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La Audiencia de Barcelona cree que Montull ocultó rentas para evitar el embargo por el caso Palau

La Audiencia de Barcelona sospecha que el exdirector administrativo del Palau de la Música Jordi Montull ocultó que cobraba 1.500 euros al mes alquilando una de las fincas que se le intentaron embargar al ser condenado por el caso Palau, y ha enviado el caso a los juzgados de instrucción de Barcelona para que decidan si abrir una causa por estos hechos.

En el auto, el tribunal rechaza el recurso de Montull y su esposa, Mercedes Mir, contra la decisión de valorar posibles responsabilidades penales por presuntamente ocultar que cobraban este alquiler de 1.500 euros por una finca que tienen en El Masnou (Barcelona) y que debía ser embargada.

La ejecución de la sentencia del caso Palau fijó embargar 22,3 millones de euros a Montull y otros 281.701 euros a Mir por el desfalco a la institución musical, y él también fue condenado a siete años y medio de prisión.

Tras la condena, Montull declaró que solo tenía su pensión de jubilación como ingresos para pagar la responsabilidad civil que le impuso la sentencia, y su defensa afirma que «no se incluyó este alquiler porque los arrendamientos de inmuebles embargados han servido para abonar Ibis, impuestos y tasas municipales, gastos de comunidad y mantenimiento», y niega que quisiera ocultarlo.

Ahora, la Audiencia de Barcelona ha constatado que desde que en mayo de 2020 se declaró firme la sentencia del caso Palau no se han podido embargar estas cantidades, «y no se ha podido embargar por la única y exclusiva razón de que se ha ocultado por el señor Montull y la señora Mir la existencia de esta fuente de ingresos».

Los jueces detallan que Montull y Mir han cobrado 1.500 de este alquiler desde diciembre de 2019 «y han seguido percibiendo las rentas a pesar de conocer que la sentencia es firme desde el 12 de mayo de 2020, ocultando la existencia del propio arrendamiento».

Por eso, los magistrados ven indicios de un presunto delito de frustración de la ejecución de la sentencia –ocultar patrimonio para evitar un embargo por responsabilidades civiles de una condena–, y acuerdan enviar el caso a los juzgados de instrucción de Barcelona para que decidan si abrir una causa por estos hechos.