El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha recibido este martes la primera dosis de la vacuna contra el Covid --Moderna o Pfizer-- y ha trasladado sentirse "muy contento" y encontrarse "muy bien" y sin síntomas.

"Hoy por fin me han puesto la vacuna. Estoy muy contento", ha valorado Revilla en declaraciones a los medios en el Gobierno, después de que se cancelara el acto previsto con la prensa a la salida del centro sanitario de Astillero, debido a los abucheos por parte de una veintena de hosteleros que le increparon.

El presidente autonómico ha señalado que no siente dolor en el brazo, ni cansancio, ni cefaleas, tampoco dolores articulares o musculares, ni tiene fiebre.

Si aguanto 14 días espero no tener que ingresar en ningún hospital porque a mi edad el Covid no es igual que cuando lo gente joven", ha manifestado.

Revilla fue citado este martes a las 12 horas en el centro de salud de Astillero, municipio donde reside, al formar parte del colectivo de 70 a 79 años --tiene 78-- del plan de vacunación, y ya ha sido citado para recibir la segunda dosis el 4 de mayo, aunque ha apuntado que con una dosis la vacuna ya es "en un 90 por ciento eficaz".

"Estaba deseando ponérmela", ha dicho Revilla, que ha recordado que tiene una actividad "muy variada todos los días" y lleva "muchos meses de un lado para otro", y aunque "guarda" las normas de seguridad, ha señalado que tiene "cierta edad" y "patologías".

El presidente regional se ha referido al 40 por ciento de las personas que estaban convocadas este lunes para vacunarse con AtraZeneca y no se la han puesto. "Me parece un error", ha opinado.

"Si hay una gran parte de la población que no se vacuna hemos conseguido poco", ha lamentado Revilla, que ha apelado al interés personal y a la solidaridad con los demás para vacunarse.

Asimismo, ha reiterado que la vacunación es "la única solución", los incidentes son "mínimos" y se han vacunado con AstraZeneca tanto los médicos como gran parte de la población de Reino Unido, incluida la 'Reina madre' y el primer ministro, "que a partir de la semana que viene va a hacer una vida normal".

En este sentido, ha apuntado que su solicitud de vacunarse con AtraZeneca, que fue denegada, era para "ejemplarizar" y ha afirmado que en caso de haberla recibido hubiese sentido "la misma tranquilidad" que con la administrada, cuya vacuna ha asegurado que desconoce.

"No es AtraZeneca porque me la han negado, en función del protocolo que dice ahora que es hasta 65 años", ha indicado el presidente, que ha asegurado que no ha preguntado cuál ha recibido, pero supone que sea Moderna o Pfizer.

Finamente, Revilla ha pedido al Gobierno central y a la Unión Europea "que nos manden vacunas" para no tener que ver gente "indignada" ni volver a cerrar durante 14 días los interiores de la hostelería, ha dicho.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya utilizado "la presentación de los fondos europeos" para hacer campaña y le ha exigido que se ocupe de España y no tanto de la candidatura en Madrid.

En declaraciones a los medios, en el Salón de Arte Moderno, la dirigente madrileña ha censurado que Sánchez esté "moviendo sus anuncios a conveniencia" para hacer campaña en un momento en el que "la economía está tan tocada y en el que los ciudadanos lo están pasando mal".

Además, ha sostenido que todos los anuncios que hace son "mentiras". En este punto, ha hecho hincapié en que "debe 413 millones de euros" a la autonomía, 359 que corresponden al IVA de 2017 y 54 de las entregas a cuenta de 2019.

Ha puesto en cuestión también la anunciada "subida de impuestos", lo que "espanta a la iniciativa privada y al capital que son clave" para la economía de Madrid. "Me gustaría que diera el mismo trato al resto de comunidades. Nosotros desde luego seguiremos defendiendo nuestra autonomía fiscal y nuestras políticas de bajada de impuestos para fomentar más empleo y más recuperación", ha subrayado.

Asimismo, ha criticado que les hayan "discriminado" en el reparto de los fondos RIAC cambiando "los criterios". En este sentido, ha recordado que a Madrid se le asignará un 12% de los mismos cuando aportan a la economía nacional un 19%. También ha censurado que se les haya perjudicado en las ayudas directas a las empresas por el mismo criterio".

Ayuso ha desgranado que también están "infradotados" en otras muchas cosas, como en Transporte donde "nada más llegar aparcaron el plan de Cercanías del anterior gobierno del PP" y en Dependencia donde están haciendo frente al 80% de la misma y no al 50%.

Además, ha denunciado "el daño que causó a la economía madrileña el paso de fases durante la primera ola", en el que el Gobierno dejó "a Madrid atrás solo por contentar a sus socios", y el estado de alarma que aplicó "contra" la región".

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido al Gobierno central al advertir que no son las comunidades autónomas las que "presionan" para abordar el fin del estado de alarma previsto para el próxmo 9 de mayo. "Quien presiona es el virus", ha advertido, para así reclamar "seguridad jurídica" para gestionar la pandemia.

De este modo ha respondido el mandatario gallego al ser preguntado al respecto, tras participar en el foro 'Wake Up, Spain!' organizado este martes en Madrid por 'El Español', un día después de que la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo estatal, María Jesús Montero, advirtiese que la decisión se adoptará de acuerdo con expertos y no por "presión" de las autonomías.

Así, Feijóo ha dicho este viernes que las comunidades precisan "herramientas" de carácter legal para luchar contra una enfermedad que "sigue produciendo muertos y contagiados" al incrementar en los últimos días las incidencias tanto a siete como a 14 días.

En este contexto, y ante la previsión de que el 9 de mayo sea el punto final del estado de alarma, el presidente de la Xunta ha recordado que "hace un año" pidió una ley para gestionar la pandemia, algo a lo que el Gobierno "se ha negado".

"La única fórmula que ha utilizado ha sido el estado de alarma", ha añadido, al tiempo que ha lamentado que esta sea ahora "la solución menos mala" para tener "un mínimo de garantías para tomar decisiones".

Sin esta herramienta, ha advertido, cada administración autonómica dependerá "de la ratificació o no" de las autoridades judiciales a la hora de imponer restricciones. Esto ya ocurrió durante el verano pasado, cuando varias comunidades acudieron a los respectivos tribunales para ratificar unas medidas que eran "similares", pero las sentencias fueron "no convergentes".

Así, en vista de la previsión de que en menos de un mes concluya el estado de alarma, el presidente gallego ha mostrado sus sospechas sobre el razonamiento político que hay detrás de esta decisión.

"Comprendo que los socios del Gobierno, en este momento que se está constituyendo el Gobierno catalán, igual no están por el 'sí' con el estado de alarma. Pero eso no tiene nada que ver con que no sean necesarias las herramientas jurídicas para gestionar", ha añadido.

Y es que, de acuerdo con sus previsiones de vacunación, el virus va a "seguir teniendo mucho impacto en la salud de la gente" y "por supuesto en la economía" por lo menos "hasta el mes de julio o agosto.

LEY GALLEGA DE SALUD

Aparte de todo ello, el presidente gallego ha afeado que "la respuesta" del Estado a la reforma de la ley gallega de salud --una norma que nació con el objetivo de gestionar la pandemia-- fuese presentar un recurso de inconstitucionalidad.

"La cogobernanza a la que se refiere el Gobierno de España no se la cree nadie, porque si primero no te dan instrumentos y tú buscas un instrumento asesorado con expertos y con el visto bueno del Parlamento lo primero que hacen es denunciarte, no creo que sea razonable", ha proseguido.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha apoyado este martes una declaración impulsada por profesionales sanitarios, agencias públicas y organizaciones internacioneales para la liberación de patentes de las vacunas del coronavirus para hacer llegar las dosis a "todo el mundo".

"Es una cuestión de justicia y una cuestión de ética", ha reivindicado Colau en rueda de prensa junto al presidente de Médicos Sin Fronteras, David Noguera, y al epidemiólogo del Hospital Clínic de Barcelona Antoni Trilla.

Colau se ha comprometido a trasladar esta petición al Gobierno y también, al ser enviada especial ante Naciones Unidas de CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos), ha reivindicado que ejercerá esta "capacidad de interlocución" para pedir esta liberación de patentes.

La alcaldesa también ha asegurado que esta declaración se discutirá en el pleno municipal y ha instado al resto de grupos a apoyarla: "Espero que haya un consenso unánime entre todos los grupos".

Los primeros firmantes de la declaración son la Agencia de Salud Pública de Barcelona, Amnistia Internacional, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, el Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), Medicus Mundi, Metges del Món, Metges Sense Fronteres y Oxfam Intermón, además de profesionales sanitarios.

DECLARACIÓN

En la declaración reclaman a las autoridades estatales y europeas que activen los mecanismos excepcionales previstos en la legislación internacional para que las industrias farmacéuticas que disponen de vacunas de probada eficacia liberen temporalmente las patentes.

De esta manera, se conseguirá una transferencia de conocimiento y producción con las que "acelerar al máximo la capacidad global de producción de las vacunas y, especialmente, tras las inversiones públicas multimillonarias concedidas".

Asimismo, piden que las negociaciones se lleven a cabo con "transparencia" y que los acuerdos establecidos entre los estados y las farmacéuticas, así como sus condiciones, se hagan públicos y se asegure, así, una cobertura global, siguiendo criterios de salud pública y empezando por los sanitarios y los colectivos más vulnerables.

"CUESTIÓN DE EFICACIA"

La alcaldesa de la capital catalana ha defendido que esta liberación de patentes es también una "cuestión de eficacia" de la estrategia de vacunación para inmunizar el máximo de personas ante una eventual mutación del virus que invalide las vacunas aprobadas actualmente.

"En una situación de pandemia como esta nadie estará seguro hasta que todos estén seguros", ha asegurado Trilla, que ha abogado, textualmente, por vacunar mucho y muy rápidamente con el objetivo de alcanzar la inmunidad de grupo a nivel mundial.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a la acusada de matar a su cuñada en Torrelavega a 14 años y nueve meses de prisión por un delito consumado de asesinato por alevosía y ensañamiento, con la agravante de parentesco y la eximente incompleta de alteración psíquica.

Además se condena a Pracelis Dominga Torres Valenzuela a inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena y a la prohibición de aproximarse a menos de un kilómetro a la hija y al hermano de la víctima, a sus domicilios, sus lugares de trabajo o a cualquier otro lugar que frecuenten durante un periodo de 18 años.

También se le impone libertad vigilada de ocho años tras el cumplimiento de la pena de prisión y una indemnización de 60.000 euros a la hija de la víctima.

De este modo la Audiencia ha aplicado la pena de acordada por todas las partes -Fiscalía, defensa y acusación particular ejercida por la familia- en el juicio celebrado la semana pasada, después de que el jurado popular declarara culpable por unanimidad a la acusada de asesinar a puñaladas a su cuñada en Torrelavega y prender fuego después a la vivienda en la que convivían.

En la sentencia, la Sala parte de la "inexistencia de controversia" con relación a los hechos, ya que la acusada los reconoció parcialmente y su defensa mostró "plena conformidad" con los escritos de calificación de ambas acusaciones, sumándose todas las partes para solicitar las mismas penas.

Los nueve miembros del jurado estuvieron de acuerdo en su veredicto -que emitieron el pasado 9 de abril- en todos los hechos objeto de deliberación menos uno: el relacionado con el trastorno de la ya condenada, que está interna en la unidad penitenciaria de psiquiatría del Hospital Valdecilla.

En este punto, consideraron por mayoría -de seis miembros- que en el momento de los hechos, el 26 de julio de 2019, la inculpada padecía un trastorno psicótico y de la personalidad no especificados, con "rasgos inmaduros", que "mermó gravemente" pero no anuló sus facultades cognitivas y volitivas, es decir, su capacidad para conocer el alcance y trascendencia de sus actos y de actuar conforme a dicha compresión.

Este aspecto, a juicio de la Sala, implica la aplicación de la eximente incompleta de responsabilidad, al tener alterada ambas capacidades intelectivas y volitivas "gravemente mermadas"a consecuencia del trastorno que padecía.

ALEVOSÍA Y ENSAÑAMIENTO

Sin embargo, la magistrada considera que la mujer actuó con alevosía, ya que aprovechó que su cuñada estaba sola en su dormitorio para atacarla, de forma "sorpresiva e inesperada" y sabiendo que no tendría la posibilidad de defenderse.

Al respecto, el tribunal entendió probado que le dio golpes en la cara y el cuerpo, logrando tirarla boca arriba sobre la cama, acuchillándola así de manera reiterada y con una navaja de unos 22 centímetros de hoja en el rostro, tórax y abdomen, siendo mortales las que afectaron a órganos vitales como el corazón, los pulmones o la aorta.

Y también le causó múltiples cortes sen el cuello y lesiones en brazos y piernas, privando con este ataque a la víctima de "toda posibilidad de defenderse".

Para llegar a esta conclusión, la magistrada y los jurados se han basado en los informes forenses, que entendieron que la condenada -que estuvo cinco horas en el domicilio con la víctima- trató de decapitar y amputar partes del cuerpo, posiblemente con la intención de hacerlo desaparecer.

"Basta examinar el informe médico forense de autopsia, así como el resto de los informes emitidos por el instituto de toxicología a que el mismo se refiere, y atender a las detalladas explicacionesefectuadas en el acto del plenario por los peritos forenses, para concluir que la acusada necesariamente tuvo que atacar a su víctima de forma rápida e inesperada, logrando tras un pequeño forcejeo, derribar a la víctima boca arriba sobre su propia cama", recoge la sentencia, que destaca la "violencia y brutalidad" del ataque.

Basándose en los mismos análisis y en el veredicto, la juez señala también que hubo ensañamiento, teniendo en cuenta que cuando la agredida estaba ya casi sin vida y con escasa conciencia, su cuñada siguió apuñalándola -con cortes en el cuello y espalda-, con la intención de "aumentar de forma innecesaria el dolor". Y destaca igualmente que, tras el ataque, la mujer guardó el arma en la cocina e intentó prender fuego a la casa y al cuerpo sin vida.

"Esta magistrada, al igual que los miembros del jurado, entiende que quien obra así revela un singular desprecio a los sentimientos y a la dignidad humana del agredido", explica en la sentencia, que no es firme y contra la que puede interponerse recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia deCantabria.

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha absuelto a un acusado de haber abusado sexualmente de una hijastra de 14 años en Pamplona. En su declaración judicial, la menor exculpó a su padrastro y relató que fue ella quien, estando él dormido y "borracho" en el sofá, se puso encima suya y mantuvo la relación sexual sin que el procesado se percatara, ha informado el TSJN.

En el juicio, celebrado el pasado 5 de marzo, el fiscal y la acusación particular solicitaron seis años de prisión para el inculpado por un delito de abusos sexuales a menor de 16 años con la concurrencia de la atenuante de embriaguez. La defensa, por su parte, reclamó la absolución.

A tenor de la prueba practicada, los magistrados consideran que no está probado que, en el mes de marzo de 2018, el procesado, "al que la menor trataba como un padre, y aprovechándose de esta situación", hubiera mantenido relaciones sexuales completas con su hijastra.

Tanto su madre como su padrastro se enteraron de que la menor estaba embarazada el mismo día en que dio a luz, el 1 de diciembre de 2018, ha añadido el TSJN.

En el momento de su detención, el 13 de diciembre, el encausado prestó su consentimiento para la obtención de muestras de ADN. El informe del perfil genético realizado por el laboratorio de Nasertic determinó que la probabilidad de que sea el padre biológico del bebé es de 99,999999987%.

En la sentencia, que puede ser recurrida, el tribunal recoge el informe pericial forense, según el cual, "desde el punto de vista médico", no se puede descartar "la posibilidad fisiológica de tener una erección del pene en estado de impregnación alcohólica, en dosis moderadas de alcohol con cifras de alcoholemia medias (1,54 g/l de alcohol en sangre)". De modo que, según el informe forense, "el expresado nivel de alcoholemia no impide esta actividad/función fisiológica".

Los jueces indican que no pueden proclamar sin duda alguna que los hechos ocurrieran conforme a lo mantenido tanto por la fiscalía como por la acusación particular, ejercida por la madre. Respecto de esta última, señalan que se vio obligada a presentar denuncia contra su marido por parte de los responsables de la Subdirección de Familia y Menores de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas como medida de protección de la menor y como requisito para implementar el programa especializado de intervención familiar.

En relación con la prueba practicada, el tribunal destaca que, desde su primera declaración, el inculpado "ha mantenido una versión constante y uniforme" acerca de los hechos imputados, que siempre negó.

Respecto de la menor, la Audiencia señala que, en la prueba preconstituida, a preguntas de la juez instructora, fue "incapaz de hacer una acción libre de lo sucedido y durante la declaración adoptó una postura corporal algo encogida y cerrada, mantuvo la cabeza y la mirada baja". "A las preguntas formuladas respondió de modo difícilmente audible y en forma muy breve, en muchas ocasiones solo con monosílabos de sí o no. No dio detalles. Ante preguntas concretas, recurrió a decir no sé o se adhirió a las respuestas proporcionadas por la juez y la perito psicóloga forense", describe el tribunal.

En cualquier caso, concluyen los magistrados, "valorando el contenido íntegro de las expresadas declaraciones, no es posible obtener los elementos" de convicción "que permitan considerar la realidad de una conducta penalmente relevante reprochable" al acusado.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha rechazado el cierre del campamento de migrantes de Las Raíces, tal y como han solicitado algunas administraciones públicas, partidos políticos y ONG, incluso el presidente canario, Ángel Victor Torres, y ha asegurado que las tensiones que se están viviendo en este espacio desde su apertura "se acabarán limando", como ha ocurrido en otros centros del archipiélago.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras visitar, por quinta vez, este centro que, recordó, es un recurso de emergencia que se habilita para hacer frente a la acogida de migrantes que han llegado al archipiélago procedentes del continente africano y que ha surgido con carácter temporal", si bien admitió que el deseo del Gobierno pasa por tener más centros de menor capacidad.

Durante su visita dijo haber visto un campamento "organizado, con medios y gente especializada que hace un trabajo profesional y comprometido en la gestión del mismo; cerca de 280 profesionales que están haciendo todo lo mejor posible y mejorando cada día ese recurso", apostilló el delegado del Gobierno.

Anselmo Pestana pidió a quienes han criticado este espacio que le den una "oportunidad" para que siga mejorando y funcionando como ha sucedido en otros centros donde también se ha vivido "problemas iniciales" porque "hay que adecuar la convivencia de muchas personas, lo que da lugar a algunas tensiones que poco a poco se han ido limando y que también aquí, estoy seguro, se van a ir limando", reiteró el delegado.

Pestana hizo hincapié en que cuando se ha producido algún problema de convivencia se ha intentado resolver dentro del centro y cuando esto no ha sido posible, tal y como ocurrió hace una semana, se cuenta con el apoyo de la Policía Nacional para "ayudar a resolverlo, rebajar la tensión y detener a los responsables".

Preguntado por un informe del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna donde se ponen en evidencia algunas deficiencias en Las Raíces, el delegado indicó que hay distintos informes en el mismo sentido y por eso se han ido mejorando las circunstancias del campamento. En esta línea, confía en que, igual que hubo problemas con la comida o el suministro de agua, todos estas deficiencias se vayan resolviendo.

En cualquier caso, ha insistido en que se trata de un centro de emergencia donde se intenta combinar protocolos covid con la necesidad de tener una cierta capacidad de alojamiento para que no se repita la situación que se vivió en el muelle de Arguineguín.

CAMPAMENTO IMPROVISADO.

Al finalizar su visita, el delegado del Gobierno ha recibido un escrito por parte de un grupo de migrantes en el que señalaban que ellos estaban colaborando con el funcionamiento del centro y haciendo lo posible por la convivencia de personas de cinco nacionalidades distintas que se encuentran acogidas, y en el que además criticaban el campamento improvisado que está fuera de las instalaciones.

En el escrito, solicitaban que las autoridades sanitarias acudieran a este lugar para ver las condiciones sanitarias y se quejaban de que en este espacio circulaba alcohol y se medicaba a la gente sin indicaciones médicas, lo que "alteraba la buena convivencia en el interior del centro. De hecho, Pestana apuntó que el altercado ocurrido el mates pasado, tal y como le han trasladado, se inició fuera del campamento de Las Raíces.

A este respecto, Anselmo Pestana comentó que, si bien este altercado terminó con la detención e ingreso en prisión de varios migrantes, el resto de intervinientes le han señalado que "hubo un abrazo final en el que las personas se pidieron disculpas e hicieron una especie de promesa de no volver a cometer ese error".

Por otro lado, destacó que hoy ha empezado el Ramadán y por ello se han tenido que adecuar los horarios y las comidas en el centro, dado que la mayoría de los migrantes acogidos son de religión musulmana. Además, resaltó que la gente estaba "muy tranquila", lo que, en su opinión, "es una buena señal".

El Tribunal Supremo (TS) ha resuelto que "no ha lugar a la admisión" de un recurso de casación interpuesto por un varón, contra una sentencia de la Audiencia de Sevilla que le condena a cinco años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales sobre su nieta, cuando la misma contaba 11, 12 y 13 años de edad.

La sentencia del Supremo, emitida el pasado 11 de febrero, analiza el citado recurso de casación contra esta condena impuesta en diciembre de 2019 por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.

En dicha sentencia condenatoria, la Sección Séptima de la Audiencia declaraba probado que "entre el verano de 2011 y mediados de 2013", el acusado, abuelo de la menor, de 11, 12 y 13 años de edad a la fecha de los hechos, "realizó a la misma tocamientos en sus pechos, piernas y órganos genitales", precisando que "en julio de 2011", cuando la niña viajaba en coche "junto con sus padres, su hermano pequeño y el propio acusado; ocupando la menor el asiento trasero, estando en un lado su hermano y al otro el recurrente, éste aprovechó que estaba oscuro, pues era de noche, para tocar los pechos y la entrepierna" de la chica.

"A partir de aquí se sucedieron múltiples sucesos similares cuando la menor y su familia acudían entre semana a almorzar a casa de sus bisabuelos. Cuando terminaban de comer, mientras los adultos retiraban los platos y recogían la cocina, la menor iba a casa del acusado, que estaba enfrente, para así conectarse a Internet", ocasiones en las que "cuando la menor estaba sola en el dormitorio de su abuela, su abuelo entraba y comenzaba a realizarle tocamientos libidinosos, llegando incluso en ocasiones a tumbarla en la cama, echándose sobre ella, sujetándola con una mano mientras con otra le tocaba los senos por dentro de su ropa y también sus órganos genitales por fuera de su ropa interior".

ABUSOS "DOS VECES AL MES"

"Estos hechos ocurrieron aproximadamente dos veces al mes", zanja la sentencia inicial condenatoria, que impone al abuelo de la víctima cinco año años de cárcel, cinco años de prohibición de acercarse a la menor y otros cinco años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena de prisión.

En su recurso de apelación, el condenado alegaba que en el juicio del que emana la sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia, "no se practicó prueba de cargo bastante para ser condenado, pues la misma se basó en la declaración plenaria de la víctima y en ella no concurrieron los requisitos jurisprudencialmente exigidos".

Así, señalaba entre otros aspectos la supuesta "falta del requisito de la persistencia en la incriminación, pues la víctima declaró ante los agentes que cuando les contó a sus padres los hechos fue en diciembre de 2013, mientras que en su exploración manifestó que se lo contó a su madre el mismo día del viaje en coche" en 2011.

"LA DISCREPANCIA DE LAS FECHAS"

No obstante, el Supremo indica que la Audiencia consideró que respecto a "la discrepancia advertida en relación con las fechas, siendo real tal divergencia, la misma era irrelevante pues no afectaba al núcleo de los hechos denunciados y, de otro lado, era explicable en la medida en que la víctima, ante los agentes actuantes, no quería perjudicar a su madre, pues esta no denunció los hechos cuando se los contó, sino que lo hizo en el año 2013, después de que se lo recomendasen los Servicios Sociales".

A tal efecto, indica que la Audiencia sostiene que "pese a que la declaración plenaria era menos descriptiva, la víctima mantuvo idéntica versión en cuanto a los lugares en que los hechos ocurrieron, la forma de abordarla por parte del acusado y las partes de su cuerpo en que aquel le tocó", toda vez que "esa parquedad descriptiva evidenciada en el acto del juicio tenía su origen tanto en el nerviosismo evidenciado, como en su clara intención de no perjudicar a su familia".

"La denuncia de vulneración del derecho a la presunción de inocencia debe ser inadmitida, pues se constata en el juicio se practicó prueba de cargo bastante y que el tribunal la valoró de forma racional y motivada, lo que le permitió concluir de forma lógica que el recurrente realizó los hechos por los que fue condenado en la forma descrita, sin que tal conclusión pueda ser considerada como ilógica o irracional y, por tanto, sin que pueda ser objeto de tacha", concluye el Supremo, que resuelve que "no ha lugar a la admisión" del recurso de casación formulado por el condenado.

Todos los partidos con representación en la Asamblea de Madrid, excepto el PP, han confirmado que acudirán al debate electoral que Radio Televisión Madrid (RTVM) celebrará el 21 de abril.

A pesar de que la presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, declaró, tras la convocatoria de elecciones, que ella solo acudiría al debate de Telemadrid, tal y como sucedió en la campaña de 2019, desde su candidatura propusieron, posteriormente, que fuera la Academia de las Ciencias y de las Artes de Televisión la que lo organizase.

La relación entre el Gobierno de Ayuso y Telemadrid no ha sido la mejor durante la pasada legislatura, las acusaciones se han cruzado por el contrato programa, el tratamiento a la información relativa a la dirigente madrileña y la cuantías que requerían la autorización de la Consejería de Hacienda para determinados eventos.

Ante "el aluvión de propuestas de debates", los 'populares' defendieron que de esta manera llegaría a más personas sin perjudicar a ninguno de los medios que lo habían solicitado con anterioridad, porque la imagen sería distribuida a todos. Apelaron a su "neutralidad e independencia" y propusieron que se celebrase el 20 de abril.

Ante esto, desde el ente público recordaron que ellos también distribuirían de manera gratuita la señal a los medios de comunicación y reivindicaron que son "un medio de comunicación público, neutral e independiente", que ha organizado siempre los debates autonómicos. Días más tarde, fijaron la fecha de su debate para el 21 de abril.

A continuación, el resto de partidos se han apresurado a defender que acudirán al mismo. El candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, ha afirmado que acudirá en primer lugar al debate de la televisión pública y a "a los que hagan falta" después. Además, ha invitado a Ayuso a hacerlo para "confrontar los proyectos y que se pueda ver que hay una alternativa a su propuesta".

El candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha indicado que ir a este encuentro es "un deber democrático" y pide a la presidenta regional que "recapacite" y acuda al debate que organiza "la televisión de todos los madrileños".

Mónica García, la candidata de Más Madrid, no solo ha confirmado que estará en el debate sino que ha pedido que este sea obligatorio "por ley". "Cualquier candidato que se erija como posible presidente de la Comunidad tiene que tener un debate en la televisión pública y se puede cerrar por ley. Es igual que no se puede ser médico sin tener el MIR", ha declarado.

La candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha defendido que está "encantada" de ir a este foro y se ha preguntado para qué quiere el Partido Popular una televisión pública "si luego la desprecian".

"Como no podía ser de otra manera, asistiremos al debate de Telemadrid. Nuestro compromiso siempre estará del lado del apoyo de la televisión pública y de sus trabajadores", ha manifestado también el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Por su parte, el PP de Madrid ha reiterado que Ayuso solo acudirá al debate que organice Academia. "Nada ha cambiado", ha expresado el director de campaña de la candidata, Alfonso Serrano. En este sentido, ha incidido en que "Ayuso tiene la firme voluntad de debatir con todos los candidatos" pero hacen hincapié en que, a su parecer, "la única opción y la más justa para todos los que lo han solicitado es que lo organice la Academia".

Preguntada por esta cuestión, Ayuso ha manifestado que ha delegado la decisión en su equipo de campaña y que este cree que "puede haber más audiencia porque pueden a su vez participar más televisiones".

COMITÉ DE EMPRESA

Desde el comité de empresa de RTVM han emitido este martes un comunicado donde han hecho hincapié en que las fuerzas políticas deben facilitar este tipo de actos "de vital importancia democrática". Además, han incidido en que deben promover que tengan lugar "en la casa de todos los madrileños", para ofrecerles "las propuestas de las diferentes candidaturas políticas que se presentan a las elecciones".

"Agradecemos el compromiso con Radio Televisión Pública madrileña de los partidos políticos que ya han anunciado públicamente su presencia en el debate y confiamos en poder contar también con la presencia de la candidata del PP", ha señalado.

El pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha fijado para este miércoles la deliberación y fallo sobre el recurso de Juana Rivas contra la sentencia que la condena a cinco años de prisión por la supuesta sustracción de sus dos hijos menores, después de que en verano de 2017 llegara a pasar un mes en paradero desconocido con ellos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, al que acusa de malos tratos.

Será la primera vez que el Supremo se pronuncie de forma completa sobre la naturaleza jurídica del delito de sustracción de menores, a fin de unificar doctrina y después de la entrada en vigor del nuevo recurso de casación previsto en la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que hasta ahora el recorrido procesal de este delito solía terminar en las Audiencias Provinciales. Al pleno de este miércoles irán, entre otros asuntos, el caso de Juana Rivas y otro procedente de la Audiencia de Madrid sobre una madre que resultó absuelta de este mismo delito, según han detallado fuentes del Alto Tribunal.

El abogado Carlos Aránguez, que representa a Juana Rivas en este proceso, ha confiado este martes en que el Supremo estime su recurso "al menos parcialmente" y se reduzca la pena de cinco años de prisión, que considera "desproporcionada", según ha señalado en declaraciones a los medios. Por su parte, el letrado Enrique Zambrano, que representa al padre de los menores, el italiano Francesco Arcuri, ha mostrado su confianza en que el Supremo siga la línea marcada tanto por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada como por la Audiencia Provincial.

Rivas ha sido condenada a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores, después de que decidiera sacar a sus dos hijos de Italia --país en el que tienen fijada su residencia habitual-- alegando ser víctima de malos tratos para llevarlos a España, donde en verano de 2017 llegó a pasar un mes en paradero desconocido con ellos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre.

Esta madre de Maracena (Granada) ha defendido en su recurso ante el Supremo que actuó por una "causa justificada" como fue "proteger a sus hijos" y no para perjudicar al padre, incidiendo en la denuncia que presentó contra él en julio de 2016, tras abandonar Italia con los niños, por presunto maltrato y que luego fue archivada.

Su defensa alude a "la falta de coordinación entre la Justicia italiana y la española" y mantiene que "si no se ha acreditado una situación de maltrato continuado (...) no ha sido por la falta de diligencia de Juana Rivas, sino por el hecho de que las denuncias interpuestas por ella no han obtenido una respuesta judicial firme".

La defensa de Rivas ha pedido su libre absolución o que, en su defecto, se le rebaje la pena como autora de un único delito de sustracción de menores y no de dos, extremo que ha apoyado la Fiscalía del Supremo, lo que reduciría la pena de cárcel a la mitad.

La justicia italiana archivó en febrero de 2020 las ocho denuncias que Rivas había presentado por maltrato contra su expareja, el italiano Francesco Arcuri, aludiendo a la ausencia de pruebas y la "inconsistencia" del relato. El padre actualmente ostenta la custodia en exclusiva de los niños y Juana Rivas puede verlos en cumplimiento del régimen de visitas que fijó en su día un tribunal italiano.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha exigido este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se disculpe con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras deslizar que Madrid no registra todos los contagios por Covid-19. A su entender, debe "dejar de mentir" porque los españoles no merecen un presidente que "utiliza la mentira como arma electoral".

Así se ha pronunciado Gamarra después de que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, haya asegurado que no le consta que los datos de coronavirus que proporciona la Comunidad de Madrid sean falsos y haya agregado que la letalidad en esta región es "similar" a la de otras autonomías.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha recalcado que Simón "dijo alto y claro que Pedro Sánchez había mentido" y ha subrayado que los españoles "no merecen un presidente que les mienta con la pandemia".

Al ser preguntada expresamente si cree que el jefe del Ejecutivo debería pedir perdón a Ayuso, Gamarra ha señalado que "efectivamente el presidente Sánchez tiene que pedir perdón y disculpas a la presidenta de la Comunidad de Madrid pero también a todos y cada uno de los madrileños".

"Lo que no merecemos con lo que estamos viviendo y con el año que los españoles están sufriendo y padeciendo es que el presidente del Gobierno se dedique a utilizar la mentira como un arma electoral contra una candidata en una comunidad autónoma", ha proclamado.

Según la dirigente del PP, los "esfuerzos" de Pedro Sánchez deberían centrarse en luchar contra la pandemia cuando España es el país de Europa que "peor la ha gestionado", algo que, a su juicio, es "responsabilidad" del presidente del Gobierno porque ha estado "ausente".

ACUSA A SÁNCHEZ DE ACTUAR POR "INTERÉS ELECTORAL"

Gamarra ha pedido a Sánchez que "abandone" su política de "utilizar todo" con un "único interés electoral para el PSOE en Madrid" ante las elecciones del 4 de mayo porque, a su juicio, los españoles "se merecen un respeto" y que el interés del Gobierno sea "el interés general".

"Estamos viendo cómo Sánchez gobierna con interés electoralista. Primero en Cataluña y ahora en Madrid, dejando al margen el interés general de los españoles", ha subrayado, para echarle en cara de nuevo que "utilice la pandemia como arma electoral".

En este sentido, Gamarra ha insistido en que Sánchez debe "abandonar ese papel de jefe de la oposición en Madrid y candidato" a las elecciones madrileñas y "limitarse a ser presidente del Gobierno".

"HACHAZO FISCAL" DEL GOBIERNO

Además, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha denunciado que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos "plantee una subida de impuestos para todos los españoles", buscando "imponer un hachazo fiscal" cuando otros países europeos están bajando impuestos para reactivar la economía.

Gamarra ha criticado que el Ejecutivo "imponga" esa política económica de subida impositiva "sin garantizar la autonomía fiscal que tienen que tener las comunidades autónomas". Por eso, ha anunciado una enmienda a una moción que se debatirá en el Pleno del Congreso incluya "autonomía fiscal" que permita a las autonomías "establecer qué política fiscal quieren y puedan bajar impuestos".

Euskadi está en "la fase ascendente de la curva de incidencia" del Covid-19 y ha registrado 726 nuevos contagios de coronavirus este pasado lunes, lo que supone 128 más que el día anterior, pero la tasa de positivos ha bajado al 7,8%, con más pruebas diagnósticas realizadas. La presión en las UCI se mantiene, con 127 camas de críticos ocupadas este lunes, dos más que el día previo, y se han producido 104 nuevos ingresos en planta, 40 más que en la jornada anterior, según ha informado la consejera de Salud, Gotzone Sagardui.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Gotzone Sagardui ha dicho que la incidencia de la Covid-19 es "muy elevada" y "continúa aumentando y en los últimos días lo hace a un ritmo mayor".

En ese sentido, ha señalado que los distintos indicadores muestran que Euskadi se encuentra "en la fase ascendente de la curva de incidencia" y la situación es "preocupante".

Según los datos aportados este martes por la consejera de Salud, durante este pasado lunes se han realizado 9.313 pruebas diagnósticas, por encima de las 6.871 del día anterior (5.742 PCR y 3.571 test de antígenos), con resultado de 726 positivos. De esta forma, la tasa de positividad en relación a las pruebas practicadas ha descendido tres décimas, del 8,1% al 7,8%.

La trazabilidad de los casos alcanza una media en los últimos siete días del 48,2%, porcentaje de positivos detectados por ser contactos de otros casos, frente al 39% de positivos que se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

La tasa de casos positivos acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes ha subido de nuevo este pasado lunes en Euskadi y alcanza los 420,15 casos, lo que supone casi diez puntos que el domingo (410,96). Este indicador se sitúa este pasado lunes en 426,70 casos en Álava (423,97 en la jornada anterior); en 360,91 casos en Vizcaya (354,38 el día previo); y en 500,10 casos en Guipúzcoa (483,30 el domingo). De esta forma, el único territorio que no está en 'zona roja' es el vizcaíno, aunque la tendencia es ascendente.

En ese sentido, Gotzone Sagardui ha alertado de su "rápido crecimiento", ya que "en poco más de un mes este índice ha crecido 220 puntos". Así, el mínimo fue el pasado 10 de marzo, con 200 casos por cada 100.000 habitantes, y la semana del 4 al 11 de abril se ha incrementado un 22%, ha señalado la consejera.

La razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) ha subido este lunes y es de 1,23 para el conjunto de Euskadi (1,22 en la jornada previa),

Además, ha indicado que el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, es superior al 1 desde hace más de un mes y, "desde hace varias jornadas, oscila alrededor del 1,20". En la jornada de este lunes, se sitúa en el 1,17 (era 1,18 el domingo).

TERRITORIOS

Por territorios, se han detectado 298 casos positivos en Bizkaia este pasado lunes, 37 más que el domingo. Los datos más elevados se registran en Bilbao con 98 nuevos casos (dos más), seguido de Getxo con 29, Barakaldo con 17, Portugalete con 15, y Sestao y Santurtzi con 12 en cada municipio.

En Gipuzkoa se han registrado otros 315 contagios (50 más). Las localidades guipuzcoanas con más casos positivos en coronavirus son San Sebastián con 44 nuevos contagios, cinco menos que en la jornada previa, Irun con 22, Oñati con 20, Tolosa con 13, Legazpi con 12, y Zarautz, Beasain y Erreenteria con diez en cada municipio.

Por su parte, Álava ha sumado 106 nuevos contagios, 39 más que el día previo. La mayoría de ellos se dan en Vitoria, con 78 nuevos positivos (30 más), mientras que Llodio suma once infectados y Amurrio tres nuevos positivos.

A ellos, se añaden siete positivos en coronavirus entre personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, frente a los cinco de la jornada previa.

En cuanto a las capitales vascas, la tasa acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes es este pasado lunes de 472,47 casos en Bilbao (471,03 la jornada anterior) y de 464,76 en Vitoria (465,16 el domingo), por lo que ambas capitales están en 'zona roja', mientras que la incidencia acumulada en San Sebastián es de 342,67 casos (332,80 el día previo), por lo que se encuentra en 'zona naranja'.

Además de Bilbao, los municipios vizcaínos de más de 5.000 habitantes en 'zona roja' son Getxo, Muskiz, Ondarroa, Portugalete y Sestao, y los guipuzcoanos de Aretxabaleta, Arrasate-Mondragon, Astigarraga, Azkoitia, Beasain, Errenteria, Hondarribia, Lasarte-Oria, Lazkao, Legazpi, Lezo, Oiartzun, Oñati, Ordizia, Orio, Pasaia, Tolosa, Urretxu, Villabona, Zarautz, Zumaia y Zumarraga. En Álava, solo están en 'zona roja' su capital y la localidad de Amurrio.

Por su parte, se encuentran en 'zona naranja', por encima ya de 300 casos acumulados, las localidades vizcaínas de más de 5.000 habitantes de Abadiño, Amorebieta-Etxano, Arrigorriaga, Balmaseda, Berango, Durango, Erandio, Markina-Xemein y Trapagaran, y, junto a San Sebastián, las guipuzcoanas de Andoain, Bergara, Eibar, Hernani, Mutriku, Urnieta y Usurbil, además de la alavesa de Llodio.

HOSPITALES

En cuanto a la presión asistencial, Sagardui ha dicho que la situación en la hospitalización "confirma un aumento notable en la ocupación hospitalaria". En la actualidad, ha advertido, hay 430 personas ingresadas en planta, diez más que en la jornada previa, 66 más que hace una semana y 142 más que hace dos semanas.

Sagardui ha señalado que incremento de la tasa de incidencia "deriva en pocos días en un aumento de los ingresos hospitalarios, que posteriormente se traspasa a la ocupación de las camas UCI". Actualmente, ha señalado, están abiertas 331 camas con el 82,18% de ocupación global, y casi la mitad, el 46,69% de esas camas, están ocupadas con pacientes covid positivo.

En concreto, ha indicado que en este momento hay 127 personas en UCI, dos más que el domingo, y "el suelo de ocupación del que procedemos en cada momento de tensionamiento es superior al anterior". "La evolución es significativa, ya que en octubre se registró el mínimo de 45 camas UCI con pacientes covid positivos, en enero fue de 71 y el 29 de marzo, el suelo del que procedemos al tensionamiento actual, fue de 80 camas UCI ocupadas por enfermos positivos de covid", ha remarcado.

Sagardui ha dicho que aunque Euskadi tiene "una gran capacidad para incrementar el número de camas UCI disponibles" es necesario recordar que las medidas más efectivas para evitar la transmisión son las ya conocidas, el uso correcto y continuo de la mascarilla, mantener la distancia física, evitar al máximo el contacto social con personas no convivientes, especialmente en espacio cerrados, evitar al máximo la interacción social entre personas no convivientes, y lavado de manos frecuente.

EDADES

Por edades, el mayor número de nuevos contagios se sigue produciendo en las personas de entre 40 y 64 años (289 nuevos positivos), seguidas de la franja de edad de 19 a 39 años (190) y de los menores de 18 años (120 casos). Los mayores de 65 años contabilizan 125 casos, de los que 36 superan los 80 años.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes más elevada está entre la población de entre 19 y 39 años (483,38) seguida por los menores de 18 años, con 469,09, y la más baja es la de la población mayor de 80 años, con 246,94, todas ellas en alza.

El subsecretario de Justicia, José Miguel Bueno, ha asegurado este martes en una comparecencia parlamentaria que no hay "ni aceleramiento ni retraso" en la tramitación de los indultos solicitados para los condenados por el 'procès', afirmando que todas las peticiones que llegan al Ministerio se gestionan con "la máxima celeridad posible", frente a las críticas que ha recibido tanto de Junts como de PP y Vox por el "ritmo" que llevan los casos de los independentistas catalanes.

Bueno ha contestado así a las preguntas que le han lanzado los grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para presentar el informe sobre los indultos solicitados, concedidos y denegados durante el segundo semestre de 2020 y, en concreto, al reproche que le ha hecho el representante de Vox Luis Ruiz Navarro por la decisión del Ministerio de Justicia de reanudar la tramitación de los indultos en marzo del año pasado, en plena pandemia.

"Sigo insistiendo en que el interés general exige la continuidad de la tramitación y no hay ningún otro tipo de motivación en ello, ni aceleramiento ni retraso ni suspensión intencionados. Todos los expedientes se tramitan con la máxima celeridad posible teniendo en cuenta el marco de las complejidades", ha declarado Bueno.

De esta forma, ha señalado "falta de realidad tanto de un punto de vista como del otro", en alusión a las palabras del diputado de Junts Josep Pagès y de Vox, que le venían a imputar respectivamente --según ha descrito él mismo-- "algún tipo de retraso en la tramitación y, por otro lado, el levantamiento de la suspensión con el intento de acelerarlo" en relación con los indultos del 'procès'.

Desde el PP, Miguel Ángel Jerez ha expresado la preocupación de su grupo parlamentario por "el ritmo con el que se está tramitando este expediente", que ha calificado de "extremadamente lento". "Nos da la sensación de que alguien está contemporizando (...) y esto puede obedecer a un determinado tacticismo político. Alguien está esperando el momento procesalmente oportuno para que se den determinadas circunstancias y se resuelva en un sentido u otro", ha planteado.

Interrogado sobre cuál será ese sentido, Bueno ha contestado que no puede adelantarlo, argumentando que no le corresponde y que sería además una "irresponsabilidad", si bien ha subrayado --también ante los cuestionamientos de Vox-- que la concesión de indultos atiende a "criterios legales", no "morales". En estos momentos, ha recordado, la tramitación continúa en el tribunal sentenciador, en este caso el Supremo.

LA MAYORÍA SE DIERON CON INFORMES DESFAVORABLES

En cuanto a los datos de indultos referidos al segundo semestre de 2020, Bueno ha informado de que en ese periodo se concedieron 18 indultos de los 1.664 expedientes resueltos en esos seis meses, lo que supone el 1,08 por ciento de los mismos.

De los 18 concedidos, ha detallado que todos fueron parciales, cinco se concedieron a mujeres y 13 a hombres y, sobre el tipo de ilícito, diez se referían a delitos contra el patrimonio; tres a delitos contra el medio ambiente y la ordenación territorial; otros tres a delitos contra la intimidad; uno a un delito contra la salud pública; y otro a un delito de falsedades.

Solo siete de los 18 indultos concedidos contaban con informes favorables tanto del tribunal sentenciador como del Ministerio Fiscal. De los once restantes, diez tenían el visto bueno del órgano judicial pero no el de Fiscalía, y el otro contaba solo con el 'placet' del Ministerio Público.

Por otro lado, de los 1.646 indultos denegados en dicho semestre, el 87 por ciento tenían informes desfavorables de tribunal y Fiscalía; el dos por ciento solo del sentenciador; el ocho por ciento solo del Ministerio Público; y únicamente el tres por ciento tenían a su favor a ambos.

El Gobierno andaluz reclama al Gobierno de la Nación la convocatoria de órganos de interlocución como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o en su defecto de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación para abordar en éstos "los aspectos técnicos que permitan conceder con seguridad el apoyo a empresas y autónomos" del paquete de ayudas directas de 7.000 millones anunciado por el Gobierno y que contaría en su reparto con la implicación de las comunidades autónomas.

"El motivo de la presente carta es trasladarle nuestra profunda preocupación por la falta de información y la incertidumbre a la que estamos sometidas las comunidades y ciudades Autónomas, después de que 30 días después de la publicación del RDL 5/2021, el periodo límite que la propia norma establece para la firma de los convenios, las Comunidades y Ciudades Autónomas desconocemos la Orden Ministerial que debe fijar las cuestiones técnicas", afirma el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo.

La petición de la Junta de Andalucía la ha planteado por medio de una carta del consejero a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fechada este lunes, día 12.

El Gobierno andaluz plantea "un diálogo multilateral" entre Gobierno y comunidades autónomas, por lo que traslada que "volvemos a reclamar la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera como órgano de coordinación, cooperación y colaboración, o en su caso de la Conferencia Sectorial para el Plan de Recuperación".

"Los criterios de elegibilidad y justificación creemos que van a dificultar de forma extraordinaria la gestión de estas ayudas, por lo que pedimos encarecidamente que se revisen o, al menos, contemos con el criterio de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)", sostiene el consejero de Hacienda en su misiva.

"Consideramos que tanto la norma como el proceso de implementación de la misma se están diseñando de espaldas a quienes tenemos la obligación de aplicarla, con graves riesgos para la absorción de esos fondos y gran inseguridad jurídica tanto para las comunidades autónomas como para los beneficiarios de las ayudas", prosigue argumentando el consejero de Hacienda en su relato.

El texto de Bravo a Montero sitúa los antecedentes de la reclamación de la Junta de Andalucía, por lo que recuerda en este sentido que el 24 de febrero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso de los Diputados un "paquete adicional de 11.000 millones de euros para nuevas actuaciones para empresas, pymes y trabajadores autónomos", que aprobó un Consejo de Ministros extraordinario el 12 de marzo, compuesto por una línea de ayudas directas de 7.000 millones de euros para facilitar el pago de gastos fijos y deudas a los sectores más perjudicados por la pandemia.

La demanda que plantea Bravo a Montero se centra en esa línea de ayudas directas de 7.000 millones por cuanto se alude a la participación de las comunidades autónomas en su reparto a empresas y sectores más afectados por la pandemia de coronavirus.

El consejero de Hacienda recuerda a la ministra sus declaraciones al respecto, en las que puso de manifiesto que el "Real Decreto Ley prevé que, en el plazo de un mes, el Gobierno tenga formalizada la orden de reparto del fondo a las comunidades autónomas, tras la firma de los correspondientes convenios".

"EMPEZANDO A CORRER LOS PLAZOS"

Bravo esgrime que el BOE de 13 de marzo publica el Real Decreto-ley 5/2021, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial ante la pandemia de coronavirus, hecho que determina su entrada en vigor y consecuentemente con ello "empezando a correr los plazos regulados en su artículo 4 para la firma de convenios entre ministerios y comunidades y ciudades autónomas". El 25 de marzo el Congreso de los Diputados convalida el Decreto Ley.

El consejero traslada a la ministra que su departamento publica el 26 de marzo una Orden con el reparto de esos fondos entre las comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, a lo que suma el anuncio de otra Orden Ministerial sobre cuestiones técnicas por cuanto "la orden publicada sólo establecía el reparto, pero no concretaba las cuestiones necesarias para la aplicación de la Línea Covid de Ayudas" como recoge el Real Decreto Ley 5/2021.

En el caso de Andalucía la distribución territorial de fondos del Gobierno para esas ayudas directas supone percibir 1.100 millones de euros.

DECISIÓN UNILATERAL DEL CONSEJO Y SIN BORRADOR DE CONVENIO

Bravo reprocha a la ministra que, aun cuando esta norma prevé la participación de las comunidades en aspectos como la recepción de las solicitudes, su tramitación o el abono de la subvención, en ningún caso "se le ha dado participación a las comunidades y ciudades Autónomas", por lo que lamenta una responsabilidad establecid por "decisión unilateral del Consejo de Ministros".

"Tampoco se nos ha facilitado un borrador de convenio", sigue poniendo de manifiesto el consejero de Hacienda en su relato de los reproches de Andalucía hacia el Gobierno, por lo que advierte de que la única información que dispone son aspectos de ese convenio como "el suministro de información por parte de la AEAT a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla; el segundo, relativo a la remisión de la información por las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla al Ministerio de Hacienda; el tercero, relativo al deber de publicitar el carácter estatal de los fondos; y el cuarto, otras cláusulas adicionales que deberán incluirse en los convenios".

"Esta forma de actuar, sin contar con la imprescindible colaboración de las Comunidades Autónomas, hace peligrar la eficacia de las medidas a poner en marcha", razona el consejero de Hacienda.

"ESTÁ EN JUEGO LA SUPERVIVENCIA DE LAS EMPRESAS"

El consejero de Hacienda, tras indicar que "estas dudas se le han puesto de manifiesto desde la máxima lealtad institucional, sin obtener respuesta", pone de manifiesto el hecho de que "está en juego la supervivencia de muchas empresas y el mantenimiento de sus puestos de trabajo".

Y pese a esa urgencia, Bravo estima que "la gestión de las ayudas, tal y como están ahora mismo configuradas, nos va a conducir a una situación muy complicada".

Las reticencias del Gobierno andaluz expresadas por boca de su consejero de Hacienda se sustentan en el hecho de que los concesionarios de las ayudas, los empresarios pueden verse abocados en el cumplimiento del objeto de los incentivos, como "asignar una prioridad temporal a los pagos", ante "situaciones límite y obligará a los órganos concedentes de la subvención a exigir el reintegro de la misma" en caso de que detecte el incumplimiento de los requisitos.

El Gobierno andaluz apela también al manejo de información por parte de las comunidades para que éstas puedan "plantearnos complementarlas con nuevas líneas de ayudas para atender aquellos sectores donde éstas no lleguen".

"Creemos que la decisión inicial de no aportar dicha información, sino facilitárnosla NIF a NIF previa petición de las Comunidades y Ciudades Autónomas, supone claramente un fuerte obstáculo para que podamos desempeñar la labor de auxilio a todos los sectores económicos que lo vienen demandando", indica el consejero de Hacienda para poner de manifiesto las dificultades en el auxilio a los sectores empresariales.

El consejero de Hacienda traslada que el deseo de Andalucía se encamina en "garantizar" que la tramitación y concesión de las ayudas "ofrezca las máximas garantías y la seguridad jurídica imprescindibles" con objeto de evitar situaciones que desemboquen en una situación como "un reintegro de las mismas por problemas de indefinición o inconcreción, cuestiones que debe resolver el Estado, pero hacerlo de la mano de las Comunidades Autónomas".

El pleno del Parlament ha aprobado este martes pedir al Estado que pague, en un plazo de tres meses, las ayudas económicas prometidas por los últimos fenómenos meteorológicos adversos.

En el debate de una moción del PP en materia de emergencias, la Cámara autonómica ha dado igualmente el visto bueno a reclamar al Estado que dote a las Islas de los recursos humanos y materiales necesarios previstos en los reglamentos internos de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

La moción, defendida por el popular José Luis Camps, no ha recibido el apoyo en el resto de puntos al no aceptar el PP las enmiendas de los socios del Pacte, centradas principalmente en cuestiones de competencias de las administraciones.

Así, el pleno ha rechazado pedir al Govern que garantice tres cursos de formación de policías locales, así como que los bomberos de cada isla pueda acceder a un curso de formación al año.

La diputada del PSIB Pilar Carbonero ha defendido que el presupuesto de Emergencias se ha incrementado un 41 por ciento desde 2015. La diputada de Unidas Podemos, Esperança Sans, ha insistido en que los procesos de selección de policías locales son competencia de los ayuntamientos "por muchos cursos que se hagan".

En ese sentido, Sans ha pedido la descentralización de los cursos de aspirantes a policía local para que se adapten a la realidad insular.

El diputado de MÉS per Mallorca Josep Ferrà ha aprovechado la intervención para volver a reclamar la creación de una policía autonómica, como está recogido en el Estatuto de Autonomía, apoyado por todas las fuerzas políticas.

Por parte de Cs, el diputado Jesús Méndez ha criticado que los socios del Pacte hayan presentado enmiendas apoyándose en cuestiones "rebuscadas" y ha defendido el apoyo de su grupo "por sentido común de las demandas del PP".

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha afirmado que todo lo que se ha pedido en la moción es de "una lógica aplastante" y ha asegurado que no entiende la oposición y las reticencias de los socios de gobierno.

La diputada de El PI Maria Antònia Sureda ha expresado su "preocupación" por la situación de las policías locales y la estabilidad de los cursos de bomberos y ha argumentado que especialmente en las situaciones más graves "las promesas deben cumplirse lo más pronto posible".

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto Patricia Font ha insistido en la necesidad de descentralizar la formación de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad y ha argumentado que la moción ha hecho aflorar las diferencias ideológicas entre los grupos.

Camps ha expresado su preocupación por el hecho de que el Estado todavía no haya pagado todas las ayudas comprometidas tras los episodios de fenómenos meteorológicos adversos. El diputado ha pedido al Ejecutivo autonómico que presione al Gobierno del Estado a que cumpla los compromisos de pago.

La moción ha comenzado con críticas a la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, por no haber defendido a los policías locales agredidos en Capdepera, así como a la gestión del asunto por parte de la Delegada del Gobierno, Aina Calvo.

El nuevo dispositivo de búsqueda de Rosalía Cáceres, la mujer desaparecida hace casi un año en Bohonal de Ibor (Cáceres), desarrollado este martes, día 13, por parte de la Guardia Civil en la zona donde se registró la última llamada telefónica de dicha mujer a su hijo ha concluido sin novedades.

Compuesto por 75 efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Cáceres, así como de unidades especiales de otras comandancias, sobre todo del Servicio de Montaña procedentes desde Segovia y Madrid, el dispositivo ha estado integrado también por un perro de búsqueda de personas, y ha incluido igualmente la utilización de drones, con el "objetivo de intentar encontrar algún vestigio, alguna prueba que pueda ayudar a conseguir saber del paradero de Rosalía".

De este modo lo ha explicado en declaraciones a la prensa este martes en la zona del dispositivo el responsable de Comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, Francisco Morcillo, quien ha avanzado que "novedades prácticamente" no hay ninguna en el caso y que en días posteriores se realizará alguna otra "macro-búsqueda" como la desarrollada este martes.

"Novedades prácticamente no tenemos ninguna, únicamente que hoy hemos establecido un nuevo dispositivo de búsqueda, de los muchos que ya llevamos, con un total de 75 efectivos de la Guardia Civil tanto de la Comandancia de Cáceres, de unidades especiales que han venido de otras comandancias sobre todo del Servicio de Montaña que ha venido desde Segovia, desde Madrid, etcétera", ha dicho.

Con ello, el dispositivo de este martes ha estado "incidiendo" en el último punto en el que se cree que se situaba Rosalía Cáceres antes de su desaparición, que es un punto en la zona norte de Bohonal de Ibor a la altura del río Ibor donde dicha mujer mantuvo su "último contacto" vía telefónica con su hijo "entre la 1 y las 2".

El operativo de este martes se ha efectuado a pie por todos los componentes de la Guardia Civil, incluidos integrantes de las unidades de montaña, junto a un perro de búsqueda de personas y la utilización de drones "para poder determinar las zonas y poder intentar localizar alguna prueba, algún vestigio que nos pueda encaminar o redirigir hacia el paradero de Rosalía Cáceres", ha explicado el responsable de Comunicación de la Guardia Civil.

"Hoy hemos mucho más hincapié y hemos andado sobre todo en la zona de triangulación de la última llamada. En esa zona determinada es donde hemos buscado más minuciosamente y más meticulosamente por objeto de intentar encontrar alguna prueba, algún vestigio, algo", ha añadido.

SIN DESCARTAR NINGUNA HIPÓTESIS

Asimismo, Francisco Morcillo ha indicado que casi un año después de la desaparición de Rosalía Cáceres no se descarta "ninguna hipótesis". "A día de hoy barajamos cualquier posibilidad", ha señalado.

Sobre este respecto, ha añadido también que al margen de búsquedas como la desarrollada este martes también se mantienen abiertas unas líneas de investigación que llevan las unidades de Policía Judicial, e investigadores especializados que "llevan otras líneas de investigación al margen de ésta".

Al mismo tiempo, a preguntas de los medios sobre la posibilidad de que la mujer hubiera salido a andar el día de su desaparición, el responsable de Comunicación de la Guardia Civil de la Comandancia de Cáceres se ha limitado a indicar que, según se tiene conocimiento "sobre todo" por parte de la familia, Rosalía Cáceres "salía prácticamente a diario a andar" y que se cree que "ese día prácticamente utilizó las mismas rutas que utilizaba a diario".

Finalmente, Francisco Morcillo ha incidido en que aparte de los dispositivos de búsqueda que se realizan en días concretos como el de hoy, la Guardia Civil también realiza búsqueda de Rosalía Cáceres tanto a través del Servicio de Protección de la Naturaleza como por las unidades de seguridad ciudadana en días alternos.

"O sea, que no sólo se busca a Rosalía cuando se establecen estos dispositivos (como el de este martes)... Lo que pasa es que cuando se establecen estos dispositivos lo hacemos más notorio y queremos que la sociedad sepa que continuamos con las búsqueda de Rosalía", ha apuntado.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado este martes al gabinete jurídico de la Junta a recurrir el trasvase de noviembre de 2020 de 13 hectómetros cúbicos desde los embalses de Entrepeñas y Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, lo que hacen un total de 44 trasvases recurridos desde el inicio de su mandato en 2015.

Así lo ha traslado el rueda de prensa el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, que ha reconocido que el Gobierno autonómico no ha "tenido éxito en la sentencia de los tribunales", porque los recursos van contra una ley "injusta", y es "difícil ofrecer el defecto desde el punto de vista normativo".

En este punto, se ha referido al 'Memorándum de Entendimiento sobre el Trasvase Tajo-Segura' con el deseo de que se derogue. "Esto está a punto de suceder, en cuanto se publique la nueva planificación hidrológica del tajo, que incluye un caudal mínimo, y ese caudal mínimo supone al derogación de la ley".

Asimismo, ha presentado al Consejo de Gobierno los avances del borrador del Real Decreto que disminuye la cantidad trasvasable de 38 a 27 hectómetros cúbicos cuando Entrepeñas y Buendía están en nivel 2, y ha confiado en que vea la luz "lo antes posible". "Si hubiera estado en vigor hace 4 meses, se hubiera dejado de trasvasar 44 hectómetros cúbicos de Castilla-La Mancha al Levante".

"Es muy importante avanzar en esta dirección", ha señalado el consejero de Agricultura, que ha incidido en el modelo de nueva planificación hidrológica, con el establecimiento de caudales mínimos, para defender "el derecho de la España interior" que tiene derecho a que el agua esté donde se vive. "No es una guerra entre comunidades es el planteamiento de un modelo de desarrollo sostenible".

DEPURACIÓN Y GANADERÍA

También en materia de agua, el Consejo de Gobierno de este martes ha probado una partida de 1,4 millones de euros para contratar un servicio que analice el agua que vierten 460 depuradoras de municipios de la región que vierten agua a los cauces de los ríos, por si es necesario realizar inversiones en depuraciones específicas.

De otro lado, se ha dado el visto bueno a las bases y a la convocatoria de una ayudas nuevas a ganaderos de bovino de carne en extensivo, por valor de 12 millones de euros para 2021 y 2022, que podrían llegar a 1.000 ganaderos. El plazo para solicitarlas culmina el 15 de mayo, dentro de la solicitud única de la PAC, ampliada hasta esta fecha en Castilla-La Mancha.

Hay un máximo de 6.000 euros por explotación y se concederá 30 euros por hectárea. Además de tener el ganado pastando tiene que haber presencia de entre 0,2 y 1,2 vacas o toros por hectárea para poder recibir la ayuda.

El hombre acusado de abusar sexualmente de una menor en Muros (A Coruña), en el año 2017, ha negado haberle realizado tocamientos, en el juicio que se ha celebrado en la Audiencia coruñesa.

En su escrito de calificación, la fiscalía demanda 6 años de prisión para el hombre, acusado de tocarle las piernas, a la altura de las nalgas, a una menor de 13 años cuando se encontraban en la marquesina de la parada de autobús.

En declaraciones realizadas a los medios, el abogado de la defensa, Javier Tajes, confirmó la petición de absolución para su cliente al considerar que los hechos no ocurrieron. En caso de darse por válido el testimonio de la víctima, consideró que, en todo caso, el delito "atenta contra el honor" y no contra "la libertad sexual", al ser un hecho "fugaz y poco intenso".

En el juicio, el acusado negó los hechos. Relató que vio solo dos veces a la víctima en la marquesina en la que "se sentaba a descansar". Dijo que no se "sobrepasó" con la menor, de la que pensó "que tenía 17 o 18 años".

UN VECINO DE CONFIANZA

Por su parte, la víctima explicó que no desconfío en ningún momento del acusado ya que lo consideraba un vecino de confianza con el que charlaba cada vez que esperaba al autobús. A finales de curso, fue "cuando empezó a sobrepasarse", según contó la joven.

En su declaración, dijo que el acusado "la invitó a una caseta de la playa" y le propuso "hacer el amor". Además confirmó que le tocó las piernas a la altura de las nalgas.

Después de verano, mientras la niña esperaba a su hermano pequeño en la parada, el hombre volvió a abusar de ella, según relató. "Me tocó los senos, me metió la mano por dentro de la camiseta", afirmó la víctima.

La joven tardó tiempo en contar lo sucedido por "miedo a que se enterara el acusado", según expuso en su declaración. Posteriormente, se le contó a unos amigos, que le aconsejaron que se lo dijera a sus padres. Estos finalmente pusieron los hechos en conocimiento de las autoridades.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha reclamado al Gobierno que confeccione una alternativa nacional al estado de alarma, que decae el 9 de mayo, al intuir que no quiere extenderlo. Con ello, evitará que se genere una especie de "mercado persa" con las comunidades autónomas sobre las medidas anticovid que podrán desplegar a partir de esa fecha.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, ha lamentado que todavía no conocen los planes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando termine el estado de alarma el próximo 9 de mayo a un día de que comparezca en el Pleno de la Cámara Baja, aunque parece que sus planes no pasan por prorrogar esta medida excepcional.

El problema, a su juicio, es que si decae el estado de alarma no hay alternativa y, por tanto, ha reclamado que es al Ejecutivo estatal al que le corresponde traer una con vistas a dar marco normativo a medidas contra el Covid-19.

A continuación, Errejón ha admitido que la situación en diferente entre los distintos territorios pero Más País no quiere que, a partir del 9 de mayo y sin prórroga del estado de alarma, se produzca una especie de "sucesión de guerritas" para "pasarse la patata caliente" entre las distintas administraciones.

Y es que, tal y como ha defendido el diputado, la situación de pandemia es "nacional", por lo que corresponde al Gobierno "poner sobre la mesa" una alternativa al estado de alarma, máxime cuando dijo que iba a modificar la normativa orgánica para facilitar la adopción de medidas adaptadas a la incidencia del coronavirus.

Por tanto, Errejón ha emplazado al Gobierno a que "ampare y patrocine" un acuerdo con las distintas autonomías, siendo consciente también de que con algunas, en alusión velada a Madrid, el consenso es "francamente difícil".

Sobre todo ante las dudas que tiene sobre si las comunidades tendrán "suficientes instrumentos jurídicos" para actuar cuando finalice el estado de alarma. "Debería asumir las riendas de la cuestión", ha zanjado al respecto.

LA VACUNACIÓN DEBE SER MÁS RÁPIDA

Sin embargo, ha destacado que la otra clave ante el Covid-19 está en la vacunación, que ante el empeoramiento de los datos de incidencia debe ser "rápida, masiva, eficaz" y administrada con "cercanía". Además, ha reiterado que España necesita "liberar las patentes" para producir dosis de vacunas más rápido" y demanda al Ejecutivo, por "responsabilidad", que actúe en esta línea.

Finalmente y sobre los datos del coronavirus en Madrid, Errejón ha reprochado la "situación de desgobierno" que, a su juicio, impera en la Comunidad y ha emplazado a la presidenta regional en funciones, Isabel Díaz Ayuso, a "pedir disculpas" a todos los madrileños por dedicarse a "insultar y estar en campaña en lugar de cuidar la salud".

El presidente de Farmaindustria, Juan López-Belmonte, ha defendido que suspender las patentes de las vacunas contra la COVID-19 "no va a solucionar el problema de producción" de dosis a nivel mundial ni la falta de acceso equitativo.

"Que se plantee anular las patentes no va a resolver el problema de la producción. Es un problema distinto donde hay que ser realistas. La producción de vacunas antes de la COVID-19 no llegaba a 3.500 millones de dosis. Este año prevemos fabricar 12.000 millones de dosis. Estos números son más que suficientes para cubrir ese famoso umbral del 70 por ciento de la población mundial", ha señalado López-Belmonte en el encuentro informativo 'Foro Salud', organizado por Nueva Economía Fórum.

Calificando la producción de vacunas como "realmente compleja", ha defendido que "todas las compañías que han desarrollado vacunas han cerrado acuerdos con todas aquellas compañías, en todos los rincones del mundo, que tenían alguna planta con tecnología para fabricarlas. "Hay más de 260 acuerdos de este tipo y la mayoría implican transferencia tecnológica. Eso no sería posible sin producción industrial detrás", ha añadido al respecto.

En este contexto, el máximo representante de la industria farmacéutica española ha argumentado que la protección industrial "es la base de cualquier industria innovadora". "Creo que es un modelo de éxito. Es el modelo que ha permitido que, en menos de un año, tengamos vacunas contra la COVID-19", ha esgrimido.

Por todo ello, ha sostenido que "el comportamiento de la industria farmacéutica ha sido fantástico" durante toda la crisis de COVID-19. "Se nos han reclamado soluciones en forma de vacunas. Hemos respondido con nota a la exigencia de la sociedad. Un año después del inicio de la pandemia, tenemos ya varias aprobadas y alrededor de 20 en las últimas fases de investigación. Creo que es una hazaña sin precedentes", ha manifestado.

De la misma forma, López-Belmonte ha respaldado la seguridad de la vacuna de AstraZeneca, pese a las dudas sobre su "posible relación" con los eventos trombóticos en algunos vacunados. "Cualquier vacuna aprobada por la Agencia Europea del Medicamento o la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios me tendrá siempre el primero de la fila para poder vacunarme. Ojalá me llamaran mañana para vacunarme con AstraZeneca", ha comentado.

Igualmente, ha instado a seguir a la Agencia Europea del Medicamento en las indicaciones de las vacunas. "La institución que tiene que liderar es la EMA, es la que aprueba y dota la ficha técnica de cualquier medicamento. No puedo estar más de acuerdo con la estrategia de la EMA y la AEMPS", ha detallado.

Así, ha pedido "mandar mensajes de seguridad y certeros". "Creo que la COVID-19 es un bicho muy malo. Está haciendo un daño tremendo a la salud mental y también está produciendo un montón de sufrimiento económico y social. Lo que tenemos que mandar son mensajes de seguridad y certeros. Lo que tenemos que hacer es seguir a pies juntillas y ser disciplinados con las directrices que nos marcan", ha remachado.

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha subrayado este martes el "machismo" que asegura que se vive "día a día" en el seno de Podemos y ha asegurado que ahora entiende la "intensidad" de sus mujeres en "combatirlo".

"Si hay un partido que ha demostrado con creces lo que es el machismo, es Podemos", ha apuntado Espinosa de los Monteros en rueda de prensa en el Congreso señalando el modo de elección de los dirigentes dentro del partido morado, la forma de "deshacerse" de alguien si "ya no interesa" o "cómo se tratan unos a otros".

De hecho, ha dicho que ahora, tras conocer cómo funciona Podemos internamente y el comportamiento de sus dirigentes, empieza a entender la "intensidad" de las mujeres del partido por combatir el machismo.

"En un mundo más normal y más natural, donde nos tratamos todos con mucha más naturalidad, no tenemos estas obsesiones. Las tienen ellas porque ahora que voy viendo cómo es su vida, es lógico que estén súper preocupadas por el machismo porque lo están padeciendo día a día", ha insistido trasladándoles su "sentimiento, condolencia y comprensión".

Espinosa de los Monteros ha hecho este análisis tras las acusaciones del líder de Podemos y candidato a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, Pablo Iglesias, tildando a Vox de partido "machista" o "xenófobo".

El dirigente de Vox ha insistido en que Podemos es el partido "más machista" y les ha acusado también de estar detrás de los ataques que sufrieron en el mitin celebrado en Vallecas. Espinosa de los Monteros ha asegurado que allí vivió una violencia más cruenta que la sufrida en las campañas de Galicia, País Vasco o Galicia.

Y ha señalado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de no evitarlo, por lo que ha pedido su dimisión inmediata o su cese por el presidente del Gobierno. Además, ha anunciado que Vox hará uso de todas las herramientas políticas y jurídicas a su alcance porque los ciudadanos "no merecen un ministro indigno" como Marlaska.

"BATACAZO" DEL PSOE EN MADRID

En este contexto, Espinosa de los Monteros ha evitado confrontar con el candidato del PSOE a la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, para no contribuir al "batacazo" que ha augurado que se dará el próximo 4 de mayo.

A su juicio, entre la campaña de los socialistas madrileños y la del Palacio de la Moncloa, el PSOE va a lograr su peor resultado en Madrid de los últimos 20 o 25 años. "No quiero contribuir más a ese batacazo", ha insistido.

Un acusado de acabar el 5 de julio de 2018 con la vida de su pareja con un cable eléctrico ha reconocido en el juicio que lo hizo tras ver en el móvil de la víctima "la foto de un tío" y perder la cabeza.

"He matado a Marta", confesó el hombre tras el crimen a un amigo para que le llevara a comisaría. N.B.V., de nacionalidad cubana, se enfrenta a una petición fiscal de treinta años de cárcel por cuatro delitos; maltrato habitual, maltrato de obra en el ámbito familiar, asesinato y quebrantamiento de medida cautelar.

El acusado había sido condenado ya en dos ocasiones, una de ellas por maltrato a la misma mujer y otra por quebrantamiento de la orden de alejamiento. Pese a las condenas, la pareja seguía conviviendo bajo el mismo techo en el momento de los hechos.

Tras el asesinato, del que asegura que no se acuerda, dejó una nota con los motivos de su decisión y a la que ahora no da una explicación. "Antes de perdonarte, te quito la vida", escribió.

En su declaración, el encausado ha relatado diversos episodios de celos de la víctima hacía él, indicando que en varios momentos quiso cortar la relación porque no había venido a España para eso. "Ella era muy celosa y donde había una hormiga ella veía un elefante", ha narrado al tribunal.

Al parecer, la mujer le habría pedido en varias ocasiones que abandonara su casa, pero él no tenía a dónde ir. El día de los hechos, la mujer llegó a la vivienda de trabajar y se encontró al acusado dormido, recriminándole que se fuera y que iba a llamar a la Policía.

"Vi que le llegó al móvil una foto y le pedí que me lo enseñara. Cuando veo eso, la reproché que no era justo. Que había estado jugando conmigo. Se me cayó el techo encima y me puse muy nervioso. Empecé a dar golpes. Perdí la noción del tiempo. Había un mensaje y una foto de un tío. Las conversaciones no eran de amigos", ha señalado.

Al parecer, cogió un cable eléctrico de sus herramientas y la asfixió, un extremo del que dice no acordarse. "Supongo que cogí el cable entre mis herramientas", ha dicho. Tras el crimen se fue a un bar a beber ron y llamó a un amigo.

"He matado a Marta", le comentó a un conocido, que le llevó a comisaría. "Prefería haber seguido con el papel de tonto y no haber visto nada. Perdí la cabeza. No tenía necesidad de hacerlo", ha concluido.

MALTRATOS HABITUALES

El acusado y su pareja mantuvieron una relación sentimental desde el año 2016 hasta el día 3 de julio de 2018, hecha que en que N.B.V. abandonó el domicilio que tenían en Madrid a petición de la víctima.

Durante el periodo de convivencia, según la Fiscalía, el hombre actuó "con ánimo de alterar la paz familiar y la convivencia, así como de atemorizarla, imponiendo siempre su voluntad, la golpeaba y menospreciaba de forma cotidiana, lo que no impidió el mantenimiento de la relación de pareja debido a la dependencia emocional que le había generado".

El 6 de febrero de 2017 la mujer sufrió una agresión en el interior del domicilio, un hecho por el que el acusado fue condenado como autor de un delito de lesiones en el ámbito familiar a nueve meses y un día de prisión y a otros 20 meses de prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima.

El 1 de julio de 2018, tras regresar juntos al domicilio común, el acusado empezó a recriminar de forma "insistente" a la mujer que no le ayudara lo suficiente y, "actuando con ánimo de menoscabar su integridad corporal", le propinó varios golpes con la mano en la cabeza, no constando que sufriera lesiones físicas.

"Presa del temor que sintió abandonó el domicilio esa misma madrugada, con la excusa de ir a comprar unas cervezas", y fue a pasar unos días al domicilio en el que trabajaba como empleada doméstica", explica la Fiscalía.

En la noche del 5 de julio de 2018, tras la salir del trabajo, la víctima se dirigió al domicilio familiar, "en la creencia de que el acusado ya lo había abandonado de forma definitiva dos días antes". Sin embargo, cuando entró en la vivienda se encontró con N. B. V., a quien le recriminó que hubiera desoído su petición de abandonar la casa.

UNA "NUEVA OPORTUNIDAD"

El acusado, que tenía ya por entonces la prohibición de acercarse o de comunicare con ella, le pidió perdón y una nueva oportunidad, pero la mujer, "ante el miedo que le inspiraba el acusado como consecuencia del clima de terror en el que vivía", le sugirió que fueran a hablar a un bar, ya que en otro caso llamaría a la policía.

En ese momento, "al ver que no lograba imponer su voluntad y convencer a para retomar la relación", el acusado sujetó con fuerza a la mujer por su brazo izquierdo y, sin posibilidad de que pudiera reaccionar y defenderse, cogió "súbitamente" un cable eléctrico, lo enrolló alrededor del cuello de su pareja y apretó "con gran fuerza hasta que logró acabar con la vida de la misma".

Tras acabar con la vida de la mujer, el acusado dejó sobre una mesa de la vivienda una nota manuscrita en la que se podía leer: "solo le pido a Dios que me perdone o que me quite la vida, te amo tanto que antes de perdonarte te quito la vida, 3 años a tu lado luchando dándolo todo y ahora me traicionas, confié en ti ciegamente pero te sigo amando y un día nos veremos en el cielo".

Asimismo, antes de abandonar la vivienda, el acusado se cambió de ropa, se aseó y cogió el móvil de su pareja para enviar varios mensajes por WhatsApp a una amiga de la víctima tales como: "ahora no puedo chiqui", "después te llamo", "chiqui tengo compañía".

La Audiencia Provincial de Madrid ha cerrado definitivamente la parte del denominado 'Delcygate' que se investigaba en los juzgados ordinarios por un presunto delito de prevaricación contra varios funcionarios por la escala que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo en el aeropuerto de Barajas el pasado mes de enero.

La Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto en el que, en coincidencia con los argumentos expuestos en su día por el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, concluye que "no se da conducta prevaricadora ni de otro carácter delictivo" en los hechos averiguados.

En su resolución, la Sala recoge argumentos ya expuestos el pasado mes de febrero por el Tribunal Supremo (TS) respecto a la querella que presentó Vox por los mismos hechos contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, insistiendo en que lo ocurrido carece de "significación penal".

La Audiencia ha hecho públicas este martes también otras resoluciones que resuelven asuntos que quedaban pendientes en la instrucción, pero que ahora tras el archivo definitivo de las actuaciones apenas tienen trascendencia procesal. En una de ellas los jueces estiman la reclamación del Partido Popular y rebajan la fianza, establecida por el órgano instructor en 40.000 euros, a veinte mil, para ejercer la acción popular.

En el tercero de los recursos, estiman, pero en esta ocasión parcialmente, la petición del Partido Popular de personarse en el caso sin necesidad de presentar querella. Por último, se desestiman las solicitudes del Partido Laócrata y de VOX de rebajar el importe de la fianzas fijadas también por el juez Antonio Serrano-Arnal.

ACREDITA QUE RODRÍGUEZ ENTRÓ EN LA UE

Vox fundamentó su recurso de reforma en el auto del Tribunal Supremo, agarrándose a que reconocía que Rodríguez estuvo en territorio español. Sin embargo, Serrano-Arnal ha desechado este argumento aduciendo que, "a efectos administrativos, ha de existir un punto de entrada en el territorio nacional".

La Audiencia recoge los argumentos del alto tribunal, que consideró acreditado el hecho de que el avión en el que viajaba Rodríguez aterrizó en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la madrugada del día 20 de enero de 2020 y ella permaneció las instalaciones durante varias horas, "lo que pudo suponer una vulneración de la prohibición del Consejo" de permitir su entrada en el territorio de la Unión.

No obstante, afirma que este asunto "no es constitutivo de ilícito penal alguno y por ello "no se da conducta prevaricadora ni de otro carácter delictivo, como expone el Tribunal Supremo en la resolución parcialmente reproducida, por lo que procedería desestimar el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia procede el archivo acordado".

La Sala rechaza también los argumentos de Vox en el sentido de que no se han practicado por el instructor las suficientes diligencias de prueba.

Recuerda en este punto que la simple presentación de una querella o denuncia no exige en todo caso la obligación de practicarlas "ni para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, ni para necesariamente tener que tomar declaración a los ofendidos o perjudicados (...) ya que si de los hechos relatados en la denuncia sedesprende que los mismos no son constitutivos de infracción penal, la decisión de sobreseimiento y archivo de la causa se ajustaría a la normativa procesal penal".

LA ESCALA EN BARAJAS

Los hechos se remontan a la noche del 19 al 20 de enero de 2020, cuando la 'número dos' del Gobierno de Nicolás Maduro hizo una escala en Barajas de camino a Qatar. En el avión también iba el ministro de Turismo, Felipe Plasencia, que encabezaba la delegación venezolana para FITUR.

Rodríguez es uno de los altos cargos del Gobierno de Maduro que tiene prohibida la entrada al espacio Schengen --incluida España-- por las sanciones emitidas por la Unión Europea por violaciones de los Derechos Humanos y actuaciones o políticas pensadas para menoscabar la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela.

Durante esta parada técnica, Ábalos se vio con la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto madrileño --según explicó él posteriormente-- para asegurarse de que no entrara en territorio Schengen.