El Gobierno gallego ha trasladado su rechazo a la nueva Ley de Universidades, un texto que está cosechando críticas de toda la comunidad universitaria «que no reconoce el texto como suyo», valoración que la Xunta comparte.
Así lo ha trasladado el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria, que este miércoles analizó el texto del Ministerio dirigido por Manuel Castells
«Carece de ambición, puesto que no afronta las reformas que, durante décadas, fueron demandados por los más diversos foros. Esto es, una oportunidad perdida», ha lamentado, para reclamar pasos modernizadores en centros y estructuras universitarias, dado que la nueva ley no recoge la evolución de las últimas décadas.
Tampoco recoge realidades como la de los centros de investigación y consorcios de investigación, que quedan en el limbo. «Desde la Xunta apostamos, precisamente, por avanzar hacia la flexibilización de estas estructuras y a la especialización de las mismas», señaló el secretario xeral.
«Si se quiere contribuir a la mejora continua del sistema de I+D+i del sistema universitario, es necesario emprender este camino», insistió, para demandar la puesta en marcha de un procedimiento para la acreditación de las estructuras de investigación, que reconozca su excelencia y sostenibilidad.
En lo que respecta a la financiación de las universidades, lamentó que la ley no fije un marco común para todas las comunidades autónomas y mantengan 17 sistemas diferentes. «Se pierde una oportunidad para retomar el intento serio que hubo en 2010 de conseguir una estructura común estatal para el sistema de financiación», dijo.
Asimismo, destacó la falta de diálogo con los Gobiernos autonómicos a pesar de que son las que sostienen la financiación de las universidades. Díez de Castro destacó que la estructura que propone la ley en su exposición de motivos (financiación estructural, por objetivos y necesidades singulares) ya se está aplicando en Galicia, así como el principio de suficiencia financiera.
GOBERNANZA Y CONSEJOS SOCIALES
En materia de gobernanza a nueva ley vuelve al mismo punto de la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU) de 2007, lo que supone una «renuncia total» a objetivos ambiciosos. En este sentido, demandó una reflexión sobre el desarrollo de estos procesos en el contexto europeo y sobre los cambios referidos al papel de los consejos sociales, «que van en contra de la racionalidad y de la modernización».
«La dependencia jurídica y de gestión económica de la universidad, así como la presencia mayoritaria de la propia universidad en el Consejo Social que propone la ley anula cualquier labor de supervisión», señaló.
