El Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han llegado este jueves al salón Automovil de Barcelona, donde han posado para una fotografía de autoridades en la que también ha participado el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent. Por el contrario le han dado plantón el presidente catalán Pere Aragonés y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Torrent ha acudido al almuerzo inaugural del salón en representación del Govern y ha permanecido en otro extremo de la sala durante el besamanos, tras lo cual se ha colocado para la fotografía sin saludar al monarca y al presidente en ese momento.

Sánchez y el Rey han entrado juntos al salón donde se celebra el almuerzo inaugural del Salón del Automóvil, en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, al que han llegado también con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José Vicente de los Mozos.

Han posado después para la foto junto al presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; el consejero delegado de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga; la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, y el primer teniente de alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni.

También han estado el presidente del salón, Enrique Lacalle; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el empresario Luis Conde; el líder del PSC en el Parlament y jefe de la oposición, Salvador Illa; la presidenta de Webhelp, Helena Guardans; el presidente del Grupo Godó, Javier de Godó, y la ceo de SocialCar, Mar Alarcón.

Una vez dentro del salón del almuerzo, el Rey y Sánchez han ocupado sus lugares en la mesa presidencial, junto a De los Mozos, Relat, Lacalle y Godó, y en otra mesa han estado Torrent, Maroto, Marín, Garamendi y el presidente de Seat y Cupra, Wayne Griffiths.

Han acudido también al almuerzo el secretario general de Vicepresidencia, Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, Ricard Font, y el de Empresa y Competitividad, Albert Castellanos; el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez; el presidente de Fecavem, el del Gremi del Motor, Jaume Roura, y el teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, entre otros.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tenía previsto participar del almuerzo inaugural, pero finalmente lo ha hecho Collboni, ya que la primera edil se ha ausentado debido a un imprevisto personal, según fuentes conocedoras.

RECORRIDO POR EL SALÓN

Tras el almuerzo, está previsto que el Rey y Sánchez, junto a otras autoridades, hagan un recorrido por el salón ---que se celebra hasta el 10 de octubre-- para conocer las últimas novedades del sector.

Esta es la cuarta visita del Rey a la capital catalana en lo que va de año, y no cuenta con Aragonès, que ha justificado su ausencia al coincidir con el Debate de Política General --el Rey y el presidente catalán sí coincidieron en la reunión anual del Círculo de Economía y en el Mobile World Congress (MWC)--.

La Federación de Organizaciones Andaluza de Mayores (FOAM) ha asegurado este jueves que "ya comienzan a notarse" los efectos de la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en las residencias de mayores de Andalucía, ya que "ha bajado gradualmente" tanto el número de fallecidos como de contagiados recientemente, al mismo tiempo que ha contabilizado un total de 93 fallecimientos en residencias durante el mes de septiembre.

"El efecto no se ha hecho esperar", ha indicado en declaraciones el presidente de la FOAM, Martín Durán, quien ha indicado que estas muertes se han debido "a que la vacunación ha comenzado muy tarde", pero que ahora a final de mes "se están viendo los resultados".

"Al día 30 de septiembre, las muertes se han situado en cero y los contagios en tres casos, cuando en ese mismo mes hemos llegado a contabilizar en un día once fallecidos el día 13 y 129 contagiados el día 17", ha destacado en un comunicado.

En este sentido, la FOAM ha indicado que las 93 muertes de septiembre son "una cifra muy lejana" a las seis registradas durante julio. Asimismo, ha señalado que, por provincias, Sevilla es la que más fallecidos ha registrado en con 50, seguida de Huelva con once, Málaga con diez, Granada con nueve, Almería con cinco, Córdoba con cinco y Jaén con tres. Cádiz no ha contabilizado ningún fallecimiento en residencias este mes.

Durán ha exigido "la vacunación obligatoria" para trabajadores de residencias, la pauta completa para las visitas y realizar una prueba diagnóstica de infección activa de Covid-19 de cribado al personal de forma seriada y semanalmente a un tercio de los trabajadores, "de tal forma que cada 21 días se haya realizado el cribado completo a todos".

Del mismo modo, ha pedido realizar pruebas al retorno de trabajadores tras vacaciones y otras ausencias prolongadas, considerando como tal "las superiores a siete días", y continuar con medidas no farmacológicas.

"No podemos descuidarnos porque el virus continua ahí, por lo que hasta que no se encuentre un remedio definitivo que lo esterilice hay que seguir aplicando medidas que ayuden a su contención", ha concluido Durán.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves un decreto ley en el que incluye un conjunto de diversas rebajas fiscales para los damnificados por la erupción volcánica en La Palma hasta 2026 y aplazamientos tributarios.

El vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, acompañado por el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, ha detallado en rueda de prensa que habrá 'IGIC cero' para adquisición de viviendas, vehículos, fincas y enseres, y tipo cero también en el impuesto de patrimonio y actos jurídicos documentados para transacciones de vivienda, terrenos y donaciones, lo mismo que con el impuesto de sucesiones y donaciones.

En cuanto a los solares, la norma recoge que el adquirente y el promotor de la vivienda deben ser la misma persona física y ésta ser propietaria, usufructuaria o nuda propietaria, de una vivienda destruida por la lava cuya existencia y titularidad debe acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Además, las obras de construcción deben comenzar en el plazo de un año desde la compra, sin sufrir interrupción por causa imputable al sujeto pasivo hasta su terminación, la cual debe tener lugar en cualquier caso dentro del plazo de dos años desde el inicio de las obras.

El tipo 0 del IGIC se aplicará también a los servicios de arrendamientos de apartamentos o viviendas amuebladas en La Palma que se destinen al uso como residencia de las personas desalojadas y a los servicios hoteleros cuando los usuarios hayan sido desalojados como consecuencia del volcán.

El decreto ley extiende la eliminación del IGIC a la compra de vehículos, que sustituyan a los destruidos por la lava, y la entrega de bienes utilizados en las actividades ganaderas y agrícolas de explotaciones palmeras.

Además, los bienes donados hasta el 31 de diciembre de 2022 para las personas afectadas por la erupción o para empresarios y profesionales cuyos establecimientos han quedado destruidos también tendrán tipo cero.

En cuanto a los aplazamientos tributarios, el decreto ley recoge la ampliación de plazo de presentación de la autoliquidación del tercer trimestre de este año del IGIC y de AIEM hasta el 31 de enero de 2022 y se podrán beneficiar aquellos sujetos pasivos con domicilio fiscal o establecimiento permanente principal en La Palma.

Asimismo, los que tengan obligación de presentar autoliquidaciones mensuales podrán presentar la correspondiente a septiembre hasta el 31 de diciembre de 2021 y la de octubre, hasta el 31 de enero de 2022.

La norma también permitirá el aplazamiento de deudas tributarias que se encuentren en período ejecutivo, con las excepciones y condiciones que fija el propio decreto y con independencia de este decreto ley, la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos también prevé incluir en el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año 2022 bonificaciones en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los afectados.

UNA "RESPUESTA EXCEPCIONAL"

Rodríguez ha comentado que la erupción volcánica exige una "respuesta excepcional" por parte de las instituciones pues hay un "alto impacto en la vida de la gente", sin daños personales pero con importantes daños materiales, y aunque el volcán sigue activo y hay "que seguir esperando" para conocer el balance real de daños, ha destacado que el Gobierno "responde de forma inmediata" con alojamientos y adquisición de viviendas.

Desde el punto de vista administrativo, Olivera ha señalado que el decreto contempla la creación de una comisión interdepartamental de coordinación, dirigida por él mismo y con representantes de cada una de las consejerías.

Integrada por viceconsejeros o directores del Gobierno, sus funciones serán, entre otras, garantizar la coordinación entre departamentos del propio Ejecutivo y con otras administraciones, el impulso de actuaciones para la reparación de daños, la supervisión de la ejecución de esas medidas, y el análisis e informe del Plan Director de Reconstrucción y Reactivación de la Isla.

Al mismo tiempo, ha dicho que se crea una oficina de asistencia a los afectados por el volcán, ubicada en Los Llanos de Aridane y dependiente de la Viceconsejería de Presidencia, cuyo cometido será informar, asistir y apoyar la tramitación de los procedimientos de las personas afectadas, que el decreto ley declara de urgencia y gestión con carácter preferente sin necesidad de autorización previa del Consejo de Gobierno.

"La idea es que todos estemos bien coordinados y la oficina es la conexión con el territorio, es un sistema de gobernanza complejo, pero este es un problema complejo", ha señalado.

Además, ha dicho que el decreto ley también incluye medidas administrativas para facilitar la contratación de obras y suministros de emergencia y tratar de agilizar ayudas y subvenciones. "Queremos que los recursos lleguen rápidamente", ha indicado.

Castilla y León cruza datos con otras comunidades autónomas para comprobar las personas que se hayan podido vacunar fuera de la región y prevé que, una vez que acabe la campaña, se pueda llevar a cabo una estrategia de captación más "activa" para quienes hayan podido quedar rezagados, aunque se haya llegado a un "altísimo" porcentaje de vacunación del 90 por ciento.

Así lo ha explicado la directora general de Salud Pública, Carmen Pacheco, durante su visita al Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, que este jueves cierra como centro de vacunación masiva en la ciudad.

Pacheco ha explicado que hay un porcentaje de entre el 9 y el 10 por ciento de personas sin vacunar y ha concretado que el mayor descenso de las tasas de vacunación se registra en población en las franjas de edad de entre 20 y 29 y 30 a 39.

En este sentido, ha apuntado que creen que muchas personas son de población activa que han podido vacunarse en otras comunidades, motivo por el que se están cruzando datos en el registro nacional (Regvacu) para tratar de depurar las bases de datos y ver qué personas podrían estar vacunadas en otras comunidades, principalmente en Madrid y País Vasco, con los cuales, por proximidad, se tiene "muchas más relación".

Otro porcentaje puede no haberse vacunado por contraindicación o por rechazo de la vacuna, pero cree que "en general las personas que no se han vacunado por no querer es un porcentaje relativamente escaso".

En cualquier caso, ha explicado que cuando se termine de vacunar quizá haya que hacer alguna estrategia de captación "un poco más activa" de aquellas personas que puedan haber quedado "un poquito más rezagadas por la vacunación".

La misma, ha concretado, se haría desde Atención Primaria, la "parte más cercana a los pacientes", de tal forma que ellos podrían hacer una revisión de quienes que no estén vacunados y ver quién está pendiente de recibir dosis o no lo haya podido hacer por alguna circunstancia.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el rescate y la recuperación de La Palma es "el objetivo número uno y la máxima prioridad" del Ejecutivo por la magnitud de los daños causados por la erupción en Cumbre Vieja, emergencia que sigue produciéndose y cuyas consecuencias aún no se pueden calcular hasta que el volcán pare definitivamente de emitir lava y gases.

Como ya hiciera en la sesión plenaria del pasado martes, Ángel Víctor Torres dijo ser consciente de la relevancia de todas las cuestiones que componen la llamada 'agenda canaria' y se mostró convencido de que tanto los presupuestos estatales para 2022 como los regionales cumplirán con el fuero canario y con los principales preceptos del REF y el Estatuto. Entre otros, con la próxima transferencia de las competencias de Costas.

Sin embargo, el presidente dijo tener claro que, ante una de las situaciones "más difíciles y casi sin precedentes" en la historia reciente de Canarias, "todos los esfuerzos de la Comunidad Autónoma y del resto de administraciones implicadas deben volcarse en los damnificados y en la Isla Bonita en su totalidad para minimizar cuanto antes los efectos del volcán y recuperar la normalidad, algo que costará tiempo, pero que requiere de la máxima voluntad, diligencia, coordinación, unión y agilidad".

En este sentido, el titular del Ejecutivo autonómico destacó el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) específico que el Gobierno central aprobará para toda la isla de La Palma. Asimismo, indicó que el Consejo de Gobierno de hoy seguirá abordando medidas extraordinarias dentro de las competencias regionales, iniciativas que se unen a los 10 millones ya aprobados para viviendas provisionales y enseres, y otros 7 para acciones económicas, con especial hincapié en el subsector agrícola, y sociales. Además, el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes otros 10,5 millones para ayudar en la compra de unas 107 primeras casas provisionales durante lo que queda de 2021.

Torres considera muy relevante también el Plan de Empleo Específico para Canarias en el que trabajan distintas instituciones, la oficina única que se abrirá en Los Llanos de Aridane para encauzar todas las ayudas e información a los afectados por las coladas y la creación de la Comisión Mixta Interadministrativa que se reunirá mañana viernes en La Palma.

Tras el consejo de Gobierno de hoy, el presidente de Canarias y otros miembros de su Ejecutivo se desplazarán a La Palma, adonde también llegará hoy el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Se actualizarán los datos de la erupción y se preparará desde hoy la reunión de mañana de la citada Comisión Mixta.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con el rechazo de PP, VOX y Ciudadanos, una iniciativa presentada por Compromís para que el Gobierno "tome las medidas necesarias para hacer efectiva la reciprocidad de todas las cadenas de televisión públicas en el conjunto del Estado" y rinda cuentas "en un máximo de seis meses desde la toma en consideración de dicho acuerdo".

La iniciativa, que ha sido transaccionada con Unidas Podemos y PSOE, ha sido sometida a votación este jueves y ha salido adelante con 182 votos a favor, 153 votos en contra y las 15 abstenciones de ERC. Al texto también se había presentado una enmienda de ERC que, finalmente, ha sido rechazada.

En su defensa de la iniciativa, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, argumentaba que de los 50 canales de televisión que recibe en la Comunidad Valenciana "sólo dos" hablan "íntegramente" en su lengua, el valenciano.

"De hecho, mi nieto ve los dibujos animados prácticamente todos en castellano", ha subrayado Baldoví, para después pedir al Gobierno que "tome las medidas necesarias" para sea posible la reciprocidad de todas las cadenas. "Vivo en una comunidad autónoma con cinco comunidades limítrofes, Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y, por el mar, Illes Balears. Pero quiero tener la posibilidad de ver las televisiones andaluza, canaria, gallega o la vasca", ha apostillado.

Asimismo, el parlamentario ha explicado que quienes viven fuera de su comunidad y quieren ver su televisión apretando el botón del mando a distancia "o bien tienen que pagar una plataforma o bien tienen que tener una conexión internet". "Hay mucha gente aún en el Estado que no tiene facilidad de tener una conexión a Internet, así que creo que es lógico que la gente pueda ver la información de proximidad de la comunidad donde nació", ha añadido.

Por otro lado, Joan Baldoví ha apuntado que esta iniciativa tiene "otras consideraciones útiles" porque permitiría a los ciudadanos conocer la realidad de otros territorios vecinos y conocer otras lenguas. "Esta es una propuesta razonable, justa y recomendable, avalada por todas las leyes y por todos los tratados", ha recalcado.

En el turno de presentación de enmiendas, la diputada de ERC Marta Rosique ha afirmado que al leer el texto se ha "sorprendido" porque esperaba que pidiera la reciprocidad "de los medios de comunicación audiovisual de un mismo dominio lingüístico", en concreto, en catalán, "porque uno de los retos" para conseguir la pervivencia del catalán "es su uso en el ámbito privado.

Rosique ha aprovechado esta intervención para recalcar que es "importante" la coordinación "para impedir que la Ley Audiovisual estatal ponga obstáculos a la lengua catalana en el sector audiovisual". "La reciprocidad de los medios de comunicación audiovisual en catalán puede ser una realidad si hay una voluntad política. No es una cuestión técnica lo que ustedes plantean. Esta proposición no de ley se puede promover ya en plataformas digitales, pero la urgencia está en conseguir que el uso del catalán en el ámbito privado sea una realidad y cada vez sea mayor", ha zanjado.

Desde Unidas Podemos, la diputada Marisa Saavedra ha dicho que "el PP siempre ha socavado el aprecio, el conocimiento y el uso del valenciano". "En 2011 el PP, tras una persistente persecución judicial y económica, consiguió que nuestras comarcas dejáramos de recibir las emisiones de la radiotelevisión catalana", ha subrayado, para después defender la pertinencia de esta iniciativa.

EL PSOE SE PREGUNTA "QUIÉN NO PUEDE ESTAR DE ACUERDO"

La diputada del PSOE Tamara Raya se ha preguntado "quién no puede estar de acuerdo" con la iniciativa, pero ha recordado que "el marco jurídico actual permite llevar a cabo la emisión del servicio público audiovisual por ondas hertzianas terrestres de una comunidad o ciudad autónoma con otra y limítrofe.

"Ahora bien, esta garantía de reciprocidad también exige que se respeten la planificación del espectro radioeléctrico y se eviten las interferencias técnicas a otros prestadores", ha apostillado, al tiempo que ha agregado que en la actualidad no existe disponibilidad de espectro audiovisual al ya concedido a dichos servicios.

Ya en el turno de portavoces, tanto el diputado de la CUP Albert Botran como la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, han adelantado su apoyo a la iniciativa. En concreto, Botran ha asegurado que "de forma política" se ha troceado el espacio lingüístico catalán para favorecer el castellano que "tiene hegemonía en la televisión, la radio, la prensa, las plataformas, el cine". "Aún así van con el discurso de que están perseguidos", ha declarado, para después mantener que "esto lo empezó el PP con el cierre de los repetidores de TV3 en el País Valencià".

Para la parlamentaria de EH-Bildu, la iniciativa contienen un "planteamiento totalmente razonable". Así, ha dicho que es paradójico que "en estos momentos se puede acceder a la programación televisiva de lugares remotos del mundo" a través de plataformas de pago y "sin embargo, las personas del Estado español que quieren ver la programación en otra lengua cooficial del Estado elaborada y programada por las televisiones autonómicas, es decir, públicas, no pueden hacerlo si no es a través de plataformas de pago".

Respecto al anteproyecto de Ley Audiovisual, ha insistido en que va "en contra de lo que reclama el sector audiovisual vasco, que reclama fijar porcentajes obligatorios, una protección especial y garantías concretas para salvaguardar el euskera en el sector audiovisual" también el catalán y el gallego.

Por su parte, el diputado del PNV Joseba Agirretxea considera "loable" el objetivo de la iniciativa, pero ha criticado que no se especifiquen los aspectos técnicos y económica por lo que cree que debería estudiarse "en profundidad cuál es la mejor fórmula para llevar a cabo lo que se propone". "No es nuestra prioridad, pero no nos parece mal", ha concluido.

La diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos María Muñoz Vidal se ha dirigido a Baldoví para asegurar que durante su intervención, le ha hecho cambiar el sentido del voto "hasta en dos ocasiones" porque "le veía ratos como un liberal y a ratos como un nacionalista".

"El verdadero objetivo de Compromís y de los partidos que van a votar a favor de esta iniciativa es seguir regando de dinero público las televisiones autonómicas, unas televisiones que generan división entre los españoles, que generan despilfarro y además una duplicidad con Televisión Española", ha afirmado el diputado de VOX, Manuel Mariscal.

Por parte del PP, Macarena Montesinos ha insistido en la idea de que la normativa estatal ya permite la reciprocidad de todas las cadenas de televisión públicas autonómicas en el conjunto del Estado. "Por mucho que pretendan disfrazar la iniciativa, sólo tiene un objetivo para Compromís y es la expansión colonialista --Sí, señor, Baldoví-- del soberanismo catalán a quién sirve realmente usted y su partido. Y en esa estrategia no nos van a encontrar jamás", ha enfatizado.

"Voy a votar en contra de esta iniciativa porque lo que está en peligro hoy, como secuela de la legislación promovida por el Gobierno de coalición y apoyada por sus socios independentistas, es el uso del castellano, lengua común de todos los españoles", ha finalizado el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca.

La reforma del Reglamento del Congreso para regular la actividad de los 'lobbies' en la Cámara, auspiciada por el PSOE, continuará su tramitación parlamentaria una vez que el Pleno ha rechazado este jueves el texto alternativo a la misma que había propuesto el PP y que ha contado con el apoyo de Vox.

La Cámara aceptó la pasada primavera tramitar la reforma auspiciada por el PSOE, aunque muchos grupos la criticaron por ser excesivamente rígida y ya avisaron de que presentarían numerosas enmiendas para modificarla, un discurso que han repetido este jueves.

Pero el PP optó directamente por presentar una enmienda a la totalidad con un texto alternativo para que el Congreso tramitase su propuesta en lugar de la de los socialistas.

Durante su presentación, el 'popular' Pedro Navarro ha criticado la iniciativa del PSOE por contener, a su juicio, un "régimen sancionador discrecional y abiertamente inconstitucional" y por someter a los diputados al "control subjetivo de la Mesa del Congreso mientras el Gobierno sigue sin control", habida cuenta de que la regulación de las relaciones del Ejecutivo con los grupos de presión no está prevista hasta finales de 2022.

El grueso de los partidos que han intervenido, entre ellos Unidas Podemos y el BNG, se han mostrado favorables a continuar con la tramitación del texto de los socialistas, si bien incidiendo en que intentarán que no se equipare a las plataformas ciudadanas, las ONG o los sindicatos, por ejemplo, con las grandes empresas a la hora de regular su relación con los parlamentarios.

Salvo Vox, que ha apoyado la alternativa del PP. Su diputado Ignacio Gil Lázaro ha coincidido con los 'populares' en que el régimen sancionador planteado por el grupo mayoritario es "bananero, kafkiano e inconstitucional en potencia" porque invita a "la sanción y la denuncia generalizada". "El del PP es un texto sensiblemente mejor que el inmenso bodrio jurídico que la del PSOE", ha sentenciado.

Por su parte, el socialista Julio Navalpotro ha rechazado la propuesta de los de Pablo Casado por considerar que se trata de una reforma "de mínimos" con la que sólo se busca "diluir" la presentada por su formación que es, ha enfatizado, "mucho más ambiciosa".

En sus respectivas iniciativas, los dos partidos mayoritarios plantean la creación de un registro de 'lobbies' en la Cámara, que tendrá carácter público. Pero, mientras el PSOE especifica que se le dará publicidad en la página web del Congreso, el PP no detalla cómo se publicitará.

Según la propuesta del PP, los grupos de interés deberán dejar constancia en ese registro de sus reuniones con diputados o personal adscrito a la labor parlamentaria "acompañando copia de la documentación en formato electrónico de la presentada durante esos encuentros".

Por contra, el PSOE es partidario de que sean los diputados o grupos parlamentarios los que comuniquen el contenido de su interlocución con los 'lobbies', que también se publicará en la web del Congreso. Se difundirá en todo caso la identidad de las personas que han entablado la comunicación, la fecha y las materias en torno a las que se ha ejercido la actividad de influencia", especifican los socialistas.

PP: INFORMACIÓN RESERVADA

En todo caso, el Código de Conducta que obliga a diputados y senadores desde el pasado mes de octubre, establece que los parlamentarios deben hacer pública su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, "incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés".

Además, el PP introduce la posibilidad de que "la parte que entregue la documentación" de las reuniones con representantes de estos grupos solicite "que su contenido sea considerado reservado por motivos económicos y comerciales, secreto profesional, propiedad intelectual o industrial o por exigencias normativas", una salvedad que no menciona el PSOE.

El primer partido de la oposición determina que sea la Presidencia de la Cámara, "con el parecer favorable de la Mesa y la Junta de Portavoces", la que evalúe "la conveniencia de la reserva" y adopte "las disposiciones necesarias para garantizar la publicidad del registro, con las garantías suficientes para proteger los datos que deban permanecer reservados".

INFORME DE HUELLA LEGISLATIVA

Los dos partidos sugieren la creación de un expediente de huella legislativa de cada ley que se tramite en el que se recojan todos los cambios que se produzcan en el texto. Ambos piden que ahí se incluya toda la información aportada por los grupos de interés" sobre la iniciativa correspondiente y los socialistas apuntan también que al registrar cualquier iniciativa los grupos deberán comunicar si ha sido 'inspirada' por un 'lobby'.

Ambos grupos plantean inclusión en el Reglamento de un código de conducta para los 'lobistas' y posibles sanciones, si bien, los socialistas son mucho más precisos porque dividen la infracciones en leves, graves o muy graves y recogen una graduación de sanciones que irán desde el apercibimiento hasta la suspensión de la inscripción en el registro indefinida en el peor de los casos.

El PP también contempla la cancelación de la inscripción del grupo infractor y la prohibición de acceso a la Cámara, pero deja en manos de la Mesa del Congreso la decisión sobre la duración el castigo en función de la gravedad de la infracción.

A diferencia el PSOE, los 'populares' no concretan quién puede iniciar el procedimiento de infracción, una función que los socialistas delegan en un grupo parlamentario, la Mesa del Congreso o de sus comisiones, el secretario general de la Cámara, cuya Secretaría se encargará en todo caso de instruir el procedimiento dando audiencia a los afectados. La Mesa del Congreso será la que imponga la sanción.

CASTIGAR DATOS FALSOS

Por su parte, los socialistas incluyen también sanciones para los diputados y grupos que incumplan las obligaciones relativas a los 'lobbies', pero aprovechan su iniciativa sobre los grupos de interés para plantear castigos a los parlamentarios que incumplan el Código de Conducta de las Cortes, que falseen sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos, no las presenten u omitan información en las mismas.

En este contexto, apuestan por sanciones que irán desde el apercibimiento y la publicación en la web del Congreso de la infracción cometida por el diputado o el grupo de que se trate hasta la retirada de cargos y complementos salariales del diputado que haya incurrido en infracción, exceptuando los establecidos constitucionalmente, es decir, su 'sueldo' base.

Otra de las especificidades de la iniciativa del PSOE es que, en su código de conducta para los grupos de interés, prohíben ser 'lobistas' a quien haya ostentado diputado, senador o alto cargo del Gobierno central en los cuatro años anteriores, así como quien haya sido inhabilitado judicialmente para ocupar un cargo público.

La reforma constitucional promovida por el Gobierno para sustituir de el término "disminuido" por "persona con discapacidad" ha superado este jueves su primer examen en el Congreso con el rechazo de las enmiendas de totalidad planteadas por el PP y Vox, pero en la votación no se ha alcanzado el listón de 210 diputados que se necesitarán para aprobarla, lo que pone en duda su futuro.

El texto, por tanto, continuará su tramitación pero su aprobación final podría correr peligro teniendo en cuenta que esta modificación puntual de la Constitución necesita un respaldo mínimo de tres quintos de la Cámara (210 votos) y en este primer test sólo ha habido 205 diputados apoyando el texto el Gobierno.

PP Y VOX YA SUMAN 140 DIPUTADOS

Y es que el PP y Vox, más los socios 'populares' de Navarra y Asturias, UPN y Foro Asturias, han sumado 142 votos en contra de reforma constitucional, lo que ya haría imposible llegar a ese mínimo de 210 diputados que se requiere para aprobarla.

La reforma fue impulsada por la Vicepresidencia de Carmen Calvo sobre la base de un texto de cuatro puntos que ya se había consensuado en la Cámara baja en 2018, pero que no se llegó a aprobar al disolverse las Cortes con la convocatoria de elecciones para 2019.

El texto, además del cambio del término 'disminuido', propone destacar "los derechos y deberes previstos" en la Carta Magna "en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva" para este colectivo, sin que "pueda producirse discriminación"; y encomienda a los poderes públicos la puesta en marcha de "políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad".

El PP y Vox defendieron este jueves en el Pleno la devolución de esa reforma por considerar que se aleja del necesario consenso que ésta exige, carece del rigor jurídico necesario y podría abrir una crisis institucional si los aliados del Gobierno aprovechan para exigir otras reivindicaciones.

REPROCHES DEL PSOE, PODEMOS Y CS

Sin embargo, sus argumentos cosecharon un duro reproche del PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, así como de formaciones minoritarias como Junts, PDeCAT y Compromís, ya que tanto Esquerra Republicana (ERC) (ERC), como PNV y Bildu declinaron participar en este debate.

Mientras que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confesado que no entendería que no prosperara con una "amplísima" mayoría una iniciativa encaminada a "eliminar discriminaciones, el resto de intervinientes han recriminado a los 'populares' y a los de Santiago Abascal que sean "rehenes" de su política de "tierra quemada" y que estén en "el no a todo" sólo por hacer oposición al Gobierno, y les han pedido que "rectifiquen".

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha reivindicado el apoyo dado a la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada impulsada por colectivos sociales y sindicados, dado que es importante la movilización de la sociedad civil para presionar al Ejecutivo cuando hay "problemas" para sacar medidas "avanzadas", como regular el precio del alquiler.

Así lo ha trasladado en un vídeo difundido en redes sociales después de acompañar esta mañana a las organizaciones que han redactado esta normativa, para proceder a su registro en el Congreso de los Diputados mediante su firma y la de otros socios habituales del Ejecutivo, como ERC, EH-Bildu, Más País, Compromís y Nueva Canarias.

"Nosotros tenemos clarísimo con quienes estamos. Estamos con los colectivos en favor del derecho a la vivienda y es muy importante que cuando hay problemas en el Gobierno para sacar medidas avanzadas que garanticen ese derecho, se movilice la sociedad civil y puedan venir al Parlamento leyes que vienen con el apoyo de miles de colectivos", ha subrayado.

Y es que Echenique ha enfatizado que a los gobiernos no solo les deben "presionar" los grandes poderes económicos o fondos de inversión, sino también y "muy especialmente" la sociedad civil para que haya más derechos y leches, que consigan "cambiar cosas" en este país.

El portavoz de Unidas Podemos ha explicado que esta iniciativa legislativa es muy relevante, pues contiene medidas para impedir desahucios sin alternativa habitacional para colectivos vulnerables, garantizar el derecho a la vivienda, regular el precio del alquiler o prohibir cortes de suministros básicos en los hogares.

Finalmente, ha detallado que para Unidas Podemos es muy importante ser una "correa de transmisión de las demandas" de la ciudadanía, pues hay muchísima gente que paga alquileres abusivos o no tienen casas, mientras que por su lado los fondos buitre tienen cientos de miles de pisos.

La citada ley, impulsada por CCOO, UGT y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entre otros, pretende regular el precio de los alquileres y se adelanta a la Ley de Vivienda prometida por el Ejecutivo, todavía sin acuerdo por la reticencia del PSOE a intervenir los precios.

La mayoría independentista de la Mesa del Parlament ha rechazado --con los votos contrarios de los dos miembros del PSC-- las peticiones de reconsideración presentadas por PSC, Cs, PP y Vox a la propuesta de resolución de la CUP sobre hacer un referéndum de autodeterminación esta legislatura.

Así, esta propuesta de los anticapitalistas se votará en el Pleno del Debate de Política General en la Cámara catalana este jueves por la tarde, aunque no se prevé que salga adelanta porque ni ERC ni Junts la apoyarán.

La aceptación a trámite por parte de la Mesa que preside Laura Borràs podría conllevar acciones judiciales para los miembros independentistas del órgano rector de la Cámara como ya sucedió con sus antecesores.

Fuentes parlamentarias han informado este jueves de que la Mesa también ha rechazado la reconsideración de Vox de la propuesta de resolución de ERC, Junts y CUP para instar al Govern a impulsar un 'Acuerdo Nacional por la autodeterminación'.

Asimismo, Cs ha pedido reconsiderar la propuesta de los 'cupaires' para la retirada de las acusaciones particulares de la Generalitat contra manifestantes y activistas políticos.

En concreto, los naranjas han pedido esta reconsideración por el punto en el que los anticapitalistas proponen al Govern "no colaborar en las batidas racistas de los cuerpos policiales españoles".

En este punto, la CUP ha apostaba por que el Govern desestime "cualquier operativo de los cuerpos y fuerzas de seguridad catalanas que tengan como resultado intencionado o en consecuencia directa la persecución y el encierro de personas en situación administrativa irregular en un Centro de Internamiento de Extranjeros para proceder a su expulsión sin que hayan cometido ningún delito".

Además, la Mesa ha aceptado la reconsideración de la CUP por la que los 'cupaires' han presentado un nuevo texto de su propuesta de resolución sobre retirar distinciones y homenajes a Juan Carlos I.

El texto inicial no se admitió a trámite porque iba dirigido al Congreso y a administraciones municipales, y no al Parlament o al Govern.

La Comunidad de Madrid elimina a partir del lunes 4 de octubre las limitaciones de número y duración de los encuentros de los usuarios en las residencias de mayores con sus seres queridos, con los que volverán a poder tener contacto físico tras más de año y medio prohibido por la pandemia.

El Gobierno regional ha tomado esta y otras medidas gracias a la evolución positiva de los datos de incidencia acumulada y a que, desde el pasado 21 de septiembre, ya se está administrando una tercera dosis de vacuna contra el coronavirus a los residentes.

La actualización del protocolo sobre salidas y visitas de familiares a estos centros, elaborado por la Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria y la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, actualiza las medidas incluidas en la guía vigente desde el pasado 4 de agosto.

La mayor novedad del texto es que el número de visitas y la duración de las mismas ya no estarán sujetas a ninguna limitación, por lo que los distintos centros de la región retomarán el horario habitual que aplicaban antes de marzo de 2020.

LOS GERIÁTRICOS DEBERÁN DELIMITAR EL AFORO MÁXIMO Y TENER UN REGISTRO

Los residentes vacunados podrán seguir recibiendo a sus seres queridos en sus habitaciones, y los centros deberán facilitar a los familiares la estancia en distintas zonas comunes para realizar las visitas, tal y como sucedía antes de la pandemia, en las que se deberá delimitar un aforo máximo en función de su tamaño.

Como norma general, este aforo máximo será de un tercio de la capacidad habitual del recinto dedicado a facilitar estos encuentro. También como novedad se permite el contacto físico, como cogerse las manos (siempre siguiendo los protocolos de lavado de manos), y los abrazos breves entre personas completamente vacunadas y sin contacto cara a cara.

No obstante, se mantienen las medidas organizativas y de control que permitan conjugar el derecho de los mayores a recibir estas visitas con la seguridad de los residentes y empleados.

Así, los centros deberán mantener un registro de las visitas, que seguirán limitadas a dos personas por residente o tres en caso de que alguno de los familiares que acuden tenga dificultades de movilidad.

La Comunidad de Madrid recomienda también que no acudan menores o personas que aún no tengan completa la pauta de vacunación, y no se permitirá el acceso a visitantes que hayan tenido contacto estrecho con positivos o tengan síntomas, aunque estén vacunados.

En caso de que alguna residencia vea suspendidas las visitas, salidas e ingresos debido a que la autoridad sanitaria declare la existencia de un brote en las instalaciones, deberán facilitar a los residentes los medios para comunicarse a diario con sus familiares.

La actualización del protocolo mantiene la recomendación de que tanto los usuarios como los trabajadores que vuelvan a las instalaciones tras un periodo vacacional de más de 7 días aporten una prueba PCR negativa realizada en las 72 horas previas a su regreso o bien un test de antígenos.

Además, los visitantes deben utilizar en todo momento la mascarilla y mantener la distancia de seguridad con otros residentes y sus familiares y con el personal del centro.

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha animado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a que, antes de opinar sobre las palabras del Papa Francisco, se lea la carta completa en la que pide "perdón" a México por los pecados y acciones que no contribuyeron a la evangelización, pues aseguran que el Pontífice no se refiere a la conquista de América sino a hace 200 años.

Así, al ser preguntado por si lo que quiere decir es que Ayuso se lea la carta completa del Papa Francisco con motivo de la Consumación de la Independencia de México, el portavoz de los obispos ha respondido afirmativamente. "Sí, por eso la hemos ofrecido para que en sus medios pongan un enlace y sea fácil leerla", ha subrayado Argüello este jueves en rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Permanente de la CEE.

Según ha explicado, los obispos españoles han asistido "perplejos" a los comentarios sobre la carta del Papa Francisco, porque consideran que Bergoglio no pide perdón por la conquista de América sino que defienden que la carta se refiere a la independencia de México, a hace 200 años y no 500.

"Hemos asistido a los comentarios de estos días y pensamos que se han hecho desde un titular elaborado sin la lectura del documento, quiero animar a que lean el documento que va dirigido a México porque celebra los 200 años de su independencia y fuera de ese contexto el documento no se entiende, se refiere a los 200 años de la independencia", ha subrayado Argüello.

La misiva efectivamente se remite con motivo de los 200 años de la independencia de México aunque en ella se lee el siguiente texto: "Para fortalecer las raíces es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia del país. Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado, que han sido muy dolorosos. Por eso, en diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo, hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización".

No especifica el Pontífice el periodo de evangelización al que se refiere cuando menciona los pecados de la Iglesia pero sí habla de que sus predecesores, y él mismo en diversas ocasiones, han pedido perdón. Precisamente, en 2019, el episcopado mexicano respondió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que tres papas han pedido perdón por los pecados cometidos "contra los pueblos originarios", según informó entonces Vatican News, medio oficial del Vaticano.

En aquel año, López Obrador pedía precisamente a los obispos mexicanos que solicitaran al Gobierno español y al Papa Francisco que pidieran perdón por los "abusos, crímenes y atropellos contra los pueblos originarios, teniendo en cuenta que en 2021 se cumplen 500 años de la conquista de la antigua Tenoxtitlan. "España ya le contestó y nuestra Iglesia, en varias ocasiones, sobre todo en torno al año 1992, lo ha hecho", dijeron los prelados mexicanos. Así, Juan Pablo II pidió perdón en 1992, Benedicto XVI lo hizo en 2007 y Francisco en 2015.

"Y quiero ser muy claro, como lo fue San Juan Pablo II: Pido humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Y junto a este pedido de perdón, para ser justos, también quiero que recordemos a millares de sacerdotes, obispos, que se opusieron fuertemente a la lógica de la espada con la fuerza de la cruz", dijo entonces Francisco.

El portavoz de los obispos ha precisado que el Papa habla de una mirada retrospectiva y de un proceso de purificación de la memoria y "para facilitar esa propuesta de revisión de las propias raíces, dice que 'la Iglesia' y cita a sus antecesores, 'ha pedido repetidas veces perdón', porque en su actuar, no solo en América solo sino en cualquier lugar del mundo, la Iglesia, en su tarea de evangelización hace cosas bien y mal".

"Hacer desde ahí el tipo de titulares, de comentarios editoriales, uno se asombra porque dice, si está clarito, si son 200 años, si la única referencia que se hace a 500 años es la belleza de Guadalupe, la belleza del mestizaje", ha subrayado.

Preguntado por si esto puede responder a una campaña para atacar al Papa Francisco, Argüello no ha querido entrar a decir si estos comentarios sobre la carta del Papa a México "responden a una estrategia de decir este Papa, en determinados ámbitos nos gusta más o menos". "No quiero entrar", ha zanjado.

En todo caso, el Papa Francisco ya ha pedido antes perdón por la conquista de América. Lo hizo en 2015 en Bolivia cuando dijo: "Quiero ser muy claro, como lo fue San Juan Pablo II: Pido humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América". Según recordaba el diario oficial del Vaticano Vatican News en marzo de 2019, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI y Francisco han pedido perdón por los pecados cometidos contra los pueblos originarios.

PRESENTAN A ALEGRÍA UN CURRÍCULO DE RELIGIÓN

Por otro lado, el portavoz de los obispos ha informado de que se han reunido con la ministra de Educación, Pilar Alegría, y le han presentado una propuesta de currículo para la clase de Religión, que próximamente harán pública para recibir sugerencias de la comunidad educativa.

Si bien, Argüello ha reconocido que se han "tirado a la piscina" porque lo han elaborado sin tener antes el decreto del Ministerio de Educación que dé marco a ese currículo.

El obispo también ha mostrado su preocupación por la propuesta de la directora del Instituto de la Mujer, Toni Morillas, de "promover una educación sexual que normalice el aborto". "No podemos estar de acuerdo, reivindicamos la libertad de los padres", ha subrayado.

Por otro lado, preguntado por la renuncia del obispo de Solsona, Xavier Novell, el obispo portavoz ha indicado que tendrá el tratamiento que recibe "cualquier obispo emérito"; y sobre las terapias a personas homosexuales, ha dicho que "no" las aprueban aunque reivindican "la posibilidad de acompañar a las personas cualquiera sea su situación, desde el respeto a la persona".

Entre otros temas, los obispos también han querido expresar su "cercanía" a los habitantes de La Palma que han perdido techo, tierra y trabajo a causa de la erupción del volcán Cumbre Vieja, han asegurado su ayuda a través de Cáritas, y han hecho un llamamiento a las instituciones locales, autonómicas y estatales para que las ayudas "se concreten".

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha anunciado este jueves que su grupo parlamentario presentará una iniciativa parlamentaria instando a la Junta General del Principado a que repruebe a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por su decisión de incluir el lobo en el listado de especies silvestres de especial protección (Lespre). Según Mallada, se trata de "un nuevo ataque de una ministra obsesionada con hacer daño a Asturias".

Así lo ha adelantado Mallada en una rueda de prensa esta mañana en la que ha estado acompañada por la diputada nacional y portavoz de Agricultura del PP en el Congreso, Milagros Marcos, y representantes de los sindicatos agrarios Asaja, COAG y UCA.

La 'popular' ha cargado contra la decisión adoptada por el Gobierno central y ha criticado al presidente del Principado, Adrián Barbón, por olvidar que son sus compañeros de partido los que han impulsado esta medida "y por aprovechar una vez más la valentía de los presidentes del PP de Galicia y Castilla y León para ir a rebufo de ellos como ya hizo en otras cuestiones como el estatuto de la industria electrointensiva". "Se esconde en el grupo para no dar la cara. Pero es su responsabilidad reprobar a la ministra y defender a los ganaderos asturianos alto y claro. No puede pretender que otros le saquen las castañas del fuego", ha añadido en este sentido.

La presidenta del PP de Asturias ha recordado que es el Secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, el responsable de iniciar "este ataque a los ganaderos abanderando la iniciativa de proteger al lobo".

Así, ha instado a Barbón, como secretario general de la FSA a exigirle que defienda las directrices de los socialistas asturianos si estos defienden con contundencia a los ganaderos.

"O se están oponiendo a esta protección 'solo de boquilla' o tendrían que abrir de manera inmediata un expediente a Morán por su desobediencia a los dictados de su partido con las nefastas consecuencias que esto nos está acarreando a los asturianos".

Mallada ha recordado que el PP propuso incluso en su día declarar al lobo especie cinegética "porque veíamos como año a año se incumplía el Plan del Lobo del Principado en lo relativo a la extracción de ejemplares" por la "negligencia" de los Gobiernos socialistas.

Así, ha asegurado que la situación de los ganaderos asturianos es límite "porque a la pasividad durante todos estos años del Gobierno asturiano se une la protección al lobo impuesta por el Gobierno central".

La 'popular' ha subrayado que los censos oficiales reflejan un aumento de la población lobera "y ya estamos viendo lobos en playas de Oriente y Occidente".

Además, Mallada ha asegurado que las indemnizaciones por daños son insuficientes y llegan con retraso, no cubren el lucro cesante ni el estrés que supone para los ganaderos encontrar a sus animales destrozados.

La 'popular' ha criticado que Ribera hiciera "oídos sordos" a las reivindicaciones del sector ganadero y ha lamentado que Barbón "no haya sido capaz de influir, no sabemos si porque no lo ha intentado convenientemente por no enfrentarse al Pedro Sánchez o porque, como ya nos ha demostrado en tantas ocasiones, no tienen ningún peso en el Gobierno Central".

"El rechazo del Gobierno socialista asturiano a esta decisión de proteger al lobo ha llegado tarde, ha sido a hechos consumados y obligado por la presión de los ganaderos y sus homólogos en otras comunidades. El campo asturiano no se merece esa falta de valentía", ha sentenciado la popular

El Congreso ha tumbado este jueves una proposición no de ley acordada por el PP y Ciudadanos que reclamaba al Gobierno prohibir los homenajes a terroristas de ETA condenados judicialmente y cesar a los delegados del Gobierno en el País Vasco y Navarra en el caso de que los permitan.

La iniciativa ha sido respaldada por 154 votos, entre ellos los del PP, Cs, Vox y los socios electorales de los 'populares' (UPN y Foro Asturias), pero el PSOE, Unidas Podemos y sus aliados han sumado 193 votos y han confirmado su rechazo al texto, como ya adelantaron el pasado martes durante su debate.

En ese debate del martes, pocos días después del intento de homenaje en Mondragón (Guipúzcoa) al terrorista Henri Parot, prácticamente todos los grupos mostraron su repulsa a los conocidos como 'ongi etorris' (bienvenida), pero el PSOE, Unidas Podemos y sus aliados cuestionaron la propuesta original de Ciudadanos al entender que deben ser los jueces los que tienen que examinar cada convocatoria o acto y decidir si se prohíbe o no en cada caso.

Además, los socialistas, a través de su diputado Sonia Ferrer, recordaron que el Ministerio del Interior ya está trabajando en una reforma legal para perseguir estos homenajes por la vía administrativa.

Y, este jueves, el Pleno de la Cámara ha dado la espalda a la propuesta que Ciudadanos acabó acordando con el PP para frenar "cualquier acto de preparación, convocatoria o promoción" de homenajes individuales o colectivos, "así como de apología o exaltación pública, del terrorismo, a los terroristas o a las organizaciones terroristas", y para cesar a los delegados del Gobierno en el País Vasco y Navarra en el caso de que no impidieran su celebración.

OTRAS SOLICITUDES

Además, el texto transaccionado también instaba al Ejecutivo a cumplir de forma "inmediata" con la resolución del Parlamento Europeo de 2020 para proteger a las víctimas del terrorismo de la "humillación" de estos homenajes, así como a modificar la Ley de Seguridad Ciudadana --conocida como Ley Mordaza-- para que estos actos sean considerados infracción siempre que no sean constitutivos de delito.

De la misma forma, Cs y PP buscaban que el Ejecutivo introdujera en la Ley de Memoria Democrática "una mención expresa a las víctimas de cualquier tipo de totalitarismo y acto de terrorismo", y que promoviera la celebración de actos públicos de homenaje a las víctimas del terrorismo, incluido el nombramiento de edificios, calles o espacios de titularidad pública en reconocimiento a las mismas.

El Gobierno de España prevé aprobar en el Consejo de Ministros de la próxima semana el real decreto ley de ayudas para la isla canaria de La Palma, con "nuevas soluciones" para contribuir a paliar la situación generada por la erupción volcánica.

Así lo ha anunciado este jueves en Santander la ministra de Política Terrritorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien ha subrayado el "compromiso" y la "voluntad" del Ejecutivo central de, junto con otras Administraciones, seguir ayudando a la isla y a los palmeros.

"Hemos puesto a trabajar a todo el Gobierno en ver qué puede hacer cada departamento para contribuir a solventar esta situación, no solo ahora en la emergencia sino, sobre todo, después en la recuperación", ha dicho.

Rodríguez ha señalado que mañana viernes, 1 de octubre, a las 11.00 (hora peninsular), está previsto que se reúna la Comisión Mixta para la reconstrucción, recuperación y apoyo a La Palma --que se constituyó el martes--, una cita en la que, según ha explicado, se va a "concretar" cómo se van a poner en marcha las ayudas.

La ministra ha recordado que el pasado martes el Consejo de Ministros aprobó la declaración de la isla de La Palma como zona catastrófica y se aprobó un Real Decreto con el que se destinan 10,5 millones de euros --a través de una ayuda directa al Gobierno de Canarias-- para cofinanciar la compra de hasta 107 viviendas para el realojo de las personas que han perdido su hogar de residencia tras la erupción volcánica y para la adquisición de enseres de primera necesidad.

Rodríguez ha explicado que será el Gobierno de Canarias quien, con esta subvención, se encargue de ejecutarla en el territorio. En la reunión de mañana de la Comisión mixta será en la que se vean los detalles de la ejecución de estas primeras ayudas, que "ya están siendo transferidas".

Además, todos los ministerios, y fundamentalmente aquellos que están en la comisión, están trabajando en el Real Decreto Ley, que "seguramente" se llevará la semana que viene a Consejo de Ministros.

La ministra ha advertido que, aunque se están adoptando ayudas, hay que tener "cautela" porque la situación de emergencia "no ha parado" y, por tanto, es "complicado realizar valoraciones".

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, ha remitido un escrito al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) en el que señala que la euroorden contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont está vigente y que no ha sido suspendida por el planteamiento de la cuestión prejudicial. Insta a que entreguen a Puigdemont a las autoridades judiciales españolas.

En este sentido, Llarena echa en cara a la Abogacía del Estado que en el procedimiento que se sigue relativo a la retirada de la inmunidad de Puigdemont, ésta informara al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de que la Orden de Detención y Entrega (ODE) estaba suspendida.

El magistrado hace esta matización en el oficio enviado al representante de España en Eurojust, José de la Mata, para que traslade al tribunal italiano el auto en el que acordó la prisión provisional del expresident y con el que sustentó la euroorden emitida el 14 de octubre de 2019 contra él.

En ese oficio, subraya especialmente que ante el conocimiento de determinadas informaciones "que niegan que pueda estar en vigor la orden de detención europea (OED)", transmite al tribunal "que la orden de prisión y la OED permanecen en vigor".

Indica que esa vigencia no se suspendió por el planteamiento que hizo de la Cuestión Prejudicial y explicita que si bien las recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establecen que la presentación de la misma comporta la suspensión del procedimiento nacional, "la propia recomendación subraya que la adopción de medidas cautelares no está sometida al régimen de suspensión obligatoria".

"NATURALEZA CAUTELAR"

Añade que la decisión de prisión de Puigdemont y la OEDE "tienen una indiscutible naturaleza cautelar" porque sirven par que el evadido "quede a disposición de la Justicia y pueda abordarse un enjuiciamiento que -hasta ahora- ha estado impedido por la fuga". Recuerda que él como instructor de la causa del procés no ha emitido decisión que modifique o suspenda la medida cautelar tras la presentación de la Cuestión Prejudicial. "Este magistrado instructor, en ejercicio de la potestad jurisdiccional recogida en la Recomendación 25, no ha emitido ninguna decisión que modifique o que suspenda la medida cautelar", zanja.

Además, en el oficio recuerda que después de que él solicitara por auto de 10 de Enero de 2020 al Parlamento Europeo que suspendiera la inmunidad de Puigdemont, durante la tramitación parlamentaria de esta petición, la autoridad judicial belga suspendió el procedimiento de ejecución correspondiente a la OEDE.

Señala que dado que el Parlamento Europeo retiró la inmunidad a Carles Puigdemont por decisión de 8 de marzo de 2021, él informó a la autoridad de ejecución belga para que pudiera reanudarse un procedimiento de entrega suspendido por esta causa.

LA CUESTIÓN PREJUDICIAL

Tras esto, el juez indica que con ocasión de los procedimientos de ejecución incoados en Bélgica en virtud de las OED emitidas contra Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig, decidió presentar en marzo de 2021 una cuestión prejudicial "referida a la interpretación del derecho de la Unión sobre determinados aspectos por los que la colaboración judicial puede ser denegada entre Estados miembros".

Como respuesta a esa cuestión ante el TJUE, la autoridad judicial belga acordó paralizar y suspender los procedimientos de entrega que estaban en marcha en ese país. "La suspensión responde a su consideración de que la interpretación que va a emitir el TJUE afectaba a los procedimientos de ejecución todavía pendientes en ese país", añade.

Apunta que, entonces, Puigdemont presentó una demanda ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) contra la decisión del Parlamento Europeo de retirarle el privilegio de la inmunidad. Recuerda que si bien el demandado es el Europarlamento, interviene como coadyuvante España, y sus intereses son defendido por al Abogacía del Estado. En este punto, recuerda en el oficio que la Abogacía del Estado "es un órgano no judicial que depende del Ministerio de Justicia".

Siguiendo el orden cronológico de los acontecimientos, Llarena explica que el 30 de julio de 2021, el vicepresidente del TGUE dictó una orden en la que desestimó la petición de medida cautelar formulada por el demandante por lo que mantenía la decisión de retirarle la inmunidad, sin perjuicio de la decisión de fondo que pueda llegar a adoptarse al término del procedimiento.

Aunque recuerda que por expresa decisión del TGUE, Puigdemont puede reiterar la petición de que se suspenda cautelarmente la retirada de su inmunidad, siempre que lo tenga por conveniente.

Apunta el magistrado que el conocimiento que tiene sobre ese procedimiento en el TGUE se limita a la información ofrecida por los medios de comunicación y por los instrumentos de divulgación institucional de ese tribunal general.

LA ABOGACÍA DEL ESTADO

Acto seguido, explica que en el procedimiento ante el TGUE, "según parece recogerse en la resolución, la Abogacía del Estado del Reino de España informó al Tribunal de que estaban suspendidas las OEDE emitidas por este Instructor". Y enmienda la plana a la Abogacía del Estado: "Como se ha dicho, eso no es así. La decisión de suspender una medida cautelar que era ejecutiva desde el año 2019, es una decisión de este instructor (Recomendación 25) y nunca ha sido adoptada".

Llarena, no conforme con esta acotación, carga contra los servicios jurídicos del Estado apuntando que esa situación "no sería desconocida para la Abogacía del Estado, pues es parte en el procedimiento penal que se sigue ante el Tribunal Supremo de España". "Nunca le ha sido notificada a la Abogacía del Estado una posible decisión de suspender las OEDs, como tampoco la Abogacía del Estado ha promovido que tal decisión se produzca", apunta.

Entiende que ese "desajuste" de información podría explicar la incorrección que sobre la vigencia de las OEDs aparece en una parte de la resolución del TGUE del pasado 30 de julio, "al no haber podido aportar para la resolución la información proveniente de la Autoridad Judicial a la que corresponde decidir sobre la subsistencia de las medidas cautelares".

COOPERACIÓN JUDICIAL

Tras exponer la causa, Llarena solicita al tribunal de Sassari que acuerde la entrega a España del expresidente "para poder continuar el procedimiento que aquí se ventila".

Y añade que en caso de que Puigdemont obtuviera del TGUE la medida cautelar de suspender la retirada de la inmunidad, interesa que el tribunal italiano "deje en suspenso la tramitación del proceso de ejecución" y que adopte las medidas precisas parar garantizar que pueda ser entregado cuando haya dejado de disfrutar del privilegio o inmunidad. Recuerda que así fue acordado en su día por la Autoridad Judicial de Bélgica, en un procedimiento semejante.

Por último, explica Llarena que si persistiera la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad de Puigdemont "y sólo en el supuesto de que la autoridad de ejecución italiana entienda que las cuestiones planteadas en la Cuestión Prejudicial pueden afectar a su propia decisión", debe paralizar el procedimiento de ejecución hasta que el TJUE se pronuncie. Recuerda que esa es la posición de la justicia belga hasta la fecha.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha garantizado este jueves su apoyo a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y ha transmitido que habrá "implicación" y "trabajo muy estrecho" para construir "ese frente amplio" de fuerzas progresistas que la convierta en la próxima presidenta del país.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación tras participar en un acto celebrado en la Universidad Complutense de Madrid junto con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, y preguntada por las palabras de Díaz esta mañana que el nuevo proyecto político que impulsa no va "de partidos" ni "de egos" y que como haya "ruido" por estos motivos es "probable" que ella lo abandone.

Al respecto, Montero ha opinado que tienen un "proyecto ganador entre manos" dado que "cada vez más gente en España es consciente" de que se necesitan "gobierno progresistas y plurinacionales", volcados en garantizar derechos al conjunto de la población y que estén preocupados por los problemas de la ciudadanía.

"Trabajamos junto con Yolanda Díaz de forma muy estrecha en construir ese frente amplio, ese espacio que pueda involucrar cada vez más sectores de la sociedad, a hombres y mujeres que están determinados a hacer a Yolanda Díaz la próxima presidenta", ha asegurado la también 'número dos' de Podemos.

CON DÍAZ SERÁ "MEJOR Y MÁS RÁPIDO" SER MAYORÍA EN EL GOBIERNO

También ha proclamado que el objetivo es que el espacio que conforma ahora Unidas Podemos sea "mayoritario" en el gobierno para poder realizar, "cada vez con más urgencia", los cambios estructurales que requiere el país.

En este sentido, ha citado por ejemplo materias de su competencia la nueva ola de derechos para las mujeres, la erradicación de las violencias contra las mujeres, redistribuir los tiempos, riqueza y cuidados y garantizar los derechos del colectivo LGTBi.

Pero en términos más amplios se ha referido a ese avance "agenda progresista", sobre la que cada vez más gente piensa que será posible "mejor y más rápido" con Dïaz al frente. Y para ello ha proclamado que todos están "implicados" en la configuración de ese "frente amplio".

Los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy han denunciado este jueves, durante su participación en un diálogo en el Foro de La Toja Vínculo Atlántico, que en España están proliferando los "inquisidores" y los "torquemadas" que impiden opinar y decir lo que se piensa libremente.

En opinión de González, la política está "cada día más polarizada y más dispersa". "Hubo un tiempo en el que tolerábamos a la Inquisición en la historia de España, pero había una sola inquisición, ahora debemos de tener 25 o 30", ha lamentado.

Si se mueve la cabeza a un lado, te dicen "eso no lo puedes decir", si se mueve al contrario ocurre lo mismo, ha denunciado el expresidente socialista. Es decir, ha resumido, "no puedo hablar libremente aunque piense lo que digo".

En opinión de González, esto es "un disparate". "Hay una especie de achicamiento de las libertades que va acompañado de un acatetamiento de nuestra visión del mundo", ha lamentado, subrayando que él dice lo que piensa y piensa lo que dice por una cuestión de "responsabilidad".

Para "ser políticamente conveniente" en la actualidad, ha insistido, "hay que callarse" y "no ser inoportuno". En tiempos de Franco, ha añadido, "había un Torquemada, ahora hay muchos que te dicen cómo hay que ser español, catalán o vasco". "Hay un montón de inquisidores que te echan los caballos encima", ha abundado, asegurando que los hay de izquierda, de derecha, que "gritan 'libertad, libertad', pero para mí".

Rajoy le ha dado la razón en su queja. "Florecen por doquier los 'torquemadas' en nuestro país", es más, ha afirmado "con absoluta franqueza, tenemos un superavit monumental de ellos". "Aquí como digas algo que vaya en contra de lo que alguien, no sabemos quién es, decidió que tenemos que hacer los demás te atizan inmesericordemente", ha denunciado.

Por ello, ha considerado que "es bueno que se diga esto a ver si entre todos somos capaces de que nos dejen opinar con una cierta tranquilidad".

LOS CAUDILLOS NO TIENEN COLOR

Por otra parte, González también ha reprochado las etiquetas que los políticos actuales se afanan en otorgar a las dictaduras. "Cualquiera de estos listos que hay ahora", ha dicho, esgrime que "si el gobierno es autoritario o caudillista con una bandera de derechas, no está tan mal, o al revés, si es un caudillista y autoritario con una bandera de izquierda, hombre tan malo no es".

"No, los tiranos, los caudillos populistas no tienen color, destruyen las oportunidades de sus pueblos, no les demos color para justificar lo que no tiene justificación, sea quién sea", ha reclamado.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha corregido el defecto de forma por el que la Sala de lo Penal reabrió la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por presuntos delitos de genocidio.

En un auto de este jueves, el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha acordado transformar las presentes diligencias previas desde el procedimiento abreviado al de sumario ordinario, siguiendo así las indicaciones de la Sala de lo Penal.

Los magistrados explicaron que los delitos señalados por ASADEDH --genocidio en concurso con delitos asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones-- "se encuentran castigados con penas que superan el límite objetivo del procedimiento abreviado".

Este error procesal les llevó a revocar el archivo de las pesquisas respecto a Ghali dictado por Pedraz el pasado 29 de julio, ya que --según expusieron-- en el procedimiento sumario ordinario tal decisión corresponde a la Sala de lo Penal, no al juez instructor.

"Todo ello sin necesidad de analizar si los hechos podrían constituir el delito de genocidio regulado en el artículo 607 del Código Penal actual o señalando la existencia de contradicciones o insuficiencia de detalles en los relatos de los testigos", aclararon los magistrados.

En este sentido, la Sala de lo Penal apuntó que debía acomodarse el procedimiento para que, posteriormente, "con libertad de criterio, se dicten las decisiones oportunas respecto a la conclusión del sumario con o sin procesamiento de Brahim Ghali".

Por su parte, ASADEDH ha celebrado en un comunicado "la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de anular el incomprensible archivo" de la querella respecto a Ghali.

Aunque ha expresado su "respeto" a las decisiones judiciales, así como su "total confianza en la independencia de la Justicia en España", ASADEDH ha aprovechado para subrayar que desde el primer momento defendió que los delitos de los que acusa a 23 agentes del Frente Polisario, incluido Ghali, y a cuatro miembros de la seguridad argelina no prescriben. Además, ha recalcado, "la mayoría de las víctimas son de origen español".

"INSUFICIENCIA" DE INDICIOS

ASADEDH culpa a estas 27 personas de graves violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis ubicados en Tinduf (Argelia) en un periodo temporal que iría de 1975 a 1990. En concreto, denunció una "limpieza étnica" contra las minorías tekna, aitusa, yegutt y contra los pobladores del ex Sáhara español.

Pedraz archivó la querella para Ghali al observar una "manifiesta insuficiencia" de indicios que apunten a que participó en los presuntos abusos, "contradicciones" en el relato de los denunciantes y falta de concreción en lo testimonios escuchados sobre la supuesta implicación del líder saharaui en los hechos.

Además, el magistrado entiende que la responsabilidad penal por estos presuntos delitos ha expirado porque el Código Penal (CP) aplicable es el de 1973, que establece un plazo de prescripción de 20 años, ampliamente superado.

Incluso si se aplicara el actual CP, razonó, "las conductas expuestas en la querella no integran todos los elementos del delito de genocidio", por cuanto no observa la "intención conjunta" de los acusados de "destruir total o parcialmente el propio grupo nacional al que pertenecen", aduciendo asimismo que "no hay rastros de esos subgrupos" en los que los querellantes dividen al pueblo saharaui según su localización geográfica.

OTRA QUERELLA CONTRA GHALI

La de ASADEDH no es la única querella contra Ghali en la Audiencia Nacional. Pedraz tiene entre manos otra presentada por el activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica por las torturas que habría sufrido en los campamentos de Tinduf en 2019.

De acuerdo con Breica, al llegar allí agentes del Frente Polisario le amenazaron para que se fuera pero, lejos de hacerlo, organizó protestas, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.

Esta segunda querella estaba a la espera de un último testigo, un hombre que habría estado detenido en la misma cárcel que Breica y que podría dar cuenta de las presuntas violaciones de los Derechos Humanos por las que se investiga al Frente Polisario.

Debía haber declarado el 29 de junio, pero tuvo que aplazarse al 27 de julio por problemas en la obtención del visado para venir a España. A día de hoy estos problemas persisten, por lo que Pedraz ha suspendido la testifical y sopesa el archivo de la querella y, por ende, el cierre de la causa, según las fuentes jurídicas.

Por otro lado, el titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, estudia si hubo delito de prevaricación en la entrada y salida de Ghali de España. El magistrado ha citado para el próximo 4 de octubre a la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya para que declare en calidad de imputada.

EL PASO DE GHALI POR ESPAÑA

Las acusaciones contra el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) cobraron impulso cuando se supo que estaba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.

Ghali compareció el 1 de junio ante Pedraz por videoconferencia desde el centro sanitario, negando cualquier implicación en dichas violaciones de los Derechos Humanos. Su defensa ha esgrimido en sucesivos escritos que se trata de una causa política para minar las aspiraciones de autodeterminación del pueblo saharaui.

Tras escuchar al líder del Frente Polisario, Pedraz acordó dejarlo libre sin medidas cautelares al no ver indicios de delito en su contra. Pocas horas después, en la madrugada del 2 de junio, regresaba a Argelia en un avión medicalizado.

La Reina Letizia ha acudido al IES 'Ciudad de Haro' donde ha participado en la apertura del curso de Formación Profesional 2021/2022.

La Reina ha sido recibida por la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, la delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, el presidente del Parlamento de La Rioja, Jesús María García, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Pedro Uruñuela, entre otras personalidades.

A su llegada, más de un centenar de jarreros le han aplaudido a su llegada al Centro y gritado "Viva la Reina", y "guapa".

A continuación, tras acercarse a saludar a las personas congregadas junto al instituto de Haro, han accedido al centro, formada por unas 1.000 personas, entre profesores y alumnos, de los que 150 son de Formación Profesional, que destaca, entre otras cuestiones, por su destacada educación vitivinícola.

En el interior, ha recorrido el Aula de Empresa, donde se imparten estudios de Administración y Finanzas, el taller de fundición y nueva aula de formación vitivinícola. Para, a continuación, mantener un encuentro con directivos y responsables educativos de la Comunidad y del Centro, representantes de profesores y alumnos de FP, en concreto Adrián Mato, Hugo Iglesias y Marta Carreras.

Precisamente, éste última, que estudia segundo grado superior de Administración y Finanzas, en declaraciones a los medios ha señalado que "se ha interesado por todos los departamentos, y le hemos explicado cuáles son las funciones, y la verdad que muy bien, una experiencia única".

Por su parte, Álex Vázquez, estudiante de primero de Formación Profesional, ha señalado que la Reina "nos ha preguntado si nos estaba gustando el curso, a lo que le hemos respondido que si, que era lo que queríamos hacer". "Es un honor que haya elegido el Instituto de Haro para visitarlo", ha destacado para a continuación desvelar que le habían regalado "una torre de aluminio y una chapa en la que pone 'IES Ciudad de Haro'".

A continuación, la Reina ha salido al patio del centro donde le esperaban los alumnos, que portaban un cartel que decía 'Bienvenida'. Allí ha saludado a varios ellos, haciéndose 'selfies' e incluso firmando autográfos, para después hacerse una gran foto de familia.

Posteriormente, la comitiva se ha trasladado al edificio 'María Díaz de Haro', que acoge un grado de FP de vitivinicultura dual, donde los alumnos hacen un tercio de su formación práctica en la empresa, y que cuenta con 11 estudiantes.

MÁS DE UN MILLÓN DE ALUMNOS EN FP

Por otra parte, desde el Ministerio de Educación se ha informado que este curso por primera vez más de 1 millón de alumnos y alumnas están matriculados en estas enseñanzas de Formación Profesional, lo que supone un crecimiento del 4,1 por ciento respecto al curso anterior.

Por grado, 523.309 son de Grado Superior, lo que supone un crecimiento del 5,2 por ciento respecto al año anterior; 409.880 son de Grado Medio (+2,5 por ciento); 77.337 de FP Básica (+1,6 por ciento); y 3.386 de Cursos de Especialización.

La Formación Profesional se consolida así como una opción educativa de primer orden. Desde el año 2018, su alumnado ha crecido más de un 20 por ciento.

Para dar respuesta a la creciente demanda de este tipo de enseñanzas, el MEFP está financiando, en el marco del Plan de Modernización de la Formación Profesional, la creación de 200.000 plazas hasta 2023, de las que ya se han puesto en marcha más de 120.000. Precisamente, en la comunidad autónoma de La Rioja, el ministerio que dirige Pilar Alegría ha financiado en los últimos dos cursos más de 1.800 nuevas plazas.

La modernización de la Formación Profesional es una de las principales prioridades del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Con este fin ha elaborado el proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, actualmente en tramitación parlamentaria, tras ser aprobado por el Gobierno el pasado mes de septiembre. La nueva norma consolidará un sistema integrado de Formación Profesional dirigido por primera vez a estudiantes y trabajadores, ocupados y desempleados.

El MEFP ha señalado que está impulsando un modelo único de Formación Profesional flexible, acumulable y acreditable que se adapte a las necesidades de cada persona en cualquier momento de su vida profesional. La futura Ley cuenta con un impacto presupuestario de 5.474,78 millones de euros previsto durante su implantación en cuatro años.

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este jueves que no percibe "ninguna tensión" en su partido que "ponga en cuestión el liderazgo" o la futura candidatura de Pablo Casado, aunque sí existen --ha constatado-- "distintas recetas de militantes o cargos" sobre cómo "recuperar las mayorías" necesarias para que los populares puedan volver a La Moncloa.

Así se ha pronunciado, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, tras ser preguntado sobre cuál cree que es el modelo que saldrá reforzado de la Convención del PP, el de Casado o el de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Feijóo ha aludido al "ruido" que, a su modo de ver, se genera cuando una cita de este tipo tiene "éxito", y ha esgrimido que la convención avanza "conforme a lo previsto". "No hay novedades, hay un éxito importante de políticos experimentados, exjefes de estado primeros ministros", ha insistido.

Al tiempo, ha enfatizado que esta convención tiene relevancia, toda vez que el PP europeo "tiene la esperanza de que haya un cambio político" en España, para lo que ve imprescindible "un vuelco" electoral en el país que sitúe a los populares al frente.

"El resto es bastante ruido, pero muy poca música. A veces el ruido no deja escuchar la música, pero a nosotros nos interesa más la música que el ruido", ha esgrimido.

AUSENCIA DE AYUSO

Preguntado acerca de si la ausencia de Ayuso en la parada de Madrid de la Convención es "ruido", ha insistido en que, cuando una cita de este tipo está teniendo "éxito" a veces se pone el foco en cuestiones como --ha recalcado-- en "un viaje institucional previsto, programado y conocido con meses de anticipación", como el de su compañera madrileña a Estados Unidos.

"Yo fui testigo presencial de cómo, cuando el presidente comentó que quería hacer una Convención en estas fechas, la presidenta comentó que tenía un viaje programado a Estados Unidos y que intentaría acortarlo para poder estar en el momento central de la Convención", ha reiterado.

"Como a mí me pasó alguna vez en relación a otros asuntos, no solo lo comparto, sino que me parece lo normal. Una persona tiene responsabilidades institucionales, prioridad una; y después tiene obligaciones orgánicas, prioridad dos. Y en esas estamos, pero eso no tiene ninguna trascendencia", ha añadido.

"DISTINTAS RECETAS"

Bajo su punto de vista, "la trascendencia es cómo se consigue volcar a diez-once millones de votantes, esa es la trascendencia". "El resto me da la sensación de que no dejarán de ser determinadas cuestiones anecdóticas", ha agregado, antes de subrayar que él "no" percibe en el PP de España "tensión" alguna en relación con el liderazgo de la formación o que "ponga en cuestión el liderazgo de Casado" ni su candidatura.

"Lo que percibo son las distintas recetas, énfasis o acentos que pueden tener los distintos militantes o cargos del partido sobre cómo conseguimos volver a esas mayorías que necesitamos para que haya alternancia política en España. Y en eso estamos, en eso consiste la convención", ha aseverado.

Finalmente, preguntado por la presencia del expresidente francés Nicolas Sarkozy, condenado por financiación ilegal, y lo que le puede aportar al PP, ha rechazado profundizar en el asunto. "Si tiene alguna cuestión en el ámbito judicial será él quien tiene que contestar; no tengo respuesta a preguntas que exceden la jurisdicción española", ha zanjado.

El grupo parlamentario socialista ha presentado una moción a la Comisión de Transición Ecológica del Senado que recoge la propuesta de una niña de 14 años que cuenta con el respaldo de 100.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org para promover "la estricta limitación, si no el cierre" de todos los delfinarios de España.

La iniciativa, presentada por los senadores socialistas miembros de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA) Cristina Narbona, Javier de Lucas, Donelia Roldán y Josefina Bueno, respalda la propuesta de la joven Olivia Mandle y que plantea la "extinción programada" de los delfinarios siguiendo los pasos de Francia.

En concreto, la moción insta al Gobierno a prohibir la cría y el movimiento de ejemplares, bien sea compra o estancia de delfines, belugas y orcas en España, permitiendo mientras vivan los ejemplares actuales el desarrollo de las actividades.

Además, propone pedir al Gobierno que dentro el periodo de transición se establezca un plazo máximo para que se incremente el espacio de los estanques, se prohíba el uso de cloro y se restrinja el contacto directo del público con los animales.

Asimismo, la iniciativa parlamentaria busca incentivar junto a las comunidades autónomas el establecimiento de santuarios marinos protegidos donde estos animales, que ya no podrían vivir en libertad, puedan acercarse lo más posible a la misma.

En ese sentido, urgen al Gobierno a presentar "cuanto antes" la ley de Bienestar Animal que considera la APPDA que "tanto necesita la sociedad española".

La propuesta pone de ejemplo a otros países como Alemania, Finlandia, Suiza, Noruega Reino Unido, Polonia, Islandia, Chipre, Eslovenia, Croacia, Uruguay, Costa Rica, Chile o India donde se estos lugares se han cerrado o se pretende también su extinción programada.

La joven Mandle asegura que España es "una de las mayores cárceles de cetáceos del mundo, pues afirma que reúne a más de un tercio de los delfinarios de Europa y al 55 por ciento de los delfines en cautividad de todo el continente.

La moción de la asociación parlamentaria afirma que estos son animales con "una alta inteligencia social, necesitados de su comunidad para desarrollarse, son seres autónomos y autoconscientes que quieren tomar sus decisiones sobre qué hacen y a dónde van, y que también sufren trastornos psicológicos".

Nace Micelio Media Group, una nueva marca audiovisual creada de la fusión de los negocios de contenidos de Secuoya Studios y BTF Media, la productora audiovisual mexicana del grupo empresarial Break The Format.

"Estamos muy contentos de emprender este camino junto a Break The Format para consolidarnos como uno de los referentes de la industria. Debemos estar más unidos que nunca, unir historias y, también, alianzas estratégicas y empresariales que nos aporten competitividad y volumen de negocio y, de esa manera, afrontar y desarrollar proyectos más potentes, ilusionantes y con una gran conexión de creatividad y talento entre todos", ha afirmado Raúl Berdonés, presidente de Secuoya Grupo de Comunicación, en el marco del Iberseries Platino Industria.

"En definitiva, cuanto más grandes seamos, más posibilidades tendremos de crecer y alcanzar con éxito acuerdos con las compañías más destacadas del sector. Esta unión, junto al acuerdo anunciado ayer con Telemundo Streaming Studios, para el desarrollo de proyectos de ficción, una alianza que seguirá creciendo y dando sus frutos en los próximos meses, son una buena muestra del camino emprendido por Secuoya Studios. Una filosofía empresarial que convertirá al grupo en uno de los más relevantes en la producción de contenidos", ha subrayado Berdonés.

James Costos, presidente ejecutivo de Secuoya Studios, ha asegurado que se sienten "enormemente satisfechos de anunciar la fusión de los negocios de dos de las factorías audiovisuales de habla hispana más relevantes del mercado iberoamericano, a las que une una estrategia empresarial conjunta apoyada en una red de negocio consolidado, en constante colaboración, con el objetivo de producir historias de ficción, formatos 'unscripted' y películas, que seguro brillarán en pantallas de todo el mundo".

"Esa es la aspiración conjunta de Secuoya Studios, un camino emocionante y repleto de oportunidades que hoy iniciamos juntos", ha señalado James Costos, presidente ejecutivo de Secuoya Studios.

Para Ricardo Coeto y Francisco Cordero, fundadores de Break The Format, la fusión del negocio de contenidos con Secuoya Studios consolida y fortalece la estrategia de expansión en la que BTF Media ha trabajado en los últimos años.

"Creemos firmemente que nuestra visión conjunta sobre el futuro de la industria audiovisual nos une y nos plantea no sólo un panorama donde cada vez más tienen sentido las alianzas, si no que multiplica nuestras posibilidades de ser preponderantes en la oferta creativa, en el desarrollo y en la producción de contenidos que logren ser relevantes mundialmente, y creados en colaboración con los mejores talentos de habla hispana", afirmaron Coeto y Cordero.

Según ha informado el grupo de comunicación español, Secuoya Studios y BTF Media mantendrán su actividad habitual y marca en sus países de origen, España y México, respectivamente, y Micelio Media Group será la estructura conjunta resultado de la fusión en sus oficinas satélite así como la responsable del desarrollo de proyectos en los otros territorios como Colombia y Estados Unidos. Asimismo, ambas compañías se encuentran en conversaciones con diversos partners para extender su presencia en Iberoamérica.

La compañía ha explicado que este grupo optimizará los recursos fusionando diferentes áreas, que dará lugar a una distribuidora propia dentro de la compañía, encargada de la representación en los distintos territorios, gracias a un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector, y la comercialización global de los catálogos, tanto históricos como actuales, como de los derechos de propiedad intelectual (IP) de nuevos proyectos de Secuoya Studios, BTF Media y de las futuras compañías que se integren en esta fusión.

Micelio Media Group contará con un departamento de marketing transversal, que generará un robusto y diferencial sistema de posicionamiento de marca, además de un área de business affairs, capitaneada por expertos en financiación y fiscalidad audiovisual, con el objetivo de alcanzar la mayor rentabilidad de las producciones en los diferentes países. Este departamento también ayudará a estructurar el modelo financiero de todos los proyectos integrados dentro del nuevo grupo, incorporando nuevas iniciativas de incubación, aceleración y financiación de proyectos.

Asimismo, ha adelantado que el nuevo sello audiovisual contará con una sección encargada de la unificación de los procesos de gestión, control de calidad y presupuestario, y un departamento propio de adquisición de licencias, historias y formato, para su desarrollo dentro de la red de empresas que conforman este nuevo ecosistema audiovisual impulsado por Secuoya Studios y BTF Media.

Finalmente, Micelio Media Group proyecta un volumen de más de 150 formatos y contenidos audiovisuales, incluyendo series, documentales, programas de entretenimiento y largometrajes; los cuales desarrollará y producirá en el corto plazo. El nuevo grupo también contempla la adquisición de propiedad intelectual y el trabajo en desarrollo conjunto con los creadores más relevantes del mercado para los próximos años.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se ha definido este jueves como "un prudente alegre" respecto al futuro de la economía española, siempre que "se hagan las cosas bien" y se genere "una cierta seguridad y certidumbre"; mientras que el también expresidente Felipe González ha pedido que haya consensos para la aplicación de los fondos europeos.

Durante un coloquio mantenido por ambos en el Foro de La Toja Vínculo Atlántico, González ha reclamado acuerdos para "optimizar" los recursos procedentes de la UE. "Si no lo hacemos bien se acabará la oportunidad. Y hacerlo bien es hacerlo de acuerdo. Si hay que equivocarse en algo, que sea con acuerdo", ha reclamado sobre lo que cree que puede dar a España "mucha credibilidad" entre sus socios internacionales.

Rajoy ha reconocido la importancia de estos fondos y ha remarcado la diferencia respecto a la respuesta que se dió desde Europa a la crisis del año 2008, destacando la suspensión del pacto de estabilidad y la respuesta del Banco Central Europeo, que cree que en la crisis anterior "se hizo el loco y ahora está actuando inteligentemente".

En cualquier caso, se ha mostrado "prudente" respecto al futuro de la economía, ya que actualmente hay datos que "no son muy buenos" pero "si se hacen las cosas bien normalmente el resultado es bueno. Rajoy cree que aún existen "muchos problemas" y por ello lo primero que se debe hacer es "un buen diagnóstico" y reconocer que "la situación es complicada".

Después, considera necesario tener un plan económico, explicarlo, detallar un programa de consolidación fiscal y de reformas, sobre la base de que "lo que funciona bien no lo cambies". A su juicio, el objetivo de todo esto es "generar una cierta seguridad y certidumbre".

"Si lo hacemos bien deberíamos salir de esto. Si lo hacemos bien y si se acierta por parte de los responsables y se buscan algunos consensos y se consiguen", ha reconocido explicando que no puede llamarse a sí mismo optimista pero sí prudente. "Pero prudente alegre", ha aceptado.

En este punto, González ha reconocido también que la posibilidad de "rebotar" la economía española es "real" y lo hará "con fuerza". Pero ha subrayado que eso depende del compromiso de los ciudadanos y debe sacarse adelante con "esfuerzo, productividad y competitividad".

"Si no, no vamos a salir adelante. Eso no llueve del cielo como un maná. Depende de la voluntad de hacerlo", ha avisado apuntando también la necesidad de generar seguridad jurídica.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, apuesta por afrontar el debate sobre la financiación autonómica, no desde "frentes" entre comunidades, sino con voluntad de llegar "acuerdos", algo en lo que tiene "confianza". Mientras, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, espera a que más que la "presión" de los territorios más poblados y "los votos", impere la "sensatez" y se tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios.

El asunto de la financiación autonómica ha sido uno de los temas protagonistas de la reunión que este jueves han mantenido la ministra y Revilla en la sede del Gobierno de Cantabria.

Precisamente, en ella, el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, le ha informado de la participación de la comunidad autónoma en la cumbre sobre financiación que "próximamente" se va a celebrar en Santiago de Compostela con la participación de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y La Rioja, territorios que, en este asunto, tienen intereses comunes, como es que no solo se tenga en cuenta el criterio de población.

Por su parte, la ministra, en declaraciones realizadas poco después en el Palacio de la Magdalena ha opinado que el tema de la financiación autonómica "no debe ser objeto de nuevos frentes, sino de nuevos acuerdos".

Rodríguez ha señalado que la financiación es una "pieza angular" del desarrollo constitucional del país por lo que ve "muy importante" que se llegue a acuerdos entre el Gobierno y los distintos territorios.

"Hay que buscar fórmulas que permitan desarrollo de proyectos vitales en todos los territorios", ha defendido la ministra.

Rodríguez ha afirmado el Gobierno "entiende las distintas sensibilidades de los territorios", aunque cree que "la fórmula de buscar frentes no es la fórmula más oportuna, sino intentar llegar a acuerdos". "Cuando nos lo proponemos también lo logramos".

IGUALDAD ENTRE ESPAÑOLES VIVAN DONDE VIVAN

Rodríguez ha defendido que el Gobierno de España está practicando una relación con las comunidades autónomas de "mucho diálogo", que ha dado lugar a "éxitos", como ha sido la vacunación y ha insistido en que lo que se haga en relación a la modificación del sistema de financiación debe hacerse "en el marco de la colaboración y del acuerdo" y teniendo como base los principios de "solidaridad" de todos los territorios y de "igualdad" de todos los españoles independientemente de donde vivan.

Sin embargo, ha asegurado que tener solo en cuenta el criterio de población sin aplicar un "elemento corrector" que tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios, mayor en Cantabria que en comunidades con más población, como Madrid, es una "locura" y un "disparate" que "ahondará" --ha dicho-- "en esta España tan mal hecha" en la que la mayoría de la población se concentra en cuatro o cinco grandes ciudades y el resto está vacía.

El exministro de Transportes y ex secretario general del PSOE José Luis Ábalos ha confirmado este jueves que asistirá al 40º Congreso Federal del PSOE que el partido celebrará entre el 15 y el 17 de octubre en Valencia, tierra del exdirigente.

Así lo ha confirmado él mismo en una entrevista en Onda Cero, en la que ha argumentado que, aunque él no es ni delegado ni "miembro de nada", es un "militante valenciano con más de 40 años de carnet socialista".

"Así que lógicamente ahí estaré", ha señalado Ábalos, tras remarcar que este cónclave se celebra en su ciudad. De hecho, fue el propio exministro quien comenzó a organizarlo, cuando todavía ejercía como secretario de Organización del PSOE, hasta que dejó la dirección el partido cuando el presidente Pedro Sánchez le sacó del Gobierno.

Ahora, el "militante valenciano" Ábalos tiene intención de asistir a ese 40º Congreso Federal, en el que el líder del PSOE pretende visibilizar una imagen de "unidad interna", pero también impulsar la nueva etapa que inició en julio con su intensa crisis de Gobierno.

No obstante, el exministro no ha concretado cómo participará. Fuentes de su entorno explican que Ferraz está estudiando la posibilidad de que tenga aunque sea un mínimo papel, que sea, eso sí, discreto.

De momento, la dirección socialista ya le ha buscado encaje en el Congreso, como presidente de la Comisión de Interior; un cargo en el que se estrena precisamente este jueves. Tras salir del Gobierno, Ábalos seguía conservando su acta de diputado, como la exvicepresidenta primera Carmen Calvo, también destituida en julio. Sin embargo, ninguno de los dos se mantendrá como diputados rasos, sino que han sido 'compensados' con una presidencia de comisión cada uno--en el caso de Calvo, la de Igualdad--.

UN CESE SIN EXPLICACIONES

La abrupta salida de Ábalos del Gobierno, en la amplia remodelación que Sánchez acometió a mediados de julio, conllevó también el abandono de todas sus responsabilidades en el partido, a diferencia de Calvo, que conservó su puesto en la dirección. Ni siquiera él ha sabido explicar a día de hoy, más de dos meses después, los motivos de su cese.

Este mismo jueves Ábalos ha reconocido que él no quería salir del Gobierno, aunque sí ha admitido que prefería cambiar de cartera porque tenía una "necesidad de cambio", fruto del cansancio, la "presión", el "hostigamiento" y el "acoso" que estaba sufriendo, según ha relatado.

En su primera entrevista tras su cese, que concedió a La Sexta a principios de septiembre --tras casi dos meses de silencio--, Ábalos confirmó que la decisión la había tomado en exclusiva el presidente, y ni siquiera quiso relevar si Sánchez le concretó las razones por las que él no encajaba en la nueva etapa del Gobierno. "Hay cuestiones que yo ni pregunto muchas veces", señaló entonces.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo se limitó a asegurar en su día, cuatro días después de la remodelación del Gobierno, que todos los cambios y destituciones respondían a la necesidad que había de "recargar pilas" y "rejuvenecer" su gabinete. Así, defendió que no eran "ceses" sino "cambios necesarios".

Y al igual que Ábalos, en el PSOE tampoco se esperaban la fulminante destitución del que era uno de los principales pesos de pesados del Gobierno y miembro del núcleo duro de Sánchez tanto en el Ejecutivo como el partido, donde ejercía de 'número tres', repartiéndose las principales responsabilidades con la vicesecretaria general, Adriana Lastra.

La pandemia de COVID-19 en Aragón sigue manteniendo una tendencia "ligeramente" descendente por décima semana consecutiva, con una incidencia de 41,1 casos por 100.000 habitantes a siete días, frente a los 45,7 que se registraban la semana pasada.

El pico de esta sexta oleada se produjo el pasado 22 de julio, con una tasa de 450 nuevos casos por 100.000 habitantes a una semana, ha señalado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

Por provincias, la incidencia disminuye en la tres: en estos momentos Zaragoza acumula una incidencia a siete días de 41,3 casos; Huesca de 26,5; y Teruel, 59,6 casos por 100.000 habitantes. En lo que se refiere a las capitales, Huesca se sitúa en 22,2 casos por 100.000 habitantes; Teruel en 149 y Zaragoza en 33,9.

En números absolutos, la comunidad suma desde el inicio de la pandemia un total de 161.554 casos confirmados de COVID-19, de los que 155.387 han recibido ya el alta epidemiológica. Respecto a la mortalidad, se han registrado un total de 3.810 fallecimientos.

En cuanto a otros indicadores, el índice de reproducción básico se mantiene en 0,8 y la positividad global de pruebas diagnósticas ha bajado al 3,53 por ciento.

HOSPITALIZACIÓN Y CONTACTOS

Esta semana se mantiene la tendencia descendente en hospitalización. En la actualidad, se registran 88 pacientes COVID ingresados en los centros aragoneses, frente a los 111 de la pasada semana. Del total, 20 se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos --el 9,7 por ciento de las camas UCI disponibles-- y 68 en hospitalización convencional --1,7 por ciento--.

La cifra de contactos en seguimiento desde Atención Primaria también mantiene la tendencia descendente, con 2.071 personas en esta situación --2.093 hace una semana--. Durante el pico de esta sexta ola se llegó a realizar seguimiento a 18.423 personas.

VACUNACIÓN EN RESIDENCIAS

Por otro lado, esta semana ha continuado la vacunación de la dosis adicional de vacuna frente a la COVID-19 en las residencias aragonesas. Ya se han administrado 11.675 terceras dosis: 670 en el sector de Calatayud; 740 en el de Alcañiz; 1.138 en el de Teruel; 1.141 en el de Barbastro; 1.156 en el de Huesca; y 6.830 en los tres sectores zaragozanos.

Por problemas técnicos, el Gobierno de Aragón ha indicado que esta semana no se ha podido actualizar la situación de los brotes en las residencias aragonesas.