La Fiscalía del Principado de Asturias solicita penas que suman 8 años y 9 meses de prisión, además de libertad vigilada, con la obligación de someterse a programas de educación sexual, para un acusado de mantener un encuentro sexual con un menor a cambio de dinero, en Mieres. El juicio celebrado este jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, quedó visto para sentencia.

Según mantuvo el Fiscal, en fecha no precisada del mes de enero de 2019, el menor nacido en 2005, que reside en Avilés en compañía de su madre, conoció al acusado, de 52 años, a través de su primo, que entonces tenía 16 años.

Comoquiera que el acusado conocía el número de teléfono móvil del menor porque se lo había facilitado su primo, a última hora de la mañana del 27 de enero de 2019 lo llamó reiteradamente y le envió varios mensajes, pidiéndole quedar con él para ir a tomar algo, ya que quería conocerlo mejor.

La víctima, a quien su primo le había comentado que el acusado le daría 200 euros por hacerle una felación, aceptó verse con él. Así, quedaron en que el menor se trasladaría en tren hasta Oviedo, donde le recogería el acusado. De este modo, el acusado recogió en su coche al joven y, a continuación, ambos se dirigieron al domicilio del primero, en Mieres, al que llegaron sobre las 17 horas.

Durante el trayecto en coche, el acusado fue tocándole las piernas al menor. Una vez en la casa, el acusado mantuvo una conversación de marcado carácter sexual con el joven. Seguidamente, le mostró vídeos pornográficos que tenía almacenados en su teléfono móvil y en los que aparecían varones muy jóvenes (sin que se pueda asegurar que fueran menores de edad) manteniendo relaciones sexuales entre ellos.

A continuación, el acusado condujo al menor a la habitación y allí, siendo conocedor, por su apariencia física, de que su edad era inferior a los 16 años que el menor, siguiendo el consejo de su primo, le había dicho que tenía, comenzó a besarle en el cuello y, tras prometerle que le iba a dar 200 euros, comenzó a hacerle una felación.

En ese momento, se presentó en la casa la tía del menor, que se encargaba de su cuidado dado que su madre estaba gravemente enferma. La mujer, preocupada por la ausencia del joven a la hora de comer, indagó sobre su posible paradero y consiguió que el primo le dijera dónde podía estar y le diera la dirección del acusado. Al llegar al exterior de las casa, la mujer llamó por teléfono a su sobrino y, al no contestar pero oír desde fuera el tono de llamada en su móvil, y sospechando que pudiera estar en peligro, accedió al interior de la vivienda por la puerta principal, que no estaba cerrada con llave. Al entrar en la habitación del acusado sorprendió a este con su sobrino.

Tras salir todos al exterior, la mujer llamó al 092 y, al poco tiempo, se presentó en el lugar una dotación de la Guardia Civil. En el cacheo a que se sometió al acusado tras su detención, se intervino en su poder la cantidad de 585 euros. No consta que el menor sufriera secuelas psicológicas importantes como consecuencia de este episodio.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de abusos sexuales a menor de 16 años en concurso real con un delito de corrupción de menores y un delito de provocación sexual y solicita que se condene al acusado a penas que suman ocho años y nueve meses de prisión y la prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 200 metros a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o estudio y cualquier otro frecuentado por él, así como de comunicarse por cualquier medio con el mismo, durante 10 años.

Se le impondrá además, para su ejecución posterior al cumplimiento de las penas de prisión, la medida de libertad vigilada consistente en la prohibición de contactar con menores de edad, fuera de los que pudieran existir en su círculo familiar, tanto personalmente como por medios tecnológicos (teléfono, internet o redes sociales), y someterse a programas de educación sexual, todo ello durante 8 años. Por vía de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la representante legal del menor con 3.000 euros, más los intereses legales correspondientes.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, ha querido trasladar este jueves la «certeza» de que el Ejecutivo central «está comprometido a bajar el precio de los carburantes, el gas y la electricidad» de la forma «más inteligente» posible, y que ya ha «demostrado que tenemos determinación», y que el presidente, Pedro Sánchez, «ejerce un liderazgo útil en el contexto europeo».

Así lo ha defendido la ministra en el marco de un diálogo que ha mantenido con el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, en la sede de la federación socialista andaluza, en Sevilla, donde la ministra se ha referido al complicado contexto actual, marcado por la invasión rusa de Ucrania, y las consecuencias que ésta está teniendo en el plano económico.

Isabel Rodríguez ha valorado la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado domingo en la isla de La Palma, donde los gobiernos central y autonómicos «acordamos que la respuesta sea conjunta», según ha puesto de relieve, y al hilo ha destacado que de cara a los «diez próximos días» se han emprendido por parte del Gobierno «distintos trabajos en el ámbito interno en nuestro país».

Entre esas acciones ha citado las reuniones que el Ejecutivo ya ha iniciado con los grupos parlamentarios, y ha explicado que el próximo lunes el Gobierno se reunirá con sindicatos y empresarios «para abordar los problemas que están teniendo las familias y algunos sectores, que afectan a trabajadores y con los que tenemos que ver qué soluciones podemos ofrecerles, sobre todo a los más afectados».

De igual modo, ha explicado que también este próximo lunes, 21 de marzo, por la tarde, representantes del Gobierno se van a reunir con los de las comunidades autónomas «siguiendo los trabajos de la Conferencia de Presidentes para que, «negro sobre blanco» y «de forma rigurosa», «escribamos las propuestas» de respuesta «a las consecuencias de la guerra de Putin», que deben ser «viables y no demagógicas», según ha apostillado, «porque hablar de política fiscal en términos de ‘forrarse los gobiernos’ parece poco serio», según ha opinado en alusión a las declaraciones que en esa línea ha realizado el presidente de la Xunta de Galicia y candidato único a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo.

Isabel Rodríguez ha defendido al respecto que «la política fiscal es la que nos permite a los ciudadanos abrir el grifo y tener agua potable, que se abran las escuelas y hospitales, y que podamos seguir teniendo las infraestructuras». «No sé si alguien se ha forrado a costa de eso, pero los socialistas siempre hemos trabajado para que esa política fiscal sea justa, redistributiva y permita el mejor del Estado del bienestar que hemos ido construyendo», ha abundado.

La ministra también se ha referido a la «agenda internacional» que está desplegando en estos días el presidente del Gobierno, que «sigue trabajándose» y, por tanto, «seguramente se va a ampliar el número de países» que va a visitar, según ha avanzado, y que desembocará en que en el Consejo Europeo de los próximos días 24 y 25 de marzo se pueda llevar desde España «una propuesta sólida».

POR «UN CAMBIO DE POLÍTICA ENERGÉTICA»

Isabel Rodríguez ha remarcado que «hace ocho meses» que Pedro Sánchez «está planteando ante la Unión Europea que había que hacer un cambio de política energética en Europa, que había que modificar la regulación europea para que el precio del gas no condicionara el precio de toda la energía», y ha puesto de relieve que el Gobierno ya ha adoptado al respecto «medidas muy importantes», fomentando el bono social para afrontar el gasto de la electricidad y una «política fiscal de reducción del IVA y eliminación del impuesto de la energía».

«El Gobierno ya había actuado, y ahora se trata de que esa posición sea respaldada por la mayoría de los socios de la Unión para que se convierta en una realidad», ha enfatizado la ministra, quien ha querido dejar «claro» que el Ejecutivo va a llevar al Consejo de Ministros del 29 de marzo «acciones concretas que harán bajar el precio de los carburantes, la electricidad y el gas».

Ese «es el objetivo, pero hay que lograrlo de forma inteligente», según ha insistido la ministra, quien en esa línea ha advertido de que «podemos bajar sólo los impuestos y que siga subiendo la energía, y entonces no habremos logrado el objetivo, y es que los hogares y empresas seguirán pagando un alto coste por la energía».

ENERGÍAS RENOVABLES

Ha subrayado que el Gobierno propone «topar los precios, que el precio del gas no condicione el precio de la energía y que, además, hagamos un esfuerzo extraordinario por poner en marcha todo el proceso de energía renovable que ya veníamos liderando en el país».

Ese es «el planteamiento para los diez próximos días», según ha resumido la portavoz del Ejecutivo, que ha aclarado además que, «mientras tanto, en el ámbito energético vamos a acelerar las inversiones europeas en materia de energías renovables, para lo que vamos a solicitar la ayuda de las comunidades autónomas para acelerar procedimientos, trámites», algo en lo que los ayuntamientos van también a «jugar un papel importante, para poner en marcha esa energía renovable para que el próximo invierno hayamos conseguido ganar de manera relevante autonomía energética en el contexto del país», según ha explicado.

Finalmente, Isabel Rodríguez se ha referido a los fondos europeos de recuperación, y al respecto ha subrayado que en la última Conferencia de Presidentes «logramos el acuerdo importante, que espero que se respete, de que los fondos europeos salgan de la lucha partidista».

«Así quedó plasmado, y vamos a confiar en que eso sea así», ha añadido, y ha puesto de relieve que «sólo en Andalucía ya están transferidos en distintas convocatorias en torno a 2.000 millones de euros». «Es muchísimo dinero que puede transformar Andalucía», ha subrayado la ministra.

La coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido de nuevo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, bajar ya impuestos para paliar la situación provocada por la crisis en medio de la guerra de Ucrania y ha avisado que a los españoles se les está «terminando la paciencia». Además, ha admitido que le «sorprende» que la vicepresidenta Yolanda Díaz plantee ahora un impuesto a las eléctricas, cuando el Gobierno no puso este miércoles ninguna medida encima de la mesa en la reunión que mantuvo con el Grupo Popular en el Congreso.

En concreto, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido la necesidad de congelar los precios de los alquileres ante la escalada del IPC, así como la implantación de un impuesto extraordinario a las eléctricas, tal y como propone Unidas Podemos.

«Sobre esa subida de impuestos, me sorprende que ayer nos reuniéramos con el Gobierno porque nos citó y no nos pusieran encima de la mesa ninguna medida. Ninguna medida concreta, ni para el día 29 ni para ningún otro día», ha dicho Gamarra, en alusión a la fecha del 29 de marzo cuando el Gobierno quiere aprobar el Plan Nacional de Respuesta Económica a las consecuencias de la guerra.

BAJADA DEL IVA Y DEL IMPUESTO ESPECIAL DE HIDROCARBUROS

Sin embargo, ha destacado que un día después desde el Gobierno ya están hablando de «subidas de impuestos en vez de estar escuchando bajadas de impuestos», en línea con las propuestas que puso encima de la mesa del PP en su encuentro con el Gobierno en el Congreso.

«No encontramos ninguna respuesta y, sin embargo, sí que ponen encima de la mesa subidas de impuestos. Creo que han perdido un poco el conocimiento de cómo está la situación de la sociedad española hoy», ha proclamado en una entrevista en Antena 3.

A renglón seguido, Gamarra ha subrayado que hay medidas que el Ejecutivo puede adoptar de forma inmediata sin esperar al día 29 de marzo, como bajar al 4% el IVA del carburante y bajar también el impuesto especial de hidrocarburos.

También ha defendido deflactar el IRPF para «buscar como paliar el efecto que la inflación está teniendo en todas las economías españolas» y «garantizar» así un mínimo nivel adquisitivo a las familias.

CREE QUE PRIMA LA RECAUDACIÓN

Se trata, ha proseguido, de que las medidas tengan «un efecto directo» en la sociedad española, aunque «también tenga un efecto directo en la recaudación» del Gobierno que, a su entender, «parece que es lo que está primando».

Ante el hecho de que el Gobierno justifique esperar hasta finales de mes porque es cuestión de días, Gamarra cree que la situación que viven las familias, los autónomos y las empresas «no puede esperar» y las medidas deberían «haberse adoptado ya» y no dejarlas para dentro de 15 días.

«Hace mucho tiempo que los problemas de los españoles han dejado de ser sus problemas porque si no hubieran tomado alguna medida ya hace algunas semanas, como están haciendo otros países», ha señalado Gamarra, para subrayar que Francia, Portugal, Alemania, Polonia o Irlanda ya han actuado y, por lo tanto, no es algo «excepcional» lo que pide el PP.

En este punto, ha criticado duramente que el Gobierno de Pedro Sánchez haga «esperar» a los españoles, «a los cuáles la paciencia se les terminando» porque «ya no tienen capacidad económica ni de llegar a mitad de mes». Por eso, ha reiterado que hay que tomar medidas de forma «inmediata» porque para muchas familias «no es sostenible la situación de la inflación» pero tampoco para muchos sectores económicos, que se van a manifestar este fin de semana.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado una batería de medidas en Galicia con el fin de paliar los efectos del alza de precios agudizada por la guerra de Ucrania. Al tiempo, ha vuelto a señalar al Gobierno central, dirigido por Pedro Sánchez, para insistir en que le competen las rebajas impositivas clave –en materia energética y de hidrocarburos, por ejemplo– y es «imprescindible que actúe ya».

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, que este jueves se ha reunido en Lugo, Feijóo ha esgrimido que muchos sectores económicos están en una «situación límite», por lo que no ve adecuado posponer la adopción de medidas en clave estatal a final de mes, una vez que se celebre el Consejo Europeo. Y en el caso concreto de los impuestos, ha recalcado que la competencia es estatal.

Por parte de la Xunta, ha avanzado que dará varios pasos, empezando por «agilizar» el lanzamiento del bono térmico social. El objetivo es beneficiar a 66.000 familias en un pago único. A tal fin se destinarán 13,1 millones de euros.

El presidente gallego también ha avanzado medidas para facilitar liquidez a las ganaderías gallegas y habrá una exención de al menos dos meses para las tasas portuarias de titularidad autonómica «para todo el sector pesquero gallego».

Preocupado también por el conflicto del sector del transporte y su impacto en la Comunidad, ha vuelto a insistir en que el Gobierno central debe asumir sus competencias y adoptar medidas «de forma inmediata».

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, no comprende por qué la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no acudiría como «damnificada» a la comisión del Ayuntamiento que investigará el presunto espionaje con fondos públicos municipales a ella y su entorno y ha ofrecido buscar «alternativas» para evitar el «circo político».

«La parafernalia que rodea la política no me gusta, pero sí la parte que se va a suscitar dentro de la comisión con personas preocupadas por la transparencia y el buen nombre del Ayuntamiento», ha añadido la vicerregidora en una visita al Teatro Eslava.

Ayuso es parte de los citados a esta comisión que también pide la comparecencia de otras figuras como el presidente nacional del PP, Pablo Casado, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, los exministros Alberto Ruiz-Gallardón y Rafale Catalá o el delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, Diego Lozano.

Villacís ha deslizado que ya que en la Comunidad no han salido adelante las comisiones de investigación –«posiblemente porque no está Ciudadanos– debería acudir y explicar, por ejemplo, «cómo alertó de esta información» y «dar herramientas a los concejales»:

LIMPIAR EL BUENO NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO

Ha marcado, además, como principal objetivo «limpiar el buen nombre del Ayuntamiento» y ha apelado a Ayuso en su condición de presidenta regional que «sabe lo importante que es el buen nombre de una institución». «Se ha expresado y presentado como damnificada en varias ocasiones, la última en el congreso del PP. Debería darnos explicaciones», ha remarcado.

Al hilo, ha advertido a otros grupos políticos que se muestran «muy airados» por el rechazo de Ayuso a acudir a la comisión que espera que respondan de la misma manera si el compareciente que no acude es, por ejemplo, el socialista Félix Bolaños.

«Todos los grupos deberíamos hacer lo posible para que ventan los comparecientes de nuestros partidos. En Cs vamos a comparecer todos, tenemos obligación, pero si no fuera así, haría todo lo posible para que fueran y dejar que mi partido es un partido limpio», ha remarcado Villacís, quien ha concluido aseverando que el «éxito» de esta investigación depende del compromiso a la «viabilidad y transparencia» por parte de las formaciones, «si no, va a ser muy complicado tener conclusiones».

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendió el lunes que la presidenta no debería acudir a la comisión porque «no tiene ninguna relación directa, más allá de que pudiera ser afectada».

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) ha reprochado al nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, sus declaraciones «entre malintencionadas e infantiles» en las que atribuyó a un retraso de Felipe VI que su ceremonia de toma de posesión empezara tarde, afeándole el agravio.

En un artículo, la fundación que dirige José María Aznar resalta que Boric «no ha tardado en cumplir con lo que parece haberse convertido en un ritual obligado de la nueva y viejísima izquierda populista iberoamericana: agraviar al Rey de España».

En este sentido, califica de «declaraciones entre malintencionadas e infantiles» las realizadas por el nuevo mandatario, quien en una entrevista televisiva tachó de «bien inaceptable» el retraso de Don Felipe que provocó que su toma de posesión empezara con quince minutos de retraso.

Con ello, en opinión de FAES, Boric, al que define como «comunista elevado a la presidencia de Chile desde el activismo callejero», «pone en evidencia su descortesía hacia un invitado que con su presencia contribuyó a la proyección de su estreno».

En este sentido, la fundación se remite a la versión ofrecida desde Zarzuela, que aseguró que Don Felipe siguió en todo momento lo que marcó el protoloco y los servicios de seguridad chilenos.

«Pensar que un trayecto de 120 kilómetros como los que separan Santiago de Valparaíso, con decenas de caravanas, pueden manejarse con la precisión de un trayecto urbano es desconocer lo que conlleva la organización de este tipo de acontecimientos», sostiene FAES, en referencia al hecho de que la ceremonia se celebró en la segunda ciudad, sede del Parlamento chileno.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita dos años de prisión y tres de retirada de carné para un conductor acusado de la muerte de un motorista en un accidente en Siero en abril de 2018. La vista oral está señalada para este viernes 18 de marzo de 2022, en los Juzgados de lo Penal de Oviedo.

Según el Ministerio Fiscal, sobre las 19:20 horas del día 20 de abril de 2018, el acusado circulaba por la carretera local SI-2, en dirección Viella, conduciendo un vehículo Citroën Xantia. Al llegar a la altura del kilómetro 87, Siero, en la intersección que conduce a La Belga por su izquierda, debido a que conducía sin prestar la mínima atención, inició un giro hacia la izquierda, invadiendo el carril contrario, sin percatarse de que en ese momento le adelantaba correctamente una motocicleta Kawasaki.

La zona cuenta con aceras laterales y viviendas a ambos lados de la calzada, limitación de velocidad a 50 kmilómetros por hora y, en ese momento, la calzada estaba seca y limpia y había luz diurna y buena visibilidad.

El conductor de la motocicleta, al ser abordado por el coche, no pudo reaccionar y chocó violentamente contra la parte lateral delantera izquierda del turismo. A consecuencia de la colisión, la motocicleta salió despedida por encima del coche e impactó contra el muro de cierre de una vivienda que se encuentra en la esquina izquierda del cruce. El piloto salió despedido e impactó contra unafarola y, a continuación, contra el mismo muro. Sufrió lesiones provocaron su fallecimiento inmediato. Fue atendido por una unidad del SAMU, que no pudo hacer nada por salvarle la vida. La víctima tenía 33 años.

La Fiscalía considera que lechos son constitutivos de delito de homicidio por imprudencia grave y solicita que se condene al acusado a 2 años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 3años, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Código Penal, comporta la pérdida de vigencia del permiso o licencia.

En concepto de responsabilidad civil, el acusado, y como responsable civil directo y solidario la compañía aseguradora, abonarán a los padres del fallecido, 3.782 euros por unos audífonos que llevaba su hijo en el momento del accidente y que resultaron dañados; al padre del fallecido, 70.752,44 euros; a la madre del fallecido, 90.853.57 euros y a la hermana del fallecido, 24.270,89 euros.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, ha sostenido este jueves, a propósito del paro de una parte «minoritaria» del colectivo de transportistas, que en estos días se está viendo «una reacción que parece orientada, que parece abordada por posicionamientos de la ultraderecha».

Así lo ha manifestado la ministra en el transcurso de un encuentro con el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, en la sede del partido en Sevilla, en la que se ha referido a la «acción minoritaria de transportistas» que «no están ejerciendo su derecho a la huelga, sino que están boicoteando al resto de trabajadores y al sector que en este momento tan complicado trabajan para garantizarnos los alimentos y productos de primera necesidad».

Rodríguez ha enfatizado que «lo que estamos viendo son actos violentos que impiden que otros trabajadores puedan ejercer su derecho a trabajar y que, además, lo hacen de forma irresponsable, ya que en este momento esas acciones no sólo están generando la inseguridad de los transportistas que sí quieren trabajar, sino que en algunos casos están dando como consecuencia que en algunos casos podamos quedarnos desabastecidos de algunos alimentos o de algunas mercancías importantes para el sector primario», según ha advertido.

Por eso, según ha continuado la ministra portavoz, «hay que manifestarse claramente y rechazar esa actitud violenta de una minoría que quiere empañarlo como si fuera un acto del ejercicio del derecho de huelga, cuando es un boicot en toda regla y está alentado por posicionamientos de odio que en nada favorecen al diálogo, la convivencia y a afrontar con fortaleza un momento de tanta dificultad» como el actual, según ha incidido.

Isabel Rodríguez ha defendido que el Gobierno «está trabajando con el sector del transporte», y este mismo miércoles la ministra del ramo estuvo «reunida nueve horas con representantes del sector que representan al 90% de los transportistas del país», y el Ejecutivo va a «seguir ofreciendo soluciones en estos días».

No obstante, la ministra ha aseverado que «nada tiene que ver las demandas legítimas del sector del transporte y la preocupación lógica por el coste de los carburantes, que vamos a abordar en los próximos días, con lo que hoy hay en las calles, que son actos violentos que ponen en riesgo las vidas de los que están trabajando y el abastecimiento de productos básicos para nuestra economía«, según ha zanjado.

La hasta ahora gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Celia Gómez, se incorporará al equipo del Ministerio de Sanidad en el cargo de directora general de Ordenación Profesional y será sustituida por el especialista en medicina familiar y comunitaria Rafael Sotoca, que actualmente trabaja como médico de familia en Valencia.

Así, Gómez ocupará el puesto que hasta ahora correspondía a Vicenç Martínez, y lo hará en cuanto se formalice su nombramiento en el Consejo de Ministros, una vez que el Consejo de Gobierno de Cantabria ha aprobado su cese en su reunión de este jueves.

La exdirectora del SCS anunció la semana pasada su dimisión, a la que siguió un día después la del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, que ha sido sustituido por Raúl Pesquera, quien ha tomado posesión hoy mismo y ha participado en su primer Consejo de Gobierno para trasladar que será Rafael Sotoca Covaleda quien ocupará el puesto de Gómez.

El nuevo director no ha podido ser nombrado en la reunión semanal del Gobierno de este jueves por motivos profesionales, por lo que este trámite se llevará a cabo la próxima semana, según ha informado en rueda de prensa el vicepresidente cántabro, Pablo Zuloaga.

Rafael Sotoca es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y máster en salud pública. Ha sido director general de Asistencia Sanitaria de la Comunidad Valenciana y miembro del gabinete de la ministra de Sanidad Carmen Montón.

Ha trabajado en la coordinación y diseño de sistemas de información sanitaria a nivel autonómico y ministerial y como expatriado en proyectos de acción humanitaria. De hecho, fue presidente de Médicos del Mundo en la Comunidad Valenciana y actualmente es secretario de la Junta Directiva de Médicos Sin Fronteras España y su representante en la Asamblea General Internacional.

Así lo ha dado a conocer Zuloaga tras agradecer, en nombre del Gobierno, la labor de la directora del SCS saliente y desearle «lo mejor» en esta nueva etapa profesional en el Ministerio, que cree que «sin duda viene precedida de su buen hacer» en la comunidad.

Así, el vicepresidente ha puesto en valor su trabajo «en los meses más complejos de la pandemia», que, junto al del ya exconsejero Miguel Rodríguez –que fue cesado el jueves pasado– ha permitido a Cantabria ofrecer «las mejores cifras del país en cuanto a protección de vidas» y también «encabezar en los momentos mas complejos de la crisis sanitaria la campaña de vacunación».

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado una condena de 6 años y 6 meses de prisión, por un delito de agresión sexual con acceso carnal, impuesta el pasado noviembre por la Audiencia Provincial a un vecino de Tudela que violó a una joven de 15 años en la capital ribera.

Según consta en la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, el procesado, de 29 años, indemnizará con 30.000 euros a la víctima, a la que no podrá acercarse ni comunicarse durante 12 años y 6 meses. Asimismo, a la conclusión de la pena de prisión, cumplirá una medida de libertad vigilada durante 6 años, ha informado en una nota el TSJN.

En el juicio, el fiscal había solicitado una pena de 14 años de prisión por un delito de agresión sexual a menor de 16 años. La defensa, por su parte, había reclamado la absolución y, subsidiariamente, había interesado la aplicación de la atenuante de confesión y colaboración con la justicia.

Al ratificar la condena, el TSJN acepta los hechos declarados probados por la Sección Primera de la Audiencia de Navarra en su sentencia de 22 de noviembre de 2021.

La agresión sexual se perpetró el 14 de marzo de 2020 en una fiesta de cumpleaños de una amiga de la víctima. En la misma se encontraba el encausado, «de quien la denunciante se sentía atraída».

En un momento dado, el procesado y la víctima se besaron, con el consentimiento de ella, pero seguidamente él comenzó a tocarle «los pechos», a lo que ella se opuso. Le dijo que parase, pero hizo caso omiso. El inculpado, entonces, llevó a cabo una triple agresión sexual.

Como consecuencia de estos hechos, según consta en la sentencia, la joven padece «sintomatología depresiva con fuerte sentimiento de culpabilidad y rechazo de sí misma, que le ha llevado a un intento autolítico».

En su descargo, el acusado, encarcelado provisionalmente, mantuvo que las relaciones fueron consentidas y negó haber actuado con violencia. Dijo que pensaba que la víctima era mayor de edad.

Sin embargo, la Sección Primera de la Audiencia Provincial consideró que la declaración inculpatoria de la denunciante fue corroborada por la prueba pericial forense, que acreditó que las lesiones que presentaba eran compatibles con su relato.

En el recurso presentado ante el Tribunal Superior, la defensa alegó cuatro motivos: error en la apreciación de la prueba por las contradicciones, incoherencias y cambios de versión de la denunciante; error en la valoración del informe médico forense; falta de valoración de la prueba testifical de descargo; e indebido rechazo de la atenuante de confesión.

En relación con el consentimiento, la defensa hizo hincapié en que «la menor se arrepintió posteriormente de la relación sexual y la denunció como una violación».

Al respecto, el TSJN destaca que la Audiencia ya contempló este arrepentimiento de la relación inicialmente consentida, pero la situó en el curso de su desarrollo, «cuando el acusado pasó de los besos a los tocamientos del pecho que precedieron al acceso carnal y ella le hizo patente, de palabra y obra, su oposición».

Por otra parte, ante las alegaciones de la defensa, la Sala resalta que el hecho de que la menor, nueve años más joven que el inculpado, «no hubiera ejercido una resistencia más dura y enérgica, convencida de su inutilidad, no significa que su sometimiento fuera libremente consentido».

En su sentencia, los magistrados del Tribunal Superior coinciden con sus homólogos de la Audiencia en corroborar las conclusiones del médico forense, quien en el juicio otorgó «credibilidad» a la versión de la víctima «por la inmediación de la denuncia y la compatibilidad de las lesiones con su relato».

Asimismo, respecto de la valoración de la prueba de descargo, la Sala subraya que, en contra de lo que el recurso de la defensa parece sugerir, «la falta de gritos de auxilio no es incompatible con la negativa o el rechazo de la víctima a la continuidad de las acciones sexuales del acusado, ni excluye la eventualidad de la fuerza ejercida sobre ella, ni menos aún constituye una dato elocuente de su aquiescencia a la relación».

Por último, el Tribunal rechaza la existencia de la atenuante de confesión o colaboración con la justicia. Explica que no solo no concurren los requisitos, sino que «tampoco es apreciable la disposición colaboradora del encausado».

Así, destaca que el inculpado se personó ante la Policía Foral cuando ésta ya había iniciado la investigación; su versión exculpatoria no se corresponde con las agresiones declaradas probadas por la Audiencia; «y queda en la más completa incertidumbre la relevante contribución que la defensa atribuye al acusado apelante en el esclarecimiento de los hechos, cuando su versión dista de la probada y ni siquiera se avino a prestar declaración en sede policial».

El Barómetro de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dado a conocer este jueves estrena un nuevo modelo de estimación de voto que no altera el orden que viene repitiéndose en esta legislatura, con el PSOE en cabeza seguido del PP y de Vox, pero sí refleja un aumento de estos tres partidos mientras caen Unidas Podemos y Ciudadanos.

En concreto, el PSOE aparece ahora con una estimación de voto del 31,5%, tres puntos más que en febrero, y con una ventaja de casi siete puntos respecto del PP, que marca un 23,8%. Vox se consolida en la tercera plaza subiendo al 16,3%, por primera vez por encima del 15% que logró en las últimas generales.

Y, en cambio, esta vez Unidas Podemos se queda en el 11,8% casi dos puntos menos que el mes anterior, y Ciudadanos solo obtiene un 3,2%, lejos del 5% que consiguió en las generales de 2019 y que acabó con la dimisión de Albert Rivera.

La encuesta se realizó en los primeros diez días de marzo, recogiendo ya los ecos de la batalla interna desatada en el PP entre la dirección fe Pablo Casado y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que acabó situando al gallego Alberto Núñez Feijóo como nuevo referente del partido.

Según anunció este miércoles el presidente del CIS, José Félix Tezanos, este barómetro ya cuenta con un nuevo modelo de estimación de voto porque reconocen que hasta ahora venían equivocándose al calibrar el respaldo de Vox debido al «voto oculto» que en su opinión presenta el partido de Santiago Abascal.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un joven de 27 años tras presuntamente haber disparado con una pistola a su cuñado, cuando este se encontraba asomado a la ventana de su domicilio, con el objetivo de vengar una agresión machista a su hermana.

Los hechos ocurrieron este miércoles en la capita alicantina, cuando la hermana del presunto autor de los hechos se fue de su domicilio tras supuestamente ser agredida por su pareja. Después de contar lo ocurrido a su hermano, este se dirigió en su vehículo hasta el bloque de edificios donde se ubicaba el domicilio de su hermana.

Una vez allí, pudo observar cómo su cuñado se encontraba asomado a la ventana del tercer piso del inmueble, momento en el cual efectuó contra él varios disparos con una pistola, sin llegar a alcanzarle, explica la Jefatura Superior en un comunicado.

Posteriormente, huyó del lugar, si bien, tras las llamadas que se recibieron en la Sala de 091 de la Policía Nacional en Alicante, se estableció el correspondiente protocolo para delitos violentos y los policías se desplegaron en la zona cercando el barrio. Así, consiguieron localizar y detener al presunto autor de los disparos apenas a dos calles del lugar.

Junto con las dotaciones de Seguridad Ciudadana intervinientes, también se desplazaron al lugar agentes de la Policía Científica y de la Policía Judicial para realizar las correspondientes inspecciones oculares, en este caso, fueron los componentes del Grupo de Delincuencia Violenta los que se hicieron cargo de la investigación posterior.

Sin embargo, la investigación, no terminó con la detención del autor de los disparos, sino que, tras la declaración de la hermana de éste en la Unidad de Atención a la Familia Mujer de la Comisaría Provincial de Alicante, la persona contra la que iban dirigidos los mismos también terminó arrestado acusado de un presunto delito de malos tratos por violencia de género.

CARTUCHOS

La investigación no se da por concluida, pues los agentes siguen indagando con el fin de localizar el arma utilizada para la agresión. En este sentido, se ha realizado un registro en el domicilio del presunto autor de los disparos en el que se intervinieron una treintena de cartuchos del calibre 9 milímetros parabellum, coincidentes con los utilizados en la agresión.

El primero de los detenidos, el presunto autor de los disparos, ha sido acusado de un delito de homicidio en tentativa y tenencia ilícita de armas y será puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.

El segundo de los detenidos, la víctima de los disparos, ha sido acusado de un delito de Violencia de Género y será puesto a disposición del Juzgado de Violencia contra la Mujer correspondiente de Alicante.

El Grupo de Expertos en la Acción contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) del Consejo de Europa ha advertido este jueves del riesgo de que las personas que huyen del conflicto armado en Ucrania sean víctimas de la trata de seres humanos y de la explotación, en un momento en el que el flujo de refugiados en Europa, según indica este organismo, está experimentando «su mayor aumento desde la Segunda Guerra Mundial».

En total, según ha indicado GRETA, unos tres millones de personas se han visto obligadas a huir de Ucrania en las últimas tres semanas y el 90% de ellas son mujeres y menores.

Todos ellos han recibido la solidaridad de países y ciudadanos europeos que han ofrecido transporte y alojamiento a los desplazados. Sin embargo, GRETA advierte de los «desafíos logísticos» que esta situación, como la denunciada por algunas entidades de la sociedad civil que están en el terreno y los periodistas sobre «presuntos casos de trata de personas que afectan a los refugiados ucranianos».

«Hay informes de traficantes que se enfocan en niños que huyen de Ucrania sin sus padres, y muchos de ellos son actualmente imposibles de rastrear luego de la precipitada evacuación de orfanatos y hogares de acogida», ha apuntado el organismo del Consejo de Europa.

Su presidenta, Helga Gayer, ha señalado que «los funcionarios públicos y las organizaciones de la sociedad civil en los países que acogen a refugiados ucranianos deben estar alertas a los riesgos de trata y explotación de personas». A su jucio, «deben tomarse medidas urgentes para fortalecer la coordinación en las fronteras y en las estructuras de acogida, así como para garantizar el registro preciso de los refugiados y su acceso a los documentos, permisos de residencia y servicios esenciales necesarios».

INFORMACIÓN PARA LOS DESPLAZADOS

Del mismo modo, ha señalado que «las personas que huyen de la guerra están debilitadas física y psicológicamente, no están familiarizadas con su nuevo entorno y son muy susceptibles de ser presa de los delincuentes».

Es por eso que llama a que «las estructuras de recepción de refugiados garanticen que estén informados de sus derechos, en un idioma que entiendan, y que se beneficien de apoyo psicológico y material». «Las autoridades deben tomar medidas para prevenir ofertas fraudulentas de transporte, alojamiento y trabajo, y deben fortalecer los protocolos para la seguridad de los niños no acompañados en relación con el sistema nacional de protección de la niñez», ha indicado.

También desde las entidades especializadas, como Proyecto Esperanza y SICAR cat, advierten de que los conflictos armados generan un entorno donde esta violación de Derechos Humanos puede prosperar debido a las vulnerabilidades sociales y económicas de las zonas en guerra, la erosión del Estado de Derecho, el desmantelamiento de las instituciones, la impunidad y los desplazamientos forzados.

Además, han explicado que los grupos armados pueden usar este delito para financiarse e incluso para atraer a nuevos reclutas, con promesas como recompensarlos con esclavas sexuales.

DAR RESPUESTA A LAS MÚLTIPLES VULNERABILIDADES

Junto a otras ONGs europeas, pertenecientes a La Strada International, Proyecto Esperanza y SICAR cat –ambos proyectos de Adoratrices– están promoviendo acciones de prevención que incluyen la elaboración y difusión de materiales con consignas y recomendaciones básicas de seguridad para las personas que huyen del conflicto.

Las recomendaciones, en inglés, ucraniano, castellano y catalán, se centran en la necesidad de reforzar la seguridad de la población durante el desplazamiento a un lugar seguro para evitar situaciones de mayor vulnerabilidad como quedarse sin documentación y/o dinero, perder el contacto con personas de confianza, no poder informar del lugar en el que se encuentran o no tener donde alojarse.

Según explican estas organizaciones, cuanto más alta es la vulnerabilidad, más posibilidades de convertirse en víctima de trata. Por este motivo, ven «crucial» que los países de tránsito y destino, en aras de su obligación de diligencia debida, tomen todas las medidas necesarias para: prevenir graves vulneraciones de derechos humanos, detectar situaciones de trata de seres humanos y proteger a las posibles víctimas.