La Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente de la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE) Eduardo «Teddy» Bautista y a otros nueve acusados por el presunto desvío de fondos de la entidad, unos hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción solicitaba penas que iban desde los dos años a los doce años y medio de cárcel por delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad de documento mercantil y asociación ilícita.

La sentencia de la Sección Segunda de la Sala Penal notificada este miércoles explica que la propia SGAE retiró primero la acusación penal y después la civil al no sentirse perjudicada por estos hechos y que, tras valorar la prueba, no ha quedado acreditado que los acusados actuaran al margen de los órganos sociales de la entidad sino que cumplían y ejecutaban los acuerdos adoptados por aquellos.

PERJUICIOS ECONÓMICOS CIFRADOS EN 47,6 MILLONES

En su día también la Fiscalía retiró la petición de responsabilidad civil por los perjuicios económicos causados a la SGAE que cifró en su momento en más de 47,6 millones de euros, tanto respecto de Bautista como del que fuera su ‘mano derecha’ José Luis Rodríguez Neri y las otras ocho personas que fueron juzgadas desde el pasado mes de septiembre en la Audiencia Nacional.

A lo largo de los 178 folios de la resolución, con ponencia del magistrado Fernando Andreu, se describen el funcionamiento y órganos de decisión de la Sociedad General de Autores como entidad privada que tiene autorización para actuar como entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual y los contratos objeto de enjuiciamiento, como los proyectos TESEO y Portal Latino y los acuerdos con SDAE o Microgénesis.

La Sala dice que no queda acreditada la tesis de la acusación sino que más bien, a la vista del acervo probatorio, «debemos afirmar que ha quedado acreditado que todas y cada una de las decisiones de contratación realizadas entre la SGAE y la SDAE y entre esta y Microgénesis fueron conocidas, adoptadas y aprobadas por los órganos de dirección de ambas sociedades, con previo y pleno conocimiento de las condiciones de contratación, con la aprobación presupuestaria anual a cargo de los presupuestos de la SGAE, quien era la última beneficiaria de los productos contratados».

«Productos -añade la Sala- que eran absolutamente imprescindibles para el correcto funcionamiento de la SGAE a fin de dar cumplimiento a sus fines sociales, para la gestión de los derechos de autor, y la retribución de los mismos a los socios, ante el exponencial crecimiento que la reproducción de las obras en medios digitales estaba sucediendo en aquellos años, lo que precisaba, inexorablemente, de la creación de los programas adecuados para la gestión de tales derechos de autor».

Durante su declaración en el juicio por estos hechos, el pasado 15 de septiembre, Bautista afirmó todas las decisiones de contratación de la sociedad con la empresa de José Luis Rodríguez Neri –Microgénesis– venían respaldadas por los órganos de dirección internos correspondientes de la sociedad.

Así, incidió en que de hecho ni si quiera fue él quien introdujo a Neri –que acabó siendo directo de la filial digital de la sociedad (SDAE)– en la SGAE, sino que cuando él le contacta lo hace porque ya era «proveedor habitual»

Esta tesis es acogida por la Sala, que señala en su sentencia que en su función de promoción del repertorio de los socios también era «absolutamente necesaria», la creación de portales o páginas web que dieran a conocer tales obras, sobre todo respecto de los autores menos conocidos, así como también era imprescindible la formación en los nuevos programas del personal que iba a ser usuario de los mismos, el propio personal de la SGAE.

TRABAJOS REALIZADOS

«Queda acreditado que tales trabajos se realizaron, se desarrollaron y se implantaron en la SGAE, y de hecho al día de hoy siguen siendo utilizados por dicha entidad, tal y como consta y han hecho constar los órganos directivos de la Sociedad, quienes se han pronunciado expresamente para constatar que a su juicio ningún perjuicio se ha ocasionado a la sociedad», concluye.

En los fundamentos jurídicos de la sentencia, la Sala indica también que el delito de apropiación indebida exige la prueba concreta de que el administrador ha hecho suyos fondos que le estuvieron confiados o que les ha dado otro destino.

En este caso, aclara la Audiencia, «esa prueba concreta no se ha producido, antes bien y al contrario, a lo largo de la prueba practicada se ha acreditado por las defensas que los fondos de la SGAE, transferidos a la SDAE, se utilizaron para la adquisición y pago de los servicios acordados contratar por los órganos sociales, y que tales servicios se prestaron real y efectivamente bajo unos precios usuales en el mercado, y que en base a tales servicios la SGAE contó con una serie de productos, siendo los principales TESEO y PORTAL LATINO, que le eran básicos para la gestión de la Sociedad en el beneficio de sus asociados, y para la promoción del repertorio y las obras de los mismos».

La sentencia también explica que la SGAE es una entidad de derecho privado, no sujeta a los términos de la contratación en el sector público y la SDAE era otra sociedad privada, participada al 100% por la SGAE, por lo que lo que era bueno para una también lo era para la otra, siendo esta segunda utilizada para actuar con mayor agilidad y eficiencia en el mercado.

Al respecto, señala que en cualquiera de las dos modalidades por las que acusaba de la Fiscalía, bien la principal de apropiación indebida, bien la alternativa de administración desleal, se requiere como elemento típico integrante del ilícito penal la existencia de perjuicio.

«En consecuencia, si no hay perjuicio, no hay delito. Y en el presente caso no sólo es que no se haya acreditado perjuicio alguno derivado de la actuación de los acusados para con la SGAE, sino que es la propia SGAE la que no se considera perjudicada y decide retirarse del ejercicio de las acciones penales y civiles» en esta causa, recuerda.

Para la Sala, de las pruebas practicadas «no solo no se ha venido a poner de manifiesto que los acusados, singularmente D. Eduardo Bautista o D. José Luis Rodríguez Neri hubieren actuado al margen de los órganos sociales o extralimitándose en sus facultades, o de distracción o utilización del bien administrado para un fin distinto del establecido o convenido por los órganos sociales, sino que, antes bien y al contrario, se desprende que los mismos cumplían y ejecutaban los acuerdos sociales».

Unos acuerdos, prosigue, «adoptados por los órganos competentes para ello, a cuyos miembros se informaba cumplida y extensamente de todos los antecedentes necesarios para su información a la hora de tomar decisiones, y así se deriva del contenido de las extensas, rigurosas y minuciosas actas que se confeccionaban y en las que se hacían constar toda circunstancia relevante en la toma de consideración y acuerdo de las decisiones».

El PPCV exige al ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, que cese a los consellers de Educación y Sanidad, Vicent Marzà y Ana Barceló, así como al secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, por el «caos» de la vacunación de los profesionales de la comunidad educativa el pasado lunes, que arrancó unas horas antes de la paralización temporal de las dosis de AstraZeneca por los casos de trombosis en otros países.

Así lo han anunciado los portavoces ‘populares’ de Sanidad y Educación en Les Corts, José Juan Zaplana y Beatriz Gascó, en rueda de prensa. La síndica y presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, también ha tachado de temerario e increíble que el inicio de la vacunación de la comunidad educativa no se suspendiera cuando otros países y comunidades como Andalucía ya habían frenado esta vacuna.

Bonig, en declaraciones tras una reunión de partido en Paterna, ha criticado especialmente que Puig (PSPV) afirmara el lunes que «había que fiarse y que todas las vacunas eran buenas». «Todo hemos visto de ‘paren la vacunación’ a grito pelado», ha criticado sobre lo que tuvo que decir el secretario autonómico a los trabajadores citados para vacunarse en el hospital de campaña de La Fe.

«Esto es propio de Senegal», ha dicho lamentando profundamente la situación porque es un tema serio. Se ha preguntado si la Generalitat no sabía que la Agencia Europea del Medicamento había ordenado la paralización y «si hay alguien al mando de la gestión sanitario».

Ante esta «vergüenza», la ‘popular’ ha urgido a ir más allá del cese de Barceló, que «ya está amortizada», y que Puig asuma responsabilidades, además de exigir más responsabilidad en la Conselleria de Sanidad atendiendo a criterios técnicos. «Si no fuera tan grave, la situación es para reírse», ha apostillado.

Los diputados del PP han añadido que «es la segunda vez que la gestión de Puig pone en ridículo a la Comunitat delante de toda España», recordando la puesta en marcha de los hospitales de campaña y que el 12 de marzo pidieron explicaciones a Sanidad sobre AstraZeneca para saber si había un seguimiento especial del lote apartado en Europa.

«Durante el fin de semana vimos a Puig de visita en los hospitales diciendo que todo estaba controlado y es cuando nos echamos a temblar. Cada vez que Puig dice que todo está controlado tiembla la Comunitat Valenciana», ha ahondado Zaplana, tachando de ensayo ‘fake’ el inicio de la vacunación educativa.

Pero lo peor, ha advertido, es que ahora «no hay plan B» en la vacunación, por lo que ha exigido que todos los grupos de Les Corts apoyen su propuesta de creación de una comisión de investigación sobre las vacunas irregulares, «también los del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem).

Además de pedir la dimisión de Barceló y Marzà, el ‘popular’ ha calificado de cobarde la postura de los dirigentes de Compromís. «Mónica Oltra no ha dado la cara con las residencias, Marzà con los profesores e Isaura Navarro, desde Sanidad, no está haciendo nada. Están cobrando un sueldo y dan vergüenza. No asumen responsabilidad», ha criticado sobre la vicepresidenta portavoz, el conseller de Educación y la secretaria autonómica de Salud Pública.

En cifras, el PP advierte que el total de vacunas inyectadas en la Comunitat es del 78,9% y la media nacional está en 84,8%, con lo que está en el puesto 15 de 17, una posición que baja «de la 16 a la 17 por cada 100.000 habitantes y a la 17 sobre la primera dosis: «Los últimos de toda España».

«A GRITOS Y SIN GUARDAR PROTOCOLOS»

En materia de educación, la diputada ha denunciado que «Conselleria ha fallado en todos y cada uno de los protocolos para garantizar la seguridad de los docentes», como cuando dijeron que eran profesionales de bajo riesgo o «pagaron las consecuencias» de elaborar los planes de contingencia. «Les negaron la enfermera escolar, hacerles PCR, material al inicio de curso y después vino la propaganda», ha enumerado.

Ante la vacunación de profesores, «la guinda del pastel y un esperpento», ha urgido a que alguien dé explicaciones y se ha preguntado por qué la consellera «no descolgó un teléfono y habló con la ministra», Carolina Darias. También ha cuestionado que el Consell diga que no hay problemas cuando «se entró a gritos en las carpas ordenando que se parara la vacunación».

Gascó ha reprochado la actitud del secretario Miquel Soler, «hablando sin guardar protocolos, sin información, sin dar soluciones», y ha acusado al conseller Marzà de estar «escondido toda la pandemia sin querer asumir responsabilidad». Ha reclamado la dimisión de ambos por «cobardía, irresponsabilidad y falta de transparencia» y ha advertido que «los docentes afrontan el peor curso de sus vidas y lo único que reciben de Conselleria es dejadez de funciones y que les dan la espalda».

Por todo ello, el PP presentará una serie de iniciativas y preguntas parlamentarias, como cuántos docentes han sido vacunados, por qué no se paralizó antes la vacuna, que va a pasar con la segunda dosis de los docentes ya vacunados y a qué se debe el «alarmismo» para paralizar el proceso de esta forma.

Los tres diputados expulsados de VOX han anunciado que votarán en contra de la moción de censura presentada por Ciudadanos y PSOE en la Asamblea Regional, lo que impediría prosperar definitivamente esta iniciativa.

Uno de estos diputados, Juan José Liarte, ha corroborado este voto en contra en declaraciones a los medios de comunicación al finalizar el debate de la moción y a las puertas de la Asamblea. «En realidad no es mucho lo que puedo decir pero quizá sí es relevante: no han pasado todavía cinco minutos desde que el Grupo Parlamentario de los diputados libres de VOX ha tomado la decisión de votar mañana ‘no’ a la moción de censura», ha subrayado.

En cuanto a los motivos, ha señalado en primer lugar que «nos ha parecido ilusionante la propuesta del PP de comenzar en Murcia para el resto de España la unificación del centro-derecha». Ha señalado que es una propuesta que escucharon el otro día al secretario general del PP, Teodoro García Egea, y que este miércoles ha esgrimido nuevamente el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, en la Asamblea Regional.

«Y nos parece un proyecto en el que, efectivamente, hay y debe haber cabida para todos», según Liarte. No obstante, ha señalado que su Grupo Parlamentario todavía no ha concluido las negociaciones con el PP «en lo que se refiere a la forma de enfocar los dos años que, en principio, y si no sucede nada, quedarían de legislatura».

Al ser preguntado por si la decisión es definitiva, Liarte ha señalado que los diputados de su Grupo tienen «un defecto o una virtud» y es que cuando dicen algo lo mantienen «hasta las últimas consecuencias».

Ha reconocido que han hablado durante todo este proceso con todos los que han estado dispuestos a tratar con ellos. «Es decir, hemos hablado con todos menos con aquellos que dicen que no han hablado con nosotros», ha subrayado.

POSIBLE ACCESO AL GOBIERNO REGIONAL

En cuanto a la posibilidad de que los tres diputados expulsados de VOX entren en el Gobierno regional, Liarte ha insistido en que todavía no han concluido las negociaciones dirigidas a enfocar lo que queda de legislatura, por lo que esa pregunta «no tiene todavía una respuesta».

«Nuestra petición en realidad tiene mucho más que ver con aspectos programáticos y con las garantías de que esos aspectos programáticos se van a cumplir», según Liarte. No obstante, ha reconocido que valorarían la posibilidad de entrar en el Ejecutivo si, llegado el momento, creen que es necesario para garantizar esos aspectos.

«Lo que nosotros hemos estado hablando es de proyectos y de garantías para esos proyectos», según Liarte. El primero de estos proyectos, que para los expulsados de VOX tiene una importancia «especialmente simbólica», es «garantizar la libertad de los padres y de las familias para tener la última palabra sobre la educación de sus hijos».

Al ser preguntado por si se refiere en concreto al ‘pin paretal, ha respondido que «no tiene por qué serlo pero lo será.

Liarte ha desmentido que haya otras medidas que hayan exigido para votar en contra de la moción. «En realidad, las propuestas de VOX se conocen desde el principio y muchas de ellas quedaron ya reflejadas en los acuerdos de la investidura y, posteriormente, en los acuerdos de Presupuestos de 2020 aunque la práctica totalidad de ellas no han sido cumplido hasta ahora».

Ha afirmado que «está la excusa de la pandemia» aunque los expulsados de VOX piensan que podían haber sido ejecutadas. «Ahora van a ser cumplidas», ha asegurado.

En cuanto al Mar Menor, ha reconocido que es un asunto que le interesa «mucho» a los murcianos, y entiende que el problema de la laguna es que «hay demasiados políticos» a su alrededor. Así, cree que debe organizarse una gestión «técnica, por científicos, que continúe aunque cambien las mayorías parlamentarias».

«Nosotros entendemos que la propuesta que hoy ha traído el PP de empezar a construir en Murcia y para el resto de España un proyecto de unificación del centro derecha en el que haya sitio para todos, francamente, nos parece mucho más interesante y que concuerda mucho más con las necesidades de España», según Liarte. Ha estimado que España «necesita rigor, no gamberrismo ni posiciones extremas.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha indicado que el Consejo de Ministros aprobará «en las próximas semanas» el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados para remitirlo posteriormente a las Cortes para su tramitación parlamentaria.

Así lo ha manifestado en un coloquio de Nueva Economía Forum donde ha repasado la normativa ambiental tramitada o puesta en marcha por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

En concreto, ha apuntado que a principios de junio de 2020 se aprobó la Estrategia de Economía Circular 2030 que «sienta las bases para impulsar un nuevo modelo económico de producción y consumo alineado con la segunda estrategia de economía circular de la Unión Europea.

Morán ha añadido que, «en paralelo» se ha configurado la «nueva ley de residuos y suelos contaminados, ley que en estos momentos está remitida al consejo de estado para su validación y que en las próximas semanas el Consejo de Ministros estará en condición de aprobar el proyecto de ley y remitirlo a las Cortes para su tramitación».

Además, ha señalado que junto a estos dos «grandes bloques» de clima y economía circular, su departamento trabaja en una «hoja de ruta» del agua, que entre otras actuaciones incluye la configuración este año de la planificación hidrológica para el periodo 2021-2027.

Por otro lado, Morán ha anunciado también que a lo largo de 2021 «estará listo» el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad, derivado de la reciente Estrategia Nacional de Infraestructuras Verdes y restauración.

A su juicio, la transición ecológica se configura como «uno de los ejes vertebradores» en la salida de la crisis sanitaria, económica y social ocasionada por el COVID-19. «La identificación de las causas que subyacen en la crisis sanitaria ha espoleado la preocupación ambiental ciudadana con carácter general», ha reflexionado.

En ese sentido, asegura que en la actualidad se da un «perfecto alineamiento» de los objetivos de gobiernos, administraciones, sector productivo, financiero y de los ciudadanos para hacer frente a «un reto definido», que es la transformación y la transición ecológica de la economía.

Por otro lado, preguntado respecto a la situación de la empresa papelera ENCE en Pontevedra, ha manifestado que «se puede evitar el cierre» pero que la cuestión «no es donde se ubican las actividades empresariales» sino que en el caso de esta empresa su problema no es la ley de cambio climático sino «tres recursos» que están dirimiéndose en la Audiencia Nacional.

A su juicio, «a consecuencia del cambio climático» se dibuja una «imposibilidad de mantenimiento» de algunas ciudades o infraestructuras allí donde están ubicadas.

Morán ha precisado que el coste de reparación de los daños en la costa ocasionado por temporales ha pasado de los 1 o 2 millones en los años 2006 a 2008 a los 40 o 50 millones de euros en 2018.

«Más allá de que a simple vista sea posible adivinar el proceso de subida del nivel del mar, esa subida cada vez que hay un episodio de graves temporales provoca una intrusión del mar muchos metros más adentro de lo que hasta ahora lo había venido haciendo», ha comentado.

Por eso, ha señalado que el Gobierno está trabajando en la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático en el borde litoral para identificar las actuaciones a llevar a cabo en los próximos años. Esto incluirá la definición de los «nuevos modelos de ordenación urbana», las actuaciones a seguir en lugares donde algunas infraestructuras urbanas y edificaciones existentes «no son viables».

En definitiva, ha dicho que están estudiando los «pasos» que se deben acometer en el futuro para que la adaptación «no sea traumática» sino con seguridad jurídica y física para los ciudadanos.

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a dos hombres de 26 y 29 años como presuntos autores de la violación grupal a una menor de 16 años ocurrida en 2015 en la localidad cántabra de Revilla de Camargo.

En esta violación también pudo intervenir un tercer individuo, que todavía está pendiente de detención, al que la Guardia Civil tiene identificado y localizado en Marruecos. Ninguno de ellos es de nacionalidad española y tampoco tenían relación con la víctima.

Tampoco tienen relación con Cantabria, donde se encontraban entonces en una «estancia circunstancial», según ha explicado el coronel jefe de la Guardia Civil en esta comunidad, Luis del Castillo, en declaraciones a la prensa, tras conocerse estas detenciones.

Los hechos tuvieron lugar hace casi seis años, la madrugada del 16 de julio de 2015, durante las fiestas de la localidad de Revilla de Camargo.

Especialistas de la Guardia Civil abrieron diferentes líneas de investigación dentro de la denominada ‘Operación Fez’ para intentar averiguar la identidad de los autores de la violación, que podían haber abandonado Cantabria, pues no tenían ninguna vinculación en esta comunidad autónoma, ni personal ni familiar.

Durante estos casi seis años, los agentes han continuado con la investigación, hasta que hace unos dos meses surgió una nueva línea de investigación.

En ella, se situaba a uno de los presuntos autores en el centro penitenciario de Mansillas de las Mulas (León). A partir de ahí se pudo conocer el entorno de amistades con las que se relacionaba estando en Cantabria, y dentro de ese entorno, las identidades de otros dos hombres que coincidían con las descripciones aportadas por la víctima.

La investigación sobre los anteriores localizó a uno de ellos en Martos (Jaén), localidad hasta la que se desplazaron los guardias de Cantabria del Equipo de Delitos contra las Personas.

Con el apoyo de los compañeros de Martos, el 11 de marzo detuvieron a uno de los presuntos autores de la agresión sexual, de 26 años, que fue trasladado a Cantabria para pasar a disposición judicial.

El mismo 11 de marzo, en la prisión de Mansilla de las Mulas, los agentes de Cantabria detuvieron a otro de los presuntos autores, de 29 años, que permanece en la citada prisión y a disposición judicial.

Por lo que respecta al detenido en Martos, tras ser puesto a disposición judicial en Santander el 12 de marzo, se decretó su ingreso en prisión.

El responsable de la Guardia Civil ha explicado que este último se encontraba «haciendo vida normal» cuando fue detenido, mientras que el localizado en Marruecos, «hasta donde tenemos constancia», está ingresado en un centro penitenciario de ese país cumpliendo condena por un delito relacionado con el tráfico de drogas.

Del Castillo ha señalado que desde que ocurrieron los hechos «nunca» se han «dejado en el olvido», a pesar del tiempo transcurrido, y fue hace «un par de meses» cuando se abrió una nueva línea de investigación que ha llevado a identificar a los tres presuntos autores «con ayuda de la víctima», que entonces era menor de edad.

Ha señalado que en ese momento ninguno de los implicados «estaban desarrollando una vida habitual en Cantabria», por lo que, tras lo ocurrido, salieron de la comunidad autónoma, algo que «ha complicado bastante» las tareas de investigación.

El responsable de la Guardia Civil ha hecho estas declaraciones tras mantener una reunió con la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, para tratar sobre los controles en la comunidad durante el ‘puente’ de San José y la Semana Santa.

La Audiencia Nacional ha condenado a 61 años de cárcel a la exjefa de ETA María Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’, por ordenar dos acciones terroristas, una de ellas el atentado contra los policías que vigilaban la entrada de las oficinas del DNI en Bilbao en enero de 1995, en el que murió un agente y otro resultó gravemente herido, y la otra la perpetrada contra una entidad bancaria de Getxo en 1994.

En dos sentencias, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condena a «Anboto» por dar la orden y facilitar armas al denominado ‘comando Itsasadar’ de la banda terrorista para ejecutar ambos actos terroristas.

Sobre el atentado contra los policías que vigilaban la entrada de las oficinas del DNI en Bilbao, la Sala señala que la acusada entregó a los miembros de ETA Agustín Almaraz y Aitor Fresnedo las armas con las que cometieron dicha acción el 13 de enero de 1995.

La sentencia explica que los miembros de la banda se dirigieron a los policías nacionales que custodiaban las dos entradas de las oficinas de expedición de los documentos de identidad y pasaportes en Bilbao y dispararon contra el agente Rafael Leiva, que murió en el acto, y contra Domingo Durán, que sufrió heridas de gravedad.

Por estos hechos, la Audiencia condena a ‘Anboto’ a 30 años de cárcel por delito de atentado terrorista con resultado de muerte y a otros 20 años por delito de asesinato frustrado.

En cuanto a la segunda condena, el tribunal considera probado que Soledad Iparraguirre, como jefa de los comandos de ETA, también dio la orden y facilitó el material necesario al mismo comando para que colocase un artefacto el 14 de septiembre de 1994 en la fachada de un banco de la calle Arretako Etorbiden de Getxo, que causó diversos desperfectos en las viviendas cercanas. Por ello, le impone 11 años de cárcel como cooperadora necesaria de un delito de terrorismo.

ENTREGADA POR FRANCIA PARA RESPONDER POR UNA DOCENA DE CAUSAS

Soledad Iparraguirre fue entregada en otoño de 2019 por Francia, una vez cumplió condena allí por integración en asociación de malhechores, para responder en España a los 12 juicios que tenía pendiente.

Por el primero de ellos, el relativo al asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, perpetrado en 1995 en Léon, el Tribunal Supremo ya ha hecho firme su condena a 122 años de cárcel.

Precisamente este miércoles se enfrentaba a otra de las vistas orales pendientes, en concreto por dar la orden de atentar contra Juan Carlos I con ocasión de su asistencia a la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao el 18 de octubre de 1997, hechos por los que la Fiscalía le reclama 27 años de prisión. No obstante, el juicio se ha suspendido ‘sine die’ después de que la defensa solicitara la practica de nueva prueba.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, que abandonó a principios de este mes de marzo la cárcel de Estremera después de permanecer desde noviembre de 2017 en prisión preventiva, ha solicitado al juez que instruye ‘Tándem’ –causa en la que es el principal investigado– poder ejercer como codefensor para poder acceder así al sumario completo.

Tal y como adelantaba La Información, y ha podido confirmar por fuentes jurídicas, la intención del comisario es poder acceder desde su ordenador personal a toda la causa, que suma ya una treintena de piezas separadas, y así poder ayudar a su letrado Antonio José García Cabrera en la llevanza del procedimiento.

En caso de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, dé su visto bueno a esta petición, Villarejo podrá acceder y estar al día de todos los movimientos que se produzcan en la causa en la que se investigan los trabajos presuntamente ilícitos que realizó y por los que Fiscalía Anticorrupción le imputa delitos como la organización criminal o el cohecho.

Tras abandonar la cárcel, ya avisó de que ahora su intención era defenderse, y el 4 de marzo cuando compareció ante los medios a las puertas de la Audiencia Nacional, indicó que su intención es colaborar con la justicia y declarar «por 100 piezas porque 30 son muy pocas». Además, lanzó un mensaje velado al afirmar que su objetivo ahora era «desenmascarar a todos».

«No voy a ir contra nadie, nada más quiero defenderme, y por supuesto voy a desenmascarar a todos», dijo el comisario, que insistió en que mientras no hubiera una condena existía la presunción de inocencia sobre su persona. «Hoy empieza para mí el punto cero, voy a poder defenderme, que hasta ahora no he podido (…), y quiero colaborar con la Justicia, como he hecho toda la vida», destacó.

EL PRIMER JUICIO DE TÁNDEM

Ahora, Villarejo tiene por delante un horizonte procesal muy largo ya que de momento sólo hay fecha fijada para tres de las piezas de Tándem. Se juzgarán a la vez en una sola vista oral ‘Land’, ‘Iron’ y ‘Pintor’ y arrancará el 13 de octubre, después de que la Sala de lo Penal lograra encontrar nuevos huecos en el calendario ya que en un principio se había programado para diciembre.

De hecho, la fecha fijada para el juicio y la imposibilidad de realizarlo antes fue lo que provocó finalmente que fuera puesto en libertad. Cabe recordar que la petición del Ministerio Fiscal de su puesta en libertad se produjo después de que la Sala rechazara él recurso de los fiscales contra la puesta en libertad por las tres piezas por las que va a ser juzgado.

Tras esta petición, García-Castellón acordó que saliera de Estremera pero con medidas cautelares consistentes en comparecencias diarias ante el juzgado correspondiente a su domicilio (Boadilla del Monte, en Madrid), la retirada del pasaporte con requerimiento expreso de prohibición de obtener uno nuevo, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comunicar al Juzgado Central de Instrucción 6 cualquier cambio de domicilio o residencia.

En esta vista se juzgará al comisario y a otros procesados por las piezas 2, 3 y 6 –Iron, Land y Pintor–. En ‘Iron’, donde consta la pena más elevada, Anticorrupción reclama 57 años de cárcel y una multa de más de 700.000 euros para el ex comisario por el encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia.

En ‘Land’, se ha investigado el encargo de labores de espionaje por la disputa en torno a la herencia del fundador de la urbanización de lujo ‘La Finca’, y el Ministerio Público solicita 38 años y 10 meses de cárcel y una multa de 252.000 euros para Villarejo. En cuanto a ‘Pintor’, que versa sobre el encargo que habrían hecho al comisario jubilado unos empresarios para extorsionar a un ex socio y al abogado de este último, el ex juez Francisco Javier de Urquía, Fiscalía pide 14 años de cárcel para Villarejo.

El Ministerio de Igualdad presentará por primera vez, con motivo de la Semana Antirracista, un estudio sobre la población africana y afrodescendiente en España, titulado ‘Aproximación a la Población Africana y Afrodescendiente en España: Identidad y acceso a derechos’.

El documento, realizado por Mª Ángeles Cea D’Ancona y Miguel S. Valles, se presentará en el marco de los actos organizados por el Ministerio de Igualdad, a través de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, para celebrar la Semana Antirracista.

Los actos comenzarán el lunes 22 y se prolongarán hasta el jueves 25 de marzo, coincidiendo con la celebración el 21 de marzo, del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, proclamado en 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, inaugurará los actos de la Semana Antirracista el lunes 22, junto a la defensora de derechos humanos y premio medioambiental Goldman, Francia Márquez Mina, y la directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho.

Las jornadas, que finalizarán el jueves 25 de marzo, contarán con la presencia de ponentes del ámbito internacional, administraciones públicas, sociedad civil y académico como, por ejemplo, el miembro (2008-2020) y vicepresidente (2018-2020) del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, Pastor Murillo; el presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial, Antumi Toasije; o la socióloga e investigadora afro-portuguesa Cristina Pinto Roldao. También intervendrá la que será nueva ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030.

Igualmente, participarán representantes de organizaciones como Unión Romaní, la Comunidad Negro Africana y Afrodescendiente en España (CNAAE), la Plataforma Khetane, la Asociación Marroquí para la Integración de Migrantes, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, Amnistía Internacional, SOS racismo o la Fundación Cepaim.

En las jornadas se tratarán temas relacionados con la lucha contra el racismo, como la discriminación racial en la vivienda, la conveniencia de introducir una pregunta sobre origen étnico en las estadísticas, estudios y encuestas en España o los retos en la lucha por la igualdad de trato y no discriminación.

Los actos también incluirán también un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica el jueves 25 a las 11:30 horas.

El padre del niño presuntamente asesinado por su madre Ana María B.L. el 10 de octubre de 2019 en Huércal de Almería (Almería), para la que la Fiscalía pide prisión permanente revisable, ha manifestado este miércoles durante la tercera sesión del juicio con jurado que el menor de siete años tenía «miedo» de la acusada, de modo que incluso «sufría cuando estaba con ella» durante los días que le correspondía su cuidado en el régimen de visitas establecido.

«La madre lo tenía cada vez más presionado», ha asegurado el padre del niño de siete años en un extenso y detallado relato, en el que ha reconocido que tanto él como su familia temían que la acusada pudiera fugarse con el menor especialmente durante los días previos al crimen, en los que se había celebrado un juicio de revisión de medidas de guarda y custodia del niño, ya que la mujer no lo llevaba con regularidad al colegio y lo tenía desatendido, incluso sin darle de comer.

Durante la vista, en la que también han declarado los abuelos paternos y el tío del menor, los familiares han trasladado sus continuas sospechas sobre la intención de Ana María B.L. de «fugarse» con el niño a partir de las manifestaciones que este les había hecho, como que su madre «le iba a pintar el pelo y se iban a ir» o que lo iba a «tirar a un pozo», según han referido. «Quería hacerme daño a mí y a mi familia», ha recalcado.

El padre y el resto de familiares han detallado todos los mecanismos que activaron para llamar la atención sobre el trato que recibía el niño por parte de la madre mediante denuncias a la Guardia Civil, llamadas a la Policía Nacional, reuniones con el centro escolar y solicitudes de apoyo a los servicios sociales de Berja, Laujar de Andarax, Alcolea y Huércal de Almería, sobre todo desde que el padre fue absuelto en un juicio por malos tratos en abril de 2019, tras lo que ella habría querido retomar la relación.

Los familiares paternos del menor han dicho que durante ese periodo la acusada mostraba tener «un diálogo muy correcto», sin que identificaran algún tipo de trastorno, aunque han reconocido un «acoso constante» en cuanto a las llamadas que realizaba y su permanente insistencia a estar con el menor.

Todos han asegurado desconocer que estuviera hospitalizada por problemas mentales en 2017 mientras que tampoco sabían con exactitud el motivo por el que estuvo ingresada nueve días durante el verano de 2019, cuando quedaron a cargo del menor.

Tanto el padre como el resto de familiares, que han declarado en sala separados por una mampara de la acusada, han asegurado que estaban «volcados» con el menor, quien disfrutaba durante los periodos que pasaba en el pueblo y que mostraba reticencias cuando tenía que volver con la madre.

«Por las noches me decía que sacara el calendario para ver los días que estaba conmigo, para hacerse él a la idea, y a veces que me preguntaba que por qué días tenía que estar más días mamá. Y yo le decía que cuando estábamos juntos hacíamos lo que queríamos y él se quedaba consolado», ha narrado el padre, quien ha tenido que sobreponerse en varias ocasiones.

Según los testigos, fue especialmente tras la resolución del juicio por malos tratos cuando la mujer comenzó a llamar insistentemente para retomar la relación y controlar al menor, si bien los familiares, por el contrario, solo podían contactar con el niño a determinadas hora cuando ella quedaba a su cargo. «Cuando pasaban tres o cuatro días que no cogía el teléfono, nos plantábamos en Almería», ha explicado el abuelo del niño.

«CREÍAMOS QUE SE LO IBA A LLEVAR»

Según el testimonio de los familiares paternos la situación se recrudeció al inicio del curso porque la mujer no llevaba al niño al colegio y acudía a casas de amigos, vecinos y familiares hasta altas horas, donde el niño era alimentado, según han explicado. Asimismo, han trasladado sus sospechas de que durante los primeros días de octubre la mujer habría intentado irse con el menor.

En concreto, han detallado que el día antes del juicio por la revisión de medidas de custodia, sobre el 3 de octubre, la mujer no llevó al menor al colegio y fue sorprendida por el tío paterno del niño cuando salía con el pequeño del garaje tras decirle que no estaba en casa. El hombre cortó con su coche el paso a la acusada, cuya maniobra llevó a Ana María B.L. a tomar un desvío hasta el centro escolar donde esperaban los abuelos, quienes estaban acompañados del director.

«El niño se vio protegido al verse con nosotros y le dijo ‘mami, dile a los abuelos y al tite dónde querías llevarme'», han relatado los abuelos, quienes cinco días más tarde, en otra llamada, fueron alertados por el menor de que su madre «se lo quería llevar», con lo que se desplazaron a Huércal de Almería y dieron aviso a la Guardia Civil. Al llegar a su casa vieron que tenía «un tiznón en la pierna» de «querer meterlo en el coche».

En esos mismos días, en los que padre se vio obligado a interponer una nueva denuncia tras recibir 185 mensajes de Whatsapp de la mujer en la que insistía en retomar la relación, el niño estaba «nervioso» pero también «esperanzado» de poder irse con él si obtenía su custodia, la cual se le notificó por medio de su abogada el día en que se cometió el crimen.

El padre y resto de familiares también han relatado algunas situaciones vividas durante el verano previo que el menor pasó en Alcolea, al cuidado de la familia paterna incluso cuando la acusada estuvo hospitalizada nueve días, tras lo que también se desplazó al municipio.

«Su padre me dijo que estaba perfectamente para hacerse cargo del niño, pero a mí no me daba la impresión de que estuviera bien», ha dicho el padre del menor quien ha relatado un episodio en el que la mujer quiso llevarse «por narices» al pequeño con ella, lo que motivó la presencia de la Guardia Civil y una disputa que no se resolvió «hasta las dos menos cuarto de la mañana».

Asimismo, han dado cuenta de otro momento que tuvo lugar el 23 de septiembre en el que el menor mandó a su abuela dos notas de voz a través de Whatsapp en las que le decía que su madre el estaba «haciendo daño», lo que movilizó a toda la familia para desplazarse a la vivienda de la acusada, donde también se personó la Guardia Civil que encuadró los hechos en una «travesura», según el padre.

Sergio Fernández, quien ha negado que él llegara nunca a acompañar a la mujer al psicólogo, ha afirmado que su expareja comenzó a mostrarse distante el día que nació el niño, de modo que incluso tenía que «salir en todas las fotos» que se le hacían al pequeño, al cual quería tener apartado de sus abuelos paternos.

Así, la relación se fue deteriorando hasta que en abril de 2017 le denunció por violencia de género y él tuvo que abandonar la vivienda, si bien con ello se inició un régimen de custodia. «Ella tramaba algo porque recibía visitas de su padre y de su hermano y no me lo decía», ha explicado antes de detallar que las discusiones entre la pareja se habían acrecentado meses atrás por el continuo interés de la mujer de estar junto al niño sin que apenas tuviera momentos a solas con él.

El exdirigente de Ciudadanos y exportavoz en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, no descarta participar en un mitin de la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha augurado que Cs se quedará sin representación en la Asamblea tras los comicios del 4 de mayo y ha llamado al «voto útil» contra la izquierda.

«Lo que va a pasar es que Aguado no va a entrar. Por eso dije en la Ejecutiva (de Cs) que no debíamos ir en ningún caso en solitario en la Comunidad de Madrid por una razón táctica, más allá de la ideológica, que yo creo que hay que ir con el PP y sumar, porque si no entras en Madrid, el partido está muerto», ha declarado en una entrevista en esRadio.

Según ha explicado, planteó esta idea durante la reunión que la Ejecutiva de Ciudadanos, encabezada por Inés Arrimadas, mantuvo el lunes pasado e insistió en que no era una buena idea que Ignacio Aguado repitiera como candidato en Madrid. «Pero no me hicieron ni puñetero caso», ha añadido. Cantó abandonó ese encuentro y comunicó a los medios de comunicación que dejaba sus cargos en el partido y su acta de diputado.

A su juicio, en estas elecciones es necesario «impedir que la Comunidad de Madrid caiga en manos del socialismo y del comunismo», en alusión a Unidas Podemos y Más Madrid, y para ello los votantes tienen que valorar «cuál es el voto útil» para que «no les frían a impuestos o les hagan cerrar su negocio», como cree que están haciendo los partidos de izquierdas que gobiernan la Comunidad Valenciana.

HARÁ «CAMPAÑA ACTIVA» CONTRA EL PSOE

«Creo que hay que dar la batalla» y contar «lo que dice el PSOE en el resto de España» sobre «subir los impuestos en Madrid», ya que esta comunidad podría dejar de ser «el motor económico de España» y convertirse en «un infierno fiscal», ha manifestado.

Cuando le han preguntado si estaría dispuesto a ir a un acto electoral de Díaz Ayuso, Cantó ha contestado: «Me lo pensaré». Tras insistir en que hay que explicar cuál es, en su opinión, la gestión económica que quiere hacer el PSOE en Madrid, ha dicho: «Me voy a dedicar a hacer campaña activa. Por lo pronto, estaré en mis redes, en los medios que me inviten o donde sea para recordar la gente lo que ha dicho el PSOE en la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, el exdiputado de la formación naranja ha criticado la propuesta que la dirección del partido hizo lunes a los miembros de la Ejecutiva. La idea era «firmar todos un documento en el que condenáramos las acciones del PP» para captar a cargos de Ciudadanos y «nos comprometiéramos a que ninguno nos fuéramos a pasar nunca en la vida al PP», ha indicado.

Tras recordar que en el pasado Cs fichó a cargos del PP, algo que considera «lo normal en los partidos políticos», Cantó ha dicho que él se negó a participar en esa votación.

Respecto a la Comunidad Valenciana, ve «fundamental que el centro y la derecha se agrupen» para evitar que sigan gobernando el PSOE, Compromís y Podemos y ha afirmado que luchará por conseguirlo.

Para ello, «se puede estar en las instituciones, en algún partido o fuera, dando la batalla desde los medios de comunicación, plataformas de cualquier tipo e intentando agrupar y dar la batalla cultural. Yo estaré en cualquiera de esos sitios, y si se me pide o veo que tengo oportunidad de colaborar de alguna manera, desde luego estaré», ha declarado.

La Sala de los Civil del Tribunal Supremo (TS) ha avalado el derecho de los vecinos de la fábrica de Uralita en Cerdanyola del Vallés (Barcelona) a ser indemnizados en su condición de ‘pasivos ambientales’ por las enfermedades que desarrollaron ellos o sus familias debido a la exposición que tuvieron al amianto –material tóxico– por la actividad industrial en la zona.

Así ha resuelto la Sala I en una sentencia del 15 de marzo que se ha conocido este miércoles donde rechaza el recurso interpuesto por Uralita contra la sentencia de la Audiencia Provincial que reconoció este derecho tanto a los familiares de los trabajadores de la fábrica, los llamados ‘pasivos domésticos’, como a los vecinos, ampliando así el ámbito de responsabilidad, que en primera instancia solo se reconoció a los primeros.

Estos dos colectivos –un total de 43 personas– demandaron a Uralita por la actividad que había desarrollado entre 1907 y 1997, consistente en la fabricación de materiales de construcción con amianto, bien por haber desarrollado alguna enfermedad relacionada con la exposición al amianto, bien por ser herederos de personas fallecidas por esas patologías.

Entre otras cosas, la empresa cuestionó que realmente existiera una relación de causalidad entre la fábrica y los daños sufridos por los familiares de los trabajadores y por los vecinos de la fábrica, alegando que la Audiencia Provincial no había tenido en cuenta la historia laboral o profesional de todos estos afectados.

«No podemos aceptar dicho argumento», han dicho los magistrados, recordando que en el marco del procedimiento se aportó un informe pericial en el que se indica que, «una vez analizadas sus respectivas vidas laborales, se puede descartar que la enfermedad contraída por exposición por amianto fuera debida a, o consecuencia de, su actividad laboral/profesional, entre otros posibles factores de riesgo».

Así, han señalado que «no se puede concluir que la sentencia recurrida incurriera en un error patente o arbitrariedad por no ponderar hipótesis alternativas de contaminación derivadas de la ocupación laboral o actividades desarrolladas por los reclamantes o sus causahabientes».

Los ‘pasivos domésticos’, reconocidos en las dos primeras sentencias, sostenían que los daños sufridos se debieron a la inhalación de fibras de amianto a través de la ropa y los enseres contaminados con los que los trabajadores de la fábrica volvían a sus casas, mientras que los ‘pasivos ambientales’ –reconocidos solo por al Audiencia Provincial y ahora por el TS– apuntaron a las emanaciones y los residuos procedentes de la misma.

UN RIESGO CONOCIDO DESDE LOS AÑOS 40

El Supremo parte de la premisa de que «la utilización del amianto en los procesos industriales, y especialmente la inhalación del polvo que se desprendía en la fabricación de productos derivados, conformaba un indiscutible riesgo para la salud perfectamente conocido cuando menos en la década de los años cuarenta del siglo pasado, hasta el punto de ser considerada la asbestosis como una enfermedad profesional».

En consecuencia, ha entendido que la empresa tenía perfecta constancia de los riesgos que estas sustancias generaban en la salud de los trabajadores y de terceros, así como de la peligrosidad de la actividad industrial que desarrollaba, por cuanto era susceptible de generar distintas patologías respiratorias elevadas incluso como enfermedad profesional.

Uralita defendía que al menos hasta los años 80 los únicos riesgos conocidos eran los derivados de la exposición laboral. Sin embargo, el alto tribunal ha recordado que no estamos ante un caso de observancia de la normativa laboral, subrayando en cualquier caso que «dicha reglamentación se dicta como resultado de un previo estado de conocimientos de la ciencia y no, como es natural, anticipándose a los estudios y conclusiones de tal naturaleza».

A su juicio, la relación causal se justifica «en el hecho constatado de la muy superior incidencia de dichas patologías en la población donde se asienta la fábrica con respecto a otras localidades de la geografía española» y en «la ausencia de otros focos alternativos de contaminación conocidos, amén de los conocimientos médicos al respecto».

DEFICIENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS

El TS ha concluido que, respecto a los ‘pasivos ambientales’, la empresa era consciente de que su actividad industrial era anormalmente peligrosa y ello le obligaba a extremar las precauciones, pero que, lejos de observar ese especial deber de cuidado, se incrementó el riesgo en la gestión, no solo con deficiencias en el mantenimiento interno de los niveles de contaminación tolerables, sino también en la contaminación ambiental.

En cuanto a los ‘pasivos domésticos’ ha establecido que era conocido que el polvo de amianto se depositaba y retenía en las prendas de trabajo, por lo que la empresa debía haber anticipado que ese foco de exposición se trasladaría a los domicilios de los empleados, a donde llegaba y se lavaba esa ropa.

Con todo, ha rechazado los recursos de Uralita, al tiempo que ha confirmado la compatibilidad entre las indemnizaciones reclamadas por los herederos de las personas ya fallecidas y las correspondientes al daño experimentado por estos como perjudicados por su muerte.

Además, ha estimado parcialmente el recurso de algunos demandantes, en el sentido de incluir en la indemnización el daño moral derivado de las placas pleurales, que son una manifestación radiológica de la exposición del amianto, aunque no conlleva afectación pulmonar, al tener en cuenta el riesgo de acabar contrayendo una enfermedad derivada del amianto, por lo que ha aumentado las indemnizaciones a ocho demandantes.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha sostenido este miércoles sobre la futura renuncia de Pablo Iglesias a la Vicepresidencia Segunda del Gobierno para ser candidato de Unidas Podemos a las elecciones a la Asamblea de Madrid que «le decimos a este irresponsable que si quiere recuperar guerras del pasado y un lenguaje belicista, que se compre un videojuego para responder a sus pulsiones adolescentes», al tiempo que ha proclamado que «queremos ganar las elecciones en Madrid, aunque no lo pronostiquen las encuestas».

Abascal ha participado en un acto con medios de comunicación que ha descrito como «una rueda de prensa al aire libre», donde se han congregado varios centenares de seguidores, reunidos en torno a la estatua del rey Fernando III, en la Plaza Nueva de Sevilla, y delante de la cual el presidente de Vox ha colocado su atril para dirigirse a los periodistas y sus simpatizantes.

El presidente de Vox ha aludido en su intervención inicial a Pablo Iglesias, a quien ha retratado como «el vicepresidente que quiso incendiar Andalucía al día siguiente del cambio de 2018», para reprocharle que «ahora se arremanga porque dice querer impedir en Madrid la llegada del fascismo», así como le ha recriminado «el uso de un lenguaje belicista», y le ha atribuido la intención de «incendiar las calles de Madrid para acabar con el orden y la ley, que siempre han atacado los comunistas».

«Que nos deje en paz los españoles», ha proclamado Abascal.

En respuesta a preguntas de los medios de comunicación, el presidente de Vox ha afirmado concebir la salida de Pablo Iglesias como la de «demasiados que hay en la política que están pensando en cómo se salvan del desastre» y ha calificado su futura renuncia a la Vicepresidencia del Gobierno como «una muestra gigantesca de irresponsabilidad, de frivolidad, y de egolatría» tras cuestionarse que se presente como «un superman que quiere librar a Madrid de las garras del fascismo», por lo que ha concluido que «se ha convertido en una caricatura y los españoles lo toman cada vez menos en serio.

Sobre las posibilidades electorales de su partido en las elecciones del 4 de mayo a la Comunidad de Madrid, Abascal se ha declarado a la expectiva de ver «donde nos ponen los madrileños» y ha proclamado que «nunca vamos darla por perdidas», así como ha negado que su partido tenga vocación de ser «una fuerza testimonial».

El presidente de Vox ha sostenido que «queremos ganar las elecciones en Madrid, aunque no lo pronostican las encuestas, como tampoco predijeron el cambio en Andalucía, esperamos ser una alternativa, un partido de gobierno».

«QUIÉN SE PREOCUPA POR ESPAÑA»

El presidente de Vox se ha preguntado «quién se preocupa por España» tras considerar que «los partidos gobernantes no están a lo que hay estar», por lo que ha instado a «acabar con un estado de alarma ilegal que dura un año».

Abascal, tras recordar que el estado de alarma fue recurrido en el Tribunal Constitucional, ha considerado que «primero fue un estado de excepción encubierto y ahora es un estado de alarma perpetuo» y ha recriminado al Gobierno que, pese a las restricciones de movilidad de los españoles, «no sólo ha impedido, sino que ha facilitado numerosos muertos, con más de 100.000 compatriotas fallecidos», dato al que ha sumado la vertiente laboral de la pandemia, donde ha contabilizado a «seis millones de españoles entre parados y ERTE».

El presidente de Vox ha sostenido que el Gobierno no tiene entre sus preocupaciones «defender la prioridad de españoles», que ha contrapuesto a que «los turistas pueden moverse, pero los españoles no pueden salir de sus barrios.

Abascal, que ha clamado por que «se terminen las leyes ideológicas que la izquierda ha traído a España» y ha considerado que «llevan a los colegios para adoctrinar a nuestros hijos», ha afirmado que «los españoles quieren que se preocupen por los problemas reales».

El presidente de Vox ha denunciado «la gestión criminal de esta pandemia» al tiempo que ha lamentado que «los partidos gobernantes están de espaldas a los españoles», por lo que ha instado a que «se les devuelva la voz para que expresen su voto».

A la conclusión de la intervención de Abascal se han escuchado gritos de «presidente, presidente».

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha defendido que es más importante captar a los votantes de un partido a la «deriva» como Ciudadanos que a su hasta ahora líder en la Comunitat, Toni Cantó, o a cualquiera de sus cargos: «Es algo que tendrá que decidir él. El PP tiene las puertas abiertas para todo el mundo, siempre las ha tenido».

Así ha valorado la salida de la política de Cantó, que el lunes anunció que dejaba Cs por su descontento con la cúpula de Inés Arrimadas y este miércoles ha formalizado su renuncia, preguntada por la posibilidad de que pueda estar interesado en integrarse en el PP y de que haya habido conversaciones con ‘Génova’.

Bonig, en declaraciones tras una reunión de partido en Paterna, ha deseado a Cantó «todo lo mejor» personal y profesionalmente, destacando que es «un gran parlamentario y un gran orador» con el que ha compartido estrategia «en muchos casos y en otros no» durante los dos últimos años en Les Corts.

Con todo, ha asegurado que le «sorprende» esta posibilidad porque desde hace meses lo veía más cerca del PSOE que del PP. «Ya le dije que le engañarían», ha aseverado en relación a los acercamientos de Cantó a los socialistas para apoyar el presupuesto de la Generalitat.

La ‘popular’ ha hecho hincapié en que quiere ser «muy respetuosa» con la situación de Cs tras la moción de censura fallida en Murcia y la ruptura del gobierno de Madrid: «Cuando un partido como Ciudadanos, con todo lo que ha significado y con lo que representa, entra en un proceso de deriva hay que ser profundamente respetuoso con los militantes, simpatizantes y cargos».

Hay muchísima gente en Ciudadanos que puede aportar mucho», ha constatado, asegurando que lo que le preocupa es «cómo el PP es capaz de atraer a todos sus votantes: gente que cree en la libertad económica, en el derecho a la propiedad privada y a ser valenciano y también español, y que está harta de la imposición lingüística del Botànic.

Ha insistido en que «esa es la gente» que quiere atraer al PP, la preocupada por cuestiones como la planta de Ford Almussafes tras el anuncio del ERE, el proceso de vacunación, el futuro de la industria o el modelo sanitario de la Comunitat. En definitiva, «un proyecto que, más que a cargos de Cs que tienen las puertas abiertas como siempre, capte a la gente que crea en estos valores».

Y ha ahondado: «Quiero captar al votante de Ciudadanos, ese es el importante, la gente que puede sentirse desamparada en estos momentos y pueda encontrar en el PP el partido capaz de relanzar la economía, la sanidad y la sociedad valenciana y española.

Por tanto, la síndica del PP ha sostenido que el foco no deben ser las personas, «sino el proyecto y los votantes», y ha reiterado que la gente está «harta» del gobierno valenciano (PSPV-Compromís-Unides Podem) y quiere un proyecto alternativo. «Esa es la gente que tiene que captar el PP. Si no, esto se convierte en un mercado y tampoco toca», ha apostillado.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha querido proclamar este miércoles en Sevilla que su partido «no es un problema para la estabilidad en Andalucía», sino que el problema lo encarna «el puñal naranja», en alusión a Ciudadanos (Cs), que gobierna en coalición con el PP-A en la Junta, y en esa línea ha pedido al jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, que haga «una seria reflexión sobre la fiabilidad de su socio de gobierno, por si cree que es conveniente adelantar las elecciones» en la comunidad autónoma, como Vox cree que debería hacer, porque entiende que el partido naranja puede protagonizar «una traición» al PP-A «en cualquier momento».

Así lo ha señalado el líder nacional de Vox en una convocatoria para la prensa y rodeado de unos 200 simpatizantes del partido en la Plaza Nueva de Sevilla, que la Policía Nacional ha acordonado previamente, algo que ha criticado Santiago Abascal.

El líder de Vox ha defendido que su partido había convocado a los medios de comunicación «al aire libre porque nos parece que es mucho más seguro hacerlo así que encerrados en una sala de hotel junto con 30-40 periodistas», pero se ha encontrado «con que (el presidente del Gobierno, Pedro) Sánchez, y (el ministro del Interior, Fernando Grande) Marlaska, «han dado órdenes ilegales al Cuerpo Nacional de Policía, provocando aglomeraciones en calles estrechas, daños a comerciantes, y, además, han impedido la libertad de circulación de los sevillanos en su propia ciudad», según ha denunciado.

En esa línea, ha criticado que «el dispositivo policial» dispuesto para su convocatoria a los medios no lo había habido «en las calles de Madrid y Barcelona cuando eran incendiadas recientemente por los socios del Gobierno» de Pedro Sánchez, y ha considerado que «lo que hoy ha pasado en Sevilla no es más que una muestra de la actitud arbitraria, criminal y de ataque a los derechos y libertades de los españoles que este Gobierno ha desarrollado y desplegado durante toda esta epidemia» bajo un estado de alarma que Vox considera «que es ilegal y que se ha utilizado para restringir nuestros derechos y libertades».

Abascal, que antes de esta convocatoria ha visitado el Parlamento andaluz, y que ha sido recibido por sus simpatizantes en la Plaza Nueva entre gritos de «presidente» y de «libertad», ha querido dejar claro que Vox no quería plantear «una exigencia» de adelanto electoral a Moreno, sino que «reflexione» sobre la conveniencia de dar ese paso.

«Lo decimos con prudencia, con responsabilidad», ha abundado el líder nacional de Vox, quien ha agregado que en su partido entienden «que es conveniente hacerlo, pero no estamos planteando una exigencia, sino que hacemos una reflexión, que debe ser quizá compartida con nosotros, que hemos servido de apoyo esta legislatura», según ha continuado.

En esa línea, Abascal ha defendido que Vox está en Andalucía «para dar estabilidad» al Gobierno de Moreno, a quien ha insistido en pedir que reflexione acerca de «si en estos momentos la continuidad del cambio está garantizada en Andalucía», y que «los andaluces puedan disfrutar cuatro años más como mínimo sin ser gobernados por los socialistas» y que éstos «vuelvan a ser derrotados cuando se les devuelva la palabra» a los ciudadanos en las urnas.

ADVIERTE DE UNA POSIBLE «TRAICIÓN» DE CS AL PP

Ha dicho que Vox no puede «garantizar la continuidad de un gobierno que puede romperse o sufrir la traición en cualquier momento» por parte de una de las «tres patas» que lo apoyan, en alusión a Cs, un partido «en descomposición», según lo ha definido.

Santiago Abascal ha expuesto que dos de esas tres «patas» –en referencia a PP-A y Cs– están dentro del Gobierno andaluz, y la tercera, en alusión a Vox, está «en la oposición» pero «ha facilitado la investidura» de Moreno y la aprobación de los presupuestos de su gobierno, y «va a seguir actuando de la misma manera», según ha avanzado. En ese sentido, ha sentenciado que «en ningún caso vamos a presentar una moción de censura en Andalucía».

«Jamás se nos ha pasado por la cabeza», ha aseverado, al tiempo que ha apuntado que, «en ningún caso» por parte de Vox, «más allá de nuestra difícil relación con el Partido Popular, vamos a tomar ninguna decisión y estamos amenazando al Gobierno» de Moreno.

«Vox no es un problema para la estabilidad en Andalucía; el problema es uno de los socios del gobierno, el puñal naranja, Ciudadanos, que se ha convertido en un partido imprevisible», ha sentenciado, y en esa línea ha expresado la «preocupación» de su partido «por la continuidad del cambio en Andalucía» que propició la «victoria preciosa» conseguida «entre todos» en las elecciones autonómicas de 2018 que «expulsó al socialismo corrupto del Gobierno de Andalucía después de 40 años», según ha subrayado.

Abascal ha argumentado que esa victoria «que no esperaba nadie, que no pronosticaba ninguna empresa demoscópica, que no ha adelantaba ni vaticinaba ningún tertuliano», y que «ni siquiera nosotros esperábamos», se produjo porque apareció «un nuevo actor en la política andaluza» que fue Vox, según ha defendido.

Ha insistido en que «hoy ese cambio está en riesgo porque la veleta naranja –Cs– ha acabado convertida en el puñal naranja», y «por eso le queremos pedir» al presidente de la Junta y del PP-A que reflexione «sobre la conveniencia de adelantar elecciones», y de si el Gobierno andaluz de coalición es «viable y puede agotar la legislatura».

Abascal, que ha querido mantener «la discreción» al ser preguntado sobre si mantendrá encuentros con representantes del Gobierno andaluz o del PP-A aprovechando su visita a Sevilla, ha agregado que Vox tiene «unos electores a los que representa y va a tratar de representarles, pero no va a plantear un ultimátum en ningún caso», según ha aseverado.

«Todos pueden estar muy tranquilos en relación con la actuación y la previsibilidad de Vox», pero «creemos que no podemos estar tan tranquilos en relación con la actuación futura de Ciudadanos, y por eso creemos que Moreno debe hacer una reflexión sobre si el cambio está garantizado en Andalucía», ha insistido.

Abascal ha apostillado que en Vox saben «que no es el mejor momento para convocar elecciones, pero en España están pasando muchas cosas que exigen convocatorias electorales», según ha abundado, para criticar a renglón seguido que «han aparecido los tránsfugas en distintos Parlamentos» y «los políticos han actuado de manera ilegítima».

«ABSOLUTAMENTE TEMPRANO» PENSAR EN LA CABEZA DE CARTEL DE VOX

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre quién encabezará la candidatura de Vox en las próximas elecciones andaluzas, Abascal ha respondido señalando que «es absolutamente temprano» plantearse eso, y ha agregado que el partido «tiene un equipo parlamentario estupendo en Andalucía, con muchas personas que podrían asumir esa responsabilidad, igual que muchos diputados nacionales elegidos por Andalucía», si bien ha zanjado que «eso está fuera del debate en Vox en estos momentos».

Por último, a la pregunta de si estarían dispuestos en Vox a entrar en el Gobierno andaluz si los resultados electorales le ofreciesen esa posibilidad, Abascal ha dicho que «veremos dónde nos ponen los ciudadanos» cuando voten y «actuaremos en función de eso», al tiempo que ha querido dejar claro que en su partido «nunca vamos a las elecciones dándolas por perdidas» o para ser una fuerza «testimonial», y que quieren ser «un partido de gobierno», según ha concluido.