Si estás preparando oposiciones para maestro, profesor de Secundaria o de FP, atento: el Gobierno acaba de sentar las bases de la reforma más ambiciosa del sistema de acceso a la función docente. La próxima semana, el Ministerio de Educación retoma las negociaciones con los sindicatos para cambiar por completo cómo se selecciona al profesorado, y los dos pilares del nuevo modelo son contundentes: temarios completamente renovados y un periodo de prácticas tutorizadas tras superar la oposición.

¿En qué consiste la reforma de las oposiciones?

El Ministerio ha constituido ya el Grupo de Trabajo 2, dedicado exclusivamente a los sistemas selectivos y al ingreso en la función docente. Su objetivo es decidir el contenido de las próximas reuniones, que arrancarán en septiembre. Sobre la mesa hay tres ejes clave: la renovación de los temarios —hoy obsoletos—, la incorporación de pruebas que midan realmente la capacidad de enseñar y un programa de iniciación a la docencia que acompañará al profesor novel durante su primer año.

La intención es clara: dejar atrás un sistema centrado en memorizar epígrafes y acercarlo a lo que de verdad ocurre en un aula. Para ello, las prácticas tutorizadas se convierten en una fase obligatoria y evaluable, similar a un periodo de formación en el puesto de trabajo pero sin caer —asegura el Ministerio— en un “MIR educativo” que alargue la precariedad.

Así cambiarían los temarios y el sistema de acceso

Uno de los cambios más esperados es la actualización de los temarios. Los documentos actuales, en muchas especialidades, arrastran más de una década sin revisión. El Ministerio propone publicar el desarrollo completo de los nuevos contenidos y unificar criterios de corrección, como las penalizaciones por faltas de ortografía, que pasarían a ser homogéneas en toda España.

Además, el concurso-oposición dejaría de ser un examen puramente teórico. Se daría más peso a la defensa de la programación didáctica y a pruebas que evalúen competencias reales: resolución de conflictos, atención a la diversidad o diseño de clases. La idea es que el aspirante demuestre que sabe enseñar, no solo que conoce la asignatura.

Otra novedad relevante es el nuevo modelo de ingreso. Tras aprobar la fase de oposición, el docente pasaría por un periodo de prácticas tutorizadas de un año antes de consolidar su plaza. Durante ese tiempo, un mentor supervisaría su desempeño y el proceso no supondría un retraso en la estabilidad laboral. Para quienes llevan años como interinos, se estudia una adaptación que reconozca su experiencia y evite someterles a un año de prácticas como si fueran noveles.

La reforma busca que el sistema selectivo valore lo que realmente importa: la capacidad de dar clase y conectar con el alumnado, no la memoria a corto plazo.

¿Qué calendario maneja el Ministerio?

Las negociaciones arrancan formalmente en septiembre de 2026, tras las reuniones preparatorias de este verano. Los cambios normativos deben concretarse en un real decreto que modificará el actual RD 132/2010 y su desarrollo posterior. Si el calendario se cumple, las primeras oposiciones con el nuevo formato podrían celebrarse en 2028, aunque el Gobierno aspira a que algunas medidas ya se apliquen en las convocatorias de 2027 para cuerpos de maestros donde la tasa de interinidad es más alta.

Mientras, el Ministerio también negocia otros aspectos que afectan a los centros, como la reducción de ratios en FP Básica —de 20 a 15 alumnos por clase— o la climatización de los edificios. Pero la prioridad, según los sindicatos, debe ser atajar el abuso de la temporalidad: la tasa de interinidad real ronda el 30%, muy por encima del 8% que fijó la Ley 20/2021.

La ficha práctica

• ¿Quién se verá afectado? Aspirantes a maestro, profesor de Secundaria, FP y otros cuerpos docentes en las próximas convocatorias.
• ¿Cuándo habrá cambios? Las primeras pruebas con nuevo formato se esperan para 2027 o 2028, según el cuerpo y la especialidad.
• ¿Qué novedades principales trae? Temarios actualizados, más peso a la capacidad de enseñar y un año de prácticas tutorizadas tras la oposición.
• ¿Dónde se solicitan las oposiciones? Las convocatorias las publica cada comunidad autónoma. La información general se podrá consultar en la web del Ministerio de Educación y en los sindicatos.
• Ojo con este detalle: El periodo de prácticas no puede convertirse en una excusa para precarizar. Los sindicatos vigilarán que se respete la experiencia previa de los interinos.

El resumen rápido (TL;DR)

• 🎯 ¿Qué ha pasado? El Gobierno prepara la mayor reforma de las oposiciones a profesor, con nuevos temarios y prácticas tutorizadas.
• 💶 ¿A quién le interesa? A cualquier persona que se esté preparando para ser maestro o profesor de Secundaria o FP.
• ✅ ¿Qué tienes que hacer? Estar atento a las negociaciones de septiembre y a la publicación del real decreto. Los cambios llegarán a partir de 2027.

Si eres ingeniero y estás buscando empleo público, la Xunta de Galicia acaba de sacar 72 plazas repartidas en cuatro especialidades. La convocatoria se publicó en el DOG y el plazo para presentar las solicitudes se cierra el 27 de agosto. No hay prueba de ofimática ni fase de concurso: todo se decide en los exámenes.

Las cuatro especialidades que convoca la Xunta

La oferta se divide en cuatro procesos selectivos independientes. El reparto es el siguiente:

• Ingeniería Técnica Agrícola: 44 plazas (11 por promoción interna).
• Sistemas y Tecnologías de la Información: 16 plazas (4 por promoción interna).
• Ingeniería Agronómica: 6 plazas (2 por promoción interna).
• Ingeniería Técnica de Obras Públicas: 6 plazas (2 por promoción interna).

Todas las convocatorias reservan plazas para personas con discapacidad, y las de promoción interna que queden sin cubrir se suman al turno libre.

Qué título necesitas en cada especialidad

La titulación es el filtro principal. Cada una de las convocatorias pide una formación universitaria específica, aunque en el caso de sistemas y tecnologías de la información la lista se abre a grados afines. Estos son los requisitos exactos:

• Ingeniería Agronómica: grado, licenciatura o máster habilitante de Ingeniería Agronómica.
• Ingeniería Técnica Agrícola: Ingeniería Técnica Agrícola o grado que habilite para esa profesión.
• Ingeniería Técnica de Obras Públicas: Ingeniería Técnica de Obras Públicas o grado habilitante.
• Sistemas y Tecnologías de la Información: grado o licenciatura en Ingeniería Informática, Telecomunicación, Matemáticas, Estadística, Física, Inteligencia Artificial, Ciencia del Dato o titulaciones equivalentes de nivel MECES 3 (lo que antes llamábamos máster).

Si estudiaste fuera de España, necesitas tener la homologación oficial ya concedida. No basta con haber iniciado el trámite.

Plazos e inscripción: el 27 de agosto como fecha límite

El DOG publicó las convocatorias el 30 de julio. A partir del día siguiente empieza a correr el plazo de 20 días hábiles. Eso sitúa el cierre en el 27 de agosto, ambos incluidos.

La inscripción se hace solo por internet. Hay que entrar al portal de Función Pública de la Xunta de Galicia e identificarse con certificado digital o DNI electrónico. Como novedad, en algunas convocatorias las personas aspirantes deberán haber incorporado previamente su titulación en la aplicación FIDES, así que conviene revisar las bases de cada una.

En estos procesos, la diferencia no la marca la experiencia previa sino quién prepara bien el temario y llega al examen con la documentación en regla.

Exámenes tipo oposición: lo que te espera

No hay fase de concurso. La puntuación final sale únicamente de los ejercicios de la oposición. En las especialidades de agronómica, agrícola y obras públicas el proceso tiene cuatro pruebas (todas eliminatorias):

• Un test de conocimientos (120, 130 o 140 preguntas según la especialidad).
• Un supuesto práctico escrito.
• Un tema de desarrollo a sorteo.
• Prueba de conocimiento de gallego (salvo que tengas el Celga 4 o equivalente).

En Sistemas y Tecnologías de la Información el esquema es parecido, pero el primer ejercicio incluye 180 preguntas: 40 de la parte general y 140 de la parte específica.

La prueba de gallego es común a todas las convocatorias. Si no tienes acreditado un nivel suficiente, tendrás que superarla para seguir en el proceso.

La ficha práctica

• ¿Quién puede solicitarlo? Personas con la titulación universitaria requerida para cada especialidad y que cumplan los requisitos generales de acceso al empleo público (nacionalidad, edad mínima de 16 años, capacidad funcional y no estar inhabilitado).
• ¿Cuántas plazas hay? 72 en total (44 de agrícola, 16 de sistemas, 6 de agronómica, 6 de obras públicas).
• ¿Hasta cuándo hay plazo? Hasta el 27 de agosto de 2026, incluido. Son 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el DOG.
• ¿Dónde se solicita? Solo por vía electrónica en el portal de Función Pública de la Xunta de Galicia.
• Requisito o letra pequeña clave: Algunas convocatorias exigen tener la titulación ya cargada en la aplicación FIDES. Revisa las bases del proceso al que optes para no quedarte fuera por un formalismo.

El resumen rápido (TL;DR)

• 🎯 ¿Qué ha pasado? La Xunta de Galicia ha convocado 72 plazas de ingeniería por oposición.
• 💶 ¿A quién le interesa? A ingenieros agrónomos, agrícolas, de obras públicas y de los grados STEM que recoge la convocatoria de sistemas.
• ✅ ¿Qué tienes que hacer? Presentar la solicitud online antes del 27 de agosto y preparar el temario: no hay concurso de méritos, cada plaza se gana en el examen.

Hacer vida cotidiana durante una baja no es motivo para perder el empleo. Así lo acaba de sentenciar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al anular el despido de un trabajador grabado cortando el césped, cargando losas de 25 kilos y saliendo del súper con seis botellas de agua. Una decisión que frena en seco la ofensiva política contra el llamado 'absentismo' laboral.

Los tribunales gallegos están tumbando uno tras otro los despidos basados en informes de detectives que observaban a personas de baja realizando tareas normales. La presión venía de arriba: desde abril, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el PP estatal vinculan las bajas al colapso de la sanidad pública, pero las sentencias empiezan a desmontar ese discurso.

El caso del trabajador con lumbago y el detective privado

El empleado, con más de 30 años de antigüedad y sin sanciones previas, sufrió un lumbago con ciática. La empresa encargó a un detective que lo grabara durante dos meses. Las imágenes lo muestran cortando el césped, levantando unas losas de 25 kilos, empujando una carretilla con leña o cargando seis botellas de litro y medio.

El TSXG considera probada la dolencia —"la realidad del lumbago con ciática no es discutida"— y recuerda que la prescripción médica solo le indicaba "no hacer esfuerzos", sin exigir reposo. Algunas conductas, como arrastrar la leña, ni siquiera estaban objetivadas en cuanto al peso. El tribunal subraya que "la sanción de despido no es proporcionada" para dos acciones puntuales y parcialmente acreditadas.

La sentencia le concedió una indemnizción de 7.501 euros por daños morales, además de anular el despido. El fallo equipara estos incumplimientos leves a los retrasos en el pago de nóminas por parte de la empresa: ninguno justifica la ruptura del contrato si son aislados.

El TSXG considera que dos conductas puntuales no justifican la ruptura de una relación laboral de 30 años sin sanciones previas.

El tribunal va más allá y advierte que "tampoco otros incumplimientos de las personas trabajadoras o de las empresas, cuando son puntuales, constituyen una causa justificativa" de despido. Una doctrina que ya están aplicando otros juzgados gallegos.

El despido de una mujer tras un ictus: otro varapalo judicial

Meses después, la sección de lo Social del Tribunal de Instancia de A Coruña anuló el despido de una empleada que había sufrido un ictus. Un detective la grabó paseando, subiendo escaleras, yendo de compras, haciendo trámites administrativos o acompañando a su hijo a la parada del autobús. La empresa lo consideró incompatible con su baja.

La sentencia lo rechaza de plano: "las tareas que realiza la trabajadora no suponen ningún estrés, ni esfuerzo alguno, más allá de las funciones normales en la vida cotidiana de una madre". Caminar, usar el móvil o llevar bolsas de tamaño generoso no evidencian simulación ni perjudican la recuperación de un ictus, argumenta la jueza. La mujer fue indemnizada con 5.000 euros por daños y perjuicios.

La campaña política del PP contra el absentismo

Este goteo de reveses judiciales colisiona con el discurso que el presidente Rueda lanzó en abril durante el debate de política general. La Xunta y la patronal insisten en que las demoras para obtener un tratamiento médico están inflando las cifras de absentismo, pero obvian que muchas bajas responden a patologías reales que el propio sistema de salud no resuelve a tiempo.

El PP estatal de Feijóo se ha sumado a esa narrativa, poniendo el foco en trabajadores que "aprovechan" la baja para hacer vida normal. Sin embargo, los tribunales están dejando claro que pasear, ir a la compra o recoger al niño del colegio no constituye un fraude. La justicia gallega está desmontando, caso a caso, el argumentario político sobre el absentismo.

Qué requisitos debe cumplir un despido estando de baja para ser legal

La legislación no prohíbe el despido durante una baja, pero sí exige que se demuestre una transgresión de la buena fe contractual. La jurisprudencia, recogida en ambas sentencias, fija cuatro condiciones que rara vez se cumplen cuando solo se aportan imágenes de la vida cotidiana. El incumplimiento debe ser grave, culpable, proporcionado a la sanción y perseguido en un plazo razonable desde que la empresa tuvo conocimiento.

En los casos gallegos, ninguna de esas exigencias se acreditaba. La antigüedad de los trabajadores, la ausencia de sanciones previas y el carácter puntual de las conductas desaconsejaban la medida más drástica. "La sanción de despido no es proporcionada", repite el TSXG. Además, las empresas tardaron semanas en actuar tras recibir los informes de los detectives, lo que debilita aún más la pretendida gravedad de las faltas.

Estos criterios no son nuevos: el Tribunal Supremo ya estableció que la realización de actividades incompatibles con la recuperación puede justificar el despido, pero solo si se prueba el fraude o el perjuicio real para la curación. La carga de la prueba recae sobre la empresa, y los informes de detectives que solo muestran escenas de la vida diaria no bastan. La justicia gallega está aplicando esa doctrina con firmeza, protegiendo el derecho a la intimidad y a la reinserción laboral de los trabajadores de baja.

📌 En claves: lo que debes saber

• Qué ha pasado: El TSXG ha anulado dos despidos de trabajadores de baja grabados por detectives haciendo tareas cotidianas, como cortar el césped o ir de compras.
• Por qué te importa: Fija un criterio claro: hacer vida normal durante una baja no es motivo de despido si no hay fraude probado. La empresa necesita evidencias sólidas de que la actividad perjudica la recuperación.
• A quién afecta: A cualquier persona de baja laboral en España, especialmente en Galicia, que pueda sentirse vigilada. También a las empresas que recurren a detectives para justificar despidos.
• Hacia dónde vamos: La doctrina se consolida y desmonta la campaña política contra el absentismo. Las empresas deberán extremar el rigor antes de despedir y arriesgarse a indemnizaciones por daños morales.

Si estabas dudando si abrir la boca ante lo que veías en la oficina —facturas raras, adjudicaciones que huelen a enchufe, contratos con empresas de un familiar del jefe— la ley acaba de ponerse de tu lado. El Gobierno aprobó el 28 de julio un cambio en el Estatuto de los Trabajadores que convierte en nulo cualquier despido que se produzca tras denunciar irregularidades en la empresa. No es un parche: hablamos de readmisión obligatoria y salarios de tramitación desde el día cero, no una mera indemnización por despido improcedente.

El Ministerio de Trabajo, añade un nuevo supuesto de protección a la lista del artículo 55 del Estatuto. A partir de ahora, si informas sobre infracciones normativas o corrupción internas y la empresa te echa —ya sea durante el periodo de prueba, con un despido objetivo o uno disciplinario— ese despido será nulo. La medida va ligada a los canales que ya regula la Ley 2/2023, la norma que protege a los alertadores internos.

¿Qué cambia exactamente en tu despido?

Vamos al grano. Hasta ahora, si denunciabas y te echaban, el despido podía calificarse como improcedente, lo que significa que la empresa te pagaba una indemnización y se acabó. Con la nueva redacción, el despido pasa a ser nulo, es decir: el juez ordena tu readmisión inmediata y la empresa te paga los salarios que dejaste de cobrar desde el despido hasta que vuelvas (lo que se conoce como salarios de tramitación). La diferencia no es menor: en un despido improcedente la empresa se libra pagando, en el nulo tienes que volver a tu puesto y además te indemnizan el tiempo perdido.

La protección cubre expresamente despidos durante el periodo de prueba (una de las zonas grises clásicas), despidos por causas objetivas y despidos disciplinarios. Y no solo a ti: la prohibición de represalias se extiende a tus familiares, por si la empresa intentaba apretarte a través de ellos. Amenazas o tratos desfavorables quedan vetados con el mismo blindaje.

¿Quién está cubierto y cómo se denuncia?

Cualquier asalariado —da igual el tamaño de la empresa o el tipo de contrato— queda amparado siempre que la revelación se haga conforme a lo previsto en la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción (la ley que crea canales internos de denuncia). Esto implica usar los buzones éticos o procedimientos que ya deben tener las empresas con más de 50 trabajadores, o acudir a los canales externos como la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Es decir, no vale cualquier revelación pública sin más; la protección está pensada para quien sigue los cauces internos o acude a los organismos oficiales. Si tu empresa tiene un canal de denuncias, úsalo. Si no, puedes dirigirte a la autoridad competente. El despido nulo se activa cuando la represalia ocurre «con ocasión de una revelación o de la presentación de información conforme a la Ley 2/2023», tal y como recoge la nota del Ministerio.

La letra pequeña: por qué hasta ahora era más fácil que te echaran

Hagamos un poco de memoria. La Ley 2/2023 ya obligaba a las empresas a proteger a los denunciantes frente a represalias, pero la respuesta en el ámbito laboral se quedaba corta: en muchos casos el despido se declaraba improcedente y la empresa pagaba y punto. Con esta modificación del Estatuto, el sistema se endurece porque la indemnización por improcedente deja de ser la vía de escape barata. Ahora se blinda al trabajador con la máxima garantía: la readmisión, que además tiene un efecto disuasorio mucho mayor para la empresa.

La medida conecta con una realidad que conocíamos de sobra: los silencios por miedo. Según datos de la propia Autoridad Independiente de Protección del Informante, en 2025 apenas el 12% de las denuncias internas procedían de empleados con contrato precario. La desprotección laboral era el principal freno. Tapar ese agujero con un despido nulo —y no solo indemnizado— manda un mensaje claro: denunciar no te condena al paro, te devuelve a tu sitio.

Que el despido sea nulo no es un detalle técnico: obliga a readmitirte y a pagarte los salarios que dejaste de ingresar. Sin excusas.

Claro que habrá que ver cómo se despliega en los tribunales. La clave estará en que el juez acepte la conexión entre la denuncia y el despido; la nueva ley ayuda al invertir la carga de la prueba cuando hay indicios de represalia. Pero como siempre, el engranaje judicial tardará en rodar. Conviene documentar cualquier paso antes de denunciar: guarda correos, capturas y cualquier señal que demuestre que la empresa supo de tu revelación.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)

• 💸 ¿Qué ha cambiado? Cualquier despido tras denunciar corrupción o infracciones en la empresa será nulo, no improcedente.
• 👥 ¿A quién afecta exactamente? A todos los trabajadores asalariados, incluidos los que están en periodo de prueba.
• ✅ ¿Qué puedes hacer al respecto? Usa el canal interno de denuncias o acude a la Autoridad de Protección del Informante; documenta todo antes y después.