Un hombre acusado de matar a sus padres y a su hermano a puñaladas en septiembre de 2018 en el barrio de Juan XXIII, en Alicante, ha afirmado en su declaración ante un jurado popular que no se acordaba «de nada» de lo sucedido y ha negado ante el fiscal que fuera el autor de los hechos: «Yo no cogí ningún cuchillo».

No obstante, ha reconocido que hubo una discusión esa misma mañana en el domicilio con todos los miembros presentes y que después, cuando despertó, encontró a su familia muerta. «Fue mi hermano el que me pinchó, pero no me acuerdo de nada más; estábamos en la casa por la mañana, discutimos y cuando desperté vi lo que había pasado», ha expuesto.

La primera sesión del juicio por el triple crimen ha arrancado este lunes en la Audiencia Provincial de Alicante con la constitución del tribunal del jurado que tendrá que determinar si el hombre asesinó a puñaladas a su padre de 71 años, a su madre de 68 y a su hermano de 41.

El fiscal y la acusación particular –que representa a parte de la familia– le acusan de haber asestado al hermano cerca de 36 puñaladas, una de ellas en el corazón, once al padre y ocho a la madre con un cuchillo de cocina el 19 de septiembre en el domicilio familiar, por lo que reclaman para él la pena de prisión permanente revisable. Por su parte, la defensa pide la libre absolución.

En esta jornada la defensa ha solicitado previamente la suspensión del juicio al alegar la falta de pruebas médicas a su cliente durante la instrucción pero no ha sido aceptada su petición.

«YA NO TENGO NADA MÁS QUE HABLAR CON USTED»

Ante la insistencia de las preguntas del fiscal sobre el número de puñaladas y la gravedad de las heridas de sus familiares, junto al hecho de que no había nadie más en la vivienda, el acusado le ha espetado: «A mí no me grite, ya le he dicho lo que pasó, ya no tengo nada más que hablar con usted».

El acusado ha insistido en su intervención que no se acordaba de nada de aquel día y que hubo una discusión porque su hermano le quería quitar su medicación. «Discutimos porque me había quitado la medicación; él se drogaba y no quería ir al médico; vino como un loco hacia mí porque quería más pastillas», ha explicado a preguntas del Fiscal.

Igualmente, el hombre ha declarado que todo ocurrió en el domicilio familiar con sus padres presentes y que fue su hermano el que le apuñaló en el abdomen por no darle pastillas. Posteriormente, se marchó a dormir y al despertar observó lo que había ocurrido, tomó pastillas por estar nervioso, volvió a dormir y que al día siguiente avisó a los servicios de emergencia.

«No sé qué ocurrió, no me acuerdo pero yo no cogí ningún cuchillo», ha sostenido el acusado a preguntas del fiscal. Asimismo, ha confirmado a su defensa que sigue en tratamiento psiquiátrico y en programas para enfermos mentales.

Por último, también ha negado que desmontara una manecilla con un destornillador para así acceder a la habitación en la que se refugiaba el hermano ya malherido y asestarle una puñalada mortal en el corazón, tal y como sostienen las acusaciones. «Las puertas estaban rotas, yo no hice eso», ha respondido a la pregunta del fiscal sobre la presencia de tornillos en la habitación del encausado.

DROGAS, ANTECEDENTES Y ENSAÑAMIENTO

Las acusaciones han expuesto sus escritos en los que solicitan la pena de prisión permanente revisable para el acusado por tres delitos de asesinato, por la cantidad de puñaladas que les habría asestado a las víctimas de manera «violenta» y «sorpresiva».

En concreto señalan que el hombre discutió con el hermano debido a cuestiones relacionadas con drogas y que no era el primer episodio de amenazas, discusiones y agresiones que sufría la familia por parte del encausado por esta causa, puesto que eran «muy frecuentes».

Además, el fiscal ha señalado que el acusado tiene antecedentes penales y era «habitual» que el hermano saliera en defensa de la madre porque esta no quería darle dinero para el consumo de drogas.

En la misma línea, Fiscalía y acusación particular han recalcado el número de puñaladas que recibieron los tres con un cuchillo de cocina y su gravedad, en su mayoría fueron «mortales». «Había intención de matar y de hacer daño; no son indicios, son hechos probados», ha indicado el acusador público.

Así ha expuesto que ha quedado probado que el padre había salido a pescar y que la madre se encontraba trabajando en el momento de la agresión mortal del hermano. Por eso, una vez regresaron a la vivienda, el acusado acabó primero con la vida del padre y, después, con la madre, cuando llegó al domicilio y observó lo ocurrido.

Por último, también se han referido al hecho de que el acusado usara el móvil de la madre para avisar al trabajo de que estaba enferma y que no podría acudir a la oficina. «No hay otro sospechoso, no hay terceras personas sino pruebas de que este hombre ha matado a su familia», ha dicho la acusación particular.

Por su parte, la defensa ha pedido la libre absolución y ha insistido en la presunción de inocencia puesto que «aún se tiene que demostrar» la culpabilidad y la autoría de los hechos.

Asimismo, ha señalado que el hermano del acusado sufría esquizofrenia y que también contaba con antecedentes por lanzar una pesa de dos kilos a la cara del encausado. Además, ha insistido en la falta de pruebas médicas durante la fase de instrucción.

Los partidos del gobierno del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) han presentado una propuesta conjunta en Les Corts para condenar los bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza y exigir el cese inmediato de la violencia contra el pueblo palestino.

Con esta proposición no de ley (PNL) exigen la protección de los civiles palestinos ante la escalada de violencia de estos últimos días en un territorio «al límite después de 15 años de bloqueo israelí por tierra, mar y aire».

En la iniciativa «botánica» piden un embargo de armas bidireccional a Israel y el fin de cualquier tipo de intercambio militar o de seguridad con este estado que pueda estar relacionado con el bombardeo masivo contra la franja de Gaza.

También reclaman someter los acuerdos y todas las formas de comercio y trato con Israel a una mayor diligencia, para señalar así «a los que contribuyen a los crímenes y persecución del pueblo palestino«, y que ninguna empresa española ayude a mantener o se lucre a costa de la vulneración de sus derechos humanos.

Otra de sus peticiones es conseguir la liberación de Juana Ruiz Sánchez, cooperante sanitaria española que lleva desde el 13 de abril de este año detenida sin garantías por Israel.

En definitiva, esta PNL recoge la voz de la ciudadanía que se ha manifestado en la última semana a lo largo de la Comunitat Valenciana clamando contra «una masacre que se ha cobrado en solo unos días la vida de 200 civiles palestinos, entre los que hay más de 50 niños», recoge el comunicado conjunto.

Tal y como ha declarado Human Rights Watch, el estado de Israel practica un régimen de ‘apartheid’ contra la población palestina, un crimen contra la humanidad perseguible en tribunales internacionales», denuncia la diputada del PSPV Rosa de Falastín Mustafá: «Israel no respeta ni tan siquiera las resoluciones de la ONU, no vamos a callar ante la ilegalidad y la barbarie.

Compromís aboga por una solución dialogada que respete el derecho a la autodeterminación de Palestina y el retorno de los refugiados, tomando como base las resoluciones de Naciones Unidas, además de recordar que la Comunitat fue declarada por Les Corts como espacio libre del ‘apartheid’. «Somos conscientes que solo desde la solidaridad internacional y de la presión a los intereses de Israel se podrá forzar una solución dialogada y respetuosa con los derechos humanos», reivindica su diputado Josep Nadal.

«Hacemos más presente el compromiso del pueblo valenciano y sus instituciones con los derechos humanos y con el pueblo palestino», resume Naiara Davó (Unides Podem), destacando que se exija el embargo de armas a Israel y el fin de cualquier tipo de colaboración militar con este estado: «No estamos frente una guerra, sino frente a la masacre de un pueblo que ya sufre sistemáticamente la violación de los derechos humanos. Es necesario que se inicie una investigación de los crímenes de guerra y ‘apartheid'».

La Policía Nacional de Granada han liberado a cinco mujeres víctimas de la trata de seres humanos que habían sido obligadas a prostituirse, en el marco de una operación en que han sido arrestadas dos mujeres de nacionalidad española y origen brasileño de 56 y 49 años, una de ellas con antecedentes policiales como presunta autora de explotar sexualmente de manera reiterada a extranjeras en situación irregular.

Se han realizado dos registros domiciliarios en los que se ha intervenido documentación relativa a la actividad, teléfonos móviles y 480 euros. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de las dos detenidas, según ha informado este lunes la Policía Nacional en una nota de prensa.

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras iniciaron la investigación el pasado mes de marzo una vez que detectaron lo que parecía ser la reanudación de actividad de prostitución y tráfico de drogas en un inmueble cercano a la plaza de la Caleta. Dicho lugar ya había sido objeto de investigación en septiembre del pasado año, cuando fueron detenidas siete mujeres, entre ellas una española de origen brasileño que regentaba como arrendataria el inmueble en el que, en ese momento, eran explotadas sexualmente hasta diez féminas que fueron liberadas.

En los registros realizados en su domicilio y en el piso, los agentes intervinieron documentación relativa a la ilícita actividad, 26.000 euros en efectivo y cocaína, que podrían ser «indicadores de la trata de seres humanos, prostitución coactiva» y, según el testimonio ofrecido por el total de las mujeres que eran objeto de explotación sexual, también de «tráfico de drogas».

Después de finalizar el periodo de prisión preventiva dictaminado por la autoridad judicial para las siete mujeres, la mencionada arrendataria y principal investigada, habría reanudado la actividad delictiva consistente en captar a ciudadanas extranjeras en situación irregular mediante anuncios en páginas web de contenido sexual, ofertando una plaza en la ciudad de Granada, en la que ganarían mucho dinero, tendrían libertad de horarios y elección de clientes.

Una vez que las trabajadoras aceptaban «las condiciones engañosas ofrecidas como gancho» por la presunta proxeneta, eran alojadas en el mismo inmueble donde debían supuestamente prostituirse «las 24 horas del día, los siete días de la semana». Además les habría retirado los pasaportes con el pretexto de que ella «debía tenerlos por si era inspeccionada por la policía» poder «decir que les alquilaba habitaciones para residir y prostituirse libremente, cuando en realidad no les permitía salir a la calle más que dos horas al día, coincidiendo con el periodo de menor afluencia de clientes y sin poder alejarse una distancia que les llevara más de diez minutos regresar. Tampoco les habría permitido rechazar a ningún cliente y si incumplían estas normas las echaba a la calle.

Según el contenido de la investigación, las mujeres debían, además, ofrecer sustancias estupefacientes a los clientes que eran facilitadas por la madame y una mujer de confianza que hacía las veces de encargada o «mami» en ausencia de la primera. La responsable de la casa obtenía el 40 por ciento de los servicios de prostitución realizados por las mujeres, mientras que debían entregarle la totalidad del precio estipulado por las drogas.

Las detenidas, quienes también en su día habían ejercido la prostitución, se aprovechaban además de las circunstancias personales, familiares y sociales de sus explotadas, dado que conocían que carecían de residencia legal, tenían hijos menores a su cargo, ignoraban la legalidad española y estaban en riesgo de exclusión social.

Los agentes han registrado nuevamente el domicilio de la presunta proxeneta y el piso donde las mujeres eran explotadas y han intervenido nuevamente documentación relativa a los hechos investigados, varios teléfonos móviles y 480 euros en efectivo. Las dos arrestadas ya han pasado a disposición de la autoridad judicial quien ha decretado su ingreso en prisión.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este lunes que su partido va a trabajar en una «ambiciosa» ley de maternidad y familia que incluirá una prestación por desempleo mayor a aquellos que tengan más hijos, de forma que se contabilice ese incremento del paro a partir del segundo hijo.

Así se ha pronunciado en las jornadas ‘Reto Demográfico’ que ha organizado la Fundación Concordia y Libertad y que ha dedicado su primera sesión al Día Internacional de las Familias. Además, han participado en el presidente de la fundación y diputado, Adolfo Suárez, y la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor.

El líder del PP ha defendido hacer en España un «auténtico plan a favor de la maternidad» y por eso ha avanzado que su partido trabajará en una ley de familias y de maternidad que será «tremendamente ambiciosa», como la que se impulsó en Francia en los años 60 o en los países nórdicos en los años 90.

«No hay nada más progresista, más liberal y más igualitario en las oportunidades de un futuro que la política de maternidad y de conciliación para tener familia», ha avisado, para añadir que no pueden pagar sanidad y educación pública o infraestructuras si no se tienen niños.

Casado ha señalado que esa ley de apoyo a la maternidad y la familia incluirá que «la prestación por desempleo se contabilice también a partir del segundo hijo». Según ha explicado, se trata de que quien tenga tres, cuatro, cinco o seis hijos tenga una «prestación por desempleo que sea mayor que los que han tenido uno o dos».

«Por desgracia hay 400.000 mujeres más que han perdido el empleo, en este año de los brotes verdes. Muchas de ellas serán madres trabajadoras y alguna tendrá más de dos hijos y creo que es justo que tenga una prestación para que en su casa puedan llegar a fin de mes más fácilmente», ha manifestado Casado, que ha avanzado que el Grupo Popular quiere presentar antes una proposición no de ley en el Congreso con ese incremento del paro a partir de dos hijos.

«UNA REALIDAD TERRIBLE: MUEREN MÁS PERSONAS DE LAS QUE NACEN»

Casado ha afirmado que «el proyecto del PP para España es la defensa de las familias» y ha criticado que la política de familia del Gobierno sea «recortar el complemento de las pensiones de las abuelas, hacer un sablazo fiscal a los padres, abocar a un paro masivo a los hijos y dejar una deuda eterna a los nietos».

Eso no es una política de familia sino para salir del paso hoy e intentar engañarnos con planes para dentro de 30 años que ni se van a cumplir ni vamos a ver», ha denunciado, para criticar que otros partidos antepongan los intereses «partidistas» y les parezca que no es «cool» o «avanzado» hablar de la familia.

El líder del Partido Popular ha asegurado que en España hay una «realidad terrible» porque «mueren más personas de las que nacen» y «entran más personas a la jubilación de las que entran en el mercado laboral».

«Y estamos viendo cómo la pensión media está por encima del salario medio y cómo las arcas que cotizan a las arcas públicas son menores en número que las que perciben algún tipo de pensión, prestación o subsidio», ha recalcado.

BAJADAS FISCALES Y MOCHILA AUSTRIACA

Casado ha criticado que el Ejecutivo de por hecho y ponga por escrito «el egoísmo» de una generación que permite que sus hijos vayan a vivir peor que sus padres, con un 40% de paro juvenil o una tasa de fertilidad «que hace imposible la reposición para sostener el estado de bienestar».

En su intervención, Casado ha expuesto algunas de las propuestas de su partido, como la bajada fiscal a partir de la llegada de los fondos europeos; la mochila austriaca para flexibilizar el mercado laboral, como ha planteado el gobernador del Banco de España; «un ambicioso» plan de vivienda para jóvenes y familias, como ha defendido el primer ministro italiano, Mario Draghi; una reforma educativa con la gratuidad de 0-3 años; y la eliminación de la brecha digital para la racionalización del sector público.

El presidente del PP ha censurado además que Pedro Sánchez vaya a presentar esta semana el plan 2050, algo que, a su entender, supone «insultar a todas aquellas personas que lo están pasando mal ahora». Además, ha augurado que será de nuevo un acto de «autobombo y propaganda».

Finalmente, ha asegurado que el PP en la actual situación «no puede arrimar el hombro a un precipicio» porque «se caería el Gobierno, que se va a caer igual, pero también se caería su alternativa y, por tanto, el futuro del país». «Creo que esta alternativa es clara y en España ya se han visto dos modelos de hacer las cosas», ha subrayado.

La viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha advertido este lunes de que el Govern que quieren articular ERC y Junts será «más de derechas y más divisivo», después de que Pere Aragonès (ERC) y Jordi Sànchez (Junts) hayan presentado el principio de acuerdo para formar Govern e investir a Aragonès como su presidente.

Preguntada en rueda de prensa, Granados ha subrayado que les preocupa que «sea la derecha catalana nacionalista» la que se ocupe de los fondos europeos y de áreas como la de salud, y ha insistido en el acuerdo entre ERC y Junts está escorado a la derecha y llevará a un Govern del pasado con una fórmula fracasada.

«Un Govern del pasado no puede gestionar el futuro» y representa una prórroga agónica de un fracaso político, según Granados, que ha proclamado que las elecciones del 14 de febrero representaron un punto de inflexión con la victoria de los socialistas y que el cambio llegará a Cataluña, aunque no sea ahora.

«ERC ha conseguido más votos que Junts, pero cuando Junts dice que pongan las urnas, las ponen, y cuando dice que no, no las ponen», ha añadido la socialista, que ha asegurado que ambas formaciones independentistas carecen de proyecto y rumbo común y ha remarcado que en este acuerdo ha ganado la derecha.

EN «TIEMPO DE DESCUENTO»

Granados ha criticado que ERC y Junts han cerrado el acuerdo «diez días antes de la convocatoria automática de elecciones, en tiempo de descuento», y después de meses de desconfianzas y de una guerra abierta entre ERC y Junts, por lo que el acuerdo está marcado por el descrédito, según ella.

Considera que ERC y Aragonès han salido debilitados del acuerdo: «ERC se traga su penúltimatum», según Granados, que ha augurado que la Presidencia de la Generalitat también quedará debilitada y que se ha alcanzado este pacto para poder mantener a 500 cargos en el poder.

Ha insistido en que propondrán al líder de su grupo parlamentario, Salvador Illa, para un debate de investidura cuando la presidenta del Parlament, Laura Borràs, abra ronda de consultas, aunque haya una mayoría que apoye a Aragonès: «Una cosa no quita la otra. Seguimos pensando que sería el mejor presidente para Cataluña».

MESA DE DIÁLOGO

Preguntada por la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat, ha recordado que estaba a la espera de que se formara Govern para reactivarla, y ha dicho que en la presentación del acuerdo con Aragonès y Sànchez «no se ha hablado ni de mesa de diálogo ni de indultos, sino de amnistía y autodeterminación».

A preguntas de los medios sobre qué tipo de oposición ejercerá el PSC-Units ante este Govern, ha garantizado: «No nos encontrarán en una oposición bronca, nos encontrarán en una oposición contundente pero constructiva, porque lo que queremos es lo mejor para nuestro país, y sabemos que la confrontación no es la salida».

Sobre la coordinación de su postura de oposición con la del Gobierno central, liderado por el socialista Pedro Sánchez, Granados ha asegurado que están bien coordinados y que cada uno tiene su papel: «El Gobierno de España establecerá una relación institucional con el de la Generalitat y hará honor a los acuerdos que alcanzó. Otra cosa es el papel del PSC en el Parlament».

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha rechazado el principio de acuerdo alcanzado este lunes por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya para investir presidente de la Generalitat a Pere Aragonès y formar un Gobierno de coalición, afirmando que los partidos independentistas siempre se ponen de acuerdo «para atacar a España» y que no van a gobernar para nadie.

En rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión de la Ejecutiva nacional del partido, Arrimadas ha señalado este lunes que ese pacto –por el cual ERC controlará siete consejerías del futuro Govern y Junts, otras siete– da lugar a otro Ejecutivo separatista y supone el anuncio de «otro desafío a la democracia y a España».

«El independentismo siempre se pone de acuerdo para atacar a España, pero no para mejorar la sanidad y la educación, para ayudar a los autónomos, a los sanitarios, a las familias o a las empresas», ha manifestado.

Puesto que no van a solucionar «ni un solo problema» de los ciudadanos, la conclusión de Arrimadas no es que ERC y Junts busquen gobernar solo para la mitad de la sociedad catalana, sino que «no van a gobernar para nadie, salvo para algún grupito de vividores del ‘procés'» que «viven muy bien gracias al separatismo».

«EL PRELUDIO DE LOS INDULTOS» A LOS LÍDERES DEL ‘PROCÉS’

Cree que va a ser un Ejecutivo «nefasto» para Cataluña y también para el país en su conjunto, ya que esos dos partidos condicionan la política española y contribuyen a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «siga en Moncloa»: «Se constata la radicalidad de los socios de Pedro Sánchez», que «tienen como único objetivo destrozar nuestro país».

Por otro lado, ha indicado que el acuerdo de gobierno entre ERC y Junts es «el preludio de los indultos» para los políticos condenados por el proceso independentista de 2017. Así, la líder de Cs ha reprochado a Sánchez que «quiera indultar a estos señores» que «dieron un golpe de Estado», que «no se arrepienten de nada» y que «no han dejado atrás su radicalidad», ya que continúan «insultando cada día a toda España y amargando a la sociedad catalana».

Por último, ha apuntado que si finalmente en Cataluña no va a gobernar el PSC –ganador de las elecciones autonómicas– con ERC, «es porque Esquerra no ha querido, no porque el PSC no se lo haya rogado».

Tras recordar que Sánchez animó a ERC la semana pasada a pactar un Ejecutivo en Cataluña presidido por el candidato socialista, Salvador Illa, Arrimadas ha afirmado que el PSOE «estaba deseando hacer un tripartito» con los republicanos y con En Comú Podem, «a pesar de las mentiras del señor Illa en campaña», cuando negaba esta posibilidad.

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha tomado este lunes declaración como investigado al exdiputado autonómico de Vox y expresidente del Grupo parlamentario de dicha formación Francisco Serrano, por posible delito de fraude de subvenciones o alternativamente de estafa con relación a un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros cosechado por una empresa que gestionaba junto a un socio también investigado en esta causa judicial.

Francisco Serrano estaba llamado a comparecer este lunes junto a su socio empresarial Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, también investigados en estas diligencias, después de que su citación inicial del pasado mes de febrero fuese suspendida por circunstancias derivadas de la pandemia.

El que fuera líder de Vox en Andalucía ha prestado declaración este lunes durante aproximadamente una hora y media, accediendo a responder las preguntas de su abogado defensor, del juez, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pero no las de las acusaciones populares que ejercen el secretario general de Facua, Rubén Sánchez; y Podemos.

Enrique Pelegrín, de su lado, habría relacionado a Francisco Serrano con los trámites de la solicitud del préstamo y las «gestiones» ante la notaría, manifestado según han indicado fuentes del caso que era Serrano el único que supuestamente contaba con las claves de las cuentas bancarias investigadas por el depósito en las mismas del dinero del préstamo estatal reintegrable objeto del presunto delito. Era Serrano, según habría indicado, quien se relacionaba con los responsables de las entidades bancarias depositarias del dinero.

El también investigado López Ballesteros, «socio encubierto de Bio Wood» según la investigación, habría declarado según las citadas fuentes que Francisco Serrano se encargada de toda la «cuestión financiera» del proyecto de creación de fábrica de pellets objeto de la petición de respaldo financiero estatal.

Recordemos que la investigación atribuye a Francisco Serrano haber constituido junto a su socio Enrique Pelegrín la sociedad Bio Wood Niebla S.L. «con aportaciones no dinerarias ficticias o inexistentes», presuntamente para obtener fraudulentamente ayudas públicas del programa Reindus del Ministerio de Industria, Turismo y Energía, al que dicha empresa habría concurrido en demanda de respaldo financiero para un proyecto de instalación de una planta de fabricación de pellets.

PRÉSTAMO REINTEGRABLE

Según la Fiscalía, merced a dicha convocatoria de ayudas, el Ministerio de Industria transfirió 2,48 millones a Bio Wood Niebla en concepto de préstamo reintegrable, siendo el dinero ingresado supuestamente en una cuenta bancaria de Francisco Serrano, tras lo cual parte de ese importe habría sido presuntamente transferido a una cuenta abierta en otro banco y el resto, en concreto 438.000 euros, habría sido empleado a diversas operaciones como préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago de facturas y gastos varios, entre otras finalidades no relacionadas con el objeto de la subvención, siempre según la Fiscalía.

En la causa judicial figuran como investigados Serrano, su socio Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros como «socio encubierto de Bio Wood», pesando un atestado policial según el cual del mencionado dinero del préstamo estatal reintegrable concedido a dicha empresa, un millón habría «sido dispuesto mayoritariamente en fondos de inversión y objeto de sucesivas operaciones de ingreso y retirada».

Al respecto, figura además una resolución de la Delegación de la Agencia Tributaria en Andalucía emitida el 31 de agosto de 2020, dando cuenta del «procedimiento administrativo de apremio» incoado por dicha entidad estatal contra Biowood Niebla en demanda del «reembolso» del préstamo de 2,48 millones de euros concedido por el Ministerio de Industria y Turismo a la entidad, a la que reclama algo más de tres millones de euros por el citado préstamo más los recargos correspondientes.

SIN «VOLUNTAD DE DEVOLVER» EL PRÉSTAMO

Y es que según dicha resolución, Biowood Niebla «no ha demostrado ninguna voluntad de devolver las cantidades percibidas, más allá de la incautación de la garantía aportada, constituida precisamente con parte de los fondos percibidos, y tampoco abonó siquiera la primera cuota de intereses del primer año de los tres de carencia, a abonar el 29 de diciembre de 2017».

«Han sido escasamente fructíferas las acciones de embargo del líquido giradas contra la compañía, aunque sí han servido para constatar el caudal de lo distraído, y la conducta elusiva de la compañía, sus socios y sus administradores», indica la Delegación de la Agencia Tributaria en Andalucía, que detecta «indicios de levantamiento del líquido de la compañía obtenido del préstamo reintegrable, sin que efectivamente se aplicara a la finalidad a la que estaba destinado», es decir al proyecto de fabricación de Pellets.

En concreto, «gran parte del préstamo recibido del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la construcción de la nueva industria de fabricación de pellets en Niebla se destinó inicialmente a la realización de operaciones financieras especulativas, mediante la adquisición de fondos de inversión depositados en Ibercaja», pesando además «cargos correspondientes a diversos gastos a cuenta de socios y administradores, sin que conste la justificación ni aplicación de dichos importes a actividades propias de la entidad».

La Guardia Civil prevé incorporar un sonar y un robot marino del Instituto Español de Oceanografía (IEO) para que se sumen al dispositivo de búsqueda de las niñas Anna y Olivia, desaparecidas junto a su padre, Tomás Gimeno, el pasado 27 de abril en la isla de Tenerife.

Así lo ha anunciado la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, quien ha indicado en declaraciones a los medios que se está en conversaciones con el Instituto de Oceanografía «para poder contar con sus medios y poder aportar algo más de luz a este asunto».

María Gámez señaló que la incorporación de estos dos medios será «en breve», una vez se tenga la autorización del IEO y del Juzgado de Instrucción número 3 de Güímar, para poder acceder a la información que figura en el sumario, que sigue bajo secreto.

La directora general comentó que hoy ha mantenido una reunión con parte del equipo responsable de la investigación, así como con los medios operativos que llevan «sin descanso» durante veinte días participando en las labores de búsqueda de las dos niñas y su padre.

A sabiendas de que hay secreto de sumario, María Gámez afirmó que la Guardia Civil «no cesa ni un solo día, ni un solo instante en los esfuerzos y ha puesto todos sus medios personales y materiales para poder resolver esta desaparición cuanto antes, que es nuestra prioridad».

Asimismo, destacó que efectivos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) también están apoyando este dispositivo, en el que participan cada día más de setenta personas de medios aéreos y marítimos, además de medios terrestres.

Gámez resaltó la generosidad de otras muchas instituciones que «desde el primer momento» están colaborando con la Guardia Civil, como Salvamento Marítimo, Vigilancia Aduanera; medios de emergencia de la Comunidad Autónoma, Protección Civil, Policía Local e instituciones públicas como la Universidad de La Laguna o el Instituto Español de Oceanografía.

A su vez, resaltó «el tesón, la dedicación, el esfuerzo y el empeño personal» que están poniendo los efectivos de la Guardia Civil que están participando en la búsqueda, así como de todas las instituciones públicas y privadas que están ayudando, pues «tenemos el empeño de dar tranquilidad a la madre y también a la sociedad española».

Sobre la investigación, afirmó que ni puede ni debe dar información debido al secreto de sumario y por el bien de la propia investigación, pero sí señaló que por el momento se mantienen todas las hipótesis abiertas.

Ecologistas en Acción se ha dirigido a las consejerías de Medio Ambiente y Salud, y a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), para solicitar la apertura de expedientes que investiguen las causas de la contaminación del acuífero de La Aljorra, informaron fuentes de la organización en un comunicado.

El colectivo ecologista ha pedido que se depuren responsabilidades y establezcan medidas que eviten este tipo de situaciones en el futuro inmediato, ante la denuncia de la Fiscalía por la contaminación del acuífero subyacente al polígono industrial de La Aljorra.

En concreto, Ecologistas en Acción señala que la Fiscalía General del Estado, en Madrid, ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena que las aguas del acuífero subterráneo de La Aljorra tienen concentraciones de cromo y otros metales, lo que supondría la clasificación del acuífero como contaminado y causaría un «riesgo inaceptable» para la salud humana.

Para la Fiscalía, esta contaminación estaría asociada a la actividad industrial de las plantas de SABIC y/o Energyworks en La Aljorra.

Señala, además, que hay indicios de la presencia de elementos químicos peligrosos que puede afectar a los cultivos del entorno, lo que podría causar problemas a los consumidores de estos alimentos.

La organización ecologista ha sostenido que los acuíferos en el Campo de Cartagena «han sido maltratados durante años ante la desidia y la falta de control de las sucesivas administraciones», y que, por ejemplo, el acuífero cuaternario, conectado con el Mar Menor, «está declarado en riesgo de no alcanzar el buen estado químico, por encontrarse contaminado por nitratos de origen agrícola».

«También el acuífero bajo la zona del Hondón y los antiguos terrenos de ZINSA se encuentra contaminado por metales pesados y otros. Y ahora se destapa la contaminación del acuífero situado en la zona de La Aljorra». Por ello, para Ecologistas en Acción es «absolutamente necesario» aclarar el origen y la causa de esta contaminación, que se depuren las responsabilidades de los agentes contaminantes para que se frene su contaminación y se pueda valorar su descontaminación.

A esto, ha añadido que «en Energyworks se está quemando Bisfenol A tar (BPA tar), un residuo del Bisfenol A (BPA) que es un disruptor endocrino y un residuo toxico y peligroso». En este sentido, Ecologistas en Acción ha recordado que lleva tiempo proponiendo como alternativa a la incineración el uso solo como combustible de gas natural y el traslado del BPA y BPA tar a un gestor de residuos tóxicos y peligrosos para su inertizaciion.

Además, ha reclamado a las Administraciones implicadas el desarrollo y la implementación de medidas preventivas y precautorias que eviten el aumento la contaminación en el acuífero, así como un mayor control sobre las emisiones, vertidos y gestión de residuos de las plantas industriales de La Aljorra.

El PP ha denunciado este lunes que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, no ha atendido su petición de que el Ejecutivo diera conformidad antes del martes al debate en el Congreso del ‘plan b’ jurídico registrado por los ‘populares’ como alternativa al estado de alarma y que, por tanto, esa propuesta no podrá debatirse en el Pleno de la Cámara antes de junio.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, se dirigió por carta a Calvo el pasado 13 de mayo solicitándole que el Ejecutivo no agotara en este caso el plazo de 30 días hábiles que tiene para pronunciarse sobre las iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios.

El PP registró su proposición de ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública el 14 de abril y la Mesa del Congreso la calificó el día 20 de ese mes y la envió al Gobierno para que se pronunciara, a más tardar, el 1 de junio.

SE DEBATIÓ UNA SIMILAR EN NOVIEMBRE

El Ejecutivo tiene capacidad de vetar el debate de las iniciativas que supongan un incremento del gasto o una disminución de los ingresos, pero el PP no teme que el Gobierno vete la suya, puesto que no puso pegas a una similar que el Congreso ya rechazó tramitar el pasado mes de noviembre.

Ante la caducidad del Estado de alarma el pasado 9 de mayo, el PP volvió a registrar su conocido como ‘plan b’ y su intención era que el Pleno pudiera debatir su toma en consideración el próximo día 25 de mayo, dado que el primer partido de la oposición tiene cupo para incluir una proposición de ley en esa sesión.

El orden del día del Pleno que arrancará el 25 de mayo lo elaborará este martes la Junta de Portavoces. Por eso Gamarra se dirigió a Calvo pidiéndole que el Gobierno diera su conformidad a la iniciativa de su grupo a más tardar este lunes, de manera que la toma en consideración de la proposición de ley pudiera debatirse en el Pleno la semana que viene.

«Le solicitamos, por cortesía parlamentaria, que no agote el plazo para la conformidad otorgándolo antes de la próxima Junta de Portavoces, que tendrá lugar el martes 18 de mayo, permitiendo así que pueda ser debatida cuanto antes», rezaba la misiva de Gamarra.

DESCONCIERTO Y CAOS

En su carta, Gamarra insistía a Calvo en la necesidad de contar con una regulación que «provea de medios para reaccionar con agilidad y sin excepcionalidad ante situaciones de pandemia» y censuraba la actuación del Gobierno.

«Ha pretendido paliar su inacción abriendo la vía para que sean las comunidades autónomas las que recurran a los tribunales de Justicia, con el consiguiente caos», relataba la dirigente ‘popular’, quien mostraba su temor a que ese «desconcierto» pudiera «incidir en la evolución de la pandemia.

Fuentes ‘populares’ han denunciado que Calvo no ha contestado a la carta ni tampoco ha atendido la solicitud del primer partido de la oposición, puesto que este lunes seguía sin dar conformidad al debate de la iniciativa.

Así las cosas, el plan jurídico del PP, que algunos partidos de la oposición se habían mostrado dispuestos a tramitar para tomarlo de base para una futura regulación en esta materia, no podrá pasar su primer trámite en Pleno hasta el mes de junio.

La Fiscalía Anticorrupción ha acordado remitir a la Fiscalía del Tribunal Supremo la denuncia cursada por Unidas Podemos contra el secretario general del PP, Teodoro García Egea, por presunto delito de cohecho impropio al atribuirle «sobornos» a exparlamentarios de Cs en Murcia, con para hacer fracasar la moción de censura contra el Ejecutivo que dirige Fernando López Miras.

Mediante una resolución, la sección específica de Anticorrupció del Ministerio Público constata que García Egea es aforado en su condición de diputado en el Congreso, por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se remite al departamento del Supremo dicha demanda.

A finales de marzo el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, detalló la interposición de esta denuncia contra el ‘número dos’ del PP al entender que tejió una «trama de corrupción» para hacer fracasar esta moción de censura que impulsaron PSOE y Ciudadanos.

Previamente el exvicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, avanzó en el Congreso que iba a denunciar a García Egea ante la Fiscalía por «comprar» diputados para abortar esta iniciativa.

A su vez, Asens avanzó que la demanda se extendía también contra el presidente murciano, Fernando López Miras, el exsenador de Cs Fernando Hervías y los tres exdiputados de la formación naranja Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez que se desmarcaron de la moción de censura y, luego, se integraron en el Ejecutivo autonómico.

Concretamente, Unidas Podemos señala a Egea como el «inductor» y «cooperador necesario» de ese presunto delito, al desplazarse específicamente a Murcia para alterar el sentido del voto de la moción de censura con la «compra de voluntades» de estos tres parlamentarios.

Para ello alude a que se les ofreció cargos ejecutivo en concepto de «pago en especie», que recoge el tipo penal de cohecho, con el fin de que se retractaran de su posición inicial favorable a desalojar de la Presidencia de Murcia a López Miras.

UNIDAS PODEMOS VE INDICIO DE COMPRA DE VOLUNTADES

De esta forma, Asens desgranó que, entre las diligencias a practicar, solicitaban a la Fiscalía Anticorrupción que también analizase las cuentas corrientes de todos los denunciados, para esclarecer si hubo también algún tipo de pago monetario a estos parlamentarios.

El diputado de la formación morada relató que indiciariamente la moción de censura, basada en el acuerdo entre Ciudadanos y PSOE, se comunicó públicamente tras su registro en el Parlamento murciano y, ante ello, el secretario general del PP maniobró para «alterar la voluntad» de estos exdiputados de Cs con la promesa que ofrecerles unos cargos mejores.

También subrayó que el «transfuguismo» es un atentado a la democracia y una «deslealtad» del voto dado por la ciudadanía, pero además es un «acto de corrupción» que en este caso, a su juicio, tiene un componente delictivo «evidente» y «dominio público», como es la «compra de voluntades» con esos puestos, que en el fondo son un «soborno», una «dádiva» o «prebenda».

El Rey Felipe VI ha instado a trabajar para que la ciencia y los científicos españoles sean reconocidos y, por tanto, «ocupen el lugar que les corresponde».

Durante su intervención este lunes en el acto de entrega de los Premios Nacionales de Investigación, el monarca ha recordado un episodio en el que los científicos Santiago Ramón y Cajal y Jaime Ferrán no fueron reconocidos.

«En 1885 estalló una epidemia de cólera en Valencia, y para combatirla Ferrán impulsó una vacuna experimental –una inyección de pequeñas dosis de la bacteria que ya había probado con él mismo y que inoculó a 30.000 personas–. Por su parte, Cajal propuso como alternativa utilizar cultivos muertos del cólera. Y precisamente este tipo de vacunas es el que se ha utilizado después contra muchas enfermedades, incluyendo la Covid-19″, ha relatado.

Según ha destacado, los trabajos de Ferrán contribuyeron a frenar aquella epidemia, «pero ni estos ni la solución correcta avanzada por Cajal obtuvieron entonces repercusión internacional«, ha lamentado Felipe VI, que recuerda que fueron finalmente dos investigadores estadounidenses los que sí obtuvieron el reconocimiento.

«No cabe duda de que debemos ser capaces de extraer lecciones de la historia, y hoy hemos de seguir trabajando para que la ciencia y los científicos españoles, también en el ámbito internacional, ocupen el lugar que les corresponde», ha instado.

LAS VACUNAS: «UN CONOCIMIENTO ACUMULADO DE DÉCADAS»

En su opinión, el trabajo que realizan los investigadores es «arduo», «de frontera», «siempre en busca de ampliar los límites» del mundo, de los conocimientos y capacidades. «La naturaleza nos obliga a ser ambiciosos y rigurosos al desentrañar sus secretos, pero también pacientes y humildes cuando no lo logramos o tardamos más de lo que esperábamos», ha advertido.

Por eso, el apoyo a la ciencia, según Felipe VI, debe plantearse a largo plazo, como «garantía de progreso» y como «un acto de solidaridad con las generaciones del futuro». «En ocasiones, desgraciadamente, el día a día puede postergar esa visión de largo plazo que representan mejor que nadie los hombres y mujeres de ciencia, pero debemos recordar y agradecer siempre a quienes sí tuvieron esa previsión en el pasado», ha afirmado al tiempo que ha recalcado que «las labores de investigación con frecuencia ofrecen sus resultados muchos años o incluso décadas después de realizarse».

«Las vacunas que ahora permiten mirar al futuro con más optimismo, incluso en este año de tanto dolor, son fruto de un conocimiento acumulado de décadas», ha recordado.

Por este motivo, el monarca ha pedido aprovechar este momento de pandemia para «dar un nuevo impulso» al sistema español de ciencia e innovación. «Todos estamos moralmente implicados –y muchos lo están materialmente–, en lograr que nuestra energía social, educativa y económica esté adecuadamente orientada a poner –y mantener– la ciencia y la investigación en el nivel que merece y que necesita nuestro país», ha señalado.

Felipe VI ha apuntado que hay años más difíciles que otros para la investigación y para los científicos que la llevan a cabo para recalcar que «la emergencia de la Covid ha puesto de relieve de manera dramática el valor de la ciencia como herramienta esencial para resolver muchos de los grandes retos de la Humanidad». «Hoy son las vacunas y la Covid, pero hay tantos retos por delante», ha advertido, reconociendo el cambio climático como uno de los más importantes.

«LA CIENCIA SUPONE UN ESPACIO PARA LA ESPERANZA»

Durante su discurso, el Rey ha puesto en valor la importancia de la ciencia para la sociedad: «La ciencia supone un espacio para la esperanza. Representa una herramienta verdaderamente poderosa que nos permite acercarnos al conocimiento de la forma más fiel posible a través de un lenguaje universal que no conoce fronteras».

Así, ha subrayado que, si tradicionalmente la ciencia y la investigación han alcanzado la excelencia y el conocimiento a partir de una fuerte competencia, es innegable también que el «éxito científico» también se debe a la cooperación y la colaboración, sobre todo «cuando de lo que se trata es de lograr el mayor bienestar de la Humanidad».

«Valor en términos de eficacia, pero también en cuanto al valor ético que implica esa búsqueda del bien común. La historia nos ha dado numerosas lecciones sobre ello; la ultima la estamos viviendo actualmente», ha añadido.

Finalmente, ha felicitado a los «mejores» científicos e investigadores españoles. «Hoy celebramos los éxitos de los premiados, así como de la ciencia y la investigación españolas; pero también es sin duda una ocasión inmejorable (…) para ensalzar el valor y la utilidad de los resultados científicos para todas las sociedades del mundo», ha zanjado.

Por su parte, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha incidido en la importancia de la ciencia en España, más en estos momentos de pandemia: «La ciencia y la innovación nos ha proporcionado unas vacunas eficaces para contener la pandemia en un tiempo sorprendente (…) La ciencia es esa herramienta que nos va a devolver el disfrute del presente».

Para Duque, «no es tan raro que el presente resulte insoportable», como ya sucedió, según ha explicado, con la peste negra del siglo XIV o la gripe de 1918. Sin embargo, ha añadido que en todas las ocasiones la especie humana ha mostrado «una gran capacidad para crear herramientas intelectuales con las que alimentar la esperanza en un futuro mejor». Lo que caracteriza al presente, tal y como ha apuntado, es que hoy existen herramientas «con las que cumplir de forma concreta la promesa de ese futuro mejor».

LOS DIEZ PREMIADOS

Los Premios Nacionales de Investigación, creados en 1982, suponen el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica. Tienen como objetivo distinguir el mérito de aquellos investigadores de nacionalidad española que estén realizando una labor destacada en campos científicos de relevancia internacional y que contribuyan excepcionalmente al avance de la ciencia, a la transferencia de tecnología y al progreso de la humanidad. Los galardones tienen una dotación económica de 30.000 euros por cada premio.

En la presente edición se han recibido un total de 100 candidaturas, de las cuales 22 eran mujeres y 78 hombres. Los distintos jurados, formados por relevantes personalidades de la ciencia en las distintas áreas del conocimiento han fallado los Premios Nacionales de Investigación en sus diez modalidades. Esta es la primera edición en la que se incorporan las diez modalidades de los premios en una misma convocatoria, pues hasta ahora, se convocaban cinco modalidades cada año.

Los premiados este año han sido: Francisco Sánchez Madrid (Premio Nacional ‘Santiago Ramón y Cajal’ en el área de Biología); Susana E. Narotzky (Premio Nacional ‘Ramón Menéndez Pidal’ en Humanidades); José Capmany (Premio Nacional ‘Leonardo Torres Quevedo’ en Ingenierías); Elías Campos (Premio Nacional ‘Gregorio Marañón’ en Medicina); y Nazario Martín (Premio Nacional ‘Enrique Moles’ en Ciencia y Tecnología Químicas).

También han sido reconocidos: Xavier Querol (Premio Nacional ‘Alejandro Malaspina’ en Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales); Carme Torras (Premio Nacional ‘Julio Rey Pastor’ en Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones); Laura M. Lechuga (Premio Nacional ‘Juan de la Cierva’ en Transferencia de Tecnología); Luis Ibáñez (Premio Nacional ‘Blas Cabrera’ en Ciencias Físicas, de los Materiales y de la Tierra); y Xavier Vives (Premio Nacional ‘Pascual Madoz’ en Derecho y Ciencias Económicas y Sociales).

El Partido Popular ha solicitado al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid que conserve las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del Aeropuerto Madrid-Barajas-Adolfo Suárez durante la noche que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, pasó por allí, al considerar que puede haber algún tipo de conexión entre esta escala y el rescate a la aerolínea Plus Ultra, apuntando a un posible delito de contrabando.

Rodríguez estuvo en el aeropuerto madrileño la noche del 19 al 20 de enero de 2020 de camino a Qatar, a pesar de que las sanciones impuestas por la Unión Europea a la mandataria venezolana le impiden pisar el espacio Schengen. Esa madrugada se vio con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, –según explicó él posteriormente– para asegurarse de que no infringiera las directrices comunitarias.

El ‘Delcygate’ ha quedado definitivamente archivado tanto en los juzgados madrileños, donde se investigaba una presunta prevaricación por parte de los funcionarios que permitieron la presencia de Rodríguez en Barajas, como en el Tribunal Supremo, donde se tramitaba una querella de Vox y el Partido Laócratas contra Ábalos también por supuesta prevaricación.

Sin embargo, el PP cree que el caso merece una investigación desde otro prisma tras las pesquisas iniciadas por el Juzgado de Instrucción Número 15 por el rescate de 53 millones autorizado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) «de modo absolutamente incomprensible en términos económicos y jurídicos» a Plus Ultra, «una empresa dedicada a la navegación aérea que tiene evidentes connivencias con el régimen venezolano».

El Partido Popular ve «esencial» conocer los motivos de la SEPI para mantener a flote a Plus Ultra. «Es decir, qué servicios o beneficios están pagando los poderes públicos (y por ende todos los españoles) mediante la concesión del rescate al régimen de Venezuela, o más bien qué clase de tráfico trata de garantizarse, o encubrirse con Venezuela», dice el PP en su escrito, avanzado por ‘La Razón’.

El PP subraya que, según declaró ante notario un testigo, la ‘número dos’ del Gobierno de Nicolás Maduro introdujo en España sin control aduanero «abundantes maletas» cuyo origen y contenido se desconocen. Para los de Pablo Casado, es «evidente» que esta actuación «puede ser constitutiva de un delito de contrabando, que hasta ahora no ha sido investigado».

«No es descartable, por tanto, que anulada la posibilidad de repetir en el futuro el mismo procedimiento, empleando para ello aviones oficiales del régimen venezolano, se haya decidido emplear, para continuar introduciendo en España mercancía ilegal, la apariencia de legalidad de un tráfico aéreo ordinario, con una empresa aérea que se rescata para la ocasión», indica.

UNA POSIBLE PRUEBA

Por ello, la formación política pide a la juez Esperanza Collazos que reclame a AENA las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de Barajas esa madrugada a fin de frenar la destrucción de las mismas, argumentando que podrían llegar a ser pruebas de un ilícito penal.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 31, Antonio Serrano-Arnal, preguntó al Supremo qué hacer con estas grabaciones una vez archivado el caso en ambas sedes, a lo que el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, le respondió la semana pasada que el destino de estas cintas es de la «exclusiva incumbencia» del juzgado madrileño.

En su defecto, el PP propone a la instructora conformar una Comisión Judicial integrada por policías especializados en cuestiones informáticas que acuda al aeródromo madrileño para que haga una relación de todas las cámaras de seguridad con acceso a la pista donde aterrizó y permaneció el avión de Rodríguez, y a las zonas por donde transitaron la mandataria bolivariana, el resto de pasajeros y tripulantes de su vuelo y las mercancías que llevaba.

El PP pretende que esta Comisión Judicial haga una inspección ocular de todos estos lugares y de la ubicación exacta de las cámaras de seguridad, y deje constancia fotográfica de ello; que clone los equipos informáticos donde se hayan registrados esas grabaciones para determinar si se han eliminado o manipulado imágenes; y que elabore un listado con las empresas encargadas de este circuito de videovigilancia.

Busca asimismo que la Comisión Judicial haga una relación completa de todas las personas que trabajaron los días 19 y 20 de enero de 2020 en las instalaciones aeroportuarias donde estuvieron Rodríguez y su séquito, incluidos funcionarios de la Guardia Civil y Policía Nacional, que puedan ofrecer información sobre lo ocurrido aquella noche.

Por último, los ‘populares’ solicitan «que se entreguen de manera inmediata al juzgado la totalidad de los informes que se hayan evacuado por la autoridades aeroportuarias, la fuerza actuante o las empresas intervinientes sobre los hechos investigados, incluyendo el detalle de la comunicación del plan de vuelo, pasajeros y mercancías transportadas.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha arremetido este lunes contra el PP acusándole de haber mantenido una «actitud deleznable» durante la pandemia, de comportarse con «vileza» haciendo política con las víctimas del coronavirus y de «boicotear» la recuperación económica y la renovación del Consejo del Poder Judicial (CGPJ).

En una rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz, Ábalos ha dicho que, mientras los españoles celebran el avance de las vacunas y las previsiones de recuperación económica, para el PP eso supone «una contrariedad».

Ábalos ha destacado que las últimas cifras en el número de vacunados –7 millones de españoles tienen ya la pauta completa y 15 una de las dosis– evidencian que el país camina «en línea recta» hacia la inmunidad de grupo.

«Tenemos al alcance de la mano cumplir el objetivo de que 33 millones de españoles estén protegidos antes de concluir el verano», ha proclamado el dirigente socialista, «una buena noticia» con la que, a su juicio, «todos» deberían «alegrarse» y no acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «triunfalismo», como ha hecho el líder del PP, Pablo Casado.

NO HA DEJADO DE PONER PALOS EN LAS RUEDAS

«La actitud de la derecha ha sido deleznable –ha afirmado–. No ha dejado de poner palos es las ruedas, ha criticado una cosa y la contraria y sigue cometiendo esta vileza de hacer política con las víctimas».

También ha acusado al primer partido de la oposición de intentar «boicotear» la recuperación económica, así como de impedir la renovación del Poder Judicial negándose a un acuerdo, para lo cual, según ha criticado, los de Casado buscan «cualquier excusa».

En materia económica, Ábalos ha cuestionado que para el PP suponga «una pésima noticia» los «buenos datos» para la reactivación económica que ya anticipan todos los organismos internacionales pues, a su juicio, viene a «desbaratar» su estrategia de «cuanto peor, mejor».

«Esto exaspera a la derecha, que se niega a comprometerse con el futuro de España por mero interés partidista», ha criticado Ábalos, quien ha garantizado que el Gobierno seguirá mirando el futuro y gobernando el presente «mal que le pese a la derecha», hasta el 2023 y sin que «nadie se queda atrás».

En este punto, el ‘número tres’ de los socialistas ha subrayado a Casado que aún está «a tiempo» optar o por «colaborar» en la tarea de «reconstrucción» del país que hay por delante o por «seguir en el boicot y el obstruccionismo», «embelesado con su propio ombligo y bebiendo los vientos de la ultraderecha».

Sin embargo, Ábalos sospecha que el PP ya ha elegido, teniendo en cuenta la actitud que mantiene en torno a la renovación del CGPJ, para la que buscan «cualquier excusa» con tal de no cambiar actualizar la actual composición del órgano de gobierno de los jueces.

NO LES IMPORTA «DESPRESTIGIAR» EL CGPJ

El ministro ha criticado que el PP renovara el CGPJ conforme a la legislación vigente cuando ganó las elecciones y que quiera cambiarla cuando las pierde, como ocurre ahora. El presidente del PP ha asegurado que si no hay un cambio en el sistema de elección del Consejo del Poder Judicial, no habrá pacto para renovarlo.

Ábalos ha acusado a los ‘populares’ de no importarles «desprestigiar» al CGPJ ni que éste esté paralizado desde hace más de dos años pero ha recalcado que el PSOE no se plantea reactivar su iniciativa para cambiar el sistema de elección de los vocales de este órgano.

Eso sí, ha apelado al «sentido institucional» y a la «obligación política» del PP para «desbloquear» esta situación con el fin de no contribuir más al «descrédito» y «deslegitimación» de instituciones como el CGPJ.

La Unión Sindical Obrera (USO) ha pedido tipificar el delito de ciberacoso y violencia de género a través de las nuevas tecnologías con el objetivo de luchar «contra el creciente número de casos».

El sindicato señala que, según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior, el 91,4% de los hogares españoles cuentan con conexión a Internet, una red que, en el ultimo año ha tenido una enorme importancia en la vida de los ciudadanos como consecuencia de la pandemia.

Este avance en la eliminación de la conocida como ‘brecha tecnológica’ tiene también sus consecuencia negativas y USO, en este sentido, pone de relieve «el crecimiento exponencial de los delitos que se están cometiendo a través de la red y, en particular, de los relacionados con el ciberacoso y la violencia de género psicológica».

A través de un comunicado, indica que las denuncias encuadradas como «cibercriminalidad» en España crecieron más del doble entre 2016 y 2019, pasando de las 92.716 a las 218.302.

Estas cifras, que recoge un estudio realizado por la Secretaría de Comunicación y Estudios Sindicales de USO, determina, además, que la mayoría de estas reclamaciones se proucen por fraude informático, falsificación informática o interferencias en datos y sistemas, mientras que en materia de acoso y violencia contra la mujer «aún se presentan muy pocas denuncias».

MAYOR PORCENTAJE DE INVESTIGADOS

A pesar de ello, las que sí se producen acaban, en su mayoría, en condenas o investigaciones, según apunta la entidad. Así, mientras las 142.000 denuncias por fraude informático se sustanciaron en 5.000 investigaciones; las 13.116 por amenazas y coacciones «acabaron con 1.748 detenidos o investigados».

«Y, en el caso de los delitos sexuales, se presentaron 1.243 denuncias y más del 75% acabaron con investigaciones y detenciones: 969», ha apuntado Laura Estévez, secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO.

Esta situación, explica USO, es la que le lleva a reclamar una tipificación de los delitos de ciberacoso y que aquellos que son una extensión de la violencia de género se consideren como tal. «Es muy difícil luchar contra lo que no se conoce y, por ello, no se considera un problema», indica Estévez, que se ha mostrado en contra de incluir estas violencias en el «cajón de sastre» de las «amenazas y coacciones» en cualquier ámbito.

Así, Estévez advierte que, cuando se estudian los casos de víctimas por delitos sexuales a través de la red, la ratio de mujeres se dispara. También denuncia la existencia de este acoso a muchos hombres con una «condición sexual diferente a la preestablecida». «Queda aún más claro viendo los victimarios: casi el 94% de quienes cometen delitos sexuales son hombres», explica.

USO completa el perfil de esta violencia en su estudio, destacando que quienes cometen y padecen esos delitos «se sitúan sobre todo entre los 18 y los 40 años», aunque también recoge que «hay un importante número de menores de edad, tanto entre víctimas como entre detenidos e investigados».

Es por eso que, además de la tipificación de los delitos, el sindicato pide «órganos judiciales especializados en esos delitos informáticos» que se ocupen de «la avalancha de denuncias que se prevé en los próximos años por el aumento del uso de Internet». También quieren que se desarrollen mecanismos de denuncia y probatorios avanzados; una regulación que vaya por delante o a la par de los delitos; y más formación en el buen uso de las redes sociales desde edades tempranas.

La defensa del joven que asesinó a su pareja en enero de 2019 en Laredo, en el primer crimen por violencia de género de ese año en España, ha recurrido la sentencia de la Audiencia de Cantabria que le condena a 27 años de prisión: 24 por acabar con la vida de la chica y tres por amenazas a las compañeras de piso de la víctima que intentaron, en vano, frenar la agresión.

En el recurso, el abogado del procesado pide que se rebajen de 24 a 20 los años de cárcel por el primer delito y de tres a uno los del segundo tipo delictivo, esto es, 21 en total, apreciándose para ello las atenuantes de confesión y entrega y, también, la de reparación del daño, que rechazó el juez.

Asimismo, esta parte se opone a que su cliente sea expulsado de España tras cumplir tres cuartas partes de la condena o alcanzar el tercer grado penitenciario o la libertad condicional, como se acordó en la sentencia, dictada por la Sección Primera conforme al veredicto del jurado que enjuició los hechos a mediados de abril.

El tribunal declaró al procesado culpable de asesinar -entendieron que hubo enseñamiento y alevosía- en la madrugada del 3 de enero de 2019 a quien hasta entonces y durante dos años había sido su pareja, y amenazar también a dos amigas que vivían con ella y que trataron de socorrerla.

El magistrado presidente del jurado impuso a Tomás Maestre, de 29 años y natural de Ecuador, 24 años de cárcel por un delito de asesinato, con las agravantes de parentesco y de género, pues fue cometido por la «superioridad» que entendía que «tenía sobre la víctima, al ser esta una mujer».

En su resolución, destacaba el hecho de que el hombre grabara videos de la agresión en su teléfono móvil, como «muestra de su deseo de mostrar o demostrar aquella acción, aumentando, si cabe, la humillación de la víctima».

Por este delito, el juez también le prohibió comunicar y acercarse a los familiares de la víctima durante 30 años y estableció una medida de libertad vigilada de diez años tras su salida de prisión. Y en concepto de responsabilidad civil, fijó una indemnización para la hija menor de edad de la fallecida de 120.000 euros, y de 72.500 euros para la madre.

Junto a ello, le impuso tres años de cárcel por un delito de amenazas a las compañeras del piso de la víctima, a las que no podrá acercarse ni comunicarse con ellas durante cuatro años.

La sentencia también acordaba la expulsión del condenado del territorio nacional, una vez cumpla tres cuartas partes de las penas de prisión, así como la prohibición de regresar a España en los diez años siguientes.

En el fallo, recurrido ahora ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el magistrado descartó las atenuantes de confesión y de reparación del daño, al no entender que se había producido el reconocimiento previo de lo sucedido con carácter previo a la actuación policial.

Y respecto a la consignación, de 500 euros antes de iniciarse el juicio, destacó que «no llega al 0,3% del total reclamado» por las acusaciones, que supera los 190.000 euros.