La comunidad autónoma de Extremadura ha sumado este miércoles dos fallecidos diagnosticados con coronavirus, un varón de 77 años de Plasencia y otro de 97 de Zafra, por lo que el total de víctimas es de 1.758 desde el inicio de la pandemia.

La región ha registrado en las últimas 24 horas 73 casos positivos de Covid-19 confirmados, cinco más que la jornada anterior, mientras que en los hospitales extremeños hay ingresadas 51 personas, ocho menos que el martes, 10 de ellas en UCI, tres menos. Se han dado 102 altas, lo que equivale a un total de 72.607.

De esta forma, la incidencia acumulada en Extremadura continúa bajando y ya es de 102,37 casos a los 14 días y de 50,86 casos a los 7 días, frente a los 103,12 y 52,45 casos, respectivamente, del día anterior.

En estas últimas 24 horas se han notificado dos brotes, uno en Hornachos, con 13 casos y 49 contactos, y otro en Cuacos de Yuste, con 9 casos y 33 contactos, y se cierran tres, en Plasencia, Don Benito y Aceuchal.

ÁREAS DE SALUD

En cuanto a la situación por áreas de salud, Badajoz notifica siete casos positivos. Tiene tres pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Registra 310 fallecidos y ha dado 20.512 altas; mientras que la de Cáceres registra 12 casos positivos. Tiene 15 pacientes ingresados, dos de ellos en UCI. Acumula 468 fallecidos y ha dado 12.983 altas.

A su vez, el área de Mérida registra 24 casos confirmados. Tiene 16 pacientes hospitalizados por covid-19, dos en UCI. Acumula 236 fallecidos y ha dado 12.895 altas; y Don Benito-Villanueva de la Serena no notifica casos positivos. Hay dos pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Acumula 237 víctimas mortales y ha dado 9.548 altas.

El Área de Salud de Plasencia registra 16 casos positivos. Tiene 11 pacientes hospitalizados, cuatro de ellos en UCI. Ha registrado un total de 197 fallecidos y ha dado 5.537 altas; y Navalmoral de la Mata notifica siete casos positivos. No tiene pacientes ingresados por coronavirus y ha registrado 108 fallecidos. Ha dado 3.413 altas.

Finalmente, Llerena-Zafra registra siete casos positivos. Tiene tres pacientes ingresados. Ha registrado un total de 121 fallecidos y ha dado 5.485 altas; mientras que Coria no registra casos positivos. Tiene 1 paciente hospitalizado por covid-19. Registra un total de 81 personas fallecidas y se han dado 2.234 altas.

El Gobierno prevé destinar 2.100 millones de euros a la desinstitucionalización, no tanto entendida como un "cierre generalizado" de las residencias sino como un cambio hacia un modelo que priorice la atención en domicilio siempre que sea posible, según se desprende del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De acuerdo con el calendario de implantación, de estos 2.100 millones, el Ejecutivo prevé invertir 530,4 millones de euros a lo largo de este año 2021; 741,4 millones en 2022, y 828,2 millones en 2023.

En concreto, estos fondos irán destinados a la realización de evaluaciones y análisis; campañas de difusión y sensibilización; construcción y remodelación de centros residenciales y centros de díainnovadores; adquisición de su equipamiento e inversión en tecnología para los cuidados de larga duración. También se contempla el desarrollo de una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización.

En el componente número 22 del Plan, el Ejecutivo detalla que el 89% de las inversiones de esta línea (1.860 millones de euros) corresponden a proyectos propuestos por las comunidades autónomas y las entidades locales.

Estos proyectos incluyen la construcción de nuevos equipamientosresidenciales y centros de día o su rehabilitación (1.410 millones), y la inversión en teleasistencia y otros dispositivos tecnológicosrelacionados con los cuidados de larga duración (450 millones).

65.000 EUROS POR PLAZA RESIDENCIAL

A título ilustrativo, el Gobierno estima que el coste por plaza de nueva construcción residencial adaptada al nuevo modelo de cuidados que se quiere impulsar sería de 65.000 euros por plaza (1.000 euros por metro cuadrado; 65 metros cuadrados por persona). El cálculo lo realiza a partir de estudios del Tribunal de Cuentas y el coste de construcción de centros residenciales localizados en distintas regiones.

Para la remodelación de plazas disponibles, el Ejecutivo estima un coste aproximado de una quinta parte de las de nueva construcción. En cuanto a la teleasistencia, que deberá llegar a las 870.000 personas dependientes que viven en su casa sin este servicio, el Gobierno señala que ampliar el servicio para dar cobertura a todos ellos supondría una inversión de 200 millones de euros al año.

Respecto a los proyectos ejecutados directamente por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (240 millones de euros) se financiarán al menos tres proyectos piloto para el impulso de la desinstitucionalización cuyo coste final dependerá de las propuestas aprobadas finalmente.

Como ilustración, el Gobierno ha solicitado a la organización Plena Inclusión los costes que tendría su propuesta para el pilotaje de un proyecto de transformación de los apoyos y cuidados de larga duración de personas con discapacidad intelectual. Este proyecto supondría un coste, en los tres años de duración, de unos 32 millones de euros. Contando con este proyecto como prototipo, el desembolso total de los tres proyectos podría ascender a una cifra aproximada de 100 millones de euros.

Otros 125 millones de euros se destinarán a proyectos de remodelación de los centros dependientes del IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales, dependiente del Ministerio) para adaptarlos al nuevo modelo de cuidados de larga duración y a otros proyectos innovadores a desarrollar en estos mismos centros, según precisa el documento.

Los 15 millones de euros restantes presupuestados corresponden al coste de los trabajos de evaluación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y el despliegue de una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización.

En cuanto a esta desinstitucionalización, el Ejecutivo precisa que, según las Directrices Comunes Europeas para la transición de la Atención Institucional a la Atención Comunitaria, el término desinstitucionalización no debe interpretarse tanto como un proceso de "cierre generalizado" de centros residenciales ya que "para algunas personas esta es la única alternativa posible", sino como un "cambio cultural que promueve la permanencia en el hogar" de las personas dependientes "siempre que sea posible".

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que el partido "sale más fuerte" tras la victoria en las elecciones madrileñas y ha pedido a los suyos convertir "la ola en marea" para llegar al Palacio de la Moncloa, con un PP que tiene "muchos acentos" como España. Además, ha recalcado que hay "una mayoría social que quiere cambiar de Gobierno" y ha llamado a convertirla en "mayoría electoral".

"El PP ha vuelto para quedarse", ha proclamado Casado ante el Comité Ejecutivo Nacional que se ha celebrado tras la contundente victoria del PP en Madrid. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido protagonista de la reunión y ha tomado la palabra antes que Casado, ha recibido felicitaciones de los barones territoriales y de la plana mayor del PP por su "espectacular" resultado, al pasar de 30 a 65 escaños en apenas dos años.

Según Casado, las mociones de censura que se presentaron en Murcia y Castilla y León "se han vuelto contra Sánchez como un bumerán" porque con la reacción en cadena "ha terminado por explotar una bomba en Moncloa y en Ferraz". "Él forzó las elecciones, las presentó como plebiscitarias y se metió de hoz y coz", ha recalcado.

VE A AYUSO COMO "PURO PP"

El presidente del PP, que ha recordado que propuso a Ayuso y Almeida como candidatos en Madrid en enero de 2019, ha calificado a la presidenta madrileña como "puro PP, Partido Popular por los cuatro costados".

"Con esta victoria y la derrota de la izquierda los madrileños no han querido que su región se convierta en una pieza más del tablerode ajedrez de destrucción nacional de Sánchez y sus socios hantejido para sacrificar o proteger esas piezas del tablero para susupervivencia política a costa de todo y de todos", ha proclamado.

Casado ha destacado que han "ensanchado la centralidad sin renunciar a la batalla de las ideas" y a una "gestión eficaz". Además, ha puesto en valor el avance en la reunificación del centroderecha. A su entender, el 4M dieron "un paso de gigante en la unión de la mayoría silenciosa".

"ESPAÑA TIENE MUCHOS ACENTOS, EL PP TAMBIÉN"

"Hace dos años y medio, celebramos nuestro Congreso siendo tercera fuerza política en España en todas las encuestas internas y publicadas. Hoy ya somos la primera fuerza y eso ha sido porque hemos conseguido lo que nos propusimos: unir en el PP a la mayoría del centro derecha y abrirnos a votantes de otros partidos", ha manifestado.

El líder del PP ha indicado que España "tiene muchos acentos, el PP también". "Y se nos entiende muy bien en todas partes", ha afirmado, buscando zanjar así el debate mediático que se ha abierto sobre si el PP nacional optará por la moderación de Alberto Núñez Feijóo o el discurso más contundente de Ayuso.

Casado ha apuntado a la repercusión nacional de las elecciones madrileñas tras la "debacle" de Pedro Sánchez. "Hoy salimos más fuertes", ha señalado, para destacar que han "recuperado todo el voto" de Cs" y han abierto una "vía de agua en el PSOE". Además, ha reiterado que el PP es "la casa común del centroderecha" con "puerta ancha" para que entren también "los socialdemócratas defraudados con Sánchez".

"YO NO TENGO UN RELATO DE CARTÓN PIEDRA, TENGO PRINCIPIOS"

Tras asegurar que el PP vuelve a ser "el gran partido de España", ha afirmado que "hay una mayoría social que quiere cambiar de Gobierno" y ha apostado por "convertirla en mayoría electoral". "El presente de España, una vez más, pasa por el PP", ha recalcado.

De hecho, ha afirmado que el resultado de las elecciones en Madridha desmontado la teoría de la "infalibilidad" de Sánchez, quien gobierna "contra meda España y no tiene proyecto ni ideas". "Era todo un fake como todo lo que hace", ha aseverado, para situar al PP como "la única alternativa real, preparada, inmediata" para "cambiar de Gobierno".

Casado ha celebrado que España "está de vuelta de esa viejísima nueva política y de sus viejísimos políticos, que han resultado ser la peor versión de los viejos problemas". "Yo no tengo un relato de cartón piedra, tengo principios y las ideas muy claras de lo que necesita España, así como un equipo experimentado", ha proclamado.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Tui (Pontevedra) ha autorizado la exhumación de los restos mortales de Déborah Fernández-Cervera, según ha informado la familia de la fallecida en un comunicado, en el que ha indicado que la exhumación tendrá lugar a las 12,00 horas del próximo 18 de mayo en el cementerio de Pereiró, en Vigo.

Tal y como ha trasladado la familia, esta resolución responde a la petición formulada por sus abogados a finales de febrero con el objetivo de buscar restos de ADN bajo las uñas de la joven. Así, critica que "de modo sorprendente en su momento no se tomaron muestras para su análisis".

Asimismo, ha añadido que buscarán "restos" de una posible agresión que hubiesen podido "pasar desapercibidos en la primera autopsia" y analizarán "cuantos vestigios puedan ser de interés científico, antropológico o criminalístico".

En este contexto, la familia ha manifestado que recibe la noticia "con la esperanza de que este duro proceso pueda cerrar el círculo sobre la(s) persona(s) que intervinieron en la desaparición, muerte y posterior manipulación y traslado del cuerpo de Déborah".

"Usaremos hasta la última pista para intentar saber la verdad y que el causante de tanto dolor pague por ello", ha remarcado, apuntando que espera "que sea la propia Déborah la que tenga la solución a todo este calvario".

'CASO DÉBORAH'

Déborah Fernández-Cervera desapareció en 2002, cuando tenía 21 años de edad, después de salir a correr por la zona viguesa de Samil. Su cuerpo fue encontrado desnudo una semana después en una cuneta en el municipio de O Rosal, a unos 40 kilómetros de distancia.

Aunque el caso se cerró, en noviembre de 2019 el Juzgado de Instrucción número 2 de Tui acordó su reapertura para proceder a la práctica de nuevas actuaciones. Desde entonces, varias personas han prestado declaración en el marco de esta causa.

Desde la reapertura del caso, los abogados de la familia de la joven han denunciado "negligencias" en las investigaciones policiales, "contradicciones" en declaraciones realizadas por distintos testigos que no se cruzaron y "pruebas que se pasaron por alto".

El jefe de Servicio de Psiquiatría de la Red de Salud Mental de Álava, Edorta Elizagarate, y el catedrático de Psiquiatría Miguel Gutiérrez han afirmado que la transferencia a Euskadi de la competencia sobre la gestión de las prisiones, que se ejecutará el próximo 1 de octubre, "abre la puerta a mejorar los tratamientos psiquiátricos en la cárcel" y supone "una oportunidad estratégica" para mejorar la asistencia psiquiátrica para la población reclusa.

Elizagárate y Gutiérrez han planteado esta reflexión con motivo de la celebración, el próximo 12 de mayo, de una jornada 'online' en la que participarán más de 300 expertos en Psiquiatría Penitenciaria de Euskadi y del resto de comunidades autónomas del Estado español.

Estos dos psiquiatras, directores de la jornada, han subrayado, a través de un comunicado, que los trastornos mentales en prisión son "muy prevalentes", de forma que "cada vez hay más reclusos con patologías psiquiátricas que permanecen encarcelados", lo que genera necesidades de evaluación, diagnóstico, tratamiento y cuidados.

CAPACIDADES "DESBORDADAS"

Estas necesidades, según han afirmado, "a veces desbordan las capacidades" de los dispositivos sanitarios emplazados en lospropios centros penitenciarios.

En este contexto, consideran que la transferencia a Euskadi de la competencia de prisiones, que se ejecutará el próximo 1 de octubre, "abre la puerta a mejorar los tratamientos psiquiátricos en la cárcel" y supone una "oportunidad estratégica" para mejorar la asistencia psiquiátrica para la población reclusa.

Elizagarate ha explicado que en Euskadi el modelo desde el que separtía era el de una consultoría médica que se ofrecía en las prisiones "con una cierta periodicidad". De dicho modelo --ha explicado-- se está evolucionando, "poco a poco" y en algunas cárceles, hacia la integración de un servicio de psiquiatría dentro del propio centro penitenciario.

A su juicio, cuando las competencias de la gestión de los centros pasen al Gobierno Vasco, tal y como está establecido en el Estatuto de Autonomía de Euskadi, es previsible que se vaya a transitar hacia este modelo de asistencia psicológica integrada en las propias prisiones.

Como ejemplo, ha citado el caso de la antigua prisión deNanclares de la Oca (Álava), que fue sustituida por Centro Penitenciario de Zaballa, en el que existe una atención "específica" para los reclusos.

REHABILITACIÓN

Este psiquiatra ha afirmado que la atención que se ofrece "tiene que ir enfocada a mejorar los procesos de encarcelación, excarcelación, rehabilitación y medidas de seguridad".

Según ha explicado, en este momento "se contempla" establecer centros de salud asociados al Servicio Vasco de Salud-Osakidetza dentro de la cárcel, con personal asociado y una nueva oferta de servicios con valoración, seguimiento y tratamiento de las patologías psiquiátricas.

CONTENIDO DE LA JORNADA

En la jornada telemática del 12 de mayo se tratará de dar a conocer la situación de los dispositivos de asistencia psiquiátrica en Euskadi y en el resto de las comunidades autónomas.

Para ello, se contará con los ejemplos de experiencias diversas a través de los servicios que en la actualidad están ofreciendo las respuestas "más ambiciosas".

En el encuentro se abordarán también temas de carácter psiquiátrico, como la atención integral a enfermos mentales en prisión, y otros como la atención a las adicciones y a los trastornos por uso de sustancias en el medio penitenciario.

La jornada contará con la participación de expertos de los centros penitenciarios de Barcelona, Vitoria, Sevilla y Santander, zonas en las que ya se está llevando a cabo una atención psiquiátricaespecializada.

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI CV) y el CERMI Estatal han presentado estudio en el que se avala, desde el punto de vista jurídico y sociológico, la expresión 'persona con discapacidad' como la terminología más adecuada para referirse a este colectivo frente a otras que "invisibilizan y que se corresponden con actitudes paternalistas y eufemísticas".

El estudio 'El ordenamiento Jurídico español y las personas con discapacidad: entre la autodeterminación y el paternalismo', realizado por la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Universitat de València, se ha presentado este miércoles en una jornada enmarcada en los actos de conmemoración de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, según han informado ambas entidades en un comunicado.

En la presentación han participado el codirector de la Clínica Jurídica, Andrés Gascón, y los estudiantes Sofía Fiérrez y Alejandro Ramos. La jornada ha incluido un encuentro posterior con Gascón; el presidente del CERMI CV, Luis Vañó; la responsable de los servicios jurídicos de la entidad, Mónica Aguado y la estudiante Nerea Jusue, una de las 14 personas que han trabajado en el estudio.

La investigación ahonda en conceptos como el derecho del colectivo de personas con discapacidad a la igualdad, la creación de una identidad colectiva, el reconocimiento y la autodeterminación, desde la perspectiva del modelo social de la discapacidad y el principio de la autonomía personal, para ser nombrados, en su primera parte.

En el trabajo de campo, se analiza la legislación estatal y de la Comunitat Valenciana que afecta a la discapacidad. El estudio desvela que un 17 por ciento de la legislación española no está adaptada a la Convención de la ONU, mientras que en el caso autonómico, esta cifra asciende hasta el 33%.

Asimismo, el texto incide en el papel de los medios de comunicación, desde la teoría de la construcción social de la realidad y la importancia del lenguaje para reforzar el uso de la expresión "persona con discapacidad" y desechar expresiones eufemísticas como "diversidad funcional", "capacidades diferentes" o "capacidades especiales", además de aquellas que infravaloran como "minusvalía" o "discapacitado.

REFORMA SOCIAL DE LA CE

El presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez-Bueno ha expuesto la ponencia 'La primera reforma social de la Constitución Española. Un nuevo artículo 49 sobre personas con discapacidad', en la que ha explicado la importancia de reformar este apartado que se refiere a las personas con discapacidad como "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos" para alinearla con los preceptos de la Convención.

"Se trata de la primera reforma constitucional y tendrá un calado social. Es una reivindicación de nuestro sector desde hace más de 20 años, ya que el modelo jurídico de los Derechos Humanos es el único enfoque admisible, en especial desde la entrada en vigor de la Convención", ha sostenido.

Por su parte, Luis Vañó ha recordado la importancia del movimiento asociativo en la defensa de sus derechos: "Somos activistas de los Derechos Humanos y pedimos tanto a los representantes políticos como a los medios de comunicación que no nos cambien el nombre, porque eso supone invisibilizar problemáticas propias, además no contar con nosotros para definir cómo queremos ser nombrado".

Vañó ha agradecido, además, la colaboración de la Clínica Jurídica per la Justícia Social con el movimiento de la discapacidad y ha puesto en valor su labor en el acercamiento de las cuestiones sociales de la discapacidad al alumnado de Derecho de la UV.

Gascón ha recordado la necesidad de llevar las cuestiones sobre discapacidad al ámbito universitario para que los estudiantes tengan un conocimiento sobre esta realidad social y puedan desarrollar una "sensibilidad" hacia colectivos en situación de vulnerabilidad.

El Ayuntamiento de Málaga ha acogido este miércoles la entrega de los premios del III Certamen 'Elgar' de Viñetas Periodísticas al humorista gráfico y pintor Antonio Madrigal, en la categoría 'Trayectoria Profesional', y a los viñetistas Iñaki Tovar y José Miguel Moreno (Iñaki y Frenchy) en la modalidad 'Mejor Viñeta Periodística' por su obra 'Inventos', publicada el 16 de octubre de 2019 en el diario digital Nueva Tribuna sobre los nacionalismos.

El certamen lo organizan la Asociación de la Prensa de Málaga (APM) y la Fundación Manuel Alcántara con el patrocinio de la Obra Social "la Caixa" y el Centro Oficial de Formación Profesional (Cesur) y se enmarca dentro de la Semana de la Prensa de la APM para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa el pasado 3 mayo.

En esta tercera edición se han presentado un total de 23 candidaturas y 80 viñetas, en las dos modalidades a concurso, como son 'Trayectoria Profesional' y 'Mejor Viñeta Periodística', dotadas con 5.000 euros y 2.500 euros, respectivamente.

Los premiados han coincidido en destacar la importancia de la viñeta como género periodístico que provoca la reflexión del lector. Madrigal ha hecho también referencia a la dificultad que atraviesan los humoristas gráficos "con la pérdida de protagonismo del papel en los periódicos" y "la dictadura del bicharraco que nos obliga a dibujar a seres con mascarilla".

Por su parte, Iñaki Tovar ha querido agradecer a organizadores y patrocinadores "por no mirar para otro lado y apostar por el humor comprometido".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha entregado ambos galardones y ha destacado la importancia de la libertad, también en la viñeta, al tiempo que ha agradecido a los premiados "por ayudarnos a pensar y buscar la sonrisa y la felicidad de todos".

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco, ha destacado también la importancia de la viñeta como género periodístico de opinión "con un potencial enorme, porque llega donde no pueden llegar las palabras". Una idea que comparte el presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza, que ha recordado al viñetista ya fallecido Manuel García Duarte 'Elgar', que da nombre a los premios, y su relación con el escritor Manuel Alcántara.

Por su parte, Joaquín Ramírez, director de Banca Institucional de CaixaBank en la zona de Málaga y Campo de Gibraltar, ha calificado la viñeta "como soporte fundamental donde se puede ser mordaz y crítico y al mismo tiempo arrancar una sonrisa".

Por su parte, la directora de Comunicación y Marca del Grupo Coremsa, holding al que pertenece la empresa patrocinadora Cesur, Carolina Jiménez, ha destacado la colaboración que mantiene con la Asociación de la Prensa de Málaga y la apuesta de ambas entidades por la formación y la cultura.

JURADO Y PREMIOS

El jurado del III Certamen Nacional 'Elgar' de Viñetas Periodísticas está compuesto por Ángel y Pachi Rodríguez Idígoras (Idígoras y Pachi), humoristas gráficos ganadores de la segunda edición del Certamen en la categoría de Trayectoria Profesional; Salvador Haro González, profesor de la Facultad de Bellas Artes de Málaga que ha ejercido como presidente del jurado; y Juan García Cerrada, secretario ejecutivo del Instituto Quevedo del Humor.

También han estado Carolina Jiménez, directora de Comunicación y Marca de Coremsa, grupo al que pertenece la empresa patrocinadora Cesur; Óscar Álvarez Ferreira, responsable de Comunicación de CaixaBank en Andalucía Oriental y Murcia; y Francisco Jurado Ternero y Corazón Sánchez 'Kora', presidente y directiva, respectivamente, de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (Aplama).

La Asociación de la Prensa de Málaga y la Fundación Manuel Alcántara buscan con este Certamen de Viñetas Periodísticas reconocer, premiar y difundir el trabajo de los profesionales que se dedican a este género de opinión. Su nombre es un homenaje al prestigioso viñetista ya fallecido Manuel García Duarte 'Elgar'.

PREMIADOS

Antonio Madrigal Collazo, melillense de nacimiento y segoviano de adopción, ha recibido a sus 80 años el premio 'Elgar' a sus cuatro décadas como humorista gráfico con un estilo personal e inconfundible y su decisiva influencia en varias generaciones de humoristas gráficos.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, estudió Periodismo en la Escuela Oficial de Madrid. Cursó estudios en la Escuela de Artes y Oficios y en el Círculo de Bellas Artes publicando sus primeros dibujos humorísticos en 1956 en la revista Don José, dirigida por Antonio Mingote.

Desde dicha fecha ha colaborado en diferentes medios de comunicación, como El País Semanal, Diario 16, El Jueves, Interviú (suplemento 'A las Barricadas'), Informaciones, Nuevo Diario, El Víbora, Los domingos de ABC, Marca, Por Favor, Diario Médico, Revista Arteguia, Actualidad Económica, Revista de Ministerio Defensa y Sanidad Militar, Almanaque Agroman, Revista del Consejo General de la Abogacía, El Virus Mutante, El Cocodrilo Leopoldo y El Churro Ilustrado, entre otras.

Desde 1965 fue colaborador en la revista La Codorniz en la etapa dirigida por Álvaro de Laiglesia. En el año 1970 se incorporó al equipo de redacción y confección de la revista hasta su cierre en 1973. Desde ese año publica artículos de humor y de opinión, dibujos, portadas dominicales, tiras de cómics y críticas de arte en El Adelantado de Segovia.

En 1998 se convierte en fundador, editor y codirector de la revista de humor El Cochinillo Feroz (1998-2005) junto a Quico Serrano, Moncho Alpuente y José Orcajo.

Es autor de varias exposiciones en Madrid y Segovia, la última itinerante 'Viñetas para la Democracia' del Congreso de los Diputados, y ha recibido numerosos galardones entre ellos el Premio Mingote en 1999, el Internacional Portocartoon Word Festival de Oporto (Portugal, 1999) y el Premio Francisco de Cossio de Periodismo de la Junta de Castilla y León (2002).

Cartelista y colaborador de TVE en campañas y spots de animación, ha dibujado para un gran número de entidades e instituciones públicas, ha impartido talleres y conferencias en varias universidades españolas, entre ellas las de Alcalá de Henares, Segovia y Alicante, y ha sido director y promotor de cortos y vídeos de animación. Paralelamente, desde 1957 ha desarrollado su actividad pictórica con exposiciones individuales y colectivas por España, Europa y América.

Los humoristas gráficos Iñaki Tovar Picazo y José Miguel Moreno Jiménez (Albacete, 1976), más conocidos profesionalmente como Iñaki y Frenchy, han recibido el premio a 'Mejor Viñeta 2019' por 'Inventos', publicada en la sección de opinión del diario digital Nueva Tribuna.

Iñaki Tovar Picazo es licenciado en Historia del Arte y profesor de Bachillerato. Titulado por la Escuela Superior de Dibujo Profesional de Madrid nació en la misma localidad (Tarazona de la Mancha, Albacete) y el mismo año (1976) que José Miguel Moreno Jiménez, licenciado en Filología Francesa, profesor también de Secundaria, Bachillerato y de la UNED en su centro asociado de Melilla.

Juntos empezaron a publicar en formato digital en redes sociales una viñeta diaria con el seudónimo de Iñaki y Frenchy. Sus dibujos alcanzan tal difusión que pronto empezaron a colaborar con varios medios de comunicación como El Día Digital y Eldiario.es, en su sección Castilla la Mancha, a nivel autonómico, Diario 16, Nueva Tribuna, Nueva Revolución, a nivel nacional, y Rebelión.org, Kaos en la red y Tinta Negra, a nivel internacional, entre otros.

También han colaborado de forma habitual con ONG en campañas solidaria y son autores de varios libros, 'Como sobrevivir a un gobierno en funciones' (Ediciones Alter Ego), 'Humor amenazado' (Editorial La Chapuzas), 'Forgianos' (Editorial TerraNatio) y 'Sobrevivir a secas' (autoedición).

La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía ha celebrado la aprobación del cambio de reglas del Trasvase Tajo-Segura pero ha recordado que "a quien más beneficia es a los regantes".

La Asociación se ha mostrado escéptica ante la posibilidad de abrir un nuevo debate con la agroindustria. "Viendo cómo reaccionan, organizando manifestaciones en Madrid incluso, ante un cambio que les beneficia, qué no harán cuando les toque aceptar su insostenibilidad", han apuntado, según han informado los ribereños en nota de prensa.

Para ellos, las nuevas normas simplemente redistribuyen las transferencias a lo largo del año para evitar periodos de excepcionalidad hídrica y trasvases cero.

La Asociación ha manifestado que los miembros del Consejo Nacional del Agua dieron de nuevo su respaldo para que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico modifique las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. La medida se había sometido a una segunda vuelta ante lo sensible del asunto y las suspicacias levantadas. "Polémica estéril que viene desde donde siempre, buscando rédito político con el viejo lema del 'agua para todos' que rescatan a la mínima sin pararse siquiera un momento a reflexionar, porque esta modificación, contemplada en la ley, les beneficia principalmente a ellos", ha sentenciado Borja Castro, vicepresidente de la Asociación de Municipios Ribereños.

En la misma línea, la presidenta, María de los Ángeles Sierra, ha lamentado "la actitud del Scrats y sus acólitos del Gobierno de Murcia, siempre llorando, como la gata Flora". "Se toque lo que se toque, lloran, si hay sequía, si llueve, todo les viene mal, nunca es buen momento", ha afirmado.

El cambio de reglas, que reduce los envíos máximos por decreto de 38 a 27 hectómetros cúbicos beneficia principalmente a los regantes, que al cabo del año reciben prácticamente la misma cantidad de agua y evitan el riesgo de caer en nivel 3, donde el envío es a decisión del Ministerio, o en Nivel 4, cuando directamente no hay envío.

"Si esta beligerancia la muestran contra un cambio que les beneficia, salvo que tengan intereses ocultos en los decretos de sequía que perjudican a los regantes tradicionales, cómo vamos a plantear un diálogo con ellos para explicarles que el trasvase es insostenible", lamentan desde los ribereños. "La realidad es tozuda y el cambio climático no admite réplicas, no es cuestión de opiniones o política", concluyen.

La Confederación de Empresarios de A Coruña ha iniciado ya las gestiones para solicitar que el Camino Inglés sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, un reconocimiento con el que ya cuentan otras rutas a Compostela.

El presidente de la CEC, Antonio Fontenla, se ha reunido con el presidente de Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y con el vicepresidente y responsable del área de Turismo, Xosé Regueira, para solicitar el apoyo del organismo provincial a esta iniciativa.

"El Camino es una indiscutible fuente de riqueza para numerosas empresas que se benefician de la impagable promoción de nuestro territorio y de los numerosos visitantes que atrae", ha señalado Antonio Fontenla, quien ha destacado el hecho de que "el Camino Inglés es la única ruta que nace y termina en Galicia".

Por su parte, el presidente de la Diputación de A Coruña ha destacado el "gran valor patrimonial" de esta ruta, que discurre por 18 ayuntamientos de la provincia, y ha manifestado su apoyo a la iniciativa para que pueda ser declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO.

La propuesta de la Confederación de Empresarios de A Coruña se produce en plena celebración del Año Santo Compostelano, cuya conmemoración se extenderá hasta finales de 2022 debido a la pandemia de la covid-19. "Creemos que no podría haber ocasión más adecuada para esta solicitud", ha remarcado el presidente de la confederación, quien expresó su deseo de que se pueda superar la situación pandémica actual para que la ruta de peregrinación "recupere su esplendor".

AYUDAS DE IGUALDAD

Por otra parte, siete ayuntamientos que pertenecen al área de Santiago de Compostela contarán este año con personal técnico especializado en Igualdad a través de la línea de ayudas de la Diputación de A Coruña. Boimorto y Trazo inician este miércoles el proceso de selección de personal con la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Dodro, Brión, Tordoia, Boimorto, Trazo, Rois y Melide son los siete ayuntamientos del área de Santiago de Compostela que contarán con esta financiación. Son los propios ayuntamientos los que realizan la convocatoria de acceso a las plazas.

En total, son 93.500 euros el presupuesto que el área de Cultura aporta a los siete ayuntamientos, con subvenciones que van desde los 5.500 hasta los 16.500 por municipio, en función de la solicitud realizada y del tipo y duración del contrato previsto.

El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado este miércoles por unanimidad instar al 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a abordar con el Gobierno de España determinadas acciones en relación a la defensa del trasvase Tajo-Segura.

La propuesta impulsada por el PSPV hace referencia, concretamente, a la petición de que el Consell traslade al Ejecutivo los términos recogidos en el pacto firmado en San Miguel de Salinas por los ayuntamientos de la Vega Baja en relación a la defensa del trasvase.

El diputado del PSPV, Jose Joaquín Hernández, ha resaltado los puntos de dicho pacto alcanzado con el consenso de "todos" los municipios, así como las necesidades de los regantes y colectivos agricultores.

"Era necesario ratificar el acuerdo en la Diputación e instar al presidente de la Generalitat a que traslade al Gobierno las acciones que nuestra tierra necesita, porque los políticos estamos para defender unidos nuestro territorio", ha aseverado el también alcalde de Dolores.

Por parte del grupo de Compromís, su portavoz, Gerard Fullana, ha sostenido que lo "importante" es hacer "vinculantes" estos acuerdos para que "traspasen nuestras fronteras". "Los partidos estatales tienen un papel más difícil porque PSOE y PP luego no lo apoyan; hay que avanzar hacia la vinculación de estos acuerdos", asevera.

Desde el equipo de gobierno, integrado por PP y Cs, la vicepresidenta de la Diputación y diputada de ciclo hídrico, Ana Serna, ha recalcado el apoyo a la moción presentada por el PSPV porque el acuerdo de San Miguel de Salinas recoge dos puntos aportados por alcaldes 'populares' de la Vega Baja. "Tenemos claro desde el minuto cero que era necesaria una unidad", ha subrayado.

"SPRINT FINAL"

No obstante, ha sostenido que los socialistas intentan, con esta moción, atender las necesidades de los regantes y agricultores "en un sprint final" después de las palabras del 'president' Ximo Puig sobre "aquelarres" y "brujería". "Esto no es una carrera de velocidad, sino de fondo, somos muchos los que llevamos reivindicando y luchando por esta cuestión durante mucho tiempo; esta moción llega tarde, y el presidente ha hecho los deberes tarde", ha indicado Serna.

En turno de réplica, Hernández ha destacado que el trasvase es "irrenunciable" para el PSPV y que no desean entrar en un debate de "confrontación" y de "enfrentar territorios": "No debemos entrar en una guerra del agua y la Diputación debe mantener la lealtad institucional, debe estar con Puig y no contra él", ha dicho.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado lunes a cinco personas en Palma por presuntamente extorsionar a un menor de edad a quien amenazaron y agredieron exigiéndole dinero, que el menor entregó por la situación de terror que sufrió durante un mes aproximadamente.

El principal investigado, de 21 años de edad, ha sido detenido como presunto autor de los delitos de detención ilegal, extorsión, robo con violencia o intimidación, delito contra la intimidad y reclamación judicial. Otros dos hombres de 23 y 36 años han sido detenidos como presuntos autores de un delito de detención ilegal y extorsión, y además, a uno de ellos, por robo con violencia.

También ha sido detenido un menor de edad como presunto autor de un delito de robo con violencia, así como una chica de 18 años, pareja del principal investigado, como presunta autora de un delito de extorsión.

Los hechos comenzaron hace un mes aproximadamente, cuando la víctima conoció al principal investigado a través de un amigo, que le seguía por redes sociales. En ese momento, el principal investigado presuntamente agredió a la víctima y le exigió que le entregase 600 euros, ya que le habían robado el móvil.

De acuerdo con la Policía Nacional, las amenazas prosiguieron a través de redes sociales hasta que consiguió que la víctima entregara el dinero, hecho que se produjo en las inmediaciones del barrio de Son Rapinya, en esa ocasión el principal investigado acudió con otro de los detenidos.

Al cabo de unos días volvió a quedar con la víctima en el centro de Palma, con el objetivo de que le entregase más dinero. La víctima le suplicó que le dejara, pero hizo caso omiso y le obligó a acudir al encuentro. Éste se produjo, pero acudió la pareja del principal investigado, a quien le hizo entrega del dinero.

Según la Policía Nacional, las amenazas y el hostigamiento fueron en aumento llegando a amenazarlo con ir a su casa, exigiéndole más dinero llegando a agredirle nuevamente.

USO DE UNA NAVAJA Y UNA PISTOLA

La Policía ha explicado que de los acusados llegaron a privar de libertad al menor subiéndole a un coche a punta de navaja, trasladándolo al barrio de Son Gotleu, al mismo tiempo que le amenazaban con llevarlo a Son Banya donde unos amigos lo iban a matar.

Durante el trayecto, el principal investigado, sacó una pistola y apuntó al menor, efectuando un disparo al suelo junto a sus pies, comprobando la víctima en ese momento que el arma que hasta ese momento suponía real se trataba de una pistola de balines.

De acuerdo con los agentes, llegado el momento, le sustrajeron al menor su teléfono móvil con el que accedieron a sus redes sociales, continuando extorsionándole.

Los agentes del grupo de Atracos se hicieron cargo de las investigaciones e identificaron a las cinco personas que intervinieron en los hechos, averiguando el grado de participación que tuvo cada uno de los investigados, comprobando que se habían producido seis encuentros con el menor y que éste había entregado 2.000 euros, además de la sustracción de su teléfono móvil.

TRES RECLAMACIONES ANTERIORES Y UNA DETENCIÓN POR HECHOS SIMILARES

Los agentes comprobaron que al principal investigado le constaban tres reclamaciones judiciales que interesaban su detención dos de ellas por quebrantamiento y una por robo con violencia. Además, ya había sido detenido por un hecho similar en septiembre del año pasado siendo la víctima también menor de edad.

De este modo, el pasado lunes los agentes llevaron un dispositivo en el que se procedió a la detención de los cinco investigados como presuntos autores de varios delitos.

MALOS TRATOS

Por otro lado, los policías descubrieron que el principal investigado y su pareja se habían agredido mutuamente, presentando la mujer lesiones, motivo por el cual ambos fueron también detenidos como presuntos autores de un delito de malos tratos causados recíprocamente.

Finalmente, el menor y la joven fueron puestos en libertad con cargos y los tres hombres pasaron este martes por la tarde a disposición judicial, decretándose para todos ellos prisión provisional.

La investigación continúa abierta ya que no se descarta que existan más víctimas.

El Gobierno prevé aprobar en el cuarto trimestre de 2021 en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) para que, posteriormente, se proceda a su tramitación parlamentaria.

En concreto, el Ejecutivo confía en que la nueva Ley (la denominada LOSU) sea aprobada por las Cortes Generales en el segundo trimestre de 2023, aunque reconoce, en este sentido, que "es difícil prever con exactitud la duración de la tramitación parlamentaria".

Así consta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas y presentado definitivamente este miércoles por el Gobierno, en el que se indica que, una vez aprobada la LOSU y a partir de su entrada en vigor, se pondrá en marcha el calendario de implantación, y el consecuente desarrollo normativo.

La nueva Ley forma parte de la reforma integral del sistema universitario que tiene pensado realizar el Gobierno para los próximos años, y cuya implantación pretende que sea "gradual".

La reforma se marca cuatro objetivos: promover el acceso a la educación superior; adecuar la ordenación de las enseñanzas universitarias; garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador; y garantizar la calidad y la buena gobernanza de las instituciones universitarias.

La aprobación de la LOSU serviría para lograr el objetivo número tres: garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador.

Por otro lado, para promover el acceso a la educación superior, la reforma se centra en el aumento de las becas y, al mismo tiempo, la reducción de los precios públicos universitarios.

Aunque, tal y como recoge el documento, el Ministerio de Universidades y el de Educación y FP han llevado a cabo, ya en 2020, una "reforma en profundidad" del Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio, "en los ejercicios 2021 y 2022 se profundizará en esta reforma", que se concretará en la modificación parcial, en cada uno de los ejercicios, del Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso correspondiente.

Así, para el curso 2021-2022 se prevé que las becas para acceder a Másteres habilitantes dependan de la renta sin que parte alguna quede sujeta al mérito académico y en 2022 esta medida se extenderá también para los Másteres oficiales.

Para adecuar la ordenación de las enseñanzas universitarias, la reforma se concretará en el Proyecto de Real Decreto por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y el procedimiento de aseguramiento de su calidad, y su tramitación y aprobación se prevén en el tercer trimestre de 2021.

Con el objeto de garantizar la calidad de las instituciones universitarias, se está abordando el anteproyecto del Real Decreto del régimen de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros adscritos, que prevé aprobarse en el segundo trimestre de 2021 mediante un Real Decreto. Esta reforma detalla los requisitos de calidad que debe cumplir toda institución universitaria, tanto presente como futura.

El Gobierno destinará, entre 2021 y 2023, un total de 63 millones de euros para hacer accesible la Administración General del Estado a las personas con discapacidad, tanto sus instalaciones e infraestructuras, como sus webs o información.

Esta cuantía forma parte de una partida de 157,5 millones de euros con la que el Ejecutivo tiene previsto financiar, dentro del Plan de Resiliencia y Recuperación, a el llamado Plan España País Accesible, y que reparte estos millones de euros en distintas actuaciones, así como entre la administración central y las comunidades autónomas.

En cuanto a la distribución del dinero por años, el Ejecutivo planea destinar 38,3 millones de euros a esta iniciativa en el presente año y 57,8 millones en 2022, dejando 61,4 millones para las actuaciones del ejercicio de 2023.

Según ha explicado el equipo de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, que este miércoles ha presentado este plan, esta iniciativa para la accesibilidad espera contar a partir de 2024 con financiación del Fondo Social Europeo. En concreto, para desarrollar una de las propuestas que se incluyen en el Plan y que es la creación de un Centro de Accesibilidad Cognitiva.

Este centro, con el que se pretende crear un espacio de encuentro y colaboración entre los agentes sociales, contará con un 1,5% de los 63 millones con los que cuenta el Gobierno para invertir en esta partida.

94 MILLONES PARA LAS AUTONOMÍAS

El resto de dinero del que dispone el Ejecutivo se dispondrá para mejorar de la accesibilidad sensorial, física y cognitiva en los edificios públicos, así como en las páginas web y aplicaciones móviles pertenecientes de la Administración; la sensibilización sobre la necesidad de diseñar entornos, productos, bienes y servicios accesibles; la formación a los profesionales; o la realización de estudios la I+D+i, sobre esta materia, entre otros.

Por otra parte, el Gobierno ha informado de que las autonomías han remitido un presupuesto de 94 millones de euros para la realización de proyectos de distinta naturaleza relacionados con la accesibilidad universal, como la supresión de barreras físicas, sensoriales y cognitivas en los servicios prestados por las administraciones autonómicas y locales, especialmente en servicios sociales y sanitarios; así como en el acceso a los espacios de carácter público.

Esta cifra, indica el documento, es la suma de los costes estimados proyecto por proyecto. De media, esta cifra supone 5,5 millones de euros por comunidad autónoma.

La Fundación Profesor Manuel Broseta ha reclamado este miércoles en València, ante el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, "permanente recuerdo" y "defensa de las víctimas del terrorismo" y de sus "legítimas demandas".

Así se lo ha trasladado su presidente, Vicente Garrido, durante el acto de entrega del XXIII Premio de Estudios Jurídicos Universitarios Manuel Broseta Pons, celebrado en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav) y presidido por Campo.

Garrido ha indicado que las víctimas se ven "desoladas cuando se premia con acercamiento a prisiones vascas y reconocimiento de beneficios penitenciarios a quienes" no han "prestado ni un atisbo de colaboración ni expresado perdón o arrepentimiento" hacia las personas a "quienes tanto dolor causaron".

La entrega del premio ha estado también presidida por la decana del Icav, Auxiliadora Borja, y ha contado con la presencia de autoridades del ámbito judicial de l Comunitat Valenciana, de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y de la delegada del Gobierno, Gloria Calero.

En esta edición el galardón lo ha recibido la graduada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas Virginia García con la monografía 'Sustracción Internacional Parental de Menores: Acuerdos Bilaterales y Procesos Nacionales. García cursó el Grado de Derecho en la Universidad Católica de Valencia entre 2014 y 2018 con 19 matrículas de honor, 16 sobresalientes y 5 notables y fue premio al mejor expediente académico.

Vicente Garrido ha destacado durante su intervención que la Fundación Profesor Manuel Broseta hace "profesión de fe constitucionalista, en defensa del régimen de 1978 y de su obra predilecta, la Constitución" española.

Garrido ha asegurado que la Carta Magna "establece el estado social y democrático de Derecho del que gozamos y del que queremos seguir gozando" y ha apuntado que "ha propiciado la descentralización política que mejor responde a la historia de España y al más eficiente ejercicio del poder".

Igualmente, ha resaltado que la fundación que preside "trabaja día a día recordando cuál era el ideario del profesor Manuel Broseta". Tras ello, ha reiterado la petición que, según ha dicho, hace "siempre en presencia de quienes tienen responsabilidades de gobierno" en favor del "permanente recuerdo" y de la "defensa de las víctimas del terrorismo" y de sus "legítimas demandas".

El representante de la Fundación Profesor Manuel Broseta ha señalado que estas "nunca han acogido venganza" pero ha advertido de que "se ven desoladas cuando se premia con acercamiento a prisiones vascas y reconocimiento de beneficios penitenciarios a quienes ni siquiera han prestado ni un atisbo de colaboración ni expresado perdón o arrepentimiento ante quienes tanto dolor causaron".

Vicente Garrido, que ha agregado que tampoco lo han hecho "ante la sociedad española en general, también víctima del terrorismo", ha aseverado que "desde el Gobierno de España se están "haciendo esfuerzos" para atender "mejor" a las víctimas y ha apuntado también la colaboración con la Conselleria de Justicia de la Generalitat valenciana en esta materia.

"NUNCA ES BASTANTE"

No obstante, ha considerado que "nunca es bastante" y ha explicado que por ello "siempre" insiste en esa reclamación. Ha recordado, a continuación, que la fundación que representa se creó "para homenajear a alguien asesinado por la banda terrorista ETA". "Esto lo tenemos que tener siempre bien presente", ha manifestado.

El ministro de Justicia ha valorado la trayectoria de la Fundación Profesor Manuel Broseta desde su fundación hace "casi 30 años" y ha subrayado el recuerdo a una "figura destacada en muchos ámbitos" como el de "la cultura, el derecho, la política" y los "económico y social no solo de la Comunitat Valenciana.

"DEMOCRACIA"

"El recuerdo y el dolor está presente y debe estar presente", ha aseverado Campos, que ha indicado que esta entidad "tiene como objetivo ensalzar valores", fundamentalmente los de la "democracia porque son los que la sustentan". Así, ha hablado de "libertad, igualdad, diversidad ideológica, cultural y territorial" y ha dicho que estos son principios que "Manuel Broseta defendió con valor y con su vida".

"Eso se alcanza a través de muchas actividades, como la concesión anual del Premio de Convivencia o el que hoy nos convoca de Estudios Jurídicos Universitarios, con el que se recompensa el esfuerzo de muchos jóvenes, aunque se visualice en uno, recién licenciados o graduados en universidades" valenciana, ha añadido.

La derrota sufrida este martes por el PSOE en la Comunidad de Madrid, cosechando su peor resultado histórico en la región, ha levantado ampollas tanto entre miembros del Gobierno como de la dirección socialista que creen que es necesario hacer autocrítica y una "reflexión seria y a fondo" de lo ocurrido. Y aunque entre la dirección del PSOE no hay unanimidad sobre si los madrileños votaron o no la gestión del Gobierno durante la pandemia, la mayoría de los consultados considera que los cambios no tienen por qué afectar al Gobierno de Pedro Sánchez pero sí a nivel regional, en el PSOE-M.

Fuentes del Ejecutivo creen "lógico" que haya una "reflexión y un análisis serio" del batacazo que se llevó ayer el PSOE en las elecciones regionales. Opinan que es necesario valorar la campaña electoral que se ha llevado a cabo y que ha estado diseñada desde la Moncloa, por el jefe de gabinete de Pedro Sánchez.

Una campaña en la que primero el jefe del Ejecutivo eclipsó a su candidato, para después tener una presencia más discreta y en la que además Gabilondo fue dando bandazos a mitad de la contienda, pasando de cortejar al centro a girar a la izquierda mirando a un Pablo Iglesias que, además, ha sido derrotado también por su escisión.

Estas fuentes consideran que el Gobierno y el partido no se pueden quedar indiferentes ante lo que ocurrió ayer y deben tomar cartas en el asunto. No obstante, no han querido ir más allá en cuanto a la naturaleza de los cambios a llevar a cabo.

Sin embargo, algunas fuentes de la dirección socialista sí apuntan que el PSOE, tras realizar una "reflexión a fondo" y "con calma", debe llevar a cabo una renovación profunda en el Partido Socialista de Madrid (PSOE-M). En este sentido, aseguran que el problema de la Federación madrileña no es de ahora, sino que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que, en estos momentos, no tiene ni equipo, ni estructura, ni organización, ni proyecto de futuro a largo plazo.

LA CAMPAÑA SE HIZO DESDE MONCLOA POR LAS CARENCIAS DEL PSOE-M

De hecho, algunos consultados creen que la campaña se la han tenido que diseñar desde Moncloa por las carencias internas del partido en Madrid. Un diseño que también han criticado por los "bandazos" que ha ido dando el candidato. En este sentido ironizaban con los "fontaneros de Moncloa, que solo adquieren forma corpórea cuando tienen éxitos, nunca con los fracasos".

Además, critican que Gabilondo haya estado desaparecido durante los últimos dos años y no se haya trabajado la oposición a Díaz Ayuso. Creen que era un dirigente "a la espera de destino" y lamentan que no haya sabido entender los problemas de los madrileños.

Una de las fuentes ha afirmado incluso que "el gato al agua se lo ha llevado la que se lo ha currado", es decir, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Otro lamenta que la candidata del PP les haya ganado además "con el término libertad", y critica que no hayan sabido contrarrestar el "trumpismo" que representa, a su juicio, Díaz Ayuso.

También señalan que la "oposición blanda" de Gabilondo ya hizo que la candidata de Más Madrid, Mónica García, se hiciera con el liderazgo de la izquierda en la Asamblea durante la pandemia, y que ahora en las urnas se haya visto confirmado.

No obstante, los dirigentes socialistas no coinciden en su análisis de la motivación que tuvieron ayer los madrileños para no votar al PSOE. En este sentido, algunos creen que en estas elecciones los ciudadanos no han valorado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez durante los 14 meses de pandemia, mientras que otros creen que el hecho de tener que adoptar medidas duras sí ha podido pesar a la hora de votar.

Por ejemplo, Odón Elorza, integrante de la Ejecutiva socialista, aseguraba este miércoles en Radio Euskadi que Ayuso ha sabido "capitalizar" la "fatiga" y el "descontento" que se ha podido generar como consecuencia de las medidas que el Gobierno ha tenido que adoptar.

Sin embargo, otros miembros de la Ejecutiva creen que los ciudadanos no han castigado las medidas de Pedro Sánchez en la figura de Gabilondo, sino que se han limitado a decidir en unas elecciones autonómicas.

EL RESULTADO DE MADRID NO AFECTA A LA GOBERNABILIDAD DE ESPAÑA

En lo que sí coinciden tanto Elorza como otros dirigentes es en que el resultado de los comicios no tiene por qué afectar a la gobernabilidad de España por mucho que la derecha quiera restar legitimidad a un "gobierno legítimo".

A este respecto, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha defendido este miércoles que el Gobierno "está en lo que tiene que estar, que es en la estabilidad política y en los fondos de recuperación", y en el "realismo", más allá de la "reflexión crítica" que debe hacer, a su juicio, el PSOE por la derrota "sin ambages" en Madrid.

Eso sí, Calvo ha insistido en la idea que no han dejado de repetir desde hace días tanto en el Gobierno y en el PSOE, a medida que iban empeorando los pronósticos para Gabilondo en las encuestas: que las de este 4 de mayo eran unas elecciones "territoriales". "Madrid es España, y es muy importante, pero el resto de España importa y existe", ha avisado.

LOS CAMBIOS, EN EL PSOE-M

Por todo ello, los dirigentes consultados consideran que los "cambios importantes" deben tener lugar en el PSOE-M, tanto en sus dirigentes como en sus políticas. Uno de ellos señala que la respuesta debería pasar incluso por la celebración ya mismo del congreso para renovar la federación de Madrid, previsto para diciembre. "Mañana ya es tarde", avisa.

Además, y aunque las fuentes consultadas señalan que los resultados del 4-M no son extrapolables a otras regiones de España, sí creen que pueden condicionar el voto. En este sentido, uno de los consultados apunta que es un revés muy importante para el PSOE el hecho de haberse convertido en la tercera fuerza política en una de las regiones más importantes de España, sobre todo a la hora de revalidar el Gobierno.

Por ello, creen que se debe hacer autocrítica y analizar bien los errores que han llevado a este resultado; errores que, según algunas fuentes, pueden tener que ver con esa estrategia de apelar primero a los votantes de Ciudadanos y luego girar a la izquierda, y querer depender de otras formaciones, en lugar de erigir al PSOE como la única alternativa y reivindicar el "discurso de clase" que les identifica.

Además, aseguran que aunque es necesario alertar del avance de la ultraderecha, tampoco se puede "estirar" el debate sobre los riegos que corre la democracia durante diez días, cómo hizo el PSOE desde la primera semana de campaña, con cambio de lema incluido, tras el "punto de inflexión" que supusieron las amenaza de muerte a varios ministros.

EL RESULTADO DE MADRID, REVULSIVO PARA EL PSOE ANDALUZ

El descalabro del PSOE madrileño también ha servido para que se mueva el patio socialista en Andalucía. De hecho, esta misma mañana, el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha afirmado que "ahora es el momento de dar el paso" para que el PSOE-A elija un candidato de la formación a la presidencia de la Junta de Andalucía.

Fuentes de la Ejecutiva federal consideran que los resultados en Madrid avalan esa postura sobre la necesidad de celebrar ya las primarias, porque se ha confirmado que para ganar, hace falta renovar los liderazgos.

El regidor sevillano ya había realizado esta propuesta en la Ejecutiva del PSOE de Sevilla y a ella se han sumado otras federaciones andaluzas, aunque la secretaria general, Susana Díaz, ha rechazado hasta ahora adelantar las primarias.

Sin embargo, Espadas ha argumentado que el PSOE de Andalucía debe estar preparado "ante cualquier escenario", como un posible adelanto electoral.

Un total de 933.446 vacunas contra la covid-19 han sido administradas hasta el momento en Euskadi, de las cuales 274.861 corresponden a segundas dosis o dosis únicas y, por tanto, a personas que han completado la pauta de vacunación.

En conjunto, en función del último boletín de vacunación del Departamento de Salud actualizado este miércoles, se han inoculado 603.364 dosis de Pfizer/Biontech (242.795 de ellas en segunda dosis y 839 en dosis únicas), 54.069 de Moderna (13.062 de ellas segundas dosis y 591 en dosis únicas), 263.343 de AstraZeneca (4.904 de ellas dosis únicas) y 12.670 de Janssen (dosis únicas).

De esta forma, son 274.861 los vascos inmunizados, entre los que se incluyen las 6.334 personas que han recibido una dosis única de Pfizer, Moderna o AstraZeneca al haber pasado ya la enfermedad.

El 100% de residentes y profesionales de centros sociosanitarios y de profesionales de Osakidetza ha recibido ya la segunda dosis, porcentaje que es del 74,7% en el ámbito de los centros privados de salud y transporte sanitario, colectivo que ha recibido la primera dosis en un porcentaje del 93,6%.

Por su parte, el 100% de los agentes de la Ertzaintza menores de 55 años ha recibido la primera dosis de la vacuna y también el 100% de profesionales y usuarios de otros servicios sociosanitarios menores de esa edad, al igual que el 100% en el ámbito de la educación no universitaria con menos de 55 años.

TASAS DE VACUNACIÓN DE LOS MAYORES

Por edades, han recibido la primera dosis de la vacuna el 100% de los mayores de 100 años, los de entre 90 y 99 años, así como el colectivo de 80 a 89 años. Entre la franja de 70 a 79 años, el porcentaje alcanza el 76,6% y entre la población de 60 a 69 años es del 65,3%.

La tasa de personas que han recibido la segunda dosis alcanza ya el 99% entre los centenarios y el 98,4% de las personas de entre 90 y 99 años, mientras que es del 91,7% de los mayores de 80 a 89 años. El porcentaje baja al 22,2% y al 6% para las franjas de 70 a 79 años y de 60 a 69 años, respectivamente.

Euskadi ha recibido hasta ahora 1.071.290 vacunas y el número de antídotos reservados para la segunda dosis es de 26.400 en el caso de Pfizer y 23.720 de Moderna. La previsión, según la planificación semanal de la vacunación entre el 5 y el 11 de mayo, es inocular un total de 102.654 vacunas.

La Fiscalía Superior del País Vasco se opone a que Euskadi pueda mantener, a través de un decreto del Gobierno Vasco, el confinamiento perimetral autonómico y municipal, o el toque de queda, más allá del 9 de mayo, cuando decae el estado de alarma, porque estas restricciones solo pueden decretarse "en estados excepcionales" y no en aplicación de una ley de sanidad de carácter general.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha pedido al TSJPV autorización previa a la aprobación del texto, en el que plantea la adopción de estas dos medidas y limitar las agrupaciones a cuatro personas, sin contar convivientes, cuando la tasa de incidencia acumulada de covid-19 sea superior a los 200 casos por cada 100.000 habitantes.

El ministerio público ha elevado un informe al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre las medidas que contiene el borrador del decreto que pretendía aprobar el Ejecutivo de Urkullu para frenar la propagación de la covid-19.

El Ejecutivo Vasco pidió este pasado martes a la Sala de lo Contencioso administrativo del TSJPV autorización previa a la firma y publicación del documento, y el plazo para la respuesta concluye este jueves.

El borrador del decreto recoge, en el punto 1 del artículo 4, que, cuando la tasa de incidencia acumulada de contagios por covid-19 en 14 días en el conjunto de Euskadi sea superior a 200 por cada 100.000 habitantes, se determinará el cierre territorial perimetral de la Comunidad Autónoma.

También plantea, para ese supuesto, una limitación de movilidad nocturna entre las 22.00 horas y las 06.00 horas, y propone que se restrinja la agrupación de personas a un máximo de cuatro, sin contar convivientes.

El punto 2 del artículo 4 apunta, además, al confinamiento municipal en aquellas localidades de más de 5.000 habitantes con una tasa de incidencia acumulada superior a 400 por cada 100.000 habitantes y en aquellas de menos de 5.000 habitantes en que se superen los parámetros establecios por la Dirección de Salud Pública y Adicciones.

En el decreto, que está actualmente en vigor en Euskadi, se recoge que si la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días en el conjunto de un Territorio es igual o superior a 400 por cada 100.000 habitantes, se determina la restricción de entrada y salida de personas del Territorio Histórico de residencia. También se fija esa misma tasa para establecer los cierres perimetrales de municipios.

FIN DEL ESTADO DE ALARMA

En su informe, la Fiscalía destaca que el análisis que realiza de las medidas propuestas por el Gobierno Vasco "no puede deslindarse de la coyuntura actual", en la que se espera el fin del estado de alarma el próximo día 9, con la consecuente pregunta que plantea: "¿cabe adoptar medidas sanitarias más o menos generales limitativas de derechos fundamentales tendentes a la contención de enfermedades transmisibles como la covid-19 fuera del marco normativo de la LO 4/1981?".

El ministerio público destaca que el Gobierno de España eligió este escenario legal para dar cobertura a medidas restrictivas como las que incluye el decreto del Ejecutivo de Euskadi. De esta forma, en estado de alarma se puede, tal como establece la Ley, "limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos".

Por ello, determina que este tipo de restricciones "deben considerarse reservadas a este estado excepcional". Para la Fiscalía, "si hay reserva de ley de estas limitaciones a los estados excepcionales, otra ley no puede saltarse esa reserva".

De esta forma, afirma que, en aplicación de una ley de sanidad de carácter general, no pueden adoptarse medidas que limitan derechos fundamentales y que van dirigidas "a un conjunto indeterminado de personas", ya que son medidas propias, con la legislación existente, de los estados excepcionales.

A modo de conclusión, asegura que "no pueden adoptarse medidas limitativas de derechos fundamentales dirigidas a un conjunto indeterminado de personas al amparo de las leyes sanitarias vigentes".

DERECHO DE REUNIÓN

En cuanto a la restricción de las agrupaciones de personas a un máximo de cuatro, sin contar con convivientes, recuerda que el derecho de reunión amparado en la Constitución está vinculado al ejercicio de la libertad de opinión y manifestación.

Por ello, apunta que, si el borrador del decreto restringe simplemente la agrupación de personas a un máximo de cuatro, sin que mencione siquiera el concepto de 'reunión', no se conculca este derecho en su acepción constitucional.

"Más bien se trata de una previsión restrictiva a la participación de encuentros de un número determinado de personas tendente a la disminución del riesgo de contagio que, como otras medidas restrictivas no incidentes en derechos fundamentales, no requieren autorización judicial", apunta.

En opinión del ministerio público, "otro tratamiento" merecen las medidas que puedan afectar al "derecho a la libertad, en particular, al de circulación", como serían la limitación de la movilidad nocturna entre las 22.00 y las 06.00 horas, el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma Vasca y de los municipios.

"Son medidas, estas sí, limitativas del derecho constitucional a circular por el territorio nacional, y son genéricas, dirigidas a un colectivo indeterminado de personas, constituido por quienes ejercen su derecho a la libre circulación en el ámbito territorial correspondiente", añade. De esta forma, subraya que "fuera del marco de excepción" del estado de alarma "no están justificadas conforme a las leyes sanitarias generales".

También se refiere a la argumentación del Gobierno Vasco de que las restricciones que plantea están "condicionadas" a la tasa de incidencia acumulada de la covid-19. "Las medidas son las que son, con o sin condicionante para su aplicación a la tasa de incidencia acumulada y, analizadas al margen de la condición, no se acomodan a la legalidad", asevera.

Por todo ello, se opone a que se autoricen judicialmente las medidas de limitación de la movilidad nocturna y el cierre perimetral de la Comunidad autónoma y de los municipios.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado de 21 años y 8 meses a 13 años de cárcel la condena impuesta por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, a la mujer de 42 años acusada de matar a su marido de 63 en marzo de 2019 en la ciudad autónoma tras asfixiarlo con una bufanda, ya que ha considerado que es autora de un delito de homicidio y no de asesinato al no apreciar "alevosía".

Inicialmente, la Audiencia Provincial condenó a la acusada por un delito de asesinato con la atenuante de confesión y la agravante de parentesco y le impuso 21 años y 8 meses de prisión, la privación de la patria potestad respecto de sus tres hijos, y el pago de una indemnización de 93.135,30 euros a cada uno de ellos, pero el TSJA ha estimado parcialmente el recurso de la defensa y ha rebajado la pena a 13 años la pena de cárcel.

La Audiencia consideró probado que los hechos tuvieron lugar en Ceuta la mañana del día 26 de marzo de 2019, cuando la condenada, "de forma sorpresiva y aprovechando la débil condición física" de su marido" y "que se encontraba sólo en el domicilio común, de manera que no pudo desplegar una defensa mínimamente efectiva", utilizó una bufanda "como un lazo alrededor del cuello del mismo, apretándola sobre dicha parte de su cuerpo para acabar con su vida, terminando por ocasionarle la muerte".

El TSJA ha sustituido ese párrafo de los hechos probados al considerar que la condenada, "encontrándose a solas con su esposo en el domicilio común de ambos, y aprovechando la débil condición física de éste, con el propósito de acabar con su vida, utilizó una bufanda como lazo alrededor del cuello del mismo, apretándola sobre dicha parte de su cuerpo para producirle la muerte, terminando por ocasionársela".

La Sala de lo Civil y Penal ha confirmado el resto de hechos probados, como que después de dar muerte a su pareja, la encausada se dirigió a un guardia civil y le dijo que 'creía que había matado a su marido', tras lo que, a continuación, le dijo a un agente de la Policía Nacional 'que había matado a su marido', todo lo cual tuvo lugar "antes de que se hubiera dado inicio a cualquier investigación al respecto".

La defensa de la acusada recurrió alegando que la acusada no habría actuado con alevosía, elemento "nuclear" que ha permitido en este caso la aplicación del delito de asesinato, argumento que el TSJA comparte al considerar que, "ni del informe de autopsia de fecha 24 de septiembre de 2019, ni de las actuaciones practicadas ante el tribunal del jurado, ni de los testimonios obrantes, puede deducirse de forma lógica, clara y contundente la afirmación de acometimiento sorpresivo y abusivo por el hecho de coger una bufanda, produciendo presión sobre el cuello de la víctima que finalmente causó la muerte".

"Del relato fáctico del veredicto en este extremo no puede apreciarse pues la agravante de alevosía", lo que determina la condena de la acusada por un delito de homicidio y no por un delito de asesinato. El TSJA, no obstante, sí aprecia la agravante de abuso de superioridad, ya que de los hechos declarados probados "sí quedó probada una superioridad medial (la agresora emplea una bufanda a modo de lazo alrededor del cuello sobre persona desarmada) y un objetivo aprovechamiento de las circunstancias del lugar (efectuar los hechos en la vivienda donde nadie podría socorrer a la víctima), unido todo ello a una inferioridad física de la víctima, de 63 años frente a los 42 años de la agresora".

En orden a la determinación de la pena, el TSJA tiene en cuenta que se trata de un delito de homicidio, penado con entre 10 y 15 años de cárcel, en el que concurren dos agravantes (abuso de superioridad y parentesco) y una atenuante (confesión), lo que le lleva a imponer a la acusada 13 años de prisión, que es la pena prevista para el homicidio en su mitad superior y en una extensión "algo más agravada" a la vista de las circunstancias del caso.

El nodo AMIT --la Asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas-- de Murcia y la Comunitat Valenciana han remitido una carta a la Fundación Premios Rei Jaume I en la que "anima a tomar una mayor proactividad en el uso de un lenguaje inclusivo que favorezca la visibilidad de las mujeres en la ciencia y facilite el camino a las niñas".

En la misiva, el colectivo de investigadoras y tecnólogas desea que se comprenda "el cansancio y hartazgo que les provoca la expresa llamada a candidatos para los mejores científicos y emprendedores, que se mantiene en la convocatoria de sus premios del presente año".

La carta se remite también a la Generalitat Valenciana para que el mensaje "se haga extensivo a todas las entidades que premian, financian, desarrollan políticas o realizan comunicación científica y en ella se incide, además, en que ciertos factores como la falta de transparencia en la selección de los jurados o la no paridad en la composición de estos pueden afectar negativamente a la diversidad de género en la presentación de candidaturas".

La iniciativa cuenta con más de veinte adhesiones de asociaciones, sociedades científicas, fundaciones, grupos de investigación y organismos públicos, permaneciendo abierta a otras entidades.

Desde Amit señalan que son "conscientes de que los motivos por los cuales está presente el uso del lenguaje no inclusivo pueden ser no intencionales". Sin embargo, apuntan, "ya sea economía del lenguaje, costumbre o descuido, las mujeres no nos sentimos representadas en él.

"CANSANCIO Y HARTAZGO"

Y reiteran: "Entendemos que seguramente no existan malas intenciones, pero también aspiramos a que se comprenda nuestro cansancio y hartazgo. Este tipo de lenguaje ignora e invisibiliza a las mujeres investigadoras y tecnólogas y tiene graves consecuencias negativas para las futuras generaciones, ya que no apela a su participación".

"Algunas personas y autoridades se asombran de que las niñas no confíen en su capacidad intelectual y que tengan menos predisposición a presentarse a competiciones como las olimpiadas matemáticas. Pero lo cierto es que es difícil que se sientan apeladas por este lenguaje tan excluyente. Existen fórmulas para hacer el lenguaje más inclusivo y su uso sería particularmente apropiado a la hora de redactar una convocatoria de premios, una invitación a ponencias o a cualquier otro acto científico y cultural para el que se solicite la participación de la ciudadanía", argumentan.

En este sentido, defienden que "se puede hablar de científicos y científicas, pero también de personas dedicadas a la ciencia, de personas expertas, etc., también se puede hacer referencia a candidaturas en lugar de candidatos".

Nos consta que el personal de muchas de las fundaciones y entidades que utilizan el lenguaje que cuestionamos, están realizando avances en cuanto a otros aspectos relevantes como los tribunales paritarios y la participación en los mismos de grandes investigadoras. Es un esfuerzo que valoramos y queremos reconocer en el presente documento. Sin embargo, aún quedan factores como la falta de transparencia respecto a quienes integran los jurados y la no paridad en los mismos, que pueden afectar negativamente a la voluntad de presentarse a una determinada convocatoria", concluyen.

Representantes de familias y trabajadores de residencias de mayores han trasladado este miércoles sus demandas al BNG, formación en la que han encontrado "sintonía" en cuestiones como la gestión pública directa de estos centros y un cambio de modelo.

El Bloque quiere impulsar también un cambio legislativo para renovar una ley de residencias "obsoleta" y "superada por la realidad", que llevará a la constitución de una plataforma en defensa de los servicios públicos a la dependencia y a movilizaciones para hacer públicas las reclamaciones de estos colectivos implicados.

Tras el encuentro a tres bandas, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha comprometido que los nacionalistas van a "trabajar sin descanso para que cambiar el actual modelo de residencias". "Vemos como el cuidado de las personas mayores oscila entre dos extremos, o está en manos de empresas controladas por fondos de inversión o en manos de entidades religiosas", ha señalado la dirigente nacionalista, quien ha advertido de que "con los mayores no se puede hacer ni lucro ni caridad" y que "lo que se necesita es servicio público.

Tras lo ocurrido en pandemia, Pontón ha comprometido "hacer todo lo posible para acabar con el negocio de la vejez", una petición que ha marcado también las intervenciones de Maribel Barreiro, secretaria de Tegra, y Francisco Xosé Bernárdez, presidente de la Rede Vellez Digna, quien anunció la constitución de la plataforma.

Pontón resumió las líneas de trabajo en "gestión pública directa" de las siete residencias en las ciudades que se han anunciado, una petición que, de hecho, se debatirá en el pleno de la próxima semana. En este sentido, espera que los populares "recapaciten" y "voten afirmativamente a esta propuesta".

Además, los nacionalistas reclaman "un cambio de modelo" ante un 85 por ciento de plazas "privatizadas". Así, exige que las plazas que están "privatizadas", una vez que venzan los contratos, pasen a ser de "gestión directa" de la Xunta.

El tercer aspecto es una nueva ley de residencias, que "apueste por lo público, por gestionarlas directamente" y que tengan en cuenta el cuidado de las personas mayores como un sistema de pensiones. Además, ha defendido la necesidad de "dignificar las condiciones laborales" de las trabajadoras de estos centros, "dignificar" este trabajo que "no puede ser mileurista" y "reconocer" el trabajo de este personal, "devolviéndoles" el esfuerzo realizado.

"Las familias demandamos a la administración unos servicios públicos, de gestión pública, asequibles, variados y de proximidad", ha señalado Bernárdez, quien ha apuntado también la relevancia de tener en cuenta el principio de envejecer en casa y que las residencias sean un "último recurso, que esté bien dotado".

Destacó la "buena sintonía" con la posición del BNG, formación con la que aseguró que comparten "los mismos objetivos" en este ámbito, y ha rechazado que se "conviertan a los mayores en mercancía". En este sentido, ha avisado de que se ha llegado a "racanear" en las comidas y se han ahorrado "en personal".

Por su parte, la representante de las trabajadoras ha avisado de las condiciones laborales "muy duras" que vive el personal, con un convenio colectivo "precario" y dentro del cual las trabajadoras "tienen miedo a denunciar porque se juegan su puesto de trabajo". "Venimos años denunciando el deterioro del servicio", ha remarcado Maribel Barreiro.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha considerado este miércoles "importante" que en materia de sustracción internacional de menores se adopten desde los gobiernos "medidas internas dirigidas tanto al diseño de procedimientos judiciales ágiles que permitan adoptar resoluciones en un plazo muy breve, atendiendo al interés superior del menor", como a "la prevención" de este tipo de situaciones, "difícilmente resolubles".

Asimismo, ha expuesto que estas iniciativas deben encaminarse a "facilitar una información completa y clara de cómo actuar" en esos casos. Campo ha resaltado que "en España la Ley de Enjuiciamiento Civil regula un procedimiento judicial específico", que ha estimado "ágil". Así, ha señalado que este "está permitiendo que la justicia española resuelva" en "un plazo relativamente corto" estos conflictos "en los casos en los que el menor se encuentra en España".

El titular de Justicia se ha pronunciado así en València, donde ha presidido la entrega del XXIII Premio de Estudios Jurídicos Universitarios Manuel Broseta Pons, que ha recibido la graduada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas Virginia García con la monografía 'Sustracción Internacional Parental de Menores: Acuerdos Bilaterales y Procesos Nacionales.

El acto lo han presidido también el presidente de la Fundación Profesor Manuel Broseta, Vicente Garrido, y la decana del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Auxiliadora Borja, y han asistido autoridades del ámbito judicial, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la delegada del Gobierno, Gloria Calero.

Juan Carlos Campo ha agregado que "son varias las actuaciones" que se han puesto en marcha desde este departamento "para que el procedimiento de restitución se active de manera urgente" en aquellos casos en los que "la sustracción se encuentra consumada y el menor haya sido trasladado a otro país de forma ilícita".

En esta línea, ha aludido al "protocolo de actuación" consensuado con los ministerios de Interior y Asuntos Exteriores con el fin de "clarificar la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la red española de embajadas y consulados cuando un menor ha sido sustraído desde España".

Tras ello, Campo ha insistido en la conveniencia de tener información para saber cómo actuar en estas situaciones y ha dicho que es "fundamental" que los progenitores afectados lo conozcan para "evitar pasos en falso que únicamente retrasarían el inicio del procedimiento y facilitarían el arraigo del menor en el país extranjero".

En este punto, el ministro ha subrayado que este 5 de mayo, Justicia, junto a otros departamentos del Gobierno central, lanza "la primera fase de una campaña institucional sobre sustracción internacional de menores" con el fin de "informar tanto a los ciudadanos como a las instituciones sobre las posibles vías de actuación" ante estos casos.

"La campaña distingue, de una manera clara y visual, los distintos escenarios ante una posible sustracción y las vías de actuación en cada caso. No se debe actuar de la misma manera si el país en el que se encuentra el menor es parte del Convenio de la Haya 1980 --sobre esta materia-- o si no lo ha suscrito. Es importante desde un primer momento seguir la vía adecuada, que permite actuar con la exigible rapidez", ha explicado.

Campo ha comentado que la sustracción internacional de menores despierta "cada vez más interés entre los medios de comunicación, los operadores jurídicos y el público en general" y ha afirmado que por ello, los "esfuerzos se concentran" no solo en "la tramitación y seguimiento de los casos" sino también en "visibilizar a través de campañas informativas tanto su dimensión como los procedimientos a seguir.

"PRIORITARIA"

El ministro de Justicia ha valorado el "interesante" trabajo de Virginia García, que cursó el Grado de Derecho en la Universidad Católica de Valencia entre 2014 y 2018 con 19 matrículas de honor, y ha asegurado que gira en torno a una materia "prioritaria para el ministerio y para toda la sociedad".

Juan Carlos Campo ha felicitado a la galardonada por el premio, por su expediente y trayectoria académicos, por la "calidad" de su monografía y por haberse centrado, con "enorme acierto", en un tema "difícil". Ha agregado que es una materia que conoce "muy de cerca" por ser el Ministerio de Justicia "en la actualidad la autoridad central española en la materia" y por intervenir "de una manera activa en la tramitación de estos siempre difíciles procedimientos".

"COMPONENTE HUMANO"

Igualmente, ha destacado el "componente humano sobredimensionado" y "emocional" de estos asuntos. "Cada caso de sustracción internacional de menores es un reto, que tramitamos con la máxima delicadeza, por los intereses en juego y por los derechos que se ven afectados. Un reto por la exigible y obligada rapidez en la actuación para evitar el arraigo del menor en el país en el que se encuentra sustraído y por la dificultad añadida de la dimensión internacional, que exige interlocución ágil y fluida con el otro país", ha declarado.

El ministro ha detallado que en los últimos cinco años el Ministerio de Justicia ha tramitado 922 expedientes de sustracción, 513 activos --el menor es sustraído de España y está en otro país-- y 409 pasivos --el menor está sustraído en territorio español--. Ha apuntado que esta cifra no muestra toda la realidad internacional porque la autoridad central "no interviene en todos los procedimientos" pero ha dicho que puede ser una "muestra representativa".

Asimismo, ha valorado el papel del Convenio de la Haya de 1980 en este ámbito y que ya sean cien los países que lo han suscrito tras 40 años desde su nacimiento. "Es importante que cada vez se adhiera un mayor número de países" al documento, ha señalado.