El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, departamento dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Jesús Martín Blanco, ha puesto en valor el papel de los deportistas paralímpicos como «embajada» del compromiso de España con la diversidad.

Martín Blanco cree que «el deporte debe ser un aliado de la inclusión» y aboga por «cambiar la superación por oportunidades». A su juicio, estos deportistas «no son héroes ni heroínas», sino «personas con derechos» que deben hacerse efectivos.

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad también ha hecho alusión a las diferencias que existen todavía entre hombres y mujeres en el deporte, de las que, ha apuntado, no se libran las categorías paralímpicas. Tal y como ha destacado, en Tokio 2020 compiten 1.782 mujeres frente a 2.318 hombres y 300 plazas mixtas.

Ante esto, el departamento que dirige Martín Blanco destaca la importancia de seguir trabajando para visibilizar y promocionar el deporte femenino a todos los niveles.

Por otra parte, el director general ha señalado que «España es una potencia en el deporte paralímpico y, por eso, confía en que los medios de comunicación ofrezcan a los deportistas españoles «el soporte que se merecen y mantengan en su agenda diaria el seguimiento que han hecho hasta ahora.

«En este Ministerio no hay deportistas de primera o de segunda», ha declarado, antes de reconocer su profundo agradecimiento a la «encomiable labor» del Comité Paralímpico Español.

En este sentido, ha señalado que «los Juegos Olímpicos no han terminado» y que «queda disfrutar y aplaudir» a los deportistas paralímpicos «que abanderan una España abierta a la diversidad humana, donde el deporte es cooperación de todas las personas y todos los cuerpos sin excepciones».

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Málaga una organización criminal dedicada al tráfico de drogas entre España y Francia por el método ‘go fast routier’, una modalidad mediante la que las redes dedicadas al narcotráfico atraviesan a gran velocidad la península en vehículos sustraídos o con matrículas falsificadas, cargados de hachís.

Además, hay nueve personas detenidas, siete de nacionalidad francesa y dos españolas, por su presunta responsabilidad en la trama; dos de los arrestados tenían, además, una Orden Europea de Detención y Entrega en vigor dictada por las autoridades de Francia por delitos de tráfico de drogas, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

En la operación ‘Holidays’, la Policía Nacional ha intervenido 1.789 kilos de hachís, seis vehículos –dos de ellos denunciados como sustraídos–, un arma semiautomática con munición y 25.000 euros, entre otros efectos.

La investigación, que ha sido llevada a cabo por agentes adscritos al grupo de Crimen Organizado de la Comisaría de Fuengirola (Málaga), se inició a partir de una información que apuntaba a la existencia de una organización criminal de súbditos franceses, aunque de origen árabe, que estaría organizando el envío de una importante partida de hachís entre España y Francia mediante el método ‘go fast routier’.

La técnica consiste en el transporte terrestre de la droga en coches de gran cilindrada, normalmente sustraídos, apoyados por otros vehículos en labores de ‘lanzadera’ y/o ‘contravigilancia’.

‘GUARDERÍA’ DE LA DROGA EN UNA FINCA RURAL EN LA AXARQUÍA

Tras las indagaciones, los investigadores conocieron que las partidas de droga eran almacenadas en una casa situada en Almáchar (Málaga) donde se preparaban los envíos, previo a su transporte a Francia.

Así, el pasado día 17 de agosto se interceptó una furgoneta con 852 kilogramos de hachís, procediéndose a la detención de cuatro miembros de la trama.

Continuando con la práctica de diligencias, en las inmediaciones de la finca objeto de investigación, los agentes arrestaron a los tres ocupantes de otros dos vehículos sospechosos, cuando realizaban labores de apoyo a un socio encargado de la custodia de la mercancía en la ‘guardería’.

En uno de los automóviles y a los pies del copiloto se localizaron dos placas de matrículas dobladas o falsas y un extintor de grandes dimensiones empleado en las huidas para dejar sin visibilidad a las patrullas policiales.

Al practicar el registro del inmueble de Almáchar se detuvo al sospechoso que ejercía de guardián de la sustancia estupefaciente, interviniéndose 741 kilos de hachís, una pistola semiautomática, munición y dinero.

Asimismo, en la recta final de la investigación se localizó en el barrio de La Palmilla, en Málaga, por una dotación de la Policía Local, otro automóvil que resultaría estar destinado también por la misma organización al transporte de droga por el método ‘go fast’, procediéndose a su intervención, a la aprehensión de 195 kilogramos de hachís y al arresto de una mujer.

Por último, la operación se saldó con el arresto de nueve personas, ocho hombres y una mujer, por su presunta participación, según el caso, de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de arma de fuego, robo/hurto de uso de vehículo a motor, falsedad documental y reclamación judicial. La autoridad judicial competente ha dictado el ingreso en prisión de ocho de los detenidos.

El Real Jardín Botánico (RJB) ha publicado una carpeta con 12 reproducciones de dibujos creados en distintas expediciones científicas organizadas por la Corona española y el Real Jardín Botánico durante el Siglo XVIII. Los dibujos están custodiados por el Archivo de RJB, y ahora se divulgan con motivo del 265º aniversario de su creación.

Según informa el RJB, las láminas muestran la diversidad de las plantas que se recogieron, dibujaron, estudiaron, publicaron y difundieron por Europa y cuyos originales se conservan en el Archivo.

Uno de los objetivos de las expediciones científicas españolas era conocer la flora, la fauna y los recursos naturales de los distintos territorios para obtener especímenes útiles en los campos de la alimentación, del textil, de la sanidad y de los recursos naturales.

En 1755, se fundó el Real Jardín Botánico de Madrid para llevar a cabo el cultivo, aclimatación, estudio y enseñanza de plantas medicinales. También cultivaron otros tipos de plantas que eran útiles para la ciencia, el comercio, la agricultura o la industria, así como para la descripción y difusión de las exóticas o desconocidas traídas o enviadas a España desde otros territorios.

Además, al igual que en España, se crearon jardines botánicos en otros países europeos, estableciendo una red de colaboración y de intercambio de semillas y plantas a través de la cual los gobiernos promovieron el estudio de la naturaleza.

Para conseguir los resultados, fue determinante la organización de expediciones científicas con botánicos, naturalistas y dibujantes, cuyo objetivo era la recogida de especímenes para su estudio y observación, dibujándolos ‘in situ’ y anotando en sus cuadernos de campo todo lo relacionado con ello, su aspecto y detalles anatómicos, así como el entorno y latitud donde crecían y se recolectaban. En este sentido, el RJB lanza su carpeta con 12 láminas que se puede adquirir a través de la tienda del RJB-CSIC.

Como curiosidad incorporada en la carpeta, la institución ha destacado los dibujos de plantas provenientes de la Real Expedición Botánica al Virreinato del Perú (1777-1788) como ‘Carludovica palmata’, con hojas para elaborar los sombreros ‘jipipaja’ (conocidos como sombreros de Panamá), y ‘Buddleja spicata’, con propiedades medicinales contra afecciones dermatológicas como la erisipela.

Alianza Verde urge a tomar medidas contra los regadíos ilegales, «especialmente en la Región de Murcia», y pide acabar con «los vertidos tóxicos procedentes de la agricultura intensiva que acaban en el Mar Menor».

Apuesta por «frenar el aumento de la superficie agraria de regadíos y comenzar a reducir las ya existentes, promoviendo la agricultura y la ganadería ecológicas y favoreciendo el cambio de pautas en los consumos de alimentos, apoyando el consumo de proximidad, promoviendo la educación para la salud alimentaria y la reducción del consumo de carne. Proteger nuestros recursos hídricos y masas de agua, porque las sequías van a ser cada vez más habituales y profundas».

En este sentido, y dentro de la Semana Mundial del Agua, Alianza Verde recuerda que «sólo en la Región de Murcia hay, al menos, 9.000 hectáreas de regadíos ilegales, según los datos de la propia Confederación Hidrográfica del Segura».

Y también apuntan que según los datos de Ecologistas en Acción, la Región de Murcia «consume más del doble del agua que produce de forma natural, y más del 90% va a los cultivos de regadío».

A su juicio, «el Mar Menor se muere por las décadas de pasividad y negligencia de los Gobiernos de la Región de Murcia, que lleva todo este tiempo para otro lado, e incumpliendo su deber de reducir la sobreexplotación de agua subterránea y de frenar la extracción de agua de acuíferos contaminados por nitratos procedentes de la agricultura intensiva, que acaban vertidos en la laguna».

Además, han indicado que «los recursos hídricos disponibles en nuestro país se han visto mermados en los últimos 25 años en torno al 20%, mayormente como consecuencia de la subida de las temperaturas a causa del cambio climático».

En definitiva, en España, «la superficie regada sigue aumentando, a la vez que los recursos hídricos disponibles se están reduciendo, lo que nos conduce necesariamente a un escenario cada vez más insostenible y vulnerable», señalan desde Alianza Verde.

En concreto, la región mediterránea «va a ser una de las zonas más afectadas por el cambio climático. Más temperatura y menos precipitaciones generarán un mayor estrés hídrico».

Por ello, Alianza Verde urge a «tomar medidas para adaptar los cultivos al agua disponible y para frenar el crecimiento del regadío, a la vez que se reduce la superficie regada actualmente existente».

La diputada de Vox en Les Corts Valencianes Rebeca Serna Rosell ha decidido dejar este grupo de la Cámara autonómica pero mantener su acta y continuar como parlamentaria fuera de esta formación política. Así lo ha comunicado Serna a través de un escrito presentado este lunes por registro de entrada y dirigido a la Mesa de Les Corts.

En este documento, la parlamentaria, al amparo de lo previsto en el artículo 27.2 del Reglamento de la Cámara autonómica, comunica su baja en el grupo de Vox.

Serna, como publica el diario Levante-EMV, asegura que ya no está cómoda en una formación que según ha denunciado en un escrito la ningunea constantemente y señala que ha intentado poner solución a través de cauces internos pero sin resultado. De acuerdo con esta información, el punto de inflexión se ha producido después de que el partido haya editado un video con los «mejores momentos» del año parlamentario en el que ella no aparece.

La diputada solicita a la Mesa de les Corts que, deconformidad con lo dispuesto en el inciso último del artículo 27.6 del citado reglamento, «se adopten las medidas oportunas y quesean necesarias» para garantizarle «el ejercicio de todos losderechos parlamentarios y el acceso a los medios materialesnecesarios para desarrollar plenamente las funciones parlamentariasque como diputada de Les Corts» le corresponden.

Rebeca Serna pide que se tomen esas medidas a «lamáxima brevedad posible para no ver vulnerados» sus «derechosindividuales como parlamentaria». Igualmente, demanda que se le informe «de forma exacta de los medios materiales y personales» que va a recibir y «con qué periodicidad de acuerdo al reglamento y a las normas de funcionamiento de la Cámara» valenciana.

La diputada alude al acuerdo de la Mesa 11/IX, de 23 de junio de2015, modificado por el Acuerdo de la Mesa 523/IX, de 23 deI febrero de 2016, que habla del «derecho a la asignación de una cantidad mensual por diputado para atender los gastos derivados del ejercicio» de las funciones como tal, y pide que se le informe «de cuáles son los gastos derivados del ejercicio» de su condición de parlamentaria «susceptibles de ser atendidos por la citada cantidad».

En esta línea, Serna reclama también conocer «los gastos que quedarían excluidos de la misma» e información «de los mecanismos para hacer uso de ello».

La parlamentaria plantea además que a partir de su salida del grupo de Vox se le asigne el escaño que la Mesa de Les Corts «considere oportuno dentro del hemiciclo para que en próximo pleno no vea vulnerados» sus derechos como diputada.

Rebeca Serna recuerda que el reglamento recoge que «los diputados y diputadas tendrán el derecho de asistir con voz y voto a las sesiones del pleno de Les Corts Valencianes y a las de las comisiones a que pertenezcan y a ejercer las facultades y desempeñar las funciones» que el reglamento les atribuye.

CONSERVAR LA PLAZA DE GARAJE

Por otro lado, la parlamentaria pide que se le informe de «los trámites a seguir para poder seguir utilizando la plaza de garaje que fue asignada a cada diputado al inicio de la legislatura».

Asimismo, en el escrito presentado este lunes, Serna reclama, «deacuerdo con el artículo 27 del Reglamento de Les Corts y con losacuerdos de la Mesa de 2008 y de 2017 y posteriores», que se le integre en la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de la Cámara autonómica «para no ver mermados» sus derechos individuales y perjudicada su posibilidad de representar a los valencianos «con la diligencia que el ejercicio de la función del cargo de diputado merece».

La Audiencia Nacional ha modificado la fecha de inicio del juicio de la Gürtel por la pieza de Boadilla del Monte –que estaba previsto para el 22 de septiembre– y ha acordado que la primera sesión se celebre un mes y medio después, el 10 de noviembre, según han informado fuente jurídicas.

En esta causa, el PP volverá a sentarse en el banquillo de los acusados como partícipe a título lucrativo por presuntamente haberse beneficiado de las supuestas irregularidades cometidas por Arturo González Panero –exalcalde de la formación en la localidad madrileña conocido como ‘el Albondiguilla’– con una cuantía de 204.198,64 euros entre 2001 y 2009.

En concreto, la vista oral se dirigirá contra 27 procesados y 13 personas jurídicas. La Fiscalía Anticorrupción pide penas de 40 años y siete meses de cárcel para González Panero y de 76 años y siete meses de prisión para el líder de la Gürtel, Francisco Correa, por los contratos adjudicados a la trama en Boadilla, según el escrito provisional de acusación.

El Ministerio Público también reclama 64 años de cárcel y siete meses para Pablo Crespo –número dos de la presunta red de corrupción–; 23 años y medio para el exdiputado regional Alfonso Bosch; y 22 años de prisión para el exconcejal de Boadilla del Monte José Galeote.

La pieza a juzgar versa sobre la actuación del entramado personal creado por Correa, quien habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio a cambio de comisiones. Esta red habría dirigido en la práctica toda la contratación pública, con independencia de que los empleados públicos que la integraban participaran directamente o no en cada uno de los expedientes.

Según la Fiscalía, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte habría sufrido un perjuicio de 4 millones de euros por la adjudicación eventualmente irregular de una parcela.

CONFESIONES

El pasado marzo, Correa reconoció como «ciertos» los hechos que el Ministerio Público refleja en su escrito de acusación por las irregularidades en el Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte, dirigido entonces por Arturo González Panero, de quien destacó la «ambición desmedida» y una actuación «amoral».

Ese mismo mes, el que fuera secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, considerado el número dos de la trama Gürtel, reconoció los hechos descritos por el Ministerio Público en un escrito de conformidad remitido el pasado 3 de marzo al tribunal.

«Reconozco los hechos descritos en el escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal y mi autoría y participación en los mismos», aseguró en la carta en la que además admitió que cobró comisiones por intermediar en adjudicaciones a constructoras.

El vicepresidente de la constructora Teconsa, el empresario leonés procesado José Luis Martínez Parra, también admitió en un escrito enviado a la Audiencia Nacional que Correa medió para conseguirle adjudicaciones en administraciones en las que gobernaba el PP.

La pieza de Boadilla del Monte llega a juicio casi dos años después de que el PP recusara al magistrado José Ricardo de Prada como miembro del tribunal. El Pleno de la Sala de lo Penal acordó permitir que el juez participara en el juicio al considerar que sus ideas políticas no arrojan dudas sobre su imparcialidad en el procedimiento y que su participación en otro juicio de esta macrocausa no está contaminado porque versan sobre hechos diferentes.

El actor granadino Antonio Velázquez ha realizado durante estos días diferentes etapas del Camino de Santiago para colaborar con la iniciativa ‘Camino del Reciclaje’, un proyecto de Ecoembes que coordina el reciclaje de envases en España.

Coincidiendo con la celebración del año Xacobeo 2021-2022, el proyecto ‘Camino del Reciclaje’ tiene como objetivo ser recordado como los Años Santos más comprometidos con el reciclaje y el medio ambiente, según señala Ecoembes.

Así, la iniciativa medioambiental busca que los miles de peregrinos puedan separar y reciclar los residuos de envases que van generando durante cada etapa, evitando la basuraleza (residuos generados por el ser humano y abandonados en la naturaleza).

Además, Ecoembes ha lanzado el mensaje ‘Que el camino deje huella en ti. No tú en él’, donde invita a los peregrinos a tomar conciencia de que lo único que debe quedar en su memoria son los recuerdos vividos y, en el Camino, solo la huella de sus pisadas. Y afirma que se debe seguir concienciando de la importancia de mantenerlo libre si se quiere disfrutar en las futuras generaciones.

«Estoy feliz de poder vivir la experiencia como ecoperegrino de la mano de Ecoembes, para descubrir los secretos que esconde el camino y facilitar al caminante herramientas para poder reciclar y evitar la basuraleza. La naturaleza es esencial en el Camino de Santiago y es tarea de todos mantenerla a salvo», ha afirmado Antonio Velázquez.

Por su parte, la responsable del proyecto ‘Camino del Reciclaje’ en Ecoembes, Carolina Martín, ha agradecido su participación y ha recalcado que, «si ya es duro hacer el Camino, hacerlo agachándote para recoger los residuos que nunca debieron acabar en la naturaleza, lo es mucho más, pero, sin duda, la satisfacción de haber contribuido a liberarlo de basuraleza es enorme».

Además, ha señalado la importancia de iniciativas medioambientales como la de Ecoembes: «Camino del Reciclaje nació en el 2015 con el objetivo de facilitar herramientas a los peregrinos para que pudieran reciclar en el Camino y liberarlo de basuraleza. Año tras año, hemos ido ampliando Caminos y Comunidades hasta llegar a 359 ecoalbergues repartidos en Galicia, Asturias, La Rioja, Navarra y Castilla y León».

«Gracias a los hospitaleros, peregrinos, Administraciones y colaboraciones como la de Antonio, conseguiremos que este Año Santo se recuerde por ser el Año Xacobeo más comprometido con el reciclaje y el medio ambiente de la historia», concluye.

Por otro lado, el otro objetivo de ‘Camino del Reciclaje’ es ayudar a los hospitaleros a que conviertan sus hospedajes en albergues sostenibles. Desde el comienzo de esta iniciativa en 2015, los ecoalbergues se han consolidado como un elemento fundamental para ayudar a concienciar a los peregrinos y un punto de reciclaje de referencia. En concreto, se ha logrado la implicación de 359 ecoalbergues: 174 en Galicia, 55 en Asturias, 77 en Castilla y León, 33 en Navarra y 20 en La Rioja.

A todos los ecoalbergues se les entrega un kit con carteles didácticos, un sello identificativo para el albergue como colaborador de la campaña ‘Ecoalbergue’, Compostelas del Ecoperegrino y bolsas reutilizables fabricadas con PET reciclado para entregar a los peregrinos.

A su vez, se ha repartido a los peregrinos más de 142.000 bolsas reutilizables para evitar la basuraleza y ‘Compostelas del Ecoperegrino’ con las que se ayudará a plantar árboles autóctonos en Galicia y Asturias al subirlas con tres sellos (que se pueden conseguir en los ecoalbergues) a RRSS con el ‘#EcoPeregrino’.

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo 8 de febrero a Juan Mendoza Jiménez, conocido como Juanín, por matar en junio de 2019 a sus cuñadas y herir de gravedad a su suegra con una escopeta en venganza hacia su mujer, han informado fuentes jurídicas.

El acusado se enfrenta a una petición fiscal de 64 años de cárcel, mientras que una de las acusaciones particulares reclama la prisión permanente revisable.

El fiscal le acusa de dos delitos de asesinato, por los que pide 25 años de cárcel por cada uno de ellos; de un intento de asesinato, por el que reclama trece años de prisión; y de tenencia ilícita de armas con la agravante de reincidencia, por el que pide un año de cárcel.

Solo una de las tres acusaciones particulares, la que representa a la mujer de 23 años fallecida, solicita que se le condena a prisión permanente revisable y de forma subsidiaria a 76 años de prisión, como piden otras de las dos acusaciones, la que defiende a la mujer de 35 años fallecida y a la representa a la suegra del acusado.

En el juicio de febrero se tendrá que dirimir quién fue la persona que le entregó el arma al acusado para llevar a cabo el plan que ideó para vengarse de su mujer por romper la relación e irse con sus hijas fuera de Aranjuez.

En su declaración en la instructor, el acusado alegó ante el juez que actuó en defensa propia después de que su excuñado le disparase, echando la culpa a su mujer de la tensión con su familia política.

VENGANZA

Ese día, Juanín disparó desde la ventana de su casa a varios familiares de su mujer, matando a dos cuñadas, de 35 y 23 años, e hiriendo en una pierna a su exsuegra. Juan Mendoza planeó vengarse por una supuesta infidelidad «haciendo daño a las mujeres de su familia política», un plan que ejecutó ese 9 de junio.

En el escrito de acusación de una de las víctimas, se relata que la mujer de Juanín decidió poner fin «a la relación, iniciando una nueva relación sentimental con tercera persona y abandonando la localidad de Aranjuez con su nueva pareja y dos de las hijas comunes».

Con ánimo de venganza, idealizó «un plan que llevo a la práctica el 9 de junio de 2019». Para ello, según consta en otro de los escritos, se hizo con «una escopeta del Calibre 12 Paralela, con número de serie 1380 – 66233, arma reglamentada de 3ª categoría, así como abundantes cartuchos para munición de la escopeta». Todo ello a pesar de que no tenía licencia de armas.

Pasadas las 21.00 horas, se encerró y se asomó a la ventana de la galería junto a la cocina de su vivienda que da al patio interior abierto del bloque de edificios, y «efectuó con la escopeta un primer disparo al aire para conseguir llamar la atención de los parientes de su mujer».

Tras ello, apareció una de las víctimas que le recriminó el disparo que había realizado y le advirtió de la existencia de niños jugando en el patio. Fue entonces, cuando sacó nuevamente al exterior la escopeta y la realizó un disparó mortal.

Inmediatamente, efectuó dos o tres disparos más, apuntando a la hermana de la anterior. A continuación, disparó a su suegra, que la hirió de gravedad. Las mujeres fueron trasladadas al hospital. Solo una de ellas pudo sobrevivir.

Tras estos disparos, Juan Mendoza realizó una llamada al 091 con la finalidad exclusiva de ser rescatado de su vivienda por la policía ante su temor a la reacción de los vecinos y familiares de las víctimas. Tras entregarse éste a la policía, la escopeta fue encontrada en la vivienda y estaba la escopeta montada, cerrada y en posición de disparo, con dos cartuchos en la recámara.

PENAS SOLICITADAS

El abogado de los familiares de la víctima más joven reclama que sea condenado a prisión permanente revisable, así como a quince años de cárcel por la tentativa se asesinato y a un año de cárcel por la tenencia ilícita de armas.

La acusación particular que representa a la familia de L.F.J. solicita que se le imponga la pena de 30 años de cárcel por cada uno de los asesinatos, así como la medida de libertad vigilada una vez que cumpla las penas.

También reclama que se le condene a catorce años por el intento de asesinato de la suegra del acusado y un año de prisión por la tenencia ilícita de armas.

De igual modo, el abogado de la suegra de Juanín reclama 30 años de cárcel por el asesinato de sus hijas; quince años de prisión por su intento de asesinato; y uno por la tenencia ilícita de armas.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha calificado este lunes de «moderna», «pedagógica» y «europeísta» la oposición de su partido a la renovación del CGPJ, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018 y ha insistido en vincularla al cambio de criterio en la elección de los vocales para que «los jueces elijan a los jueces».

En una entrevista en Onda Cero, Maroto ha rechazado que se trate de una oposición «de bloqueo» y ha reconocido que es su «obligación» como principal partido de la oposición que los órganos consitucionales «estén renovados» aunque ha matizado que eso no quiere decir que lo vayan a hacer «de cualquier manera».

Maroto ha sido cuestionado al respecto a una semana de que el presidente del Tribuanal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, pronuncie su discurso de apertura del año judicial en el que previsiblemente se pronunciará sobre este bloqueo, que está cerca de cumplir tres años. Debido a una norma aprobada este verano, el CGPJ tiene limitadas al máximo sus competencias en funciones lo que mantiene paralizados muchos nombramientos.

El dirigente del PP ha pedido «se acabe eso de que los políticos elijan a los jueces» siguiendo la «recomendación de Europa» que en reiteradas ocasiones ha llamado a España a llevar a cabo la renovación del órgano de gobierno de los jueces y a profundizar en la separación de poderes.

«SANCHEZ PREFIERE QUE LOS POLÍTICOS ELIJAN A LOS JUECES»

En la misma línea Maroto ha insistido en que renovarán el CGPJ cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez «acepte» ese criterio y «entienda que esto es europeísta»; aunque ha asegurado que «no quiere» hacerlo sino que prefiere que sean los políticos quienes «sigan eligiendo a los responsables judiciales».

Por otro lado, al ser cuestionado sobre la posición del PP cuando estaba en el Gobierno, que no llevó a cabo esa reforma, Maroto señaló que el PP «evoluciona con la sociedad» y acorde con lo que esta va «demandando» y que ni la «legislación» ni la manera de «abordar los debates» es ala misma ahora que «hace 10 años».

Finalmente ha afirmado que los ciudadanos que escuchen la posición del PP sobre este asunto la «compartirán» porque «es lo razonable».

La europarlamentaria del PNV, Izaskun Bilbao Baraindica, ha reivindicado que la UE debe «estructurar un cauce adecuado para gestionar debidamente todas las personas afganas que van a llegar a suelo europeo». En este sentido, ha apelado a hacer «una gestión diferente» a anteriores crisis migratorias, de manera que se aplique «correctamente» la legislación internacional sobre asilo y se «construyan los mecanismos para acoger» a estas personas.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, la parlamentaria vasca ha considerado que «lo primero» que debería hacer la UE y el resto de occidente, ante la crisis humanitaria en Afganistán, es «pensar qué es lo que ha ocurrido si, durante 20 años, con todas las aportaciones, la intervención que ha habido, no se ha conseguido construir nada entre todos».

Además, ha incidido en que es preciso «estructurar un cauce adecuado para gestionar debidamente todas las personas afganas que van a llegar a suelo europeo». «Tenemos que hacer una gestión diferente de todas las crisis migratorias que hemos visto hasta ahora», ha emplazado.

De este modo, ha insistido en que se debe aplicar «correctamente» la legislación internacional en materia de asilo y se deben «construir los mecanismos para acoger» a estas personas que huyen del país tras la toma de control por parte de los talibanes. «Es su derecho, estamos en la obligación de hacerlo. Tenemos que construir esa distribución, ese reparto y crear las condiciones adecuadas para que puedan acogerse a ese asilo al que tienen derecho», ha apuntado.

Bilbao ha recordado que además Europa se enfrenta a la migración por motivos económicos y también se producirán migraciones «masivas» debido a la crisis climática. «Y lo que todavía no hemos hecho es construir los mecanismos adecuados», ha remarcado.

La representante del PNV ha lamentado que «al final» siempre surge «el escollo de los estados», algunos de los cuales «no quieren ni oír hablar» del fenómeno migratorio. A su entender, existe una «falta de realismo» y se está en una «campaña electoral constante» en vez de fijarse en «cuestiones importantes».

MIGRACIÓN ORDENADA Y UN TRATO «MÁS HUMANO»

En todo caso, ha advertido a sus responsables de que, «si no lo hacen por voluntad política», se verán obligados «por necesidad porque la migración tienen capacidad de llegar a todos los países europeos».

Además, ha planteado que Europa debería afrontar este asunto «por propio egoísmo» ya que es «una sociedad envejecida» con «problemas de cubrir empleos en muchísimos sectores porque faltan las personas que estamos rechazando en muchas ocasiones».

Por ello, ha reivindicado «una migración ordenada, una acogida en condiciones, mecanismos y programas para la integración de estas personas», además de un tratamiento «más humano» a los migrantes.

IMPULSAR EL FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDAD

En otro orden de cosas, ha recordado que el eje atlántico del ferrocarril de alta velocidad, del que sería parte la ‘Y vasca’, está definido como estratégico a nivel europeo desde 1994. «Hay unos plazos europeos y hay recursos europeos», ha señalado Izaskun Bilbao, que ha recordado que, durante todos estos años, su partido ha demandado «que se cumplan esos plazos y se ejecuten los proyectos».

Del mismo modo, ha incidido en que existe un «compromiso» por parte del Gobierno español con el soterramiento de la llegada de la alta velocidad a Vitoria y Bilbao y, por ello, considera que «no hay provisionalidad que valga».

«Que utilicen los recursos europeos y ejecuten estos proyectos de alta velocidad porque es una exigencia europea –no es una exigencia solamente de un partido político–, que tiene unos plazos concretos que se tienen que cumplir», ha señalado la europarlamentaria, que ha esperado que el Ejecutivo de Sánchez «cumpla su compromiso», se hagan los soterramientos a las capitales vascas y «por fin se pueda tener una conexión».

FONDOS EUROPEOS Y LUZ

Asimismo, se ha mostrado convencida de que existen «mecanismos» en la UE para que «ningún país utilice de manera arbitraria los recursos» procedentes de los fondos europeos de recuperación.

En este sentido, ha señalado que el reglamento aprobado en el Parlamento europeo es «muy exigente y contundente» para que sean «proyectos innovadores» basados en la sostenibilidad, la digitalización y la creación de mano de obra «de calidad», la Comisión Europea analiza si los proyectos son «solventes y serios» y va a seguir habiendo «un control» en la ejecución de los planes por parte de la Comisión y el Parlamento.

Finalmente, preguntada por el debate sobre los elevados precios de la electricidad y la responsabilidad de la UE en este asunto, ha indicado que «lo más fácil es, cuando uno tiene responsabilidades, echarle la culpa a otro». A su entender, lo que se debería hacer es una «reflexión» sobre «cuánta energía consumimos y cuánta producimos», qué planes hay para el futuro y cómo abordar el problema.

Según ha indicado, «el problema es que somos grandes consumidores de energía pero no productores». «Y eso no depende de Europa», ha advertido.

Tras advertir de que proyectos sostenibles están teniendo «dificultades locales» para desarrollarse, ha criticado que «no queremos la energía nuclear, no queremos la energía como la tenemos actualmente, no queremos los parques eólicos porque nos molestan…». «No podemos decir no a todo», ha apuntado.

En este marco, ha incidido en que se puede producir energía sostenible y en Euskadi hay «una estrategia», pero se necesita una reflexión «como sociedad» y «dar confianza a las instituciones para conseguir ser líderes» en esta materia. Según ha advertido, el precio de la energía está costando «muchísimo» a la industria vasca.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha remitido este lunes una carta el jefe del Ejecutivo de la Nación, Pedro Sánchez, en la que le solicita la convocatoria de una reunión, de «manera inmediata», para impulsar actuaciones que contribuyan a revertir el estado del Mar Menor.

En la misiva, López Miras urge a Sánchez a celebrar este encuentro a la mayor brevedad con el fin de concertar y poner en marcha las medidas «imprescindibles y necesarias para la recuperación de este entorno natural», incluyendo «las que exceden de las competencias del Gobierno regional».

«La lucha contra la pandemia nos ha enseñado que es en los momentos más complicados cuando más toca estar unidos y trabajar juntos, por encima de cualquier diferencia, para poder cumplir con eficacia los objetivos planteados», señala López Miras.

Así, el dirigente murciano se muestra convencido de que el Gobierno será «receptivo» a esta «sincera y leal solicitud de colaboración y ayuda» por parte del Ejecutivo de la Región de Murcia, «pues nada podría justificar lo contrario».

Además, en la carta, el presidente murciano se pone a disposición de la Administración central para «hacer todo lo que esté en nuestra mano, y remarco lo de todo», al objeto de «poner así fin a una situación inaceptable que no puede prolongarse ni un día más».

Agrega López Miras que «la defensa y protección del Mar Menor no debe ceñirse únicamente a un conflicto de competencias que no hace sino retrasar la solución a tan grave problema, y en respuesta a las demandas de la ciudadanía, que exige de todas las autoridades responsables una actuación contundente y conjunta».

DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA

Por otro lado, López Miras urge en su carta a Sánchez que declare el Mar Menor zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil en el Consejo de Ministros de este martes, por encontrarse entre las zonas que han sufrido catástrofes naturales este verano.

Expone al presidente del Gobierno central que el Mar Menor, que define como «uno de los enclaves naturales de mayor importancia y singularidad medioambiental de Europa», ha sido escenario los últimos días de «diferentes episodios de hipoxia o baja oxigenación de sus aguas».

Una situación, añade, que se debe a «las altas temperaturas registradas, la continua entrada de agua dulce con nutrientes y el resto de factores que amenazan este entorno ecológico único tan vulnerable», y que ha provocado la mortandad miles de peces y otras especies animales.

«Un desastre natural sin paliativos que ha puesto nuevamente de manifiesto la urgente necesidad de que todas las administraciones implicadas adopten las medidas necesarias para la protección y total recuperación del Mar Menor», apunta López Miras, para quien la adopción de medidas «no pueden esperar más».

La familia del vecino de Velilla de San Antonio fallecido en noviembre de 2020 a manos de una paliza solicita una condena de 25 años de cárcel para el agresor Alberto C. por la presunta comisión de un delito de asesinato.

El pasado mes de abril, el instructor de la causa acordó en un auto iniciar los trámites para que el asesinato sea juzgado por un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid.

El procedimiento penal se encuentra en la fase de presentación de escritos de acusación y defensa de cara a la celebración de la vista oral, que tendrá lugar los próximos meses.

Iván V., de 39 años, murió el pasado 13 de noviembre en el Hospital de La Princesa tras recibir dos días antes una paliza mortal por parte de un joven de 26 años, Alberto J.C. La autopsia calificó la muerte como violenta de tipo homicida.

UNAS PINTADAS CONTRA EL EXMARIDO DE SU PAREJA

La pelea se inició después de que el presunto homicida le recriminara unas pintadas que había hecho en su portal contra el exmarido de su pareja, con quien días antes había roto.

En el escrito de la acusación particular, el abogado José Luis Vegas González pide que se imponga al agresor una pena de veinticinco años de cárcel por de un delito de asesinato, previsto y penado en el artículo 139.1 del Código Penal. También reclama que indemnice a la familia con 200.000 euros.

En el relato de los hechos se expone que la víctima se encontró con un menor de edad en los alrededores del Auditorio de Velilla de San Antonio, donde se encontraba con un grupo de amigos. Fue entonces cuando Iván le recrimina unos hechos que habían ocurrido el día anterior en relación a unas pintadas.

«ENORME AGRESIVIDAD»

Comenzó una pequeña discusión en cuyo transcurso el menor empujó a la víctima hasta en dos ocasiones dado que no portaba mascarilla, lo que provocó que Iván reaccionara cogiendo de la pechera al menor. Acto seguido otras dos personas agredieron a la víctima con patadas en el muslo pero sin llegar a caer al suelo ni causar algún tipo de lesión.

Es en ese momento apareció el acusado, acompañado de su pareja, e interrumpe la discusión para preguntar quién había realizado pintadas en su portal siendo el propio Iván el que se identifica como autor. De forma sorpresiva, el acusado se quitó la chaqueta y se abalanzó sobre la víctima con «una enorme agresividad, propinándole una rápida cadena de golpes inesperados que impidieron cualquier tipo de reacción defensiva por parte de la víctima».

El acusado comienza dando una patada que impacta en el costado izquierdo de la víctima haciendo que pierda el equilibrio y de varios pasos hacia atrás. Tras ello, lo agarró del cuello para sujetarle la cabeza y le da con la mano derecha puñetazos en la cara.

Según el escrito, el golpe provocó que la víctima cayera al suelo entre dos coches quedando totalmente inmóvil, boca abajo, con los pies sobre el bordillo y el resto del cuerpo en el asfalto. Y una vez que la víctima está en el suelo «sin posibilidad de defensa alguna y a merced total del acusado, Alberto J. le propina un pisotón en la cabeza quedando aparentemente sin conocimiento en el suelo».

Finalmente, mientras que la víctima está tendida en el suelo sin aparente conocimiento, el acusado abandona el lugar de los hechos emprendiendo su huida a la carrera en dirección a su domicilio, lo que según el abogado denota «un desprecio total por la vida de esta persona».

El letrado insiste en que «la agresión no solo fue con violencia y buscando el mayor daño posible sin posibilidad de reacción por parte de la víctima, como lo demuestra el hecho que la primera patada fue de forma súbita, sino también un claro ejemplo de que la ahora parte contraria sabía perfectamente cómo hacer daño y donde hacerlo con los golpes en la cabeza y, sobretodo, el pisotón que da en la cabeza cuando la víctima ya estaba en el suelo indefensa por todos los golpes anteriores».

A consecuencia de la agresión, Iván fue trasladado al Hospital del Henares de Coslada. Se le realizó un TAC cerebral donde se objetiva: Hematoma agudo en ganglios basales derechos abierto al sistema ventricular; fractura de la pared medial de la órbita izquierda con hundimiento de la misma y fractura del suelo orbitario izquierdo con probable atrapamiento del recto inferior.

Dada la gravedad de las lesiones ese mismo día es trasladado al Hospital de la Princesa donde ingresó en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) en estado crítico con pronóstico grave. El día 15 de noviembre de 2020 Iván fallece por muerte encefálica.