La basura esconde grandes tesoros. El último, una carta escrita por un soldado a su novia, fechada en 1974, que una operaria de triaje ha encontrado en la cinta de clasificación de residuos sólidos urbanos del Complejo Ambiental Costa del Sol, ubicada en el municipio malagueño de Casares.

La misiva la escribió un soldado, de 22 años, el 21 de abril de 1974 desde Santurce, cuando estaba realizando el servicio militar. El joven anuncia a su novia que le restan tan solo 19 domingos para estar juntos. Momento tras el cual se casarán «y después siempre juntos, ya verás que felices vamos a ser», escribe.

El soldado informa a su pareja que se ha cortado el pelo por lo que sus suegros ya no le podrán llamar ‘el melenas’. Por su conversación se desprende que los padres de la novia no lo consideraban un buen partido, pues lo calificaban de «hippie». Aunque él insiste en su escrito que ha cambiado y le pide a la joven que trate de convencer a sus padres de que es una relación seria.

«Es lógico que de momento desconfíen, pues si no lo hiciesen creo que te tendrían muy poco aprecio», señala al respecto el autor de la carta, y añade: «diles de mi parte que traten de conocerme un poco mejor ahora y si al cabo de algún tiempo siguen pensando lo mismo, yo mismo seré el que me retire, si es que de verdad no voy a hacerte feliz, aunque sé que esto no ocurrirá».

En otro pasaje de la carta el joven le comenta a su novia que vio en la tele a José Feliciano cantando una canción del disco que compraron juntos y salpica la carta de continuas muestras de amor y cariño.Se despide recordando que les restan 127 días para estar juntos, «ya para siempre».

La carta la encontró una operaria de triaje a la que llamó la atención un papel que parecía muy antiguo. Lo rescató de la cinta y lo apartó mientras continuaba con su trabajo. Una vez finalizado su turno, desplegó las páginas y comprobó que se trataba de una carta de amor. Le pareció tan tierna y romántica que la entregó al jefe de turno para conservarla, han informado en un comunicado.

El delegado de Residuos Sólidos Urbanos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Juan Luis Villalón, ha explicado que rara vez se encuentran en la cinta de RSU documentos o papeles íntegros. «El papel y cartón que llega desde el contenedor azul se tritura en la cinta de selectiva; pero en la de RSU es muy extraño encontrar hojas de papel completas porque se manchan y se rompen en contacto con el resto de residuos».

Según Villalón, «esta carta revela cómo eran las relaciones hace 40 años; retrata un momento de nuestra historia reciente, cuando no existía Internet, ni las redes sociales, ni los móviles; cuando las parejas se comunicaban por carta a diario sin que la distancia fuera inconveniente para mantenerse en contacto».

El Gobierno ha explicado que la letra de la canción interpretada por el Coro LGTB de Madrid en un acto del Ministerio de Igualdad, en la que se decía ‘Pin, pon, fuera, la policía la queremos fuera’, es una pieza que «hace referencia al hecho histórico de la redada policial llevada a cabo en el pub Stonewall Inn» de Nueva York y, por lo tanto se refiere a la Policía de esa ciudad estadounidense.

Así lo explica en una respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado independiente Pablo Cambronero, en la que criticaba esta actuación.

En el documento registrado por Cambronero se califica de «absurdo» el acto de Igualdad, que se trataba de una entrega de premios con motivo de la celebración, el pasado 28 de junio, del Día del Orgullo LGTBI, y pregunta al Ejecutivo sobre el coste de contratación de este grupo, el nombre del mismo y si se ha pedido perdón a la Policía y la Guardia Civil por estos cánticos.

En su respuesta, el Gobierno explica las características del acto, así como que el Coro LGTBI de Madrid participó en el mismo con dos canciones del espectáculo musical ‘La pasión de Marsha: del Stonewall al río Hudson’.

UNA ACTUACIÓN SIN COSTE

Este musical, apunta el Gobierno, «conmemora el 50 aniversario de Stonewall a través de la figura de Marsha P. Johnson, mujer transexual afroamericana, que fue activista clave en aquel movimiento que marcó un antes y un después en la lucha por el reconocimiento de la comunidad LGTBI».

En este sentido, apunta que una de las piezas interpretadas «hace referencia al hecho histórico de la redada policial llevada a cabo en el pub Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village en 1969» de modo que, las frases sobre la policía a las que se refiere el diputado hacen referencia a los agentes de Nueva York en 1969.

«Por tanto, en ningún caso hace referencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España en el momento actual», apunta el escrito.

Por otra parte, el Ejecutivo ha señalado que la intervención del Coro de Voces LGTBI ha sido una colaboración de carácter voluntario y por tanto, no ha conllevado gasto alguno.

El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) pide una política de indemnizaciones al Gobierno para expropiar aquellas construcciones que se sitúen sobre terrenos inundables.

El ICOG recuerda que, según datos de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en España existen 19.900 kilómetros de zonas inundables delimitadas y se estima que 2.733.000 habitantes viven en zonas inundables, siendo las demarcaciones de mayor riesgo las del Guadalquivir, Segura y Júcar.

«En estos datos no se incluyen cuencas internas de Cataluña, costa gallega, cuencas andaluzas del sur o los archipiélagos, con lo cual si se hicieran todos los mapas de zonas inundables, alcanzaría a 5 millones de personas, el 10% de la población española», puntualiza Manuel Regueiro, presidente del ICOG.

Otras medidas preventivas que propone el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos son, por ejemplo, adoptar una política de seguros que responda al riesgo real de inundación. «Esto que es habitual en Europa y en Estados Unidos, no pasa en España. Aquí el Consorcio de Compensación es un paraguas que impide que los ciudadanos comprendan los riesgos que de verdad corren y que entre todos paguemos las irresponsabilidades urbanísticas de ciudadanos o administraciones», denuncia.

Igualmente, el ICOG aboga por invertir en estructuras de control de inundaciones, como pueden ser las presas de laminación de avenidas o canalizaciones, «aunque sean costosas o provoquen cierta agresividad ambiental», según explica Regueiro.

ADAPTAR LOS USOS DEL SUELO A MAPAS DE RIESGO

Para el Colegio, una de las medidas fundamentales es elaborar mapas de riesgo geológico previos a los desarrollos urbanos. «Hay que adaptar los usos urbanísticos del suelo en función de los mapas de riesgos naturales», pide Regueiro, que advierte de que «los mapas de riesgo son obligatorios por ley, pero en muchos casos las administraciones o no los tienen o no los aplican».

Por ello, el ICOG ha pedido reiteradamente un Observatorio de los Planes Generales de Ordenación Urbana para comprobar que se cumple la Ley del Suelo y que «los mapas de riesgos se usan, antes de permitir urbanizar ningún lugar» de España.

En este sentido, el Colegio de Geólogos incide en el impacto especialmente desastroso de las DANAS (Depresión Aislada en Niveles Altos) sobre el territorio, ya que «descargan una increíble cantidad de agua en muy poco tiempo y se producen avenidas súbitas», finaliza Regueiro.

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) celebra la apuesta por la presencialidad para este próximo curso escolar, que arranca la semana que viene, por el beneficio que supone para los alumnos, desde el punto de vista académico y emocional, y porque garantiza la igualdad de oportunidades y minimiza las diferencias sociales en el acceso a los medios digitales, pero pide no bajar la guardia con las medidas establecidas por Gobierno y comunidades autónomas.

El presidente de la FEFN, José Manuel Trigo, destaca «las consecuencias tan nefastas que ha tenido la enseñanza online para los niños de familias con menos recursos, que, al no disponer de los equipos necesarios, no han podido seguir el curso a pleno rendimiento y se han visto los resultados, que no han sido los deseados; el nivel académico se ha resentido notablemente».

Pero, además, la Federación considera que la vuelta a las clases de manera presencial tiene otra ventaja, y es que permite a los padres y madres poder conciliar.

«En estos meses de pandemia hemos visto que el teletrabajo es una opción muy válida, que los expertos dicen que ha llegado para quedarse, pero desgraciadamente es algo que no está al alcance de todas las familias y además, aunque se pueda teletrabajar, si tienes varios niños en casa, como ocurre en las familias numerosas, es muy difícil atender adecuadamente el trabajo, responder llamadas o tener una reunión y a la vez estar pendiente de tus hijos, hacer de profesor y ayudarles con sus clases online», señala Trigo.

La FEFN confía en que el control de la pandemia evolucione favorablemente, de manera que las familias tengan un «respiro» este curso, tras «la carga física y emocional que han soportado en el último año, incluso en los casos en los que ha habido clases presenciales, ya que muchas familias han pasado por varias cuarentenas».

En cualquier caso, la Federación pide también que no se baje la guardia con respecto a las medidas acordadas para este curso escolar 2021-2022, que se haga un esfuerzo en recursos para poder controlar la situación y minimizar los riesgos de contagio y los correspondientes confinamientos, así como que se realice un control y seguimiento exhaustivo de las medidas de prevención, sobre todo teniendo en cuenta el incremento de la ratio y la menor distancia entre alumnos que se ha establecido este curso, para que no se produzca un repunte de los casos de contagios.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), han constituido una comisión de seguimiento, según lo previsto en el convenio firmado para el intercambio de datos de información meteorológica.

El convenio alcanzado entre ambas instituciones preveía la creación de una Comisión de Seguimiento integrada por representantes de cada una de las dos instituciones; ésta será el órgano encargado de planificar, potenciar, controlar y evaluar los proyectos que se determinen, de interpretar el convenio y, cuando proceda, de resolver las controversias que surjan entre las partes con ocasión de la aplicación de los convenios firmados.

Esta Comisión de Seguimiento se reunirá al menos una vez al año, y con carácter extraordinario cuando así lo solicite cualquiera de las partes, según han detallado sus impulsores que añaden que el objetivo del convenio es establecer las bases del intercambio de información generada por las estaciones meteorológicas de las redes de observación de la AEMET y del Servicio de Información Agroclimática para el Regadío (SiAR), dependiente del MAPA, cuya principal misión, desde su creación hace más de 20 años, es lograr un uso eficiente del agua en el regadío, promoviendo su sostenibilidad económica, social y medioambiental.

De este modo, ambas instituciones podrán intercambiar series completas de datos de sus respectivas estaciones y datos en tiempo real. La red de la AEMET cuenta con casi 800 estaciones meteorológicas repartidas por todo el territorio nacional, mientras que el SiAR del MAPA dispone de más de 500 estaciones meteorológicas que cubren más del 90% de la superficie de la agricultura de regadío de España.

Fruto de este convenio, el MAPA dispondrá, entre otros, de los datos de la previsión de la evapotranspiración de referencia, así como de los datos de precipitación de las estaciones de la AEMET. Todo ello redundará en una mayor precisión de los datos y una mayor cantidad de información que la red del SiAR pone al servicio del ciudadano.

AEMET, por su parte, obtendrá, por ejemplo, información acerca de parámetros como la radiación solar, la temperatura, la humedad, la precipitación o la velocidad y dirección del viento de las estaciones del SiAR del MAPA, que servirán para incrementar su capital climatológico.

Fundación ONCE y la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) organizan, por quinto año consecutivo, la Carrera Solidaria por la Educación Financiera y la Inclusión, que tendrá lugar de forma virtual entre el 23 y el 26 de septiembre y de forma presencial el 26 de septiembre en Valdebebas (Madrid).

La cita cuenta con el apoyo de atletas como Martín Fiz, Abel Antón, Fernando Carro o Pablo Sánchez Valladares, y de los representantes paralímpicos en Tokio como Adiaratou Iglesias, flamante medalla de oro en 100 metros; Alejandro Sánchez Palomero, medalla de bronce en triatlón, y Alberto Suárez, quien este domingo competirá en el maratón.

Asier García y Vicky Vilariño, ambos jugadores de baloncesto en silla de ruedas; Álex Vidal, quien compite en taekwondo; Adrián Castaño, en piragüismo, y la judoka Marta Arce, completan el apoyo a esta iniciativa que es una de las principales actividades de promoción del Día de la Educación Financiera, que se celebra el próximo 5 de octubre.

En esta ocasión, Fundación ONCE y ASNEF han contado con la dirección técnica del área de eventos de la revista SPORT LIFE del grupo Motorpress Ibérica. Las inscripciones pueden llevarse a cabo, hasta el 23 de septiembre, a través de la página web ‘www.carreraeducacionfinanciera.org’, tanto para la modalidad presencial como virtual.

En el Parque Forestal de Valdebebas, los corredores podrán optar por la modalidad de 10 o 5 kilómetros. Además, habrá carreras infantiles en distintas distancias. También se ha habilitado una fila cero para que todos aquellos que no quieran o puedan correr contribuyan al objeto social de la carrera.

El Día de la Educación Financiera es una iniciativa del Plan de Educación Financiera, impulsado por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es concienciar a los ciudadanos de la importancia de contar con un adecuado nivel de cultura financiera para afrontar las decisiones económicas a las que se enfrentarán en las diferentes etapas de la vida.

Este año la donación de los participantes en la carrera se destina al proyecto ‘Finanzas Inclusivas’, un recurso formativo online que tiene como objetivo mejorar la educación financiera inclusiva de las personas con discapacidad intelectual y personas con dificultades de aprendizaje.

La iniciativa ha contacto con el apoyo de Fundación Citi, se ha desarrollado con la participación de Fundación Aprocor, así como la colaboración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España (BdE) en el marco del Plan de Educación Financiera.

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado en líneas generales la sentencia dictada por la Audiencia Nacional sobre la pieza separada de la ‘Gürtel’ relativa a los contratos irregulares de AENA, firmados entre 2000 y 2002, con el grupo de empresas de Francisco Correa, para quien ha confirmado la pena de seis años de prisión –reducida en seis meses– y ha rebajado en casi 390.000 euros la multa impuesta.

En una sentencia de 196 folios, firmada este 28 de julio, la Sala de lo Penal ha acordado rebajar la condena de Correa –de seis años y nueve meses de cárcel a seis años y tres meses– y la multa –que pasa de 654.000 euros a 265.000 euros– tras apreciar un atenuante de dilaciones indebidas.

El tribunal ha estudiado el recurso presentado por el líder de la ‘Gúrtel’ en el que alegaba haber sufrido dilaciones indebidas durante el procedimiento. Según consta en la resolución, los magistrados han estimado parcialmente la impugnación tras reconocer que que la causa de AENA «no presenta una complejidad de investigación tan marcada como en otras piezas» de la trama. En este sentido, han asegurado que son «conscientes» del «importante tiempo transcurrido desde el inicio de las investigaciones».

En el marco de su recurso, Correa también defendió que durante la instrucción de la causa se vio afectado su derecho de confidencialidad en la relación abogado-cliente por la decisión del entonces juez instructor Baltasar Garzón de interceptar las comunicaciones de los letrados y los principales acusados.

El Supremo ha reconocido que «se produjo una importante transgresión del derecho de defensa», pero ha recordado que el exmagistrado fue apartado de su cargo. En este sentido, además, ha subrayado que «no puede proclamarse que cualquier restricción devenga incompatible con la validez del procedimiento en su conjunto». Por ello, ha estimado que «no procede acordar la nulidad de todo el proceso» en los términos reclamados por Correa.

Así, en la sentencia, la Sala ha confirmado la condena por delitos continuados de cohecho activo, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil y prevaricación. Además, se le comisa el beneficio que obtuvo como consecuencia de estos contratos, unos a 2,2 millones de euros.

PERSONAL DE AENA Y DE CORREA

En la resolución, que se ha dado a conocer este jueves, el Supremo también ha confirmado íntegramente las penas acordadas por la Audiencia Nacional para el ex director de Comunicación de AENA Ángel López de la Mota y su subordinado José María Gavari, quienes conocieron a Correa cuando trabajaban en la oficina de prensa del PP.

López de la Mota y Gavari fueron condenados a cinco años de cárcel con multas 95.000 y 168.000 euros, respectivamente, por cohecho pasivo, prevaricación, y fraude a las administraciones públicas.

El tribunal también ha mantenido la condena de prisión de tres años y tres meses para José Luis Izquierdo López, excontable del grupo de empresas de Correa. Pero ha acordado reducirle la multa de 654.000 euros a 131.750 euros por el delito de cohecho activo por el que fue condenado junto al de falsedad en documento mercantil.

AJUDICACIÓN IRREGULAR DE 22 CONTRATOS

El Supremo ha avalado la sentencia de la Audiencia Nacional al dar por probado que López de la Mota y Gavari pactaron con Correa «la adjudicación irregular de un total de 22 contratos de la entidad pública AENA para realizar eventos o participar en Ferias, todo ello a cambio de recibir dinero en efectivo o determinados servicios de carácter particular».

La Sala ha respaldado el fallo del tribunal de instancia en el que se concluía que los acusados «manipularon diversos procedimientos administrativos de adjudicación de contratos» del gestor aeroportuario para adjudicarlas a las empresas de la trama ‘Gürtel’ «por un precio superior al de mercado».

Según han precisado los magistrados, «las contrataciones, con márgenes de beneficio desproporcionados, permitieron un notable enriquecimiento de las empresas beneficiadas, recompensándose económicamente a Ángel López de la Mota y a José María Gavari (empleado de la entidad Centros Logísticos Aeroportuarios SA, participada al 100% por Aena), por facilitar las manipulaciones contractuales que posibilitaron el enriquecimiento de las empresas adjudicatarias».

Se trata de la tercera sentencia relativa a la trama de corrupción que respalda el Tribunal Supremo, tras las dictadas por la primera época de ‘Gürtel’ y Fitur Valencia.

El ex jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de procesarle por su presunta participación en ‘Kitchen’, alegando que su «rectitud» hacía «inverosímil» que sus otrora compañeros contaran con él para un operativo ilegal como el supuesto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

En un escrito, Martín Blas solicita a la Sala de lo Penal que revoque dicha decisión, librándole así de ser procesado por la ‘Operación Kitchen’, y reclama además que el magistrado Fernando Andreu no forme parte de la sección que vaya a estudiar el recurso debido a su «manifiesta amistad» con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, otro de los procesados en esta pieza separada de la macrocausa ‘Tándem’.

García-Castellón señala al ex jefe de Asuntos Internos como uno de los entonces mandos policiales que habrían participado en ‘Kitchen’ conociendo «los verdaderos objetivos» de la operación, esto es, espiar a Bárcenas y su familia para robarles la información sensible que pudieran guardar sobre el PP y sus dirigentes y evitar con ello que llegara al cauce judicial.

Martín Blas no solo niega que fuera así sino que esgrime que tanto Villarejo como los demás imputados «sabían de su rectitud», porque había «denunciado y perseguido con ahínco» sus presuntas actividades ilícitas, de modo que –afirma– «es inverosímil que contaran con él para una operación de carácter ilícito». «Siendo lo lógico lo contrario: que le ocultasen sus planes por temor a que ordenase a su unidad una investigación», añade.

Reprocha al juez instructor que no detalle los indicios que habría en su contra, sugiriendo a renglón seguido que García-Castellón se guiaría solamente por una «intuición», ya que –a su juicio– existen «contraindicios» que respaldarían su presunción de inocencia, entre los que menciona que «durante el desarrollo de la ‘Operación Kitchen’ se producen constantes presiones para que sea cesado» como jefe de Asuntos Internos.

PAGOS CON FONDOS RESERVADOS

El recurso rebate asimismo que Martín Blas diera dinero de los fondos reservados «sin control ni resguardo» a Villarejo para que éste a su vez pagara al entonces chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos, que según la investigación judicial fue captado como espía de la ‘Kichen’ cobrando unos 2.000 euros al mes.

Nuevamente, apunta a un «descomunal error» del magistrado para aseverar que no correspondía ni a Martín Blas ni a Asuntos Internos abonar «ningún fondo» a Villarejo. En este sentido, recalca que este último dependía «directamente» del entonces Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, de quien dice que retenía dinero para operaciones propias de la DAO.

Incide Martín Blas en que no hay ningún informe de Asuntos Internos que indique que en algún momento hiciera un uso irregular de los fondos reservados asignados a esta unidad policial, recalcando que antes y después de su paso por la misma se ha venido actuando del mismo modo: sin libros de contabilidad ni recibís. Por eso, acusa al juez de hacer «una aseveración absurda y gratuita sin respaldo indiciario de ningún tipo».

Refuta igualmente su participación en los seguimientos a Bárcenas y su entorno. «De ser cierto ese operativo», razona, «no podría desde luego entenderse que tiene este vinculación con la ‘Operación Kitchen’, tanto en cuanto ni se puede determinar cuándo ocurrió, ni en qué ubicación, ni cuál era su fin». No obstante, apostilla que, de haberse producido, serían responsabilidad del que fuera jefe de la Sección de Seguimientos Jesús Vicente Galán.

LA PALABRA DE VILLAREJO Y PINO

Con todo, Martín Blas entiende que su incriminación en esta pieza 7 de ‘Tándem’ se apoya únicamente en los testimonios de Pino y Villarejo, dos personas a las que no da credibilidad ninguna.

A Villarejo le acusa de tener una «notoria enemistad» con él porque Martín Blas le investigó junto a sus supuestos «cómplices», incluso trató de detenerlo, por sus supuestas actividades ilícitas, motivo por el cual –continúa– «esa misma trama criminal urdió todo tipo de conspiraciones y campañas de difamación (…) para aniquilarle profesional y personalmente».

En cuanto a Pino, defiende que su testimonio no es válido debido a su «acreditada animadversión» hacía él y a su «amistad» con Villarejo, así como a sus «declaraciones incongruentes» y a sus «problemas psicológicos».

Además de la escasa fiabilidad que le merecen la palabra de Pino y Villarejo, Martín Blas enuncia a lo largo de su recurso una serie de «contraindicios» que probarían que estaba al margen de ‘Kitchen’, entre ellos las entradas sobre el ex jefe de Asuntos Internos que hay en las agendas personales de Villarejo, «en las que este recogía de forma exhaustiva y diaria todas sus conversaciones y reuniones que mantenía con terceros», «amigos y enemigos».

El ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicado la «superación» propia del «espíritu fallero» tras las dificultades que comisiones y artistas han vivido durante la noche de la ‘plantà’ para poder tener listos sus monumentos en medio de una fuerte lluvia, que dejó más de 50 litros por metro cuadrado en València y provocó desperfectos en numerosas fallas.

«Cuando hay más situación de dificultad, más es grande es la respuesta. Y ha habido una respuesta enorme», ha asegurado. El ‘president’ ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a la Comisión Falla Ferroviaria Bailén de València para interesarse por los desperfectos en el monumento fallero.

«Las fallas, más allá de los monumentos, es ese espíritu común de fraternidad y de creatividad que, al final, es lo que genera convivencia», ha señalado Puig, quien ha definido las fiestas como «un enorme ejercicio de convivencia».

Así, ha alabado la labor de la Comisión Falla Ferroviaria Bailén durante el temporal y ha destacado su «gran sensibilidad social», al tratarse de un monumento asociado «a la inclusión, que es el atributo básico de una sociedad como la valenciana. Se ha demostrado esa capacidad, ese espíritu y fortaleza», ha añadido.

«NECESITAMOS QUEMAR ESTE MALSUEÑO»

Asimismo, Puig ha reivindicado la «corresponsabilidad enorme» demostrada por la sociedad valenciana durante esta pandemia gracias a la cual se ha «minimizado el efecto de la pandemia, que ha sido terrible». «Ahora necesitamos con las fallas quemar este mal sueño, esta pesadilla horrible que ha sido la pandemia», ha subrayado.

«Venimos arrastrando muchas desgracias y este año es más importante que nunca quemar las fallas para, de alguna manera, iniciar una primavera, aunque sea en otoño, de recuperación», ha añadido.

Por último, ha insistido en la necesidad de guardar la «máxima prudencia» durante estos días de actos falleros y ha urgido a «respetar todas las normas». «Que se hagan fiestas y se presenten los monumentos, pero con la máxima responsabilidad. Eso es fundamental».

Más de la cuarta parte de las entidades locales no cumple con la obligación de presentar anualmente sus balances al Tribunal de Cuentas, y esta institución insiste en la conveniencia de ‘castigar’ esa actitud reteniéndoles la financiación que les corresponde por tributos e impidiendo su acceso a ayudas públicas y subvenciones.

Así figura en el informe de fiscalización del sector público local correspondiente al año 2019, aprobado en el último pleno del Tribunal.

En 2019, un total de 15.580 entidades locales de España (ayuntamientos, diputaciones, cabildos empresas muncipales, etc), excluyendo las de Euskadi y Navarra, que tienen su propio régimen foral, estaban obligadas a presentar sus cuentas anuales antes del 22 de enero de 2021, ya que se les dio más plazo para compensar los meses de confinamiento de 2020 por el coronavirus.

Según indica el Tribunal, un 62% de esas entidades presentaron sus datos dentro del plazo legal de enero de 2021, un porcentaje que en abril de ese año llegaba al 73%. Por primera vez en años, la cifra es mejor a la del ejercicio anterior, que fue del 55 y del 71%, respectivamente, pero sigue suponiendo que más de una cuarta parte no cumple con su obligación de rendir cuentas.

Este aumento se aprecia especialmente en los cabildos y consejos insulares, que han pasado del 10% en 2018 a un 60% en el periodo fiscalizado, y en los ayuntamientos, cuyo porcentaje de rendición de cuentas ha crecido diez puntos, del 58% de 2018 al 68% de este último informe.

LOS PEORES DATOS, EN ANDALUCÍA Y MURCIA

Por comunidades autónomas, las entidades locales de Andalucía y Región de Murcia registraron los niveles de rendición más bajos a 7 de abril de 2021, con el 45% y el 52%, respectivamente.

En cambio, las que presentan los mayores niveles de rendición a la referida fecha son las entidades locales de la Comunidad Valenciana (con el 97%) y de las comunidades autónomas de Aragón (95%), Galicia (94%), Cataluña y Madrid (ambas con el 89%), teniendo todas ellas como característica común que en su normativa autonómica se prevé la prohibición de acceder a subvenciones o ayudas públicas a aquellas entidades locales que no se hallen al corriente en la rendición de cuentas.

Según señala el Tribunal, a 7 de abril de 2021, había ocho ayuntamientos con población superior a 100.000 habitantes, tres cabildos y consejos insulares y cinco diputaciones provinciales que no habían rendido las cuentas generales del ejercicio 2019. Y un poco después, al cierre de los trabajos de fiscalización, seguían sin rendir la cuenta general cinco ayuntamientos de dicho tramo de población, dos cabildos y consejos insulares y tres diputaciones.

Además, y en cuanto a la integridad y coherencia de los balances presentados, el 14% no integraba la totalidad de las cuentas anuales de dichas entidades instrumentales.

A partir de las validaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas se comprobó que un total de 38 entidades locales u organismos autónomos no habían remitido la información de tesorería y otros 88 ayuntamientos de más de 50.000 habitantes o entidades locales supramunicipales no habían adjuntado las preceptivas memorias justificativas del coste y rendimiento de los servicios públicos y del grado de cumplimiento de los objetivos programados.

En materia de contratación pública, las entidades locales incumplieron mayoritariamente la obligación de remitir en plazo las relaciones anuales de contratos formalizados, habiéndolas presentado el 32% dentro de la fecha límite prevista y otro 22% fuera de plazo.

En un total de 1.718 contratos comunicados en las relaciones anuales, con un importe global adjudicado de 1.941 millones de euros, se incumplió la obligación de remisión del extracto del expediente de contratación. Este incumplimiento se corresponde en su mayoría a contratos de servicios y de obras.

Así las cosas, en sus recomendaciones el Tribunal de Cuentas hace hincapié en que se proceda a la aplicación de la retención en los tributos del Estado a las entidades locales que incumplan la obligación de rendir las cuentas generales y que se promueva la iniciativa legislativa oportuna para establecer como requisito, para el acceso por las entidades locales a las subvenciones o ayudas públicas, estar al corriente en la rendición de cuentas.

EMPRESAS PÚBLICAS EN DISOLUCIÓN

En el informe se señala también que el 7% de empresas públicas locales que rindieron cuentas se encontraban en situación de disolución o sin actividad: un total de 126 empresas tenían un importe neto de la cifra de negocios igual a cero, el 67% de las cuales figuraban como activas, el 25% en disolución y el 8% como inactivas.

Pero, además, el 9% del total de empresas tenían patrimonio neto inferior a la mitad del capital social, encontrándose en causa legal de disolución si no procedían a su reequilibrio patrimonial.

El endeudamiento de las empresas públicas locales suponía el 35% del activo total en las sociedades mercantiles y el 36% en las entidades públicas empresariales.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha declarado ajustada a derecho la negativa de la Universidad de Alicante (UA) a eliminar de sus buscadores de búsqueda en Internet el nombre del secretario del juzgado que instruyó el procedimiento sumarísimo contra el poeta oriolano Miguel Hernández.

La sentencia, que puede ser recurrida en apelación, desestima la demanda por el llamado «derecho al olvido» que había presentado el hijo del aludido contra la resolución dictada el 29 de julio de 2019 por el rector de la institución académica, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El recurrente solicitaba que el repositorio digital de la UA no redirigiera a los internautas al artículo titulado ‘El Caso Diego San José y el Juez Humorista’ -escrito por un profesor universitario y que analiza el papel del Juzgado Especial de Prensa entre los años 1939 y 1943- al introducir los datos personales de su progenitor.

En este caso, el juez señala que la petición de la parte demandante es objeto de análisis desde el prisma de la protección de datos de carácter personal, «dejando fuera cuestiones tales como el derecho al honor de la persona citada las publicaciones, que no son materialmente objeto de la Jurisdicción contencioso administrativa, y que además requeriría la intervención personal del autor, cuando este proceso lo es contra una administración pública educativa (la UA), y no contra el autor de las obras objeto de publicación virtual», según la resolución.

Además, añade que este procedimiento se limita al artículo en concreto aunque el demandante ha intentado a lo largo del proceso ampliar su objeto a otras publicaciones localizadas donde también se cita a su padre fallecido, una pretensión que no ha sido admitida ya que el acto administrativo impugnado es ese texto y no otros que no fueron objeto de la petición inicial ni del recurso de alzada.

En todo caso, apunta a que el resultado práctico (y lo que dice respecto a este concreto artículo) «sería perfectamente extensible o extrapolable al resto».

INFORMACIÓN DE RELEVANCIA O INTERÉS PÚBLICO

El magistrado entiende que debe prevalecer «la libertad científica del investigador en un trabajo de investigación histórica, frente a la protección de los datos personales, cuando la información que contiene tiene relevancia o interés público» y añade que es «evidente» que «no podemos pedir a una universidad pública que ejerza una suerte de censura previa sobre la producción científica de su profesorado, porque ello supondría la reviviscencia de las formas de censura anteriores a la aprobación de la propia Constitución».

«Conocer el nombre de las personas que ejercieron autoridad y funciones públicas, como es el caso del juez y el secretario judicial, además de estar íntimamente relacionado con la finalidad misma del trabajo de investigación, resulta de interés público», concluye el juez.

La UA consideró que, en el período histórico investigado, las funciones desempeñadas por esa persona, actuando como secretario judicial, ejerciendo funciones públicas, tienen «interés público» y, además, esa función lo fue en ejercicio de la legalidad entonces aplicable.

SOBRE LA FALTA DE VERACIDAD

Sobre la alegación del demandante de falta de veracidad de las afirmaciones contenidas en el trabajo publicado, el magistrado señala que la jurisprudencia ha terminado por establecer «la mayor protección de la que goza la libertad científica respecto a la libertad de expresión e información, y la innecesariedad de que laveracidad responda a datos exactos, menos cuando se trata de un trabajo de investigación histórica, admitiéndose inexactitudes que respondan a errores circunstanciales que no afecten a la esencia delo informado».

El magistrado afirma que el recurrente tiene razón en la existencia de «alguna inexactitud» y expone que en la copia completa del procedimiento sumarísimo de urgencia número 21001 seguido contra el procesado Miguel Hernández, «claramente» se puede comprobar que ni el juez instructor ni quien actuó como secretario del mismo, ni ninguna otra de las personas que firman a lo largo del proceso «fueron quienes pidieron la condena a muerte» para el poeta.

En esta línea, añade que la intervención de este último «no fue otra que la de revisar una relación de periódicos publicados con anterioridad a la guerra civil donde apareciera cualquier referencia a los procesados» y remitir las referencias aparecidas en prensa sobre el proceso en el procedimiento sumarísimo. Sin embargo, subraya que se admiten jurisprudencialmente «errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado; más aún en un trabajo de investigación histórica, como es el que nos ocupa».

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que es «compatible» apoyar movilizaciones que pueda convocar la sociedad civil ante el alza del precio de la luz con su labor de gobierno en el Ejecutivo de coalición.

Además, ha asegurado que no piensa que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se refiera a su formación cuando aludió esta mañana durante una entrevista a «deslealtades» en relación al coste de la electricidad, sino más bien a planteamientos de la oposición.

Eso sí, ha dejado claro que la propuesta remitida al PSOE para limitar el precio de la energía nuclear y de la hidroeléctrica de cara a bajar la factura de la luz, es factible y acorde con el marco comunitario y de la propia situación del país, dado que el mercado ya está «intervenido» en lo referente a la generación de energía renovable.

1M Y EL 8M, EJEMPLOS DE MANIFESTACIONES APOYADAS POR PARTIDOS

Así lo ha trasladado en rueda de prensa sobre si compartía las declaraciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien ayer aseguró que entiende las movilizaciones ciudadanas contra la subida del precio de la luz y destacó las medidas adoptadas por el Ejecutivo para rebajar la tarifa eléctrica. «El Gobierno gobierna y lo que tenemos que hacer es tomar decisiones», ahondó Díaz.

Al respecto, el dirigente de la formación morada ha destacado que Díaz «acierta» con esas palabras y que las «dos cosas», gobernar y apoyar movilizaciones de la sociedad civil, son «compatibles».

De hecho, ha recalcado que una democracia es «más sana» cuanto 2″más movilizaciones hay» y que es una práctica habitual que partidos políticos apoyen manifestaciones.

Como ejemplo concreto, Echenique ha aludido a que el propio secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido a manifestaciones del 1 de mayo convocadas por los sindicatos, que plantean reivindicaciones sobre el mercado laboral. También ha citado el caso del 8M, a la que acuden los partidos políticos. «Y hacen bien», ha enfatizado.

Por tanto, ha desgranado que las movilizaciones es una manera habitual que tiene la sociedad civil de aportar a la política, y que al mismo tiempo los «gobiernos tienen que gobernar» y desplegar medidas, como cumplir con su «obligación» de «tocar los beneficios caídos del cielo» de las eléctricas.

También ha sido cuestionado por las palabras de Bolaños esta mañana, cuando ha dicho que el problema de la electricidad requiere «buscar alternativas viables, seguras y efectivas» y no «deslealtades», tras las críticas que está recibiendo la estrategia del Gobierno.

Sobre esta materia, el portavoz de Unidas Podemos ha destacado que conoce «muy bien» al ministro de Presidencia, con quien ha negociado cuestiones dentro de la coalición, y que ha escuchado atentamente la entrevista de Bolaños en la Cadena Ser. Por ello, ha inferido que el ministro no se refería con estas palabras a Unidas Podemos, sino a la postura que mantiene la oposición al Ejecutivo.

INTERVENIR MÁS EL MERCADO ES FACTIBLE

Eso sí, ha reivindicado que el planteamiento que hace su formación para aplicar medidas inmediatas para bajar la factura de la luz es «perfectamente compatible» con la normativa europea y el hecho que lo revela es que Francia aplica un precio fijo, de 42 euros, a la energía nuclear.

Pero también ha destacado que en España se establece un precio máximo para la energía fotovoltaica y eólica, lo que supone que el mercado español «ya está intervenido» en esta vertiente.

De esta forma, Echenique ha concluido que es difícil argumentar que no se puede hacer en el caso de la energía nuclear e hidroélectrica, cuando ya sucede con otras formas de generación.

El Govern de Cataluña ha celebrado este jueves que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya aceptado sus alegaciones para mantener cerrado el ocio nocturno en Cataluña y espera que se pueda abrir «lo antes posible, a medio plazo».

En declaraciones a los medios en la Conselleria de Interior, la secretaria general de la Conselleria de Salud, Meritxell Masó, ha recordado que los datos van a mejor, pero «a estas alturas todavía hay 350 personas en la UCI, la quinta ola no ha desaparecido».

Ha sostenido que con esta situación epidemiológica «no es conveniente abrir el ocio nocturno», y ha justificado la decisión del TSJC alegando que en la última reapertura hubo 59 rebrotes con 934 personas contagiadas.

«Es un sector muy perjudicado, somos conscientes del malestar del sector, lleva 18 meses cerrado, trabajamos día a día con el sector las decisiones de las resoluciones de la pandemia que son semanales, y cada semana se adapta la reapertura basándose en los datos epidemiológicos», ha añadido.

Por su parte, el secretario general de la Conselleria de Interior, Oriol Amorós, ha añadido que seguirán reforzando la colaboración con policías locales para prevenir y trabajar con el objetivo de evitar aglomeraciones de personas «siempre que no se cumplan las medidas de seguridad».

Ha recordado que desde el fin del toque de queda en Cataluña, se ha incrementado la vigilancia con 100 dotaciones de los Mossos d’Esquadra y un 25% durante las noches desde 2019.

FIESTAS MAYORES

Respecto a las fiestas mayores de Cataluña, Amorós ha señalado que la colaboración con los ayuntamientos «es buena» y que trabajan con el objetivo de evitar las aglomeraciones.

Ha asegurado que las próximas fiestas mayores, como La Mercè en Barcelona o las de Sabadell (Barcelona), «se tienen que hacer y celebrar, pero en condiciones», siempre siguiendo las medidas de seguridad para evitar la propagación del virus.

Familias numerosas y jóvenes. Este es el perfil medio de las 1.723 personas acogidas por España tras su evacuación de Afganistán, según ha informado este jueves el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una rueda de prensa en la que ha explicado la ‘Operación Antígona’, desplegada para recibir a los ciudadanos afganos tras la llegada del régimen talibán al país asiático.

Los datos facilitados por el ministro señalan que entre las más de 1.700 personas que se van a quedar en el país tras su salida de Afganistán hay 420 familias que, de media, cuentan con unos cinco miembros. La media de edad de los refugiados es de 22 años y, según ha apuntado Escrivá, un tercio de ellas es menor de 15 años.

En cuanto a sexo, la mayoría de las mujeres que han llegado a España desde el país asiático, un total de 726, son niñas: 281 del total son menores de 15 años.

A todos ellos, así como a los 428 que aterrizaron en la base aérea de Torrejón (Madrid) pero con otros destinos –UE, Estados Unidos y Portugal– fueron atendidos en el campamento provisional que la UME, ha destacado Escrivá, montó en unas 24 horas y que, además, tuvo que ser adaptado sobre la marcha. En un principio estaba preparado para 400 y, finalmente, se amplió a 800 con posibilidad de acoger hasta a 1.000.

En total, ha recordado el ministro, han sido más de 2.000 personas las que han pasado por Torrejón: 1.645 ‘reclamadas’ por España; 335 a petición de las UE, aunque 25 se quedarán en España también por formar parte de la cuota correspondiente al país; 132 del contingente estadounidense; 50 de la OTAN que también se quedan en el país; y otros 19 que han sido trasladados a Portugal.

UNA MEDIA DE 45 HORAS EN TORREJÓN

En la rueda de prensa, Escrivá ha agradecido la labor de la UME y las ONG que han colaborado con su departamento en toda esta operación y ha puesto en valor, además, la coordinación entre los ministerios que tenían competencias en la misma: Sanidad, Exteriores, Interior, Defensa y Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Gracias a este trabajo, ha indicado se ha podido mejorar el «ambicioso» plan que tenía el Gobierno para reducir al máximo el tiempo que los refugiados iban a estar en el campamento de Torrejón. Al final, ha declarado el ministro, la media de estancia de los evacuados que se han quedado en España ha sido de 45 horas y en el caso de otros contingentes 67 horas.

Esta coordinación y esta reducción en las horas, ha indicado Escrivá, «es lo que ha permitido absorber a tantas personas» y que el aeropuerto español haya podido convertirse en ‘hub’ en esta situación.

En cuanto a los que han solicitado protección en España, el responsable de Inclusión ha explicado que han sido atendido por 71 funcionarios de su Ministerio, encargados, junto a Cruz Roja, de realizar las entrevistas personales que, ha apuntado Escrivá, son «fundamentales» para determinar la derivación al sistema de acogida. En total, ha indicado Escrivá, los funcionarios han realizado hasta 1.500 horas de estas entrevistas.

SOLO CANARIAS NO HA RECIBIDO REFUGIADOS

La información obtenida de estos contactos ha permitido la inclusión en el sistema de más de 1.700 personas y unas 320 familias, según datos de Migraciones. Todas ellas han sido trasladadas a recursos de la red estatal.

De ellas, 249 personas están en recursos de Castilla y León, 208 en los de Cataluña, 188 en Andalucía, 179 en Aragón, 167 en la Comunidad de Madrid, 99 en Galicia y 96 en Asturias. En País Vasco y Comunidad Valenciana se han acogido a 85 personas en cada una, y en Castilla-La Mancha y Murcia 68, también en cada una de ellas.

Cantabria con 43 personas acogidas, Baleares con 33, La Rioja con 25 y Extremadura, con 18, completan este reparto. El Gobierno no ha enviado a nadie a los recursos en Canarias ya que, como ha explicado Escrivá, esta comunidad ya tiene «mucha tralla» con la inmigración.

SISTEMA DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN

Esta derivación se ha realizado en base a tres criterios, según ha apuntado el ministro: la disponibilidad de plazas, las entrevistas personales realizadas por los expertos –que pueden determinar la vulnerabilidad de los refugiados– y las redes familiares cercanas. En este caso, sin embargo, Escrivá ha explicado que este último punto no ha sudo relevante porque «no hay muchos afganos en España».

Una vez en los recursos de acogida estatales, los refugiados pasarán por dos fases. Una primera de «acogida», que dura entre seis y nueve meses desde su llegada, en la que se hace un acompañamiento integral de estas personas; y una segunda de «preparación a la autonomía», en la que reciben ayudas y apoyo para su integración.

Aquí se trabaja con «con itinerarios de integración individualizados, que se evalúan y adaptan al beneficiario» y que se traducen en una serie de prestaciones como alojamiento y manutención, información y orientación social, intervención social, ayudas económicas, asistencia jurídica, asistencia psicológica, traducción e interpretación y orientación y formación para el empleo.

Sobre la escolarización de los menores llegados a España, Escrivá ha indicado que se está trabajando con los ayuntamientos para agilizar el trámite y se reforzará con los centros el aprendizaje del lenguaje de estos niños.

En este sentido, el ministro ha explicado que la juventud de la mayoría de refugiados es una buena noticia de cara a esta integración ya que, según ha explicado, los más jóvenes tienen una «capacidad superior» para ello.

«REFORZAR EL SISTEMA»

A pesar de que el ministro se ha felicitado de cómo se ha realizado todo este procedimiento, que ha permitido acoger a más de 1.700 personas en diez días cuando, ha explicado, el Ministerio hace en un año (según datos de 2019) unas 1.300 acogidas, Escrivá también ha reconocido la necesidad de «reforzar el sistema».

En concreto ha señalado la necesidad de mejorar el «patrocinio comunitario». Se trata de convenios entre el Estado y ayuntamientos, autonomías o administraciones territoriales que se van a involucrar en el proceso de acogida, así como ONG y otras organizaciones, con el objetivo de crear una ‘comunidad’ y derivar a personas con protección internacional de la red estatal a otros recursos que estas administraciones y organizaciones tengan.

Con este convenio, los nuevos responsables de los refugiados deben cumplir unas condiciones que establezca el Estado y que, en este caso, serían las mismas que se aplican en los centros estatales.

La Fiscalía Superior de Andalucía ha trasladado a la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, el dictamen favorable a la orden de la Consejería de Salud y Familias del 18 de agosto por la que se acuerda establecer pruebas PDIA semanales al personal sanitario no vacunado, así como las personas trabajadoras en los centros socio sanitarios residenciales y no residenciales de mayores y grandes dependientes, al igual que al personal del servicio de ayuda a domicilio.

Con este informe, la Fiscalía de Andalucía no acepta la demanda de la asociación Liberum contra esta orden de la Consejería de Salud y Familias por considerar que limita derechos fundamentales.

El dictamen de la Fiscalía señala que existe una normativa habilitante que autoriza a la administración sanitaria a dictar normas que contengan medidas en la lucha contra la pandemia y considera que ésta «soporta el juicio de proporcionalidad exigible».

«Son medidas necesarias para la obtención del fin perseguido y moderadas a la situación actual hasta el punto de que, frente a la vacunación obligatoria, la vacunación obligatoria indirecta o la pruebas PDIA, la orden opta por la menos invasiva con la pruebas PDIA para el personal que trabaja con un sector especialmente vulnerable».

Del mismo modo, subraya que «esta medida concilia la libertad de los empleados, plasmada en la decisión personal de vacunarse o no vacunarse, con la vigilancia escrupulosa de las consecuencias que depare a terceros su libre decisión que libremente adoptan no ha de perjudicar a terceros y menos a un colectivo especialmente vulnerable, dada la evidencia científica de la facilidad de transmisión».

También recoge el dictamen de la Fiscalía que las medidas son ponderas y equilibradas por derivarse de ellas más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto «ya que con las medidas se persigue la garantía de la salud pública y la salvaguarda de los derechos a la protección a la salud y a la vida que corresponden a personas vulnerables como al personal sanitario o socio sanitario que presta servicios en dichos centros».

LA JUNTA RECURRE AL SUPREMO

Por su parte, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha señalado que el Gobierno andaluz ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) la resolución del TSJA que suspende cautelarmente la medida acordada por la Junta para imponer la realización de pruebas diagnósticas periódicas a todos los trabajadores de residencias de mayores y en centros sanitarios y sociosanitarios.

Aguirre ha lamentado que el TSJA le «va cortando las alas» a la Junta de Andalucía en su lucha contra la persistencia del Covid-19 en las residencias, pues, ante la negativa a vacunarse de algunos trabajadores, Salud pretendió la vacunación obligatoria de estos empleados, lo cual ha rechazado el alto tribunal andaluz, y después el que, al menos, se les puedan hacer «PCR dos veces en semana», lo que también ha sido rechazado por el TSJA.

Por esta razón, la Junta ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo (TS) dichas resoluciones, ya que, según manifiesta Aguirre, «quitan las armas» a Salud para combatir al coronavirus en las residencias, lo cual se debe también, según ha argumentado, a que «no hay una Ley de Salud Pública, a que no ha habido un cambio legislativo» para adaptarse a la pandemia, «y eso es achacable al Gobierno central», ha dicho.