La Generalitat de Cataluña pone a 231 personas a buscar a las familias catalanas que tienen derecho a una ayuda pública y no la cobran. El programa se llama Barris per Créixer y arranca este mes de septiembre en 31 municipios.
El presupuesto llega a 30 millones de euros hasta junio de 2029. La misión de esos 231 empleados no es tramitar papeles desde una oficina: es localizar a hogares con hijos a cargo que, por desconocimiento, se están quedando fuera de prestaciones que les corresponden.
El despliegue lo coordina el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. El programa se dirige a hogares con hijos a cargo y busca facilitarles el acceso a tres prestaciones: el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la renta garantizada de ciudadanía (RGC) y el complemento de ayuda para la infancia.
El plan no crea ninguna ayuda nueva: su objetivo es que las que ya existen lleguen a los hogares que hoy no las piden
Son tres prestaciones distintas, con requisitos distintos y, a menudo, trámites separados. El IMV es la red estatal y la RGC, la versión catalana; el complemento de infancia se paga por cada menor a cargo.
Sobre el terreno, los equipos no esperan a que las familias llamen a la puerta: su trabajo es detectar a los hogares que cumplen los requisitos y acompañarlos durante la solicitud.
Por qué hay familias con derecho a una ayuda que no la cobran
Y es que el hecho de que una prestación exista no significa que llegue. Entre el derecho reconocido y el ingreso en la cuenta hay un trámite que muchos hogares nunca completan. Es lo que se conoce como non take-up: ayudas que nadie reclama, casi siempre por falta de información o por la complejidad del proceso.
Muchas familias no saben que cumplen los requisitos o creen que no les corresponde. A eso se suman los requisitos cambiantes, la documentación que hay que reunir y la barrera digital que impone la mayoría de los trámites.
El Ingreso Mínimo Vital, en vigor desde 2020, arrastra ese problema desde su puesta en marcha. Una parte de los hogares elegibles no llega a cobrarlo, y ahí encaja este programa.
El detalle que casi nadie cuenta es de dónde sale el dinero de cada ayuda. El IMV y el complemento de infancia los paga la Administración central; la RGC y este programa, la Generalitat. En la práctica, el plan catalán dedica fondos propios a desbloquear prestaciones estatales que hoy no se cobran.
Por qué este tipo de planes se juzga por sus resultados
Localizar a quien no pide la ayuda no es una idea nueva. El IMV nació en 2020 con el objetivo de llegar a los hogares con menos ingresos, y su recorrido ha estado marcado por la brecha entre quienes tienen derecho y quienes cobran. Las fórmulas de acompañamiento para que la gente cobre lo que le corresponde tampoco son nuevas, y la medición del impacto suele ser el punto débil de estos programas.
En el debate sobre estas políticas, quienes defienden el acompañamiento destacan su efecto directo sobre las familias, mientras que las voces críticas ponen el foco en el coste por beneficiario y en la dificultad de medir resultados.
Aquí habrá dos formas de comprobarlo: cuántos hogares de esos 31 municipios pasan a cobrar y a cuánto sale cada uno. Con 231 empleados y un horizonte hasta junio de 2029, el coste por familia atendida será una de las cifras que se miren cuando toque evaluar el plan.
También hay una lectura política: las prestaciones que persigue el plan son en parte estatales y en parte catalanas. Y el asunto tiene recorrido, porque la brecha entre ayudas reconocidas y ayudas cobradas es un tema recurrente en el debate público.
Como hemos comentado ya, el plan seguirá en marcha, como mínimo, hasta junio de 2029. El dato que importa a partir de ahora es cuántos de esos hogares acaban cobrando lo que les corresponde.
