El que fuera diputado del PP de Madrid Alfonso Bosch Tejedor, imputado en el caso Gürtel en la pieza relativa al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se suma a la cascada de confesiones de procesados en esta causa, y envía un escrito a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reconociendo hasta doce delitos.

En el escrito por el que su defensa modifica las conclusiones provisionales para mostrar su conformidad con la acusación de la Fiscalía, apunta que Bosch es «autor» de lo que le imputan y solicita que se modifiquen las penas que se piden atendiendo las circunstancias derivadas de su confesión, colaboración y reparación del daño.

En esta pieza, que se juzgará a partir de septiembre, la Audiencia Nacional sentará en el banquillo a más de una veintena de personas y al PP como partícipe a título lucrativo por las actividades presuntamente ilícitas cometidas por la trama Gürtel en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Según especificaba el instructor en dos autos, el partido en la localidad tendrá que hacerse responsable civil subsidiario por una cantidad de 204.198 euros.

Tras la confesión de Francisco Correa –cabecilla de la trama–, del ‘número dos’ Pablo Crespo y de un empresario, ahora es el turno de Bosch. Su defensa, interesa que esos doce delitos, que incluyen cohecho activo, asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, se traduzcan en 5 años y 4 meses de cárcel.

El escrito de la defensa va a acompañado de una carta firmada por Bosch Tejedor reconociendo los hechos que se le imputan y añadiendo información a la Fiscalía, como que el modus operandi del grupo Correa incluía «vías de presión para la consecución de sus objetivos económicos».

EL BUJÍAS O EL NEVERAS

Tras realizar una enumeración de personas que pertenecían a la trama y sus motes (Don Vito para Francisco Correa o Grecian para Pablo Crespo), apunta que él era conocido como ‘el bujías’ o ‘el neveras’ porque su apellido Bosch coincide con una marca reconocida de electrodomésticos del hogar.

Señala que su relación con el grupo de la trama se inicia antes del 95 dado que colaboraba con la organización territorial del PP Nacional y participaba en las campañas electorales. Recuerda que las empresas de Correa se encargaban de organizar la mayoría de ellas, tanto municipales como regionales o nacionales. Ahí nace su relación con Special Events (empresa de la Gürtel que organizaba actos del partido) y con Pasadena Viajes, con los que se contrataban los viajes del PP.

Apunta asimismo que pese a reconocer los hechos, tenía «un desconocimiento absoluto» sobre la estructura financiera y organizativa de la trama, pero sí que conocía que las empresas de las que tenía conocimiento eran dirigidas por Isabel Jordán –también imputada en esta pieza–, quien a su vez informaba de todo al exdirigente del PP Gallego Pablo Crespo. Sobre éste indica que era a quien reportaban todos, y que luego él filtraba lo importante a Correa, el cabecilla de la trama.

Sobre su relación con Correa, apunta que sólo en una ocasión se reunió con él en la casa que tenía en Pozuelo, y fue para repartir una comisión que había aportado la constructora Teconsa por la adjudicación de la construcción de unas viviendas.

EL NOMBRAMIENTO EN LA EMVS

Bosch en su escrito explica también que su nombramiento como gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Boadilla en 2003, perteneciente al ayuntamiento del que era alcalde Arturo González Panero ‘el albondiguilla’, se produce por recomendación de Correa y de Antonio Cámara, que era jefe de gabinete del presidente del Gobierno José María Aznar.

Y apunta que desde que es nombrado le dejaron claro su dependencia jerárquica tanto de González Panero como de Tomás Martín Morales, el anterior gerente. Al hilo, recuerda que contrató al arquitecto Antonio de Miguel por indicación de Martín Morales y que posteriormente también contrataron a otro abogado (Gustavo Galán, hoy defensa del extesorero del PP Luis Bárcenas) para la emisión de informes jurídicos.

A pesar de que se describe como alguien que llega a una trama ya en funcionamiento, reconoce que participó en la misma «con el fin de conseguir el beneficio económico a favor del entramado empresarial y societario del Grupo Correa». Pero añade que en las contrataciones del ayuntamiento «nunca» pudo participar ni en origen ni en el desarrollo de los procedimientos de contratación porque no era miembro de comisiones municipales y no le dejaron influir.

Así acota su actividad al tiempo que estuvo de gerente de la EMVS, e indica que las contrataciones municipales se hacían siguiendo las directrices del alcalde y con el conocimiento de Correa. Señala que por un error temporal le imputan actuaciones en las que no participó porque se acordaron antes de que entrara como gerente.

EL NEGOCIO DE CORREA EN BOADILLA

En el escrito, detalla como funcionaba la trama en Boadilla: El alcalde detallaba una operación a Correa y este se encargaba de negociar con empresas aspirantes a la adjudicación a quienes les ofrecía el concurso a cambio de una comisión. En este juego, Bosch dice que Martín Morales era el encargado de la elaboración de los pliegos que luego se trasladaban a la EMVS para su aprobación.

Entonces se realizaban informes económicos, jurídicos y técnicos pertinentes en la EMVS y ya se procedía a la contratación de la adjudicataria. «De esta forma aunque se vulnerasen las normas de contratación constaba apariencia de legalidad en su tramitación, al mentener el principio de publicidad y concurrencia aunque la misma se basara en las empresas del Grupo Correa o en otras aleccionadas previamente por el mismo», indica.

Bosch también reconoce su participación en tres procesos de contratación referidos a cosntrucción de vivienda del a EMVS y de las dádivas recibidas por Teconsa y por los proyectos ‘Jardines’ y ‘Donuts’ –las rotondas remodeladas–, y por la adjudicación del parque de la salud y el deporte. También reconoce lo que relata fiscalía sobre la adjudicación de parcelas para locales adjudicados a la empresa Rusticas.

«Expreso de manera rotunda mi profundo pesar por mi participación en los citados actos anteriormente descritos y mi arrepentimiento por dicho proceder mostrando mi asunción de los mismos y pidiendo perdón por el daño causado con mis actos», concluye la carta, a la que adjunta una copia de la transferencia de 120.000 euros que ha ingresado en la oficina judicial.

La nueva delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha subrayado este jueves que en los actos de precampaña con motivo de los próximos comicios del 4 de mayo «no se están cumpliendo las medidas sanitarias» de distanciamiento social requeridas por la pandemia de la Covid-19.

En declaraciones a la ‘Cadena Ser’, la nueva delegada del Gobierno, que juró su cargo el pasado 31 de marzo, ha afeado a la formación liderada por Santiago Abascal las aglomeraciones en sus mítines y a la candidata a la Presidencia de la Comunidad, Rocío Monasterio.

«Monasterio, como Trump, ¡qué que más da!» el Covid-19, ha censurado González, que ha defendido que habría que intervenir ante la congregación de personas sin distancia social en los actos de Vox pero ha reconocido que últimamente «se están despegando un poco».

Sobre el acto del partido convocado este viernes en Alcorcón y una contramanifestación en protesta, ha indicado que la Policía Nacional está preparada. «Somos muy conscientes de que Vox necesita entrar en campaña y van a emplear todo», ha subrayado.

Igualmente, ha criticado que la formación de Santiago Abascal haya pedido su comparecencia en el Congreso de los Diputados y haya cuestionado su capacidad para ser delegada. «Creo que le molesto. Soy mujer, estoy preparada y soy capaz», ha dicho, «y les molestan los discursos en defensa del feminismo y dignidad democrática».

FIN DEL ESTADO DE ALARMA

Por otra parte, la delegada del Gobierno ha defendido que los controles establecidos para garantizar el cumplimiento de los cierres perimetrales «están funcionando» y ha puesto en valor que la «gente es muy responsable en su mayoría.

En esta línea, ha asegurado que se han impuesto 184.000 sanciones y ha negado que éstas no estén llegando. «Firmo todos los días expedientes de sanciones», ha subrayado.

Preguntada por la situación tras la finalización del Estado de Alarma el próximo 9 de mayo, ha recordado que cuando se levante tendrá que llegar a su fin el toque de queda «y estaremos en manos de la Comunidad de Madrid, de su tutela, que ya la hemos sufrido y vivido».

Frente a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, reclamando más restricciones, ha denunciado, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, «ha hecho campaña electoral» con la pandemia «incluso antes de convocar» los comicios.

El secretario general del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, ha asegurado este jueves que la sentencia del Tribunal Constitucional alemán sobre el límite impuesto por el Ayuntamiento de Berlín al precio al alquiler de viviendas no afectará a las negociaciones del Gobierno con sus socios en lo relativo a la Ley de Vivienda.

«No, no especialmente. Estamos preparando la primera ley del derecho a la vivienda, se trata de facilitar el acceso del conjunto de la ciudadanía, especialmente de los más jóvenes», ha afirmado en una entrevista en RNE, sobre si afectará a las negociaciones el anuncio de la justicia alemana.

Simancas ha puesto de relieve que el objetivo en materia de vivienda pasa «por habilitar, sobre todo, más vivienda pública». «Esta es la principal medida», ha añadido, al tiempo que ha asegurado que están pensando otras medidas como pueden ser las «bonificaciones fiscales para que los propietarios rebajen los precios de las rentas a los inquilinos, desincentivar fiscalmente el mantener vacíos los pisos o que no se pueda vender vivienda pública a fondos buitre», ha mencionado.

Preguntado por la campaña madrileña y, en concreto, por la decisión de la justicia de mantener fuera de la lista al exdirigente de Cs Toni Cantó y a Agustín Conde, Simancas ha calificado al PP de Madrid de ser una «organización incapaz» y un «gobierno tramposo» por «haber intentado incumplir la ley» en la formalización de las listas y por «haber insistido cuando se les ha descubierto».

«Bueno, ya sabemos que el PP de Madrid es una organización incapaz porque no está sabiendo gestionar el reto mas importante de los madrileños, que es el reto de la salud», ha espetado el dirigente socialista.

ESTADO DE ALARMA

Sobre las peticiones de prórroga del estado de alarma por parte de algunas comunidades autónomas, Simancas ha defendido que lo que ha planteado el Gobierno es «cumplir con los retos del país». En concreto, ha apuntado que la estrategia del Ejecutivo triangula en «vacunar para vencer a la pandemia», «recuperar la economía y los empleos» y «ganar en cohesión social.

«En relación a estos tres objetivos están adoptándose todas las decisiones en el Gobierno», ha asegurado, al tiempo que ha recalcado que, cuando finalice el estado de alarma el 9 de mayo, hay un marco jurídico «suficiente». «Hay una ley orgánica, un Consejo Interterritorial, el TS ha dicho que sus decisiones son de obligado cumplimiento», ha añadido.

Por último y en relación con la necesidad de convocar una Conferencia de Presidentes ante las discrepancias, Simancas ha defendido que el Gobierno se reúne con los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas cada semana.

El inspector de la Policía José Ángel Fuentes Gago ha mantenido este jueves ante la ‘comisión Kitchen’ del Congreso que no tuvo ninguna relación ni supo nada en relación con este operativo para sustraer información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas. Además, ha lamentado que «nadie le haga caso» sobre la necesidad de investigar la filtración de un informe sobre el patrimonio del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

«No tengo nada que ver con la ‘operación Kitchen’. No conozco a Sergio Ríos de nada, nunca he tenido contacto con él, nunca lo he visto», ha defendido Fuentes Gago al hablar del chófer de la familia del extesorero del PP, en una comparecencia donde ha dado cuenta de su paso por la Dirección Adjunta Operativa (DAO) entre 2014 y 2015, bajo las órdenes de Eugenio Pino en la etapa del Gobierno del PP.

Sobre Villarejo ha dicho que no tuvo «ninguna relación jerárquica ni de subordinación», aunque ha reconocido que al polémico comisario detenido en 2017 –un arresto que dio origen a la macrocausa abierta en la Audiencia Nacional– sí lo veía de forma asidua en las dependencias centrales de la Policía en la calle Rafael Calvo, donde está la DAO.

«Lo que pude apreciar es que iba a reportar su trabajo allí, y ya está», ha comentado Fuentes Gago, advirtiendo continuamente que de fondos reservados no podía decir nada al ser «materia secreta». «Lo que percibí es que la normativa se cumplía, ha matizado sobre los pagos, algunos bajo cuestión por supuestamente sufragar la ‘operación Kitchen’.

A VILLAREJO PARECÍA CONOCERLE «TODO EL MUNDO»

Fuentes Gago ha contado que conoció a Villarejo en 2014, justo cuando llegó a la DAO. «Antes no tuve relación nunca. A mí me dio la sensación de que allí lo conocía todo el mundo», ha descrito. Vox ha insistido para saber si su impresión era que existía una relación con este comisario por parte de diferentes gobiernos. «Mi sensación es que lo conocían de épocas anteriores», ha contestado.

El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz le ha preguntado directamente de quién dependía Villarejo, a lo que Fuentes Gago ha reaccionado apuntando al orden jerárquico. «Entiendo que del DAO, del director general (de la Policía) y de órganos superiores del Ministerio de Interior, es que es una cadena de mando hacia arriba», ha ilustrado.

Los diputados se han interesado en particular por el informe que redactó Fuentes Gago concluyendo que no había incompatibilidades entre las actividades empresariales de Villarejo y su función policial. Mi informe nace de una filtración a un medio de comunicación«, ha recordado, lamentando que se aireara el patrimonio de un agente en ejercicio y que, a pesar de que lo ha denunciado «por activa y por pasiva», «esa filtración no ha sido investigada.

En este punto, el diputado de Unidas Podemos Rafael Mayoral le ha recriminado que llegara a dicha conclusión pese a que las propias empresas de Villarejo destacaban su relación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Fuentes Gago se ha escudado en que se basó en la información que le trasladaron sus «superiores», «tanto el DAO como el subdirector de Recursos Humanos».

El parlamentario ‘naranja’ le ha reprochado igualmente la falta de diligencia que habría tenido al elaborar el informe sobre Villarejo. «¿Lo volvería a hacer hoy?», ha planteado. «Descontextualizado todo es muy fácil de contestar (…) En 2021, evidentemente la respuesta a esa pregunta tiene que ser no», ha declarado, haciendo hincapié en que ese documento se le requirió en 2015 «cuando Villarejo no estaba imputado por nada».

Al hilo de este asunto, el agente ha recalcado que era un informe de «carácter administrativo» que tuvo que confeccionar rápidamente y que no contó con toda la información disponible sobre Villarejo. «Se me sustrajo información», ha enfatizado, explicando que no se le comunicó que había una investigación patrimonial en una comisión judicial.

SILENCIO SOBRE EL VIAJE A NUEVA YORK

Por otro lado, se le ha interrogado sobre su viaje a Nueva York para entrevistarse con un antiguo dirigente del Gobierno venezolano para supuestamente obtener información sobre los dirigentes de Podemos.

Desde el PSOE le han preguntado en concreto si viajó allí con el mandato del ministro del Interior y del presidente del Gobierno de entonces, Mariano Rajoy. «No les puedo decir nada», ha señalado.

Ya en el turno de Ciudadanos, ha reconocido que viajó con Bonifacio Díez Sevillano, un policía que estuvo adscrito a la DAO durante el mandato de Pino y que le habría acompañado, pero ha rehusado especificar si fueron a Estados Unidos, amparándose nuevamente en que no puede hablar sobre operativos policiales.

En general, ha admitido que realizó viajes a otros países, pero ha esgrimido que no puede dar información al respecto porque son «operaciones policiales que reportó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional». «Desconozco el estado en el que está», ha repetido.

Mayoral, que ha considerado sospechoso que siendo jefe de sección de Zarzuela –en su puesto formal– y coincidiendo con el viaje de Villarejo para reunirse con la examiga del rey emérito Corinna Larsen escribiera dicho informe avalando las actividades del comisario, ha espetado a Fuentes Gago que «no tiene credibilidad».

Así lo ha expresado sacando a relucir una grabación en la que Fuentes Gago admitiría maniobras para que Podemos no llegara al Gobierno pese a que en otra comisión parlamentaria lo negó tajantemente. «Lo que produce perplejidad», ha replicado el policía, sin reconocer ese audio, «es que se pueda grabar impunemente».

Mayoral ha aprovechado el momento para denunciar que «ha habido grupos de tareas propios de otras épocas, propios de la Policía Político Social, que su comportamiento ha sido el de los herederos de Billy, ‘El Niño'», así como una supuesta falta de democracia interna en el cuerpo de seguridad y en el Ministerio de Interior, una acusación que el diputado de Ciudadanos ha tachado de «absoluta barbaridad».

MOROCHO Y LA ‘CAJA B’

Otro de los puntos polémicos abordados a preguntas del PSOE ha sido su coincidencia en la DAO con Manuel Morocho, que se quejó en la comisión ‘Kitchen’ de que fue asignado a este puesto para dificultar su investigación sobre el ‘caso Gürtel’ y la caja B del PP.

«No quiero entrar en polémica con ningún compañero», ha dicho Fuentes Gago al mencionar un informe del SEPBLAC que advertía de las cuentas y sociedades de Villarejo a fecha de 2015. Según él, Morocho recibió el informe directamente del DAO para que emitiera un «juicio jurídico como experto en cuestiones financieras».

Su papel, ha indicado Fuentes Gago, fue meramente «administrativo». «Ese informe acabó en la Fiscalía y la Fiscalía de Madrid emitió un informe de que no apreciaba ninguna irregularidad», ha defendido. El compareciente se ha desvinculado de informes apócrifos y luego ha preferido huir de polémicas: «Está mal hacer valoraciones personales».

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha criticado este jueves el «estilo trumpista en comunicación» de la derecha y ultraderecha madrileña, ya que a su juicio «no dicen una sola cosa que sea verdad».

En una entrevista en un podcast de la Cadena Ser, Iglesias ha indicado que tanto Miguel Ángel Rodríguez, como Isabel Díaz Ayuso o Santiago Abascal, de cada diez cosas que dicen, «diez son mentira».

«Han descubierto que es un mecanismo perfectamente eficaz y más si le empujan desde los medios. Cuando te dicen que el problema de la vivienda no son los precios de los alquileres sino la okupación se establece un marco adecuado para que ese discurso lo pete. Ese discurso de la derecha y ultraderecha es de defensa de los privilegios de una minoría pequeña», ha manifestado.

Iglesias ha señalado que la inseguridad es «tener a tu abuelo en casa enfermo y que no pueda tener una atención disciplinaria o no tener dinero para pagar el abono transporte». «Esas son los problemas reales de seguridad. La Policía tiene que perseguir los delitos pero lo fundamental para la seguridad son los servicios públicos. ¿Qué seguridad tiene un joven que le piden que le piden más por un alquiler que lo que gana al mes?», se ha preguntado.

El líder de Podemos ha tildado de «complicidad» la equidistancia entre fascismo y antifascismo y ha criticado que los «principales referentes mediáticos están explícitamente apoyando a Vox y sus ideas».

«La ultraderecha, ya sea vía Ayuso o vía Vox, en la defensa de los poderes económicos no tienen reparo en decir que estas ideas son normales y presentables. Es un puto escándalo lo que está pasando. Antes había una apariencia de neutralidad. Ahora los líderes de ultraderecha son líderes mediáticos, como Carlos Herrera, Jiménez Losantos o Eduardo Inda. Me van a reventar pero alguien tenía que decirlo. Cada vez hay más gente que se da cuenta de cómo funciona el poder», ha apuntado.

Iglesias también ha augurado que después de las elecciones madrileñas «va a intentar reventar por todos los lados» a la actual vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. «Para la gente que ha mandado siempre en este país es inaceptable que hayamos llegado al Gobierno y se están desplegando para que nada cambie y para ello favorecen y potencian a la ultraderecha», ha esgrimido.

En este programa de humor, Iglesias ha reconocido que se siente «bastante suelto» en esta campaña y que ha decidido «decir toda la verdad» porque muchas veces en política no se hace, ha reconocido. «En este momento hay que decir las cosas como son y en ese momento me gusta», ha admitido.

Preguntado por la dicotomía entre comunismo y libertad, el exvicepresidente del Gobierno de España ha elegido comunismo porque «si no fuera por los comunistas españoles no hay democracia en España». «Es un fantasma, como decía Marx, que le encanta a la derecha y ultraderecha. Pero ese espantajo de que vienen los rojos ya no asusta», ha dicho.

LOS «ERRORES Y TORPEZAS» DE LA IZQUIERDA

Por otro lado, Iglesias ha reconocido que buen parte de lo que ha ocurrido en el último cuarto de siglo en Madrid tiene que ver con los «errores y torpezas de la izquierda» y que cuando han gobernado, en alusión al periodo de Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento, no resolvieron muchos asuntos en los barrios trabajadores.

Y aunque entiende que desde Podemos han hecho mal algunas cosas, desde que están en el Gobierno de España «se nota que se han hecho cosas distintas». «Cuando estás dentro ves las enormes dificultades del Gobierno para enfrentarse con el poder de verdad, pero hemos hecho cosas que no se habían hecho nunca y ha sido muy útil para cambiar muchas cosas y demostrar que se podía gobernar de otra manera», sostiene.

Por último, el aspirante de Unidas Podemos ha vuelto a hacer un llamamiento a los habitantes de los barrios más desfavorecidos para que acudan a las urnas. «El transporte público, la sanidad, la educación, para la ultraderecha, lo público es una mierda, porque es lo que piensa. Y la mayor parte de los barrios necesita lo público. Para el PP, que no creen en lo público, es un granero de sacar recursos para que vaya a lo privado», ha esgrimido.

La Junta Electoral Central ha ratificado la retirada de la lona del PSOE-M que lucía en la Plaza de Callao, en el Palacio de la Presa, al constituir un acto de propaganda electoral que solo puede realizarse una vez arranque la campaña electoral.

En un acuerdo, los magistrados desestiman el recurso interpuesto por el PSOE contra la decisión de la Junta Electoral Provincial de ordenar la retirada del cartel «en su conjunto», dado que implicaba un acto de propaganda electoral a instancias de una denuncia de Vox.

Los magistrados citan el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen General (LOREG), el que con «la finalidad de reducir los gastos electorales, solo permite que este tipo de contratación se realice durante el periodo estricto de campaña electoral».

Recalca la resolución que la interpretación de dicho precepto «admite la difusión de información sobre mítines y actos destinados a presentar las candidaturas», si bien incide en que en este caso «lo que prima de forma acusadamente destacada es el mensaje de propaganda de una formación política, así como la imagen de grandes proporciones del candidato que encabeza la lista de su candidatura».

Destacan los magistrados que es «indudable» que predomina «la imagen del candidato, que no tiene carácter accesorio sino principal, y que constituye también un acto de propaganda electoral que, al realizarse mediante la contratación comercial de un espacio público, solo puede realizarse una vez que comienza el periodo de campaña electoral».

La Junta Electoral Provincial requirió la retirada de la lona hasta que arrancara la campaña el próximo 18 de abril, aunque evitó abrir expediente sancionador al partido.

En su recurso, el PSOE solicitaba que al menos se mantuviera la parte derecha del cartel que incluye la imagen del candidato, alegando que la retirada de todo el cartel es «excesivamente gravosa y estricta con el ejercicio de sus derechos».

Pese a ello, ayer el PSOE desplegó una nueva lona en el «mismo lugar» en la que se puede leer ‘Tu libertad es ir a votar’ en la que también explica cómo votar por correo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha abordado este jueves con el nuevo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, el refuerzo de la cooperación bilateral y multilateral en la lucha contra el terrorismo.

La reunión, por videoconferencia, ha tenido por objetivo reforzar las relaciones entre el Ministerio del Interior español y el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. Mayorkas fue nombrado para el cargo el pasado mes de febrero por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

En un comunicado, Interior ha destacado que el ministro y el secretario de Seguridad Nacional han abordado el refuerzo de la cooperación bilateral y multilateral en la lucha contra el terrorismo. «Mantenemos nuestro compromiso de colaboración en la prevención y lucha contra el terrorismo y la radicalización violenta», ha señalado el ministro.

En este sentido, Grande-Marlaska ha traslado a Mayorkas «la firme voluntad española de reforzar las buenas relaciones de nuestros respectivos departamentos». Según el Ministerio, la colaboración entre ambos departamentos «es especialmente importante en ámbitos como la lucha contra el terrorismo, la lucha contra criminalidad organizada y el tráfico de drogas y la cibercriminalidad».

Así, el ministro del Interior ha destacado que «el resultado» de la colaboración policial entre ambos países «ha cosechado importantes éxitos operativos en la lucha contra el crimen organizado, principalmente en el tráfico de drogas y de armas y en el ciberdelito».

FLUJOS MIGRATORIOS

El ministro del Interior y el secretario de Seguridad Nacional también han abordado la gestión de los flujos migratorios, un ámbito en el que, según han indicado, ambos países comparten «un reto común». Han coincidido a la hora de señalar como estrategia más efectiva «un enfoque integral que pase por la lucha contra las mafias que trafican con personas, por la cooperación con los países de origen y tránsito y por la habilitación de cauces legales de migración».

Grande-Marlaska y Maryorkas han debatido, además, sobre el impulso de los acuerdos internacionales comunes para el intercambio de información, de buenas prácticas y la formación de los miembros dependientes de ambos departamentos. «En materia de formación se han mantenido intercambios que enriquecen las capacidades de los miembros de ambos departamentos y favorecen el entendimiento de ambos sistemas jurídicos y policiales», ha dicho Grande-Marlaska.

Por otra parte, han intercambiado también puntos de vista y estrategias sobre ciberseguridad e infraestructuras críticas, así como han tratado los proyectos de cooperación en materia policial con América Latina. «América Latina está presente en la política exterior de España y, por tanto, también en la cooperación en materia de seguridad. Continúa siendo una de las zonas prioritarias para este Ministerio», ha señalado Grande-Marlaska.

El encuentro se ha producido tras la reunión telemática del G6 (grupo en el que participan los ministros del Interior de España, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Polonia) que tuvo lugar el pasado 24 de marzo y en el que Estados Unidos asistió como país invitado a través de su fiscal general, Merrick B. Garland, y del propio Mayorkas.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a siete meses de prisión a un hombre que acordó con un ganadero de Puente Viesgo la compra de diez novillas, se las llevó y, a cambio, entregó unos pagarés que el ganadero nunca pudo cobrar.

La Audiencia le considera autor de un delito de estafa, con la atenuante de dilaciones indebidas, y le condena además al pago de una indemnización de 4.764 euros, el importe acordado con el ganadero por las diez novillas.

La sentencia, dada a conocer este jueves, no es firme y cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

Por otro lado, el tribunal ha absuelto a otras tres personas acusadas en este procedimiento. Dos de ellas son hermanos, propietarios de una explotación ganadera de La Rioja, que habían encargado la compra del ganado al condenado y que para ello le entregaron los pagarés. Como solo recibieron dos novillas, no abonaron el precio de la operación.

El tercer absuelto es un hombre que acompañó al condenado en la primera visita que realizó al ganadero y que, una vez que los animales fueron transportados al Mercado Nacional de Torrelavega, recibió del acusado cinco novillas que vendió y que hizo suyo el importe recibido.

No obstante, pese a que los tres han sido absueltos penalmente, la Audiencia les declara responsables civiles a título lucrativo: a los hermanos respecto de 952 euros (el coste de las dos novillas que recibieron), y al tercero, en la suma de 1.500 euros (los que recibió por la venta de cinco reses).

UN PLAN PARA CREAR UNA APARIENCIA DE COMPRA

Según el relato de hechos, el condenado acudió al domicilio de un ganadero de Puente Viesgo a interesarse por la adquisición de varias reses de bovino que éste tenía interés en vender.

Tras examinar al ganado, el acusado acordó la compra de diez novillas por 4.764 euros, adquisición que hacía «como intermediario» de los titulares de la citada explotación ganadera de La Rioja.

Al día siguiente, se presentó en la estabulación, cargó los animales en un camión y los trasladó al Mercado de Ganados, entregando al ganadero un documento denominado ‘factura’, que documentaba la adquisición de los animales por parte de uno de los titulares de la citada explotación riojana, así como dos pagarés firmados por el otro hermano.

Una vez en el Mercado de Ganados, el acusado procedió a vender dos novillas por 1.000 euros, al tiempo que entregó seis más a otras dos personas. Una de esas personas recibió cinco reses y las vendió por 1.500 euros, haciendo suyo el dinero percibido.

Finalmente, solo dos de las novillas fueron entregadas a los hermanos titulares de la explotación ganadera para la que el acusado actuaba de intermediario, quienes dieron orden de devolver los pagarés.

En consecuencia, el ganadero que pretendía vender sus novillas presentó los pagarés al cobro y estos fueron devueltos impagados. No ha recibido el dinero estipulado por la venta ni ha recuperado los animales.

La Audiencia entiende que el acusado no tuvo nunca intención real ni de abonar el precio pactado al vendedor, ni de que la trasmisión se llevara a efecto en favor de los ganaderos en nombre de quienes actuaba.

Por el contrario, señala que su intención era conseguir un desplazamiento patrimonial de dichos animales en su favor y obtener el consiguiente enriquecimiento personal sin contraprestación ninguna por su parte.

La Audiencia de Valladolid ha condenado a cuatro años y un día de cárcel al ciudadano de origen búlgaro P.I.G. que fue acusado de abusar de una niña de seis años, de la misma nacionalidad y vecina de Medina del Campo (Valladolid), de cuyo cuidado se hacía cargo a determinadas horas del día debido a las ocupaciones laborales de su madre y el novio de ésta.

En su sentencia, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial considera que de la prueba practicada queda probado que el encausado cometió un delito de abusos sobre la menor y resuelve imponer la referida pena privativa de libertad, junto con las preceptivas medidas de prohibición de aproximarse y comunicar con la víctima por espacio de cinco años e idéntico periodo de libertad vigilada una vez cumpla la pena, según informaron fuentes jurídicas.

El fallo, que incluye la obligación del condenado de indemnizar a la pequeña con 6.000 euros por daños morales, le absuelve, sin embargo, del segundo delito de abusos sexuales y de otro de lesiones por imprudencia que le imputaba la acusación particular.

El fiscal del caso y el letrado de la madre de la víctima habían pedido cinco y diez años de prisión, respectivamente, para el acusado, de 64 años, quien durante el juicio mantuvo su inocencia y aseguró que la denuncia de la niña, con cuya familia mantenía una estrecha amistad, obedecía a una «invención».

De hecho, el sexagenario, al que la niña llamaba «abuelo», negó haberle realizado tocamientos durante distintos juegos con ella. «No puedes cuidar niños sin tocarlos», llegó a declarar en referencia a distintos juegos, según él inocentes, practicados con la pequeña, tales como las cartas, los pañuelos o «chascar» los dedos, «algo que a ella le hacía mucha gracia», apostilló.

El ahora condenado explicó que conocía a la familia de la denunciante y tenía una gran amistad con ella, al punto de que la madre de la niña, temporera agraria, le encomendó su cuidado por las mañanas para llevarla al cole en determinados periodos del año cuando había vendimia o época de podas y debido también a la imposibilidad de que lo hiciera su pareja, camionero de profesión.

P.I.G. percibía cinco euros al día por el cuidado de la niña, que también se extendía a los sábados por la mañana a fin de que la madre pudiera descansar. «Mi relación con la niña ha sido siempre correcta. Pensé que ella y yo éramos amigos, pero ahora veo que no», declaró el sexagenario, quien negó haber sometido a la niña a tocamientos aprovechando los momentos en los que la madre se ausentaba del domicilio y él se quedaba a solas con ella a primera hora de la mañana para luego llevarla al colegio.

MASAJE DE PECHOS Y GENITALES

La niña, hoy de 14 años, no llegó a declarar en el juicio pero la sala sí pudo visualizar, como ‘prueba preconstituida’, un vídeo de su testimonio prestado en sede judicial el día 28 de agosto de 2018. En dicha prueba, de forma clara y rotunda, la pequeña ratificó hasta tres episodios registrados entre 2013 y 2015 y alegó que mantuvo silencio durante años porque el acusado la amenazó para que no dijera nada.

El primero de ellos se produjo en 2013 cuando la declarante tenía seis años y el acusado se ofreció a realizarle un masaje en cuyo transcurso el anciano le habría tocado los pechos y los genitales por debajo de la ropa, hechos por los que ha sido condenado finalmente.

La pequeña también hizo alusión a otros episodios en los que el anciano habría tratado de tocarla, como uno en el que jugaron a los pañuelos y se los pasó entre las piernas y otro en el que la tumbó en la cama de sus padres con el pretexto de jugar a las «luchas» y se echó sobre ella, si bien en esta ocasión la niña dice que logró zafarse y refugiarse en el baño, donde permaneció encerrada hasta la llegada de su progenitora.

CONFESIÓN A LA ABUELA

Por su parte, la madre de la niña y su pareja sentimental comparecieron en el juicio para asegurar que no descubrieron los hechos–ya entonces padecía la anorexia nerviosa–hasta que en una viaje de vacaciones a Bulgaria, su país de origen, la pequeña relató a la abuela lo sucedido, con lo que de regreso a España interpusieron la oportuna denuncia en agosto de 2018.

«Me dijo que no me lo había contado porque no le salían las palabras y le daba vergüenza. Cuando me relató lo ocurrido me quedé en shock, aterrada, porque utilizó un tono de voz que no era el suyo sino muy parecido al del acusado», manifestó la madre, que entonces empezó a atar cabos y a percatarse de ciertos detalles que habían pasado inadvertidos para ella y que ahora analiza como evidencias de que ya había algo raro en la relación entre su hija y su cuidador, «una persona que era de total confianza».

La defensa del procesado mantuvo su petición absolutoria y, con carácter subsidiario, solicitó una pena de dos años al entender que en caso de condena no cabía aplicar la agravante de abuso de superioridad.

España y Sudáfrica se han comprometido este martes, en la XIII ronda de consultas bilaterales que ha acogido el país africano, a redoblar esfuerzos colectivos para hacer frente a las consecuencias derivadas de la Covid-19: «Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo», han afirmado el viceministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de la República de Sudáfrica, Alvin Botes y la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe de España, Cristina Gallach.

Según ha informado el Ministerio que dirige Arancha González Laya en un comunicado, las conversaciones que se han mantenido en la reunión han abarcado una serie de áreas de interés común incluyendo las relaciones bilaterales, multilaterales y de cooperación regional, económica y asuntos comerciales.

El encuentro, que fue convocado en el marco de las disposiciones del Memorándum de Entendimiento (MDE) firmado en diciembre de 2000 y subraya la importancia de la relación bilateral, ha prestado una especial atención a la situación actual de la pandemia. En este contexto, Botes y Gallach han manifestado su preocupación por la crisis sanitaria y la pérdida de vidas como consecuencia de esta.

Por otra parte, con el objetivo de ampliar las relaciones económicas bilaterales, han acordado que debería hacerse un mayor esfuerzo para expandir las oportunidades de negocio y explorar el potencial de diversificar las conexiones comerciales y de inversión entre ambos países. Con esto, esperan contribuir a la erradicación de la pobreza y al incremento de la prosperidad.

Las consultas estuvieron precedidas por reuniones del grupo de trabajo sobre economía, comercio y energía y la del grupo de trabajo de alto nivel sobre derechos humanos y Naciones Unidas. En detalle, dichos grupos de trabajo revisaron la cooperación existente en diferentes campos y discutieron las posibilidades de fortalecer aún más las relaciones en interés de ambos países.

Ambos dirigentes, además, han intercambiado puntos de vista sobre asuntos internacionales y regionales, incluyendo Mozambique (Cabo Delgado), el Sáhara Occidental, el Sahel, Guinea Ecuatorial y el Cuerno de África. Además, han conversado sobre la colaboración existente entre la Unión Europea y la Unión Africana y reiteraron la necesidad de una mayor cooperación.

La migración y el desafío al cual se enfrentan nuestras sociedades ha sido otro de los asuntos que han puesto sobre la mesa para garantizar que este sea un fenómeno seguro y con todas las garantías legales, de modo que actúe como fuerza positiva para los países de origen y para los países receptores.

Además, Sudáfrica y España han reiterado su compromiso de fortalecer el multilateralismo y de trabajar juntos para promover la paz y prevenir conflictos, respetar el derecho internacional, promover y proteger los derechos humanos y asegurar una mayor participación de las mujeres en las operaciones de paz.

Por último, ambas partes han reafirmado los lazos de amistad y solidaridad entre ambos países y han señalado que esperan con interés la próxima ronda de Consultas Bilaterales, que será presidida por España.

El PP y Vox llevarán al Pleno del Congreso de la próxima semana sendas iniciativas pidiendo, por segunda semana consecutiva, la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su decisión de apartar al coronel Diego Pérez de los Cobos de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, una decisión que la Audiencia Nacional ha anulado.

Ambas mociones, son consecuencia de las interpelaciones que tanto ‘populares’ como los de Santiago Abascal dirigieron el miércoles al ministro, al que reclamaron que presentara su dimisión por haber relevado de su puesto a Pérez de los Cobos.

Sin embargo, una y otra vez, tanto en las preguntas de control como en sus réplicas a estas interpelaciones, Marlaska no solo aseguró que no dimitiría, sino que defendió su postura respecto al coronel apartado como «justa, ponderada y legal».

MARLASKA, SALVADO

El Pleno del Congreso ya rechazó este jueves por una amplia mayoría reprobar al titular de Interior por la polémica en torno al coronel Pérez de los Cobos, como pedía el PP y Vox en una proposición no de ley. Y todo apunta a que las mociones que ambos partidos someterán a debate y votación del Congreso la próxima semana cosecharán un resultado similar.

En concreto, el PP pide en su texto que el Congreso censure a Marlaska por una gestión «plagada» de polémicas e «irregularidades» y que ha culminado, dice, con «con graves actos de desviación de poder», como apartar de su puesto a Pérez de los Cobos. Urge, además, al presidente Pedro Sánchez a destituirle «de inmediato» ante la negativa del ministro a asumir su responsabilidad política dimitiendo.

De su lado, Vox también plantea su reprobación por haber incurrido en «un ejercicio desviado de su potestad discrecional» al cesar al citado coronel, pide a Sánchez a destituirle y a su Gobierno que adopte todas las medidas necesarias «para garantizar la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos en el Ministerio del Interior», como establece la Constitución.

EL MINISTRO CON MÁS PETICIONES DE REPROBACIÓN

Son diversas las ocasiones en el último año en las que el PP, Vox y Ciudadanos han pedido en el Congreso la reprobación de Marlaska, singularmente a raíz de conocer su polémica decisión de cesar a Pérez de los Cobos o por los acercamientos semanales de presos etarras a cárceles del País Vasco. De hecho, es el ministro que más peticiones de reprobación acumula.

Sin embargo, en todas las ocasiones, la última este mismo jueves, el PSOE y Unidas Podemos, socios en el Gobierno, han cosechado los apoyos necesarios para proteger a Marlaska de la censura parlamentaria.

Investigadores y trabajadores del sector científico se han concentrado este jueves en varias ciudades españolas para mostrar su rechazo a la reforma de la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que prepara el Gobierno. «Es un paso claramente atrás», ha asegurado en declaraciones el responsable de CSIF en el Ministerio de Ciencia e Innovación, José Antonio de la Orden.

CSIF es uno de los sindicatos que está en contra de la reforma normativa en la que está trabajando el Ministerio, junto a CCOO y Coordinadora Marea Roja de la Investigación, que ha convocado las concentraciones para este jueves en varias ciudades de España como Madrid, Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela, Sevilla y Oviedo o Zaragoza, entre otras.

En Madrid, se han concentrado a las 18.00 horas frente al Ministerio de Ciencia e Innovación (Paseo de la Castellana, 162), movilización a la que han acudido aproximadamente un centenar de personas. Desde Unidas Podemos de la Comunidad de Madrid también han dado su apoyo a las reivindicaciones.

«La modificación que se pretende hacer realmente no soluciona lo que es la precariedad tan alta que hay en el sector», asegura en declaraciones una portavoz de la Coordinadora Marea Roja, Elisa Fernández, técnico superior especializado del CSIC, y representante de CCOO en la Coordinadora.

En concreto, la investigadora se refiere al «tenure track», figura contractual por la que apuesta el Ministerio de Ciencia e Innovación, y que pretende incorporar a la reforma de la Ley de la Ciencia, de 2011.

Esta fórmula de contratación consiste en una contratación fija sujeta a evaluación externa, lo que permitiría que los investigadores estén en plantilla de forma «permanente», según ha explicado el propio ministro Pedro Duque.

Sin embargo, desde la Coordinadora Marea Roja, que engloba a sindicatos como CCOO o USO –aunque esta última no se ha adherido a las concentraciones–, sostienen que esta figura, tal y como está planteada por el Departamento de Duque, «no garantiza que el puesto sea fijo» porque estaría supeditada a la oferta de empleo público y, tal y como asegura Fernández, «en ningún momento» ha habido un compromiso por parte del ministro ni del Gobierno de incrementar las plazas públicas destinadas a científicos e investigadores. «No elimina el embudo», espeta.

ELIMINACIÓN DE LA ESCALA DE CIENTÍFICOS TITULARES DE OPI

Además, según Fernández, la reforma plantea también la eliminación de la escala de Científicos Titulares de Organismos Públicos de Investigación (OPI) o, como lo resume ella misma: «La eliminación de una escala funcionarial con una serie de derechos y de retribuciones por una escala laboral indefinida supuestamente pero que realmente tiene que pasar por dos acreditaciones y que, aun pasado, no se asegura que vayan a ser puestos fijos».

Y es que, según señala José Antonio de la Orden, la figura del «tenure track» estaría «gobernada por el derecho laboral», introduciendo de este modo «más precariedad todavía», puesto que «el personal laboral está sujeto al Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, puede ser despedido», mientras que «los científicos titulares son funcionarios y por ley tienen el puesto permanente».

«LOS TEMAS QUE AFECTAN A LA INVESTIGACIÓN SON MUCHOS»

Fernández lamenta que lo que se está generando con esta modificación es «un estado de excepción para los trabajadores y trabajadoras de la investigación», ya que recalca que hoy, más que nunca, «se está demostrando que la ciencia es muy necesaria y elemental para la sociedad y es un servicio público esencial para la ciudadanía».

«Parece mentira que en el siglo XXI, en el año 2021, en plena pandemia, cuando se ha demostrado que la ciencia es la única salida a la situación sanitaria que tenemos, el propio Ministerio de Ciencia español esté dando pasos hacia atrás y además está destruyendo el sistema público de investigación», critica De la Orden.

El responsable de CSIF califica la política de este Departamento como «errónea», «errática» y «muy poco negociadora», ya que, a su juicio, «no cuenta para nada con la opinión de los trabajadores». Y advierte de que «los temas que afectan a la investigación son muchos» y que de los que hoy se quejan son «sólo una pincelada».

Según Fernández, el ministro no se ha reunido con la Marea Roja para abordar la reforma de la Ley, pero tampoco con los sindicatos que integran la Mesa de Diálogo Social. En cambio, algunas de las organizaciones que integran la Marea Roja sí han podido reunirse con Pedro Duque.

Con motivo de las diferencias entre parte de la comunidad científica y el Ministerio, Duque ha asegurado que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública convocará «en un par de semanas» a los sindicatos en una Mesa General de Negociación para abordar la modificación de la norma.

Bonifacio Díez Sevillano, un policía que estuvo adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) bajo el mando de Eugenio Pino durante el Gobierno de Mariano Rajoy, ha negado este jueves en la ‘comisión Kitchen’ del Congreso de los Diputados que participara en una investigación sobre el extesorero ‘popular’ Luis Bárcenas y ha guardado silencio sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

«Lo ignoro absolutamente todo de la ‘Operación Kitchen'», ha dicho Díez Sevillano al ser preguntado sobre el supuesto espionaje parapolicial que se habría articulado desde la DAO a cuenta de los fondos reservados del Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz para sustraer documentación sensible a Bárcenas y su familia y evitar que llegara a los tribunales.

Así, ha contestado con sucesivos «jamás» y «nunca» a las cuestiones concretas que le ha lanzado el representante socialista Felipe Sicilia sobre si durante su etapa en la DAO investigó o escuchó alguna referencia sobre Bárcenas o el chófer de la familia, Sergio Ríos, que habría sido el encargado de espiar al ex tesorero y su familia. «Lo que sé de ese señor es por la prensa, no sé quién es», ha dicho sobre el conductor.

Ya en el turno del portavoz de Bildu, Jon Iñarritu, Díez Sevillano ha negado sentirse miembro de la conocida como ‘policía política’. «Me siento funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, punto. Jamás he hecho investigaciones, y no he estado en Información», ha recalcado hasta en dos ocasiones, definiéndose como «un simple inspector jefe».

A lo largo de la comparecencia ha señalado que, a pesar de estar imputado en esta pieza separada de ‘Tándem’ por presunta malversación, no se ha molestado en informarse sobre la causa porque tiene «la conciencia tranquila». «Y cuando uno está tranquilo, el procedimiento penal le preocupa familiarmente y a nivel mediático, que es lo que hace daño», ha expuesto, llegando a afirmar que está investigado por mera «proximidad» a los principales sospechosos.

SITÚA A VILLAREJO EN LA DAO

Villarejo ha centrado buena parte del interrogatorio a Díaz Sevillano. En un primer momento, se ha negado a hablar sobre el excomisario, aduciendo que apenas le conocía. «Mi relación con el señor Villarejo era casi nula», ha zanjado.

Sin embargo, sí ha reconocido que Villarejo frecuentaba la DAO. Así, ha contado que, si bien desconocía cuáles eran sus funciones, se solía cruzar con él por las escaleras con conversaciones insustanciales. «Buenos días’, ‘buenas tardes’. ‘¿Dónde vas?’, ‘a ver a Fulano y Mengano'», ha ilustrado.

El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha querido saber quiénes podían ser los interlocutores de Villarejo, a lo que el policía jubilado le ha apuntado que «allí Fulano y Mengano pueden ser desde el DAO a los secretarios técnicos». «No sé las personas que pueden estar trabajando allí, pero bastantes», ha reiterado.

Díez Sevillano ha incidido en que, aunque alguna vez se tomó algún café con él, solo ha sabido lo que podía estar haciendo Villarejo una vez desatada la investigación judicial y a través de la prensa: «No sé nada más».

Tampoco se ha pronunciado sobre la cuestión de los fondos reservados, aduciendo que es una «materia secreta» y al hablar de ella podría incurrir en delito, pero sí ha dejado claro, ante el interés del diputado ‘popular’ Luis Santamaría, que la regulación sobre el uso de los mismos es la misma desde el 95.

El antiguo inspector también ha contestado con un lacónico ‘no’ a la pregunta de si coincidió trabajando con otros investigados judicialmente como Enrique García Castaño o Andrés Gómez Gordo. «Sé de esta operación a través de la prensa», ha subrayado.

LA ‘OPERACIÓN CATALUÑA’

Otro de los temas que han aflorado en el interrogatorio a Díez Sevillano es la llamada ‘Operación Cataluña’, referida a la presunta búsqueda de información comprometedora contra políticos independentistas, debido a su labor como agregado de Interior en Andorra.

El funcionario ha explicado que en Andorra no llevó a cabo tareas de investigación policial porque su trabajo era estar en contacto con las autoridades andorranas. No obstante, el diputado de Vox ha ahondado para preguntar si hubo algún tipo de intercambio de información respecto a «criminales relacionados con el separatismo catalán», en concreto sobre blanqueo de capitales. «No le puedo contestar a eso», ha dicho el compareciente.

En junio de 2020, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió al exnúmero dos de la Policía Nacional Eugenio Pino y a Díaz Sevillano de entregar supuestamente en 2015 a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) un ‘pendrive’ con datos personales reservados y referencias a sociedades y proyectos empresariales para la causa en la que se investiga a la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol.

Aún así, el tribunal reprochó a Pino su conducta porque estaba «alejada de un correcto actuar profesional» y «su oscurantismo sobre el origen de la información puso en serio riesgo de contaminación la investigación sobre Jordi Pujol Ferrusola», que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional, y cuya pieza principal sobre el origen de la fortuna familiar.

EL VIAJE A NUEVA YORK

Por otro lado, los diputados de Ciudadanos y Bildu han puesto el foco en el supuesto viaje a Nueva York en 2016 protagonizado por José Ángel Fuentes Gago para tratar de captar datos incriminatorios contra Podemos al contactar con un exministro venezolano.

«Me hubiera gustado viajar a Nueva York, pero no», ha respondido al diputado ‘naranja’, misma contestación que ha dado a Iñarritu, sugiriendo que quizá Fuentes Gago viajara con otro policía que se llamaba igual que él, a pesar de no ser un nombre común. «Vaya, qué casualidad, como M.Rajoy», le ha replicado el diputado de Bildu para luego apuntarle que le extraña que en la DAO no tuviera función concreta y fuera «el chico para todo».

En el interrogatorio también ha salido a relucir el nombre del inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que dirigió la investigación de Gürtel, Manuel Morocho, que también estuvo destinado en la DAO. Díaz Sevillano ha comentado sobre él que desconocía si tuvo despacho en esa dirección porque la DAO es amplia y no tuvo relación.

Díez Sevillano ha relatado que tras Andorra, destino que obtuvo por decisión del entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, pasó a Asuntos Internos y la DAO que mandaba Eugenio Pino, ya con el PP, donde desempeñó trabajos burocráticos y de asesoramiento junto a Fuentes Gago, también citado este jueves.

Una vez fuera de la DAO solicitó otra plaza como agregado pero esta vez en la Embajada de México, un destino del que fue cesado. Sin embargo, en el repaso a su currículum, ha aprovechado para recordar que ese cese fue recurrido y anulado por no ajustarse a derecho.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este jueves que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias extenderá durante este 2021 a 40 centros penitenciarios de 14 comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla los talleres de Justicia Restaurativa en los que el año pasado participaron unos 1.100 internos.

Según ha informado el Ministerio que dirige Marlaska en un comunicado, estas iniciativas ofrecen a los presos «la oportunidad de entender el impacto del delito cometido y buscar fórmulas de reparación a sus víctimas». Así lo ha anunciado el titular de Interior durante la clausura del ‘I Congreso de Justicia Penal, Cumplimiento Penitenciario y Prácticas Restaurativas’, organizado por la Asociación Española de Mediación (ASEMED), que ha contado con la presencia de destacados representantes de la magistratura, la Fiscalía y el colectivo de mediadores profesionales.

El ministro ha explicado que las primeras experiencias sobre Justicia restaurativa en el ámbito penitenciario, dirigidas a condenados a medidas alternativas a la prisión así como a penados en tercer grado, datan de 2016/17, y en estas solo participaron 38 internos, mientras que ha puesto en valor el aumento de la participación en talleres de este tipo en cuatro años.

«Son antecedentes alentadores que avalan la decidida vocación del actual equipo directivo del Ministerio del Interior por impulsar, siempre dentro de nuestro campo competencial, una justicia reparadora que no solo persigue el castigo del infractor, sino que también procura la resocialización del delincuente y la reparación a la víctima», ha asegurado el Ministro del Interior.

Por su parte, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha presentado la ponencia inicial del congreso, en la que ha relatado de manera pormenorizada cómo se desarrollan esos programas y la evaluación positiva que han obtenido. Esto es lo que motivó a que en el año 2019 el departamento apostara por introducir la mediación restaurativa para penas privativas de libertad por delitos de carácter grave, ha apostillado.

La experiencia comenzó en tres cárceles de Sevilla y Burgos, donde 61 internos mantuvieron una quincena de encuentros restaurativos con las víctimas directas de sus delitos. Además, ha detallado que se incluyeron esos talleres reparadores como módulos del programa de tratamiento de los delitos económicos (PIDECO), del de las conductas violetas (PICOVI), en el tratamiento de los delitos de odio (el denominado Programa Diversidad) y en el de los delitos de violencia intrafamiliar (el Programa Encuentro).

«La experiencia de estos talleres restaurativos es muy satisfactoria, y nuestro compromiso es ponerlos en marcha, a lo largo de 2021, en cuarenta centros penitenciarios de catorce comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla», ha zanjado Grande-Marlaska.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha actualizado el informe sobre las actuaciones urgentes y estructurales proyectadas para la recuperación del Mar Menor, del que se desprende que el número de expedientes sancionadores iniciados desde 2018 por uso privativo de aguas sin autorización asciende a 393 y la superficie que ya ha sido objeto de resolución sancionadora es de 2.964 hectáreas.

El informe de situación recoge los avances en la ejecución de la Hoja de Ruta, puesta en marcha en octubre de 2019 con el doble objetivo de frenar el deterioro de la laguna salada, única por su alto valor ecológico, y contribuir a la recuperación de su dinámica natural, informaron fuentes del MITECO en un comunicado.

En este sentido, el Ministerio ha anunciado que continúa trabajando en la preparación de un Programa Verde Integrado para la recuperación integral del Mar Menor que ordena, selecciona y prioriza las acciones a realizar.

La Hoja de Ruta identifica aquellas actuaciones inmediatas que permiten reducir los aportes de contaminantes a las aguas superficiales y subterráneas en origen y/o que contribuyen a evitar modificaciones de los ecosistemas litorales.

Estas actuaciones consisten en la vigilancia de las actividades que, o bien no tienen autorizaciones o derechos concesionales de uso de agua, o bien generan vertidos no autorizados, así como en la vigilancia y control del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT).

AUMENTO DE LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN

Así, se han incrementado en varias áreas los efectivos dedicados a estas labores, lo que se ha traducido en un aumento de los expedientes sancionadores. Estos expedientes se envían puntualmente a la Comunidad para su conocimiento, al efecto de que lleve a cabo las actuaciones necesarias en el marco de sus competencias.

Desde hace unos meses también se comunican los del resto de la cuenca y los expedientes se trasladan a la Fiscalía Superior de la Región. En conjunto, se han remitido a la Comunidad Autónoma 168 expedientes sancionadores en toda la cuenca, de los que 138 corresponden al Mar Menor.

En el entorno de la laguna, el número de expedientes sancionadores iniciados desde 2018 por uso privativo de aguas sin autorización –regadío en zonas sin derechos inscritos en el Registro de Aguas o regadío fuera del perímetro aprobado– es de 393.

La superficie que ya ha sido objeto de resolución sancionadora es de 2.964 hectáreas, mientras que la superficie denunciada, pero todavía sin resolución, es de 2.988. En 74 de esos 393 expedientes, la Comunidad ya ha comunicado que se inicia el proceso de restitución de cultivos.

Asimismo, los agentes medioambientales continúan las inspecciones en la cota 120 de la comunidad de regantes Campo de Cartagena, que tiene en riego 1.000 hectáreas más de las 11.220 autorizadas. Ya se ha revisado una superficie superior a las 13.837 hectáreas, de las que 11.570 (el 84%) dispone de sistema de riego.

En marzo de 2021, de la superficie obtenida por teledetección en 2019 –9.500 hectáreas iniciales con vegetación con aspecto de ser regada–, finalmente son 8.460, una vez eliminadas las superficies de cultivos de secano, montes y otras con vegetación, pero que no disponen de sistemas de riego, a lo que habría que incluir otras superficies de riego sin derechos que aparecen en las inspecciones visuales realizadas por el Servicio de Policía.

135 EXPEDIENTES POR VERTIDOS

Igualmente se ha potenciado la acción inspectora sobre los vertidos potencialmente contaminantes. También se ha redoblado el esfuerzo de inspección sobre las desalobradoras que no cuentan con autorización. En lo referente al control de vertidos, el número de expedientes sancionadores abiertos al cierre de 2019 por vertido contaminante de agua residual a Dominio Público Hidráulico fue de 135. Desde principios de 2020 se han iniciado 130 expedientes adicionales por vertidos a cauce público.

Los expedientes abiertos por detección de desalobradoras en el entorno del Mar Menor al cierre del año 2019 se elevaron a 93, lo que duplicaba la cifra de 2018. Se siguen desarrollando los trabajos de inspección de las desalobradoras ubicadas en Alicante.

Asimismo, se han precintado 191 desalobradoras ilegales en el Campo de Cartagena y se han iniciado 86 expedientes sancionadores a las que no han realizado el mismo. Adicionalmente, los agentes medioambientales han informado de que 53 desalobradoras han sido retiradas o desmontadas.

ACUÍFERO DEL CAMPO DE CARTAGENA

La Hoja de Ruta recoge, por otro lado, la declaración el pasado julio del acuífero del Campo de Cartagena «en riesgo de no alcanzar el buen estado químico» por la elevada presencia de nitratos en su agua, lo que supone la activación de los trámites para que el organismo de cuenca elabore un plan de ordenación de esta masa de agua.

Además, el pasado octubre la Junta de Gobierno de la CHS ratificó las medidas cautelares adoptadas en julio y acordó la ampliación del perímetro de la zona afectada (4.218 hectáreas).

Para valorar la eficacia que supone la aplicación de las medidas cautelares se ha encargado a la Universidad Politécnica de Valencia la realización de los trabajos de asistencia técnica para la simulación de la evolución del contenido en nitratos de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena.

Asimismo, se ha licitado el servicio de asistencia técnica para la recopilación, análisis y efectos de las medidas de protección de la calidad de las aguas en la comarca del Campo de Cartagena, relacionadas con el uso agrario de regadío.

En relación con la vigilancia y control del Dominio Público Marítimo Terrestre, en diciembre de 2019 se incoaron expedientes sancionadores a los ayuntamientos de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares por no haber atendido al requerimiento de retirada o legalización de las ocupaciones del DPMT por tuberías que vierten al Mar Menor y que no cuentan con título habilitante.

Por otra parte, se han incoado 4 expedientes de recuperación posesoria de los bienes de DPMT cuya legalidad no ha sido acreditada, y 37 expedientes tendentes a determinar los derechos de los propietarios de ocupaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas. Se pretende determinar qué ocupaciones son ilegales, con la finalidad de proceder a su levantamiento y a la restauración del DPMT.

ATAJAR LA ENTRADA DE NUTRIENTES A LA LAGUNA

Asimismo, se recogen las conclusiones del informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO), elaborado a solicitud de la Dirección General de la Costa y el Mar del MITECO, que analiza el estado actual del Mar Menor, causas de su deterioro y posibles soluciones.

El informe apunta a los aportes de nutrientes y materia orgánica como principal motor de eutrofización, a lo que se unen otros factores que contribuyen a la degradación del ecosistema lagunar: la contaminación metálica; la contaminación química orgánica; las respuestas y efectos biológicos asociados a la contaminación química; y las obras costeras, puertos, dragados y mantenimiento de playas. El informe del IEO concluye que su recuperación pasa por atajar la entrada de sedimentos y nutrientes a la laguna.

SITUACIÓN DE LA NACRA

La nacra es la única especie marina declarada en situación crítica que, a diferencia de lo que ocurre en el resto del Mediterráneo, mantenía unas abundantes poblaciones en el Mar Menor antes de los episodios de contaminación y de la DANA de septiembre de 2019.

El pasado septiembre se reunió un Grupo de Trabajo coordinado por el MITECO, que evaluó la situación de la especie y las actuaciones urgentes que han de acometerse, siendo una de las más prioritarias el balizamiento de las nacras supervivientes que se encuentran a escasa profundidad. En espera de los resultados del informe del IEO, dicho balizamiento se llevará a cabo como primera medida preventiva.