El Ibex 35 ha finalizado la jornada de este jueves con un descenso del 0,2%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 8.571,6 enteros, en una jornada que sigue marcada por los resultados empresariales correspondientes al primer trimestre y por la evolución de los contagios del coronavirus en un contexto de incertidumbre y dudas sobre las vacunas.

Así, la Unión Europea ha llegado a un acuerdo con BioNTech y Pfizer para adelantar al segundo trimestre de este año la entrega a los Estados miembros de 50 millones de dosis de su vacuna contra la Covid-19 cuya distribución estaba prevista para los últimos tres meses del año.

De esta forma, el suministro de estas dos compañías al bloque entre abril y junio asciende a 250 millones de dosis, desde los 200 millones contemplados hasta ahora. La UE reacciona de esta forma a la suspensión de las entregas por parte de Janssen y los problemas de producción que desde el inicio de la campaña ha experimentado AstraZeneca.

Tras finalizar ayer con un ascenso del 0,74%, el selectivo madrileño lograba impulsarse intradía sobre los 8.600 puntos, si bien no ha logrado mantenerse por encima de esta cota psicológica al cierre.

Al término de la sesión, los mayores ascensos se los han anotado Cellnex (+3,86%), Inditex (+2,59%), Fluidra (+1,53%), Meliá Hotels (+1,35%), Iberdrola (+1,14%) y CIE Automotive (+1,11%), mientras que en el lado contrario se han situado BBVA (-3,3%), Banco Sabadell (-2,9%), Banco Santander (-2,37%) y CaixaBank (-2,05%), entre otros.

El resto de bolsas del Viejo Continente han concluido con ascensos a excepción de Milán, que ha caído un 0,19%. Así, Londres ha subido un 0,63%, Fráncfort un 0,3% y París un 0,41%.

En este contexto, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 63 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 66,54 dólares.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1962 ‘billetes verdes’, mientras que la prima de riesgo española se situaba en 67 puntos básicos en los primeros compases de la sesión, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,374%.

Los sindicatos y la dirección del grupo Renault España han alcanzado este jueves un acuerdo sobre la aplicación del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en las plantas de Valladolid y Palencia, por el que la plantilla afectada percibirá finalmente el 85% del total de su salario bruto individual (retribución primaria, prima, antigüedad, turnicidad y en su caso salario forfait), la totalidad de las pagas y disfrutará de sus vacaciones, sin ninguna penalización.

El expediente tendrá de un máximo de 39 días para la factoría de Palencia, 32 días para la de carrocería montaje y direcciones centrales, y 31 días para la fábrica de Motores, todas ellas en Valladolid, han informado fuentes sindicales.

El ERTE puede afectar a 9.163 trabajadores y será por causas productivas debido a la situación que se sufre debido al desabastecimiento de semiconductores que atraviesa todo el sector del automóvil en el mundo, y en especial Renault.

Dará comienzo este jueves, 16 de abril, y se prolongará hasta el próximo día 30 de septiembre 2021.

El grupo, en un comunicado, ha explicado que una vez agotadas las medidas de flexibilidad de que dispone la compañía, y que recientemente fueron ampliadas a -40 días, se podrá aplicar un ERTE por un máximo de 39 días en la planta de Palencia y líneas concatenadas de Valladolid, 32 días para la fábrica de carrocería y montaje y direcciones Centrales de Valladolid y 31 días para la planta de motores de Valladolid, hasta el 30 de septiembre de 2021. Los días de parada se irán comunicando oficialmente a medida que se vayan confirmando.

El acuerdo ha sido suscrito por la mayoría de la Comisión Negociadora (UGT, CC.OO. y SCP) y establece un complemento salarial a las prestaciones por desempleo de hasta un 85% del salario, se mantienen las aportaciones de la empresa a las mutuas y las vacaciones y pagas extras. Ningún trabajador pasará a situación de ERTE hasta que no estén agotados sus contadores colectivos hasta -40 días.

Asimismo, se oferta a los trabajadores la posibilidad de solicitar el cambio de días individuales por días de ERTE. También se ha abierto la posibilidad de que los trabajadores que lo necesiten puedan solicitar un anticipo.

Por último, el acuerdo contempla la exclusión de dicho expediente de las personas en situación de acumulación de lactancia o en reducción de jornada del 99% prevista para el cuidado de familiares con enfermedades graves.

SIN UNANIMIDAD

Tras llegarse al acuerdo, CC.OO. ha mostrado satisfacción por haberlo logrado en solo tres jornadas de negociación y ha asegurado que se ha hecho «desde la responsabilidad» con la dirección de la empresa que, ha incidido, durante la reunión manifestó que, de no acordarse, se llegaría a solicitar un ERTE al 70%.

«Una vez más, y pese a estar pasando por unos momentos adversos, hemos sido capaces de alcanzar un acuerdo beneficioso para todos, incluso para aquellos que dicen que no lo firman, pero que luego se beneficiaran de él», ha asegurado CC.OO..

El sindicato se ha mostrado cauto con la situación y ha apuntado al optimismo una vez que se ha firmado un convenio colectivo en el que se han pactado unas cargas de trabajo y unas condiciones que les dan «visibilidad más allá de esta situación».

«No imaginamos lo que hubiera pasado si no se hubiera negociado el convenio como proponían otros sindicatos en septiembre de 2020. ¿Nos imaginamos negociando un convenio colectivo ahora?… Mejor no hacerlo», ha aseverado.

Por su parte, UGT ha explicado que ha pedido a la empresa que realice las gestiones necesarias para que se solucione «cuanto antes» el problema de los semiconductores y se pueda empezar a trabajar en los nuevos proyectos cuanto antes, ayudando así a remontar la actividad de las empresas auxiliares.

«UGT estamos convencidos que los trabajadores de Renault-Españatenemos futuro gracias al acuerdo de fabricación alcanzado hace unassemanas, por lo que superaremos este bache dialogando, como siemprehemos hecho», ha añadido.

OPOSICIÓN DE CGT

Frente a estas posturas que apoyan el acuerdo, CGT ha criticado que se decida «enviar al paro» a 9.163 trabajadores en los dos centros de trabajo que tiene la compañía del rombo en Castilla y León por la crisis de los semiconductores a nivel mundial y que los empleados no han «provocado».

«La dirección de la empresa ha decidido que los contratos de 9.163 trabajadores queden en situación de suspensión y agoten lentamente su prestación por desempleo, una prestación que hemos generado nosotros mismos durante años de trabajo y cuya filosofía es poder disponer de esa asistencia en caso de quedarte sin empleo, para cubrir tus necesidades básicas mientras encuentras otra ocupación», ha aseverado.

A su juicio, de la documentación entregada por la compañía se desprende que no hay causas objetivas que justifiquen la adopción de esta medida y proponen como alternativa al ERTE la aplicación del artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores, aplicando un paro técnico y continuando con el pago de los salarios por parte del empleador.

«No hay motivos que justifiquen la aplicación de un ERTE por causas productivas», ha insistido CGT, que ha asegurado que no será «cómplice» de enviar a la calle de manera temporal a 9.163 trabajadores, «por mucho que los sindicatos firmantes pregonen que es un buen acuerdo del que van a salir todos beneficiados.

En esta línea cree que la «avalancha» de acuerdos en la aplicación de ERTE en las últimas décadas y el papel de estos sindicatos «ha significado una aceptación ciega de este sistema basado en que el trabajador costee las pérdidas económicas de las empresas (especialmente las más grandes) y esa aceptación ha llevado a que en las sucesivas reformas laborales se haya facilitado aún más a las empresas la utilización de esa herramienta».

Además, ha censurado que se esté pidiendo la derogación de la reforma laboral «en la calle» y a la vez se acepte la utilización del a misma «en los despachos», por lo que ha reclamado «una oposición frontal» a esa política de las empresas para revertir la situación.

Finalmente, ha advertido de que la dirección de la empresa ha comunicado durante el transcurso de la negociación su intención de reunirse de nuevo antes de la finalización del ERTE para analizar la situación en ese momento, lo que para CGT indica que «esto puede que solo acabe de comenzar».

El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves, con los votos de los cinco grupos de la Cámara, instar al Gobierno de la Junta y al de España, «en el ámbito de sus respectivas competencias», a «defender y a exigir a la empresa Airbus el mantenimiento de todos los empleos directos e indirectos, la carga de trabajo de todas las plantas existentes que la empresa tiene en Andalucía y evitar la deslocalización de cualesquiera de esas plantas», así como a que lleven a cabo «las actuaciones oportunas tendentes a garantizar el mantenimiento» de la de Puerto Real (Cádiz).

Así lo ha solicitado el Parlamento en virtud de una proposición no de ley (PNL) presentada y defendida por el Grupo Socialista con la que, además, y en virtud de una enmienda transaccionada con el PP-A, la Cámara autonómica ha manifestado su «compromiso con el empleo y con el conjunto de los trabajadores vinculados al sector aeroespacial andaluz en general y, en particular, con la situación por la que atraviesa en estos momentos la planta de Airbus en Puerto Real y la amenaza de un posible cierre de la misma, como referentes del sector y como tractores de una industria estratégica para Andalucía».

De igual modo, el Parlamento ha acordado instar a que tanto el Gobierno andaluz como central «lleven a cabo las actuaciones oportunas tendentes a garantizar el mantenimiento de la planta de Puerto Real y el resto de emplazamiento en España, así como implementar medidas a través de distintas vías innovadoras planteadas por los sindicatos representantes de los trabajadores como en el caso de Puerto Real, duplicando la línea de montaje de los estabilizadores de la línea A320 y A321 y ensamblar en un solo componente la sección 19, el estabilizador horizontal y la sección 19.1 de los A320 y A321, y/o en su caso, a través de la distribución de las cargas de trabajo, que garanticen la viabilidad de las plantas andaluzas».

Igualmente, el Parlamento ha acordado por unanimidad reclamar a la Junta una «línea de diálogo y colaboración» con Airbus para el desarrollo tecnológico y de investigación aeronáutica encaminada a aumentar la competitividad de la empresa, y para reforzar su posicionamiento en Andalucía, para así posibilitar el mantenimiento del empleo que esta empresa tiene en esta tierra.

También ha acordado el Parlamento por unanimidad reclamar a la Junta una mesa de trabajo por el sector aeroespacial de Andalucía, conjunta entre administración y agentes económicos y sociales, para abordar todas las situaciones de crisis presentes y futuras por la que atraviesan y puedan atravesar empresas tractoras y auxiliares del sector aeroespacial andaluz.

En cambio, el Pleno ha rechazado, con los votos de PP-A, Cs y Vox, instar al Ejecutivo andaluz a «coparticipar de manera equivalente y con los mismos recursos en todas las actuaciones y acciones que ponga en marcha el Gobierno de España para fortalecer el sector aeronáutico en nuestra comunidad, con la finalidad del mantenimiento del empleo, la carga de trabajo y los centros de trabajo existentes en nuestra tierra».

DEFENSA DE LA INICIATIVA

En defensa de la iniciativa, el parlamentario del PSOE-A Manuel Jiménez Barrios ha subrayado que la industria aeroespacial es «uno de los sectores estratégicos en Andalucía», y ha destacado el «potencial» con el que al respecto cuentan las provincias de Cádiz y Sevilla.

Ha destacado que Airbus ha generado «una red de empresas tractoras muy importantes» para Andalucía, si bien «la crisis del coronavirus ha provocado una caída en la producción de entre un 35% y un 45% de la empresa, con pérdidas importantes en el conjunto de la multinacional».

El representante socialista ha defendido que esta empresa es «estratégica para el Gobierno de España, de ahí su participación en la compañía, para el país en general y para Andalucía en particular», y «prueba de ello es el compromiso del Gobierno de España al trabajar con la empresa Airbus en base a dos líneas fundamentales: no a las deslocalizaciones y no a los despidos laborales», según ha remarcado.

Tras aseverar que «ni en la provincia de Cádiz ni en Andalucía nos podemos permitir la pérdida de ningún empleo ni el cierre de ninguna actividad industrial», ha defendido que la Junta «debe ser firme y comprometerse, con el apoyo de todos, con un sector estratégico clave para Andalucía y apoye decididamente a esta empresa y a sus trabajadores con los instrumentos que tiene a su alcance».

EL PP-A «SE OPONE FRONTALMENTE» AL CIERRE DE PLANTAS DE AIRBUS

En el turno de los grupos, el parlamentario del PP-A Bruno García ha comenzado dedicando una «mirada especial» a la Bahía de Cádiz y a Puerto Real, una tierra que siempre ha sabido «sobreponerse», según ha subrayado, y enfatizando que los ‘populares’ «nos oponemos frontalmente al cierre de cualquier planta» de Airbus, también la de Puerto Real. En ese sentido, ha anunciado la inclusión de una enmienda transaccional en la iniciativa para que ésta esté presente explícitamente, y ha sostenido que hoy no era el día «de reproches, sino de sumar voces a favor de los trabajadores».

En nombre de Cs, el diputado Julio Díaz ha criticado que las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Trabajo, Yolanda Díaz, «han pasado de largo» en este asunto, y ha reclamado al Gobierno central un «plan estratégico aeronáutico nacional» como le viene pidiendo «reiteradamente» el consejero ‘naranja’ de Transformación Económica, Rogelio Velasco, según ha subrayado, para defender que se necesita «un marco amplio donde incardinar» Andalucía y el «peso» de su sector aeronáutico.

El parlamentario de Vox Francisco José Ocaña ha comenzando manifestando el «apoyo» de su grupo a los trabajadores de Airbus, pero ha criticado que la PNL socialista busca «generar una cortina de humo que esconda la responsabilidad del PSOE y Adelante Andalucía» en esta situación «por no actuar a tiempo, por no demandarle al Gobierno de la nación las medidas contundentes que necesita Airbus», y que sólo pretende «desviar la atención del verdadero culpable de que se hayan cumplido los peores presagios» al respecto de esta compañía, porque «el problema de Airbus sólo lo puede resolver el Gobierno de España», según ha sentenciado.

Finalmente, el diputado de Adelante Ismael Sánchez ha apelado a la «unidad de acción» en el Parlamento para resolver el «problema» de la planta de Airbus, y ha celebrado la «rectificación» del presidente de la Junta, Juanma Moreno, dejando claro que se opone al cierre de dicha factoría, si bien ha apostillado que ahora hay que «dar un paso más», porque la plantilla de esa instalación «necesita soluciones». Por eso, ha pedido el «compromiso unánime» de la Cámara andaluza para «mantener la factoría en Puerto Real».

La eficiencia de los servicios de reparto a domicilio de las empresas minoristas y compañías de reparto de paquetería repercute directamente en la fluidez del tráfico en las ciudades y en la reducción de emisiones nocivas, según ha informado Accenture, consultora de servicios tecnológicos y de externalización.

La firma ha realizado un informe titulado ‘La última milla sostenible: más rápido, más verde, más barato’ en el que se analiza el impacto de los microcentros locales de distribución en Chicago, Londres y Sídney.

Según el estudio, cuando el 50% de las compras online de la ciudad se gestionan a través de estos espacios, se observa una importante disminución del tráfico y de las emisiones nocivas. La firma señala que el descenso de emisiones podría ser entre el 16% y el 25% menor para 2025, gracias a estos espacios.

Los microcentros permiten almacenar la mercancía más cerca de los clientes en instalaciones periféricas, permitiendo así una mejora de los procesos de la cadena de suministro, acelerar las entregas de última milla y permitir la recogida de paquetes en persona. Estos incluyen puntos de recogida en las tiendas, almacenes automatizados y microalmacenes independientes.

La firma ha señalado que estas instalaciones hacen posible que las tiendas puedan ofrecer entregas en 24 horas o menos, mejorar su eficiencia y competitividad, al mismo tiempo que reducen su impacto medioambiental.

La ciudad estudiada que más redujo el volumen de entregas fue Londres con un descenso del 13%, equivalente a 520.000.000 de kilómetros recorridos por los vehículos de reparto. Chicago ocupa la segunda posición con el mismo porcentaje menos de entregas, lo que equivale en este caso a 205.000.000 de kilómetros menos recorridos en el condado de Cook. En el caso de Sídney, el informe plantea una reducción del 2% en el volumen de entregas, lo que equivale a una reducción de 27 millones de kilómetros recorridos en la región del Gran Sídney.

La huella de carbono de las entregas a domicilio ha sido durante mucho tiempo un reto medioambiental y social, según el director gerente de Servicio Público de Accenture, Carlos Coll, quien ha señalado que las organizaciones con estrategias innovadoras que lideran la adaptación digital y las prácticas empresariales sostenibles se convertirán en los líderes del sector del mañana.

Adicionalmente, este incremento en la eficiencia del reparto en última milla permite capturar un mayor volumen de negocio para la empresa paquetera, alineado con el crecimiento del e-commerce, y se inscribe dentro de los objetivos de los fondos Next Generation EU.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha apuntado que la calidad empresarial, el trabajo digno y la igualdad deben situarse en el centro del modelo económico y laboral español.

Así lo ha señalado durante su intervención en el foro ‘Wake up! Spain’ organizado por El Español-Invertia, en el que ha resaltado que «el trabajo decente no es solo un derecho social, sino que es garantía de excelencia empresarial y de responsabilidad social de las empresas».

Desde su punto de vista, la precariedad es la principal amenaza a la que se enfrenta el trabajo digno actualmente en España y esta «perpetúa una competitividad perversa y de corto recorrido, que es la basada en la devaluación de costes laborales».

La precariedad, lo hemos visto, sabotea la inversión en formación continua, incrementa los riesgos laborales e impide, en definitiva, el avance hacia el empleo de calidad, particularmente de las personas más vulnerables», según Díaz, que ha apuntado que, por ello, «la lucha contra la precariedad forma parte esencial de los planes de recuperación y transformación.

Durante su discurso, la vicepresidenta ha puesto en valor lo necesaria que es la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial y ha remarcado que «cuidar no puede ser dejar de trabajar».

Por otro lado, Díaz ha apuntado que la cuestión del tiempo laboral va a ser «uno de los temas fundamentales del mundo del trabajo en los próximos años».

«Hace ya tiempo que en nuestras empresas se ha implantado un modelo de trabajo a medida, en el que se ha normalizado, en su forma más extrema, el concepto de disponibilidad, sin que muchas veces seamos ni siquiera conscientes de ello», ha criticado la ministra.

En esta línea, ha recordado que el tiempo de disponibilidad «es tiempo de trabajo» y este «debe ser reconocido», porque «el tiempo de trabajo es un tema de salud».

«Hoy nuestro reto es asegurar que la digitalización asegure la salud integral de las personas trabajadoras, que no incremente el riesgo psicosocial, que respete su tiempo y su intimidad y que también establezca mecanismos de socialización y de acción sindical, particularmente en el caso del trabajo a distancia», ha dejado claro.

La ministra también ha puesto en valor el trabajo del diálogo social y ha dicho que debe seguir siendo «un elemento fundamental» en la recuperación. «Estamos en condiciones de realizar aportaciones constructivas y de jugar un papel relevante en la reconstrucción europea», según Díaz.

Por último, ha subrayado la necesidad de configurar marcos de relaciones laborales de «calidad», «que aseguren una sana competencia entre empresas que no gravite en torno a la devaluación de costes laborales», y de asegurar trabajos dignos para todas las personas, «incluyendo por supuesto las personas jóvenes, que deben ser prioritarias en las políticas activas de empleo, con experiencias formativas de calidad y dando pasos en la dirección contraria a la precariedad».

Hostelería de España, junto con Hostelería de Andalucía, han presentado este jueves el I Foro Nacional de Hostelería que se celebrará en Málaga el próximo lunes 26 de abril.

Tras un año desde el inicio de la pandemia y con la información para analizar lo que ha pasado y hacer una predicción de lo que nos depara el futuro, este foro tratará los temas fundamentales para dibujar el futuro del sector y hacerlo desde la reflexión sobre las necesidades reales de la hostelería en la era post pandemia.

Uno de los retos principales del foro es fortalecer la amplia y potente cadena de valor, por eso serán protagonistas las voces de las organizaciones empresariales del sector hostelero y turístico y de las administraciones públicas. Todas ellas estarán presentes en las distintas charlas que se realizarán a lo largo de la jornada con ponencias de gran relevancia, han explicado en rueda de prensa.

Las ponencias y mesas redondas, que se podrán seguir de manera presencial –aforo limitado a 400 personas– o de manera virtual, y se celebrarán en el Palacio de Ferias y Congreso de Málaga (Fycma) tratarán temas de actualidad y relevancia para marcar las líneas estratégicas del trabajo en el sector.

Para el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, «este encuentro queremos que marque un punto de inflexión para el sector. Es innegable que somos uno de los sectores más perjudicados desde el punto de vista económico por la pandemia, lo que ha supuesto el cierre de casi un tercio del sector, pero es el momento de empezar a pensar en la reactivación. Este foro busca precisamente analizar las herramientas y tendencias que permitan la recuperación de la mano de grandes expertos con un profundo conocimiento sectorial».

Los temas a tratar en las distintas mesas son: el papel de los fondos europeos en la transformación del sector, la gastronomía y el ocio nocturno como productos turísticos de futuro, los retos y oportunidades de la digitalización, la gestión de la incertidumbre, los cambios en los hábitos de la sociedad y el comportamiento del consumidor, y las necesidades de adecuación en el conjunto del sector.

Por su parte, el presidente de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, ha explicado que «creemos fundamental que este evento tenga lugar ahora, en este momento, en el que, aunque aún hay que luchar contra la pandemia, encaramos una recuperación que es imprescindible construir bien para que la hostelería tenga pilares fuertes y garantía de éxito a corto, medio y largo plazo».

«Nos encontramos ante un reto mayúsculo, que es diseñar todos juntos cómo debe ser la hostelería del futuro. Una actividad económica que no sólo son cifras importantes de facturación y empleo, sino que también es cultura popular, tradición, y un modo de vida en nuestro país», ha agregado.

El sector hostelero ha sido protagonista en estos últimos meses por estar sufriendo las peores consecuencias económicas de la pandemia, con de nueve de cada diez empleos destruidos en el último año, y más de 100.000 establecimientos que han cerrado definitivamente. Por eso las distintas mesas de debate permitirán obtener una visión global y completa de los efectos de la pandemia en nuestro sector y establecer las necesidades reales de transformación.

La situación de crisis que atraviesa la hostelería debe encontrar soluciones a la altura de su peso estratégico en el PIB nacional que antes de la pandemia era del 6,2 por ciento y su esfuerzo poniendo todo su trabajo al servicio de una hostelería segura y adecuada a los tiempos de pandemia.

Por eso, otro de los objetivos del Foro es evidenciar la necesidad de acordar con las diferentes administraciones la regulación de la actividad y las políticas de promoción e inversión.

Este foro, que celebrará su primera edición, pretende convertirse en una cita anual ineludible para los profesionales de la hostelería y los componentes de la cadena de valor, que ofrezca a los asistentes claves para afrontar los retos del futuro más inmediato en cuanto a seguridad, gestión, relaciones laborales, modelos de negocio, comportamiento del consumidor, entre otros.

Los inversores activistas han mantenido su actividad estable en el primer trimestre de 2021 y han registrado 53 nuevas campañas iniciadas, una cifra similar a la del arranque del 2020, gracias a un «importante» repunte en Estados Unidos, según un informe de Lazard.

En este país se registraron 37 nuevas campañas, lo que supone un aumento del 48% respecto al mismo periodo del año anterior y representa el 70% de toda la actividad activista mundial.

Las tres cuartas partes de estas campañas se dirigieron a empresas con capitalización inferior a 10.000 millones de dólares (8.352 millones de euros), como Treehouse Foods (Jana), Kohl’s (Ancora, Legion et al.) y eHealth (Starboard y Sachem Head).

Por el contrario, la actividad en Europa ha caído desde el récord de actividad en el cuarto trimestre de 2020 hasta las 10 campañas iniciadas, si bien es una cantidad superior a la registrada justo hace un año, cuando se iniciaron seis.

Nueve de estas diez campañas han sido lideradas por inversores institucionales, activistas ocasionales y nuevos activistas de pequeña capitalización.

La actividad de empresas de propósito especial (SPAC, por sus siglas en inglés) mantiene el fuerte impulso en 2021 después de un 2020 en el que batió récord y ha obtenido 97.000 millones de dólares (81.000 millones de euros) con 298 SPAC, lo que supera a los niveles totales de 2020.

42 NUEVOS PUESTOS EN ÓRGANOS DE GOBIERNO

El informe destaca que los activistas han elevado sus puestos en órganos de gobierno hasta los 42, todos obtenidos mediante acuerdos negociados, como ha sido el caso de Starboard/Corteva, con tres, o en FirstEnergy/Icahn, con dos.

Si bien muchos casos del primer trimestre se han resuelto recientemente, siguen en juego 66 puestos de cara a la temporada de representación.

FUSIONES Y ADQUISICIONES

El 47% de todas las campañas de los tres primeros meses del año se ha centrado en fusiones y adquisiciones, representando los intentos de desbaratar o rechazar acuerdos existentes más de la mitad de todas las campañas impulsadas de esta forma.

En cambio, las que impulsan la venta directa de la empresa han sido solo el 12% de estas campañas, el porcentaje más bajo en cinco años.

Los alcaldes de los municipios que albergan la mayor parte del tejido industrial productor de calzado de España se han unido este jueves en Elche (Alicante) para mostrar su apoyo inequívoco al sector del calzado, sus componentes, maquinaria y marroquinería, y para reclamar tanto al Gobierno como a la UE que actúen ante la crisis y la amenaza de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos.

Hasta 17 municipios de cinco comunidades autónomas han respondido a la llamada realizada por el alcalde de Elche, Carlos González, con el fin de lograr la unidad de uno de los principales sectores manufactureros.

En esta reunión semipresencial se ha firmado una declaración institucional por Elche, Petrer, Villena, Aspe, Monóvar, El Pinós, Vall d’Uixó, Almansa, Fuensalida, Caravaca de la Cruz, Inca, Ciutadella, Alaior, Ferreries, Es Migjorn Gran y Arnedo. También lo firma el Consell Insular de Menorca.

Junto a los regidores han participado, en representación de la patronal, Marian Cano como presidenta de AVECAL y de FICE y Manuel Román como titular de AEC, informa la corporación ilicitana en un comunicado.

«Hoy estamos asistiendo a una cumbre histórica de los municipios productores de calzado de España», ha declarado el alcalde de Elche al concentrar el 90% del calzado nacional: «Calzado, componentes, marroquinería… constituyen un sector que no solo genera empleo y riqueza, sino que nos da identidad como municipios y que forma parte de la imagen de la imagen de modernidad y de marca España».

En la declaración se plasma el apoyo al sector «máxime en un momento en que las empresas están iniciando el camino de recuperación de los devastadores efectos de la pandemia». Los alcaldes piden al Gobierno la modificación del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la COVID, de manera que incluya los códigos nacionales de actividades económicas de las empresas pertenecientes al sector, tanto al calzado como tal como a sus componentes y maquinaria, para que puedan optar a las ayudas.

También exigen al Estado cuantas acciones sean necesarias para evitar la imposición de nuevos aranceles por parte de EEUU a los productos de la UE , en respuesta a los recientes ‘impuestos a los servicios digitales’ implantados por España y otros países europeos.

De momento, el primer edil de Elche ha valorado positivamente el anuncio de la vicepresidenta ministra de Economía, Nadia Calviño, de la posible incorporación de varios sectores de actividad al ámbito de protección del decreto.

Por parte de las patronales, Calvo ha defendido esta iniciativa «más que necesaria y muy provechosa», mientras el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha abogado porque el foro tenga continuidad para compartir experiencias entre comunidades autónomas.

El banquero italiano Andrea Orcel ha recibido un amplio respaldo a su nombramiento como consejero delegado de UniCredit por parte del accionariado presente en la junta celebrada hoy por la entidad, aunque este apoyo se ha reducido sustancialmente al 54% en cuanto a la retribución de hasta 7,5 millones que cobrará como primer ejecutivo del banco.

En concreto, el sueldo fijo de Orcel será de 2,5 millones de euros anuales y podrá recibir el doble de esa cantidad en acciones, elevando su remuneración total a 7,5 millones de euros anuales.

La junta general de accionistas ha respaldado con un 99,06% de los votos presentes la propuesta de fijar en trece el número de miembros del conseo de administración del banco para el periodo entre 2021 y 2023, entre los que la designación de Pietro Carlo Padoan como presidente y de Andrea Orcel como consejero delegado contó con un 76,31% de los votos presentes a favor.

Sin embargo, este apoyo se ha reducido hasta el 54,10% de los votos presentes en el punto referido a la política de remuneración de 2021, con un 42,66% de los votos presentes en contra de la propuesta presentada, que supone elevar hasta un máximo de 7,5 millones de euros la retribución de Orcel, incluyendo 2,5 millones de salario fijo, prácticamente el doble que su predecesor, Jean Pierre Mustier.

Asimismo, la remuneración anual de Orcel en su primer ejercicio al frente de UniCredit podría incrementarse en otros 5 millones de euros a través de bonus no vinculados al desempeño de la entidad.

En este sentido, el ‘proxy advisor’ Glass Lewis había emitido una recomendación dirigida a los accionistas de UniCredit para votar en contra del paquete de remuneración de Andrea Orcel como consejero delegado del banco por no estar ligado a su rendimiento como ejecutivo.

Orcel, exdirector del banco de inversión de UBS, cuenta con una estrecha relación con UniCredit, ya que tomó parte en el proceso de fusión entre Credito Italiano y UniCredito que en 1998 dio origen al grupo, que le siguió como cliente a UBS cuando en 2012 Orcel cambió Merrill Lynch por la entidad helvética.

Por otro lado, el banquero italiano mantiene una batalla legal contra el Santander, al que reclama 112 millones de euros, después de que el banco español retirase su oferta para convertirle en consejero delegado de la entidad.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acaba de aprobar e inscribir en el correspondiente registro oficial el folleto relativo a las acciones de Línea Directa, compañía que se independizará de Bankinter para separar el negocio asegurador del bancario y que empezará a cotizar por su cuenta el próximo 29 de abril.

El precio para la subasta de apertura en el momento previo a cotizar se ha fijado en 1,3175 euros por acción, que es el resultado de dividir la valoración de Línea Directa, de 1.434 millones de euros, entre el número de acciones, que asciende a 1.088 millones.

Tras obtener en las ultimas semanas la autorización del Banco Central Europeo (BCE) y la no oposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) a la adquisición por parte de ciertos accionistas de Bankinter de una participación directa significativa en la aseguradora, Línea Directa acaba de recibir ‘luz verde’ por parte de la CNMV a su folleto, el último paso que quedaba previo a su salida al mercado.

La entidad dirigida por María Dolores Dancausa tenía previsto haber realizado esta operación hace ya casi un año, pero la pandemia del coronavirus, que derivó en una inédita coyuntura y sus consecuencias, le obligaron a postergarla hasta ahora.

Según consta en el documento, está previsto que el consejo de administración de Bankinter, accionista mayoritario de Línea Directa con un 99,99% de su capital social, fije la entrega a los accionistas de Bankinter del 82,6% de Línea Directa y que las acciones de la sociedad se admitan a negociación el próximo 29 de abril.

De este modo, el último día que las acciones de Bankinter cotizarán con derecho a recibir acciones de Línea Directa sin contraprestación alguna será el 28 de abril. Al día siguiente, las acciones de ambas compañías cotizarán ya de manera independiente, de forma que quienes compren títulos de Bankinter tanto en esa sesión como en días posteriores ya no tendrán derecho a recibir ninguno de la aseguradora.

Tanto la fecha de inicio de cotización como el día límite que servirá de referencia para distribuir acciones de la aseguradora serán aprobados en la próxima reunión del órgano de administración, fijada para el 21 de abril.

La salida a Bolsa se realiza no mediante una Oferta Pública de Venta (OPV), sino mediante un listing, procedimiento por el cual la compañía cotizará en el mercado ya con un accionariado, puesto que el banco entregará a sus accionistas la totalidad de la prima de emisión (1.184 millones de euros) en acciones de Línea Directa, lo que supone un 82,6% de su capital social.

Por su parte, Bankinter conservará el 17,4% restante, con un valor estimado de 249,7 millones de euros, según el análisis de valoración realizado con arreglo al asesoramiento de expertos independientes.

Con carácter previo a su salida a Bolsa, Línea Directa pagará un dividendo a Bankinter de 120 millones de euros, quedando su ratio de solvencia en torno al 210%, por encima de sus comparables europeos.

Carrefour y Procter & Gamble (P&G), en su apuesta por la sostenibilidad, se han comprometido a reducir en al menos un 16% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de sus operaciones logísticas conjuntas con dos megacamiones, según ha informado en un comunicado.

En concreto, estos dos vehículos, que equivalen a más de tres camiones convencionales, han comenzado a operar este jueves por las carreteras españolas y cubrirán las rutas habituales entre ambas compañías en un circuito cerrado.

De esta forma, se estima que estos dos megacamiones evitarán la entrada en carretera de cerca de 190 camiones y permitirán a P&G optimizar la entrega de sus productos a las plataformas logísticas de Carrefour.

El director senior de ventas y del consejo de sostenibilidad de P&G en España y Portugal, Claudio Pini, ha subrayado que esta acción se enmarca dentro de los «ambiciosos objetivos» de la firma en materia medio ambiental.

«Nos hemos comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% y alcanzar la neutralidad global en carbono en 2030. Alianzas transformadoras, como la que mantenemos con Carrefour y que dan vida a este proyecto, nos permitirán lograr un cambio sistémico en la sociedad», ha indicado.

Por su parte, el director ejecutivo de Carrefour España, Alexandre de Palmas, se ha congratulado por la apuesta sostenible de la compañía. «En Carrefour, tenemos como objetivo a 2025 reducir en un 40% las emisiones de CO2. Hoy damos un paso más con la puesta en marcha de estos dos megacamiones con los que reduciremos en al menos un 16% las emisiones de CO2 de nuestras operaciones logísticas conjuntas», ha indicado.

La incorporación de este tipo de vehículos registra mayores niveles de eficiencia al transportar carga en un circuito cerrado, evitando así desplazamientos en vacío.

Con una longitud total de más de 25 metros, los vehículos están formados por un trailer de más de 13 metros con espacio de carga para 33 paletas y un semirremolque de casi ocho metros con espacio de carga para 18 paletas. Esta configuración permite una carga máxima de 60 toneladas frente a las 40 toneladas actuales de un camión convencional.

Las reparaciones de vehículos han experimentado en España un descenso interanual del 12,6% durante los primeros tres meses de 2021 y una caída del 22,3% en comparación con 2019, según ha informado Solera, la empresa de soluciones para el auto y el hogar.

En marzo, tuvo lugar el mayor crecimiento con una subida del 25,4% de las reparaciones, algo que también sucedió el mismo mes del año anterior a pesar de haber tenido prácticamente 15 días menos de actividad por el inicio del confinamiento. Respecto a 2019, se observa una caída del 19,5% que resultaría más representativa de la situación del sector.

En el otro extremo, en enero se registró el mayor descenso de la actividad con casi un 29% menos de operaciones, justo en el epicentro de la tercera ola. En febrero, la cifra se estabilizó en un 19,4% menos.

El descenso de las reparaciones está directamente vinculado al descenso de vehículos en las carreteras como consecuencia de los cierres perimetrales. Desde el comienzo de la pandemia se han dejado de realizar 132,5 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 31% menos que en tiempos preCovid, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Otras circunstancias que también contribuyen a esta situación son el auge del teletrabajo o el aumento de desempleo, que han provocado que el tráfico entre semana esté cayendo en torno al 16%, mientras que en fin de semana los españoles apuestan por un ocio sin coche, con un desplome del 33%.

90 EUROS AL AÑO

Solera ha señalado que por cada kilómetro que se deja de recorrer, la pérdida para el taller es de tres céntimos, lo que equivale a 90 euros por vehículo/año. De cara al futuro, la empresa estima que la movilidad irá al ritmo que marque el calendario de vacunación, si bien el habitual pico de trabajo del taller en julio no coincidirá con el objetivo propuesto de inmunidad de rebaño, previsto oficialmente para finales de agosto.

La firma prevé que con el fin del estado de alarma, el próximo 9 de mayo, los desplazamientos entre comunidades queden a expensas de lo que cada gobierno autonómico pueda aprobar, lo que implica que la vuelta a la movilidad de larga distancia podría resultar asimétrica por territorios.

Según el responsable de Mercado Posventa de Solera, José Luis Gata, «cuando la pandemia esté controlada y consigamos la inmunidad y, por tanto, se vuelva a la normalidad en los desplazamientos, el escenario que nos encontraremos será una posventa a mitad de camino de recuperar las cifras pre-Covid, pero con muchos clientes con mentalidad de ‘economía de guerra’ como en la crisis económica anterior y con un parque más envejecido, superando los 13 años de antigüedad, lo que supone menor negocio para el taller».

Ecoener prevé debutar en Bolsa el próximo 30 de abril a un precio de entre 5,9 euros y 7,25 euros por acción, lo que supone situar la capitalización bursátil del grupo de renovables entre unos 418 y 472 millones de euros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado el folleto de la salida a Bolsa de Ecoener, en el que será el pistoletazo de salida al ‘boom’ de salidas al mercado en renovables previsto para este año, entre las que destacan las ya anunciadas de Acciona Energía, Opdenergy o de la filial de renovables de Repsol, que también trabaja en un posible salto al mercado.

Ecoener espera obtener aproximadamente 181,8 millones de euros mediante la oferta inicial de, con base en el extremo superior de la horquilla de precios de la oferta, aproximadamente 25 millones de acciones de nueva emisión que representarán hasta el 38,5% del capital social de la sociedad tras la conclusión de la oferta.

Los fondos obtenidos por el grupo que tiene por único propietario, fundador y presidente a Luis de Valdivia podrían incrementarse hasta aproximadamente 200 millones de euros si se ejercita la opción de sobreasignación de hasta el 10% de la oferta inicial por completo, que representarán, con base en el extremo superior de la horquilla de precios de la oferta, hasta un máximo del 40,8% del capital social de la sociedad tras la conclusión de la oferta, emitiéndose hasta aproximadamente 27,5 millones de acciones de nueva emisión.

Tras la liquidación de la oferta, si se suscriben todas las acciones, De Valdivia ostentará un total del 61,5% del capital social, o del 59,2% si se ejercita la opción de sobreasignación por completo.

El actual accionista único y la sociedad están sujetos a acuerdos de bloqueo, durante un periodo desde la fecha de firma del contrato de aseguramiento (‘underwriting agreement’), que será firmado por él, la compañía y los bancos aseguradores, de 180 días después de la fecha de liquidación de la oferta, que previsiblemente tendrá lugar el 3 de mayo de 2021.

La oferta se dirige exclusivamente a inversores institucionales cualificados, y se prevé que las acciones se negociarán en las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao a partir del próximo 30 de abril.

La horquilla de precios indicativa y no vinculante se ha establecido entre 5,90 euros y 7,25 euros por acción y está previsto que el precio final de la oferta se determine el próximo 28 de abril o en una fecha cercana tras la conclusión de un proceso de prospección de la demanda que comienza este jueves.

NO ABONARÁ DIVIDENDO EN LOS TRES AÑOS POSTERIORES A LA OFERTA

En lo que respecta a la retribución a los accionistas a futuro, Ecoener señala en el folleto que ha adoptado una política de dividendos orientada a reinvertir su flujo de efectivo operativo en el desarrollo de nuevos proyectos de cara a impulsar el crecimiento a largo plazo y mejorar el valor para los accionistas y, por tanto, no prevé distribuir ningún dividendo en efectivo durante los tres años posteriores a la oferta.

Société Générale actúa en calidad de ‘Sole Global Coordinator’ y ‘joint bookrunner’ de la oferta junto con Banco de Sabadell, CaixaBank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y HSBC Continental Europe, que actúan como ‘joint bookrunners’ adicionales, y Banco Cooperativo Español actúa en calidad de ‘lead manager’.

Latham & Watkins LLP actúa en calidad de asesor jurídico para la compañía en el contexto de la oferta, mientras que Linklaters lo hace como asesor jurídico de los bancos aseguradores. Los auditores de la Sociedad son KPMG Auditores y los consultores de contabilidad Deloitte.

NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En paralelo a la aprobación del folleto para su salida a Bolsa, Ecoener ha constituido un nuevo consejo de administración de acuerdo con las mejores prácticas de buen gobierno corporativo de las empresas cotizadas.

Así, la firma de renovables ha adaptado su gobierno corporativo a las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital aplicables a las sociedades españolas cotizadas y a los requisitos y a las recomendaciones de gobierno corporativo aplicables, como el Código de Buen Gobierno Corporativo de la CNMV, según se detalla en el folleto.

De esta manera, el consejo, que preside Luis de Valdivia, está compuesto por cinco consejeros independientes, tres consejeros dominicales y dos consejeros ejecutivos. Esto le proporciona una estructura eficiente tanto por número como por diversidad de conocimientos y experiencias.

Además, Ecoener se ha distinguido desde su fundación por la conservación de los valores medioambientales allí donde desarrolla sus actividades, por lo que ha procedido a crear una Comisión de Sostenibilidad, presidida por Inés Juste, para acrecentar dicha vocación conservacionista y la responsabilidad social corporativa.

En el órgano rector de la compañía figuran nombres de reconocido prestigio nacional e internacional como Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores del Gobierno; Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco; o Eduardo Serra, exministro de Defensa.

De Valdivia consideró una «satisfacción haber configurado un consejo que cuenta con verdaderos referentes del mercado español e internacional». «Cada uno aporta talento y experiencia al liderazgo de nuestro proyecto, que busca la excelencia con una visión diferente y contrastada a la hora de gestionar energías sostenibles», dijo.

De esta manera, el consejo estará conformado por diez miembros: cinco consejeros independientes (Inés Juste, Juan Carlos Ureta, María Eugenia Girón, Fernando Lacadena y Dean Tenerelli), tres consejeros dominicales (Eduardo Serra, Ana Palacio y Carlos González-Bueno) y dos consejeros ejecutivos (Luis de Valdivia y Fernando Rodríguez).