José Pablo López ha vuelto a hacerlo. Ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, el presidente de la corporación ha anunciado este martes que propondrá al Consejo de Administración mantener la suspensión de la participación española en Eurovisión 2027, situando de nuevo el sufrimiento del pueblo palestino como el punto de partida ineludible del debate.
La decisión, que previsiblemente contará con el mismo respaldo mayoritario que en 2026 (entonces diez consejeros a favor por cuatro en contra del PP y una abstención de Junts), consolida la segunda ausencia consecutiva de España en el festival más visto del continente. Pero reducir el momento a una simple polémica musical es no entender lo que verdaderamente está en juego en Torrespaña.
Y es que, estando de acuerdo con la decisión tomada, el nuevo desplante a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) es la manifestación más visible de un estilo de gestión que se repite con una regularidad casi mecánica desde que López tomó las riendas del ente público. Ya sea en un festival de canciones, en la parrilla de prime time o en la puja por unos derechos deportivos, el patrón se reproduce con las mismas fases: anuncio unilateral, cierta polémica, resistencia frente a la presión externa y consolidación de la medida pese al coste político o económico.
Es un manual de gestión que prioriza el impacto mediático y el posicionamiento simbólico sobre el consenso previo, y que convierte cada decisión en un hecho consumado con el que después hay que lidiar, tanto dentro como fuera de la corporación. Demasiada presión encima.
Hay que decir que un real decreto ley convalidado en octubre de 2024 dotó al presidente de RTVE de una mayor capacidad de maniobra, permitiéndole nombrar directivos y aprobar grandes contratos audiovisuales sin necesidad de contar con el respaldo del Consejo de Administración. Ese blindaje normativo es la llave que explica por qué López puede permitirse desafíos que hace apenas unos años habrían sido inviables para una radiotelevisión pública acostumbrada a mirar de reojo al Gobierno de turno y a la oposición parlamentaria.
No a Eurovisión y el deporte como ariete: la misma lógica del hecho consumado
Mientras la retirada de Eurovisión ocupa titulares por su dimensión ética y geopolítica, RTVE libra en paralelo una batalla mucho más importante, y mucho más cara, por hacerse con el mapa deportivo español, sobre todo tras lo cosechado con el Mundial 2026. El presidente confirmó en enero de 2025 que la corporación pública emitirá la Eurocopa 2028 y más partidos de la selección española, un acuerdo cerrado con la UEFA que se suma a otros grandes compromisos ya en marcha.
Tras la cobertura de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, también prepara cubrir Los Ángeles 2028 y los Juegos de Invierno de 2030 y 2032, un despliegue que ha obligado a la corporación a reestructurar por completo su área de deportes con Teledeporte a la cabeza.
RTVE renuncia a un gran evento como Eurovisión mientras negocia por los derechos de grandes eventos deportivos
Y aquí entran dos asuntos. El primero es que muchas de estas competiciones tampoco están limpias, como ocurre con el Festival de Eurovisión. Es más que conocida la corrupción de la FIFA de Infantino, y eso no parece una línea roja para RTVE.
El segundo es el tema de la factura. RTVE se hizo con los derechos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá por unos 57 millones de euros, una cifra que disparó las alarmas entre las televisiones privadas. La patronal UTECA, que agrupa a Atresmedia y Mediaset (la competencia, vamos), denunció después que la corporación pública estaba comercializando publicidad del torneo sin respetar los límites legales, calificándolo de competencia desleal y anunciando una demanda mercantil.
RTVE respondió por burofax defendiendo que su actuación constituía un ejercicio legítimo de las facultades de explotación comercial asociadas a la adquisición de derechos deportivos, y finalmente los tribunales le dieron la razón al rechazar las medidas cautelares solicitadas por la patronal privada. El mensaje de fondo, una vez más, era que el ente público no pensaba dar marcha atrás ante la presión del sector.
Ese mismo guion, gastar primero y negociar después, se repitió con la fórmula que más ha marcado el mandato de López dentro de la propia casa. El fichaje de David Broncano para el acceso a prime time de La 1, ideado por López cuando aún era director de Contenidos, provocó su propio cese fulminante y el de la entonces presidenta interina Elena Sánchez, en uno de los episodios más convulsos de la reciente historia de RTVE.
Lejos de servir de escarmiento, la apuesta se ha revalidado con creces desde que López llegó a la presidencia. 'La Revuelta' ha sido renovada hasta junio de 2028 con una inversión máxima de 31,5 millones de euros para las dos próximas temporadas, un desembolso que confirma que el criterio de audiencia y notoriedad pesa más que la prudencia presupuestaria en la hoja de ruta del presidente.
Vanguardia moral o aislamiento, la gran pregunta pendiente en RTVE
Por todo esto y más, deberíamos mirar el caso de Eurovisión como algo más que una decisión puntual. José Pablo López lleva dos años demostrando que RTVE está dispuesta a pelear, ya sea contra la UER, contra la patronal de las privadas o contra su propio Consejo, siempre que la jugada refuerce la centralidad y la relevancia pública del ente.
Que una radiotelevisión estatal, financiada con dinero de todos los contribuyentes, tenga la personalidad institucional suficiente para negarse a compartir escenario con la radiotelevisión pública de un país señalado por organismos internacionales por su actuación en Gaza es, para buena parte de la opinión pública europea, un gesto de dignidad democrática que honra la función de servicio público que se supone debe cumplir cualquier ente de este tipo.
Pero ese mismo gesto tiene una cara menos amable cuando se observa desde Ginebra. España se sumará a Irlanda y a Países Bajos en la lista de bajas confirmadas para Eurovisión 2027, pero la inmensa mayoría de las emisoras públicas europeas, incluida la israelí, seguirán en el festival, y la propia UER ha optado por introducir reformas de gobernanza en lugar de expulsar a Israel, la vía que RTVE llevaba meses reclamando.
Eso deja a la corporación española en una posición incómoda por haber ganado buena parte del argumentario moral del debate sin conseguir el objetivo político que perseguía, y con el riesgo de quedar recluida en un gesto de principios que cada año pesa menos sobre una organización que sigue adelante sin ella, por mucho que quieran ahora impulsar la relevancia del Benidorm Fest.
Lo que sí queda claro, tanto en el folclore eurovisivo como en el negocio del fútbol o en la guerra de las audiencias nocturnas, es que a nivel de números, le está saliendo bien; de eso no hay duda. Compite de tú a tú con Atresmedia y ha asentado a La 1 en el top 2 con claridad.
Otra cosa es que resulte beneficioso a medio-largo plazo que José Pablo López haya decidido gobernar RTVE desde la confrontación calculada más que desde la gestión discreta, apostando a que cada frente abierto refuerce el siguiente y que el desgaste, si llega, se pague después y no antes de tomar la decisión.
