El Partido Popular ha emplazado este miércoles al Gobierno liderado por Pedro Sánchez a aclarar si cederá el MIR a Cataluña. A su entender, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, debe «dar la cara» en el Congreso y explicar «a todos los médicos españoles si quiere cambiar el modelo».

«¿Vale más y es más importante para el Gobierno de España saber catalán que ser un buen médico? Que lo expliquen inmediatamente el señor Sánchez y la ministra de Sanidad», ha declarado a los periodistas el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.

Así se ha pronunciado depués de el Gobierno y la Generalitat hayan acordado impulsar un grupo de trabajo –cuyas reuniones comenzarán en octubre– para estudiar la viabilidad de esa transferencia de la formación sanitaria especializada.

CASADO: «NO PUEDE JUGAR» CON LA SALUD POR UN «PUÑADO DE ESCAÑOS»

El presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado su rechazo rotundo a la posibilidad de que pueda cederse el MIR a Cataluña. «Si Sánchez cambia el sistema MIR para pagar a los secesionistas, lo recuperaremos en cuanto lleguemos al Gobierno», ha avisado.

Casado ha afirmado que el Ejecutivo «tiene el récord mundial de contagios de sanitarios por Covid y no puede jugar con su carrera profesional, ni con la salud de los españoles por un puñado de escaños».

En parecidos términos se ha expresado la exministra de Sanidad y actual portavoz en Bruselas, Dolors Montserrat, que ha afirmado que si Sánchez permite el traspaso del MIR, el PP lo recuperá al llegar a Moncloa. «El Gobierno ningunea, una vez más, a los MIR. Primero cambian el sistema de selección de plazas y ahora son usados como moneda de cambio con sus socios independentistas», ha denunciado en la misma red social.

MONTESINOS: EXIGIMOS LA COMPARECENCIA URGENTE DE DARIAS

En declaraciones a los medios en las puertas de la sede del PP, Montesinos ha señalado que cada día conocen «más detalles de la agenda secreta» entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y ha añadido que «lo último afecta al sistema MIR».

«Exigimos la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad para que aclare a todos los médicos españoles si quiere cambiar el modelo y que aclare también si para Pedro Sánchez vale más el carné de un independentista y saber catalán que ser un buen médico y hacer mejor las funciones sanitarias», ha enfatizado.

En este sentido, el responsable de Comunicación del PP ha subrayado que Pedro Sánchez «tiene que ser muy claro» sobre este tema y por eso ha urgido a la ministra de Sanidad a ofrecer explicaciones en el Congreso de los Diputados cuanto antes.

Montesinos ha advertido de que éste puede ser «el camino de un sistema distinto por cada comunidad autónoma» y ha añadido que esto «es gravísimo después de que la sanidad española y el sistema MIR sea reconocido internacionalmente».

GAMARRA: EL MIR «NO PUEDE SER MONEDA DE CAMBIO POR APOYO AL GOBIERNO»

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha resaltado que el MIR es «un modelo de éxito, reconocido internacionalmente y garantía de cohesión del sistema» y ha subrayado que el PP defiende y quiere garantizar ese modelo. «No puede ser moneda de cambio por apoyo al Gobierno», ha afirmado.

En una entrevista en Onda Cero, Gamarra ha advertido además que el traspaso del MIR a Cataluña «llevaría a romper un modelo de formación que ha funcionado y que es un modelo de éxito» en España. Es más, cree que eso abocaría a la creación de 17 modelos cuando «debe ser una competencia exclusiva del Estado».

Gamarra ha recriminado al Gobierno que «premie» a quienes no acuden a las Conferencias de Presidentes con cumbres bilaterales que son «chantajes» de los independentistas para conseguir sus objetivos «a través de la presión y poniendo siempre en jaque el orden constitucional». «Son cesiones públicas y notorias y no son dignas de un Gobierno que busque el interés general y la igualdad», ha manifestado.

PASTOR: «ESPERO QUE LA ESPAÑA MULTINIVEL NO LLEGUE AL SISTEMA MIR»

También se ha pronunciado sobre este tema la exministra de Sanidad y vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor, quién ha asegurado que espera que «la España multinivel» que quieren impulsar Sánchez y el PSOE «no llegue al sistema MIR».

«Lamentable que la clave de que nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) sea excelente, sea moneda de cambio del independentismo. Si lo hacen, será derogado de forma inmediata cuando lleguemos al Gobierno», ha anunciado Pastor en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

El fiscal suizo Yves Bertossa ha imputado al presidente del Banco Mirabaud, Yves Mirabaud, por no haber informado al organismo de prevención de blanqueo de capitales de la entrada en su entidad en 2008 de la cantidad de 65 millones de euros con destino a la cuenta de la fundación panameña Lucum, de la que era beneficiario el rey emérito Juan Carlos I.

Según adelantaba El País y han confirmado fuentes del caso, el fiscal del cantón de Ginebra incluye así a Mirabaud entre los investigados en la causa que se sigue en el país helvético por blanqueo de capitales y cobro de comisiones irregulares. El motivo es la falta de transparencia sobre esa donación de 100 millones de dólares –65 millones de euros– que el emérito recibió del rey Abdalá de Arabia Saudí.

Este nuevo paso en la investigación suiza llega cuando se acaba de cumplir un año del exilio del rey emérito a Emiratos Árabes Unidos, donde reside desde entonces. El anuncio de que el que fuera rey de España durante casi cuatro décadas partía de nuevo al exilio, en el que nació, fue la culminación de una serie de acontecimientos, que se aceleraron a raíz de su abdicación en junio de 2014, ligados a su vida privada y sus actividades financieras que le han terminado situando en el punto de mira de la justicia.

Su salida del país se produjo después de que el ‘Sunday Telegraph’ desvelara el 14 de marzo de 2020 un generoso ‘regalo’ millonario al emérito por parte de Arabia Saudí. Esto llevó a que Don Felipe anunciara el 15 de marzo que retiraba su asignación el Rey emérito.

Además, en marzo de 2019 se recibieron ya en Zarzuela dos cartas del bufete británico en el que trabaja el abogado de Corinna Larssen, examante de Juan Carlos I, informando de que Don Felipe y la Princesa de Asturias figuraban como segundo y tercer beneficiarios de la Fundación Lucum.

Dicha fundación fue creada en 2008 para supuestamente ocultar esa donación que Arabia Saudí habría hecho al entonces jefe de Estado. Esos fondos permanecieron en una cuenta en Suiza hasta que en 2012 el emérito transfirió los 65 millones a Corina Larssen.

Por otra parte, el 2 de marzo de 2019 Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano de Juan Carlos I, negaba en una entrevista en ‘El País’ ser el «testaferro» del emérito y aseguraba que los fondos de la Fundación Zagatka, creada en 2003 en Ginebra, eran suyos y que su objetivo era poder ayudar a las familias reales que lo necesitaran.

El siguiente hito en el devenir judicial del emérito llegó el 5 de junio cuando la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, encargaba al fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos, las diligencias respecto al supuesto cobro de comisiones por el emérito por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas.

Según explicó la Fiscalía General del Estado (FGE), la investigación asumida por Campos se derivaba de las diligencias abiertas en diciembre de 2018 por Anticorrupción para aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen se habrían repartido entre otros Don Juan Carlos por la citada adjudicación en 2011.

Con el emérito ya en Emiratos Arabes, el pasado noviembre la Fiscalía del Tribunal Supremo anunció dos nuevas investigaciones. La primera, por el uso por parte de Don Juan Carlos y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figuran como titulares los años 2016, 2017 y 2018. Dado que los gastos superaban los incrementos de renta no declarados por encima de los 120.000 euros, la Fiscalía previno de que podrían constituir delito fiscal.

La segunda está relacionada con la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del Rey emérito en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

DOS REGULARIZACIONES Y UNA DEMANDA

Ante estos hechos, el antiguo monarca procedió el 9 de diciembre a una regularización fiscal por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los tres asuntos investigados en su contra.

A esta siguió una segunda –en teoría la última– el 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de 8 millones de euros de pagos en especie y que tienen que ver con «determinados gastos por viajes y servicios realizados» por el Rey emérito a costa de la Fundación Zagatka, a cargo de su primo Álvaro de Orleans-Borbón, que está siendo investigado por la Fiscalía suiza por las actividades de esta firma.

Los pagos se habrían realizado hasta 2018, con posterioridad a la abdicación, y el Rey emérito aparecería como beneficiario de Zagatka hasta junio de 2020, cuando la fundación modificó sus estatutos y suprimió a Don Juan Carlos y a sus tres hijos como beneficiarios. En este sentido, Álvaro de Orleans volvió a reivindicar que la fundación es suya y que no ejerce de «testaferro».

En mayo, la Agencia Tributaria (AEAT) notificaba al rey emérito la apertura de una inspección y le pedía más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado y que han permitido aflorar esos casi 5 millones de euros, la mayor parte presuntamente relacionados con vuelos privados que le sufragó la fundación de su primo.

Mientras, el emérito suma un nuevo frente judicial, y es que en julio se conocía que su examante Corinna Larsen ha presentado una demanda contra él ante la High Court de Londres en la que reclama una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por el gasto derivado de la «instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección» y por el monto que le supuso la contratación de «exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno» para que interviniesen con el fin de «poner fin al acoso» que denuncia por parte del rey emérito. También reclama que Juan Carlos I no se pueda acercar a menos de 150 metros de ninguna de sus residencias.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha vuelto a pedir este miércoles al Gobierno que impulse una Ley de Pandemias que permita ofrecer certidumbre y seguridad jurídica a las comunidades autónomas en su lucha contra la pandemia.

Montesinos ha realizado esta petición en un momento en que está abierto el debate sobre el pasaporte Covid. El Gobierno de Galicia es partidario de esa media y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado favorable a implantarlo en el acceso a determinados espacios públicos, si bien la Comunidad no prevé aplicar de momento ese certificado. Por su parte, Andalucía ha aplazado su implantación hasta contar con el aval de la Justicia.

Por lo pronto, el Gobierno ha descartado estudiar una fórmula para que sea necesario disponer del Certificado Covid-19 para poder acceder a algunos lugares como bares o restaurantes por entender que se estaría «estigmatizando» a la población joven que no está todavía vacunada, en palabras de la ministra Isabel Rodríguez.

«MANO TENDIDA» PARA APROBAR UNA LEY DE PANDEMIAS

Montesinos no ha entrado a valorar el pasaporte Covid y se ha centrado en exigir la aprobación de una Ley de Pandemias, pidiendo al Gobierno que acepte la «mano tendida» del PP para sacar adelante esa norma que «desde hace más de un año le lleva proponiendo Pablo Casado».

Según ha subrayado, esa norma daría «seguridad jurídica a las comunidades autónomas» y está siendo reclamada, además de por el PP, por comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y por el propio Consejo de Estado.

«Pedro Sánchez no acepta la Ley de Pandemias simplemente porque se la ha propuesto Pablo Casado y eso es de una enorme irresponsabilidad. Por eso le exigimos al presidente del Gobierno que rectifique, que hable con el PP y que se apruebe esa Ley de Pandemias porque no puede haber 17 modelos diferentes, no puede haber 17 soluciones diferentes», ha asegurado en declaraciones a los medios en la puerta de la sede del PP.

En este punto, ha recalcado que las autonomías están «pidiendo ayuda al Gobierno de España», que «no puede mirar para otro lado» sino que tiene que «coger el timón» aprobando «esa Ley de Pandemias y colaborando con las comunidades en esta quinta ola».

TEROL CULPA AL GOBIERNO DE QUE LAS CCAA VAYAN A LOS TRIBUNALES

Por su parte, el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha culpado al Gobierno que las comunidades tengan que ir a los tribunales a la hora de aplicar restricciones ante la nueva ola de contagios.

«Nosotros tenemos una posición común en algo muy claro y es exigir al Gobierno de España que las CCAA no tengan que acudir a los Tribunales Superiores de Justicia para convalidar las decisiones que toman. Esto se tendría que haber resuelto si se hubiera hecho caso a Pablo Casado, que propuso y exigió a este Gobierno que apruebe de una vez por todas una Ley de Pandemias», ha afirmado.

Ésa ha sido la respuesta de Terol, en una entrevista en Cope, al ser preguntado si el PP nacional tiene una posición común respecto al pasaporte Covid o es partidario de dejar que cada autonomía lo gestione como vea.

Terol ha indicado que él no puede valorar cuáles son las decisiones de cada comunidad pero como político sí que podía exigir al Gobierno que ofrezca a las autonomías las «herramientas para tener una postura y una estrategia común, y no 17 planes de vacunación y 17 respuestas distintas».

Según el responsable de Política Territorial del PP, debería existir una «respuesta única coordinada por el Gobierno», al que ha acusado de «abdicar de sus funciones de coordinación sanitaria» en la lucha contra el coronavirus.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este miércoles en Lisboa que España es un país seguro para el turismo y ha resaltado el buen ritmo de vacunación de la población española, con cerca del 60% con la pauta completa, respondiendo así a la clasificación del Reino Unido que deja fuera a España de la «lista verde».

«España es un país seguro para visitar y cerca del 60% de la población ya tiene la pauta completa», ha subrayado Albares en la rueda de prensa tras su reunión en Lisboa con su homólogo portugués, Augusto Santos Silva.

El ministro de Exteriores ha viajado este miércoles a Portugal para encontrarse con su homólogo portugués y abordar asuntos referidos a relaciones bilaterales, iniciar la preparación de la 32 Cumbre luso-española, que tendrá lugar en Trujillo (Extremadura) el próximo 28 de octubre, y para asentar la coordinación de ambos países en materia de Covid y la recuperación económica europea, así como temas de agenda internacional.

Albares ha agradecido durante su intervención la hospitalidad por parte de Portugal, destacando que esta es su primera visita a un país de la Unión Europea, desde que ocupara el cargo de ministro de Exteriores, y ha resaltado la «excepcional» relación con el país vecino.

PRIMERA VISITA A UN SOCIO DE LA UE

«Esta es mi primera rueda de prensa con un homólogo y mi primera visita a un país de la UE, algo que no ha sido al azar. Portugal y España mantenemos unas relaciones excepcionales de amistad, vecindad, históricas y culturales y compartimos una doble alma: somos europeos e iberoamericanos», ha manifestado.

Asimismo, Albares ha repasado los puntos más importantes que ambos ministros han abordado en la reunión incidiendo en la «excelente» campaña de vacunación que están llevando a cabo Portugal y España, pese a ser dos países que no figuran en la «lista verde» de Reino Unido. «Estamos a la cabeza en la UE en cuanto a ritmo de vacunación. Este es el gran desafío de nuestra generación y no hay otra solución que vacunar», ha matizado.

Preguntado por si Portugal y España tienen planes concretos a medio plazo para crear una conexión de ferrocarril más ecológica, Albares ha asegurado que es un tema «central» en el que ambos gobiernos están trabajando «profundamente» y que abordarán con más detalle en la 32 Cumbre Luso-Española que tendrá lugar en Trujillo (Cáceres).

32 CUMBRE LUSO-ESPAÑOLA

«Esta es una cuestión que tiene connotaciones técnicas que se nos escapan a los ministros de exteriores, pero sí hemos constatado que es un punto fundamental el de las interconexiones ferroviarias sostenibles para el medioambiente», ha remarcado.

En este sentido, el ministro español ha reiterado su compromiso con Portugal para trabajar en estas interconxiones ferroviarias además de trabajar en temas de ámbito internacional, enfocados principalmente en los países latinoamericanos. «El espíritu que nos anima es colaborar e ir juntos en la misma dirección y conseguir un desarrollo integral en Venezuela para que avance socialmente», ha apostillado.

Albares también ha sido preguntado por una posible fecha para viajar a Rabat en vías de destensar la situación con Marruecos, a lo que ha respondido que la diplomacia requiere «tranquilidad y tiempo», aunque eso no indica que «no sea algo prioritario».

«El viaje a un país tan importante para España, como es Marruecos, que es un país amigo y socio estratégico de primer orden es fundamental, pero también el segundo y el tercero», ha detallado, indicando que hay que abrir caminos para «construir confianza y solidez» y es necesario que los viajes sean algo «recurrente y permanente».

Un joven de 23 años ha quedado en libertad con cargos después de haber sido detenido el jueves como presunto autor material de «numerosos» incendios forestales en El Garrobo (Sevilla) y alrededores.

La detención la llevaron a cabo agentes del Área de Medio Ambiente de la Jefatura Provincial de Sevilla de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Desde el pasado 7 de junio se han producido 25 incendios de diversa entidad y consideración, muchos de ellos conatos, en diferentes parajes forestales próximos a El Garrobo, hechos que han causado «gran alarma social» entre los vecinos de la zona, hasta el punto de crear patrullas ciudadanas de prevención para impedir la reiteración de la peligrosa actividad incendiaria, según ha informado la Junta en un comunicado.

El más importante de los incendios tuvo lugar en la madrugada del viernes 23 de julio. El Servicio 112 Emergencias Andalucía alertó de la existencia de un incendio forestal en la zona de pastos y arbolado próxima al túnel de la Media Fanega en el paraje Venta del Alto (Guillena), que requirió la movilización por parte del Plan Infoca de 32 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente, dos vehículos autobomba y un helicóptero.

Las llamas adquirieron tal dimensión que obligaron a cortar el tráfico rodado en un tramo de la carretera nacional N-630 durante cinco horas, estando también a punto de ser desalojados de sus viviendas los vecinos de una urbanización próxima al lugar.

El detenido, natural del El Garrobo, fue sorprendido por testigos en el lugar de los hechos tomando, presuntamente, desde su teléfono móvil, imágenes de las llamas y del incendio en sí.

Una vez en dependencias policiales, fue incapaz de «ofrecer una explicación razonable a su presencia» en la zona en esas horas, percatándose los investigadores de que, efectivamente, en su teléfono móvil guardaba imágenes de éste y otros incendios.

Tras la confección del correspondiente atestado, el detenido, a quien sus familiares han calificado de «bombero frustrado», ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su puesta en libertad con cargos en tanto los investigadores «continúan las gestiones tendentes a determinar su exacta participación en los incendios producidos».

La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita participa activamente todos los años en el Plan Infoca patrullando por los montes y espacios naturales, actuando tanto como policía administrativa y policía judicial en la vigilancia de conductas sancionables e investigación de incendios forestales, respectivamente.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha afirmado este miércoles que depende del lehendakari, Iñigo Urkullu, solicitar a la justicia la aplicación de un «toque de queda» para restringir la movilidad nocturna y ha considerado que, «si no se emplea esa vía, es porque no se cree necesaria».

«Trato de no decirle a nadie lo que tiene que hacer. Lo que sí creo es que todos debemos jugar con coherencia. Si uno cree que existen lugares con una incidencia y con un riesgo que requeriría una restricción de la movilidad nocturna, tiene herramientas, como lo han hecho otras comunidades autónomas con las mismas competencias que tiene el Gobierno Vasco, para poder llevarlo a cabo y pedir autorización al Tribunal Superior de Justicia (TSJ)», ha afirmado.

En una rueda de prensa celebrada en San Sebastián para presentar el informe ‘Cumpliendo’ en relación a Euskadi, Itxaso ha recordado que hay algunas comunidades autónomas que «están decretando restricciones a la movilidad nocturna de forma quirúrgica, discriminada y en los sitios donde hay mayor incidencia pandémica, y están contando incluso con el aval de la justicia para ello», entre las que ha citado el caso de Aragón.

A su juicio, «siempre es una puerta a la que puede acceder el Gobierno Vasco para poder decretarlo, siempre y cuando sea discrimada, quirúrgica y en aquellos lugares donde esté debidamente justificado y motivado».

Denis Itxaso ha considerado que «lo que no parece que en estos momentos tenga mucha razón de ser es pedir café para todos, es decir, decretar en estos momentos un toque de queda a nivel nacional». «No sé si va acorde con la situación epidemiológica que estamos viviendo, no lo cree así el Gobierno de España», ha destacado.

Preguntado por si en su opinión la situación actual requiere un toque de queda, ha resaltado que su apoyo al Gobierno Vasco «es igual al que pide el Gobierno de España al resto de actores políticos e instituciones». «Cuando digo que no le voy a decir al lehendakari lo que tiene que hacer es porque mi sentido de la lealtad institucional está por encima de lo que pueda ser mi opinión sobre lo que se debería o debería dejarse de hacer», ha manifestado.

VACUNACIÓN

Por otro lado, ha apuntado que no hay convocada una reunión del LABI, aunque ha recordado que el lehendakari «siempre ha dejado la puerta abierta a poder convocarlo en función de los datos epidemiológicos».

En ese sentido, ha señalado que Euskadi sigue presentando datos de incidencia «muy altos» y ha querido poner de manifiesto el «enorme esfuerzo» que está haciendo el Gobierno Vasco con «el ritmo de vacunación». «No hay tiempo que perder, es muy importante entrar en esa fase de vacunación de los más jóvenes», ha subrayado, al tiempo que ha advertido de que las personas de menor edad «no están en absoluto libres de infectarse del Covid y tampoco de poder enfermar».

«Está muy bien que tengamos unos días de vacaciones, poder salir, pero prioricemos nuestra salud porque priorizando nuestra salud también estemos posiblemente salvando la vida de otras personas. Son fechas en las que salimos, nos podemos contagiar y luego tenemos citas familiares y en ellas nos podemos reunir con gente que, como ya está vacunada con la doble pauta y presuntamente inmunizada, pensamos que no va a pasar nada, pero todos sabemos que el nivel de protección que otorgan las vacunas no es del cien por cien», ha recordado.

Por todo ello, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y un «ruego público» para que la ciudadanía «aproveche las miles de citas que están libres» en Osakidetza y acuda a vacunarse porque, según ha dicho, «hay vacunas, hay citas y hay necesidad de hacerlo».

Además, en cuanto al uso de las mascarillas, ha insistido en pedir «precaución» y ha recordado que esta medida de protección «sigue siendo obligatoria» con «una serie de excepciones en las cuales nos la podemos quitar». «Pero mejor que prevalezca el mensaje de que la mascarilla es la mejor fórmula de mantenernos seguros y de evitar contagios a los demás», ha concluido.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado este miércoles en rueda de prensa, tras las críticas expresadas por la Junta de Andalucía sobre la reunión de la Comisión Bilateral Generalitat de Cataluña-Gobierno, que «no hay una afrenta, no hay que llorar más», por lo que ha instado al Gobierno andaluz a reclamar su convocatoria. «Si entienden que lo tiene que pedir, que lo pidan», ha afirmado.

A preguntas de los periodistas, tras presentar en rueda de prensa el el segundo informe de rendición de cuentas del Gobierno de España, ‘Cumpliendo’ e informar de la gestión en Andalucía en el primer semestre del año, Fernández ha invitado al Gobierno andaluz a usar «esa herramienta legal, estatutaria», por lo que se ha lamentado de un ejercicio de «confrontar por confrontar», de manera que «todo les parece mal», antes de instar a la Junta de Andalucía a «hacer como Cataluña: pedir la Comisión Bilateral, que creo que se ha reunido en diez ocasiones desde su creación».

«Andalucía es la Comunidad Autónoma que más inversiones ha recibido del Estado, el 17,7% del peso poblacional», ha sostenido el delegado del Gobierno de España en Andalucía, para cuestionarse «no se dónde está el agravio comparativo», reflexión a la que ha sumado la consideración de que en «el reparto de fondos extraordinarios del Covid es la Junta de Andalucía la que más ha recibido».

Pedro Fernández ha recordado que siendo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro éste instó a las comunidades autónomas a pedir préstamos para afrontar el pago de las liquidaciones negativas de las entregas a cuenta del modelo de financiación, comportamiento al que ha opuesto que la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha decicido que «le doy dinero para compensar la liquidación a fondo perdido».

«Andalucía habrá entendido que no es necesaria convocarla», ha colegido el delegado del Gobierno de España en Andalucía tras explicar que la Comisión Bilateral es un órgano contemplado en el Estatuto de Autonomía de Andalucía tras su reforma en 2007.

«Está dentro del Estatuto de Autonomía de 2007 y tiene la Junta el legítimo derecho a pedir que se reúna para abordar desde un conflicto, por temas competenciales, gestión de infraestructuras, de empleo, de Seguridad Social, que es lo que han hecho el Gobierno de España y de Cataluña con absoluta normalidad», ha argumentado Pedro Fernández.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía ha subrayado «el mensaje contradictorio de la derecha» al esgrimir el argumento de que «si Cataluña es España, que se reúna el Gobierno de España con la Generalitat entra dentro de la normalidad», por lo que ha recordado que «así lo hacía Aznar y Rajoy y ha habido concesiones por parte de todos».

«La gestión de los puertos la abordó Aznar con Pujol», ha proseguido argumentando, antes de insistir en que el Estatuto de Autonomía de Andalucía contempla la Comisión Bilateral y su Reglamento interno prevé su composición, seis representantes de la Junta de Andalucía y otros seis del Estado, así como su capacidad para «tocar los mismos temas» que la Comisión Bilateral de Cataluña.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha sostenido que en su partido, Ciudadanos (Cs), «no tienen prisa» para elegir al candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía porque «vamos a acabar la legislatura», y en esa línea ha asegurado que no tienen «ningún pensamiento de convocatoria de elecciones» anticipadas que entiende que sería una «irresponsabilidad», por lo que «no es el momento tampoco de hablar de primarias».

«No tenemos ninguna prisa porque nosotros vamos a acabar la legislatura; así lo ha dicho el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y lo ha dicho también el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, que las elecciones andaluzas serán para noviembre de 2022″, ha incidido la consejera en una entrevista.

«En un momento de crisis como el que tenemos ahora, donde tenemos aprobado ya 730 millones para el proyecto de reactivación económica; donde hay una ley como la Lista –ley del suelo–, que la están esperando todos los municipios como agua de mayo para organizar territorialmente Andalucía; cuando tenemos también fondo europeos que tenemos que poner en marcha, organizar unas elecciones, que son seis meses de parón administrativo y de parón absolutamente de todo, sería una irresponsabilidad enorme», ha remarcado.

Y, ha añadido, «nosotros que hemos demostrado ser siempre un Gobierno estable, sólido y responsable, ahora mismo evidentemente no tenemos ningún pensamiento de convocatoria de elecciones, y por tanto no es el momento de elecciones ni tampoco de hablar de primarias».

En este sentido, y cuestionada sobre si ahora que el PSOE-A tiene ya también su candidato a la presidencia quizá sería oportuno que se supiera quién sería el de Ciudadanos, Ruiz ha contestado que en el caso del Partido Socialista «era otra cuestión diferente porque tenía que hacer un cambio y así lo ha hecho». «Cada partido tiene su situación y creo que en el nuestro ahora mismo no estamos en esta dinámica», ha afirmado.

CAMBIOS EN EL GRUPO PARLAMENTARIO

Por otra parte, y sobre los cambios en la dirección del grupo parlamentario de Cs, la consejera ha subrayado que «tiene muy buena relación» con todos los compañeros y ha precisado que el hasta ahora portavoz Sergio Romero «había solicitado ese cambio hace tiempo por cuestiones personales». «Sé que le va a ir muy bien en su nueva etapa», ha destacado.

«Le deseo la mejor suerte del mundo a los compañeros porque tenemos que iniciar esta nueva etapa fuerte, el final de lo que nos queda de este año largo para acabar la legislatura y que Ciudadanos se haga fuerte del Parlamento, que presente muchas iniciativas y que demuestre para lo que vinimos a la política, para hacer propuestas y mejorar la vida de los andaluces», ha finalizado.

El Consejo de Ministros ha remitido al Congreso y al Senado, para su ratificación, la enmienda por la que se suprime uno de los artículos del Estatuto de Roma que regula el funcionamiento de la Corte Penal Internacional (TPI). Se trata de cláusula que facilita una inmunidad de siete años para los miembros de aquellos Estados que se adhieren a este órgano en relación con determinadas conductas calificadas como crímenes de guerra.

En concreto, el artículo que se suprime permite a un estado excluir de la competencia de la Corte hechos relacionados con crímenes de guerra cometidos en su territorio o por sus nacionales durante siete años. La cláusula no cubre, sin embargo, los casos de genocidio o crímenes de lesa humanidad.

El Estatuto de Roma, adoptado en Roma el 17 de julio de 1998, es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Fue ratificado por España el 24 de octubre de 2000 y entró en vigor para nuestro país el 1 de julio de 2002.

A diferencia de los Tribunales Especiales de Naciones Unidas (Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia), cuya naturaleza es la de órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad, la jurisdicción de la CPI es subsidiaria respecto a la jurisdicción de los Estados.

El textual del artículo 124 del Estatuto es el siguiente: «No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 12, un Estado, al hacerse parte en el presente Estatuto, podrá declarar que, durante un período de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio. La declaración formulada de conformidad con el presente artículo podrá ser retirada en cualquier momento. Lo dispuesto en el presente artículo será reconsiderado en la Conferencia de Revisión que se convoque de conformidad con el párrafo 1 del artículo 123″.

REVISÁNDOSE DESDE 2010

La Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma, celebrada en Kampala (mayo-junio de 2010), decidió remitir la posible supresión del artículo 124 a la Asamblea de Estados parte en el Estatuto de Roma (la «Asamblea»), que puede en cualquier momento proponer a los Estados parte enmiendas al Estatuto.

La Asamblea mandató al Grupo de Trabajo sobre las Enmiendas de la Asamblea de los Estados Partes (el «Grupo de Trabajo») para presentar una propuesta de supresión y el 24 de julio de 2015, Noruega, en su calidad de presidente del Grupo de Trabajo, presentó a la Asamblea una propuesta para que la reconsideración del artículo 124 consistiese en su supresión.

Según se establece en el párrafo 4 del artículo 121 del Estatuto de Roma, la enmienda entrará en vigor un año después de que siete octavos de los actualmente 123 Estados Partes manifiesten el consentimiento en obligarse por ella.

Hasta el momento solamente lo han ratificado Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suiza; y ahora se unirá España.

Para hacerlo, se ha contado con dictamen favorable de los Ministerios de Justicia y de Interior; mientras que el Consejo de Estado en su dictamen de 1 de marzo de 2018, determinó que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha asegurado que el trabajo para transferir a Euskadi el resto de las competencias pendientes, incluida la del Ingreso Mínimo Vital (IMV), «prosigue de forma seria en un diálogo franco, colaborativo y de mutua confianza entre gobiernos».

En una rueda de prensa celebrada en San Sebastián para presentar el informe ‘Cumpliendo’ en relación a Euskadi, Itxaso ha recordado que el Ejecutivo central acordó un calendario de negociaciones con el Gobierno vasco para poder seguir completando el estatuto.

De este modo, ha señalado que se está trabajando por parte del Ministerio de Política Territorial, ahora liderado por la ministra Isabel Rodríguez, «de forma muy intensa, ministerio a ministerio, con el Gobierno Vasco también, para poder mantener esos compromisos».

Tras destacar que hubo una adaptación del calendario inicialmente pactado en la anterior legislatura vasca porque «la pandemia había descuadrado los tiempos y los plazos», ha apuntado que con Miquel Iceta como ministro del ramo «se pudo proceder a un traspaso de cuatro o cinco materias, entre ellas la competencia de Instituciones Penitenciarias que el próximo 1 de octubre formalmente pasará a manos del Gobierno Vasco».

«El trabajo para el resto de las competencias, incluida la del Ingreso Mínimo Vital, prosigue de forma seria en un diálogo franco, colaborativo y de mutua confianza entre gobiernos», ha asegurado.

El delegado del Gobierno ha destacado que no se trata de trabajos «fáciles» porque son negociaciones que «tienen implicaciones legales, presupuestarias, financieras y técnicas». No obstante, ha insistido en que «hay plena voluntad» por parte de ambos gobiernos de cumplir con ese calendario de negociaciones.

Itxaso, en ese sentido, ha precisado que «un calendario de negociaciones no es un calendario de acuerdos, las negociaciones se sabe cuándo empiezan pero no cuándo terminan». «Eso no quiere decir que haya una estrategia de dilación, ni mucho menos, todo lo contrario», ha resaltado.

De esta manera, ha afirmado que el Departamento de Gobernanza del Gobierno Vasco «sabe perfectamente, y así lo ha manifestado públicamente, que es mucho mejor que las competencias lleguen bien a que lleguen pronto», al tiempo que ha insistido en que «se está haciendo un trabajo arduo para que el diseño de esas transferencias sea un diseño con garantías legales, jurídicas, y con plena satisfacción para ambas partes».

«No son trabajos fáciles y mucho menos cuando hablamos de un nuevo derecho social como es el ingreso mínimo vital, que es de nueva creación, que se ha creado en plena pandemia y que se quiere transferir a la comunidad autónoma, pero lleva tiempo», ha insistido, para añadir que le consta que la vicelehendakari, Idoia Mendia, «está haciendo un importante trabajo con su interlocutor del ramo, con el ministro Escrivá, para ir alcanzando esos acuerdos».

TAV

Por otro lado, preguntado por la entrada soterrada del Tren de Alta Velocidad en Bilbao y Vitoria, el delegado del Gobierno en Euskadi ha remarcado que «nadie debe en poner en duda que el ministerio de Transportes tiene plena voluntad de cumplir con los compromisos adquiridos». «Eso quiere decir que si las instituciones locales plantean la llegada soterrada del TAV así se hará. No hay ninguna duda sobre eso», ha subrayado.

Sin embargo, ha sostenido que el TAV «es una infraestructura de sistema que, en el caso de la Y vasca, hay que contextualizarlo en el eje transfronterizo atlántico de la alta velocidad europea, que todos queremos que llegue cuanto antes».

Por ello, ha considerado que «convendría valorar la posibilidad de que haya llegadas provisionales para que el TAV sea una infraestructura que empiece a surtir sus efectos económicos cuanto antes», aunque «sin menoscabo y sin que nadie deba poner en duda el hecho de que la solución definitiva del acceso y de la penetración ferroviaria en ambas ciudades sea de forma soterrada, tal y como lo han planteado las instituciones locales».

«Es razonable y sensato que esa posibilidad de llegada provisional en esas dos ciudades se ponga sobre la mesa para que la infraestructura se pueda poner en marcha cuanto antes», ha aseverado.

NUEVO ESTATUS

Denis Itxaso, cuestionado por la reactivación del diálogo sobre el nuevo estatus, ha asegurado que Euskadi «cuenta en estos momentos con un alto nivel de autogobierno y tiene legítimo derecho a poder ampliarlo». En todo caso, se ha mostrado convencido de que «el Partido Socialista siempre va a estar dispuesto a dialogar sobre profundizar en el autogobierno vasco».

«Otra cosa es que necesitemos tener todos los sentidos puestos en la salida de la crisis, en proteger a las personas más vulnerables y que más se están viendo afectadas por esta crisis pandémica y que toda la atención política debería estar puesta ahí, sin menoscabo de que se puedan plantear modificaciones estatutarias que permitan por ejemplo elevar el techo competencial del estatuto de Gernika», ha expresado.

En esa línea, ha defendido que «cualquier profundización del autogobierno que se produzca cuente al menos con el mismo apoyo que tuvo el estatuto de Gernika hace 40 años».

«Es importante que esas reformas, cuando van a afectar a varias generaciones, cuenten con el mayor respaldo social y político posible, que concite adhesiones de tal manera que cuando sean sometidas al refrendo de la ciudadanía también cuenten con un gran apoyo porque eso es lo que permite que los acuerdos sirvan para varias generaciones», ha concluido.

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha reivindicado la inversión del Ejecutivo central en la comunidad autónoma gallega, con una inversión directa en lo que va de año de 3.909 millones, al tiempo que ha tildado de «lamentos infundados» las críticas del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

En la presentación del informe de rendición de cuentas del Gobierno ‘Cumpliendo’, ha hecho repaso de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, entre ellas la rebaja de peajes en la AP-9; la prórroga del bono social, aprobada este martes en Consejo de Ministros y del que se beneficiarán 87.000 gallegos y gallegas.

El delegado del Gobierno ha detallado también que la acción del Ejecutivo incluye «medidas de choque» en los ámbitos económicos y sociales «que han supuesto una fuerte inversión en Galicia», así como «medidas sanitarias» y transferencias a la Xunta «históricas».

Así, ha apuntado que el año pasado hubo transferencias extraordinarias a la Administración gallega por 1.469 millones de euros. «Estos fondos permitieron que los ingresos de la Comunidad creciesen un 8,8%, pero sin ellos habrían bajado un 5,4%», ha apostillado.

En lo que va del presente año, ha apuntado que «las transferencias del Gobierno de España a la Xunta alcanzan la cifra de 9.621 millones de euros». «Solo las transferencias ordinarias suponen 2.936 euros por gallega y gallego frente a los 2.572 euros de media nacional por habitante».

«Representamos el 5,7% de la población y recibimos el 6,9% de los fondos», ha asegurado destacando, además, que en el ámbito sanitario se entregaron al Sergas 3,5 millones de dosis de vacunas por la Covid.

PIDE LEALTAD INSTITUCIONAL

En base a estas cifras, el delegado del Gobierno ha señalado que «la discriminación de la que habla la Xunta es una discriminación positiva» y ha considerado que, por ello, el presidente de la Xunta debería estar «agradecido». «Y demostrar la lealtad institucional de la que presume, pero que no ejerce», ha añadido.

Mientras, ha calificado de «histórica» la transferencia que el Gobierno hará a los ayuntamientos frente a una Administración gallega «que no transfiere recursos» a los municipios.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, retomará en septiembre la reforma de la Ley de la Ciencia que preparaba su antecesor, el astronauta Pedro Duque. «Tiene que estar aprobada en verano del próximo año» 2022, ha indicado.

«La ciencia tiene que estar es reforzada por un amplísimo consenso político. La inversión en ciencia no puede depender de quién gobierne en cada momento. Por tanto, la ciencia se tiene que blindar por ley y sí hay un calendario y estamos dispuestos a cumplirlo».

Según ha destacado la ministra en una entrevista concedida a laSexta, «la ciudadanía reconoce la ciencia como la solución a los grandes problemas y más en este tiempo de pandemia, en el que han reconocido la vacuna como la única salida para salvar vidas».

«Creo que estamos en un momento de concienciación de la sociedad muy alto», ha manifestado, para después añadir: «Estamos en un muy buen momento». Así, Morant ha recordado que el Ministerio ha aumentado un 60 por ciento su presupuesto y ha asegurado que el año que viene lo volverá a hacer.

En este sentido, la ministra de Ciencia ha destacado que entre 2019 y 2021 «el segundo sector que más ha crecido en afiliación a la Seguridad Social ha sido el de Investigación y desarrollo (I + D)». «Algo se está moviendo en este país. La cultura de la ciencia, de la innovación está empezando a calar tanto en el sistema público, como en el sistema privado», ha explicado. Según la titular de la cartera de Ciencia, «por supuesto, el sistema público tiene que ser ejemplar».

«BLINDAR» LA CARRERA CIENTÍFICA Y «MEJORARLA»

De nuevo respecto a la Ley de la Ciencia, ha asegurado que se va a «blindar» la carrera científica y a «mejorarla». «Vamos a intentar que nuestros científicos se queden aquí en condiciones de dignidad, ya no solo salarial, sino también de prestigio, que puedan desarrollar sus investigaciones, que sea prestigioso investigar en nuestro país», ha subrayado.

A través de la Ley, como ha detallado la ministra, también se va a «recuperar el talento» que se haya podido perder y se va a hacer un «especial esfuerzo en las científicas, en las mujeres y en las carreras científicas de las mujeres».

Diana Morant ha indicado que «todo eso se va a concretar en medidas que ya están sobre la mesa» como son la oferta pública de empleo, un 60%más de presupuesto y «la aspiración a blindar que ese presupuesto no baje nunca más» y que, por tanto, en 2024 España alcance una inversión del 2% del PIB en ciencia y en 2030, junto con Europa, el 3%.

«Ese es el compromiso. También un mensaje clarísimo. La inversión en I + D no la hace sólo la administración pública, la hacen también las empresas privadas», ha recalcado la ministra, que ha afirmado que la innovación es «una pata fundamental» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Ha asegurado que «la innovación va a ser básica» para que cumplir con la transformación fijada como objetivo en el Plan y, «por tanto, el Ministerio de Ciencia e Innovación tiene clarísimo que va a provocar esa capacitación y que va a provocar esa I + D en las empresas privadas».

AEROPUERTO DE BARCELONA-EL PRAT

Preguntada por la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y si un país verde es compatible con una obra en una zona protegida por su riqueza ecológica, Diana Morant ha contestado que no puede «aclarar los detalles» del caso, pero entiende que hay «un sistema de garantías y, por supuesto, cualquier propuesta que se hace hoy es valorada y evaluada y tiene que tener las declaraciones de impacto ambiental favorables para tirar adelante».

Finalmente, la ministra de Ciencia e Innovación ha recalcado que «el sistema es garantista» y cualquier obra «siempre va a tener la garantía del Estado en que sea una obra compatible y, por tanto, una obra sostenible».

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha acusado este miércoles al Gobierno de «trocear» la formación de los médicos al estudiar el traspaso a Cataluña de la gestión del MIR en lugar de tomar medidas para frenar el «desmantelamiento del Estado» en esta comunidad.

En una rueda de prensa en la sede nacional del partido naranja, Bal ha denunciado como «el colmo» lo que considera una «nueva cesión» al independentismo catalán y ha subrayado que no hace falta tener «17 ‘mires’ diferentes», uno por cada comunidad.

Bal ha anticipado también el rechazo de Ciudadanos al hipotético traspaso de la gestión del aeropuerto de El Prat y ha denunciado que Cataluña acudiera a la comisión bilateral del pasado lunes con un total de 56 exigencias y que, tras la cita, el presidente catalán, Pere Aragonès, dejara claro que su objetivo sigue siendo la independencia y la amnistía.

A su juicio, el presidente del Gobierno sigue «pensando en las cesiones» a los independentistas para mantenerse en la Moncloa, como demuestra que el Gobierno no vaya a cumplir «la sentencia que obliga impartir una parte de la enseñanza en castellano en Cataluña».

INCENTIVOS PARA FUNCIONARIOS

En este contexto, Bal ha emplazado al presidente a cambiar de estrategia y a que en vez de contentar a los independentistas tome medidas para frenar el «desmantelamiento del Estado» en Cataluña y para proteger a los funcionarios allí destinados del ambiente de «hostilidad» que han creado contra ellos.

Bal se ha referido en especial a los jueces, recordando que el año pasado 37 jueces pidieron salir de Cataluña y sólo siete trabajar allí, donde hay un 10% de las plazas vacantes.

Según ha dicho, esta situación es similar en otros cuerpos que prestan servicio en la Administración General del Estado en Cataluña, donde los funcionarios, en cuanto pueden, piden irse a otra comunidad, lo que lleva a una excesiva rotación en los puestos y a la consecuente pérdida de «calidad» en sus labores.

«Con la connivencia del PSOE y el PP el proceso separatista se ha encargado de desmantelar la estructura del Estado y de crear un clima de hostilidad contra los funcionarios que se van a otros territorios como consecuencia de esa atmósfera irrespirable que ha creado el separatismo», ha resumido Bal, instando al Gobierno a buscar incentivos para que esos funcionarios permanezcan en Cataluña.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas en el aeropuerto de Palma en la última semana, uno de ellos un ‘mulero’ que portaba 50 cilindros de cocaína en el cuerpo.

Según ha detallado este miércoles la Policía en una nota de prensa, agentes del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Son Sant Joan prosiguen con los controles de frontera con la finalidad de detectar la posible llegada de delincuentes provenientes del extranjero, frenar la utilización de documentos falsos así como de atacar la introducción de estupefacientes.

Con motivo de un control en uno de los vuelos llegado de Sudamérica, fue detenido un varón del que se pudo constatar a través del sistema de rayos X que portaba droga en su cuerpo.

Una vez detenido el viajero e ingresado en el hospital fue expulsando hasta un total de 50 cilindros con cocaína, que contenían cerca de 400 gramos. Tras el incidente, el Grupo I del Grupo de Estupefacientes, se hizo cargo de las investigaciones.

Por otro lado, fueron detenidos tres ciudadanos albaneses que utilizaban documentos falsos y falsificados cuando pretendían viajar con ellos. Uno de esos pasaportes había sido sustraído en Grecia, los otros documentos falsos eran italianos.

Otros dos de los detenidos son españoles. El primero se encontraba alterando el orden y que cuando acudieron los policías a tranquilizarle se enfrentó a ellos por lo que finalmente tuvo que ser reducido y arrestado por resistencia. El segundo lo fue por reclamación judicial cuando aterrizaba procedente de Barcelona.

El séptimo detenido, ciudadano británico, fue interceptado cuando llegaba procedente de Reino Unido y resultó tener un orden de búsqueda y personación por un juzgado de Palma.

Asimismo, este martes se detuvo a tres personas más. Uno procedente de Reino Unido y que tenía pendiente prohibición de entrada en territorio español por haber sido expulsado anteriormente.

Las otras dos mujeres han sido detenidas por tener pendientes varias requisitorias de diferentes juzgados, ambas son delincuentes habituales de temporada.

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha acordado librar una comisión rogatoria internacional a las autoridades judiciales suizas en el marco de la macrocausa ‘Púnica’ para que se trasladen a España las obras de arte y la colección de estilográficas que uno de los cabecillas de la trama, David Marjaliza, mantiene a día de hoy en un almacén de la ciudad de Ginebra.

En el auto, de 7 de junio de 2021, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 indica además que se debe requerir a Marjaliza que manifieste su conformidad para ese traslado de su colección, y que dé su consentimiento para que los gastos acumulados por el depósito de la misma, el seguro civil y el movimiento de repatriación de las obras a España sea sufragado con los fondos que le han sido embargados en Suiza.

Fuentes de la defensa del investigado indican que ya se ha dado una respuesta afirmativa a esas dos peticiones en la línea de colaboración con la justicia en el procedimiento.

Según adelantaba El País, en la colección –valorada en más de 15 millones de euros– hay 18 obras de arte, cinco fotografías, cuatro esculturas y hasta 185 plumas. Entre los autores que coleccionó Marjaliza están Eduardo Chillida, Miquel Barceló, Antoni Tàpies, Manolo Valdés, Juan Uslé, Torres García o el Equipo Crónica.

En el auto, el magistrado encomienda además a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia, que se ocupe de la gestión del transporte, depósito y mantenimiento de las obras embargadas para decomiso en la causa.

García-Castellón explica que la decisión la adopta tras recibir informe del Ministerio Fiscal de abril de 2021 en el que le solicitaban promover el auxilio judicial internacional «para solicitar formalmente la entrega a las autoridades judiciales españolas de todas las obras de arte y la colección de plumas estilográficas Montblanc, incautadas al investigado David Marjaliza».

LA REUNIÓN VIRTUAL DE LOS FISCALES

Esta petición de los fiscales de ‘Púnica’ llega tras una reunión virtual que mantuvieron en ese mismo mes con la fiscal del Ministerio Público de la Confederación Helvética Sophie Chofflon Pointet, con Valentine von Toggenburg, perteneciente a la Oficina Federal Suiza, y con la agregada de Asuntos Políticos y Jurídicos de la Embajada de Suiza para España y Andorra, Elena Pizá.

El objetivo de esa reunión era que las autoridades judiciales suizas «informasen favorablemente» para la entrega a España de las obras de arte porque la repatriación se demora desde que el instructor acordase en marzo de 2015 el embargo de esos objetos.

Según plasma García-Castellón en su auto, en la reunión virtual las representantes suizas trasladaron a la fiscalía española «suvoluntad de informar positivamente el traslado de las obras dearte desde el depósito franco, para su entrega a las autoridades españolas».

Esos objetos embargados fueron indiciariamente conseguidos con la ganancia de los negocios de corrupción realizados por el investigado y fueron depositados bajo sus órdenes en un depósito franco situado en Ginebra (Suiza), perteneciente a la empresa Fine Arta Transports Nature le Coultre, y utilizó una sociedad –Millenia Trading PTE– radicada en Singapur.

EL OBSTÁCULO DE LAS PANTALLAS

«El investigado David Marjaliza se sirvió de la previa firma de un trust y un contrato de fideicomiso, a los efectos de taparse como beneficiario efectivo de las obras y plumas de colección, poniendo al frente de la mercantil a dos personas, una de nacionalidad tailandesa (…) y otra de nacionalidad singapurense», recuerda el magistrado.

Esa pantalla era la que impedía que las autoridades suizas autorizasen la repatriación de las obras de arte, ya que le ocultaban como propietario real de los objetos depositados en el depósito franco de Ginebra. Pero el juez apunta ahora que de la prueba recabada gracias a la cooperación con Singapur se ha podido conocer que la sociedad Millenia Trading fue creada ‘ad hoc’ por Marjaliza.

Ahora, el juez indica que la razón del auto que emite, no es otra que acordar esa comisión rogatoria para que el Ministerio Público Helvético «pueda materializar y ejecutar la entrega de las obras de arte y la colección de plumas».

España se sitúa como el cuarto país europeo donde hay un mayor porcentaje de población sedentaria, esto es, que no hace nada de deporte (15%), según un estudio elaborado por Ipsos, junto con el Foro Económico Mundial, sobre la práctica de ejercicio y los deportes en equipo en 29 países.

Por delante de España se encuentran Italia y Polonia (ambos 26%) y Francia (22%). Por otro lado, preguntados por las horas que dedican semanalmente a hacer ejercicio, a nivel global, de media, los encuestados dedican 6,1 horas. En el caso de los españoles, la media baja hasta las 5,2 horas. Por su parte, Países Bajos (12,8 horas) encabeza la lista de países entrevistados donde más horas dedican al deporte a la semana, así como el que menos población declara no hacer nada de ejercicio (4%).

A nivel global, de media, el 70 por ciento de los ciudadanos está muy o bastante satisfecho con el estilo de vida que lleva. Este porcentaje se repite en España que, comparándolo con los países vecinos, se sitúa como el tercer país europeo que menos está satisfecho con su estilo de vida, solo por delante de Hungría (62%) e Italia (59%). En el lado opuesto se encuentran Países Bajos (85%) y Reino Unido (81%), como los más satisfechos a nivel europeo.

QUÉ TIPO DE DEPORTES ELIGEN LOS CIUDADANOS

Los deportes más practicados a nivel global son el fitness (20%), running (19%), ciclismo (13%) y fútbol (10%). En España, el fitness también se sitúa en primera posición con el mismo porcentaje (20%), siendo el cuarto país europeo que más realiza esta actividad, por detrás de Suecia (26%), Alemania (21%) y Holanda (21%). Además del fitness, los españoles también practican natación (11%), ‘running’ y ciclismo (9%) y fútbol (8%).

Así las cosas, a la hora de saber si los encuestados están satisfechos con el nivel de actividad física que realizan, a nivel global, de media, el 58 por ciento de las personas afirma que desearía hacer más deporte, un porcentaje que sube un punto en España (59%), siendo el segundo país europeo con más población que confirma este deseo, solo por detrás de Polonia (61%).

De la misma forma, el 37 por ciento de los encuestados a nivel global, de media, están felices con el ejercicio que realizan. En el caso de la población española, un 36 por ciento de ciudadanos está contento con el deporte que practica, siendo el segundo país menos satisfecho a nivel europeo, por detrás de Polonia (33%). Los países europeos que más satisfechos están son Reino Unido (55%), Países Bajos (51%) y Alemania (49%), donde la mitad de su población está feliz en ese sentido.

Acerca del motivo que impide practicar deporte a los ciudadanos, la causa más señalada es la falta de tiempo (37%), seguido de la falta de dinero (18%) y las condiciones climáticas (17%). En el caso de España se mantiene esta misma tendencia, donde la población española achaca a la falta de tiempo (34%) la causa principal para no realizar más deporte, seguida de la falta de dinero (15%) y de las condiciones climatológicas (14%). Se trata de unos porcentajes que sitúan a España en un término medio a nivel europeo, donde la falta de tiempo es la más señalada en países como Hungría (44%), mientras que la falta de dinero es la más acusada en Bélgica (18%) o las condiciones ambientales afectan más en Hungría (18%).

La Audiencia Provincial de Segovia ha condenado a un hombre a cinco años de cárcel por un delito de abuso sexual sobre su hija mayor, así como a otros ocho años más de prisión por un delito continuado de agresión y abuso sexual a la pequeña de sus hijas, ambas menores de edad

En el auto de la Audiencia Provincia, también se le imponen ocho años de libertad vigilada tras cumplir la condena, así como la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de sus hijas y la comunicación con la primera de ellas por un periodo de cinco años, y a la segunda por un periodo de diez años.

Los hechos comenzaron en septiembre del 2012 cuando la pequeña de las hijas, que entonces tenía doce años, se encontraba en la ducha.

Según dice la sentencia, «aprovechando que su mujer no estaba en casa el acusado con animo libidinoso y para satisfacción de sus deseos sexuales mandó a sus hermanos a la calle y una vez solo se dirigió a la ducha y entró hallando a su hija desnuda», lo que el acusado aprovechó para tocarla los pechos a pesar de que su hija se negara en varias ocasiones.

Un año después el acusado, con la excusa de dar un abrazo a la pequeña de sus hijas, la cual se negó, «la cogió del brazo y empezó a restregarse contra su cuerpo sin que ella lograra apartarse».

La niña en ese momento se dio cuenta de que su padre tenía una erección y bajándose los pantalones la obligó a tocarle su miembro.

Desde esa ocasión, el acusado ha realizado conductas similares en ocasiones posteriores hasta el año 2014, incluso en algunas ocasiones el padre se metía en la cama de la menor.

En ese mismo año, el acusado la dijo a su hija mayor que se sentara sobre él, a lo que ella se negó por lo que él lo hizo por la fuerza, aprovechando para tocarla por debajo de la camiseta diciéndola «no pasa nada, soy tu padre». La niña le apartó las manos y se marchó.

Ese mismo día, al llegar su madre a la vivienda la mayor de sus hijas la contó lo ocurrido por lo que la pareja inició los trámites de divorcio.

Cuatro años después la pequeña de las descendientes le contó a su madre que el acusado la había hecho años atrás lo mismo que la había hecho a su hermana, «y que había sido peor». Fue en ese momento cuando la mujer interpuso la denuncia ante la policía.

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha defendido este miércoles que el rey Juan Carlos I es un «ciudadano libre» que «no se encuentra sujeto a ningún procedimiento judicial abierto», por lo que ha apostado que sea el propio emérito el que tome la decisión de regresar o no a España, pero sí ha criticado el silencio del presidente Pedro Sánchez ante las críticas de sus socios de Podemos.

En una rueda de prensa desde la sede nacional de Ciudadanos para valorar la actualidad política, Bal ha recordado que el rey emérito no tiene restringida la libertad de movimiento y que, según ha puntualizado, el propio Juan Carlos I «ha garantizado que estaría a disposición de cualquier procedimiento judicial».

Asimismo, el dirigente de Ciudadanos ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no abroncar a miembros del Ejecutivo de Unidas Podemos por haber «arremetido» contra el rey Juan Carlos y contra «la monarquía parlamentaria».

«Me parece sangrante que el presidente del Gobierno calle ante estas declaraciones», ha subrayado Edmundo Bal en relación a las palabras que proclamó ayer la ministra de Asuntos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, contra el rey emérito cuando se cumplía un año de la marcha de éste fuera de España.

«PODEMOS MANDA Y SÁNCHEZ OBEDECE»

En este contexto, Bal considera que es Podemos quien «manda» en el Gobierno y, según ha dicho, «Sánchez obedece con tal de seguir atrincherado en el Ejecutivo». El dirigente de Ciudadanos ha asegurado que no les sorprende las declaraciones de Belarra, «que son continuidad de las que hiciera Pablo Iglesias», y ha salido en defensa de la Jefafura del Estado, «que es la piedra angular del sistema constitucional».

En cualquier caso, Bal ha precisado que «son muy poco edificantes» las conductas del rey emérito Juan Carlos I que se están conociendo fruto de la investigación judicial, aunque ha puntualizado que «no hay que negar el papel del Rey durante la Transición».

«Pero las personas tienen que ser especialmente honestas y parece, por lo que sabemos, que esto no ha sido así en el caso del Rey Juan Carlos. Lo hemos dicho, confíamos en la marcha de la Justicia y en el hacer de la Fiscalía, se tendrá que aplicar la ley como a cualquier ciudadano de este país», ha sentenciado Bal.