría ser el responsable de un delito de trata de seres humanos. Los agentes del grupo especializado en la lucha contra la trata se entrevistaron con esta persona, que manifestó haber llegado desde Italia y que tenía un billete para viajar a Costa Rica haciendo escala en nuestro país.

Tras preguntarle aspectos relativos a su viaje, aseguró que el menor era su hijo, cayendo en frecuentes contradicciones, y siendo incapaz de construir un relato verosímil. Además, manifestó que no tenía trabajo ni ingresos de ninguna clase aunque portaba cinco mil dólares en la cartera y otros seis mil escondidos en la maleta, sin especificar de dónde procedían.

ESCASO EQUIPAJE Y SIN AUTORIZACIÓN

El equipaje que portaban consistía en una pequeña maleta de cabina y una mochila, insuficiente para un viaje de nueve días de un adulto y un niño. Los agentes realizaron las comprobaciones pertinentes, constatando que según la legislación rumana, los menores tienen que viajar con la autorización de los dos progenitores ante notario, documento del que el arrestado carecía.

Del mismo modo, los agentes pudieron comprobar que al niño le habían cambiado el apellido recientemente por el del detenido. El menor ha quedado bajo protección en un centro de la Comunidad de Madrid y el individuo ha ingresado en prisión por ser el presunto autor de un delito de trata de seres humanos y sustracción de menores.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha defendido que el Gobierno Vasco está «contribuyendo a contener la situación» generada por la pandemia de coronavirus, y ha mostrado su «plena confianza» en que se va a «reactivar la economía, volver a la senda del crecimiento y la recuperación del empleo». «Necesitaremos tres años para la recuperación, pero comenzará este mismo año», ha subrayado.

En el pleno de control al Gobierno Vasco en la Cámara vasca, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha preguntado al lehendakari sobre la situación de hosteleros, empresas turísticas y comercios, ya que, «desde que se declaró la pandemia, su situación ha ido empeorando día a día» sin tener «alternativa» porque «los cierres obligatorios les han condenado sin remisión, y muchos han perdido todo».

«Hay cierres de negocios, pérdida de ingresos, destrucción de empleo, escasas perspectivas de futuro, familias sin ingresos y pobreza», ha indicado.

Martínez ha criticado que el Gobierno Vasco parece «ajeno al durísimo momento que tantos empresarios del sector hostelero y tantas familias están sufriendo» y ha afirmado que «los cierres, el confinamientos y otras medidas restrictivas han condenado a la crisis a miles de personas». «En esta pandemia ustedes deciden sin informes que soporten nada», ha acusado.

Iñigo Urkullu ha defendido que las decisiones adoptadas por su gobierno para hacer frente a la pandemia son «responsables» y buscan «el equilibrio entre la protección del bien mayor, que es la salud, y el menor costo posible a la sociedad». «El único enemigo es el virus y nuestra mejor ayuda es cumplir todas las medidas con rigor y responsabilidad», ha insistido.

Además, ha afirmado que «se puede hacer una comparativa entre el cierre de determinados sectores y la incidencia en la presión hospitalaria», y también ha destacado que los datos del INE indican que se ha incrementado un 35% los procesos concursales en el sector de la hostelería en el Estado, mientras que Euskadi presenta un porcentaje del 16%.

El lehendakari ha afirmado que el Gobierno Vasco está «activando todos los medios de ayuda a los sectores más afectados» y ha recordado que esta semana el Consejo de Gobierno ha aprobado nuevas medidas de apoyo económico al comercio que se suman a las ya aprobadas para turismo, hostelería y comercio. «El año pasado aprobamos 70 millones de euros de ayudas, y este primer trimestre hemos aprobado ya 37 millones más», ha señalado.

Urkullu ha asegurado que el Gobierno Vasco está «contribuyendo a contener la situación» y ha mostrado su «plena confianza» en que se va a «reactivar la economía, volver a la senda del crecimiento y la recuperación del empleo. «Necesitaremos tres años para la recuperación, pero comenzará este mismo año», ha subrayado.

«FALTA DE RESPETO» AL LABI

Además, ha criticado la «falta de respeto absoluta» de Vox a los profesionales que conforman la Comisión Científico-Técnica del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI).

Tras subrayar que Euskadi, al igual que «el mundo entero, padece una pandemia global que ha provocado más de dos millones y medio de muertes», ha señalado que «la única manera de hacer frente a la transmisión del virus por aerosoles es limitar al máximo posible» la movilidad y las interacciones sociales, especialmente en espacios interiores.

«Esta pandemia implica aplicar severas restricciones, tanto a la forma de vida de las personas como al normal funcionamiento de negocios, actividades y empresas. Estamos adoptando decisiones responsables, buscando el mejor equilibrio entre la protección del bien mayor de la salud y el menor coste posible a la sociedad», ha reiterado.

En este sentido, ha citado medidas como los ERTE y su complemento, el protocolo para preservar la actividad económica comercial e industrial, el Fondo Covid, las ayudas directas de todas las instituciones públicas, o los programas sociales de ayuda a las personas, familias y sectores más vulnerables.

«La liquidación del presupuesto 2020 muestra que hemos destinado 851 millones de euros a gastos relacionados con la covid. Con el nuevo presupuesto, hemos aprobado el Fondo Covid, de 540 millones, y 430 millones adicionales de ayuda a las empresas. Convendría que hiciera usted una comparativa entre las ayudas aprobadas en Euskadi y las aplicadas en otras comunidades autónomas», ha señalado.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha presentado este viernes el primer estudio integral sobre la situación de la mujer privada de libertad, que representa el 7% del total de los internos, una radiografía que muestra que 7 de cada 10 prefiere las cárceles mixtas — con hombres y mujeres– y no participan en programas tratamentales. El 70% opina que tiene poca formación laboral y 9 de cada 10 afirman tener buena relación con el personal de Vigilancia.

Los datos se han presentado en el marco de la Jornada del Ministerio del Interior ‘Mujer, Igualdad y Seguridad’, que ha contado con la participación del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, el director general de Ejecución Penal, Miguel Ángel Vicente, y la subdirectora general de Relaciones Institucionales, Olga Ballesteros.

En la actualidad 3.468 mujeres están privadas de libertad. Apenas representan un 7,3% del total de la población penitenciaria, que se sitúa en 47.374 personas. Una circunstancia que «convierte la realidad penitenciaria en esencialmente masculina», según Ballesteros.

La mayoría de mujeres, como en el caso de los hombres, cumple condena por delitos contra el patrimonio y delitos contra la salud pública. El tiempo medio de condena es similar: 6 años en el caso de las mujeres, 7 en el de los hombres. Pero el porcentaje de mujeres que cumple condena en régimen de semilibertad casi duplica al de los hombres: 30% frente al 18% masculino.

INVESTIGACIÓN INICIADA EN 2019

Para conocer la percepción que la mujer presa tiene de su situación, en 2019 se puso en marcha una investigación que comenzó con el envío de un cuestionario formado por 40 preguntas. Se remitió a todos los centros penitenciarios en los que cumplen condena, tres de ellos exclusivamente femeninos -Alcalá de Guadaira, Madrid I y Ávila- y a las tres unidades de madres de la Administración General del Estado.

A partir de los 1.703 cuestionarios contestados por las internas, se elaboró el informe que, entre los datos más reseñables, pone en evidencia que solo 3 de cada 10 elegiría un centro exclusivamente femenino. En cuanto a su satisfacción con el centro penitenciario en el que se encuentran, alrededor del 70% se muestra satisfecha de estar en la prisión en la que cumplen condena. Y en la misma proporción, 8 de cada 10 no ha pedido el traslado a otro centro penitenciario.

El apartado en el que las mujeres demuestran más descontento tiene que ver con la participación en actividades ya que el 70% manifiestan que dichas actividades son «monótonas, esporádicas e insuficientes». En los centros exclusivamente de mujeres esa percepción es mayor. El mismo resultado nos arroja su participación en programas de tratamiento específicos, 7 de cada 10 no acude a ellos.

Un tercio de las mujeres trabaja en algún taller productivo. Las cifras más altas se dan en los centros penitenciarios de hombres y mujeres. En relación con el marco de convivencia, el 80% considera que su relación con el equipo de tratamiento es buena o muy buena. Sube a una 90% cuando esa relación tiene que ver con los funcionarios de Vigilancia. Sin embargo, más de un tercio considera mejorable su relación con el servicio médico.

SENSACIÓN DE DESIGUALDAD

En el capítulo de preguntas abiertas, tan sólo el 17% de las internas respondieron a las cuestiones que se les planteaban. En el grupo de edad que va de 41 a 60 años la sensación de desigualdad tiene mayor peso que en el resto. Por el contrario, es entre las jóvenes y las mayores donde aumenta la necesidad de mejorar la atención en los programas de tratamiento.

Con esos datos, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha anunciado las medidas que la Administración tomará para avanzar en la igualdad en el ámbito penitenciario, entre ellas potenciar la creación de módulos de respeto mixtos en los que, además de la normal convivencia «se garantice el acceso efectivo de la mujer a todas las actividades que se desarrollan en prisión».

En estos momentos son nueve los centros penitenciarios que cuentan con este tipo de módulos residenciales en los que conviven 121 mujeres y 543 hombres.

Además, Ortiz ha anunciado que «se resolverá a favor de la mujer cualquier situación que impida su participación en actividades que puedan desarrollar hombres y mujeres, primando la participación de ellas en aquellas en las que no intervienen o su presencia está infrarrepresentada».

Se asegurará el acceso de la mujer a todos los recursos, servicios y programas de tratamiento. El secretario general ha destacado en este punto el programa ‘SerMujer.es’ que, desde 2011, «ha empoderado a 1.700 mujeres fomentando su autoestima o ayudándoles a comprender las relaciones afectivas de una manera saludable». Ese programa permitió descubrir que el 70% de las mujeres que llegan a un centro penitenciario reconoce haber sido víctima de violencia de género antes de su ingreso.

Garantizar la perspectiva de género en todas las actuaciones penitenciarias, generalizar el lenguaje inclusivo y planes de formación para el personal penitenciario que incluyan actividades de género, son otras de las medidas que la Secretaría General «trasladará a todos los centros penitenciarios para su implantación inmediata», ha concluido Ortiz.

El exgerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), el responsable de las residencias y centros de día públicas de la Comunidad, Óscar Álvarez López, ha asegurado este viernes que los polémicos protocolos de no derivación de residentes a los hospitales vigentes durante las semanas más duras de la pandemia del coronavirus «venían marcados» desde la Consejería de Sanidad.

En la comisión de investigación sobre Residencias y Covid-19 que celebra en la Asamblea de Madrid, Álvarez López ha explicado que asumió su cargo en septiembre de 2019 pero dimitió el 30 de junio por problemas de salud. «He vivido la peor experiencia de mi vida. Me infecté en abril y tuve problemas físicos evidentes y gran ansiedad y estrés con medicación por lo vivido. Acabé destrozado y aguanté cuando concluía la primera ola por responsabilidad», ha dicho.

El compareciente ha relatado que el primer caso de coronavirus se dio en la residencia de mayores La Paz el 4 de marzo. Entonces, llegaron médicos del hospital Gregorio Marañón y se hicieron PCR a todos los residentes. Según ha señalado, hasta el día 7 la situación estaba controlada pero a partir de entonces la crisis sanitaria explotó.

«Vivimos una situación de guerra, no existía certidumbre de un virus desconocido, con unos protocolos modificándose por días. Sufrimos un desabastecimiento de equipos de protección, empezamos a perder efectivos y el miedo de los propios trabajadores a infectarse. La situación inicial era de angustia», ha indicado.

Tal y como ha explicado Álvarez, además del cierre de los centros, empezaron a tomar otras medidas como la compra de EPIs, el aislamiento por zonas, planes de contingencia, establecimiento de registros diarios de contagiados y fallecidos, medidas de distancia de seguridad siguiendo protocolos del Ministerio y de la Consejería de Sanidad.

A VUELTAS POR LOS PROTOCOLOS

Preguntado por los protocolos específicos enviados entre la tercera semana de marzo a los geriátricos para no derivar a residentes enfermos con dependencia o discapacidad a los hospitales, el exgerente de la AMAS tiene constancia de que el día 18 de marzo tiene constancia de esos documentos y dos días después saben que llegan a los centros «directamente desde los hospitales y sus servicios de Geriatría, pero no a todos».

«El día 20, una vez que se tienen constancia de varios centros, por la noche, desde la coordinación médicoasistencial de la Agencia, se remite el protocolo a las 25 residencias, como otros protocolos de sanidad mortuoria y demás», ha manifestado.

Al día siguiente, continúa el compareciente, se reunió el equipo de coordinaciones de la AMAS. «Leímos el protocolo en detalle para ver qué soporte había que hacer para lo que se establecía en los circuitos. Cuando lo analizamos en detalle ese día transmito a los directores la necesidad de plantear algunas dudas como si podían llamar las enfermeras, temas de logística… Les digo que refuercen las compras por si no pudieran acceder desde el sistema de abastecimiento de hospitales, o que familia pueda acompañar al residente en los últimos momentos», ha indicado.

Álvarez López ha subrayado que el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, se reunía con su equipo de forma diaria estos días «y se trabaja en muchos aspectos del día a día, que eran frenéticos, con reuniones con todo el mundo, viendo dónde se podían comprar EPIs, hacer contratos, etc».

En esa reunión del día 21 el interviniente ha asegurado que trasladó a Reyero su «temor y miedo» por «las situaciones que se podrían producir» si se aplicaban dichos protocolos con criterios de no derivación en determinados casos. «El consejero visualiza con base a las escalas cómo puede repercutir en las personas con discapacidad y otras personas. Reyero manifestó el desacuerdo con el protocolo. Yo visualizo su negativa que me la hace llegar, y la también la de la directora del Mayor, que lo manifiesta de una forma clara posteriormente», ha apuntado.

Al contrario que lo manifestado la semana pasada en esta comisión por el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, el exgerente del AMAS ha asegurado que dichos protocolos eran «de obligado cumplimiento, como cualquier protocolo o instrucción y se tiene que actuar conforme a eso: llamar al enlace de Geriatría del hospital y lo que se produzca».

«Es que directamente tenías que contactar. No hay otra posibilidad», ha añadido el compareciente, que ha confirmado que los residentes tampoco podían ser trasladados en ese momento al hospital de Ifema o a los hoteles medicalizados.

A preguntas de la diputada socialista Purificación Causapié, Óscar Álvarez ha respondido que esos protocolos no se aplicaron en ámbito de la discapacidad porque pelearon para que no se produjera esa discriminación y que dichos criterios «son contrarios» a la Convención de Derechos Humanos y la legislación.

«Yo no puedo afirmar que han fallecido más residentes o no por la aplicación de alguno de esos criterios. Yo tengo la seguridad que en las residencias de las AMAS se presentó atención integral a los usuarios en esos días, con los criterios de los geriatras, con las mismas medicaciones. Las residencias contaban con el personal. Yo no puedo sacar a los residentes ni trasladarlos, pero fueron tratados por nuestros equipos, donde tenemos plantillas muy sanitarizadas y a nivel material se dota de fármacos de urgencia», ha detallado.

No obstante, el exgerente de la AMAS ha informado de que en la primera ola de la pandemia, entre mediados de marzo y mediados de junio murieron en sus residencias más de mil personas por toda las causas, cuando en todo el año anterior fallecieron esa mismo número de usuarios. Una cifra de mortalidad que Causapié ascendió a 1.197, el 19 por ciento del total, según datos que le han proporcionado desde la propia Comunidad.

Por último, Álvarez López ha querido aclarar que ni él ni su coordinador médico, Primitivo Ramos, no participaron en la elaboración ni enviaron dichos protocolos de no derivación a los geriátricos, tal y como afirmó la semana pasada Carlos Mur.

Según ha explicado, el 13 de marzo desde Sanidad les citaron a él y a la directora del Plan para trasladarles un plan de actuación en residencias en lo que estaba trabajando los geriatras. Pero, ha agregado, Ramos solo participó en perfilar denominación de caso y un tema de aislamiento, «pero no participamos en su elaboración».

La concentración convocada para el lunes a partir de las 18.30 horas por la Comisión 8 de marzo en la Plaza del Ayuntamiento de Santander por el Día de la Mujer tendrá un aforo máximo de 300 personas, aunque se espera no pasar de las 200, y solo para aquellas que estén invitadas.

De esta manera, y debido a la pandemia del COVID-19, se pretende limitar la asistencia a este «acto simbólico» para conmemorar el Día Internacional de la Mujer solo a representantes de colectivos de mujeres o vinculados al movimiento 8 de marzo y algunos representantes de la sociedad civil.

El objetivo es garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes por la pandemia pero también «controlar» que se cuelen personas que pretendan «reventar» el acto, según ha explicado este viernes la portavoz de la Comisión, Ana Bolado, en una rueda de prensa, en la que ha estado acompañada de María Ángeles ‘Sande’ Ruiz-Tagle para dar a conocer los detalles de este evento.

Según Bolado, será un acto «sencillo», «amable», «a pie de plaza» y «breve», de menos de una hora de duración. «Que nadie esté preocupado, ni los señores de extrema derecha», ha aseverado. También se pretende que sea «lo más silencioso posible», sin grandes megafonías, aunque sí está prevista la lectura de un comunicado.

Como lugar del evento se ha elegido la Plaza del Ayuntamiento ya que, según Bolado, para la Comisión es su «lugar más simbólico» porque es la «plaza del pueblo» y, además, el lugar donde el colectivo empezó haciendo «pequeñas concentraciones» hace casi 30 años. El acto no se desarrollará en toda la plaza sino en una zona que se acotará con vallas y cintas.

Bolado ha explicado que en el seno de la Comisión han debatido «mucho» sobre cómo conmemorar en este año de pandemia el 8M y han concluido que era «imposible» celebrar la manifestación por las calles de Santander que organiza desde hace más de dos décadas y que, según ha subrayado, era cada vez «más multitudinaria».

Por ello, se ha optado por «hacer otra cosas distinta» como es este acto conmemorativo. Dado que este año, el acto está limitado, desde la Comisión han hecho un llamamiento a colgar el 8M de las ventanas o balcones símbolos feministas, carteles reivindicativos o elementos de color morado (el tono representativo de la celebración).

EL DEBATE «INTERESADO» SOBRE LAS MANIFESTACIONES

En su intervención, Bolado también se ha referido al debate que se ha abierto en toda España acerca sobre las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer en este año del COVID-19 y la polémica abierta acerca de si se debían celebrar o no actos en la calle.

«Se ha abierto la caja de Pandora», ha afirmado la portavoz de la Comisión 8M, que cree que el debate ha sido «bastante interesado», en el que se han hecho afirmaciones «extrañísimas» respecto a la actividad feminista que, a su juicio, responden «más que al tema de la pandemia a una actitud antifeminista».

Bolado ha reconocido que este «revuelo» que se ha generado le ha «indignado un poco» y le ha llamado «mucho la atención», más después de que a lo largo de este año se hayan celebrado «manifestaciones de todo tipo», algunas, a su juicio, «un poco espeluznantes», y que son «criticadas o alabadas» pero una vez se han celebrado.

«Pero es que cuando se ha acercado el 8 de marzo ha habido una acción inmediata y preventiva para que de ninguna manera las mujeres nos atreviéramos a salir a la calle», ha afirmado Bolado, que ha advertido que las «mujeres ya están en las calles», «cuando quieren y a la hora que quieren porque son libres.

La portavoz de la Comisión 8M ha señalado que a las mujeres les ha «costado mucho» que les dejasen salir de casa, o ir a estudiar o trabajar y lo han tenido que «forzar». «No vamos a dejar la calle aunque sea de manera simbólica, como va a ser el lunes, ni la universidad, ni el empleo ni nada. Es más vamos a profundizar en todos estos derechos», ha avisado.

En la misma línea, ‘Sande’ Ruiz-Tagle ha reivindicado que se ha avanzado en los derechos de las mujeres pero cree que aún «queda mucho por recorrer».

Además, considera que «no solo hay que avanzar» sino «consolidar» todo lo conseguido porque, según ha dicho, en este año de la pandemia, los derechos de las mujeres «han sufrido estrepitósamente». «Y si no hemos retrocedido, se han paralizado y paralizar los derechos de avance es retroceder».

CC.OO. y UGT de la Comunidad de Madrid llevarán a los tribunales la prohibición por parte de la Delegación de Gobierno en Madrid de su concentración, que habían convocado como cada año en la Plaza de Cibeles por el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, ya que, aseguran, se ha negado «de manera irregular».

Así lo han señalado en rueda de prensa telemática representantes de ambos sindicatos, que han criticado que se trate de «demonizar y criminalizar» el movimiento feminista del 8M y han defendido que un alto porcentaje de las concentraciones presentadas ante la Delegación están «ajustadas a derecho».

En concreto, la secretaria de Organización de CC.OO. Madrid, Paloma Vega, ha reprochado que «no se puede criminalizar al 8M como si fuera la única manifestación de todas que provoca contagios». Por ello, ha afirmado que van a presentar un recurso, porque entienden que la resolución de denegación «atenta contra derechos fundamentales» y que el acto programado por los sindicatos estaba «dentro de la legalidad».

Se trata de una concentración que convocan cada año frente al Palacio de Cibeles y en la que, tal y como ha explicado la secretaria de Igualdad de UGT en Madrid, Ana Sánchez, se iban a reunir un total de 100 personas, 50 de cada sindicato, en un acto «reivindicativo feminista, laboral y sindical».

Sánchez ha expresado que este acto del 8M es «fundamental» porque pese a que la lucha de las mujeres es «diaria», se trata de un evento en el que se visibilizan todas las reivindicaciones del feminismo. En esta sentido, ha señalado que «por desgracia» querían mostrar un año más las brechas a las que se enfrentan las mujeres.

«DEL TODO DEMENCIAL» PROHIBIR ESTOS ACTOS

«Este año tenemos la gran sorpresa de que desde las instituciones también nos están demonizando siendo las más responsables», en una región con «una laxitud tremenda en las medidas sanitarias».

«Semana tras semana se han estado produciendo manifestaciones y son capaces de prohibirnos el 8M», ha reprochado, algo que ha calificado «del todo demencial» mientras terrazas, transportes y conciertos están «atestados» en Madrid. «No tienen ningún problema de dejar abierto el perímetro en Semana Santa porque vamos a contagiar las mujeres trabajadoras y no el resto de turistas», ha añadido Sánchez.

En concreto, tanto ella como la secretaria de las Mujeres de CCOO de Madrid, Pilar Morales, han hecho hincapié en que se trataba de una concentración con medidas «pautadas» y distancia de seguridad. «No solamente estamos sufriendo la precariedad sino que ahora somos las culpables de todos los males», ha espetado la representante de UGT.

En esta línea, Morales ha criticado que se utilicen «cortinas de humo» para que no se hable de la situación real de las mujeres trabajadores con «falsos debates». Así, ha denunciado que la Comunidad de Madrid, siendo una región «rica», no acabe con las colas del hambre, en la que se sitúan especialmente las mujeres.

«Del paro de la pandemia más del 53% son mujeres, en los bares también hay muchas mujeres. A ver si hablamos alguna vez para cambiar la economía de esta ciudad para que no sea de cerveza y pinchito», ha expresado, a lo que ha añadido que las mujeres seguirán con su lucha «hasta que el patriarcado caiga, que va a caer.

La secretaria de Organización de UGT Madrid, Rosa Moreno, ha señalado que se sienten «indignadas» por que se prohíban todas las manifestaciones y no entiende por qué la Delegación de Gobierno no ha hecho una «criba» con las que estaban bien convocadas, respetando la legalidad, y las que no.

Considera que se trata de un «jarro de agua fría», que a quien beneficia es a la derecha y a la ultraderecha. «Seguiremos con nuestras movilizaciones como podamos, a pesar de todo que no sea crea la ciudadanía que nos vamos a quedar quietas», ha asegurado.

«EL DERECHO DE MANIFESTACIÓN NO SE LE HA QUITADO A NADIE, NI A LA ULTRADERECHA»

En la rueda de prensa, han participado también los secretarios general de UGT y CC.OO. Madrid, Luis Miguel López Reillo y Jaime Cedrún, respectivamente, que han señalado que el derecho de manifestación no se le ha quitado a nadie, «ni a la ultraderecha» y que esta situación «enmascara» la desigualdad que sufren las mujeres.

Reillo ha valorado que la decisión de la Delegación de Gobierno en Madrid de prohibir todas las concentraciones presentadas hasta el momento es «abuso de poder» y que «no viene a cuento que se ataque permanentemente al 8M». «Este ataque misógino e indiscriminado hacia la mujer me parece una barbaridad», ha sostenido.

Por su parte, Cedrún ha apostillado que esta prohibición ha sido «un gran triunfo del patriarcado machista en esta Comunidad, impulsado por la ultraderecha y animado por nuestra presidenta (Isabel Díaz Ayuso)».

Asimismo, ha subrayado que el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, «no tiene competencias para suspender una manifestación», aunque sí para decir cómo, cuándo y dónde se hace. «El delegado del Gobierno está contribuyendo a la criminalización del movimiento feminista», ha reprochado.

CONCENTRACIONES ALTERNATIVAS

Ante esta situación, han explicado que lanzarán otras manifestaciones alternativas y llaman a las mujeres a concentrarse entre 5 y 10 minutos en las puertas de sus lugares de trabajo a las 12 horas para protestar contra esta medida que creen que va «en contra de la ley», así como para reivindicar sus derechos.

En concreto, la intención es leer un manifiesto y dejar patente las reivindicaciones de las mujeres contra las desigualdades que siguen existiendo.

Además, acto seguido, a las 12 horas las sindicalistas tiene previsto reivindicar sus derechos en sus propias sedes en Madrid con unas concentraciones. «Si no es en Cibeles o en la Puerta del Sol tendrá que ser en Lope de Vega y en la Avenida de América», ha detallado Moreno.

La vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor (PP) ha pedido este viernes al Gobierno que «haga caso» a los científicos y técnicos para unificar las medidas a adoptar para controlar la pandemia durante la Semana Santa, a fin de evitar que existan «diecisiete modelos distintos».

Pastor ha realizado este viernes una visita al Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de Asturias (Imoma), en el marco de su participación en la conviene a la constitución de la Comisión de Sanidad del PP de Asturias. La vicepresidenta segunda del Congreso ha estado acompañada por la presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

En declaraciones a los medios, Pastor ha pedido que las medidas de cara a la Semana Santa estén basadas en «criterios científicos y técnicos» y que no haya un plan por cada comunidad autónoma. «Estamos acostumbrados a que, con los mismos indicadores, unas veces se hagan unas cosas y otras lo contrario», ha criticado, pidiendo así al Ministerio de Sanidad que «lidere por una vez» la lucha contra la COVID-19. Ha pedido además que las medidas que se tomen se adopten «con transparencia», explicando en qué criterios se basan.

Por otro lado, ha urgido a Sanidad a impulsar la vacunación a personas con patologías crónicas, especialmente aquellas inmunodeprimidas, personas con trasplantes de órganos o pacientes oncológicos. «Es fundamental y urgente», ha dicho, que se vacune a estas personas.

En lo referido a la Comisión de Sanidad de los ‘populares’ asturianos, Pastor ha agradecido al Imoma su labor, y ha abogado por que el futuro de la Sanidad, especialmente ahora con la pandemia, esté vinculado al refuerzo del sistema sanitario, la incorporación de tecnología e investigación al sistema, el traslado de esa investigación a los pacientes.

Ha pedido además que los fondos europeos de resiliencia sirvan para «fortalecer» el sistema sanitario español, incorporar fármacos «innovadores» y hacer posible que la sanidad española «siga siendo de las mejores del mundo».

BARBÓN ESTÁ «PONIENDO LA VENDA ANTES DE SABER CUÁL ES LA HERIDA», DICE MALLADA

Por su parte la presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha criticado que el líder del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón, esté «poniendo la venda antes de saber cuál es la herida», al anunciar que las restricciones no se relajarán durante la Semana Santa. Barbón, sostiene Mallada, «se ha anticipado demasiado».

Así, ha reclamado al presidente que espere a conocer los datos a medida que la fecha se vaya acercando. Tanto el alcalde como yo pedimos que gestionen a la vez la situación sanitaria y económica, y que, en la medida de lo posible, se vayan relajando las medidas para poder reactivar la economía«, ha defendido.

Sobre la Comisión de Sanidad que hoy se constituye, Mallada ha explicado que su objetivo es «acercar el partido a la sociedad» y buscar el asesoramiento en «verdaderos profesionales» como los que forman el Imoma. En este sentido ha pedido a Adrián Barbón que no excluya a la sanidad privada y fomente la colaboración con ella desde la pública, ya que con estos profesionales «es inaceptable» que se produzcan retrasos en las listas de espera.

CANTELI: EL CIERRE DE LA HOSTELERÍA A LAS 20.00 «NO PUEDE MANTENERSE»

Por su parte, el alcalde de Oviedo ha pedido a Barbón que no mantenga el cierre de la hostelería a las 20.00 horas. Ha defendido que, si bien «hay que respetar» las normas sanitarias, «hay que pensar» que al otro lado «hay gente que lo está pasando mal. Considera el primer edil ovetense que el cierre a las 20.00 «no puede mantenerse». «¿Qué mas da a las 20.00 que a las 22.00?», se ha preguntado, para después incidir en que así se permitiría que los negocios hosteleros pudieran dar algunas cenas.

Canteli ha pedido a Barbón que «no esté colgado del poste de la sanidad y se olvide de todo lo demás», porque, de lo contrario, en el futuro las depresiones, las pérdidas de empleo y las necesidades «van a ser tremendas».

La Comisión de Ética Judicial aconseja a los jueces que no participen en programas que puedan incitar debates acalorados o al sensacionalismo ni en medios de comunicación que no sean plurales, para salvaguardar la imagen de independencia e imparcialidad de quienes ejercen la función jurisdiccional.

«La Comisión de Ética Judicial considera poco aconsejable la participación de jueces y magistrados en programas o medios que, por su formato, puedan incitar al debate acalorado, al sensacionalismo o sean identificables por el público en general como alineados ideológicamente con una opción política sesgada y no plural», ha informado el CGPJ en un comunicado.

Así se ha expresado la Comisión al responder a una consulta sobre cómo puede verse afectada la apariencia de imparcialidad de los jueces como consecuencia de su colaboración con los medios de comunicación, cuestión que –ha recordado el CGPJ– ya ha sido abordada ampliamente y desde distintas perspectivas en anteriores dictámenes.

La Comisión, ha explicado el Consejo, parte de la premisa de que los integrantes de la carrera judicial gozan, como cualquier ciudadano, del derecho fundamental a la libertad de expresión y, por lo tanto, pueden intervenir en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Sin embargo, ha señalado que la libertad de expresión de jueces y magistrados tiene unos límites que nacen de su condición de representantes del Poder Judicial, razón por la cual sus intervenciones deben estar presididas por el respeto a los principios de independencia, integridad, imparcialidad y transparencia.

«En otras palabras, los integrantes de la carrera judicial deben ejercer su libertad de expresión con la prudencia y moderación necesarias para preservar su independencia y apariencia de imparcialidad y, con ellas, la confianza de los ciudadanos en la Justicia», ha resumido el CGPJ.

Realizada de esta manera, la Comisión ha estimado que la intervención de jueces y magistrados en medios de comunicación y redes sociales cumple una función pedagógica, la de explicar la ley y el funcionamiento del proceso judicial.

Además, ha subrayado que corresponde al juez valorar en cada caso el alcance de su derecho a la libertad de expresión, teniendo en cuenta que los ciudadanos le perciben como representante del Poder Judicial.

«DEBER DE CAUTELA»

El CGPJ ha señalado en su nota que «ese deber de cautela ha de ser aún mayor cuando la intervención del juez es requerida en determinados medios, en los que se busca el sensacionalismo o la confrontación en materias sensibles a la opinión pública».

La Comisión ha puesto como ejemplo los programas de la llamada ‘prensa rosa’, ‘prensa sensacionalista’ o de las tertulias televisivas, con grandes audiencias que «pueden desencadenar debates acalorados y poco idóneos para el matiz y en los que cualquier opinión del juez puede ser entendible por un profesional jurídico pero malinterpretada por el público en general».

En esos casos, ha advertido la Comisión, «el riesgo de que la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia se vea en peligro es muy grande», como lo es también la posibilidad de que «puedan verse afectados los principios éticos esenciales como la integridad, independencia e imparcialidad».

Así pues, ha concluido que, la intervención de jueces y magistrados en ese tipo de medios o programas puede llegar a considerarse desaconsejable por el elevado riesgo de lesión de los principios éticos que deben guiar la actuación de los integrantes de la carrera judicial.

La jueza del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barbastro ha desestimado «íntegramente» las oposiciones a la ejecución de los 111 bienes de Barbastro presentadas por Consorcio Museo de Lleida Diocesano y Comarcal y del Obispado de Lleida. Así, ha determinado que la entrega de las obras siga adelante.

En el auto, la jueza condena a las partes ejecutadas al pago de las costas procesales. Esta resolución es firme y contra ella no cabe recurso alguno, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

La Generalitat y el Obispado de Lleida se han opuesto a la ejecución provisional argumentando que en el caso de que la sentencia, de la que se deriva el proceso de ejecución, fuese revocada por instancias judiciales superiores y las piezas tuvieran que regresar a Cataluña la destrucción o daños que los traslados producirían en las obras serían de imposible reparación y no se podría compensar económicamente a las instituciones catalanas, dado el incalculable valor artístico de los bienes.

Otro motivo de oposición es la ejecución sobre 28 de las 111 piezas sobre las que no ha existido litigio, ya que en el juicio celebrado se reconoció que pertenecían al obispado de Barbastro Monzón. Además, señalan que el plazo otorgado para efectuar la entrega de las piezas es insuficiente.

A estas alegaciones responde la juzgadora que, a pesar de que los demandados reconocieron que la propiedad de estos 28 bienes correspondía al Obispado de Barbastro, en la fecha en se presentó en el juzgado la oposición a la ejecución dichas piezas todavía no han sido devueltas. Sin embargo, hace constar la jueza que tiene constancia, por las partes, de que las piezas fueron entregadas por el Museo de Lleida al Museo de Barbastro-Monzón el 15 de febrero de 2021, quedando por tanto estas 28 obras fuera de la presente oposición a la ejecución.

Sobre el posible deterioro de las piezas y su compensación económica desestima la oposición porque, aunque se alude a un riesgo grave e irreparable, en los informes no se determina con exactitud, y añade «es evidente que deberá de realizarse el embalaje y transporte de acuerdo con la importancia y valor de las obras sobre las que se ejecuta y con la máxima de las cautelas, pero no se acredita la imposibilidad de llevarlo correctamente a efecto ni menos los daños irreparables».

Subraya también que, en este momento, no cabe pronunciarse sobre las compensaciones económicas por el posible deterioro de los bienes y recuerda a lo ejecutados que «podrían pedir la indemnización de los daños y perjuicios que se les hayan irrogado con esta ejecución provisional en caso de que la sentencia sea revocada en instancias superiores».

En cuanto a la insuficiencia de los plazos de ejecución, establecidos en el auto del pasado 17 de diciembre de 2020 que determinaba la fecha del 15 de febrero como plazo de entrega y la solicitud de la Generalitat y el Obispado de Lleida de su suspensión y ampliación, reitera la jueza que la suspensión no es posible, tal y como ya se ha indicado en distintas resoluciones judiciales sobre la ampliación que «el Consorcio ha presentado en este Juzgado un plan de entrega a cumplir el día 5 y el día 10 de marzo, con lo cual se entiende que según los actos propios de los demandados es más que factible que en el periodo indicado se pueda dar cumplimiento al auto de 17 de diciembre de 2020 sin necesidad de conceder nuevos plazos como solicitaban, más y cuando tampoco está prevista dicha concesión como una casusa de oposición ni ha sido pedida en forma».

Respecto las alegaciones de la Generalitat acerca de que el destino de los bienes no es el adecuado para su conservación la juez manifiesta que «no puede estimarse dicha causa de oposición pues no existe prueba alguna de que así sea».

El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha destacado, este viernes en un acto por el Día Internacional de la Mujer, las aportaciones de su departamento a la Ley Orgánica de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’, de la que ahora hace un año de su aprobación en el Consejo de Ministros.

Campo ha inaugurado la jornada que el Colegio General de la Abogacía ha celebrado con motivo del 8 de marzo con un discurso en el que ha enumerado algunas de las iniciativas de Justicia en favor de lograr la igualdad real.

Entre ellas, ha destacado la puesta en marcha del primer Plan de Igualdad de la administración de Justicia o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que está ahora en fase de consulta pública, y en la que, según ha explicado, están participando muchas asociaciones feministas que darán «perspectiva de género» al texto.

En este sentido, también se ha referido a la participación del Ministerio en la redacción de las leyes de Libertades Sexuales o en la de la lucha contra la trata, ambas impulsadas por el Ministerio de Igualdad.

DIFERENCIAS CON PODEMOS POR LA NORMA

Campo habla así de una norma por la que le acusaron de bloqueo, tanto desde el departamento que dirige Irene Montero, como por parte del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Este último aseguró que en las «excusas técnicas» que ponía Justicia para no dar su ‘ok’ final a la ley, había «mucho machista frustrado».

El ministro de Justicia se defendió asegurando que su departamento resulta «antipático» cuando se pone «tiquismiquis» a la hora de mejorar leyes para que sean «lo más perfectas posibles».

También ha destacado la participación de su departamento en el desarrollo de las leyes de Libertad Sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’, o de las lucha contra la trata; así como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, en su actual fase de información pública, ha precisado, ha contado con la participación de asociaciones feministas para «aportar mayor perspectiva de género» al texto.

LE PIDEN QUE LIDERE LA CONCILIACIÓN

El acto ha estado dirigido por la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, que, en su intervención, ha pedido a Campo que lidere el camino legislativo hacia la conciliación. «Queremos que los hombres se sumen con total decisión a en este viaje hacia la igualdad», ha declarado.

Ortega cree que España es «uno de los países europeos más avanzados en igualdad legal» pero señala que, en pleno siglo XXI «la brecha legal y real están más diferenciadas de lo que cabría esperar y desear».

Además, ha explicado, que si el camino hacia la igualdad ya era «lento», «con la pandemia corre el riesgo de plantarse». Una situación que, a su juicio, sería «intolerable para cualquier democracia». «La igualdad una palabra frágil que seguirá estando lejana si la pasividad monopoliza el presente», ha advertido.

La Reserva Marina de Punta de la Restinga-Mar de las Calmas, situada al sur de la isla de El Hierro, cumple estos días 25 años como referente de buenas prácticas pesqueras y de buceo de recreo responsable, actividades que son compatibles, en un marco de colaboración, en beneficio del hábitat de la reserva marina y del conjunto de la sociedad.

Creada mediante Orden Ministerial de 24 de enero de 1996 (BOE de 3 de febrero), esta reserva marina está gestionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (aguas exteriores) y por la Comunidad Autónoma de Canarias (aguas interiores). Ambas administraciones trabajan de manera conjunta en la gestión de este espacio, en el marco de un convenio de colaboración.

La Reserva marina de Punta de la Restinga-Mar de las Calmas forma parte de la Red de Reservas Marinas de interés pesquero, creada al amparo de la Ley de Pesca Marítima del Estado. Actualmente, esta red está compuesta por 12 espacios (9 en el Mediterráneo y 3 en aguas de Canarias), que ofrecen protección a más de 105.200 hectáreas.

El principal objetivo de una reserva marina es dar apoyo a la pesca artesanal tradicional a través de esta figura de protección pesquera, el mejor conocimiento científico, y la normativa que recoge los planes de gestión, que ordenan los usos, tanto espacialmente con la zonificación, como la regulación y los medios materiales y humanos en cada reserva.

Estos planes contemplan la gestión de los recursos humanos que forman los servicios y el material del que disponen: embarcaciones de vigilancia, equipamientos, centros de visitantes y puntos de información in situ.

La Reserva Marina de la Isla de Tabarca (Alicante) fue la primera reserva creada por el Ministerio, en el año 1986, mientras que en 2020 se creó la Reserva de la Isla de Dragonera (Mallorca), la última hasta el momento.

La Reserva Marina de Punta de la Restinga-Mar de las Calmas protege una superficie de 1.180 hectáreas en el extremo suroccidental de la isla de El Hierro y se caracteriza por estar al abrigo de los vientos alisios, recibiendo por ello ese litoral la denominación de ‘Mar de las Calmas’. Esta reserva marina fue solicitada por la Cofradía de Pescadores de La Restinga, Nuestra Señora de los Reyes.

Los fondos volcánicos fueron directamente afectados por las erupciones que tuvieron lugar en octubre de 2011 y provocaron el nacimiento del volcán Tagoro, a una milla aproximada a poniente de La Restinga. La reserva marina ha permitido la realización de un seguimiento exhaustivo de este fenómeno, ya que se inició su seguimiento desde los primeros meses desde la erupción y que continúan actualmente.

El buen estado ambiental del que la Reserva ya disfrutaba en 2011 ha sido decisivo para una pronta recuperación de especies y comunidades, incluso las más afectadas, como las macro algas o los moluscos.

Esta reserva marina constituye un apoyo esencial para la pesca artesanal, que convive con un sector de buceo de recreo que encuentra en sus fondos marinos unos paisajes que atraen a visitantes nacionales y de otros países.

El buceo de recreo en las reservas marinas está regulado para buscar una experiencia de calidad y compatibilizar la conservación de los espacios marinos con la necesaria sensibilización del buceador en el disfrute de esta actividad de ocio.

Ciudadanos ha propuesto la creación de un programa de prácticas remuneradas en el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación y organismos adscritos al mismo y que llevaría el nombre de Margarita Salaverría, la primera mujer diplomática que hubo en España.

La propuesta se incluye en una proposición no de ley presentada por los de Inés Arrimadas para su debate en el pleno del Congreso de los Diputados y busca, según explica el partido naranja, contribuir a aliviar la sobrecarga del personal del servicio exterior, tanto funcionarios como personal laboral.

En total, según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, unos 5.450 empleados funcionarios y laborales llevan a cabo la acción exterior española, entre los que figuran unos 940 diplomáticos y más de 2.600 cooperantes, indica Cs en su exposición de motivos.

El servicio exterior, al igual que la Administración en general, «se encuentra envejecido y sus profesionales se ven sobrecargados debido a la escasez de personal derivada del número de jubilaciones que no se cubren con nuevos ingresos», resalta el partido naranja.

«Este tipo de sobrecarga es perjudicial no sólo para los propios profesionales, al someterles a niveles de estrés y desafección innecesarios y excesivos, sino que también es contraproducente para la acción exterior española», considera Cs.

Pese a ello, lamenta, los sucesivos gobiernos de PP y PSOE «no han puesto en marcha ningún tipo de mecanismo orientado a dinamizar la entrada en el servicio exterior, aprovechando el talento de nuestros jóvenes profesionales en materia de acción exterior, ni tampoco a asegurar un relevo generacional adecuado entre el personal funcionario».

Es aquí donde entra su propuesta concreta del Programa ‘Margarita Salaverría’ de «prácticas remuneradas para jóvenes profesionales que quieran desempeñar funciones» tanto en el Ministerio de Exteriores como en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Ciudadanos plantea dos líneas de acción consecutivas que pasan por un periodo de prácticas profesionales en los servicios centrales del Ministerio y de la AECID en España, con una duración de 12 meses, seguido de otro periodo de prácticas profesionales durante 18 meses en la red de Embajadas y Consulados o las oficinas de la AECID en el exterior.

Para llevarlo a cabo, el programa debería ser dotado de «recursos financieros adecuados» procedentes de la partida de los Presupuestos Generales del Estado destinada a Exteriores y que Cs sitúa en 1,2 millones de euros.

Asimismo, recalca que sería necesario establecer «unas bases con criterios objetivos de selección basados en el mérito académico y/o profesional para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso de los jóvenes profesionales» a estas prácticas.

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha apostado por «mantener la precaución» ante la situación «todavía delicada» de la pandemia y, en este sentido, ha destacado que existe «un buen consenso» respecto a la Semana Santa, que «todo apunta» será con cierres de comunidades autónomas y medidas «muy restrictivas pero necesarias». En este marco, ha apuntado que, para este periodo, habrá que fomentar «el turismo interno pero a nivel de Euskadi».

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, el consejero se ha referido a la posibilidad de que se puedan flexibilizar las restricciones para frenar la pandemia que están vigentes en el País Vasco y ha indicado que el consejo asesor del LABI, que se reúne este viernes, primero analizará el dictamen del comité técnico antes de adoptar una decisión.

En todo caso, ha insistido en la necesidad de «mantener la precaución» y estar «muy apegados» a los datos de la pandemia, que han mejorado pero reflejan que «todavía estamos en una situación delicada». «Otra cosa es que se pueda modificar el confinamiento perimetral, como ha dicho el propio coordinador», ha manifestado.

En esta línea, ha apostado por «siempre primar la salud», que es «lo más importante», también esta próxima Semana Santa. «Lo dije en Navidades, que no se trataba de salvar Navidades, sino de salvar vidas», ha añadido.

El consejero vasco considera que «ahora hay un buen consenso, y todo apunta a que vamos a ir a una Semana Santa con cierres por comunidades autónomas y manteniendo medidas que son muy restrictivas pero que son necesarias, porque tenemos que seguir bajando los datos de la curva y, sobre todo, pensando en la presión en los hospitales, que todavía está siendo delicada aunque los datos mejoren a nivel de contagio».

En esta situación, ha explicado que su Departamento trabaja «con todos los escenarios» y no va a realizar campañas para atraer turistas pero «sí de recuerdo del destino», que es «sostenible y de calidad» y con «gran variedad». De este modo, ha señalado que «esta Semana Santa tendrá que ser algo para nosotros, y fomentar ese turismo interno pero a nivel de Euskadi».

DATOS DRAMÁTICOS

Javier Hurtado ha reconocido la «gran dificultad» que están pasando los sectores de turismo, comercio y la hostelería. «Los datos son dramáticos», ha lamentado el consejero, que ha recordado que se ha producido una caída del 70% en pernoctaciones y visitas.

Por ello, ha destacado, Euskadi ha puesto en marcha «un plan de resistencia, básicamente con ayudas directas». Según ha explicado, se ha diseñado un plan de sostenimiento del turismo, con 21 millones de dotación total y 17 para ayudas directas.

«Fuimos reconocidos en 2018 como primer destino en España por calidad y excelencia. Y entendíamos que teníamos que ser también líderes en a la hora de ayudar a nuestros sectores», ha indicado el consejero, que también ha recordado que esta semana se ha aprobado también un plan de ayudas de 16 millones para el comercio textil y calzado estarán vinculadas al mantenimiento de actividad.

Finalmente, ha explicado que su Departamento se plantea una «visión a medio-largo plazo» para la recuperación del turismo, de manera que se está pensando en «recuperar el turismo nacional» en verano y «luego tendrá que venir esa segunda fase de recuperar el turismo internacional.

Hurtado ha indicado que, si bien el turismo representaba antes de la pandemia el 6% del PIB vasco, un dato menor que en otras comunidades, venía registrando en los últimos años un «crecimiento muy potente por la ausencia del terrorismo y por el gran trabajo del sector».

La Asociación de Municipios del Camino de Santiago (AMCS) espera que en verano «pueda retomarse una actividad más o menos normalizada y tener todo preparado con las condiciones de seguridad que ya se ensayaron en la pandemia el año pasado, para poder retomar con la mayor seguridad pero también con la mayor fuerza posible».

La asociación celebra este viernes en Pamplona su XII Junta Directiva con la participación, tanto presencial como telemática, de localidades de todas las comunidades autónomas por las que pasa el Camino de Santiago.

Previamente han comparecido en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Pamplona el presidente de la AMCS y alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, junto con el vicepresidente y alcalde de Pamplona, Enrique Maya.

El presidente de la AMCS ha destacado que el Camino de Santiago «está sufriendo la pandemia» y ha señalado que «de 350.000 peregrinos que conseguían la compostelana en años normales ha habido un desplome casi absoluto». Y ha asegurado que «hay gente expectante de múltiples países» para poder retomar el Camino de Santiago.

Hermoso de Mendoza ha explicado que en esta Junta Directiva se van a abordar «cosas que han quedado latentes por la pandemia y que ahora hay que reactivar poniéndonos en el escenario de que en verano tengamos un porcentaje amplio de población vacunada». Igualmente, ha destacado que se trabaja para trasladar el mensaje de que la ruta jacobea es «un camino seguro y adaptado a las situaciones de la pandemia» y que «se puede retornar al Camino».

Otro asunto que se aborda en la reunión de este viernes será «cómo ayudar a los municipios más pequeños» que «en muchos casos viven por y para el camino» y ha resaltado que hay «mucha labor que hacer» con proyectos «vinculados con el paisaje y el patrimonio» para «estimular y apoyar» a estos pequeños municipios.

El presidente de la AMCS ha puesto en valor la capacidad de su asociación de «aglutinar esa unidad de propósito para que más de 100 municipios puedan hacer esta interlocución con los ministerios». En un momento en que la atención está puesta en la captación de los fondos europeos, Hermoso de Mendoza ha afirmado que la asociación «es un buen instrumento para vertebrar y capilarizar muchos de los esfuerzos que se pueden hacer en patrimonio natural y cultural y para mejorar el Camino».

El objetivo, ha dicho, es que en junio o julio «podamos entre todos los municipios y Comunidades Autónomas postularnos como ese espacio que permite a cualquier ministerio confiar en que sus acciones lleguen a las cinco comunidades, sean eficientes y eficaces y, por tanto, permitan esa transformación tan ansiada».

Por su parte, Enrique Maya, vicepresidente de la asociación, ha resaltado la importancia que tiene la ruta jacobea para las ciudades y municipios por los que pasa. Y ha subrayado que la pandemia «ha reducido de forma importante el número de peregrinos y por tanto los ingresos que genera por todos los lugares por los que pasa» en albergues, hoteles y hostelería. Por otro lado, ha destacado que «tenemos la oportunidad de reorganizarnos, hacer que la cosa mejore y que el Camino de Santiago después de la pandemia sea aún mejor de lo que era».

En este sentido, ha enumerado las líneas de trabajo en este sentido que está llevando a cabo Pamplona centradas en «mejorar el aspecto de la propia entrada al Camino de Santiago» o «incluir mas reseñas del patrimonio de Pamplona en esta ruta». En este sentido, ha recordado que la capital navarra se ha presentado para ser Ciudad Creativa de la Música y ha expresado su intención de que el Camino de Santiago en Pamplona «sea un camino que emane cultura. A ello ha unido la realización de estudios de impacto, programas escolares o el centro Ultreia que, ha dicho, «tenemos que mejorarlo y que sea más adecuado a las necesidades del Camino».

«Lo importante es que estamos trabajando de manera coordinada», ha remarcado Maya, que ha hecho un llamamiento a las diferentes administraciones autonómicas para que, junto con los ayuntamientos, «seamos capaces de darle el impulso que el Camino merece». «Tenemos un Xacobeo de dos años, vamos a intentar disfrutarlo y que nos venga bien a todos para impulsar el Camino como todos queremos».