Los miembros de la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza, Asuntos Institucionales y Exteriores (CIVES) del Comité Europeo de las Regiones (CDR) han abordado este martes «cómo implicar las políticas locales y regionales» en proyectos e iniciativas que puedan «acercar Europa a los ciudadanos y hacer que la Conferencia sobre el Futuro de Europa sea un éxito».

Lo hicieron en un debate con los representantes del Parlamento Europeo, Antonio Tajani y Helmut Scholz, en el que han pedido la participación de los miembros del CDR en el proyecto piloto ‘Construir Europa con los entes locales’ (BELE), lanzado por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo (AFCO).

En un comunicado, el Comité ha recordado que según un Eurobarómetro Especial sobre el Futuro de Europa, el 76% de los encuestados está de acuerdo en que la Conferencia sobre el Futuro de Europa representa «un progreso significativo para la democracia en la UE». Así, el 92% de los europeos pedía tener «más en cuenta la voz de los ciudadanos en las decisiones relativas al futuro de Europa«, por lo que hacen hincapié «en las consultas efectivas a los ciudadanos y la información sobre el resultado de las mismas» para que la Conferencia sea un «éxito.

El secretario de Estado de Asuntos Federales, Europeos e Internacionales de Renania del Norte-Westfalia y presidente de la comisión CIVEX del CDR, Mark Speich, ha asegurado que «los políticos regionales y locales tienen un papel fundamental en la relación entre la Unión Europea y sus ciudadanos. «Con la Conferencia sobre el Futuro de Europa tenemos la oportunidad de transmitir a Bruselas las ideas concretas de los ciudadanos de una Unión Europea del futuro», ha resaltado.

Durante el primer debate temático se estudió la forma en que los entes locales y regionales pueden apoyar la participación de los ciudadanos en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Helmut Scholz, miembro del Parlamento Europeo (DE/GUE-NGL) y ponente del proyecto de informe Diálogos con los ciudadanos y participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de la UE, ha presentado a los miembros de la CIVEX las principales conclusiones de su informe, que tiene en cuenta el trabajo ya realizado por las instituciones de la UE y por el CDR sobre la participación de los ciudadanos.

En este sentido, ha pedido que se desarrollen mecanismos participativos permanentes» que permitan la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de la UE. En octubre de 2018, esta idea de «un diálogo permanente con los ciudadanos» después del periodo electoral fue uno de los mensajes clave del dictamen del CDR ‘Reflexionar sobre Europa: la voz de los entes locales y regionales para reconstruir la confianza en la Unión Europea’.

Así, Scholz ha explicado que «la Conferencia sobre el Futuro de Europa es una oportunidad única para entablar un debate con los ciudadanos sobre sus visiones y preocupaciones respecto a la UE». A su juicio, «todo el mundo debe poder participar en la toma de decisiones de la UE, también más allá de la Conferencia». «Necesitamos el apoyo de los entes locales y regionales, así como de las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales. Sólo así podremos desarrollar una esfera pública europea y reforzar la legitimidad democrática de la UE», ha dicho.

Por su parte, Dominik Hierlemann, experto principal, y Anna Renkamp, directora de proyectos de la Fundación Bertelsmann, presentaron a los miembros de la CIVEX sus experiencias basadas en la organización de diálogos ciudadanos digitales locales, regionales y transnacionales y las herramientas para ayudar a los políticos locales y regionales elegidos a interactuar mejor con los ciudadanos y mejorar las prácticas democráticas y su funcionamiento.

ENTES LOCALES: «EXPRESIÓN DE LA DIVERSIDAD EUROPEA»

El segundo debate versó sobre las iniciativas de los consejeros locales y regionales de la UE. Mientras que en diciembre de 2020, la Mesa del CDR aprobó la propuesta de crear una red de consejeros locales y regionales que se ocupen de los asuntos de la UE en sus circunscripciones, que informaría al CDR sobre sus actividades en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo (AFCO) puso en marcha un proyecto piloto ‘Construir Europa con Entidades Locales’ (BELE).

Esta iniciativa permitirá identificar en los gobiernos locales participantes a un concejal responsable de la comunicación a los ciudadanos sobre los programas y proyectos financiados por la Unión Europea en ese municipio y sobre otros temas e iniciativas relacionados con la UE, con el fin de contribuir también a la Conferencia.

«El objetivo del debate era explorar las posibles sinergias entre los proyectos del CDR y del PE con la participación de los consejeros de toda la Unión Europea», explica el CDR en el comunicado.

El presidente de la AFCO, Antonio Tajani (IT/PPE), ha señalado que «los políticos electos regionales y locales son la expresión de la riqueza y la diversidad europeas». «El año pasado, la Comisión de Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo presentó el proyecto piloto BELE (Building Europe with Local Entities), que pretende situar a los administradores locales en el centro de las políticas de la UE, a la vez que comunican a los ciudadanos las actividades de la Unión Europea», ha explicado.

Según Tajani, «comunicar sobre la UE es un reto para combatir el populismo y la desinformación, y en esto el CDR y sus miembros desempeñan un papel fundamental». La Conferencia sobre el Futuro de Europa debe convertirse en una oportunidad para un claro debate e invito a los miembros del CDR a participar activamente en el proyecto BELE», ha defendido.

Además, hubo un intercambio de opiniones sobre el documento de trabajo que servirá de base para el dictamen de Aleksandra Dulkiewicz (PL/PPE), alcaldesa de Gdansk, sobre el Plan de Acción Europeo para la Democracia (EDAP) propuesto por la Comisión Europea. «El EDAP tiene como objetivo empoderar a los ciudadanos y construir democracias más resistentes en la UE promoviendo elecciones libres y justas, reforzando la libertad de los medios de comunicación y contrarrestando la desinformación», ha concluido.

La Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica ha pedido retirar una Proposición No de Ley (PNL) aprobada la semana pasada en el Congreso por la que se insta al Gobierno a crear un ciclo formativo de grado superior de supervisión socioasistencial en residencias de mayores porque consideran que es un problema que «no requiere de nuevas titulaciones sino de enfermeras».

«El liderazgo del cuidado en los centros de mayores es enfermero y por ello quién mejor que las enfermeras y las enfermeras especialistas para abanderar la calidad del cuidado y el fomento de entornos seguros para las personas mayores», explican desde la SEEGG en un comunicado recogido por Europa Press.

La PNL fue aprobada el pasado 23 de marzo en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados con el voto a favor de todos los grupos excepto de ERC y Junts per Catalunya, que abstuvieron.

En defensa de la PNL, la diputada del PSOE María Luz Martínez explicó que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de «contar en las residencias con personal cualificado»; y aseguró que desde las patronales de la dependencia han manifestado «la necesidad de perfiles dedicados a la coordinación y supervisión en residencias».

Si bien, desde la SEEGG han enviado una carta a la diputada del PSOE en la que le exigen «la inmediata retirada de tal iniciativa y la planificación de medidas eficaces y eficientes consensuadas con quienes tienen la capacidad, la competencia y el conocimiento para aportarlas».

«A la par le solicitamos tenga a bien concedernos una reunión en la que podamos trasladarle tanto las evidencias científicas como las propuestas de solución a un problema que no requiere de nuevas titulaciones sino de enfermeras», subrayan.

La SEEGG pone de manifiesto que las estructuras y la dotación de recursos humanos, en especial de profesionales de enfermería «no se han ido ajustando» al aumento en la demanda de cuidados y de la complejidad de los mismos.

«Para proporcionar todos estos cuidados y que el sistema social se coordine con salud no precisa de la creación de nuevos perfiles profesionales que chocaría con las competencias de otros colectivos ya existentes y consolidados en las residencias», insisten.

A su juicio, lo importante es «dotar a los centros de los equipos multiprofesionales amplios» y «potenciar la imagen de la enfermera en las residencias, no solo por su labor asistencial sino también por las competencias de gestión, docencia e investigación».

«Más aún es preciso integrar la imagen de las enfermeras especialistas en geriatría no solo en los cuadros de mandos de las residencias sino también en todos aquellos espacios donde se tomen decisiones entorno a las personas mayores», remarcan.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 1 año y nueve meses de cárcel al director de una sucursal bancaria que estafó a dos ancianos cuando acudieron a la entidad a renovar una imposición a plazo fijo, y a quienes dio a firmar una extracción de 6.000 euros, dinero con el que se quedó.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que, a su vez, confirmó la decisión de la Audiencia Provincial de Castellón de condenar al acusado a pena de cárcel por delitos de estafa y falsedad documental, a una multa de 6.300 euros, y obligó a indemnizar con 6.000 euros más los intereses a los dos ancianos.

Los hechos probados relatan que el 19 de enero de 2015, el director de una sucursal de Bankia en Almazora (Castellón) advirtió que en la proximidad de su despacho estaban sentados en actitud de espera una mujer de 85 años de edad y su hermano de 82, quienes habían acudido a renovar una imposición a plazo fijo que habían realizado tres años antes y vencía ese mismo día.

Esa operación estaba asociada a una cuenta titularidad de ambos, en cuya cartilla estaba reflejada la imposición y el pago de los intereses que trimestralmente había ido generando.

«El acusado, tras preguntar a estos clientes y enterarse de su razón de espera, se identificó como el director de la oficina ofreciéndose para atenderles, haciéndoles pasar a su despacho», detalla la sentencia del Supremo.

Continúa narrando que una vez los clientes facilitaron sus datos y la cartilla, el acusado preparó la documentación de la renovación y, guiado por el «ánimo de lucro», hizo que la anciana firmara no el documento de esta operación (pese a que ésta sí se cursó pero sin la firma de los titulares), sino en un recibo de «disposición en efectivo» por importe de 6.000 euros para simular que le era solicitado un reintegro por la misma.

Para apropiarse de los 6.000 euros, el director de la sucursal, mientras estaba con los clientes, se puso en comunicación por vía interna con una empleada de caja para solicitarle que preparase esa cantidad de dinero. La sentencia señala que los clientes salieron de la oficina «confiados en que todo estaba en orden» y sin mirar la documentación contenida en un sobre y solo se dieron cuenta de la estafa «al momento de vencer el plazo fijo, o sea trece meses después».

SUFICIENTES PRUEBAS PARA ACREDITAR LA CULPABILIDAD

El Supremo ha desestimado el recurso de casación formulado por el condenado y por la entidad bancaria debido a que el «rico acervo probatorio» acredita la culpabilidad del director del banco. Así, destaca que la renovación de la imposición a plazo era una operación «no automática» que requería de firma al igual que la retirada de efectivo».

También tiene en cuenta que los ancianos acudieron a la renovación el día de vencimiento y dijeron firmar una operación, que creían ser la de la renovación, mientras que en la entidad bancaria tan sólo figura la firma para la retirada de efectivo de una cartilla, que según la perjudicada, nunca antes se había sacado dinero.

Asimismo, los magistrados subrayan que otra prueba es la diferencia de 30 minutos entre la constancia en el ordenador del acusado del supuesto pago de los 6.000 euros a los clientes y el reflejo de la entrega material de ese dinero en efectivo al director.

Por todo ello, el Supremo afirma que la culpabilidad del recurrente, «no solo es lógico sino que además es sólido y suficientemente concluyente en el sentido de permitir descartar cualquier otra hipótesis alternativa que diese coherencia a los hechos que se declaran probados».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido hoy de gobierno feminista después de anunciar los cambios que ha realizado en su gabinete ministerial motivados por la salida del Ejecutivo del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Con el ascenso de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, a vicepresidenta tercera del Gobierno, son cuatro las vicepresidentas del Ejecutivo y suma una mujer más como ministra al nombrar a Ione Belarra como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.

De esta forma, las cuatro vicepresidentas del Gobierno pasan a ser mujeres, algo que Pedro Sánchez ha destacado, dejando claro que su Ejecutivo es el sexto que tiene mayor proporción de mujeres y el cuarto dentro de la Unión Europea.

Pedro Sánchez ha comparecido a las 17:30 horas de esta tarde en las escalinatas del Palacio de la Moncloa, después de haber comunicado al Rey los cambios y haberse reunido con las cuatro vicepresidentas del Ejecutivo.

Ha recordado que esta remodelación se ha producido por la decisión de Pablo Iglesias de concurrir a las elecciones madrileñas del 4 de mayo y ha querido agradecer públicamente el trabajo del vicepresidente saliente a lo largo de este último año y desde que acordaron el Gobierno de coalición para, ha dicho, «sacar a España del bloqueo» y emprender el camino del progreso para la sociedad española.

Un agradecimiento que ya había transmitido al líder de Unidas Podemos durante la reunión de hoy del Consejo de Ministros, el último al que ha acudido Pablo Iglesias, sobre todo teniendo en cuenta, según ha precisado, que se encontraron con el «gigantesco reto» de afrontar una pandemia, una de las peores situaciones que ha afrontado la humanidad en los últimos años.

No obstante, ha señalado que «pese a las diferentes visiones» que tienen sus respectivos partidos, el PSOE y Unidas Podemos, considera que en el Gobierno de coalición siempre ha prevalecido «la responsabilidad».

Tras este reconocimiento de la tarea de Iglesias, Sánchez ha expuesto los cambios de su gabinete, donde la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, pasará a ser la segunda manteniendo sus competencias en materia económica; Yolanda Díaz, que sigue siendo ministra de Trabajo, y «reemplazará a Iglesias», asume también la vicepresidencia tercera y la secretaria de Estado de la Agenda 2030 asciende a ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Sánchez, que tras el anuncio se ha fotografiado con las cuatro vicepresidentas en las escalinatas de Moncloa, ha asegurado que las mujeres que hoy nombra en sus nuevos cargos han desempeñado una «labor destacable» en sus distintas responsabilidades, con «actitud resolutiva y constructiva», demostrando, ha dicho, que para los grandes consensos es necesario «unidad y diálogo». «Cuentan con mi confianza y apoyo», ha remachado.

«CUATRO MUJERES CAPACES, EJEMPLARES E INTACHABLES»

Dicho esto, Pedro Sánchez ha querido sacar pecho de contar con uno de los Gobiernos «más igualitarios del mundo». Se trata, según ha apuntado, del sexto con más mujeres y del cuarto dentro de la Unión Europea.

Se trata, según ha precisado, de un Gobierno feminista que aboga por la igualdad real entre hombres y mujeres porque pone al frente del Ejecutivo a liderazgos feministas y con perspectiva de género que hacen real la igualdad entre hombres y mujeres.

Ha destacado que son cuatro mujeres las que ocupan las cuatro vicepresidencias del Gobierno: «cuatro mujeres capaces, ejemplares e intachables».

Asegura que su destacada posición es motivo de orgullo para muchas mujeres y también para los hombres y cree que todos los españoles se pueden sentir orgullosos de que España vuelva a «colocarse como referencia internacional en derechos y libertades» con un Gobierno cuya prioridad, ha añadido, es «seguir gestionando la pandemia, la crisis económica y la social.

Para Pedro Sánchez, el año 2021 será el año de la vacunación y por tanto, ha precisado, «el de la recuperación económica», en el que se pondrán en marcha las grandes transformaciones como crear empleo y desarrollar una España más sostenible, digital y feminista con un Gobierno progresista que ha situado hasta 2023.

Se ha mostrado decidido a desempeñar esta tarea «con humildad» pero «con determinación» con las demandas de la sociedad que son, según ha recalcado: la vacunación, la recuperación y la protección social.

La Comisión de Derechos Sociales del Senado ha aprobado una moción por la que insta al Gobierno a impulsar la nueva Estrategia Nacional de Inclusión Social de la Población Gitana, a combatir el fracaso y la segregación escolar del alumnado gitano y a erradicar la infravivienda y el chabolismo.

El texto, presentado por el PP y transaccionado con el Grupo Socialista, ha sido aprobado con los votos a favor del PP, PSOE, Ciudadanos, y la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya, PNV y Junts per Catalunya.

En concreto, instan al Ejecutivo a impulsar la nueva Estrategia Nacional de Inclusión Social de la Población Gitana, tras terminar la Estrategia Nacional para la inclusión de la población gitana en España 2012-2020, que ofrezca un marco político que garantice la igualdad de oportunidades de las personas gitanas.

Asimismo, le piden que promueva los Programas de Cooperación Territorial para combatir el fracaso escolar, poniendo en marcha medidas de orientación, de apoyo y de refuerzo educativo adaptadas a las necesidades del alumnado en situación de vulnerabilidad, como el alumnado gitano, para asegurar que terminan la etapa obligatoria, y continúan estudiando.

Igualmente, le proponen poner en marcha medidas para prevenir y combatir la segregación escolar, garantizando «una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado y evitar su segregación por razones socioeconómicas o de otra naturaleza, abordando así el problema de la alta concentración de alumnado gitano en determinados centros educativos».

También señalan la necesidad de promover nuevos Planes de acción para la erradicación del chabolismo y la infravivienda, en el marco del Plan Estatal de Vivienda, dotados de los recursos necesarios, y aplicando metodologías encaminadas a soluciones estables y definitivas, que combinen las medidas de realojo con otras de acompañamiento y apoyo social a las familias durante todo el proceso.

Además, le instan a seguir desarrollando programas de formación y acompañamiento hacia el empleo, adaptados a los grupos más desfavorecidos y alejados del mercado laboral, como la población gitana, con medidas específicas para jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Los grupos sugieren asimismo ofrecer una atención especial a la infancia gitana en el diseño de medidas políticas o asignación de recursos para abordar la pobreza infantil.

El texto incide en la importancia de promover actuaciones dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres gitanas, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, promoviendo medidas para su desarrollo social, personal y laboral, «que sirvan para compensar las desventajas y barreras que sufren en su doble condición de mujeres y gitanas» y teniendo en cuenta el efecto de la pandemia.

Finalmente, proponen aprovechar la oportunidad que ofrecen los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, y priorizar la inversión específica para la comunidad gitana, y llevar a cabo «un reconocimiento institucional de la comunidad gitana poniendo en valor su historia y su cultura, y generando las condiciones para una participación plena.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos del exgerente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) Germá Gordó y de las formaciones políticas CDC y PDeCAT contra el auto del juez José de la Mata en el que proponía juzgarlos en el denominado caso del ‘3 por ciento’ sobre la supuesta financiación irregular a la formación política extinta a través de licitaciones de obra pública.

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, presidida por Ángela Murillo, destacan en sus autos que existen indicios de la participación delictiva de las personas investigadas y que su definitiva responsabilidad en los hechos se dirimirá en el correspondiente juicio oral.

La Sala ha resuelto ya cerca de una treintena de recursos presentados contra el auto de pase a procedimiento abreviado dictado el 30 de julio de 2020 por el hasta ahora juez del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata –ahora representante de España en Eurojust–, en el que propuso juzgar a 31 personas físicas y 16 jurídicas por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Aún están pendientes de resolver otros siete recursos.

RED DE ALTOS CARGOS DE CDC QUE CONTROLARON ADJUDICACIONES PÚBLICAS

Sobre los recursos ahora resueltos, la Sección Cuarta recuerda que en este procedimiento, conocido como el del ‘3 por ciento’, se ha investigado la posible existencia de una red estructurada de personas, integrada por altos cargos de CDC que en el período entre 2008 y 2015 llevaron un control y seguimiento de licitaciones de obras y servicios públicos anunciados por distintas administraciones públicas situadas en la órbita del partido.

Esos altos cargos, apuntan los autos, «supuestamente se concertaron, por un lado, con cargos públicos y funcionarios de dichas administraciones públicas, y, por otro lado, con determinados empresarios que concurrían a la licitación de aquellas obras y servicios».

«A tales empresarios se adjudicaban las obras y servicios, muchas veces mediante la alteración del procedimiento administrativo, a cambio de regalos o de abonar supuestas comisiones (denominadas ‘donaciones’) a las fundaciones dependientes de CDC (llamadas ‘Fundació Catalanista i Demócrata’ –Catdem– y ‘Fundació Forum Barcelona’) cuyos importes revertían en CDC y servían para financiar sus actividades», explica la Sala.

Gordó, que se encuentra investigado también en la pieza separada de este caso por el presunto blanqueo de capitales en pequeñas cantidades en CDC –lo que se conoce como ‘pitufeo’–, planteó en su recurso la incompetencia de la Audiencia Nacional para juzgar los hechos y la falta de solidez de los indicios contra él. También se quejó de la «arbitraria» selección realizada por el instructor en la investigación, que, de las 31 licitaciones analizadas, focalizó cuatro en las que habría participado el recurrente.

La Sala rebate los argumentos de Gordó y afirma que la exposición y las conclusiones expuestas en el auto no parecen arbitrarias, sino «razonables» y añade que el hecho de acotar a cuatro las licitaciones en las que pudo intervenir el exdirigiente de CDC parece más «una labor de depuración incriminatoria».

El tribunal señala que De la Mata recogió en su resolución los expedientes de contratación, con las menciones a Gordó, que avalan las conclusiones alcanzadas por el instructor «cuando alude, a lo que aquel expresaba en pro de esa triangulación con autoridades y empresarios, a más de detallar en cada caso, los datos indiciarios que ha manejado y que son suficientes a los fines del dictado de la resolución combatida».

«MISMA ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y RECURSOS» EN CDC Y PDECAT

En cuanto al recurso del PDeCAT, formación a la que el juez propuso juzgar como persona jurídica, los magistrados consideran que existe constancia de la posible participación de este partido en las supuestas actuaciones delictivas investigadas, a pesar de su fundación con posterioridad a los hechos enjuiciados.

«Esta discordancia temporal no es tal si tenemos en cuenta la tesis del magistrado instructor acerca de la supuesta disolución del partido Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y la coetánea creación del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) que guarda una identidad sustancial con la estructura, funcionamiento y recursos humanos y materiales procedentes del partido extinto, que sin embargo subsiste a los efectos de cobro de subvenciones pendientes de recibir», explica el auto.

En este sentido, la Sala argumenta que existen sólidos indicios sobre la creación del nuevo partido en julio de 2016 para desvincular a la precedente CDC de las responsabilidades criminales que pesaban sobre ella, «derivadas del cobro, a través de sus fundaciones Catdem y Forum Barcelona, de numerosas donaciones abonadas por empresas y empresarios que habían recibido alguna adjudicación de obras de alguna de las administraciones públicas gobernadas por CDC, o bien tenían serias expectativas de lograrlo».

En otro auto, la Sala resuelve el recurso de CDC y contesta a la formación extinta que no se trata de contadas reuniones y de unas cuentas donaciones, como sostiene la formación política, sino de «una operación subjetiva triangular, puesta en práctica en numerosas ocasiones, con idéntico motivo por razón de adjudicaciones a distintas empresas, procediendo en todos los casos de igual manera, respondiendo al mismo patrón de comportamiento».

«NÍTIDOS INDICIOS» DE UNA ADJUDICACIÓN IRREGULAR

Por último, la Audiencia Nacional también ha rechazado el recurso del empresario Ramón Blázquez Martínez y su empresa Certis Obres i Serveis contra su procesamiento por este caso de corrupción al entender que no se puede afirmar que se concertara con altos cargos de CDC ni con otros cargos de índole política para beneficiarse de la adjudicación de obras públicas.

Según dice el investigado, tan solo mantuvo dos reuniones en 2011 y la única licitación tiene «una clara desconexión» de la donación de 75.000 euros que hizo dos años antes a Catdem.

Los magistrados insisten en que el auto del juez De la Mata expone «nítidos indicios de participación delictiva perpetrada» por los recurrentes, pues existe constancia de la posible participación de Blázquez en hasta seis reuniones y encuentros (dos en 2011 y otras cuatro en 2012) con el extesorero de Catdem Andreu Viloca –también propuesto juzgar–, según la agenda de éste, de la que se desprende que ambos trataron de la adjudicación de la obra en la que llegó a participar Certis Obres i Serveis.

La ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, ha pedido hoy a la presidenta de la comunidad de Madrid que no busque culpables y la ha acusado de ser ella quien ha alentado que lleguen a Madrid turistas nacionales e internacionales, a pesar, ha dicho, de que en la Conferencia Sectorial del Covid con las CCAA se acordó restringir la movilidad.

Maroto respondía así a las afirmaciones de Isabel Díaz Ayuso de que el aeropuerto de Madrid-Barajas es «un coladero» porque aunque la normativa exige una PCR negativa, ésta no se les requiere después a los viajeros cuando llegan a España.

«La presidenta de la Comunidad de Madrid, en lugar de poner soluciones a los problemas, lo que hace siempre es buscar en otros los culpables, tenemos protocolos muy rigurosos con los que nos hemos dotado a nivel de la UE y la entrada en España, no solo por Barajas, tiene los controles de seguridad como es un PCR negativo», ha espetado la titular de Industria y Turismo.

Según Reyes Maroto, ha sido la presidenta de Madrid quien ha alentado a que llegasen a la región no solo los turistas internacionales, también los españoles, cuando votó en contra de restringir la movilidad en Semana Santa. «A esas consecuencias es a las que tiene que dar solución», ha exclamado la ministra tras la reunión en su Ministerio de la Conferencia Sectorial de Turismo.

En opinión de Maroto, esta situación no se está produciendo en ninguna otra ciudad española que también tiene conectividad internacional: «está pasando en Madrid. Para la ministra, el problema lo tienen la Comunidad y el Ayuntamiento, por haber «alentado este tipo de viajes». «Nosotros hemos recomendado que en esta Semana Santa no se viajara si no fuera por motivo de necesidad», ha apostillado.

Asegura, además, que la recomendación es la misma para los viajeros internacionales y señala que «se puede viajar en espacio Schenguen con elementos de seguridasd como la PCR». Pero se muestra preocupada por que no se den soluciones una vez que efectivamente estos viajeros están en territorio español.

En cualquier caso, Reyes Maroto ha pedido «prudencia» a estos viajeros porque todos los países están combatiendo una pandemia y ellos también tienen que ser parte de la solución.

En este sentido, y como ministra de Turismo, ha expresado su deseo de que cualquier viajero que venga a nuestro terrotorio cumpla «estrictamente» las medidas de seguridad.

AÚN NO SE DAN LAS CONDICIONES PARA RECUPERAR VIAJES CON DESTINO ESPAÑA

Al ser preguntada si espera que estos días de Semana Santa lleguen a España turistas británicos a pesar de que su Gobierno ha amenazado con multas de hasta 5.000 libras a sus nacionales que abandonen el país, Maroto ha respondido que todos los países están recomendando prudencia a la hora de moverse.

Y en el caso concreto de Reino Unido, admite que la movilidad puede desarrollarse con «mayor seguridad» dado que los porcentajes de vacunación que tienen son más altos.

No obstante, cree que «no se dan todavía las condiciones para recuperar los viajes con destino España» y ha pedido esperar porque España se está preparando como destino, vacunando cada vez a más población, trabajando el certificado digital, del que asegura que «va a ser un elemento para garantizar la movilidad segura». Por eso, ha insistido, los ministros de Turismo piden prudencia para «encarar el verano con seguridad». «Tenemos que ir paso a paso», ha remachado.

El juzgado de Instrucción número 5 de Castellón ha acordado abrir procedimiento abreviado contra ocho investigados por la difusión del bulo del Bar España, al considerar que existen indicios racionales de delitos contra la integridad moral, contra la administración de justicia, contra el honor y delitos cometidos con ocasióndel ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución.

Además, se abre dicho procedimiento también contra otro investigado como responsable civil, y se declara extinguida la acción penal contra otros dos por haber fallecido.

Así mismo, se ha acordado el sobreseimiento provisional de la presente causa respecto a 12 investigados por considerar que no resulta debidamente justificada la perpetración de ninguno de los delitos respecto de ellos, y se mantiene el sobreseimiento respecto de otros dos investigados hasta que sean hallados o prescriban los delitos por los que se acordó atribuirles la condición de investigados.

El auto indica que, de la investigación llevada a cabo y de las diligencias practicadas, hay indicios de que, al menos desde 1998, varias personas han sido objeto de continuas informaciones falsas aparecidas en distintas páginas, blogs y canales, relacionándoles con una organización de corrupción mafiosa, política, judicial y de pederastia relacionada con reuniones mantenidas por los mismos y hechos atroces cometidos por ellos, «todos ellos rotundamente falsos».

Así, se señala que los perjudicados han sido objeto de una permanente campaña de acoso y desprestigio público mediante la formación de imputaciones delictivas y denuncias falsas dirigidas de forma organizada y consecutiva a distintas instancias jurídicas, lo que ha dado lugar a diversos procedimientos judiciales.

Añade que se trata de una actuación orquestada bajo la dirección de una persona ya fallecida y condenada por un juzgado como autora de un delito de acusación y denuncia falsa, con una «permanente y necesaria» colaboración en cada caso por cada uno de los encausados, que se han ido sumando a la finalidad perseguida de actuar de forma infamatoria contra los perjudicados, «atentando gravemente contra su integridad moral e instigando artificialmente un odio contra sus víctimas, afectando a su honor».

Entre los perjudicados por estos hechos se encuentran el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra; y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.

El Defensor del Pueblo de la comunidad valenciana, Ángel Luna, ha instado a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat a respetar «el derecho fundamental» de los diputados de Les Corts Valencianes «a solicitar datos, informes y documentos a todas las instituciones y organismos de la Generalitat».

Así se recoge en la recomendación que Luna ha remitido a esta entidad a partir de la queja planteada por la portavoz adjunta del PP en la Cámara autonómica, Eva Ortiz, respecto al acceso por parte de los parlamentarios a la información publicada por dicha agencia.

El escrito del Síndic de Greuges, explica que la queja de Ortiz aludía a una información en la que desde la dirección de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude se hablaba de que Ortiz y otras diputadas ‘populares’ «abusan del ejercicio de sus derechos reconocidos en el Reglamento de Les Corts para solicitar información» al citado organismo.

Asimismo, señala que se refería también a un escrito remitido por el responsable de la agencia a la presidencia de Les Corts para exigir la reinterpretación del artículo 12 del reglamento de la Cámara valenciana «de un modo que impida a los diputados el pleno ejercicio de los derechos que tienen reconocidos».

«No solo obvia así el director de la agencia que el Reglamento de Les Corts no es una norma con rango de ley más, sino que goza de una posición ordinamental privilegiada frente al resto del derecho autonómico valenciano y se haya integrado, como el Estatuto de Autonomía, en el bloque de constitucionalidad», apuntaba la parlamentaria en su queja según el Síndic.

Igualmente, ha resaltado que Eva Ortiz aludía a una sentencia de junio de 2020 en la que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), «sumo intérprete del derecho autonómico valenciano», se pronunciaba sobre un recurso contencioso-administrativo que interpuso ella misma ante «una desestimación» del responsable de la agencia sobre una solicitud de información de documentación.

«Dicha agencia está obligada a entregar la documentación», recoge la queja. La representante del PP defiende en su escrito que así se estimaba «íntegramente el recurso al considerar el sometimiento de la agencia al artículo 12 del Reglamento –de Les Corts–» y censuraba que «todavía» no se había cumplido esa premisa, además de explicar que, «pese al criterio claro» el TSJCV ha presentado «otros dos recursos contencioso-administrativos para poder ejercitar» sus derechos.

Eva Ortiz lamentaba en su reclamación que «el director de la agencia no solo mantiene una actitud que obstaculiza claramente el ejercicio de los derechos de los diputados» sino que «en lugar de ejecutar los pronunciamientos judiciales y acatar su interpretación normativa, busca fórmulas para evadirlos».

Asimismo, el Síndic de Greuges explica que desde la institución que dirige se pidió a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana que «detallara las medidas adoptadas para facilitar» a Ortiz «el ejercicio del derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española –sobre el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones–, interpretado en la sentencia del TSJCV.

La recomendación de Luna indica también que desde dicha agencia se le trasladó que el fallo facilitado por la diputada «no es firme» y que la ley de la Generalitat de creación de este órgano, de noviembre de 2016, es «especial y posterior» al reglamento de Les Corts, de 2006, es la que regula sus «funciones y los principios y procedimientos que rigen las relaciones» con el Parlamento.

Además, la entidad ha señalado en su respuesta a Luna que está adscrita a la Cámara autonómica, «con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines» y que «actúa con independencia de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones».

«DE FORMA INDEPENDIENTE»

«La voluntad expresa e inequívoca del legislador al crear esta agencia era y es que no forme parte del gobierno valenciano (ejecutivo) ni de sus sector público vinculado. La agencia es un órgano público de control externo que actúa fuera y de forma independiente a la acción del ejecutivo», plantea.

Por otro lado, desde la Agencia contra el Fraude se ha considerado que la interpretación de la sentencia mencionada por la diputada «infringe numerosa jurisprudencia» con «base en que el derecho de los parlamentarios a acceder a la información no es absoluto sino de configuración legal», tras lo que se señala que «conforme el antecitado apartado 2 del artículo 12 pueden existir ‘razones fundadas en Derecho’ que impidan acceder a este tipo de solicitudes».

El Síndic de Greuges agrega que en respuesta a estos argumentos, Eva Ortiz censuró que la agencia «ha adoptado por sistema la denegación» de sus peticiones y de otros miembros del PP «sobre sus expedientes de investigación, a pesar de que su criterio carece de sustento jurídico y es rechazado expresamente por el TSJCV, el Supremo y los servicios jurídicos de Les Corts».

Luna expone también que el letrado director de Gestión Parlamentaria y Publicaciones de la Cámara asegura «la vigencia del artículo 12» de su reglamento y dice que «no hay habilitación para dictar una resolución de carácter general con el objeto de limitar las facultades reconocidas en el artículo 12».

«UNA ENTIDAD DE LA GENERALITAT»

El Síndic de Greuges estima que los diputados de Les Corts «tienen derecho a solicitar información y documentación a la agencia –«una entidad de la Generalitat adscrita a Les Corts»–, tanto respecto a expedientes de investigación terminados, como en tramitación».

En esa línea, concluye que mientras no cambie el mencionado artículo «la autora de la queja tiene derecho a solicitar toda la información que estime conveniente la Agencia» contra el Fraude aunque matiza que la entidad puede «denegar el acceso total, siempre de forma motivada, a la identidad del denunciante o del denunciado» o suprimir parte de los datos de forma motivada.

La Abogacía del Estado ha remitido ya al Tribunal Supremo (TS) su informe sobre los indultos solicitados para los condenados por el ‘procés’, donde rehúsa pronunciarse a favor o en contra de la concesión de los mismos, por considerar que es una decisión que compete únicamente al Gobierno, si bien aclara que el «perjuicio económico» provocado con el referéndum independentista del 1-O estaría reparado.

En el escrito enviado por la Abogacía del Estado a la Sala de lo Penal del TS, ha indicado que «ni el informe que se acompaña al presente escrito ni el escrito mismo incorporan una valoración sobre ‘la justicia o conveniencia y forma de la concesión de la gracia'».

Y ello, ha explicado, porque informa en su condición de «parte ofendida» en representación de la Hacienda Pública por el perjuicio económico causado por el 1-O a la Administración General del Estado (AGE), una AGE de la que también forman parte «tanto el órgano que debe formular la propuesta de indulto (el ministro de Justicia) como el órgano que debe acordarlo (el Gobierno)».

«Dada la personalidad jurídica única de la Administración General del Estado (…), no corresponde a la Subsecretaría de Hacienda ni a esta Abogacía del Estado, en su representación, en cuanto órganos de la propia Administración General del Estado, manifestarse sobre la justicia o conveniencia del indulto o sobre la forma de la concesión de la gracia, pudiendo entenderse en el caso de hacerlo que con ello se estaría anticipando o determinando el sentido de una decisión que solo al Gobierno compete», ha esgrimido.

MÁS DE CUATRO MILLONES DE EUROS

Así, el informe se limita a analizar «exclusivamente» lo relativo al delito de malversación de caudales públicos por el que fueron condenados el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, sin mencionar las condenas por sedición que recayeron sobre ellos y otros cinco acusados.

Los Servicios Jurídicos del Estado han considerado que el daño económico ya ha sido resarcido y se apoyan para ello en el informe emitido por el Tribunal de Cuentas que acredita que los 4,1 millones de euros fijados como liquidación provisional en el juicio contable por los gastos y pagos del 1-O ya han quedado garantizados.

«Habiéndose determinado provisionalmente el alcance y sus presuntos responsables, y encontrándose garantizada esa cantidad a día de hoy, tal y como establecen la providencia de 24 de febrero de 2020 del Tribunal de Cuentas y el informe de la Subsecretaria del Ministerio de Hacienda de 25 de marzo de 2021, ese afianzamiento constituye un elemento que repararía el perjuicio económico producido a la Hacienda Pública», ha sostenido.

En enero de 2020, se practicó la liquidación provisional por los gastos y pagos del referéndum ilegal en la que se declaró un presunto alcance por importe total de 4.146.274,97 euros: 3.903.294,86 euros por el principal y 242.980,11 euros por los intereses estimados desde que ocurrieron los hechos hasta esa liquidación provisional.

El acta de liquidación provisional, elaborada tras la instrucción y válida hasta que se dicta sentencia, conlleva que los presuntos responsables han de afianzar o depositar las cantidades que se han determinado. En este caso, los 4.146.274,97 euros fueron afianzados en febrero de 2020.

Los Servicios Jurídicos del Estado preguntaron el pasado 10 de febrero al TS por esta «información complementaria» relativa a la devolución de las cantidades malversadas en el ‘procés’, al considerarlo imprescindible para poder elaborar su informe sobre la conveniencia o no de otorgar indultos a los líderes independentistas condenados por el TS.

En la sentencia del ‘procés’, los magistrados del Supremo ya fijaron que sería el Tribunal de Cuentas el encargado de dirimir y reclamar la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido los cuatro condenados por malversación de fondos públicos.

DEJA A UN LADO LAS CONDENAS POR SEDICIÓN

La Abogacía ha centrado su informe en los indultos a los cuatro penados por malversación, dejando a un lado las condenas por sedición, un delito por el que también acusó y por el que fueron condenados asimismo la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, los ex consejeros Joaquim Forn y Josep Rull, y Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Lo ha justificado por el hecho de que se personó en la causa como acusación particular por «los posibles perjuicios a los derechos de la Hacienda Pública estatal que se habrían producido en relación con los acontecimientos ocurridos en Cataluña entre julio y octubre de 2017, perjuicios derivados tanto de los fondos de carácter estatal que integraban los diferentes mecanismos de financiación de la Comunidad Autónoma catalana (…) como de los distintos mecanismos de condicionalidad o control que se establecieron».

Ha argumentado que, si bien «es cierto que, una vez cumplido el presupuesto que le legitima para actuar como parte ofendida, la intervención posterior de la acusación particular como tal acusación puede hacerse con toda amplitud, en las mismas condiciones que la acusación pública», «en la Ley del Indulto no se contempla la emisión de informe por todas las partes acusadoras, sino únicamente por el Ministerio Fiscal y por la parte ofendida».

«Por lo tanto», ha concluido, «parece lógico que el contenido del informe a emitir se limite al bien jurídico protegido que determina la condición de ofendido». «Y ello con independencia de que, una vez reconocida como acusación en el proceso por ostentar la condición de ofendido, se haya podido formular acusación por todos los hechos investigados aunque no se ostente tal condición respecto de alguno de ellos», ha incidido.

LA FISCALÍA, EN CONTRA

La Sala de lo Penal ya ha recabado la información penitenciaria respecto de los doce condenados y el informe de la Fiscalía, que se opone a la concesión de la medida de gracia, debido la gravedad de los hechos y al entender que no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen su aplicación.

Tras analizar los argumentos de las dos acusaciones que ejercieron en el juicio, la Sala II emitirá su propio informe, si bien ninguno de ellos es vinculante para el Gobierno, que es el que debe decidir sobre la concesión o no de los indultos solicitados.

Se presentaron al menos siete peticiones de indulto a favor de Junqueras; los ex consejeros Bassa, Forn, Rull, Romeva, Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó –estos tres últimos condenados por desobediencia–; los ‘Jordis’; y Forcadell. Algunas de ellas se refieren a todos los condenados y otras solo a algunos.

El indulto referido a Junqueras –condenado a 13 años por sedición y malversación de caudales públicos– fue presentado por varios internos de la cárcel de Lledoners donde cumple su pena, el presidente del partido Justicia Económica y Social (JES) Sergio Querol, el jurista Francesc Jufesa y otro particular, Juan Andrés Arnáiz Cabezas, quienes pedían el indulto total o parcial mediante la reducción de la pena de prisión impuesta o la sustitución de esta por pena de inhabilitación.

EL TRÁMITE DEL INDULTO

El indulto puede solicitarse por el propio condenado, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre. La concesión, en caso de producirse, compete al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, y debe acordarse mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció en una comparecencia parlamentaria del pasado 23 de septiembre que los indultos solicitados a favor de los condenados por el ‘procés’ comenzarían a tramitarse la semana siguiente y, en una entrevista concedida el 30 de diciembre a Rac1, auguró que terminarían en el primer semestre de 2021.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido contra el Gobierno que preside Pedro Sánchez después del anuncio, tras el Consejo de Ministros, de que llevará ante el Tribunal Constitucional la ley de salud de Galicia. «Vaya idea de cogobernanza», ha reprochado.

En un tuit tras conocerse la noticia, Feijóo se ha pronunciado públicamente al respecto de la decisión del Consejo de Ministros de este martes, que ha adoptado este acuerdos tras el informe del Consejo de Estado pero sin abrir un canal de diálogo con la Comunidad gallega.

«Tras un año haciendo oídos sordos al clamor para aprobar una norma para gestionar la pandemia, el Gobierno tampoco deja actuar a las comunidades y recurre la Ley gallega de salud, en plena Semana Santa y sin abrir una negociación ni dirigirse a la Xunta. Vaya idea de cogobernanza», ha manifestado a través de esta red social el mandatario autonómico, que ha presidido este martes el comité clínico que asesora al Gobierno gallego en la toma de decisiones en la pandemia.

Precisamente, preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior al comité clínico, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha lamentado que el Gobierno central haya decidido elevar al Tribunal Constitucional la Ley gallega de salud, recientemente modificada en el Parlamento de Galicia para incorporar legislación sobre la pandemia, y no haya buscado previamente el diálogo con la Comunidad autónoma a través de la comisión bilateral en la que se debaten los conflictos de competencias.

El conselleiro de Sandiade ha lamentado que «casi» conocen por los medios de comunicación. Además, ha indicado que apenas hubo un contacto «formal» con el Ejecutivo central.

«Acabamos de enterarnos de esa información del Consejo de Ministros. Nos sorprende que no se produzca ningún tipo de contacto, ni formal ni informal, especialmente los formales, cuando hay mecanismos, que hemos usado en otras ocasiones cuando hay discrepancias», ha subrayado el conselleiro de Sanidade, en referencia a la comisión bilateral Xunta-Estado en la que se dirimen los conflictos de competencias antes de acudir al Constitucional.

«Lo esperable es una comunicación, una llamada o incluso poner en marcha mecanismos habituales como las comisiones bilaterales, que en este caso es lo lógico», ha enfatizado Comesaña, quien ha indicado que, «salvo una llamada de la ministra en el primer momento de publicación de la orden», la Xunta «no tiene ninguna otra información hasta ahora mismo». «Nos hubiese gustado tener información previa y poder usar los cauces habituales, por otra parte», ha insistido.

DEFIENDE LA LEY APROBADA

Comesaña, que no tiene acta de diputado autonómico, ha defendido la normativa aprobada en el Parlamento de Galicia, y que se tramitó por impulso del Grupo Parlamentario Popular, aunque él mismo participó en la presentación del texto legislativo y cuenta con el aval de los letrados de la Xunta.

«Se aprobó creyendo que era una ley necesario. Nosotros creemos firmemente que es una ley necesaria», ha subrayado el conselleiro, quien recordó que la Xunta instó al Ejecutivo central en varias ocasiones, como lo hizo así su presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, a reforma la ley estatal de salud para poder legislar sobre situaciones como la pandemia, con el fin de evitar el recurso del estado de alarma.

«También creíamos que lo lógico era que hubiese una modificación de la ley orgánica», ha recordado, el conselleiro de Sanidade, quien subrayó que Galicia «tuvo que dar el paso para la mejora de la seguridad jurídica». Además, ha asegurado que la normativa gallega «no va contra nadie».

DEFENSA DE FEIJÓO

Ya el pasado 17 de marzo, el propio Feijóo defendió la constitucionalidad de la ley gallega de salud pública y, tras invitar a una «lectura correcta» del texto, él mismo aclaró que solo el Gobierno central con una ley orgánica puede obligar a vacunar. Así, matizó que la norma gallega unicamente prevé cómo hacer en el caso de que se llegue a regular esta cuestión en el Estado español.

Feijóo, que también mostró su confianza en que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez abriría la comisión bilateral, garantizó que «lo que sí» podía «asegurar» es que la asesoría jurídica «está convencida, y el Gobierno (gallego) también, de que no se infringe ninguna ley estatal».

Sobre una de las cuestiones controvertidas, la vacunación –artículo 38.2.b, apartado quinto–, Feijóo defendió que no se ha interpretado de forma correcta e indicó que lo que dice la ley gallega es que «en el caso de que fuese obligatoria la vacuna», lo cual «no» es competencia autonómica, la norma autonómica «dice cómo tendrían que actuar las autoridades del Servizo Galego de Saúde».

EL ARTÍCULO 38

El artículo 38 de la ley gallega de salud recoge las medidas preventivas en materia de salud pública. El apartado número dos de este artículo, se refiere a lo que pueden hacer «las autoridades sanitarias autonómicas, dentro del ámbito de sus competencias, cuando así lo exigiesen las razones sanitarias de urgencia o necesidad» y, precisamente, lo ciñe a «de acuerdo con lo dispuesto en la ley orgánica 3/1986, de 14 de abril». Por tanto, la Xunta defiende que el mandato de la ley gallega está encuadrado en la ley orgánica (las que se dictan en el ámbito estatal).

Dentro de esta definición, la ley gallega señala, ceñido a lo que se disponga en esa ley orgánica, las actuaciones que pueden realizar las autoridades autonómicas «a fin de controlar las enfermedades transmisibles».

Entre otras cuestiones, y siempre «de acuerdo» con lo dispuesto en la ley orgánica, podrán adoptarse medidas como «sometimiento de las personas enfermas a tratamiento adecuado» o (el polémico punto quinto) «sometimiento a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización, con información, en todo caso, de los posibles riesgos relacionados con la adopción o no adopción de estas medidas».