La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha defendido este jueves el carácter «estructural» y no «coyuntural» de las medidas que desde hace «unos meses» viene aprobando el Gobierno de España en favor del sector y para mejorar las condiciones laborales de sus profesionales.

Así, ha negado que las decisiones acordadas ante los paros convocados sean «pan para hoy y hambre para mañana», como ha respondido a los periodistas este jueves en Santander, tras una reunión con el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, para repasar proyectos de su departamento en la región.

El encuentro ha coincidido con el anuncio de la desconvocatoria del cese de actividad por parte de los transportistas en Cantabria representados por Asemtrasan, noticia que la también titular de Movilidad y Agenda Urbana ha valorado de forma «positiva».

En este sentido, ha recordado que tras el acuerdo alcanzado con el Comité Nacional del Transporte pidió a los profesionales del sector que se lo leyeran, al considerar que era «muy positivo». Y a ello ha sumado, además, el «compromiso de seguir trabajando para mejorar las condiciones» y en un momento que requiere que «todos arrimemos el hombro, que actuemos con unidad».

En su comparecencia ante los medios, la ministra del ramo ha admitido que los transportistas lo «están pasando mal» y que ha sido uno de los sectores «más afectados directamente» por el incremento de los precios de los carburantes a raíz de la guerra en Ucrania.

Pero ha defendido las medidas «de apoyo muy importante» aprobadas para ayudar a esta actividad. En este sentido, ha considerado igualmente que «era importante también volver a la normalidad cuanto antes», tras varias semanas de paros en el transporte y la distribución y en un momento en el que empresas y ciudadanos no necesitan «más incertidumbres» como las que ha habido en la cadena de suministros, con diversos «problemas» e «incidentes».

«Hay que intentar normalizar la situación entre todos», ha sentenciado Sánchez, al tiempo que ha apelado a la «unidad y determinación» para «intentar salir de esta situación compleja».

MEDIDAS PRESENTES Y FUTURAS

A este respecto, ha subrayado el plan nacional de respuesta a la crisis por el conflicto bélico aprobado por el Ejecutivo central y que incluye medidas «muy importantes» por valor de 16.000 millones de euros.

En el documento, ha dicho, se han tenido «muy en cuenta las necesidades» del sector, que es uno de los que recibe ayudas «de manera más directa y más inmediata»

Pero también se ha referido al trabajo previo, como el Real Decreto Ley convalidado hace dos semanas en el Congreso de los Diputados, y futuro, toda vez que existe un compromiso de seguir trabajando en cuestiones como la ley que garantice que transportistas, camioneros y autónomos trabajen por un «precio justo» y no «por debajo de coste», una reivindicación del sector.

«Necesitamos un mínimo tiempo para poder trabajarlo, pero nos hemos comprometido a presentar un proyecto para hacer posible ese objetivo», ha concluido la ministra de Transportes.

Codere contabilizó unas pérdidas netas de 338,6 millones de euros en el ejercicio de 2021, lo que supone un incremento del 43,1% con respecto a los ‘números rojos’ cosechados un año antes, según consta en el informe de resultados anuales de la empresa.

Las pérdidas se producen pese a haber facturado 790,7 millones de euros durante el año, un 33% más. En el cuarto trimestre, la cifra de negocio ascendió hasta los 291 millones, más del doble que el mismo periodo del 2020 y el 85% de lo generado en el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia.

Los ingresos del grupo en España ascendieron hasta los 145,5 millones durante el año, un 25% más que el año anterior. De su lado, México (+63,5%), Argentina (+108,2%), Panamá y Colombia (+7,2%) también registraron variaciones positivas durante el año. En contraposición, Italia (-1,3%) y Uruguay (-19,5%) descendieron sus cifras de facturación en el periodo.

Por su parte, el negocio ‘online’ de la compañía facturó 80 millones de euros en 2021, un 12,1% que el año anterior.

En lo que respecta al cuarto trimestre del año, las pérdidas ascendieron hasta los 95,2 millones, frente al beneficio de 3,2 millones del mismo periodo del año anterior.

En términos de parque instalado, a 31 de diciembre de 2021, Codere contaba con 42.642 terminales de juego, 4.216 puestos de bingo, 8.342 bares, 7.980 máquinas de apuestas deportivas, 656 mesas de juego, 1.128 salones recreativos, 190 puntos de apuestas deportivas, 140 salas de juego y 4 hipódromos.

La empresa ha incidido en que en la actualidad mantiene su operación abierta en todos sus mercados. Adicionalmente, ha indicado que pese al impacto causado por la variante Ómicron a comienzos de año, el grupo espera recuperar su nivel de ingresos previo a la pandemia en el cuarto trimestre de este año.

NUEVO EQUIPO DIRECTIVO

Por otro lado, la empresa ha informado de nuevas incorporaciones de nuevos perfiles en el equipo directivo.

El grupo ha decidido incorporar a Antonio Zafra Jiménez como director corporativo del Área de Legal y Cumplimiento. El nuevo directivo ha asumido funciones similares en Bankia –ahora CaixaBank–, y en Iberia. Además, desempeñó el cargo de jefe de Gabinete de la subsecretaría del Ministerio de Economía, y también fue secretario del Consejo y director de Asesoría Jurídica del ICO.

Zafra es Abogado del Estado en excedencia y licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y PADE por el Instituto de Empresa.

Por otro lado, Codere ha nombrado además a Fernando Pombo como director corporativo de Estrategia y Desarrollo Corporativo del grupo.

Licenciado en Administración de Empresas, máster en Finanzas y con formación especializada en fusiones y adquisiciones por Wharton, Pombo ha desarrollado su carrera profesional de más de 25 años, con principal foco en consultoría (Arthur Andersen/Ernst & Young), planeamiento estratégico, control de gestión y finanzas (CFO de diversas compañías en los últimos 10 años). Más de siete han sido en Codere en el pasado, desempeñando diversas responsabilidades en la Dirección Económica Financiera, tanto a nivel corporativo como en Latinoamérica.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha avisado este jueves de que España tiene un 24% de economía sumergida, mientras que el resto de Europa tiene un 13%, por lo que ha aconsejado al Gobierno que ataje la economía sumergida, para así recaudar más, y que, a la vez, baje impuestos en lugar de subirlos, como medidas apropiadas para combatir la creciente inflación.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, poco antes de asistir a la clausura de la Asamblea General Ordinaria de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Garamendi ha señalado que la subida de la inflación afecta absolutamente a todos, aunque a los primeros que afecta es a los empresarios, «que están asumiendo esa subida de costes y que, por otro lado, no pueden tampoco trasladarlo a sus ventas».

De modo que, según ha opinado, es preciso ver cómo entre todos se modera esa inflación, que básicamente viene provocada como consecuencia de los costes energéticos, entre otros temas, aunque ha añadido que viene agravada por la guerra de Ucrania. «Pero no es menos cierto que en diciembre ya teníamos una inflación que superaba el 6,5», ha reiterado.

En consecuencia y a juicio de Garamendi, el Estado debería trabajar más eficientemente y bajar impuestos, sin tocar la sanidad o la educación, sino recortando gasto superfluo. Así, ha recordado que el Instituto de Estudios Económicos calcula en España un ahorro de unos 60.000 millones de euros en todas las administraciones evitando «solapamientos», entre otras cuestiones.

A ello hay que unir, según ha argumentado el presidente de CEOE, que España tiene un 24% de economía sumergida, mientras que el resto de Europa tiene 13%, con lo que «ahí hay un margen enorme de recaudación y no, evidentemente, subiendo impuestos», al contrario, habría que «hacer una bajada» general de impuestos, «para que todas las rentas se pudieran asegurar una mejor capacidad de compra.

En consecuencia, ha apuntado que la subida de la inflación es «un problema que en este momento es europeo, y es una realidad» a la que hay que buscar una salida «entre todos» en cuanto a lo que supone el incremento de costes, sobre todo en lo referido a la energía, cuya factura, en cualquier caso, «hay que pagar».

RECESIÓN

En cuanto a si España puede llegar a entrar en recesión, Garamendi ha señalado que si se hacen las cosas bien, no va a suceder, pero si se hacen mal, es posible que sí, y por eso, ha pedido «seriedad, ortodoxia económica mucho rigor presupuestario».

Además, según ha concluido el presidente de CEOE, tampoco hay que olvidar que, en estos momentos, el mayor déficit lo tiene el Estado, y la mayor deuda también.

Las tarifas reguladas del gas natural subirán al menos un 5,91% desde el 1 de abril para aquellos acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR).

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la resolución del Ministerio de Transición Ecológica con los valores de abril a junio de la TUR de gas, una tarifa a la que puede acogerse cualquier consumidor conectado a redes de gas natural baja presión cuyo consumo anual sea inferior a los 50.000 kWh.

La TUR de gas natural se revisa trimestralmente el día 1 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, produciéndose su actualización siempre que el coste de la materia prima –en este caso el gas– experimente una variación al alza o a la baja superior al 2% respecto al coste de la materia prima de la tarifa en vigor.

Con la aplicación del Real Decreto-ley 17/2021 del 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural, se establece que en la revisión de la tarifa de último recurso correspondiente al 1 de abril de 2022, el incremento máximo del coste de la materia prima respecto al que resulte vigente en la revisión de 1 de enero de 2022 sea del 15%.

Así las cosas, en la TUR 1, de consumos anuales menores de 5.000 kWh, la factura anual subirá un 5,91%. Asimismo, en la TUR 2, para consumos anuales entre 5.000 kWh y 15.000 kWh, la factura anual subirá un 7,24%. Igualmente, en la TUR 3, de consumos anuales entre 15.000 kWh y 50.000 kWh, la factura anual se incrementará un 7,92%.

En las revisiones trimestrales posteriores, ya con expectativas de una cotización internacional del gas normalizada, se irá absorbiendo poco a poco la deuda que se haya generado hasta la fecha. Así, se mantendrá el límite del 15% del incremento de la materia prima hasta que haya desaparecido dicha deuda, momento en el que volverá a aplicarse el límite habitual del 2%.

La agencia digital Nateevo ha disparado un 28% su facturación en 2021, superando los 11 millones de euros, y proyecta crecer al mismo ritmo en 2022.

En concreto, la agencia, parte del grupo Vass, espera crecer más de un 27%, para llegar a los 14 millones de euros en ingresos, impulsada por una nueva identidad de marca para diferenciarse en el mercado, según un comunicado.

«Queremos ser todavía más ambiciosos y parte importante del crecimiento vendrá de fuera de España», asegura el consejero delegado de Nataeevo, Pedro Latasa.

La empresa también ha aumentado su plantilla en más de un 30% y ya supera los 200 empleados que prestan servicios a clientes como BBVA, Coca Cola y Twitter.

Asimismo, el director de Negocio Internacional, Matías Acosta, ha destacado que la compañía busca desembarcar en Estados Unidos y consolidar su posición en Europa y Latinoamérica.

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves la propuesta del PP de bajar los impuestos aplicados a los carburantes y al gas, con la rebaja al mínimo legal comunitario del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y al 4% súperreducido del IVA al suministro de gas y calefacción.

Finalmente, los ‘populares’ han acordado con Ciudadanos una enmienda transaccional a su proposición no de ley para incluir en su propuesta la exigencia al Gobierno de ajustar los tramos del IRPF y sus mínimos exentos y deducciones a la inflación.

La iniciativa, debatida el martes, ha sido rechazada con los votos de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Junts, Más País-Equo, la CUP, Nueva Canarias y Compromís. PP, Vox, Ciudadanos, Coalición Canaria y Foro Asturias han votado a favor, mientras que Teruel Existe, el PRC y el BNG se han abstenido.

El PP había registrado esta iniciativa a mediados de mes, en plena crisis del transporte de mercancías por carretera y había elegido llevarla al Pleno de la Cámara antes del acuerdo del Gobierno con el sector. Este acuerdo contempla ayudas directas por vehículo, el compromiso de una ley para impedir el trabajo a pérdidas y también una rebaja del combustible de 20 céntimos por litro.

EL PP BUSCABA LA RENUNCIA A FUTURAS SUBIDAS DE IMPUESTOS

Además de las medidas mencionadas, el PP también pedía liderar a nivel europeo la normativa sobre el IVA para aplicar temporalmente un tipo impositivo reducido a los carburantes de automoción y suspender los tipos mínimos del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos en tanto persista la crisis.

Por otro lado, los ‘populares’ planteaban reducir la contribución de los carburantes al futuro Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y renunciar a la propuesta de los expertos convocados por Hacienda, que han recomendado un aumento generalizado de los impuestos aplicados sobre los hidrocarburos en la reforma fiscal prevista por el Gobierno.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves la orden de bases de cotización para 2022, que sitúa la base máxima para cualquier categoría profesional y grupo de cotización en 4.139,4 mensuales o 137,98 euros diarios, un 1,7% más que en 2020, mientras que las bases mínimas suben un 3,6%, en consonancia con el alza del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año.

De este modo, la base mínima de cotización en contingencias comunes para licenciados e ingenieros (grupo 1) se incrementa desde los 1.572,3 euros mensuales de 2021 a 1.629,3 euros, en tanto que la de ayudantes no titulados, oficiales, auxiliares administrativos y subalternos (grupos 4, 5, 6 y 7) pasa a ser de 1.166,7 euros mensuales desde el 1 de enero de este año, frente a los 1.125,9 euros del año pasado.

Por su parte, la base mínima de cotización para ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados (grupo de cotización 2) se sitúa desde el 1 de enero en 1.351,2 euros al mes, frente a los 1.303,8 euros de 2021, mientras que la de la categoría profesional de jefes administrativos y de taller (grupo 3) alcanza los 1.175,4 euros mensuales, en contraste con los 1.134,3 euros del año pasado.

El tipo de cotización, en el caso de las contingencias comunes, es del 28,3%, del que el 23,6% corre a cargo de la empresa y el 4,7% por ciento, a cargo del trabajador.

AUTÓNOMOS: BASE MÍNIMA DE 960,6 EUROS AL MES

En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) la base máxima de cotización para 2022 también es de 4.139,4 euros mensuales, en tanto que la mínima, con carácter general, se sitúa en 960,6 euros, frente a los 944,4 euros mensuales de 2021.

El tipo de cotización a aplicar en el RETA es del 28,3% para contingencias comununes y del 1,3% para contingencias profesionales, del que el 0,66% corresponde a la contingencia de incapacidad temporal y el 0,64%, a las de incapacidad permanente y muerte y supervivencia.

Los trabajadores incluidos en este régimen especial que no tengan cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales pagarán una cotización adicional equivalente al 0,10%, aplicado sobre la base de cotización elegida.

ELECCIÓN DE BASES PARA AUTÓNOMOS CON DETERMINADOS REQUISITOS

La base de cotización para los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2022, fueran menores de 47 años de edad será la elegida por éstos, dentro de los límites que representan las bases mínima y máxima.

Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa fecha tuvieran una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre de 2021 hubiera sido igual o superior a 2.077,80 euros mensuales, o causaran alta en este régimen especial con posterioridad a la citada fecha. En otro caso, su base máxima de cotización será de 2.113,20 euros mensuales.

Los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2022, tuvieran 47 años de edad, si su base de cotización fuera inferior a 2.077,80 euros mensuales, no podrán elegir una base de cuantía superior a 2.113,20 euros mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2022, con efectos a partir del 1 de julio del mismo año, o que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este régimen especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá dicha limitación.

La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2022, tuvieran cumplida la edad de 48 o más años estará comprendida entre las cuantías de 1.035,90 y 2.113,20 euros mensuales, salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de este, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este régimen especial con 45 o más años de edad, en cuyo caso la elección de bases estará comprendida entre las cuantías de 960,60 y 2.113,20 euros mensuales.

No obstante, la base de cotización de los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social cinco o más años tendrá las siguientes cuantías: si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 2.077,80 euros mensuales, se habrá de cotizar por una base comprendida entre 960,60 euros mensuales y 2.113,20 euros mensuales.

En caso de que la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 2.077,80 euros mensuales, se habrá de cotizar por una base comprendida entre 960,60 euros mensuales y el importe de aquella por la que viniera cotizando, incrementado en un 1,7%, con el tope de la base máxima de cotización.

Los autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio podrán elegir, a partir del 1 de enero de 2022, entre una base mínima de 960,60 euros mensuales o una base de 884,10 euros mensuales. Los dedicados a la venta a domicilio podrán también elegir desde el 1 de enero de 2022 entre una base mínima de 960,60 euros mensuales o una base de 528,30 euros mensuales.

El grupo de expertos de la Unión Aduanera de la UE que preside la exministra española Arancha González Laya ha pedido este jueves cambios como eliminar la exención de los derechos de aduanas a las importaciones del comercio electrónico de menos de 150 euros, controlar mejor que los productos importados cumplen los mismos estándares que los europeos y crear una Agencia Aduanera a nivel europeo.

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha puesto de relieve el compromiso de Bruselas por «modernizar» la Unión Aduanera, en línea con la estrategia de sostenibilidad y fortaleciendo la seguridad en las fronteras, ha señalado en rueda de prensa, en la que ha enfatizado la importancia del control fronterizo en situaciones de crisis como la actual.

La líder del grupo de expertos y exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha resaltado que este trabajo es «esencial» en la situación actual «por el componente geopolítico», de cara a asegurar que Europa protege sus fronteras y ha instado a «actuar ahora».

En un paso más, González Laya ha instado a efectuar una traslación desde las 27 fronteras actuales de la UE a una sola a nivel comunitario, un punto que considera importante para fortalecer la seguridad europea. «Necesitamos un cuerpo que asegure que todos los oficiales de aduanas de los Estados miembros aplican las reglas aduaneras de la misma manera», ha incidido González.

Las recomendaciones del grupo de expertos en Unión aduanera contemplan la eliminación de la exención de los derechos de aduanas a las importaciones inferiores a 150 euros en el comercio electrónico y tarifas simplificadas para envíos de bajo valor, así como la creación de una Agencia de Aduanas a nivel europeo, que complemente el trabajo de la Comisión Europea y los Estados miembros.

Además, los expertos de la UE recomiendan establecer un marco de responsabilidad al amparo de un estatus de operador económico de la UE para que los negocios obtengan acceso comercial al mercado comunitario así como un paquete de medidas para que las importaciones cumplan con los mismos estándares medioambientales que los artículos producidos en la UE.

Los expertos recomiendan también analizar las transacciones para determinar que cumplen las condiciones del mercado comunitario utilizar datos comerciales en frontera en lugar de la actual declaración en el despacho de aduanas. En este sentido, González ha apelado a entrar en la «revolución de los datos».

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido al Gobierno central establecer una transferencia o bono social de cerca de 300 euros dirigido a las personas que no están cubiertas por el Ingreso Mínimo Vital (IMV), como mileuristas, trabajadores parciales, pensionistas y parados que debido a la inflación «no llegan a fin de mes» y que necesitan ayuda para hacer frente a los precios de la energía y de la cesta de la compra. Estima que esta medida podría beneficiar a más de nueve millones de personas.

Así lo ha planteado en una rueda de prensa para valorar el contexto socioeconómico y las propuestas sindicales como respuesta a la escalada de precios y al impacto de la guerra de Ucrania, entre las que también se incluye que el tope del precio a la energía se fije «nítidamente por debajo de los cien euros».

El dirigente sindical se ha mostrado «crítico» con las medidas de protección social incluidas en el Plan de Respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania, porque «se han quedado cortas» y están «muy focalizadas a combatir la pobreza severa», cuando el problema ocasionado por la inflación «es mucho más amplio» y hay millones de personas que tienen prestaciones de desempleo, salarios en torno a mil euros o menos, personas que cobran pensiones no contributivas y otros segmentos de población que tienen problemas para hacer frente a los incrementos de precios de la energía y de la cesta de la compra.

Así, ha señalado que el Gobierno debe ser «más ambicioso en este terreno» porque la mejora del IMV y la bonificación energética «llegan a poca gente». Estima que esta medida podría beneficiar a unas nueve millones de personas.

Sordo ha tachado de «disparatado» el incremento de la tasa interanual de la inflación, que se ha situado en el 9,8% este mes de marzo, y ha destacado la inflación subyacente, la que elimina elementos de coyuntura, que ha escalado al 3,4%. «Esa enorme diferencia quiere decir que el elemento central que dispara los precios sigue siendo el coste energético», ha señalado.

LÍMITE DE PRECIOS POR DEBAJO DE 100 €/MWH

En ese sentido, ha apuntado que el Gobierno «obtuvo una victoria importante» en el Consejo Europeo al abrir la puerta a limitar los precios del gas, pero no una victoria «total» porque la medida aún tiene que ser «profundizada», fijada por el Gobierno de España pero controlada por Bruselas.

«La victoria política ahora hay que materializarla con una propuesta ambiciosa que limite los precios del gas», y este límite, ha defendido, «ni remotamente se puede asemejar a esos 180 euros por megavatio que se plantearon», sino que la «clave es que ese tope esté nítidamente por debajo de los 100 euros» para que acabe aliviando la situación para las familias y el tejido económico.

Asimismo, ha señalado que también hay que «determinar quién paga la factura» porque «no se puede hablar de pacto de rentas sin que se aprieten el cinturón las empresas eléctricas», ya que las personas que ganan mil euros o menos no se pueden apretar más el cinturón «porque ya no tienen agujeros y se están asfixiando».

Para Sordo, el Ejecutivo, en esta cuestión, debe lanzar una señal inequívoca a la sociedad sobre qué supone el «esfuerzo compartido que se está planteando y si van a «pagar la crisis los de siempre», las «clases populares», ha sostenido.

ACUERDO SALARIAL

Sordo también se ha referido al acuerdo salarial. Ha insistido en que las «medidas drásticas de contención de precios» serán «condiciones necesarias para poder avanzar en el pacto de rentas y salarial» que se está negociando, ya que acordar las cláusulas de revisión es «muy difícil» en esta coyuntura.

«Cuando antes se resuelva la profundidad de las medidas del Gobierno, más claro el panorama para llegar a acuerdos salariales, que no está siento sencillo», ha apuntado.

Por otra parte, Unai Sordo ha cargado contra las propuestas de acometer bajadas generalizadas de impuestos. Ha defendido que la contención de precios sigue siendo el elemento fiscal porque «no valen homeopatías fiscales económicas como plantea la derecha», ya que estas rebajas «no van a resolver nada, no conllevan necesariamente una bajada de precios y dispararía el nivel de déficit y deuda pública». Sería, por tanto, «la antesala de las políticas de recortes más duras que España ha conocido en anteriores décadas», en sus palabras.

«Decir que esa bajada de impuestos podría equilibrarse con una reducción de gasto superfluo es pura homeopatía fiscal, una chorrada de dimensiones siderales», ha aseverado.

Sobre otras medidas del ‘Plan de Respuesta’ aprobado por el Consejo de Ministros el martes, cree que las bonificaciones y rebajas de los combustibles no son las medidas «ideales en una situación de normalidad», porque «no puede pagar el conjunto del país la factura», pero ha opinado que «no había otro remedio para salir de la coyuntura.

También «comparte» las medidas de carácter laboral, pero ha reprochado «la falta de diálogo» con la que se han aprobado. Ha criticado la «polémica absurda» planteada por la CEOE ante el ‘veto’ a los despidos a las empresas que reciban ayudas públicas. Estaría bueno que con recursos públicos se subvencionaran los despidos», ha ironizado, al tiempo que ha defendido que «está claro que hay un intervencionismo sin precedentes», pero que este es «lo que está salvado la economía.

CCOO comparte también la medida de limitación en los precios del alquiler, pero Sordo ha señalado que esta medida «tendría que ser el germen de una normativa de vivienda mucho más intervencionista».

REVALORIZAR LAS PENSIONES

Por otro lado, preguntado por si se pedirá una revalorización se las pensiones como respuesta a la inflación, Sordo ha respondido que no están «en condiciones de exigir revalorizar las pensiones ahora mismo» y que «lo razonable es mantener el sistema a final de año y en todo caso hacer otra política de rentas en la que las pensiones más bajas tengan un bono social».

En ese sentido, ha defendido que «cuando pactas algo, tienes que ligarte a lo pactado», igual que «ahora no vamos a asumir que con esta inflación no se puede revalorizar al IPC medio». «No vamos a desdecirnos del pacto firmado», ha asegurado.

Los principales fabricantes de automóviles del mundo contabilizaron en conjunto un beneficio operativo de 134.241 millones de euros en 2021, lo que supone un 168% más que los 50.126 millones de euros que ganaron en el ejercicio precedente, según un informe de EY.

Todos los fabricantes analizados aumentaron su beneficio en 2021, aunque el mayor crecimiento lo registró la estadounidense Tesla, con una subida del 234% (5.518 millones de euros), y la menor, la japonesa Suzuki, con un 10% más en la comparativa interanual (1.558 millones de euros).

En este sentido, fueron los fabricantes estadounidenses los que mayor crecimiento registraron en su beneficio anual conjunto, del 339%, tras ganar 24.149 millones de euros. También registraron un fuerte aumento los fabricantes europeos, un 312%, hasta 17.239 millones de euros.

Por su parte, las marcas alemanas aumentaron esta cifra un 136%, hasta 48.703 millones, mientras que en las firmas japonesas la progresión fue del 116%, hasta 35.679 millones de euros en 2021. Los fabricantes surcoreanos aumentaron su beneficio un 157%, hasta 8.471 millones de euros.

TOYOTA, LA QUE MÁS GANÓ EN 2021

Por empresas, Toyota fue la compañía del sector que más beneficio operativo registró en 2021, con 24.811 millones de euros, un 74% más. Seguida de Volkswagen, que ganó 19.275 millones, un 99% más, y de Mercedes-Benz (antes Daimler), con 16.028 millones, un 163% más.

En cuarta posición se situó Stellantis, con 15.841 millones (+156%), por delante de BMW, con 13.400 millones (+177%); General Motors, con 9.673 millones (+34%); Ford, con 8.958 millones (perdió 3.385 millones en 2020); Honda, con 6.815 millones (+100%); Tesla, con 5.518 millones (+234%); Hyundai, con 4.730 millones (+167%); Kia, con 3.741 millones (+145%), y Suzuki, con 1.558 millones (+10%).

Por su parte, el resto de firmas que cierran el ranking salieron de los ‘números rojos’ en 2021. Así, Renault ganó 654 millones, tras perder 1.999 millones en 2020, mientras que Nissan logró un beneficio operativo de 516 millones (-1.744 millones en 2020); Mazda, 805 millones (-160 millones en 2020) y Mitsubishi, 364 millones (-597 millones en 2020).

AUMENTA LA FACTURACIÓN UN 11,6%

Por otro lado, los principales fabricantes mundiales de automóviles facturaron 1,58 billones de euros, un 11,6% más el año pasado, con un incremento de dos dígitos en la mayoría de ellos. Las compañías japonesas fueron las que registraron el mayor aumento, un 14,4% más en comparación con 2020, tras obtener una cifra de negocio de 481.618 millones de euros.

Las firmas estadounidenses facturaron 268.319 millones, un 12,8% más, mientras que los ingresos de las alemanas ascendieron a 495.332 millones, un 11,6% más. El resto de fabricantes europeos solo aumentaron su facturación un 2,5%, hasta 195.632 millones de euros, y los fabricantes surcoreanos un 13,8%, hasta 137.150 millones de euros.

Todos los fabricantes analizados registraron una subida de la facturación, de los cuales Tesla, con un crecimiento del 71%, fue el obtuvo el mayor incremento y Stellantis, con un crecimiento de poco más del 1%, el que menos creció.

Así, por firmas, Volkswagen fue la compañía que más facturó el año pasado, con 250.200 millones de euros, un 12% más, seguida de Toyota, que ingresó 238.404 millones, un 17% más, y de Stellantis con unas ventas de 149.419 millones, un 1% más.

Asimismo, la cifra de negocio de Mercedes-Benz fue de 133.893 millones en 2021, un 10% más, por delante de la estadounidense Ford, que facturó 115.342 millones, un 7% más, y de BMW, con 111.239 millones, un 12% más.

Honda se posicionó como el séptimo fabricante mundial por volumen de facturación, con 110.135 millones (+10%); seguido de General Motors, con 107.443 millones (+4%); de Hyundai, con 85.550 millones (+11%); de Nissan, con 66.995 millones (+13%); de Kia, con 51.600 millones (+18%); de Renault, con 46.213 millones (+6%); de Tesla, con 45.533 millones (+71%); de Suzuki, con 27.548 millones (+18%); de Mazda, con 23.758 millones (+9%), y de Mitsubishi, con 14.777 millones (+23%).

LIGERO AUMENTO DE VENTAS

Por otro lado, las ventas mundiales de turismos y furgonetas registraron un ligero aumento del 1,2%, hasta las 63,45 millones de unidades frente a las 62,69 millones que se comercializaron un año antes.

Diez de los fabricantes analizados lograron un aumento de sus matriculaciones en 2021, siendo BMW el único fabricante alemán en el ‘top 10’, mientras que el mayor aumento de las ventas lo registró Tesla, que vendió un 87% más de vehículos en 2021 que en el año anterior.

Los únicos fabricantes que redujeron sus ventas fueron Volkswagen, un 7% menos (8,3 millones de unidades); General Motors, un 8% menos (6,29 millones); Honda, un 6% menos (4,12 millones); Ford, un 6% menos (3,9 millones); Renault, un 4% menos (2,69 millones), y Mercedes-Benz, un 5% menos (2,3 millones).

CAE LA CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE LOS FABRICANTES

La capitalización bursátil total de los fabricantes de automóviles ha descendido considerablemente en lo que va de año. Con fecha del 16 de marzo de 2022 se situaba en torno a los 1,67 billones de dólares (1,5 billones de euros), un 16% por debajo del valor de finales de 2021.

Todos los fabricantes registraron una caída de la capitalización bursátil, pese a ello, Tesla sigue siendo, con diferencia, la empresa con mayor capitalización bursátil, 868.384 millones de dólares (más de 780.000 millones de euros), que supera a la acumulada por todos los demás fabricantes.

UGT ha recordado este jueves que la entrada en vigor del nuevo marco de contratación de la reforma laboral impedirá los despidos colectivos dentro de las Administraciones Públicas y servirá para limitar la precariedad en los servicios públicos.

El sindicato consideraba que los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en la Administración suponían un «elemento de arbitrariedad» dentro de la Función Pública y podían derivar «en una especie de cesantía en manos de los diferentes gobiernos», como ha señalado en un comunicado.

UGT lamenta que durante la última década se han producido despidos del personal laboral de las Administraciones Públicas por causas técnicas, organizativas y económicas, una situación que se acentuó durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que permitió ejecutar despidos colectivos de carácter extintivo. Eso derivó en el despido de más de 2.500 trabajadores, la mayoría de la Administración Local, durante la crisis económica.

La derogación de esa disposición fue el requisito «ineludible» para que UGT diera el visto bueno a la reforma laboral, pactada a finales de 2021 entre el Gobierno y los agentes sociales.

El nuevo marco de contratación vigente desde este jueves tampoco permitirá firmar contratos por obra y servicio. De hecho, durante febrero ya se firmaron 326.842 contratos indefinidos, la mayor cifra de la seria histórica, con un incremento del 139% respecto al mismo mes del año anterior, como apunta el sindicato.

La secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, también ha destacado el papel de la negociación colectiva y ha insistido en que se va a «solicitar la información necesaria desde los comités de empresa para exigir el correcto cumplimiento de la nueva normativa laboral».

«Nuestro objetivo es que se reduzca drásticamente la temporalidad en las plantillas, a corto y medio plazo», añade Araque.

El nuevo marco de contratación que se estableció en la reforma laboral entrará en vigor este jueves, 31 de marzo, tras cumplirse los tres meses de plazo transitorio que dio la norma para la adaptación de las empresas a la nueva regulación, cuyo objetivo principal es frenar la temporalidad en el mercado de trabajo.

Así, aunque la reforma laboral lleva vigente desde el pasado 31 de diciembre, el Gobierno decidió suspender la entrada en vigor de la mayor parte de los aspectos relacionados con el nuevo marco de contratación hasta el 31 de marzo. De esta forma, a partir de hoy, la reforma laboral estará plenamente vigente.

Iberostar Hotels & Resorts refuerza su oferta de calidad en Europa con la apertura del nuevo Iberostar Slavija, el tercer hotel de la cadena en Montenegro y que comenzará a operar el 1 de abril.

Tal y como explica en un comunicado, el hotel, 100% eléctrico y de nueva construcción, operará libre de plásticos de un solo uso en todas sus áreas y permite al Grupo Iberostar afianzar su propuesta de sostenibilidad en el destino.

En este país, la firma cuenta actualmente con otros dos hoteles situados en las villas de Herceg Novi y Budva.

Según el director de Operaciones de Grupo Iberostar para la región de Europa, Oriente Medio y África, Javier Muñoz, este nuevo hotel refuerza su apuesta por uno de los destinos emergentes más importantes del Adriático y supone la confirmación de su compromiso por el turismo responsable.

El establecimiento, que cuenta con 126 habitaciones y un completo Spa Sensations con sauna, hammam y baño turco, está ubicado frente al Adriático y a tan solo unos metros de la playa Slovenska.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha señalado este jueves que el Gobierno está «en condiciones» de cumplir con su objetivo de reducir el déficit público al 5% del PIB este año, pese a las medias contenidas en el plan de choque para hacer frente a la crisis derivada de la guerra en Ucrania.

Aunque Montero ha asegurado que España estaría en «condiciones» de seguir reduciendo su déficit, la ministra ha remarcado que esta afirmación la realiza sobre la base de la «prudencia» dada la incertidumbre actual causada por la guerra en Ucrania y su impacto en la economía española.

En la rueda de prensa para presentar los datos de ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas correspondientes al año 2021, la titular de Hacienda ha confirmado la «buena» evolución de la recaudación en el inicio de 2022, aunque ha matizado que aún no cuentan con los datos del primer pago fraccionado del Impuesto de Sociedades.

Además, la ministra ha señalado que el Gobierno también deberá analizar el impacto del conflicto, así como del conjunto de medidas aprobadas en el Consejo de Ministros para paliar las consecuencias económicas de la guerra en España. Montero ha recordado que en abril el Ejecutivo remitirá a Bruselas el Plan de Estabilidad, en el que se recogerán las perspectivas de cara al conjunto del año.

Entre las medidas del Plan Nacional de respuesta al impacto de la guerra, destaca la extensión de las rebajas fiscales sobre la factura de la luz hasta junio, que si se prorrogaran hasta final de año, supondría una merma en las cuentas de 12.000 millones.

Solo en el segundo trimestre, esta rebajas de impuestos en la tarifa de la luz va a suponer una merma de ingresos de casi 1.800 millones. Si se suma al impacto desde que se pusieron en marcha el año pasado, supondría unos 7.000 millones de euros menos.

ABOGA POR MANTENER SUSPENDIDAS LAS REGLAS FISCALES EUROPEAS EN 2023

Todo ello se produce en un contexto marcado por la suspensión de las reglas fiscales europeas aprobada en 2020 por la crisis de la Covid-19, que finaliza este mismo año. Aunque en unas semanas los países comenzarán a debatir en Bruselas cómo volver a poner en marcha estas reglas, España se inclina por la prórroga de esta suspensión también en 2023 ante el impacto de la guerra o por la redefinición de las mismas.

«El Gobierno entiende que no es momento de políticas de ajuste, pero sí de responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas», ha remarcado la ministra.

La tasa de inflación interanual de Italia se ha situado en marzo en el 6,7%, frente al 5,7% registrado el mes anterior, lo que supone la mayor subida de los precios en el país transalpino desde 1991, según la primera estimación del dato publicada por Istat.

De su lado, la tasa de inflación armonizada de Italia, de referencia para Eurostat, ha escalado en marzo hasta el 7% desde el 6,2% de febrero.

El fuerte repunte de los precios en marzo responde a la aceleración de las subidas de la energía, con un 52,9% desde el 45,9% de febrero, así como de los alimentos frescos, que se encarecieron un 8%, frente al 6,9% del mes anterior.

De este modo, la tasa de inflación subyacente de Italia, que excluye la volatilidad de los precios de la energía y de los alimentos, se ha situado en marzo en el 2,5%, cuatro décimas más que en febrero.

Entre las cuatro grandes economías de la zona euro, la tasa de inflación de Italia ha sido la tercera más elevada en marzo, después de los incrementos del 9,8% en España y del 7,3% en Alemania, mientras que en Francia la subida de los precios se aceleró al 4,5%.

La oficina estadística comunitaria, Eurostat, tiene previsto publicar este viernes el dato preliminar de la inflación armonizada en la eurozona correspondiente a marzo, después de que los precios registrasen en febrero, antes del impacto de la guerra en Ucrania, una subida récord del 5,9%.