El portavoz del GPVOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que «si se convocaran elecciones pronto» en Andalucía «sería muy bueno para los andaluces y para España» y ha indicado que la formación «ha adquirido una madurez política en estos tres años que nos posiciona en un momento inmejorable para formar parte de gobiernos en toda España», destacando la región andaluza.

En este sentido, en declaraciones a los periodistas en Málaga, Espinosa de los Monteros ha recordado que Andalucía «fue nuestra punta de lanza, donde primero llegamos y es donde mayor madurez política se ha adquirido», aunque ha considerado que el valor de la formación «es hoy muy superior al que se le está reconociendo» por parte del PP-A, algo que sí reconocen los ciudadanos.

Por eso, ha considerado que «en las próximas elecciones andaluzas, que serán a no mucho tardar, vamos a ver un terremoto en cuanto a la evolución de Vox», mientras otros partidos «terminarán desapareciendo del Parlamento andaluz», cuya composición actual, ha dicho, «refleja una fotografía muy antigua, de algo que ha cambiado sustancialmente» en cuanto a la relación de fuerzas.

«Hay algunos partidos que son prácticamente inexistentes en la realidad de la calle hoy en día, lo hemos visto en las elecciones del conjunto de España», ha aseverado, apuntado que «a los que todavía están ahí, amarrándose a un puesto que no van a poder renovar en el futuro, les interesa bloquear la renovación de las instituciones andaluzas».

El portavoz del GPVOX ha manifestado que la formación «tiene hoy una fuerza muy superior a la que teníamos hace tres años, cuando concurrimos por primera vez en Andalucía, que fue el sitio que nos dio entrada a la política por primera vez en España, por lo que ha reiterado que cuando haya elecciones «vamos a ver un rediseño de los equilibrios que será muy bueno para los andaluces y para España».

Así, ha asegurado que el equipo de Vox en Andalucía «es de primera categoría, está compuesto por personas de diferentes sectores y tengo una enorme confianza en su capacidad de gestión que está más madura que otros partidos que llevan mucho años para tomar las riendas de la gestión de un gobierno como el andaluz y en el resto de España».

PRESUPUESTOS ANDALUCES

En cuanto a los presupuestos andaluces para el próximo año, ha dicho que se pueden dar tres escenarios, entre ellos que se prorroguen los de 2021, recordando que Vox ha aprobado todas las cuentas regionales anteriores desde 2019.

Así, ha indicado que otra de las posibilidades es que «si el Gobierno andaluz pretende que los apoyemos, lo puede lograr si tiene en cuenta las demandas de Vox, si en lo que quede de gobierno se ponen en marcha de una vez los acuerdos firmado y si dentro de una normal y legal negociación incorporan nuestras exigencias».

Espinosa de los Monteros ha incidido en que «si quieren que volvamos a aprobar los de 2022 van a tener que negociar y tomar conciencia de que dependen de Vox aquí y en tantos otros sitios de España, todavía en un nivel inferior a lo que será en un futuro».

No obstante, ha señalado que el escenario «que parece más probable» es que el PP «decida apoyarse en el PSOE», apuntando que «muchos políticos del PP tiene más en común con los del Partido Socialista que con las ideas de Vox».

«De esto se ha estado hablando este verano, el señor Espadas ya se ha ofrecido, creo que hay muy buena conexión entre PP y PSOE y es muy posible que se produzca», ha dicho, aunque ha apuntado que los ‘populares’ «se han dado cuenta de que quizás eso no les convenga y han empezado a rectificar».

En cuanto a Málaga, ha indicado que es una provincia con un «enorme potencial», tras reunirse con representantes de distintos sectores; apuntando que «debería ser uno de los polos de creación de riqueza de Andalucía y del conjunto de España». Así, ha indicado que Vox tiene un proyecto «ambicioso y reformista» y en un lugar como Málaga «tendrá un enorme éxito».

La Policía Nacional ha detenido en Granada a dos hombres de 37 y 42 años y nacionalidad española tras supuestamente haber difundido a través de las redes sociales fotos y vídeos de contenido sexual de una amiga sin su consentimiento expreso, hechos por los que ya han sido puestos a disposición judicial.

La investigación comenzó a raíz de que la víctima, una mujer de 32 años, denunciara a mediados de agosto que, tras haber enviado fotos y vídeos de carácter íntimo de manera libre y voluntaria a un amigo suyo, recibió unos meses más tarde una serie de mensajes que le hicieron pensar que habían sido difundidos.

Entre las personas que contactaron con la víctima a través de las redes sociales o por mensajería instantánea se encontraba su expareja, el cual le dirigió palabras denigrantes a la vez que le informaba de que muchas personas en el barrio habían visto las imágenes.

Durante el transcurso de la investigación se logró identificar al amigo de la víctima y primer receptor del material en cuestión, un hombre de 37 años que habría sido el primer difusor de estos archivos entre su grupo de amistades. Por este motivo se le atribuye un supuesto delito de revelación de secretos, ya que no contaba con la autorización expresa de la víctima.

COACCIONADA PARA MANTENER RELACIONES SEXUALES

El segundo de los detenidos, un varón de 42 años y amigo de la expareja de la víctima, envió a la mujer varios mensajes a través de una conocida red social informándola de haber visto los vídeos y solicitándole su número de teléfono. Una vez que contactó con ella le solicitó mantener relaciones sexuales pero ella se negó en múltiples ocasiones.

El detenido realizó numerosas llamadas telefónicas que fueron rechazadas por la víctima hasta que unos días más tarde recibió una en la que de manera expresa le amenazaba con la difusión de los vídeos para que los viera todo el mundo si no atendía sus requerimientos de mantener relaciones sexuales.

Esta persona ha sido imputada, además de por una presunta revelación de secretos, por un presunto delito de coacciones. Los dos varones han quedado en libertad con cargos y pendientes de su comparecencia en juicio cuando sean citados por la autoridad judicial.

La vicepresidenta de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Alta, la senadora riojana Ana Lourdes González, ha anunciado que el Partido Popular ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez, a través de una moción en el Senado, que agilice el proceso para la aprobación y puesta en marcha del baremo para la obtención del grado de discapacidad que el Gobierno del PP dejó listo en 2017 y consensuado con las organizaciones.

González subraya la necesidad de su puesta en marcha «para que las personas tengan una valoración adecuada de su discapacidad, que les permita acceder a los derechos y beneficios que implica y que tratan de compensar la falta de igualdad de oportunidades y el sobrecoste de tener una discapacidad».

Para el Partido Popular, el actual baremo «se ha quedado obsoleto y los criterios que utiliza para valorar la discapacidad se han quedado desfasados. Además, hay situaciones y condiciones que no están siendo reconocidas y que afectan, sobre todo, a la discapacidad orgánica».

El nuevo baremo, adaptado al modelo social de derechos humanos, contempla la interacción de cada persona con su entorno y la prestación de apoyos personalizados. De igual modo, el baremo que rige actualmente «se centra en el individuo y sus limitaciones, sin considerar los efectos e interrelaciones entre el entorno social y la realidad biológica».

La senadora riojana recuerda que el Partido Popular inició los trabajos con el sector de la Discapacidad, consiguiendo consensuar, en 2017, entre las organizaciones de la discapacidad articuladas en torno al CERMI, con el Gobierno y las comunidades autónomas, un nuevo baremo adaptado a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

«Un baremo que incorpora mejoras para el reconocimiento de situaciones vinculadas a la discapacidad orgánica, pero, a día de hoy todavía no se ha implementado», censura González.

No obtener el certificado de discapacidad se traduce en falta de adaptación curricular en la educación, dificultades de acceso y mantenimiento del empleo, no poder acceder a plazas específicas para personas con discapacidad en las oposiciones, dificultades para acceder a ciertas prestaciones económicas, pérdida de amistades y relaciones por la dificultad de relacionarse con el entorno y la aparición de otro tipo de patologías por el no reconocimiento de ciertos síntomas provocados por patologías no incluidas en el baremo.

El Rey Felipe VI ha recibido este mediodía a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, un encuentro que coincide con nuevas informaciones que apuntan a que su padre, Juan Carlos I, podría haber cometido varios delitos «por intermediación en negocios empresariales internacionales».

La reunión figuraba de antemano en la agenda oficial de Don Felipe y el motivo de la misma no era otro que la entrega al jefe del Estado por parte de Delgado de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado.

Según ha indicado este organismo en un comunicado, Delgado ha explicado al Rey los aspectos más relevantes del contenido de la Memoria, que se presentará el próximo lulnes durante el acto de Apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo, que presidirá Don Felipe.

Además, Delgado ha presentado al Rey el libro conmemorativo ’40 años del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Al servicio de la sociedad’ en el que han colaborado representantes de las más altas instituciones del Estado y del ámbito de la Justicia con motivo de dicho aniversario.

Horas antes del encuentro, el diario ‘El Mundo’ ha desvelado que la Fiscalía del Tribunal Supremo cree que el Rey emérito cobró «comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales» para amasar su fortuna.

El periódico ha tenido acceso en exclusiva a una comisión rogatoria librada a las autoridades suizas para obtener información sobre la Fundación Zagatka. En ella, la Fiscalía señala que dispone de «elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación tienen, entre otras, la referida procedencia ilícita» y apunta a la posible comisión de al menos cuatro delitos: blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.

SILENCIO DE CASA REAL

Zarzuela ha mantenido en todo momento silencio en torno a las distintas investigaciones en curso contra el padre del Rey, así como respecto a las dos regularizaciones fiscales que este ha acometido en el último año.

El teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, con la colaboración del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, lleva a cabo unas diligencias de investigación en torno al Rey emérito por el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; por el presunto uso por parte de Don Juan Carlos y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y por la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Ante estos hechos, el antiguo monarca ha hecho dos regularizaciones fiscales. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los tres asuntos investigados. Y una segunda –en teoría la última– el 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.

Precisamente, en su comisión rogatoria del 24 de febrero la Fiscalía solicita a la Oficina Federal de Justicia de Suiza que le remita la información de todas las cuentas en el país entre los ejercicios 2016 y 2019 de la Fundación Zagatka, entidad que pertenece a Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano del emérito.

Desde esta fundación se habrían abonado gastos del antiguo monarca hasta 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en que Juan Carlos I perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado.

En marzo de 2020, Casa Real desveló que el Rey y la Princesa de Asturias procedieron a una declaración ante notario el 12 de abril de 2019 en la que renunciaban a cualquier herencia que pudiera legarles Don Juan Carlos, tras conocer que ambos figuraban como segundo y tercer beneficiarios de la Fundación Lucum, creada en 2008 por el entonces monarca para ocultar la donación de 100 millones de dólares que le habría hecho Arabia Saudí.

Además, Zarzuela aclaró que Don Felipe desconocía «por completo» que fuera beneficiario de la Fundación Zagatka. En dicho comunicado se incluyó un mensaje de Don Juan Carlos, aclarando que este en ningún momento «facilitó información» sobre las dos fundaciones a su hijo.

La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa ha pedido a la Comisión Europea que sea «muy clara» sobre «la peligrosa deriva del gobierno español y de su deseo confesado de interferencia sobre el poder judicial» tras las declaraciones del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

En una misiva, remitida este viernes al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, la eurodiputada de la formación ‘naranja’ le ha solicitado que detenga una posible reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante «las ansias de control de ciertos partidos políticos sobre el sistema judicial».

«Hoy me veo en la obligación de comunicarle que el ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha manifestado que «en un Estado de derecho, en una democracia con nuestra Constitución, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos, a todos nos eligen los ciudadanos porque son poderes del Estado», ha señalado en su carta.

La eurodiputada ha insistido en que las declaraciones de Bolaños son de «especial gravedad» y ha asegurado que «esa intromisión partidaria en el gobierno de los jueces lleva décadas implantada, en contra del espíritu de nuestra Constitución y de las propias reglas de la Unión Europea».

«Confío nuevamente en que pueda detener una reforma que refleja las ansias de control de ciertos partidos políticos sobre el sistema judicial, sin tener en cuenta que la separación de poderes es nuestro mejor sistema defensivo, como democracia, frente a los abusos del poder político y sus arbitrariedades partidarias», ha indicado.

En el marco de su misiva, ha remarcado las conclusiones del informe anual sobre el Estado de Derecho que, a su juicio, es «un instrumento útil y necesario para exigir con la mayor claridad la necesidad de que el gobierno cumpla lo que la Comisión Europea, la Comisión de Venecia y la propia Constitución española indican».

Pagazaurtundúa ya escribió el pasado abril al comisario, cuando 2.500 jueces se movilizaron contra la reforma que planteó el Ejecutivo para elegir el CGPJ, para pedirle que estuviera pendiente de los «problemas de renovación» del Poder Judicial español.

La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet, participará la próxima semana en la Quinta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamento, que tendrá lugar en Viena (Austria) los días 7 y 8 de septiembre y cuyo eje central será «Los parlamentos movilizados por un multilateralismo más eficaz que aporte paz y desarrollo sostenible a los pueblos y al planeta».

Esta conferencia, organizada conjuntamente por la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Parlamento de Austria, en cooperación con las Naciones Unidas, reunirá a más de 110 presidentes de parlamentos de todo el mundo con el objetivo de reforzar la dimensión parlamentaria de la gobernanza mundial.

Este encuentro estará precedido por la Decimotercera Cumbre de Mujeres Presidentas de Parlamento el 6 de septiembre, en la que la presidenta del Congreso intervendrá en la primera mesa de debate, que analizará el papel de las mujeres frente a la pandemia y las recetas para una recuperación con perspectiva de género.

CUMBRE DE MUJERES PRESIDENTAS

En esta mesa de debate participarán también la presidenta del Senado de Rumanía, Anca Dana, y la presidenta de la Oficina de Mujeres de la UIP y miembro del Parlamento de Ucrania, Lesia Vasylenko, que analizarán la protección social de las mujeres en el mundo y el objetivo de sistemas de protección social universales y sensibles al género.

Ya el martes, día 7, el presidente de la Unión Interparlamentaria (UIP), Duarte Pacheco, inaugurará la Conferencia Mundial junto a Wolfgang Sobotka, presidente del Consejo Nacional Austríaco; Peter Raggl, presidente del Consejo Federal Austríaco; Tone Wilhelmsen Tr*en, presidenta del Storting noruego (que informará sobre las conclusiones de la Cumbre de Mujeres Presidentas) y Abdulla Shahid, 76.º presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas.

Meritxell Batet intervendrá el martes en el segundo panel de debate, que comienza a las 14.30h, y que versará sobre las propuestas para mitigar el impacto de la pandemia de COVID.

La Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamento se celebra cada cinco años y su objetivo es reforzar la dimensión parlamentaria de la gobernanza mundial. Los Presidentes de Parlamento se centrarán en las prioridades que requieren con urgencia una acción parlamentaria internacional, incluida la respuesta mundial a la pandemia y la recuperación económica, la emergencia climática, la lucha contra la desinformación, la participación de los jóvenes en la política y la igualdad de género.

Aprovechando su estancia en Viena, Batet se reunirá el lunes con el presidente de la Unión Interparlamentaria (UIP), Duarte Pacheco, y con el secretario general, Martin Chungong. Además, a lo largo de las dos jornadas de la conferencia mantendrá otros encuentros bilaterales con algunos de sus homólogos presente.

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha acusado a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de querer «calentar la Diada» tras la concesión de la Medalla de Honor de la institución de este año a las personas relacionadas con el 1-O.

En rueda de prensa en el Parlament este viernes, ha lamentado que la Cámara decida conceder la medalla «a los que participaron en las algaradas y revueltas del 1-O, llamándolos víctimas de la represión», cuando a su juicio lo son los constitucionalistas, y se ha referido a las pintadas que ha recibido este viernes la sede de Cs en Cornellà (Barcelona).

«Se están planteando condecorar a aquellos que cometieron delitos de malversación, sedición, falsedad documental y delitos de lesiones. Delitos que parece que no avergüenzan a los radicales que nos gobiernan, sino que les enorgullecen», y ha lamentado que la medalla se quiera depositar en el Museu d’Història de Cataluña (MHC).

Ha reprochado que el año pasado, en cambio, se concedió esta Medalla por unanimidad a los sanitarios y lo relaciona con el hecho de que entonces Cs estaba en la Mesa del Parlament: «Estas cosas no ocurrían, ahora pasan ante la pasividad del PSC, que está siempre mirando hacia otro lado, no vaya a ser que moleste a sus socios», y les ha acusado de no actuar como verdaderos líderes de la oposición.

Preguntado por las comisiones internacionales que sostiene la Fiscalía que cobró el Rey emérito, Carrizosa ha dicho que reprueba estas presuntas conductas y que «de existir serían gravísimas», y dice que se enorgullece de que Fiscalía tome cartas en el asunto e investigue.

PUIGDEMONT

Carrizosa ha anunciado que Cs iniciará contactos con otros grupos parlamentarios para obtener los apoyos necesarios y pedir en el Parlament la creación de una comisión de investigación sobre las informaciones que presuntamente relacionan al entorno del expresidente Carles Puigdemont con servicios de inteligencia rusos.

Ha asegurado que Cs se pondrá en contacto con el PSC, PP y Vox para tener ese consenso: «Queremos saber si el nacionalismo catalán y sus dirigentes han propiciado estos contactos como se está informando».

La Policía Nacional ha detenido en Jaén a una séptima persona por su presunta implicación en la agresión física y verbal que sufrió un hombre de 51 años el pasado julio y que supuestamente estuvo ocasionada por la condición sexual de la víctima. Se trata de un hombre de 33 años y supuesto líder del grupo.

Tras los primeros seis arrestos de jóvenes con edades comprendidas entre los 26 y 32 años, las investigaciones de los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV-Personas) continuaron hasta la detención del séptimo joven.

Este «no dudó en ponerse en contacto con la víctima para amenazarle después de que los medios de comunicación se hicieron eco del hecho delictivo», según ha informado este viernes el citado cuerpo.

La víctima había salido presuntamente de su domicilio para comprar hielo, topándose con un joven que lo dirigió hasta el grupo de los arrestados. Estos, al verlo, le increparon con frases soeces, diciéndole que no le querían a su lado con su condición sexual, según relató en su denuncia el hombre, que padecía problemas de espalda que, tras la agresión sufrida, podría complicar su condición física.

Después de las primeras seis detenciones, de las que se dio cuenta a finales de agosto, los investigadores continuaron con sus pesquisas. Sabían que existía una séptima persona que, presuntamente había participado muy activamente en la agresión y vejación, existiendo un video grabado por uno de los arrestados.

Al saber que la policía le estaba investigando, hizo un par de visitas a la víctima y testigo. Esta séptima persona, supuestamente participó activamente, siendo el líder del grupo y uno de los autores materiales que arrojó a la víctima a la fuente. Sin embargo, tanto la víctima como el testigo no quisieron decir nada ni reconocerlo a los investigadores por miedo.

Al parecer, debido al eco de la noticia que había sido trasmitida por los medios de comunicación, el detenido se había personado en el domicilio de ambos amenazándolos para que guardaran silencio.

Los agentes consiguieron identificar al supuesto líder del grupo que permanecía en libertad. Se trataba de un joven de 33 años, delincuente habitual, «conocidísimo en comisaría después de haber sido detenido en 43 ocasiones».

De esta forma, se elevan a siete los detenidos como presuntos autores de la agresión vejación, y amenazas que un hombre sufrió «por el solo hecho de tener una condición sexual diferente a los presuntos autores», según ha señalado la policía, desde la que se ha añadido que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha considerado «un poco sorprendente» que algunas formaciones intenten «hacer política» con el operativo español en Afganistán y no se valore, según ha dicho, el papel que han desarrollado las Fuerzas Armadas en dicho país «poniendo en riesgo su vida».

Así, tras incidir en que ella quiere «poner en valor» la «generosidad» de las Fuerzas Armadas, los policías, los diplomáticos, las ong en Afganistán, ha considerado que «quien en política no sea capaz de tener esa generosidad de saber que España es un gran país y de que se está actuando así debería plantearse qué es lo que busca y qué es lo que quiere hacer en política».

«Desde luego nosotros lo que queremos es servir a los ciudadanos y sobre todo sentirnos muy orgullosos de España, porque España y sus Fuerzas Armadas y todos los que han trabajado han dejado el pabellón muy alto en Afganistán», ha subrayado durante una visita este viernes a la Brigada Extremadura XI, en la Base General Menacho de Bótoa (Badajoz).

En este sentido, Robles ha explicado que en una reunión de ministros de Defensa de la Unión Europea a la que acudió recibió «el agradecimiento de la inmensa mayoría de los ministros de Defensa, algunos porque les evacuamos personalmente a gente que estaba allí, también por la recepción que hicieron los afganos». «Esa es la España que queremos, la España que se siente orgullosa de los españoles. El resto de la gente tendrán que saber lo que están haciendo», ha espetado Robles, quien ha rechazado «entrar en más debates».

LABOR DE LAS FUERZAS ARMADAS

De este modo, durante su visita a la Brigada Extremadura XI en la Base General Menacho de Bótoa (Badajoz), para poner «en valor» el trabajo que ésta realiza y rendirle por que ello «un pequeño homenaje», ha defendido que éste «también es un homenaje a todas las Fuerzas Armadas españolas y es un homenaje muy en particular a todos los hombres y mujeres que también han estado en Afganistán poniendo en riesgo su vida».

«Ésa es la gran España y sencillamente hacer política con eso me resulta un poco sorprendente. Yo quiero una política que tenga que criticar cuando tenga que criticar pero que se sienta orgullosa de España y que se sienta orgullosa de sus Fuerzas Armadas», ha espetado Robles a preguntas de los medios sobre la reclamación de la oposición de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el Parlamento para informar sobre el operativo en Afganistán.

«Tenemos un gran país, un país generoso, un país que es capaz de dar su vida, un país que lo hemos visto estos últimos días ha hecho gracias fundamentalmente al trabajo de las Fuerzas Armadas un trabajo excepcional en Afganistán salvando muchísimas vidas. Yo creo que de eso es lo que nos tenemos que sentir más orgullosos, y yo en particular como ministra de Defensa especialmente orgullosa de sus Fuerzas Armadas», ha espetado.

En esta línea, ha recalcado que «España es un gran país» que tiene «unas Fuerzas Armadas que se han jugado la vida en Afganistán para intentar sacar al mayor número posible de personas», así como «a unos diplomáticos, unos policías, unas ongs, un personal de Cruz Roja que han ayudado a los afganos que han venido», y que por tanto a su juicio «lo que hay que hacer es sentirse orgullosa de España, lo que hay que hacer es sentirse orgulloso de las Fuerzas Armadas».

«Y yo sé, me consta que la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles están con sus Fuerzas Armadas y están con esos ciudadanos afganos que están aquí en España. Eso es lo único verdaderamente importante», ha recalcado la ministra, quien ha defendido que «la política con mayúsculas es ayudar a los ciudadanos, es hacer cosas por los demás, tener la generosidad de reconocer que se ha hecho un esfuerzo», ha ahondado.

Así, tras incidir en que ella quiere «poner en valor» esa «generosidad» de las Fuerzas Armadas, los policías, los diplomáticos, las ong en Afganistán, ha considerado que «quien en política no sea capaz de tener esa generosidad de saber que España es un gran país y de que se está actuando así debería plantearse qué es lo que busca y qué es lo que quiere hacer en política».

La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha convocado este sábado una concentración frente al Congreso de los Diputados para exigir que finalice la temporalidad en las Fuerzas Armadas y la aprobación de una ley única de la carrera militar.

La protesta, que cuenta con el apoyo de Vox y Ciudadanos, reivindica bajo el lema ‘La defensa de España no es temporal’ que se acabe con la salida de los militares temporales de las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años.

Se trata de una reivindicación histórica de los militares de tropa y marinería, que una vez superados los primeros cinco años de servicio firman un contrato por el que a los 45 años termina su vinculación con las Fuerzas Armadas, a no ser que asciendan u obtengan una plaza de permanencia.

La UMT ya ha sumado el apoyo de Vox y Ciudadanos, con quienes se ha reunido durante los últimos días. «Estaremos frente al Congreso apoyando una vez más a nuestras Fuerzas Armadas en sus justas reivindicaciones. Seguiremos luchando por sus derechos en las instituciones y en la calle», ha anunciado Vox, cuya secretaria general en el Congreso, Macarena Olona, ya ha anunciado que acudirá.

También habrá en la concentración miembros de Ciudadanos, cuya presidenta, Inés Arrimadas, se ha reunido este viernes con representantes de la UME para trasladarles su apoyo en defensa de los «derechos» de los militares.

Arrimadas ha subrayado la necesidad de mejorar muchas condiciones de los miembros de las Fuerzas Armadas, como la temporalidad, sus retribuciones o las medidas de conciliación. «Dan todo por su país y tienen condiciones lamentables», ha denunciado la líder de Cs.

La salida de los militares a los 45 años ha sido objeto de numerosos debates en el Congreso de los Diputados. Tras meses de estudio, la Comisión de Defensa aprobó la pasada legislatura un dictamen que incluía una serie de propuestas para mejorar su formación y salidas laborales.

Además, tanto Vox como Cs han presentado diversas iniciativas en defensa de una ley única de la carrera militar, que han sido rechazadas por PSOE y PP. Tanto socialistas y ‘populares’ defienden la necesidad de que no crezca la edad media de los Ejércitos y la Armada, aunque asumen la necesidad de abordar mejoras que faciliten su inserción en el mercado laboral civil.

En cualquier caso, las asociaciones militares denuncian que las medidas contempladas ya en la ley del año 2006 no se cumplen y denuncian que los «aplausos» que reciben las Fuerzas Armadas no se corresponden con unas condiciones «dignas».

Como ejemplo ponen su actuación contra el coronavirus durante la operación Balmis, las acciones contra los efectos de la borrasca Filomena o los incendios o, estas últimas semanas, el operativo de evacuación de afganos en el aeropuerto de Kabul.

El Rey Felipe VI ha mostrado este viernes un «gran interés» por los actos que se han desarrollado en los últimos meses en torno a la conmemoración del V Centenario del Movimiento Comunero y ha reconocido el «intenso trabajo» del Comité Científico y Técnico.

Así lo ha trasladado el monarca durante la recepción oficial con motivo de esta efeméride en la que han participado el presidente de las Cortes y de la Fundación de Castilla y León, Luis Fuentes, y los miembros del Comité Científico y Técnico del V Centenario del Movimiento Comunero.

Luis Fuentes, que ha entregado al monarca una escultura firmada por Ricardo Flecha y tallada en madera de nogal castellano que representa a tres hombres tras la batalla de Villalar, ha trasladado a Don Felipe el «caluroso agradecimiento» de la Fundación por el apoyo que supuso su aceptación el pasado mes de marzo de la Presidencia de Honor de los actos conmemorativos.

Fuentes ha recordado al respecto que los comuneros, precursores de la monarquía parlamentaria, buscaron hacer a los habitantes del reino protagonistas de su historia y de su devenir mediante el reconocimiento de su capacidad para participar activamente en el gobierno de la Comunidad.

«Los comuneros, considerados defensores de las libertades, proclamaron como principios fundamentales la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo, es decir, los valores superiores que están en el frontispicio de la Constitución Española de 1978 y de muchas otras leyes fundamentales», ha rememorado el presidente del Parlamento autonómico durante la recepción.

En su opinión, el movimiento social y político de las Comunidades desveló la capacidad del ser humano para cuestionar lo existente y aportar soluciones a los problemas sociales, políticos y económicos «que angustiaban y siguen angustiando a las personas». «El movimiento comunero terminó en los campos de Villalar hace 500 años y en Toledo unos meses después, pero sus ideas siguieron vivas y fecundaron la mente de políticos y personas de bien que han querido, quieren y querrán lo mejor para su comunidad», ha subrayado.

Fuentes ha puesto de relieve el «papel moderador» de los parlamentos autonómicos en la consolidación del Estado y ha aseverado que este no solo se enmarca en el cumplimiento de las funciones atribuidas por la Constitución, sino que también debe contemplar una labor dinamizadora de la memoria, como se pone de manifiesto en el caso del proyecto ‘El tiempo de la libertad. Comuneros V Centenario’.

Por último, se ha congratulado por la «desbordante» respuesta que tanto el público como las instituciones han brindado a las actividades conmemorativas puestas ya en marcha, como la magna exposición ‘Comuneros: 500 años’ y el Congreso Internacional celebrado el pasado mes de mayo.

Desde las Cortes han recordado que la recepción celebrada hoy constituye un «nuevo hito» en la relación establecida entre el proyecto conmemorativo y el monarca el pasado mes de marzo, fecha en la que Casa Real comunicó la aceptación del Jefe del Estado de la Presidencia de Honor de los actos.

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que su compromiso con lo suscrito en el pacto regional del agua «va a misa» y ha reclamado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, que lo cumpla. «¿De qué serviría trabajar durante 15 meses en una negociación intensa si ahora no lo vamos a cumplir?».

Así ha reaccionado Núñez a preguntas de los medios a las declaraciones de García-Page en Daimiel en las que ha lamentado que «diputados y senadores del PP por Castilla-La Mancha hayan planteado en el Congreso que hay que seguir con el trasvase y que hay que impedir que se restablezcan las normas que ahora estamos celebrando en la región por primera vez».

Desde Quer (Gadalajara), donde Núñez ha asistido a la Misa en Honor al Cristo, el presidente de los ‘populares’ ha recordado que él dijo antes de empezar la negociación del pacto regional del agua que respetaría «íntegramente» la posición de la mesa del agua. «La mesa ha hablado y ha firmado un documento. No tiene ningún sentido que yo no cumpla este documento cuando yo antes de empezar la negociación dije que supeditaría lo acordado en la mesa del agua a cualquier interés particular o de partido», ha remachado Núñez.

«Tengo por costumbre cumplir lo que prometo. No necesito ni firmarlo ni estrecharme la mano. Con mirar a los ojos y llegar a un acuerdo yo cumplo. Por lo tanto, si además me estrecho la mano y firmo un documento eso ya va a misa», ha continuado el líder del PP.

Al hilo, ha lamentado que el PSOE y García-Page insistan «permanentemente» en que se hable del agua y no de otras cuestiones como la «desproporcionada» subida del precio de la luz que tiene una repercusión «tan negativa» para los castellanomanchegos.

Además, Paco Núñez ha aprovechado para lamentar que el presidente regional no haya aprovechado su presencia en Daimiel para anunciar que va a pedir un trasvase de agua a Las Tablas de Daimiel para evitar que ese recurso medio ambiental y turístico «se cierre».

Finalmente, ha advertido de que 6.500 hectómetros cúbicos se han trasvasado con García-Page en los gobiernos de Castilla-La Mancha y 1.300 hm3 se han trasvasado con Page como presidente de la Junta. «Si tanto interés tiene en un tema y es incapaz de arreglarlo, a lo mejor el problema lo tenemos con el presidente», ha apostillado.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido este viernes que la Fiscalía investigue «hasta el final» al rey emérito, Juan Carlos I, en relación con los indicios delictivos sobre el origen de su fortuna, pero ha dejado claro que sus acciones no deben afectar al rey Felipe VI ni servir para que Podemos y los partidos independentistas intenten acabar con la monarquía.

«Que la Fiscalía investigue hasta el final, que se sepa absolutamente todo», ha declarado a los periodistas tras reunirse con la Unión de Militares de Tropa. «A muchos de los que valoramos, apreciamos y reconocemos el valor de lo que hizo el rey Juan Carlos en la Transición», en la que desempeñó una «labor incuestionable», «nos defrauda saber estas cosas», ha reconocido.

Así se ha referido a la noticia de que la Fiscalía General del Estado ha cursado solicitudes de asistencia jurídica internacional a las autoridades judiciales de distintos países, entre ellos Suiza, para avanzar en las diligencias en torno al rey emérito y poder «confirmar o descartar» los indicios delictivos que ya tiene sobre el origen de su patrimonio o incluso «abrir otras vías de investigación».

Según ha avanzado ‘El Mundo’, la Fiscalía del Tribunal Supremo cursó el pasado 24 de febrero una comisión rogatoria a Suiza solicitando información sobre cuentas bancarias de la Fundación Zagatka ante la sospecha de que el antiguo monarca había cobrado comisiones internacionales de forma ilegal. En dicha petición, decía tener indicios sobre la posible comisión de cuatro delitos: contra la Hacienda pública, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias.

A PODEMOS E INDEPENDENTISTAS: ESTO NO HARÁ QUE CAIGA LA MONARQUÍA

La líder de Cs, que no ha aclarado si ahora su formación se abriría a apoyar la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la actuación de Juan Carlos I, ha advertido a Podemos y a los partidos separatistas de que «no sueñen» con que este asunto «va a hacer caer a Felipe VI y va a afectar a la monarquía».

En este sentido, ha destacado que la monarquía es «una de las instituciones mejor valoradas por los españoles» y que el jefe del Estado está desarrollando su labor «desde la ejemplaridad y desde la transparencia».

El Partido Socialista de Cataluña (PSC) prevé elaborar una propuesta de reforma de la financiación autonómica que quiere acordar, desde la Generalitat, con los gobiernos de Baleares y Comunidad Valenciana, con quienes cree que comparte objetivos comunes.

Así lo ha expuesto la portavoz del PSC en el Parlament de los socialistas catalanes, Alicia Romero, que este viernes ha detallado en una rueda de prensa el plan de gobierno del ‘Govern alternativo’ que los socialistas están llevando a cabo esta legislatura para hacer de oposición al Ejecutivo de Pere Aragonès.

Entre las medidas del primer eje económico, ha destacado esta propuesta de reforma de la financiación para que Cataluña disponga de más recursos.

Romero ha reprochado al Govern de la Generalitat no asistir a las reuniones de comunidades autónomas sobre la financiación y de no tener ninguna voluntad de querer negociar con el Gobierno un nuevo sistema, a su juicio, por lo que ha reiterado que serán los socialistas los que trabajen en esta propuesta.

El plan presentado este viernes es para los dos próximos años, hasta 2023, y consta de cuatro ejes: el desarrollo económico, conocimiento, innovación e industria; derechos de ciudadanía y Estado del bienestar; territorio y transición ecológica, y federalismo y buen gobierno.

Con este plan, los socialistas se han comprometido a presentar 202 medidas y 29 iniciativas legislativas ante la «falta de actividad legislativa» de los últimos años en Cataluña.

Del segundo eje, la portavoz del PSC ha subrayado la importancia de mejorar la convivencia y la seguridad, por lo que se comprometen a trabajar para fortalecer los cuerpos de seguridad y destinarles más recursos «para que puedan hacer su trabajo».

Otra de las propuestas que ha querido poner en relieve ha sido la lucha contra la pobreza infantil aumentando los presupuestos destinados a este asunto, ya que cree que si no hay un «Govern ambicioso» no se podrán reducir las tasas de desigualdad que tiene Cataluña.

Además, ha puesto el foco en la necesidad de invertir más en energía renovable y ha avisado de que «la CUP no puede marcar la línea de Govern, no puede ser quien condicione las políticas que se hacen en Cataluña».

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, han exigido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que explique por qué «permitió» el vaciado de los embalses y «faltó a la verdad» en relación a la información disponible por la Xunta a este respecto.

En declaraciones a los periodistas, coincidiendo con su asistencia a la apertura del curso universitario, Pontón ha acusado a Feijóo de gobernar «para el lobby eléctrico». «No es casualidad que el primero en felicitar a Feijóo –como titular del Ejecutivo gallego– hace doce años fuera el presidente de Iberdrola, el mismo al que ahora el señor Feijóo le permite el vaciado de los embalses».

«Nos parece una tomadura de pelo que lleve una semana clamando contra el vaciado cuando estaba en su mano frenarlos porque la legislación de medio ambiente es una legislación gallega y estas empresas le comunicaron a la Xunta lo que iban a hacer», ha dicho tras la información publicada por elDiario.es, según la cual el Gobierno gallego supo con antelación el plan de Iberdrola para los embalses de Cenza y As Portas, en Vilariño de Conso (Ourense).

«Y no movió un dedo para frenarlo a pesar de que tiene recursos», ha insistido Pontón, quien ha tildado de «cinismo» las declaraciones del titular del Ejecutivo gallego a este respecto. Y es que, a su juicio, el PPdeG gobierna «de ganchete de las eléctricas» y como «títere de Iberdrola». Por ello, ha exigido explicaciones a Feijóo, que también reclamarán en el Parlamento gallego.

Mientras, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha calificado de «muy grave» que Feijóo «negara que la Xunta estaba informada del vaciado de los embalses». «Faltó a la verdad», ha recalcado el dirigente socialista, quien le ha instado a reconocer que el Ejecutivo gallego estaba «avisado».

Además, ha aludido a los «mecanismos para limitar el vaciado de los embalses cuando son extremandante graves» por parte del Gobierno autonómico. Por ello, ha requerido a Feijóo para que explique a los gallegos «cuál fue la información que recibió la Xunta y cuál fue la decisión para no tomar ninguna medida».

A esta cuestión, también ha aludido, en comisión parlamentaria, el responsable de Industria y Política Forestal del Grupo Socialista, Martín Seco, que denunció el «cinismo extremo» del titular del Ejecutivo gallego.

CRITICAS DE PODEMOS

Por su parte, el secretario xeral de Podemos Galicia, Antón Gómez Reino, ha apuntado a la «responsabilidad» del presidente autonómico. «La Xunta supo con mucha antelación que se iban a vaciar, pero prefirió quedar de brazos cruzados, y pronunciarse cuando el coste de la electricidad alcanzaba máximos históricos, para responsabilizar a otros».

«Mintió sin reparos cuando dijo que su gobierno no estaba al tanto del vacíado de Iberdrola», señala Gómez Reino, quien insiste en las «consecuencias» de esta medida «ante una oleada de incendios» y pide «depurar responsabilidades».

La Fiscalía de Madrid ha presentado denuncia contra el presidente de la Federación de Tenis de Madrid (FTM), Juan Luis Rascón Lope, y el gerente, Juan Bautista Avendaño Iglesias, por presuntamente desviar fondos de la institución.

En un escrito de 11 de agosto, el Ministerio Público apunta a un presunto delito de administración desleal, de malversación de caudales públicos o de fraude de subvenciones.

La Fiscalía sospecha que el desvío de fondos se realizó «mediante la auto contratación como empleado de la FTM por parte de Juan Luis Rascón López, asignándose un salario de 10.530 euros mensuales» desde octubre de 2016, lo que se traduciría en un total de 568.520 euros.

DILIGENCIAS SOLICITADAS

La fiscal María Valencia, que firma la denuncia, ha reclamado al Juzgado de Instrucción de Madrid en el que recaiga la causa que practique diligencias de investigación y tome declaración como investigados a los denunciados.

Asimismo, ha pedido que se requiera a la Federación de Tenis de Madrid que aporte la relación de miembros de la Asamblea General existente a fecha de 06 de octubre de 2016, las partidas presupuestarias en la que se apruebe la retribución de Juan Luis Rascón desde entonces hasta marzo de 2021 y las actas las que se aprueban dichas partidas.

La fiscal también quiere que se pida a la FTM que facilite los presupuestos de 2016 a 2021 y las nóminas y certificados de retenciones de Rascón desde octubre de 2016 hasta marzo de este año. Y ha solicitado que se requiera a la Tesorería General de la Seguridad Social la comunicación del contrato de trabajo indefinido a tiempo completo de Rascón.

INVESTIGACIÓN PREVIA

Antes de presentar la denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid, la Fiscalía practicó una serie de diligencias previas «en orden de esclarecer los hechos denunciados y su ilicitud penal». Ofició a la propia Federación de Tenis de Madrid y a la Tesorería General de la Seguridad Social para que facilitara documentación sobre la contratación de Rascón.

Según ha precisado el Ministerio Público, en el caso de la FTM, tras un primer requerimiento, Avendaño respondió «de forma parcial y con explicaciones exculpatorias», por lo que la Fiscalía requirió nuevamente a la Federación que facilitara información adicional, «esta vez a través de la Policía Judicial».

DENUNCIAS DESCARTADAS

La investigación de la Fiscalía nació de una denuncia presentada por cuatro personas que relataban presuntas irregularidades en la Federación presidida por Rascón. Entre otras cuestiones, hacían referencia a «la reventa ilegal y sin declarar a la Hacienda Pública de material deportivo de la FTM a precios inferiores a los de mercado».

Según los datos aportados, Rascón habría vendido más de 100 cajones de bolas de tenis semanales a 82 euros el cajón. En estos hechos, según los denunciantes habrían participado también Avendaño, Alfonso Munik, vicepresidente Económico de la FTM, y un miembro de la Junta Electoral.

Asimismo, la denuncia que dio origen a las diligencias previas ponía en duda el acceso de Rascón a la presidencia de la Federación así como su permanencia en la institución «mediante la manipulación del proceso electoral» gracias a la presunta colaboración de otros miembros de la FTM.

Finalmente, el Ministerio Público ha considerado que no existen suficientes indicios de criminalidad y ha acordado presentar denuncia únicamente por la «auto contratación» de Rascón.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha incidido en que «desde el realismo» el Gobierno de España continuará haciendo «todo lo posible» en el «ámbito internacional» para seguir intentando sacar de Afganistán a colaboradores, aunque reconoce que la situación en dicho país es «muy complicada» y que, por tanto, este objetivo «es complicado, es difícil».

«El panorama (en Afganistán) es complejo, el panorama es muy difícil, y desde luego España va a seguir en el ámbito internacional haciendo todo lo posible para que puedan realizarse las operaciones necesarias para ayudar a los que se han quedado atrás, siendo muy conscientes, y en eso quiero ser muy realista, que es complicado, que es difícil, que vamos a hacer todo lo posible, pero que hay unas complicaciones y hay unas dificultades evidentes», ha declarado.

Así, a preguntas de los medios durante una visita realizada este viernes a la Brigada Extremadura XI, en la Base General Menacho en Bótoca (Badajoz), sobre si se sigue trabajando de alguna manera para sacar de Afganistán a aquellos colaboradores que no han podido salir del país aún, Robles ha dicho que «la situación es muy complicada en Afganistán».

Con ello, tras indicar que ayer ella misma planteó ese escenario en la UE, ha añadido que «desde luego España desde el realismo y desde la dificultad va a intentar hacer todo lo posible para que los colaboradores, que se quedaron muchos a cinco metros de la puerta en una situación dramática y muy difícil, puedan venir a España».

«Nosotros lo dijimos, vamos a ayudar a todo el mundo que podamos hasta el último momento. Piensen que hasta 10 minutos antes del atentado nuestros militares estaban ayudando a salvar gente, con un riesgo evidente para sus vidas», ha sentenciado la ministra, quien ha reconocido que esto le gustaría que algunas fuerzas políticas lo reconocieron y «pusieran en valor ese gran esfuerzo de las Fuerzas Armadas».

«Y lo que hace las Fuerzas Armadas es lo que hace España en su conjunto, porque las Fuerzas Armadas son la mejor representación de España, eso debería entenderlo todo el mundo», ha recalcado.

También, preguntada sobre si se ha cuantificado el número de personas colaboradoras de España que no han podido salir aún de Afganistán, la ministra de Defensa ha indicado que «no se puede cuantificar» porque «las personas que trabajaron tanto con el Ministerio de Defensa como con el Ministerio de Exteriores vienen con familia y por tanto es muy difícil poder cuantificar».

«Han venido familias con 11 personas de la familia, porque una de las cosas de las que nos sentimos también y yo creo que las Fuerzas Armadas particularmente orgullosos es que hemos traído a muchísimos niños… Han venido muchísimas familias con muchísimos niños. Por lo tanto, cuantificar…», ha señalado.

Así, tras apuntar que «con una sola de las personas que se hayan quedado para todos nosotros es un dolor», ha reiterado que ella tiene «un profundo dolor de ver que mucha gente se quedó a la puerta en los mismos momentos que estallaban las bombas». «Solamente con eso es un profundo dolor», ha espetado la ministra, quien ha recalcado que por ello existe «esa obligación con ellos» y «desde el realismo intentaremos hacer todo lo posible sabiendo y siendo conscientes de que es muy difícil», ha concluido.

La futura Ley de Atención integral a las víctimas de violencia de género de Castilla y León, cuyo anteproyecto se puede consultar desde hoy en el portal de Gobierno Abierto y que verá la luz antes de que termine esta Legislatura, tipificará cuatro nuevas formas de agresión: la digital y tecnológica; la vicaria, que se ejerce sobre hijos y otros familiares; la de segundo orden, sobre personas que apoyan a las víctimas, y por primera vez la institucional, que comprende las acciones u omisiones que se realizan desde la administración pública con el fin de diferir, obstaculizar o impedir el acceso a derechos para una vida libre de violencia.

Asimismo, el anteproyecto, elaborado con las propuestas del Diálogo Social, de 78 entidades de este ámbito y de un centenar de profesionales, prevé la creación de un servicio de atención psicológica al agresor con el «ambicioso» reto de modificar sus comportamientos y el desarrollo de programas de tratamiento para prevenir la reincidencia.

Otra de las «novedades más destacadas» de la futura ley, que actualizará el «pionero» texto de 2010, contempla la intervención de las redes de atención especializada orientadas a los cuidados de mujeres que, además se sufrir violencia de género, padecen algún tipo de discapacidad, enfermedad mental grave, adicciones o trata y explotación sexual.

Según ha precisado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, la norma pasa de un enfoque exclusivamente asistencial a «otro más avanzado» que incluye el apoyo en los procesos para la recuperación de la autonomía personal de las víctimas y la restitución de sus derechos vulnerados.

El acceso a estos servicios y recursos podrá realizarse desde los sistemas sanitario y de Servicios Sociales, para lo que deberán coordinarse los respectivos procedimientos mediante protocolos de derivación comunes y estandarizados.

La violencia de género se define en esta norma como «cualquier acto de violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, que tenga o pueda tener como resultado el daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico». Se incluyen en esta denominación las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad -tanto si se produce en la vida pública, como en la privada-, comprendiendo las distintas formas de violencia física, psicológica, sexual y económica, que tienen lugar en los ámbitos de la pareja, familiar, laboral y sociocomunitario.

Blanco se ha referido a la futura norma, cuyo proyecto será aprobado en Consejo Abierto en un plazo aproximado de seis meses, como un «texto de futuro» por su carácter «flexible» y «de evaluación continua» que se ha configurado para dar cabida a las nuevas formas de violencia que existen en la actualidad y a las que puedan aparecer en el futuro, al mismo tiempo que impulsa mejora los medios telemáticos para que el acceso a los recursos se pueda realizar «de manera más ágil y eficaz».

Además, la futura ley amplía la protección a más personas y cita de forma expresa a mujeres trans, niñas y adolescentes en situación de violencia de género y también a los menores que se encuentren bajo su patria potestad o guarda y custodia, así como a los familiares, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, que convivan con ella.

Bajo el paraguas de esta ley figuran también las mujeres castellanas y leonesas retornadas que hayan sido víctimas de violencia de género en otro país.

En el caso concreto de la ‘violencia digital’, la que se ejerce utilizando las tecnologías de la información y las redes sociales, enmarca actitudes como el ciberacoso; las ciberamenazas; la ciberdifamación; la pornografía no consentida; los insultos y el acoso por motivos de género; la extorsión sexual; el control o espionaje a través del móvil y cualquier herramienta digital (redes sociales, webs, foros, correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea); la difusión de datos personales o documentos íntimos en la red; la coacción para obligar a la víctima a facilitar claves personales; la usurpación de su identidad en línea, y las amenazas de violación y de muerte.

Por otro lado, el anteproyecto incide en la prevención y en la detección precoz «como herramientas fundamentales» para avanzar en la lucha contra la violencia de género por lo que la Junta aprobará cada cuatro años un plan integral de sensibilización y prevención con un diagnóstico de la situación; la identificación y recopilación de las buenas prácticas y experiencias en prevención y erradicación de la violencia de género; acciones para el fomento de la igualdad y la modificación de patrones sexistas o la implantación y actualización de protocolos de actuación en diversos campos.

Blanco ha avanzado que el plan recogerá medidas dirigidas a la formación y especialización de profesionales de distintos ámbitos –sanitario, policial, social, educativo, judicial, laboral, psicológico y medios de comunicación— e impulsará la inclusión de módulos sobre la detección y atención a las víctimas de violencia de género en cursos que organicen instituciones públicas y privadas.

El anteproyecto de ley dedica el título primero a la evaluación, investigación e innovación en materia de violencia de género y prevé la realización de estudios sobre las causas y consecuencias de la violencia de género, también analizada en el medio rural, y la promoción de investigaciones en el ámbito universitario que ayuden a mejorar la prevención, la atención y la efectividad de la recuperación en este tipo de situaciones.

La consejera ha explicado asimismo que la innovación busca definir y ensayar estrategias y metodologías «novedosas, inclusivas y accesibles» que ayuden a erradicar la violencia de género y ha avanzado que la Junta convocará cada año los premios a la innovación en la lucha contra la violencia de género para fomentar y reconocer la creación de proyectos que contengan respuestas innovadoras «ante los contextos desafiantes que favorecen la violencia de género, así como nuevos enfoques que supongan una mejora y avance en la lucha contra esta lacra».

Respecto a las materias competenciales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, el texto encomienda a la red de Servicios Sociales garantizar a las víctimas el derecho a la atención integral hasta la finalización del proceso de recuperación y precisa que se establecerán medidas específicas para la detección, intervención y apoyo a mujeres con discapacidad, enfermedad mental, drogodependencia, en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad social, y otras problemáticas añadidas a la violencia.

Blanco ha hecho hincapié en que será responsabilidad de la Administración asegurar que estos recursos sean accesibles y se presten en condiciones de igualdad a todas las víctimas por lo que la atención de sus necesidades requerirá la colaboración de todas las instituciones públicas y de las organizaciones sociales que trabajen en el ámbito de atención a colectivos determinados.

Finalmente, ha asegurado que la Junta de Castilla y León continuará colaborando con el Gobierno estatal y con las corporaciones locales en la detección precoz y el impulso a la intervención de oficio para proveer a cada víctima de mecanismos de protección.

Un total de 191 personas han muerto en las carreteras españolas durante el verano de 2021 -en los meses de julio y agosto–, un dato que supone la cifra más baja desde que se tienen registros, según ha explicado este viernes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Tal y como destacan los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre este periodo, esta cifra supone una bajada de un 5% en las muertes en carretera con respecto al verano de 2020, a pesar de que los desplazamientos de largo recorrido han sido un 9,6% más que el verano pasado.

Aún así, la DGT ha decidido comparar las cifras de este año con las que se registraron en 2019, debido a la situación «atípica», tanto en movilidad como en siniestralidad, que se ha vivido en 2020 como consecuencia de la pandemia.

Es por eso que, durante la rueda de prensa para presentar el balance de la Operación de verano de la DGT, Grande-Marlaska ha señalado que las cifras de desplazamientos en 2021 está a niveles similares al periodo previo a la pandemia.

NIVELES SIMILARES A ANTES DE LA PANDEMIA

En concreto, ha explicado que en julio y agosto de 2021 se han registrado casi 91 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 0,8% menos que hace dos años. Esto se debe a que en julio se contabilizaron 43,2 millones de despalazamientos (0,15% menos que en 2019) y 47,5 millones en agosto (un 0,6% menos que en 2019).

Los viernes han sido los días de más tráfico en verano, según los datos de Tráfico, mientras que los martes, los de menos. Además, el día con mayor volumen de desplazamientos se ha producido durante la Operación Salida del 15 de agosto, con motivo del traslado de algunas comunidades de la festividad de este día al lunes 16 de agosto. En toral, fueron 7 millones de coches los que salieron a la carretera ese día.

El ministro ha señalado como una «buena noticia» esta recuperación de la movilidad y también ha celebrado que se haya mantenido «la tendencia a la reducción» de siniestralidad de los últimos años. Según ha explicado, los 191 fallecidos en el verano de 2021 son datos «menos malos» de los que esperaban.

Aún así, ha llamado a no usar este dato «para lanzar un mensaje triunfalista». «No podemos olvidar que, este verano, cada día tres ciudadanos han perdido la vida en nuestras carreteras», ha declarado.

EL MEJOR JULIO DESDE QUE HAY REGISTROS

En detalle, las cifras que maneja la DGT, a 24 horas del siniestro, es de 99 fallecidos en julio, «el julio con menos muertes desde que se tienen registros», según ha destacado el ministro; y 92 en agosto. En total, son 24 fallecidos menos que en 2019 y 11 menos que en 2020. También ha habido una caída en cuanto a heridos graves u hospitalizados: de los 892 de 2019 y los 849 de 2020, en 2021 se han contabilizado 752.

En su intervención, Grande-Marlaska también ha destacado que 3 de cada 4 fallecidos (71%) sufren el siniestro en carreteras convencionales sin separación de sentido y que la mayoría de fallecimientos (el 46%) son consecuencias de una salida de vía. El ministro ha recordado que estos accidentes «suelen estar relacionados con la velocidad excesiva».

Y es, precisamente, la velocidad excesiva la primera causa de accidentes mortales en carreteras, por delante de la colisión frontal. El responsable de Interior también ha señalado que uno de cada cuatro fallecidos en turismos y furgonetas no hacían uso del cinturón. «Son 25 fallecidos que de haber hecho un correcto uso, en muchos casos no habrían tenido el fatal desenlace», ha declarado.

También ha puesto el foco en el colectivo vulnerable –peatones, ciclistas y motocicletas– cuya siniestralidad ha caído un 30%. En julio y agosto de este año han fallecido en carretera 6 ciclistas, 4 menos que en 2019 y 48 motoristas, 21 menos que hace dos años.

AUMENTAN LOS ATROPELLOS A PEATONES

Sin embargo, han subido los atropellos a peatones. Este verano han muerto 23 personas, 9 más que en 2019. «Nos preocupa este aumento», ha declarado Grande-Marlaska, que ha precisado que 10 de estos fallecidos lo han hecho en autopista y 13 en carreteras convencionales; también que 11 de ellos cruzaban o caminaban por estas vías; y que de los 15 que fallecieron en horario crepuscular, 12 no llevaban elementos reflectantes para ser vistos.

Preguntado por las nuevas luces de emergencia V16, que sustituirán a los triángulos, el ministro ha explicado que su obligatoriedad entraría en vigor en enero de 2026, y ha explicado que, precisamente, será para evitar que el conductor tenga que salir del coche y evitar accidentes.

También ha mostrado su preocupación por algunos datos referentes a las motos, como que más de la mitad de los accidentes mortales se registren los fines de semana; que la mitad sean por salida de vía; o que el 69% de los siniestros mortales se produzcan en carreteras convencionales. En este sentido, ha hecho un «llamamiento a la prudencia y sensatez» de los motoristas.

CINCO DÍAS SIN MUERTES EN CARRETERA

En líneas generales, Grande-Marlaska ha señalado que el objetivo de su departamento es «acabar con las muertes en la carretera», una meta que, a su juicio, «no es inalcanzable». En este sentido, ha indicado que en julio hubo un día sin fallecidos en la carretera y otros cinco días en agosto, siendo uno de ellos el domingo 22 de agosto, que el ministro ha calificado de «fecha complicada».

«No lo vamos a admitir como un mal inevitable, debemos acabar con las muertes en carreteras y por eso estamos trabajando», ha insistido el ministro, que ha puesto en valor la «profesionalidad» de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que «arriesga la vida» para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos en carretera; y la de la DGT con su campaña mediática ‘No lo estropees’ y el aumento en la flota de drones para la vigilancia.

Finalmente, el ministro ha reconocido el mérito de los ciudadanos «por su comportamiento en carretera», por «respetar las normas y el sentido cívico» a la hora de compartir las vías.

Con estos 191 muertes contabilizadas en los dos últimos meses son 651 los fallecimientos provisionales en carretera registrados por la DGT en lo que va de 2021.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha emitido este viernes un comunicado en el que critica y niega las informaciones que han aparecido en varios medios de comunicación sobre presuntos vínculos entre su entorno y los servicios de inteligencia de Rusia.

En el comunicado, la oficina de Puigdemont ha sostenido que las informaciones aparecidas tienen como fundamento un informe de la Guardia Civil que, a su juicio, está lleno de «falsedades, incongruencias e intoxicaciones».

También ha mantenido que su cuyo único objetivo es «criminalizar y desprestigiar al independentismo ante la comunidad internacional presentándolo como un elemento desestabilizador».

Ha afirmado que las filtraciones aparecidas se descontextualizan de la realidad y que existen «muchos otros mensajes sobre situaciones políticas en otros países que se omiten intencionadamente, cosa que es una manipulación que perjudica claramente el derecho a una información veraz y rigurosa».

Han señalado que la supuesta revelación de conversaciones privadas «que no tienen nada que ver con un delito, es un instrumento más de la guerra sucia que el Estado español practica contra Cataluña», con el objetivo –según él– de acabar con el movimiento independentista, que ha definido como legítimo, legal y democrático.

Desde la oficina de Puigdemont han asegurado que todas sus actividades internacionales, así como las del jefe de la oficina, Josep Lluís Alay, y de su equipo jurídico son «perfectamente legales» y tienen por objetivo contribuir a la resolución del conflicto político.

También han asegurado que el fiscal de Barcelona dirigió al Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona un escrito de 20 de julio donde pedía el archivo de esta investigación contra Alay al considerarla «investigación prospectiva, vulneradora de los derechos y libertades más elementales de una sociedad democrática».

«Estudiaremos emprender acciones legales en el Estado español, y en otros estados si es necesario, ante la posibilidad que se haya cometido algún delito de revelación de secretos oficiales, ya que todas las evidencias señalan que la información ha llegado a algunos medios antes de que se levantara el secreto de sumario», han añadido.

La Unión Europea mantendrá relaciones con los talibán más allá de contactos «operativos» en función de su «comportamiento» en cuestiones como el respeto de los Derechos Humanos, especialmente de las mujeres, la libertad de los medios o el acceso que permitan a la ayuda humanitaria.

Así lo ha explicado el Alto Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Josep Borrell, en una comparecencia sin preguntas en la que ha dado cuenta de lo decidido por los ministros de Asuntos Exteriores de la UE en su reunión en Eslovenia.

«Para ayudar a la población de Afganistán tendremos que tratar con el gobierno de Afganistán, lo que no significa reconocimiento. Es un contacto operativo y este contacto operativo aumentará en función de su comportamiento», ha explicado el jefe de la diplomacia europea, para después subrayar que los Veintisiete han acordado cinco «parámetros» par «medir» este comportamiento.

La primera de estas condiciones es el compromiso del futuro gobierno de Afganistán de que el país no se convertirá en «una base de exportación de terrorismo a otros países». Del mismo modo, la UE tendrá en cuenta el «respeto a los Derechos Humanos, en particular de las mujeres, el Estado de Derecho y la libertad de los medios».

El tercero de los criterios será la formación de un gobierno de transición «inclusivo y representativo» tras un proceso de «negociación entre las fuerzas políticas» del país asiático. El bloque también condicionará su relación con los talibán a que estos permitan la entrada de ayuda humanitaria «respetando los procedimientos y condiciones» europeas para su entrega.

Por último, la profundización de la relación de la UE con los talibán dependerá del compromiso de los islamistas para permitir la salida del país de ciudadanos extranjeros y afganos «en riesgo».

Además de las condiciones para la futura relación con los talibán, los Veintisiete han discutido también cómo seguirá apoyando la UE a todas aquellas personas que iban a ser evacuadas antes del 31 de agosto pero finalmente no pudieron entrar al aeropuerto de Kabul.

En línea con lo acordado el pasado martes por sus homólogos de Interior, los titulares de Asuntos Exteriores han pactado que cada Estado miembro decidirá «de manera voluntaria» a cuántas y qué personas amenazadas «están dispuestos a recibir bajo su protección».

«PRESENCIA CONJUNTA» EN KABUL

Con el objetivo de poder implementar esta segunda fase de la evacuación, los Veintisiete han decidido «trabajar de manera coordinada» a través de una «presencia conjunta en Kabul» que estará gestionada por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) siempre que «se cumplan las condiciones de seguridad».

«Queremos coordinar la evacuación de las personas que cada Estado miembro esté dispuesto a aceptar y se hará a través de una presencia conjunta en Kabul coordinada por el SEAE», ha señalado el Alto Representante de Política Exterior de la UE.

En una rueda de prensa al término de la reunión de los ministros, Borrell ha precisado que el hecho de que la UE vaya a tener un «equipo» sobre el terreno «no es el primer paso hacia un reconocimiento» del régimen talibán, sino una cuestión «práctica» para facilitar el contacto «desde el punto de vista operativo».

«Tenemos que discutir cuestiones importantes con el gobierno afgano y la principal es cómo evacuar a los cientos o miles de personas que nos gustaría haber evacuado», ha afirmado el jefe de la diplomacia europea, quien ha remarcado que esta «presencia conjunta» se situará en Doha si no es posible instalarse en Kabul por razones de seguridad.

PLATAFORMA POLÍTICA CON LOS PAÍSES VECINOS

Por otro lado, y con la intención de coordinarse con otros socios internacionales, los ministros de Exteriores han acordado que el departamento dirigido por Borrell ponga en marcha una «plataforma política de cooperación» con los países vecinos de Afganistán.

Esta plataforma, ha explicado el español, tendrá un carácter «permanente» y abordará cuestiones como la gestión de flujos migratorios de población desde Afganistán, la prevención de la propagación del terrorismo ola lucha contra el crimen organizado, incluido el tráfico de seres humanos o de drogas.

«Representará un fuerte esfuerzo diplomático de todos los Estados miembros coordinado por el SEAE para regional esta plataforma política regional con los países vecinos que tanto necesitamos si queremos estabilizar toda la región», ha justificado el jefe de la diplomacia europea.

Vox ha registrado en el Congreso la petición de reprobación y destitución inmediata del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, por «socavar», a su juicio, la independencia del poder judicial.

El partido de Santiago Abascal basa su petición en las declaraciones del ministro en la Cadena Ser rechazado de plano la condición que exige ahora el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), consistente en reformar la ley para que una parte de los vocales de este órgano sean elegidos por los propios jueces.

«Ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos», dijo este jueves Bolaños en lo que para Vox suponen unas «alarmantes» e «irresponsables» palabras porque considera que «atentan de forma manifiesta contra los poderes vertebradores del poder judicial».

Vox critica que el PP defienda ahora la elección del CGPJ por parte de los jueces, después de décadas negociando su renovación con el PSOE y otros partidos con representación parlamentaria. Y defiende que este debate solo llegó a la espera pública tras su irrupción en la política nacional.

«ATAQUES» DEL GOBIERNO A LA JUSTICIA

En cualquier caso, denuncia las palabras de Bolaños y enumera los «constantes intentos» del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos de «deslegitimar» el poder judicial.

Vox inicia esta lista de agravios con el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado, lo que denuncia que supuso «una pérdida de objetividad e imparcialidad» de la Fiscalía.

También recuerda numerosos «ataques» del exvicepresidente Pablo Iglesias al poder judicial. «Es conocida su animadversión hacia la justicia y el poder judicial», reprocha Vox junto a diversas declaraciones del exlíder de Podemos.

El partido de Abascal también recuerda las iniciativas parlamentarias registradas por PSOE y Unidas Podemos para reformar el modelo de elección de los miembros del CGPJ, en lo que considera intentos de «politizar» el órgano de control de los jueces.