La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha anunciado que se va a emplear «toda la contundencia que tienen las leyes y que se deben de aplicar» ante la huelga de transportes y el hecho de que hay «un grupo de personas que ha decidido secuestrar» la economía, que son «grupos pequeños pero muy organizados y muy violentos».

En concreto, ha avanzado, se denunciará a aquellos que están impidiendo la «normal» circulación de los transportistas o se pondrá a disposición judicial a todos aquellos que están haciendo acciones que tienen carácter penal y que, «por tanto», tendrán que ser juzgados y condenados si así se puede demostrar.

Y es que, para la delegada, «tienen que evitarse todas estas situaciones de coacciones» y en ello están trabajando, de forma coordinada con las empresas del sector, «para conseguir que esta situación de coacción y de terrorismo no se vuelva a producir».

Asimismo, ha asegurado que todos los recursos policiales de Guardia Civil y de Policía Nacional están disponibles para trabajar en aras de atajar esta situación y «están de hecho trabajando de forma intensa».

«Lo que está claro es que no solamente es una actuación policial, es una actuación de concienciación ciudadana y de todos los que, como digo, tenemos razón de no querer estar secuestrados por las demandas de unos pocos», ha expuesto García Seco tras mantener en la Delegación del Gobierno, en Badajoz, una reunión con representantes de sectores afectados por la protesta de la plataforma de transportes, junto al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza.

PROVOCADOS POR UNA PARTE MINORITARIA

En declaraciones a los medios al término de la reunión, Yolanda García Seco ha explicado que en la misma han participado, además del presidente de la Junta, el general jefe de la zona de la Guardia Civil y el jefe superior en Extremadura del Cuerpo Nacional de Policía, representantes de distintos sectores que «están siendo afectados por estos incidentes, o este paro, que están provocando una parte minoritaria de transportistas y de otras personas que se están uniendo a la protesta».

Ha remarcado, además, que está siendo un paro que se ha organizado «de forma distribuida por toda la región», con «pequeños grupos de participantes que, de forma violenta, con coacciones y con actitudes poco democráticas están tratando de paralizar la actividad económica, la distribución de productos esenciales». «Están tratando de sembrar un terror en el trabajo de los ciudadanos», ha expuesto.

Este jueves, ha dicho, han recogido las inquietudes de todas estas empresas afectadas, que son empresas de todos los sectores, y ha precisado que han impedido que se llevaran productos farmacéuticos a las farmacias, que se traigan alimentos para distribuir entre los supermercados, o recoger productos de las explotaciones agrícolas y ganaderas que se están quedando sin cosechar o sin entregar en las centrales hortofrutícolas «por miedo a ser agredidos».

Se trata, ha incidido también, de un sector «muy preocupante» como el de las materias primas para la fabricación de piensos y de la entrega de estos a las explotaciones ganaderas, «con el riesgo que eso tiene para que puedan morir animales», o de que «se están parando» las grandes industrias al no tener materias primas para fabricar, sobre lo cual ha destacado que las empresas «van a tener que cerrar» y que «algunas de ellas ya lo han hecho».

Y todo es porque hay un grupo de personas que ha decidido secuestrar nuestra economía«, según García Seco, que ha remarcado que «son grupos pequeños pero muy organizados y muy violentos» y que han roto lunas de camiones, o han puesto «en peligro» la seguridad de esos camioneros que han decidido trabajar «libremente», y ha apuntillado que estas cuestiones que les han puesto de manifiesto los afectados por «este paro no controlado» les lleva a pensar que se está «ante un problema desconocido hasta ahora y que hay que tratarlo de otra forma también nueva.

Así se ha puesto de manifiesto también a nivel nacional en las reuniones con los ministerios de Interior y Transportes, ha apostillado, para destacar: «no vamos a actuar nada más con la contundencia que nos permite la ley, de este lado de la mesa están las leyes, la Constitución española, el orden público, y las personas que quieren garantizar el libre derecho a la circulación, a su trabajo, a sus empresas, el garantizar la seguridad en los abastecimientos, en la seguridad de que los hospitales no se quedan sin recursos, nuestras obras no se paran, nuestras industrias no se paran».

En este sentido, ha valorado que «cuando se pongan frente al espejo y se den cuenta de lo que están haciendo» cree que reflexionarán y sabrán que «este no es un sistema adecuado para protestar», porque «pueden protestar, tienen derecho a protestar, tienen derecho a manifestar sus quejas, tienen razones para estar preocupados» ante una situación «complicada», pero «de ninguna manera tienen derecho a secuestrar un país, a secuestrar la economía y hacerle daño a todos los ciudadanos de forma indiscriminada utilizando la violencia».

De igual modo, la delegada ha afirmado que se está atendiendo «de forma urgente» aquellos transportes que son «prioritarios», se están haciendo convoys para llegar a los principales puertos, para garantizar también que lleguen suministros a fábricas de pienso que puedan elaborarlos para los animales, y que se está atendiendo todo lo que se les está demandando, también al combustible que es «esencial» para la fabricación de productos o para el transporte y el traslado de muchos de los productos de la región.

Así, todas esas cuestiones que se están atendiendo «de forma puntual» van a continuar, pero «tenemos que pararlo entre todos, tenemos que pararlo y decir que estos no son sistemas de protesta, las asociaciones representativas del sector del transporte están hoy aquí, se sientan, hablan, comparten sus preocupaciones y representan al 90 por ciento del sector», ha concluido, a la vez que ha insistido en que no se puede «consentir que unos pocos que se salen del sistema generen mediante la anarquía el caos y el miedo en la población».

SECTORES AFECTADOS

Entre los sectores afectados, Carmen Moreno de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura ha indicado que el sector agrícola y ganadero de la región está «tremendamente afectado» y en una situación «crítica», y que en concreto a algunas granjas de leche de cabra este jueves no han llegado los camiones y han tenido que tirar la leche, mientras que algunas fábricas «están prácticamente a punto de cerrarse», no tienen materias primas «porque no nos llegan» para la fabricación de piensos o los animales «no van a resistir mucho tiempo».

Óscar Marín, de Lider Aliment, ha destacado que en los almacenes de distribución no les entra mercancía ni les «dejan» sacar camiones de reparto que van a los supermercados, los cuales «no pueden recibir mercancía, con lo cual cada vez tienen menos» y «llegará un momento evidentemente, si la situación no se solventa, en la que empezaremos a ver escasez de productos en los supermercados» y «la tan temida palabra de desabastecimiento».

Finalmente, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas, ha explicado que han «sufrido dos ataques directos» que se pueden calificar de «terroristas», y que se trata de «ataques con piedras a personas que conducen» que pueden provocar un accidente, a la vez que ha detallado que «de hecho» ha habido dos convoyes «parados» la pasada noche y la anterior de medicamentos, lo que les lleva a pensar que, a día de hoy, sí hay stock de medicamentos en las farmacias y en la distribución farmacéutica.

No obstante, ha advertido que «puede llegar un momento en el que este stock empiece a escasear o empiece a hacerse realmente con medicación imprescindible».

El ex viceministro venezolano Nervis Villalobos ha solicitado a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón que levante su imputación en la pieza separada del denominado ‘caso PDVSA’ donde se le investiga por un delito de blanqueo de capitales que habría cometido al comprar una casa en Alcobendas (Madrid) con dinero de origen ilícito, una acusación que «no se basa en nada», según ha argumentado.

En un escrito del pasado martes, la defensa de Villalobos insta a la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 a acordar «el sobreseimiento de la presente pieza separada al no existir indicio de la comisión de ningún ilícito» por parte de quien fuera viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela.

En esta pieza 2 del ‘caso PDVSA’, la magistrada investiga la denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2017 por delitos de blanqueo de capitales respecto a «fondos procedentes de una actividad dirigida a la defraudación y/o apropiación del patrimonio de PDVSA y otras empresas públicas de Venezuela».

En el caso de Villalobos y su mujer, Milagros Coromoto Torres, la instructora pone el foco en el dinero con el que el 27 de marzo de 2014 el matrimonio compró por 1.750.000 euros una casa en la urbanización de lujo La Moraleja, ubicada en el municipio madrileño de Alcobendas.

La imputación de la pareja, apunta la defensa, se basaría únicamente en la asunción de que esos fondos tendrían su origen en la comisión de un delito. Así, la denuncia identificó siete transferencias realizadas entre octubre de 2011 y junio de 2012 por la empresa Miami E&E a favor de Kingsway, propiedad de Villalobos y Torres, por casi siete millones de dólares, parte de los cuales se habrían usado para comprar la casa.

Sin embargo, la defensa expone que «la vivienda de Alcobendas no se compró con el dinero remitido por Miami E&E a Kingsway», sino que el matrimonio la adquirió «a título particular» con «una cuenta personal» de Villalobos, por lo que se pagó con «otros fondos completamente al margen del dinero recibido de Miami E&E», asegurando que «el dinero no pasó de una cuenta a otra. Y, por ello, «no hay blanqueo posible».

INTERMEDIACIÓN «COMPLETAMENTE LÍCITA»

Además, da un segundo argumento indicando que, incluso en el caso de que se hubiera pagado con ese mismo dinero, tampoco habría delito porque procede de una «intermediación financiera» por parte de Villalobos que fue «completamente lícita».

En este sentido, explica que el ex viceministro venezolano, «en el ámbito de su trabajo como consultor», «fue contratado por un consorcio de empresas para colaborar en el desarrollo de diversos proyectos en Venezuela» y, «debido a las restricciones de control cambiario» en la nación caribeña, las partes pactaron usar una tercera empresa, Miami E&E, que trasladaría el dinero del cliente a Kingsway para que cobrara en dólares, no en bolívares.

«Todo fue según lo pactado» y «Kingsway contabilizó correctamente el dinero recibido y lo incorporó debidamente en sus declaraciones fiscales del Impuesto de Sociedades», ha enfatizado.

Asimismo, llama la atención sobre el hecho de que «la Fiscalía no llega a identificar de qué supuesto delito provendría el dinero transferido». «Y sin esta concreción, no cabe hablar en modo alguno de delito de blanqueo de capitales», zanja.

UN CONCEPTO DISTINTO DE BLANQUEO DE CAPITALES

La defensa entiende que la Fiscalía apuntó a un origen oscuro de esos fondos porque los gestores de Miami E&E, Luis y Javier Díaz, fueron condenados en 2018 en Estados Unidos a ocho y cuatro meses de cárcel, respectivamente, por un delito de blanqueo de capitales.

No obstante, aporta un informe elaborado por el abogado estadounidense Arthur D. Middlemiss, un «experto» en blanqueo internacional de capitales «que ejerció durante 13 años de fiscal adjunto en la Fiscalía de Distrito de Nueva York», donde el letrado norteamericano precisa que los gestores de Miami E&E fueron condenados por un delito con ese mismo nombre pero con un concepto distinto.

Así, refleja que fueron condenados por «operar en el mercado financiero sin contar con la licencia necesaria para ello», una conducta que en Estados Unidos se califica como blanqueo de capitales, pero que no equivale al comportamiento sancionado por el Código Penal español como lavado de dinero.

«Y es aquí donde procede la confusión que está en el origen de todo este procedimiento, porque esta conducta de operar sin licencia (que en España no pasaría de una irregularidad administrativa) está considerada en Estados Unidos como una clase específica de ‘lavado’ de dinero», recalca.

De todas formas, añade que en el supuesto de que hubieran sido condenados por blanqueo de capitales entonces «debería valorarse en primer lugar la aplicación del principio ‘ne bis in idem’, con el correspondiente sobreseimiento de la causa».

En cualquier caso, subraya que esas transferencias que la Fiscalía española ve como sospechosas ya fueron analizadas «detenidamente» por las autoridades estadounidenses sin que encontraran ilegalidad alguna.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al Gobierno central a que «se entreviste» con los convocantes del paro del transporte –la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional– y a los transportistas a poner fin a un conflicto que pone en riesgo de colapso a la economía.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, celebrada en Lugo, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que el Ejecutivo estatal debe adoptar medidas impositivas para frenar el alza de precios –con el foco en la energía y los hidrocarburos–. Y ha añadido que debe hacerlo «de forma inmediata», sin esperar «a fin de mes», a que se reúna el Consejo Europeo.

A renglón seguido, ha repasado los efectos que los sectores pesquero y agroganadero tiene la huelga del transporte. «Ya hay explotaciones que tiran leche», ha espetado, antes de sugerir que el Gobierno debería negociar y los convocantes frenar un «profundo conflicto» que está «provocando daños a personas y entidades absolutamente inocentes».

De hecho, les ha pedido que «disminuyan» sus acciones, con el fin de que se puedan «sacar» alimentos y materias primas «esenciales», de forma que no se «colapsen» sistemas productivos de la Comunidad. La situación es «complicadísima», ha dicho a Feijóo, quien ha asegurado que en estos términos se lo ha trasladado la Xunta a la Delegación del Gobierno.

«Nosotros pedimos al Gobierno que tenga un contacto con estas plataformas u organizaciones, y que ellas sean ponderadas en sus actuaciones. Comprendemos su situación, pero no podemos compartir la actuación de piquetes que puede imposibilitar la supervivencia del ganado, la retirada de leche o del pescado. Tiene un enorme impacto para los productores», ha resaltado.

«COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES: CERO»

A preguntas de los periodistas, tras presentar un plan autonómico para frenar la incidencia del alza de precios, el presidente gallego ha esgrimido que, en la parte impositiva o de moderar los precios de los carburantes, Galicia y el resto de autonomías no pueden «tocar» nada. «Competencias de las comunidades, cero», ha esgrimido.

Y Feijóo ha reflexionado en que la fortaleza en España del sector del transporte, que se enfrenta a un alza «inviable» de los precios de los carburantes. «Hay transportistas que pueden repercutir en los precios, pero otros que no. Trabajar a pérdidas no es razonable en un sistema democrático», ha reflexionado.

Dicho esto, ha vuelto a la carga con los impuestos y se ha remitido a la Conferencia de Presidentes donde, ha afirmado, los presidentes autonómicos dejaron a Pedro Sánchez «manos libres» para rebajar impuestos en la energía y en los hidrocarburos, renunciando a recibir la parte correspondiente de ingresos que llegaría a las comunidades –ha subrayado– «en año y medio o dos años».

EL GOBIERNO «DEBE BAJAR IMPUESTOS YA»

Feijóo, quien esta misma semana aseguró que el Gobierno se estaba «forrando» con los impuestos, ha recalcado que el incremento de recaudación ligado a la subida de precios «se queda en el Tesoro» hasta que corresponda liquidar el ejercicio, y ha añadido que, aún así, siendo conscientes de que perderán recursos en el plazo de «año y medio», las comunidades se mostraron favorables a bajadas fiscales.

En este punto, ha insistido en que debe darse ya este paso, como han hecho países como Francia, Portugal o Irlanda. «Si el Gobierno no lo hace, vamos a perder mucho tiempo y más ingresos de los que se están perdiendo», ha advertido, para añadir que «habrá paro» y que activar subsidios de desempleo. «Cerraremos industrias y provocaremos paro en los sectores agrario y pesquero», ha aseverado.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha confiado en que no se produzca desabastecimiento de productos y ha asegurado que, además, se van a arbitrar «medidas de todo tipo» para evitar que los ciudadanos «lo pasen mal» como consecuencia del encarecimiento de la cesta de la compra o de la energía.

Se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación, durante su visita al Colegio Público Integrado ‘Río Sena’ del barrio de Miralbueno de Zaragoza. Lambán ha comentado que cuando ocurren acontecimientos como la guerra en Ucrania «prende rápidamente en la población la preocupación y, a veces, casi la paranoia de que los supermercados se pueden quedar sin alimentación».

Ha recordado que cuando comenzó la pandemia algunos productos se agotaban rápidamente en los supermercados, «nadie entendía por qué», pero, entonces, «no hubo desabastecimiento» porque «nos preocupamos de que la cadena de suministros no se interrumpiera».

Por eso, Lambán se ha mostrado «convencido» de que tampoco se va a interrumpir en este momento, y si bien ha reconocido que existe «un problema grave» y «serio», hasta ahora los poderes públicos y la colaboración entre instituciones «ha funcionado bien» y «se han resuelto los problemas».

Ha añadido que esto ha sido así a pesar de ser ésta una legislatura «en la que solo nos queda la irrupción de un meteorito en la Tierra porque nos ha ocurrido absolutamente de todo».

TODO LO POSIBLE

Lambán ha esgrimido que todos los poderes públicos, empezando por el Gobierno de España, «vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que no haya desabastecimientos».

Igualmente, ha continuado, se van adoptar medidas para que nadie sufra de una manera dramática», ni las empresas, «para las que hay que adoptar medidas de toda índole», entre las que ha mencionado la prórroga de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE), así como buscar fórmulas para mantener los puestos de trabajo y los suministros.

Asimismo, ha agregado, los poderes públicos van a trabajar tanto para apoyar a los refugiados que lleguen de Ucrania a España como para toda la población «que se puede ver abocada a problemas», porque «no vamos a consentir que nuestros ciudadanos lo pasen mal como consecuencia del encarecimiento de la inflación, de la cesta de la compra o de la energía».

A colación, ha recordado que en la Conferencia de Presidentes celebrada el domingo pasado se llegó a un acuerdo «para buscar solución» tanto a la llegada de refugiados, «que es lo primero a lo que tenemos que hacer frente», como al impacto de la guerra «en nuestra economía«, que ya está siendo «demoledor», así como en los sectores más débiles de la sociedad española.

«Nos comprometimos todos a arrimar el hombro para buscar medidas» y «nos centramos en lo más acuciante, encontrar un remedio al encarecimiento de la alimentación, de los combustibles y la energía».

NEGOCIACIONES

Lambán ha indicado que el presidente de España, Pedro Sánchez, está viajando por Europa esta semana «para buscar complicidades de otros países» y tratar de que, en el Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo, la UE reaccione «con contundencia» y «con medidas que produzcan reducciones sustanciales y drásticas del precio de la energía».

Ha añadido que eso se tiene que traducir «en la búsqueda de otros sistemas» para calcular su precio, así como en su reducción «por la vía de las modificaciones fiscales, que el Gobierno de España, de acuerdo con las comunidades autónomas, está dispuesto a emprender».

Lambán ha dicho que hay que esperar a ver cómo van desarrollándose las negociaciones tanto en el ámbito europeo, como en España, donde el Gobierno está hablando con los partidos políticos.

«Todos tenemos claro que hay que buscar acuerdos» y ha instado a que las medidas lleguen «de manera inmediata, muy pronto, porque el destrozo sobre la economía» que está ocasionando el precio de energía «es absolutamente insoportable».

El Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 4 de la Audiencia Nacional ha declarado el derecho de los padres de la pequeña Lucía Vivar, de tres años, desaparecida en la madrugada del 26 al 27 de julio de 2017 en Pizarra (Málaga) y cuyo cadáver fue hallado horas después junto a las vías del tren, a ser indemnizados por Adif con 176.200 euros.

La sentencia determina una relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños reclamados por lo sucedido por falta de colaboración en la búsqueda y por no suspender el tráfico ferroviario hasta que la menor fuera localizada, añadiendo que tampoco se adoptó de manera correcta la medida de seguridad de ‘marcha a la vista’.

De esta forma, la resolución, estima parcialmente el recurso interpuesto por el abogado Marcos García Montes, en representación de los padres, contra la resolución de Adif que desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial como consecuencia de la muerte de la niña. Y es de forma parcial porque no concede indemnización por daños morales.

Lucía desapareció sobre las 23.20 horas del día 26 de julio mientras jugaba con sus primos en la terraza de un restaurante de la estación de Cercanías del municipio donde cenaban sus familiares. El cuerpo sin vida de la niña era localizado a primeras horas del día siguiente junto a la línea ferroviaria, a unos tres kilómetros de donde desapareció, considerándose siempre un accidente.

El letrado de los padres incide en un comunicado en que la sentencia establece «de forma indubitada la negligencia por parte de Adif», por lo que presentará la resolución «ante los juzgados, tribunales y organismos, incluido el Ministerio del Interior en el procedimiento de responsabilidad patrimonial, sin perjuicio de pedir la reapertura del procedimiento» penal, que en su día fue archivado en el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga.

La resolución señala que en la desaparición «resulta indubitado la falta de colaboración por parte de Adif en la búsqueda de la menor», ya que el Centro de Protección y Seguridad de Sevilla «no procedió al correcto visionado de la grabación de las cámaras de seguridad instaladas en la estación de Pizarra, lo que hubiera facilitado la localización de la menor». Tras una primera comunicación, informó de que «no se veía nada».

Pero, añade la sentencia, «posteriormente, cuando ya era demasiado tarde, sí que confirmó que aparecía la imagen de una niña hacia las vías del tren». «Bastaba con el visionado de las imágenes grabadas durante diez minutos, pues ese fue el lapso temporal en el que la menor desapareció de la presencia de sus familiares, y ese visionado se debería haber realizado con la diligencia y minuciosidad que el asunto requería», dice.

Al respecto, la Audiencia Nacional lamenta que los servicios de seguridad de Adif no actuaran así «y ello provocó que la búsqueda de la menor, siendo noche cerrada, no se dirigiera hacia una dirección determinada, sin acotar ningún lugar para la búsqueda»; una circunstancia «negativa que dificultó las actuaciones para localizar» a la pequeña Lucía, de tan solo tres años, por lo que la hacía «especialmente vulnerable», añade.

Otra circunstancia, «de suma relevancia», es que no se suspendió el tráfico ferroviario, una medida quizás «muy drástica», dice la sentencia, porque no se sabía si había ido a las vías aunque «era una posibilidad y, ante tal situación, la adopción de esa medida estaba justificada»; así como el que se incumplieran en ese caso los horarios previstos, aludiendo a la declaración del maquinista del tren.

Este maquinista declaró que al ser de noche vio un bulto pero «no pudo distinguir si se correspondía con el de una persona», aunque en el trayecto de vuelta, cuando ya empezaba a amanecer, «sí pudo distinguir que tenía ropa, pasando por encima de él, y deteniendo el tren a 300 metros». Para el Tribunal, esto pone de manifiesto que las circunstancias que existían en ese momento «justificaban la suspensión» de trenes.

Asimismo, la sentencia de la Audiencia Nacional considera que «tampoco se adoptó correctamente» la medida de seguridad de ‘marcha a la vista’ en la circulación de los trenes, apuntando al respecto que «no parece lógico» que dicha medida solo se aplicara en el tramo de la estación de Pizarra, sino que debió ser varios kilómetros antes y después.

Señala que se debía haber tenido en cuenta que si la niña no fue localizada en la estación «es porque desorientada se puso a caminar, sin saber a dónde se dirigía, alejándose tres kilómetros». La Sala dice que no le corresponde decir si hubo o no responsabilidad penal y considera que no puede ser Renfe sino Adif la responsable, en contra de lo expuesto por la Abogacía del Estado, rechazando, igualmente, la alegación de esta parte sobre «el descuido» de los padres.

El Partido Popular ha defendido en la Comisión de Juventud del Senado que el sector del videojuego tenga el mismo tratamiento fiscal que el cine o las artes escénicas.

El senador por Cantabria, Javier Puente, junto a la senadora por Ávila, Patricia Rodríguez, han solicitado al Gobierno que se reconozca al sector del videojuego como «un elemento importante en la industria del entretenimiento en España».

A su juicio, quienes inviertan en este sector deberían recibir «el mismo tratamiento fiscal» de quienes lo hacen en el cine o en el sector de las artes escénicas y musicales, porque esta actividad «abre un filón para el empleo».

El senador ‘popular’ ha indicado en un comunicado que el sector del videojuego no sólo abre las puertas a perfiles técnicos, sino que tiene la posibilidad de crear «muchos» empleos de carácter artístico, como diseñadores, dibujantes, guionistas o músicos.

«Son oportunidades laborales que se dan tanto en los juegos de entretenimiento como en aquellos que presentan un carácter educativo», ha dicho.

Por esta razón, ha presentado varias enmiendas a una moción sobre Juventud y Videojuegos en la Cámara Alta, ya que considera preciso reconocer al sector del videojuego como «una industria emergente, en creciente volumen de negocios y empleo.

«Y el hecho de contar con comunidades como Cantabria, con tasas récord en paro juvenil en la Unión Europea, debe movernos a repensar cómo se considera este nuevo sector», ha subrayado.

Junto al tratamiento fiscal de la inversión en videojuegos, Puente y Rodríguez han considerado necesario «crear un grupo asesor del videojuego, como órgano consultivo de análisis, asesoramiento y apoyo a políticas de impulso al sector.

Por eso, dentro de esta iniciativa política, que puede generar miles de empleos en España, han solicitado que el Gobierno diseñe «un plan estratégico estatal en materia de formación profesional que permita cubrir las necesidades del sector y facilitar la inserción laboral».

Se trata de trabajar -han dicho- en institutos, centros de formación profesional y universidades para lograr acercar el contenido de los planes de estudio a la realidad laboral de nuestro país.

Para el senador del PP, «una de las grandes paradojas de nuestro país es que hay muchas empresas tecnológicas que no encuentran personal capacitado, mientras somos líderes de Europa en desempleo juvenil». «Si no adoptamos medidas atrevidas e innovadores, seguiremos siendo el páramo del empleo en Europa», ha afirmado.

Además del carácter «innovador», la industria del videojuego tiene «la ventaja de que presenta numerosas sinergias con otras industrias culturales. Hay un sustento de literatura, de animación y cine presente en numerosos videojuegos», ha valorado Puente.

«Hay todo un mundo de oportunidades en este sector que, si no cubrimos nosotros, lo harán desde otros países. No podemos desperdiciar la oportunidad y dejar que se vaya el talento», ha concluido.

El 49,9% de los catalanes no aceptaría rebajar impuestos si esto implica una reducción de los servicios y prestaciones sociales, frente al 34,7% que sí que lo haría.

Así lo refleja la encuesta Òmnibus 2021, publicada este jueves y que se ha elaborado con una muestra de 1.200 personas a partir de 18 años y residentes en Cataluña entrevistadas presencialmente entre el 17 de noviembre y el 17 de diciembre.

La encuesta también revela que el 90% de los catalanes cree que el Gobierno debería aportar más recursos a las comunidades autónomas para mejorar la financiación de los servicios básicos, y que un 68,4% ve «urgente» modificar el sistema de financiación para reducir el déficit de financiación de la Generalitat.

En este sentido, el 72,1% de los encuestados cree que los presupuestos de la Generalitat están condicionados por el sistema de financiación autonómico.

Sobre los presupuestos de la Generalitat para 2022, el 45,8% de los participantes cree que «impulsarán la reactivación económica y social» tras la pandemia.

Por otro lado, el 82% de los catalanes compra por Internet, y el 42% lo hace en más de un 10% de sus compras.

PAPEL DEL ICF

Preguntados por el papel del Institut Català de Finances (ICF), el 78% cree que debería invertir prioritariamente en proyectos empresariales vinculados a la investigación o a nuevos ámbitos de futuro.

El 42,1% de los catalanes está de acuerdo en transformar la entidad en un banco público, mientras que el 20,9% está en desacuerdo con esta opción.

Por otro lado, el 6% de los catalanes se ha mudado a un municipio más pequeño aprovechando la posibilidad de teletrabajo que ha abierto la pandemia, y el 30% lo harían si pudieran trabajar a distancia.

Además, el 45,5% de los encuestados tienen un trabajo que les permite flexibilizar los horarios de entrada y salida de su jornada laboral.

FONDOS EUROPEOS

Sobre los fondos Next Generation, el 78,6% de los catalanes cree que son una oportunidad para reactivar la economía y transformar el modelo económico del país.

El 43,8% no está de acuerdo con que la centralización de la gestión de estos fondos por parte del Gobierno sea positiva, mientras que el 32,6% sí que lo aprueba.

Sin embargo, el 70,5% apunta que la Generalitat debería tener más poder de decisión en la distribución de estos fondos, y el 60,2% cree que se usarán para financiar proyectos «importantes y estratégicos».

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, Mireia Mollà, ha reclamado en Bruselas que el reglamento europeo de pilas y baterías excluya expresamente su incineración o depósito en vertedero al final de su vida útil.

Mollà ha participado este jueves en representación de todas las comunidades autónomas españolas en el Consejo Europeo de Ministros de Medio Ambiente que ha tenido lugar en Bruselas. La consejera liderará la posición de las autonomías españolas en materia de Medio Ambiente en el primer semestre de este año, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

En su intervención ante el Consejo de Ministros de Medio Ambiente, ha valorado que el reglamento europeo de pilas y baterías, que forma parte del Pacto Verde Europeo, fije los requisitos de sostenibilidad, seguridad, etiquetado e información, así como los requisitos de recogida, tratamiento y reciclado apropiado.

«Los residuos de pilas y baterías han de recogerse de manera separada», ha dicho Mollà, que ha indicado que es esencial que cuando estos procesos se realicen en otros Estados miembros de la UE o en países terceros se cumplan los requisitos necesarios para su traslado y con las mismas garantías y requisitos que los impuestos a los países miembros.

Para Mollà, las pilas y baterías juegan un papel fundamental en la transición ecológica. «Por ello», ha proseguido la consejera, «Europa debe asegurar su suministro con un aprovechamiento sostenible de sus propios recursos mineros y un aumento de la circularidad que no incremente los riesgos ambientales y sociales en ningún lugar del mundo, lo que permitirá también reducir la dependencia estratégica de terceros países».

«En los próximos años», ha indicado la integrante del Consell, «habrá un uso masivo de pilas y baterías, por lo que el diseño y la fabricación deben optimizar el rendimiento, la durabilidad y la seguridad. «La huella de carbono debe ser la mínima durante todo su ciclo de vida», ha argumentado. Según los cálculos del Foro Económico Mundial, para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono resulta necesario multiplicar la producción global de pilas y baterías por un factor de 19.

La intervención de Mollà se produce en un momento en que la Comunidad Valenciana ha despertado el interés de distintas iniciativas empresariales como un territorio atractivo para instalar fábricas de baterías. La aprobación del reglamento europeo de pilas y baterías es clave para el futuro de la industria automovilística, que ha iniciado un proceso de reconversión hacia la electrificación de los vehículos.

Con la propuesta de armonización de la Unión Europea, en su fase final de discusión, se pretende reforzar la sostenibilidad de las pilas y baterías a lo largo de su ciclo de vida y garantizar requisitos mínimos de sostenibilidad para todas aquellas introducidas en el mercado interior de la UE, aumentar la resiliencia de la cadena de suministro de materias primas para la producción de pilas y baterías aprovechando el potencial de la economía circular y reducir los impactos ambientales y sociales en todas las fases del ciclo de vida de las pilas y baterías.

Además de la intervención en el Consejo Europeo de Ministros de Medio Ambiente celebrada hoy, está previsto que la consellera de Transición Ecológica participe también en la cumbre que tendrá lugar en Luxemburgo el próximo 28 de junio.

Con su intervención en la reunión de ministros de Medio Ambiente, Mollà cierra un viaje de dos días en los que ha mantenido reuniones con los técnicos de la Delegación de la Comunidad Valenciana en Bruselas y con altos cargos de la Dirección General de Cambio Climático, de la Comisaría de Medio Ambiente y eurodiputados de la comisión de Industria y Energía.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado hoy al Gobierno de haber reformado el Código Penal para que los piquetes «violentos» de los suyos fueran contra los enemigos y ahora, ha añadido, no controlan el paro «legítimo» de los transportistas.

Así lo ha afirmado en un apunte en su cuenta de Twitter, en el que ha precisado: «Reformaron el Código Penal para arrojar a sus piquetes violentos y amaestrados contra enemigos políticos».

Sin embargo, ha añadido que ahora, el Gobierno, no controla «el paro legítimo» de los transportistas que están «arruinados por este Gobierno» y el Ejecutivo habla de «coacción».

«No están contra la violencia. Solo quieren su monopolio», ha concluido el líder de Vox después de que la Portavoz del Gobierno afirmara hoy que en el paro de los transportistas se está viendo «una reacción» que parece orientada por «posicionamientos de la ultraderecha».

Abascal se refería a la supresión en el Código Penal del punto tres del artículo 315 en el que se penalizaba a los piquetes en las huelgas. Este artículo decía que «quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses».

El Gobierno de Pedro Sánchez lo derogó el 23 de abril del pasado año. Se había incluído en la reforma del Código Penal en el año 1995, bajo el Ejecutivo de Felipe González y aunque en un primer momento su aplicación no se extendió, durante la crisis económica que empezó en 2008 sí se dió uso a este artículo frente a los piquetes de las huelgas. Desde entonces, la reivindicación sindical fue constante para que ese artículo se suprimiera.

El Tribunal Supremo ha acordado ya designar un nuevo magistrado instructor para la causa que se sigue contra la diputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant por un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad por negarse a responder en calidad de testigo a la acusación popular ejercida por Vox en el juicio del ‘procés’.

En un auto de 10 folios, la Sala de lo Penal ha estimado la cuestión previa que planteó la defensa de Reguant el pasado 1 de marzo, cuando estaba previsto que se celebrara el juicio en su contra. Su letrado indicó al tribunal que se había producido una vulneración de los derechos procesales toda vez que un juzgado madrileño abrió juicio oral contra la dirigente sin ser competente para ello, ya que por la condición de aforada que tiene como diputada de la Cámara catalana el órgano competente es el Supremo.

Aquel mismo día, el tribunal estimó pertinente suspender el juicio y atender al planteamiento de la defensa, pero no es hasta ahora que ha argumentado por escrito su decisión.

La Sala ha considerado que «efectivamente» hubo «un error en la tramitación de la causa antes de llegar» al Supremo. En consecuencia, ha acordado la nulidad de las actuaciones con retroacción al momento de formular la calificación de la Fiscalía para «garantizar los derechos de la acusada».

Los magistrados han explicado que «tanto el escrito de acusación interpuesto por el Ministerio Fiscal en fecha 12 de abril, como el Auto de Apertura de Juicio Oral de 20 de abril, son nulos de pleno Derecho» por «prescindirse de las normas del procedimiento».

En este sentido, han indicado que al no haberse formulado aún el escrito de acusación contra Reguant en el momento en el que adquirió su condición de aforada, «las actuaciones deberían haberse remitido al Alto Tribunal en ese momento y éste debería haber continuado con los trámites previstos» en la ley.

La Sala ha recordado que en las causas contra diputados del Parlament es competente para la instrucción y enjuiciamiento de los hechos que se les imputen –si estos han tenido lugar fuera de Cataluña– el Tribunal Supremo.

Así las cosas, ha estimado que lo que procede ahora es «llevar a cabo el nombramiento de instructor, a los efectos de que dé traslado al Ministerio Fiscal para que formule escrito de calificación y solicite la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa –ratificando, en su caso, el escrito presentado días antes del inicio del juicio oral–«.

LOS HECHOS

Los hechos se remontan a febrero de 2019, durante el juicio a los líderes independentistas por el referéndum ilegal del 1-O, cuando Reguant se negó a responder a las preguntas de Vox, que ejercía la acusación popular en la causa, algo que es de obligado cumplimiento para los testigos. En aquella ocasión, los magistrados del ‘procés’ acordaron una sanción de 2.500 euros para la entonces concejala de la CUP.

Ante la investigación que se abrió en un juzgado madrileño, la Fiscalía pidió una pena de seis meses de prisión y de inhabilitación. De cara al juicio del pasado 1 de marzo en el Supremo, el Ministerio Público –en un escrito de 25 de febrero– rebajó su petición a cuatro meses de prisión e inhabilitación.

El 70% de los españoles considera que la OTAN debe proporcionar armas a Ucrania para defenderse de la invasión rusa e incluso la mitad defiende que la Alianza debería intervenir militarmente en ayuda de ese país si el Ejército de Vladimir Putin no se retira, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de marzo.

El estudio, publicado ese jueves, también desvela que la guerra de Ucrania se ha colado entre los diez principales problemas de España, concretamente en el noveno puesto, con menciones en el 7,8% de los cuestionarios, justo por detrás de la subida de las tarifas energéticas (7,9%).

Se trata de la primera encuesta del CIS tras el estallido de la guerra y el organismo que preside el socialista José Félix Tezanos ha incluido una serie de preguntas sobre un conflicto que preocupa al 86,4% de las personas entrevistadas. En opinión del 82,7%, la contienda concierne «mucho o bastante» a nuestro país y para el 95,7% afecta también a la Unión Europea. De hecho, el 75,3% ve factible que Rusia invada en algún momento otros países de los que estaban bajo la órbita de la URSS.

Más de la mitad de los entrevistados confiesa que su opinión sobre Putin ha empeorado tras la invasión de Ucrania, un 30% tiene ahora peor opinión de Rusia, pero el 64% dice que siente lo mismo hacia el país.

La posición del Gobierno español respecto al conflicto tiene dividida a la gente: el 29,7% está muy o bastante de acuerdo, frente a un 28,6% que la censura. Mayor respaldo obtiene la actuación de la Unión Europea –un 46,2% frente al un 25%–, mientras que la de la OTAN la avala el 36,6% y la critica el 31,2%.

LA MITAD DE VOTANTES DE UP AVALA EL APOYO MILITAR

En esta tesitura, el CIS pregunta sobre la conveniencia de que la OTAN envíe armas a Ucrania para que se defienda de la invasión, algo que España y otros países ya hacen, pero al margen de la Alianza Atlántica. El 70,9% ve bien que se manden armas, pero el 21,1% no está de acuerdo. Además, el 51,9% apoyaría una intervención militar de la OTAN si Rusia no se retira, frente al 35,4% que lo rechaza.

El apoyo militar a Ucrania ha sido criticado por Podemos. Según los datos del CIS cruzados con el recuerdo de voto de los entrevistados, el 25% los votantes de UP está de acuerdo con la actuación de la OTAN en este conflicto y la mitad apoya el envío de armas a Ucrania través de esa organización.

El CIS pregunta expresamente por las consecuencias económicas que tendrá esta guerra para España. El 94% cree que afectará principalmente al precio de los carburantes, el 84,5% da por hecho que tendrá efectos en la economía en general y el 82% augura que se verán afectados el precio y suministro de productos agrícolas.

UCRANIA, EN LA UE Y LA OTAN

En la encuesta obtienen un amplio respaldo las sanciones económicas a Putin y a Rusia (cerca del 90%), aunque es superior el porcentaje de quienes piden mantener la presión internacional para forzarle a detener la guerra (93,7%). Tampoco hay dudas de que hay que enviar ayuda humanitaria a Ucrania (97%) y de que todos los países de la UE han de acoger refugiados (96,7%).

Respecto a la entrada de Ucrania en la UE, un 84,7% aboga por darle la posibilidad, mientras que el 81% cree que tiene derecho a ingresar en la OTAN.

El sondeo incluye también un ranking de líderes internacionales por su actuación ante el conflicto entre Ucrania y Rusia. El que sale mejor parado es el presidente ucraniano, Volodímir Zelenki, que se anota un 7,37 de media, y el peor, Putin, con un 1,35, seguido el presidente chino, Xi JinPing, con un 3,44.

La segunda mejor situada es la presidenta de la Comisión Europea,Ursula von der Leyen, que saca un 6,74, casi empatada con el francés Emmanuel Macron, que se anota un 6,73. El ‘ministro de Exteriores’ de la UE, Josep Borrell, logra un 6,41; el canciller alemán Olaf Scholz, un 6,32; el estadounidense Joe Biden, un 5,42, y ya después, con un 5,39, aparece Pedro Sánchez.

El impacto de la guerra de Ucrania se nota también en las variaciones registradas en la relación de las principales preocupaciones nacionales que mensualmente arrojan las encuestas del CIS. Así, lo problemas económicos encabezan la lista en marzo, con un 49,6% de menciones, subiendo casi 17 puntos respecto al mes anterior y anotándose el récord de la última década. De hecho, hay que remontarse a 2012 para encontrar un porcentaje similar.

EL CORONAVIRUS CAE A LA QUINTA PLAZA

El paro, que lideraba el ranking en febrero, ahora cae a la segunda plaza, aunque también sube, y alcanza el 41,6%. Y también hay cambios en la tercera posición: en febrero era para el coronavirus, que un mes después cae hasta convertirse en el quinto problema del país, coincidiendo con el descenso en la incidencia del virus.

Ahora el tercer puesto es para la sanidad (23,3%) y el cuarto para los problemas políticos (16,7%). El coronavirus es el quinto con un 15,4% de menciones, recuperando el nivel de noviembre, antes de la llegada de la variante ómicron, que trajo la sexta ola de la pandemia en plenas navidades.

El Gobierno y los partidos se anotan un 10,6% y el mal comportamiento de los políticos, un 9,6%. El octavo problema, con un 7,9%, es la subida de la luz, el gas y la gasolina. Las menciones al incremento de estas tarifas han crecido un 4,5 puntos en un mes. La guerra de Ucrania es mencionada por el 7,8% de las personas entrevistadas y se convierte en el noveno problema de España.

En febrero también subió la preocupación por la Monarquía, que pasa del 0,2 al 0,5% tras el archivo de las diligencias abiertas por la Fiscalía sobre los negocios de Juan Carlos I y sus regularizaciones fiscales.

En la cúspide de la lista de problemas personales aparece también la crisis económica (43,7%), seguida de la sanidad (24,5%), el paro (22,1%), el coronavirus (12,3%) y la subida de tarifas energéticas (9,9%).

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves que «existe» tanto el concepto de violencia intrafamiliar como el de violencia machista, y que son «perfectamente compatibles». A modo de ejemplo, ha identificado como un caso de violencia intrafamiliar que un hombre que ha tenido «un problema con su pareja» mate a sus hijos.

«Hace un tiempo sufrimos un asesinato producido por un padre que, por un problema con su pareja, después asesinó a sus dos hijos. Eso no es violencia machista, eso es violencia intrafamiliar», ha identificado el presidente gallego, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, celebrado este jueves en Lugo.

Feijóo no ha concretado el caso al que se refería, pero uno de los parricidios recientes de más repercusión fue el de David Oubel, quien asesinó a sus dos hijas en Moraña, y fue condenado en 2017 a la primera prisión permanente revisable de España.

Sus declaraciones llegan pocos meses después de que el pasado verano el Parlamento gallego aprobase una modificación de la ley gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género que reconocía, de forma pionera en España, la violencia vicaria como una forma de violencia machista. El PPdeG aprobó esta reforma, que salió adelante por unanimidad de populares, socialistas y nacionalistas.

Este jueves, el pronunciamiento del presidente gallego se produjo al ser preguntado por las declaraciones del consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, quien afirmó que era más partidario de utilizar el término «violencia intrafamiliar» que el de violencia machista.

ESGRIME QUE LA INTRAFAMILIAR «NO PUEDE OCULTAR» LA MACHISTA

En su intervención, Feijóo ha remarcado que ambos tipos de violencia «existen». «Si un padre mata a un hijo o una hija no es violencia machista, es intrafamiliar; y si un hombre mata a su pareja abusando de su fortaleza es violencia machista. Entiendo que hablamos de dos cosas distintas y reales que existen», ha profundizado.

Dicho esto, ha defendido que ambos tipos de violencia son «perfectamente compatibles», si bien considera que la intrafamiliar «no puede ocultar» la machista, ya que las mujeres asesinadas por sus parejas «se cuentan por decenas».

«NO SÉ QUIÉN QUIERE MONTAR LÍOS CON ESTO»

Feijóo ha recordado que, cuando él estudió Derecho, el parricidio ya estaba tipificado en el Código Penal y ha indicado que «entonces no se hablaba de violencia machista o intrafamiliar».

«No sé quién quiere montar líos con esto. Tenemos ya bastantes líos para no montar más de los necesarios», ha zanjado.

El Congreso de los Diputados ha tumbado este jueves las propuestas presentadas por el PP y Vox para tratar de acabar con los sucesivos asaltos masivos registrados en las últimas semanas en la valla de Melilla.

Ambas mociones son consecuencia de las interpelaciones que tanto los ‘populares’ como los de Santiago Abascal dirigieron una semana antes al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el Pleno de control al Gobierno.

Entonces, Marlaska aseguró al PP y Vox que en tres meses acabarán las obras para instalar las estructuras metálicas en forma de peines invertidos que sustituirán a las concertinas que coronan la valla de Melilla, y que a finales de año comenzaría a funcionar la conocida como «frontera inteligente» tanto en Melilla como en Ceuta, lo que implica la renovación del circuito de cámaras y la instalación de sensores.

Entre las medidas para evitar los asaltos, el PP pedía en su moción integrar a ambas ciudades autónomas en el espacio Schengen con el fin de poder aplicar el Pacto de Migración y Asilo en relación con la colaboración de Frontex en el control de las fronteras exteriores y el movimiento de personas y mercancías en el espacio Schengen.

Además de mejoras en el vallado fronterizo y refuerzo de las plantillas con la movilización de las Fuerzas Armadas, también urgía a tramitar los expedientes de expulsión inmediata de quienes entraron de manera violenta, hablaba de impulsar un Plan África a la cooperación para el desarrollo y otro «específico» para Ceuta y Melilla para dar una respuesta «rápida y eficaz» a la «utilización» por parte de Marruecos de la estabilidad en las mismas «como medio para presionar al Gobierno español».

Esta propuesta, sin embargo, no ha cosechado los apoyos necesarios para salir adelante. Así, la iniciativa sólo ha sumado 100 votos a favor, entre ellos los del PP y Ciudadanos, y 186 en contra, los del PSOE, Unidas Podemos y el grueso de sus socios parlamentarios Por su parte, Vox ha optado por la abstención.

La misma suerte ha corrido la moción de Vox, que ha sido rechazada por 201 votos en contra, del PSOE, Unidas Podemos, sus aliados habituales y Ciudadanos, y 88 abstenciones, procedentes del PP.

El texto de los de Abascal incluía entre sus ‘recetas’ contra los saltos masivos promover en el seno de la OTAN la modificación del artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte para que éste recoja e incluya, de forma explícita, a Ceuta y Melilla.

Además de reclamar el «despliegue inmediato» de militares en las fronteras de ambas ciudades, los de Abascal también pedían terminar el «refuerzo y modernización» del vallado fronterizo y disponer de elementos técnicos, como cámaras térmicas y protección pasiva, para hacer «infranqueable» cualquier intento de asalto.

España ha presentado un adelanto de su programa cultural y literario como Invitado de Honor de la próximo Feria del Libro de Fráncfort, que tendrá lugar del 19 al 23 de octubre, y para la que se espera casi 90 lanzamientos de autores españoles traducidos al alemán a lo largo de este año.

En total, son al menos 86 lanzamientos en alemán de obras literarias españolas, en su mayoría narrativa, pero también poesía, literatura infantil y juvenil, novela gráfica y no ficción, aunque la delegación española ha asegurado que esta cifra «aumentará con seguridad en los próximos meses».

De esos 86 títulos, 40 han recibido algún tipo de ayuda a la traducción, lo que supone aproximadamente un 46 por ciento. En total, respecto a los cinco mercados estratégicos (alemán, inglés, francés, italiano y neerlandés), desde 2019 se han concedido ayudas a 328 títulos y, de esas ayudas, 77 han sido para títulos alemanes.

Con motivo de la participación de España como Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort, en 2019 el Ministerio de Cultura y Deporte aumentó la dotación de sus ayudas a la traducción en casi un 45%. En paralelo, Acción Cultural Española (AC/E) lanzó una nueva línea de ayudas, esta vez centradas en cinco mercados estratégicos: alemán, inglés, francés, italiano y neerlandés.

Desde entonces y hasta finales de 2021, ambas líneas de ayudas han contribuido con más de dos millones de euros a fomentar la internacionalización de la literatura española. En el caso concreto del mercado alemán, y a la espera de las adjudicaciones pendientes, estas cifras se traducen en 78 nuevos títulos que han visto o verán próximamente la luz en las librerías de Alemania, Austria y Suiza.

Los participantes en la rueda de prensa, entre los que han estado el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, o la directora general del Libro y Fomento de la Lectura, María José Gálvez, han presentado un anticipo de un grupo de autores españoles que realizará una gira organizada por los diferentes centros del Cervantes en Alemania.

Núria Tamarit, I Premio València de Novela Gráfica; Cristina Morales, tras presentar su novela recién traducida ‘Lectura fácil /Leichte Sprache en Lit’ o la escritora gallega Ledicia Costas, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2015, serñan algunos de los participantes en este programa.

También en el Instituto Cervantes de Berlín, el autor Antonio Muñoz Molina estará como invitado y debatirá con la presidenta de la Asociación Hispánica Alemana, Susanne Zepp, el 25 de abril, mientras que dos días más tarde este centro acogerá un homenaje a Almudena Grandes.

Habrá un programa con espectáculos de danza, representaciones teatrales, exposiciones, ciclos de cine, eventos musicales, lecturas dramatizadas o instalaciones en diferentes puntos de Fráncfort, así como en otras ciudades alemanas.

El director de la Feria del Libro de Fráncfort, Juergen Boos, ha adelantado que el encuentro volverá a la presencialidad, tras los años anteriores sometidos a las restricciones por la pandemia, si bien reconociendo que todavía hay «un escenario imprevisible» en caso de una nueva ola de contagios.

«No puedo decir todavía cómo será en otoño, pero la cifra de inscripciones está siendo muy positiva y con gran presencia internacional. Coordinaremos las medidas de seguridad con las instituciones alemanas de salud, habrá que llevar mascarilla pero con eventos presenciales», ha concluido.

El Congreso de los Diputados ha aprobado, con el apoyo de Unidas Podemos y la abstención del PSOE, parte de una moción consecuencia de interpelación urgente por la que se insta al Gobierno a tomar algunas medidas para mejorar la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), como que la gestión de esta ayuda no sea solo telemática.

En concreto, el Pleno del Congreso ha aprobado cuatro puntos de los nueve que contenía la moción, presentada por Coalición Canaria, y en los cuatro, los dos partidos del Gobierno de coalición han emitido un voto diferente: Unidas Podemos ha votado a favor y PSOE se ha abstenido.

El primero de estos puntos pide al Gobierno que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones comunique a todos los solicitantes a los que se les denegó el IMV por razones que fueron posteriormente salvadas en las tres modificaciones que se produjeron, que ya pueden acceder a dicha prestación. Este punto ha sido aprobado con el voto a favor de Unidas Podemos, VOX y PP, el voto en contra de ERC, y la abstención del PSOE.

Con estos mismos apoyos ha salido adelante el segundo punto de la moción, que demanda que no se vuelva a exigir a estos solicitantes presentar toda la documentación que ya registraron en su momento.

Mientras, el tercer punto, referido a aprobar la concesión de oficio y comunicar a los beneficiarios en aquellos casos en los que aplicación automática de la nueva norma quede acreditado su derecho a percibirlo, ha sido aprobado con el voto a favor de Unidas Podemos, VOX y PP, y la abstención de PSOE y ERC.

El cuarto punto, que insta al Ejecutivo a que la gestión telemática del IMV sea «una alternativa pero no una imposición» y se pueda dar la cita presencial a todas las personas que lo necesiten, ha salido adelante con el voto a favor de PP, VOX, Unidas Podemos, y la abstención del PSOE.

NO ESTÁ LLEGANDO A QUIEN LO NECESITA

En el debate de la moción, que tuvo lugar el pasado martes, los grupos parlamentarios reprocharon al Gobierno que el Ingreso Mínimo Vital «no está llegando» a todas las personas que lo necesitan tras dos años de implementación, mientras el PSOE y Unidas Podemos defendieron el despliegue de la prestación que llega a casi 400.000 hogares y cerca de un millón de personas.

La diputada de Coalición Canaria Ana María Oramas indicó que con su moción lo que pretenden es que el IMV llegue a más personas a través de medidas como que la gestión telemática de esta prestación sea «una alternativa pero no una imposición» o que a cada persona que se denegó la ayuda se le envíe una carta explicando que la situación ha cambiado y ahora sí le corresponde.

«No hay un lobby de la gente que tiene el IMV. Lo único de lo que se trata de que a esos dos millones de personas que preveía el Gobierno, les llegue un derecho que tienen por ley», subrayó Oramas.

En la defensa de las enmiendas, que no fueron aceptadas por Coalición Canaria, la diputada del PP María Teresa Angulo opinó que el IMV es «un ejemplo de la mala gestión» del Gobierno, «un fracaso» porque «solo» ha llegado a «un tercio» de los 2,3 millones de españoles «prometidos» por el Ministerio de Inclusión.

Además, acusó al Ejecutivo de «frivolidad» al utilizar el «eslogan ‘no dejar a nadie atrás'» y le ha advertido de que «ninguna docuserie va a solucionar la situación de pobreza de los españoles».

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Sara Giménez reprochó al Gobierno su «hermetismo» a la hora de adaptarse a las diferentes situaciones de los posibles beneficiarios del IMV y calificó de «incompresibles» situaciones como que esta ayuda no llegue a jóvenes independizados de 18 a 22 años en situación de pobreza o que la «burocracia» impida que la prestación llegue a los más vulnerables.

Mientras, desde el PSOE, la diputada Carmen Baños se defendió asegurando que el IMV es «una política compleja» y que se ha hecho «un importante esfuerzo» para su despliegue. En concreto, desgranó que tienen a casi «un millón de personas protegidas del riesgo exclusión social y casi 400.000 hogares» a los que llega la ayuda.

También desde Unidas Podemos, la diputada Pilar Garrido defendió el IMV como uno de los «principales avances» realizados y, aunque admitió que la puesta en marcha «requería tiempo y hacía falta observar ineficiencias y obstáculos», aseguró que se ha hecho un «importante esfuerzo de revisión» introduciéndose diferentes cambios en la norma.

Mientras tanto, la diputada de VOX Inés María Cañizares criticó que el Gobierno «ha dejado de ejecutar 1.000 millones de euros» de los presupuestados para el IMV al tiempo que destina «21.000 millones para políticas feministas».

Desde Esquerra Republicana, la diputada Norma Pujol i Farré afeó que el Gobierno «salga a defender» que el despliegue del IMV ha ido «como la seda» porque está «muy lejos de cumplir expectativas» y reclamó su gestión desde la Generalitat de Cataluña.

Por el BNG, Rego Candamil lamentó que «tres de cada cuatro solicitudes se siguen rechazado»; Joan Baldoví, de Compromís, pidió que se facilite la tramitación «para que llegue a más gente» y que se permita a las comunidades autónomas gestionarlo; y el diputado del PDeCat Genís Boadella criticó las «fallidas peticiones de cita previa» para tramitar esta ayuda.

Al mismo tiempo, el diputado de EH Bildu Oskar Matute valoró que el IMV «ni se ha desplegado como debiera ni es accesible para quien lo precisaba» y dijo que, con esto, no quiere «herir ni recriminar» al Gobierno sino «constatar la evidencia». También apuntó que la cuantía de la prestación debería actualizarse ante la subida de precios.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita penas que suman 8 años y 9 meses de prisión, además de libertad vigilada, con la obligación de someterse a programas de educación sexual, para un acusado de mantener un encuentro sexual con un menor a cambio de dinero, en Mieres. El juicio celebrado este jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, quedó visto para sentencia.

Según mantuvo el Fiscal, en fecha no precisada del mes de enero de 2019, el menor nacido en 2005, que reside en Avilés en compañía de su madre, conoció al acusado, de 52 años, a través de su primo, que entonces tenía 16 años.

Comoquiera que el acusado conocía el número de teléfono móvil del menor porque se lo había facilitado su primo, a última hora de la mañana del 27 de enero de 2019 lo llamó reiteradamente y le envió varios mensajes, pidiéndole quedar con él para ir a tomar algo, ya que quería conocerlo mejor.

La víctima, a quien su primo le había comentado que el acusado le daría 200 euros por hacerle una felación, aceptó verse con él. Así, quedaron en que el menor se trasladaría en tren hasta Oviedo, donde le recogería el acusado. De este modo, el acusado recogió en su coche al joven y, a continuación, ambos se dirigieron al domicilio del primero, en Mieres, al que llegaron sobre las 17 horas.

Durante el trayecto en coche, el acusado fue tocándole las piernas al menor. Una vez en la casa, el acusado mantuvo una conversación de marcado carácter sexual con el joven. Seguidamente, le mostró vídeos pornográficos que tenía almacenados en su teléfono móvil y en los que aparecían varones muy jóvenes (sin que se pueda asegurar que fueran menores de edad) manteniendo relaciones sexuales entre ellos.

A continuación, el acusado condujo al menor a la habitación y allí, siendo conocedor, por su apariencia física, de que su edad era inferior a los 16 años que el menor, siguiendo el consejo de su primo, le había dicho que tenía, comenzó a besarle en el cuello y, tras prometerle que le iba a dar 200 euros, comenzó a hacerle una felación.

En ese momento, se presentó en la casa la tía del menor, que se encargaba de su cuidado dado que su madre estaba gravemente enferma. La mujer, preocupada por la ausencia del joven a la hora de comer, indagó sobre su posible paradero y consiguió que el primo le dijera dónde podía estar y le diera la dirección del acusado. Al llegar al exterior de las casa, la mujer llamó por teléfono a su sobrino y, al no contestar pero oír desde fuera el tono de llamada en su móvil, y sospechando que pudiera estar en peligro, accedió al interior de la vivienda por la puerta principal, que no estaba cerrada con llave. Al entrar en la habitación del acusado sorprendió a este con su sobrino.

Tras salir todos al exterior, la mujer llamó al 092 y, al poco tiempo, se presentó en el lugar una dotación de la Guardia Civil. En el cacheo a que se sometió al acusado tras su detención, se intervino en su poder la cantidad de 585 euros. No consta que el menor sufriera secuelas psicológicas importantes como consecuencia de este episodio.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de abusos sexuales a menor de 16 años en concurso real con un delito de corrupción de menores y un delito de provocación sexual y solicita que se condene al acusado a penas que suman ocho años y nueve meses de prisión y la prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 200 metros a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o estudio y cualquier otro frecuentado por él, así como de comunicarse por cualquier medio con el mismo, durante 10 años.

Se le impondrá además, para su ejecución posterior al cumplimiento de las penas de prisión, la medida de libertad vigilada consistente en la prohibición de contactar con menores de edad, fuera de los que pudieran existir en su círculo familiar, tanto personalmente como por medios tecnológicos (teléfono, internet o redes sociales), y someterse a programas de educación sexual, todo ello durante 8 años. Por vía de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la representante legal del menor con 3.000 euros, más los intereses legales correspondientes.