Si crees que la trama Leire solo maquinaba desde los despachos del PSOE, el sumario más reciente de la Audiencia Nacional te va a sorprender. Gaspar Zarrías, histórico exvicepresidente andaluz y hoy imputad en esta causa, no se limitó a canalizar pagos opacos. Según el juez Santiago Pedraz, también proporcionó a Leire Díez la identidad de los agentes de la UCO que testificaron en la macrocausa de los ERE. Una información delicadísima que la red utilizó para señalar y tratar de desacreditar a investigadores del caso.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. La revelación de que un exalto cargo político facilitó datos personales de guardias civiles para una presunta campaña de desprestigio judicial golpea directamente la confianza en la separación de poderes. Afecta a la investigación de uno de los mayores escándalos de corrupción de Andalucía y salpica a la cúpula del PSOE nacional.
Cómo Zarrías identificó a los investigadores del caso ERE
Los mensajes intervenidos por la Unidad Central Operativa muestran que el 25 de mayo de 2024, apenas un mes después de la reunión fundacional de la trama en Ferraz, Zarrías envió un mensaje a Leire Díez con un dato muy preciso. “El de la Guardia Civil de la UCO es Antonio Balas”, escribió, en referencia al jefe de delincuencia económica que investiga asuntos que afectan al Gobierno. A continuación, facilitó los números de identificación (TIP) de otros cuatro agentes que habían declarado en el macrojuicio de los ERE, por el que él mismo fue condenado en 2022 a nueve años de inhabilitación, condena luego anulada parcialmente por el Constitucional en 2024.
La UCO interpreta este envío como la primera colaboración de Zarrías en el intento de “señalamiento y persecución” de los investigadores. La trama, según el sumario, buscaba desactivar las causas judiciales que afectaban al PSOE o al Ejecutivo mediante ofertas a la Fiscalía, sobornos y extorsiones.
Así se financiaba la ‘fontanera’ del PSOE: facturas falsas y dinero en efectivo
Gaspar Zarrías no solo delató a los agentes de la UCO; los investigadores sostienen que su empresa, Zaño Sociedad Consultores SL, sirvió de pantalla para remunerar a Leire Díez. Entre junio y septiembre de 2024, Díez figuró como contratada laboral, aunque no hubo relación real: percibió 6.000 euros brutos al mes (4.000 netos), un total de 24.000 euros que el juez considera pago por servicios ilícitos. Las facturas, incorporadas al sumario, muestran que la sociedad de Zarrías simuló una contratación para blanquear la retribución.
Los investigadores concluyen que Zarrías no solo colaboró señalando agentes, sino que también untó con facturas falsas los servicios de la fontanera del PSOE, mientras la trama avanzaba en otros frentes judiciales.
Durante el registro de su vivienda en la calle Doctor Esquerdo, la UCO encontró además casi 20.000 euros en efectivo dentro de un bolso oculto en un baúl del salón. Ese hallazgo refuerza la sospecha de que la trama movía dinero en B y que Zarrías no era un mero intermediario, sino una pieza clave en la estructura de pagos.
El patrón que se repite: intentos de desacreditar a la justicia desde el poder
La trama Leire no nació en el vacío. Ya en 2014, el entonces líder del PSOE denunció la existencia de una “policía patriótica”; ahora, el sumario describe un mecanismo paralelo para contrarrestar investigaciones que afectaban al partido y al Gobierno. El punto de partida fue la carta de Pedro Sánchez de abril de 2024, tras la imputación de su esposa, que alentó una “movilización” ciudadana y una estrategia para desacreditar a los jueces. Los mensajes intervenidos muestran que Leire Díez comentó el 30 de abril la “receptividad” del presidente a sus planteamientos, afirmando sentirse “útil”.
Aunque el caso concreto de Zarrías es grave —señaló a agentes con nombre y apellidos—, el modus operandi recuerda a otras operaciones de lawfare o guerra judicial. La diferencia es que aquí las pruebas apuntan a financiación irregular, contacto directo con altos cargos y un intento sistemático de obtener información sensible para blindar a los implicados.
La investigación sigue abierta. El juez Pedraz analiza ahora las facturas y las conversaciones, y no se descartan nuevas imputaciones. Mientras, la sombra de los ERE vuelve a proyectarse sobre la política andaluza y nacional, justo cuando el Tribunal Constitucional había suavizado las consecuencias penales de aquel caso.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El sumario de la trama Leire revela que el exvicepresidente Gaspar Zarrías identificó a agentes de la UCO y pagó 24.000 euros a Leire Díez con facturas falsas.
- Por qué te importa: El caso muestra cómo altos cargos políticos habrían maniobrado para obstruir investigaciones judiciales, erosionando la confianza en la separación de poderes.
- A quién afecta: A la Guardia Civil, a los jueces instructores, a la ciudadanía que exige transparencia y a la imagen de los partidos políticos.
- Hacia dónde vamos: La Audiencia Nacional sigue investigando; no se descartan más imputaciones y el juicio podría poner a prueba el relato del PSOE sobre la trama.
