El Gobierno ha defendido la expulsión a Argelia de Mohamed Benhalima, un exmilitar al que se denegó por dos veces la protección internacional coincidiendo con la crisis por el apoyo del Ejecutivo español al plan marroquí sobre el Sáhara Occidental. En concreto, asegura que se atendieron sus solicitudes «con total cumplimiento de la normativa de protección internacional», según consta en una respuesta parlamentaria.
A finales de marzo, el Ministerio del Interior tramitó la expulsión de Mohamed Benhalima pese a las críticas Amnistía Internacional, que reclamó públicamente que se anulara al tratarse de un «exmilitar argelino que expuso la corrupción de altos militares en su país». Según esta organización, a Benhalima se le inadmitió estudiar nuevamente su petición de asilo, «a pesar de las pruebas de que si le devuelven a Argelia podría ser torturado».
La decisión se produjo días después de que Marruecos difundieran el 18 de marzo la carta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió al rey Mohamed VI en la que aseguraba que el plan de Marruecos sobre el Sáhara era la propuesta «más seria, realista y creíble» para la resolución del conflicto. Argelia respondió a la misiva con la retirada de su embajador y, desde entonces, ha avisado de que puede condicionar los contratos de suministro de gas.
En respuesta al diputado de Compromís Joan Baldoví, el Gobierno defiende que se cumplió «estrictamente con la normativa vigente» y que, por tanto, «no se ignoró en absoluto el contenido del artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos» al denegar las dos solicitudes de protección internacional, con fecha de 18 de febrero de 2020 y de 18 de marzo de 2022.
En este sentido, recuerda que la ley 12/2009 obliga a preservar la confidencialidad de toda información relativa a este tipo de procedimientos, «incluido el hecho de la presentación de lasolicitud».
«El señor Mohamed Benhalima fue sancionado con la expulsión del territorio nacional por haber incurrido en conducta subsumible en la infracción muy grave prevista en el artículo 54.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social», añade el Ejecutivo.
Baldoví reclamó que a Benhalima se le aplicara el mismo protocolo que el de los ucranianos que huyen de la guerra por la invasión de Vladimir Putin, algo que niega de plano el Gobierno al recordar que «no se encuentra en el ámbito de aplicación de las normas relativas al colectivo ucraniano, sobre el que rige la normativa especial para protección temporal que establece la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 de 4 de marzo y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de2022».
