El PNV quiere que no sea necesaria una denuncia para actuar contra el acoso ante las clínicas que realizan la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Los nacionalistas ven necesario que se actúe de oficio ante la posibilidad de que estos hechos queden impunes por el deseo de las mujeres agraviadas a mantener el anonimato.
Así lo recoge en una de las enmiendas presentadas este miércoles a la proposición de ley impulsada por el PSOE para penalizar esta práctica frente a los centros abortivos.
En concreto, la iniciativa socialista propone un nuevo artículo que castigue con la pena de prisión de tres meses a un año, o de trabajos en beneficio de la comunidad, a quienes «hostiguen o coarten la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho» a la interrupción voluntaria del embarazo, «promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados» para ello.
«Atendidas la gravedad, las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años», continúa el texto del PSOE, que señala que, «las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso».
INTIMIDAD DE LA MUJER AGRAVIADA
A este texto, el PNV quiere añadir un nuevo apartado redactado de esta manera: «En la persecución de hechos los descritos en este artículo no será necesaria la denuncia de la personaagravada o su representante legal».
En su justificación de esta enmienda, los nacionalistas vascos indican «la persecución penal debe ser de oficio (y no como delitos privados)».
A su juicio, de no ser así «muchos delitos quedarán impunes porque ante todo las mujeres quieren preservar su intimidad y eso se quebraría si la persecución penal requiriese su denuncia y sostenimiento de la acción».
INFRACCIÓN GRAVE
Del mimos modo, PNV propone otra enmienda de adición, en este caso de una disposición final a la proposición de ley que reforma la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, la norma más conocida como Ley Mordaza.
En este caso, propone incluir en el artículo 35 de este texto, en el que se recogen las infracciones muy graves, un nuevo apartado que contemple como tal «la participación en concentraciones a menos de ciento cincuenta metros de lugares habilitados para la interrupción voluntario de embarazos, cuando tales conductas no sean constitutivas de delito».
El objetivo del grupo parlamentario vasco es «establecer zonas de seguridad en el entorno de los centros sanitarios acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo» a fin de «garantizar la intimidad y privacidad de las mujeres, de integridad moral, asícomo su derecho a la libre circulación».
